dijous, 23 de novembre de 2017

El imán de Ripoll, el CNI y la guerra sucia contra Catalunya del PP

El portavoz del grupo del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Ciurana, ha pedido a la alcaldesa Ada Colau que exija al Gobierno de Rajoy explicaciones sobre la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, líder de la célula que atentó en Barcelona. Ciurana anunció ayer en rueda de prensa que el PDeCAT presentará formalmente una proposición en este sentido en el pleno del próximo viernes en la que piden reiterar el agradecimiento de la ciudad al exconseller de Interior Joquin Forn y al mayor de los Mossos d'Esquadra cesado José Luis Trapero. Ambos, según el portavoz del PDeCAT, fueron cesados por el Gobierno del PP y hoy se encuentran "en situación indigna", el primero en prisión y el segundo, relegado a tareas administrativas. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exige explicaciones al Gobierno de la conexión entre el CNI y el imán de Ripoll: "Urge una explicación exhaustiva, transparente y pública del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, como confidente policial”.

El PDeCAT ve "con perplejidad como hay un reconocimiento de que el impulsor e ideólogo de los atentados fue confidente de los servicios de información españoles" y ha argumentado que el Ayuntamiento "no sólo tiene legitimidad moral" para exigir explicaciones, sino "obligación en defensa del interés público". Para Ciurana, "ante el dolor y la consternación" de los atentados creen que "hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Se lo debemos a la memoria de las víctimas, a la ciudadanía. Y desde la transparencia más absoluta", ha añadido.

La proposición que defenderá el mismo Jaume Ciurana en el pleno acuerda exigir, de forma inmediata, a los responsables del Gobierno, especialmente la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, las explicaciones pertinentes para que dé a conocer todas y cada una de las circunstancias que rodean la relación admitida por fuentes oficiales entre Abdelbaki Es Satty y el CNI.

Pedir concretamente que se informe a la ciudadanía sobre qué relaciones había tenido y tenía esta persona con los servicios de información españoles, durante qué periodo de tiempo, a qué mandos o responsables reportaba y también "saber desde qué momento el Gobierno español fue conocedor de la existencia de este vínculo y porque ha sido ocultado hasta ahora". También propone "exigir las responsabilidades políticas pertinentes ante el escándalo y la incapacidad manifiesta del Gobierno para evitar los atentados del día 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils".

Un portavoz de los servicios secretos apuntó que ellos no fueron los únicos que tantearon al terrorista, “también lo hicieron el resto de fuerzas de seguridad del Estado”, en relación a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. En cualquier caso, los responsables de los servicios de inteligencia insistieron que no tienen nada que esconder en relación con sus contactos con Abdelbaki es Satty, que se realizaron en el marco de la lucha antiterrorista, y si algún estamento judicial les pide que detallen esa relación, lo harán. O acudirán a la comisión de Secretos Oficiales del Congreso, si se lo piden.

Aunque resultaría muy extraño que el imán hubiera rechazado una oportunidad tan excelente de vivir del Estado, poniéndose a la vez como objetivo y sospechoso de primer orden con su negativa a colaborar. Así, sumando a lo sabido lo ya destapado sobre las cloacas del Estado, los manejos de Fernández Díaz y su guerra sucia contra Catalunya y el soberanismo-pujolismo, con tipos como el corrupto comisario Villarejo por medio, el caso apesta hasta extremos espeluznantes.

Han pasado tres meses de aquellos atentados, pero ya en las primeras semanas, incluso en las primeras horas, aparecieron voces oficiales que cuestionaban cómo era posible que un grupo de adolescentes de Ripoll hubieran preparado unos atentados sin que los servicios de información de los Mossos los hubieran detectado. Durante esos días, complicados, la policía de la Generalitat se defendió públicamente de las acusaciones más graves. Negaron que el imán hubiera sido confidente de los Mossos, como también se insinuó, insistieron que desconocían sus antecedentes por tráfico de drogas o que hubiera estado investigado en una causa por terrorismo. También negaron que la CIA, de manera oficial, les hubiera advertido meses antes de lo que iba a pasar el 17 de agosto en la Rambla.

En esos días, se desveló la trayectoria judicial y penal del imán. Nació en el Rif, intentó introducir en España 121 kilos de hachís, su nombre apareció en la agenda de teléfonos de uno de los detenidos por los atentados del 11-M, se le pinchó el teléfono en la operación Chacal por terrorismo, y cuando se ofreció como imán en Bélgica, en el 2015, un policía sospechó y preguntó a un mosso si sabía algo del religioso. El mosso respondió la verdad, que no les constaba nada. El resto, en estos tres meses, oficialmente no han reconocido nunca que lo conocían. Hasta ahora el CNI, informan La Vanguardia y Kaos en la Red.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exige explicaciones al Gobierno de la conexión entre el CNI y el imán de Ripoll

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se suma a las voces que piden al Estado más transparencia en torno a la conexión que tuvieron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, el considerado cerebro de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, admitida por la propia inteligencia española. En rueda de prensa hoy en Barcelona para presentar el informe sobre Prevención de la radicalización y el terrorismo en Catalunya, Ribó ha reclamado que se informe a la ciudadanía del paso por prisión de Abdelbaki Es Satty, el rechazo de una orden de expulsión contra el imán, y de por qué no se trasladó toda esta información a los Mossos d’Esquadra. "Urge una explicación exhaustiva, transparente y pública del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, como confidente policial”.

Para el Síndic, estas explicaciones urgen ser hechas de forma “transparente, exhaustiva y pública”. Precisamente el director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha pedido comparecer recientemente ante el Congreso para explicar los contactos con Es Satty.

No han acabado ahí las críticas de Ribó en materia de terrorismo. El Síndic ha criticado la política informativa y de coordinación de las fuerzas del Estado respecto a los Mossos. Ha lanzado duras críticas contra el Gobierno porque la Junta de Seguridad de Catalunya no se haya reunido entre 2009 y 2017 pese a tener estos últimos años un nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que ha considerado de “una gravedad extrema”, y también ha censurado severamente que el Gobierno vete sistemáticamente la entrada de los Mossos en la Europol. Ribó no descarta la posibilidad de que el Estado tenga responsabilidades jurídicas.

El Síndic cree que todo ello demuestra que el Gobierno no respeta la competencias de la policía catalana en materia de terrorismo, y ha denunciado en este sentido el agravio comparativo entre Mossos y Ertzaintza, a la que sí se permite participar en instancias internacional por los acuerdos políticos del Gobierno con el PNV. Para Ribo, resulta “inadmisible” que la seguridad sea una “moneda de cambio” en un acuerdo partidista, ha denunciado. "Es inadmisible que la seguridad sea una moneda de cambio y que un acuerdo partidista entre PPP y PNV para aprobar los presupuestos incluya la participación de la Ertzaintza cuando se la niegan a otras policías del Estado”.

Volviendo al ataque terrorista en Catalunya del pasado agosto, Ribó ha insistido en que es necesaria una reflexión de los poderes públicos respecto a cómo se encaró este caso. Por ello, mantiene que tanto el Parlament de Catalunya como el Congreso deben celebrar un pleno monográfico que aborde el asunto.

El informe del Síndic también profundiza en materia de prevención de los procesos de radicalización. Considera que las administración deberían fomentar un discurso de integración y que previniera las conductas racistas y de odio, y recuerda ser especialmente sensible durante la adolescencia, periodo en el que los inmigrantes están en un proceso de búsqueda de su identidad. Para Ribó, hay que intensificar los recursos en educación para prevenir este tipo de conductas.

Rajoy insiste en ocultar datos de la operación del 1-O por seguridad de Estado

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve lógico no aportar los datos de la Operación Copérnico –que implicó las cargas policiales del 1-O– que le ha solicitado el Congreso y se ha vuelto a amparar en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 para hacerlo porque “si la información que se pide es reservada, lo normal es que no se facilite” al poder “poner en riesgo la unidad y la defensa del Estado”. Rajoy ha argumentado además que lo han hecho otros gobiernos antes que el suyo por las mismas razones.

Así ha respondido Rajoy a una pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se ha quejado de que el Congreso tenga desde hace un año en el ‘congelador’ una reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. De hecho, Esteban ha reprochado a Rajoy que el PP haya pedido ya 28 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas para esta reforma. El presidente del Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a “hablar” de una posible reforma de la legislación en materia de secretos oficiales, pero ha reclamado “sensatez y sentido común” pues se trata de asuntos que afectan a la seguridad de las personas.

Aitor Esteban ha denunciado que el Gobierno ha basado su negativa en un acuerdo de 1986, en tiempos de Felipe González y en un contexto de “gran actividad” terrorista. A su juicio, ese acuerdo está “trufado de referencias militares” y se basa en la ley franquista de 1968, y hoy resulta “absolutamente abusivo”. El portavoz nacionalista ha pedido a Rajoy que derogue ese acuerdo de 1986 y que permita que la reforma de la ley de secretos de 1968, impulsada por el PNV y tomada en consideración por el Pleno del Congreso hace un año, pueda continuar su tramitación sin más prórrogas.

El presidente ha justificado la utilización de esa legislación y ha recordado que no es la primera vez que un Gobierno recurre a ella porque la difusión de determinados planes y acciones puede poner en riesgo la seguridad de las personas. ”La ley le atribuye al gobierno esa competencia, algo que me parece razonable. Es una normativa que está ahí y que han aplicado todos los gobiernos”, ha reseñado. Rajoy acepta “hablar” de modificar esa legislación, pero ha advertido al PNV de que debe hacerse “con sensatez y sentido común porque es un tema importante que afecta a la seguridad de las personas”.

El imán de Ripoll tenía contacto con el CNI
Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll que fue el líder de la célula que perpretó los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, era un conocido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La organización ha confirmado que lo tanteó para convertirlo en confidente durante su estancia en la cárcel de Castellón, donde ingresó preso por narcotráfico.

Villarejo pidió 50.000 € de fondos reservados para la Operación Cataluña
Sin sonrojarse siquiera, el millonario policía José Manuel Villarejo corrigió la declaración de su antiguo jefe, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y reconoció en sede judicial que había pedido al exnúmero dos de la Policía 50.000 euros de los fondos reservados por una información relacionada con la familia Pujol Ferrusola y que guardaban detectives de la agencia Método 3.

La GC investigará el 'pendrive' que puede acabar con el caso Pujol
El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil será el encargado de rastrear el origen del 'pendrive' entregado por la Policía Nacional el pasado febrero en plena instrucción del caso Pujol en la Audiencia Nacional después de que uno de los funcionarios responsables de la investigación lo encontrara en su despacho tras ordenar "cajones y armarios".

La operación Catalunya del PP, el pendrive de los Pujol y la 'gestapo' de Fernández Díaz
El juez de Madrid Juan Javier Pérez ha dado un nuevo empujón a la causa por la que se investiga al ex director adjunto operativo (dao) de la Policía, Eugenio Pino, es decir, quien fué número 2 de la Policía política del ministro del Opus Dei y del PP Fernández Díaz, por haber facilitado información a la UDEF sobre el hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola -ahora encarcelado-, de origen desconocido y cuyo uso ha podido anular toda la investigación a la familia Pujol seguida en la Audiencia Nacional.

La PN sabía que el imán de Ripoll era de Al Qaida
El imán de Ripoll, presunto cerebro de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils y muerto en la explosión accidental de la vivienda de Alcanar (Tarragona), fue investigado en el año 2005 por su vinculación al grupo terrorista Al Qaida.

José Manuel Sánchez Fornet (SUP): "El imán huele a confidente policial o del CNI que apesta"
El ex-secretario general del Sindicato Unificado de Policía (de la Policía Nacional) hizo un tuit que insinúa conexiones entre el imán y el CNI o la policía. "El imán huele a confidente policial o del CNI que apesta", comentando una noticia que explicaba que el imán no fue expulsado de España a pesar de tener una orden de expulsión.

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Jaume Matas (PP) deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude.

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Matas intenta anular la condena del caso Nóos

Jaume Matas (PP) deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude. Un documento, firmado por sus abogados José Zaforteza e Iñigo Ortiz de Urbina, en el que se desarrollan los ocho motivos que, a juicio de la defensa, justifican que dicha sentencia de la Audiencia de Palma se declare nula y, por tanto, el expresident del Govern balear sea declarado inocente. Matas fue condenado por autorizar pagos al instituto Nóos, en concreto para el desarollo del control del equipo ciclista que patrocinó el Govern y por la celebración de los foros turísticos que encabezó el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin.

El único delito que acepta Matas es el de prevaricación, que no conlleva pena de prisión, porque reconoce que la organización de los foros no se realizó a través de los legales procedimientos administrativos de contratación. Sin embargo, alude que no hubo un perjuicio económico, pues los foros se organizaron y se pagaron a precio de mercado.

La defensa dedica una gran parte de su escrito a atacar la figura de Pepote Ballester, el exdirector general del área de deportes del Govern, que mantuvo que fue Matas quien ordenó los pagos irregulares al instituto Nóos, a pesar de ser consciente de que eran ilegales. Los abogados, además de considerar que la sentencia que dictó la Audiencia es muy desordenada, critican la falta de motivación del tribunal para alcanzar la convicción de que las palabras de Ballester respondían a la verdad. Cuestiona que se pueda considerar cierto que el exdirector general informara de la presión que le estaba ejerciendo Urdangarin para que pagara las facturas pendientes del último congreso, y que Matas le ordenara que pagara, porque no quería que esta situación pudiera perjudicarle en las elecciones autonómicas.

Recuerda la defensa que este comentario lo transmite a dos días de celebrarse los comicios, por lo que no entiende cúal era el motivo por el que Matas pudiera valorar que este problema iba a perjudicarle. Matas, en todo su escrito ante el Supremo, niega que las acusaciones de Ballester respondan a la realidad y sostiene que nunca tuvo conocimiento, y por supuesto jamás autorizó, que se hicieran estos pagos irregulares al instituto que encabezaba el cuñado del monarca.

También entra en profundidad la defensa en recordar al Tribunal Supremo que la confesión que realizó Ballester le ha representado grandes beneficios, al aplicarle varias atenuantes muy cualificadas. Por otra parte, la defensa también entra a valorar el resultado económico que tuvo el delito por el que fue condenado Matas. Los abogados aseguran que no existió tal perjuicio, porque el proyecto de seguimiento del equipo ciclista se desarrolló, se cumplió el contrato con el instituto Nóos y se pagó a precio de mercado.

Este escrito de defensa lo que pretende es impugnar el recurso que también ha planteado la fiscalía. El Ministerio Público está en contra de los argumentos que alcanzó el tribunal, entre otras cosas, porque reconocía el interés que tuvieron los dos congresos turísticos que organizó el instituto Nóos en Baleares, que se financiaron con 2,2 millones de euros pagados por el Govern.

Los abogados también mantienen que el Supremo tiene la posibilidad de rebajar la condena que se impuso al expresident del Govern. Recuerda el escrito que la Audiencia de Palma pudo aceptar imponer una pena inferior a la que dictó. Estos documentos forman parte de la tramitación de los recursos que se plantean ante el Supremo. De momento se desconoce la fecha de la vista, informa Diario de Mallorca.

Jaume Matas pacta con la Fiscalía por el caso 'Palma Arena'
El ex presidente del Govern balear del PP Jaume Matas ha llegado a su primer acuerdo con la Fiscalía al haber aceptado este martes los hechos por los que se le acusan en su sexto juicio por corrupción y en la pieza número 14 de la causa del 'Palma Arena'.

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Jaume Matas (PP), el expresident del Govern balear condenado por corrupción, aconsejó al empresario Bartolomé Cursach (foto) que invirtiera en solares próximos a la barriada del Secar de la Real, puesto que sabía que en esta zona de Palma se beneficiaría de una recalificación urbanística, como consecuencia de que iba a ser allí donde se ubicaría el hospital de Son Espases.

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El cuñadísimo Urdangarín pide su absolución

El cuñado del monarca, Iñaki Urdangarín, ha impugnado el recurso interpuesto por la Fiscalía al Tribunal Supremo que solicitó incrementar la pena de seis años y tres meses hasta diez años. En su escrito, pide la absolución y en su defensa alega que “no se puede demandar al olmo por no dar peras”. El esposo de Cristina de Borbón, condenado por el Caso Noos, reitera que siempre fue un “mediador sin conocimientos en Derecho Administrativo” y que logró gracias a sus contactos deportivos e institucionales “que Baleares albergarse unos foros sobe Turismo y Deporte”. En su recurso, Urdangarín también señala que sólo él tenía capacidad par organizar estos ciclos de conferencias y que, por lo tanto, “estuvo justificada su adjudicación a dedo”.

En un recurso de casación de 248 páginas, el abogado defensor del yerno del Rey Juan Carlos, Mario Pascual Vives, califica a Urdangarín de “amigable componedor” para conseguir, con sus “contactos deportivos e institucionales”, que Baleares celebrase unos foros sobre Turismo y Deporte o patrocinara “al mejor equipo del mundo de ciclismo”.

El recurso ante el Supremo pide “la absolución de todos y cada uno de los delitos” de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales por los que la Audiencia de Palma condenó a Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel por delitos.

La defensa del que fuera duque de Palma argumenta que actuó “con la conciencia de que todo se hacía correcta y legalmente”, con lo que descarga de nuevo la responsabilidad de las contrataciones en su exsocio Diego Torres, vicepresidente de Nóos, quien también reclama la absolución al Tribunal Supremo.

Urdangarin era una “amigable componedor”, según lo define el recurso presentado el 3 de junio. Su abogado considera que esa definición “no hay que sacarla del contexto”: se trata de “una figura jurídica” referida a “aquella persona a la que, cuando hay un conflicto en una familia o en una empresa, se le pide que ayude a buscar un acuerdo y a evitar pleitos o confrontaciones, y es lo que hizo en un tema muy concreto”. Su cometido consistía en “hacer la simbiosis entre deportes y turismo”. Pascual Vives está convencido de que Urdangarin “va a salir absuelto, yo lo vengo diciendo desde hace 6 años”.

El abogado defensor del marido de la hermana del Rey anticipa que el Tribunal Supremo tardará todavía algún tiempo en emitir su veredicto porque “la carga de trabajo del órgano de casación es alta y estamos ante un sumario de 70.000 folios y un tema complejo”, informa Diario16.

Urdangarin dice que no tiene dinero para la fianza y las juezas se la retiran
Los abogados de Iñaki Urdangarin y Diego Torres aseguran que sus clientes no tienen dinero para depositar las fianzas que ha solicitado el fiscal Anticorrupción, para que los dos socios al frente de Noos puedan eludir la prisión.

Urdangarin, 6 años, y absuelta la de Borbón
Iñaki Urdangarin ha sido condenado a seis años de cárcel y absuelta la Infanta Cristina de Borbón de los dos delitos fiscales de los que le acusaba el sindicato Manos Limpias, pero se le impone una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros.

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Amnistía Internacional (AI) denuncia el inhumano trato al que es sometida la minoría rohingya por el Estado birmano de la 'Premio Nobel de la Paz' y fascista Aung San Su Kyi, y lo acusa de 'apartheid', es decir, de ser un Estado racista.

La OCDE planea un frente contra la evasión fiscal
La capital de Camerún acoge del 15 al 17 de noviembre la décima reunión del Foro Mundial de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que asisten hasta 147 países miembros. El aumento de la vigilancia sobre los propietarios de activos financieros en el extranjero está en el programa de la reunión del Foro Mundial en Yaundé.

La AN juzgará a Rato y otras 31 personas por Bankia
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto juicio oral este viernes contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad.

El imán de Ripoll tenía contacto con el CNI

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Ignacio González robó el doble que sus compinches con el pelotazo de Brasil

Ignacio González decidió, repartió y se quedó con la mayor parte de la mordida por comprar una empresa brasileña en 2013 por un valor muy superior al real. Así se desprende del testimonio de uno de los implicados, un directivo de la filial del Canal en Colombia, Diego García Arias, que ha confesado al juez Manuel García Castellón el reparto del botín: 1,8 millones de euros para él, el doble de lo que recibirían cada uno de sus cuatro compinches. En total, 5,4 millones de euros por haber gastado 21 millones de dinero público de la empresa de aguas madrileña en una sociedad brasileña que apenas costaba cinco.

Fue a principios de este mes de noviembre cuando una comisión judicial encabezada por el magistrado Manuel García Castellón viajó a Colombia para escuchar a García Arias. En una sala de la cárcel de La Picota, donde se encuentra recluido el arrepentido, los investigadores españoles escucharon un relato prolijo. El ‘hombre de los maletines’ de Inassa quería salir de la cárcel. Además de hablar se comprometía a devolver los 900.000 euros que le tocaron en el reparto del pelotazo, han informado a eldiario.es fuentes del caso.

Los otros beneficiarios habrían sido, siempre según su relato, el expresidente de Inassa y mano derecha de González, Edmundo Rodríguez; el íntimo del expresidente madrileño y delegado del Gobierno en Ceuta en tiempos de Anzar, Luis Vicente Moro; y el que fuera gerente general de la sociedad Triple A colombiana (participada al 67,9% por el Canal) Ramón Navarro Pereira. Todos ellos están investigados en la operación por el saqueo del Canal de Isabel II en tiempos del Gobierno autonómico del Partido Popular.

Durante el viaje a Colombia del juez García Castellón, el fiscal Carlos Yáñez y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se recabó documentación que viaja en valija diplomática a Madrid con el fin de que se incorpore al sumario de la Operación Lezo. El objetivo principal de los investigadores ahora es recuperar ese dinero, desviado a través de empresas tapadera y cuentas en paraísos fiscales.

A pesar de que los fondos no han sido aún bloqueados, el juez García Castellón ha impuesto con posterioridad a la confesión fianzas a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, rebajando así la medida cautelar de prisión provisional en la que se mantenían desde el pasado abril. En el auto en el que acuerda la fianza para González, de 400.000 euros a propuesta de Anticorrupción, el magistrado afirma: "Ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá".

El auto del juez ofrece más pistas sobre el estado de la investigación. Habla, por ejemplo, de una “estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechestein o Reino Unido”, donde se ubica, “el dinero desviado”. Y añade que el “reparto de papeles” entre los investigados “facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal”.

Para esta vía de investigación resultó clave un viaje anterior de la comisión judicial a Colombia. En un apartamento de Rodríguez Sobrino se encontraron 262.000 euros en metálico y algo menos aparante, pero clave para los investigadores, documentación sobre transferencias que apunta a Suiza como destino de los fondos del pelotazo a través del empresario Sevastiao Cristovam.

El pasado mes de julio, Rodríguez Sobrino confesó al juez que guarda una cifra en Suiza similar a la que se refiere Diego García Arias y cuya procedencia es el pelotazo de Brasil. Según Rodríguez Sobrino, sus destinatarios eran él e Ignacio González. El expresidente de Inassa se habría comprometido a reintegrar el dinero y añadió que el expresidente de la Comunidad nunca llegó a recibir su parte. La defensa de González niega su implicación en esta trama.

La confesión en el penal colombiano de García Arias alcanzó tintes melodramáticos, según las fuentes consultas. El empresario adelantó a los miembros de la comisión judicial que les relataría cómo y cuándo comenzó a ser un corrupto. De González, García Arias aseguró que le había oído su preocupación por acumular dinero y sociedades antes de su jubilación. Diego García Arias había pasado de viajar en coches de lujo blindados y escoltas al penal de La Picota en agosto pasado. Hasta ese momento había intentado seguir con su vida con normalidad, incluso acudiendo regularmente a su puesto de trabajo.

El 24 de agosto intentó volar a México tomando un avión en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá. Sin embargo, al intentar embarcar saltó un código rojo de Interpol fruto de la reclamación de las autoridades españolas. Era el golpe definitivo al conocido como ‘hombre de los maletines’ para los investigadores, ducho en la práctica del soborno a las autoridades locales, según sospechan.

Documentación incorporada a la causa en la Audiencia Nacional apunta a que el pelotazo de Brasil se gestó cinco años antes de producirse. "Estamos estudiando la utilización de una sociedad uruguaya para operar en Brasil", escribe Rodríguez Sobrino en un correo electrónico de agosto de 2008. Para la compra de la sociedad brasileña, el abogado Ignacio Mestre creó una sociedad uruguaya, a la que se dio apariencia de empresa que se ocupaba del negocio del agua.
Con esta operativa, Ignacio González y sus colaboradores reproducían un ‘modus operandi’ inaugurado por la Comunidad de Madrid en 2001, cuando Alberto Ruiz Gallardón era su presidente. En aquel año, el Gobierno del Partido Popular decidió ampliar la actividad del Canal de Isabel II a Latinoamérica y por ese sumidero fue desapareciendo el dinero público. La colombiana Inassa fue adquirida sin marco legal para ello y a través de un paraíso fiscal. La compra de esa sociedad está siendo investigada en la Operación Lezo. Una diligencia de investigación dictada por el juez Eloy Velasco evitó en noviembre pasado que los hechos por los que se investiga a Gallardón y otros miembros de su equipo quedaran prescritos, informa eldiario.es.

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José Enrique Fernández de Moya es el secretario de Estado de Hacienda del PP y quien mantuvo un intercambio epistolar con el Ayuntamiento de Madrid que culminó con la intervención parcial de las cuentas del Consistorio a pesar de reducir su deuda un 36% desde 2015 y tener un superávit de más de 1.000 millones de euros. El número dos y pelota de Cristóbal Montoro ha dicho en el Congreso que la Corporación de Manuela Carmena incumple la regla de gasto y le ha pedido en repetidas ocasiones que acate la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una ley que él mismo ignoró entre 2011 y 2015, cuando era alcalde de Jaén por el fascista Partido Popular. La capital de provincia más endeudada de España, que entró en situación de quiebra técnica en 2014, lleva años externalizando servicios municipales sin pasar por una licitación pública. Es decir, al margen de la Ley de Contratos, eligiendo empresas a dedo y aumentando el coste de sus trabajos.

El ejemplo más flagrante es el de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyo contrato con el Ayuntamiento de Jaén para gestionar la basura y la limpieza de la ciudad terminó en junio de 2012. En ese momento, el Consistorio no convocó un concurso público, como establece la ley, pero FCC ha seguido encargándose del servicio hasta hace bien poco. El Ayuntamiento pagó esos servicios con facturas a las que los servicios de control municipales pusieron reparos de legalidad. Eso quiere decir que están en desacuerdo con un gasto pero dan el visto bueno para seguir adelante con el procedimiento avalando así la actuación del gobernante.

Montoro ha perdonado a Jaén (PP) los recortes por los que ha intervenido al Ayuntamiento de Madrid

Fernández de Moya guardaba las facturas en un cajón para que se actualizasen dos años más tarde con el objetivo de que no aparecieran en las cuentas de 2014. En esa época, la deuda de Jaén superaba los 600 millones de euros y, como otras ciudades en situación de riesgo financiero, estaba incluida (y sigue) en el Fondo de Ordenación. Eso quiere decir que, aunque es la Junta de Andalucía quien supervisa sus planes económico-financieros, las cuentas de la ciudad están extremadamente vigiladas por Hacienda.

Sin embargo, y con el cinismo obsceno habitual, el contable de la mafia del PP Montoro ha perdonado a Jaén (PP) los recortes por los que ha intervenido al Ayuntamiento de Madrid. Hacienda aprobó los Presupuestos del Consistorio andaluz "con carácter excepcional" aunque el Ayuntamiento andaluz incumplía la norma de gasto que el ministerio exigía a la Corporación de Carmena.

El contrato de Basuras y Limpieza de Jaén se adjudicó en su día a FCC por 13 millones de euros anuales, pero la oposición denuncia que desde que se extinguió en 2012 la empresa ha hinchado los gastos y el Consistorio ha llegado a pagar por él hasta 19 millones al año. "En este tiempo no sabemos exactamente cuánto hemos pagado de más, pero calculamos que cada día sin contrato ha costado 24.000 euros a los jienenses", denuncia el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en Jaén, Manuel Fernández. Además, durante este tiempo, el Ayuntamiento ha pagado con dinero público más de cuatro millones de euros en concepto de amortizaciones indebidas por la flota de vehículos de recogida de basura porque FCC, al no existir contrato alguno, no tenía la obligación de reparar ni de renovar esos camiones.

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Por si esto fuera poco, FCC y sus servicios para el Consistorio de Jaén también han sido noticia en el ámbito judicial: la Fiscalía ha presentado cargos contra dos directivos de la multinacional por un supuesto delito contra el medio ambiente en el vertedero de Jaén, del que es concesionaria. Según publica El Diario de Jaén, el Ministerio Público les acusa de no haber tomado las medidas necesarias para paliar las filtraciones de residuos tóxicos que ocasionaron la contaminación de las aguas subterráneas en las que el Seprona detectó niveles "muy elevados" de nitratos, sulfatos, níquel, selenio, hierro y amonio. Pese a todo, el Ayuntamiento acaba de adjudicar el contrato de recogida de basura y limpieza a FCC (esta vez a través de un concurso público) porque es la única empresa que se presentó a la licitación.

Este no es el único ejemplo de ejecuciones sin contrato en Jaén. La empresa ORA, filial de FCC, lleva desde noviembre de 2013 explotando el servicio de zona azul sin una adjudicación de licitación pública. Y desde finales de 2012 hasta principios de 2014, el Servicio de Alumbrado Público, Semáforos y Fuentes fue gestionado sin contrato por la empresa Matinsref SLU a pesar de que ingresó más de dos millones de euros por sus servicios. ¿Cómo? A base de sobrecostes de hasta un 400%, por ejemplo, cobrando un litro de alguicida a 70 euros cuando suele costar tres o cuatro euros, aseguran fuentes del PSOE de Jaén.

Esta empresa, además, tiene sede en Toro (Zamora), cuyo exalcalde entonces era senador por el PP y, por tanto, compartía bancada con Fernández de Moya. El PSOE puso en duda la necesidad de contratar una empresa fuera de la provincia y denunció la "sospechosa relación" entre los exalcaldes de ambas localidades. Público se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Jaén pero no ha logrado hablar con ningún responsable.

Jaén tiene ahora 700 millones de deuda, de los que 450 corresponden a deuda con los bancos y el resto, a proveedores. "El Ayuntamiento vive a base de anticipos de caja", advierte Fernández a Público, que celebraría la intervención de las cuentas del Consistorio porque así "se impediría que se siguiese hipotecando", afirma. Según el portavoz del PSOE en Jaén, eso nunca sucederá porque significaría "intervenir y ridiculizar la gestión de Fernández de Moya", el actual secretario de Estado de Hacienda que reconoció haber cobrado sobresueldos del PP entre 1999 y 2007, informa Público

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Terrorismo o pelea de bar. El caso de la pelea con dos guardias civiles en Alsasua sigue coleando un año después, un tema tan polémico como vergonzoso y muestra del franquismo racista y represor contra los vascos de la monarquía y sus lacayos que, desde la madrugada misma de los hechos, el 15 de octubre de 2016, abrió un amplio debate jurídico-político sobre su tratamiento y la posterior consideración de las penas. Este domingo la localidad navarra se manifestará nuevamente para pedir la liberación de los tres encarcelados así como para mostrar su rechazo a la solicitud de 375 años de prisión para los ocho acusados, que tienen entre 19 y 24 años. El juicio, desde este martes, tienen ya fecha: será entre el 17 y el 27 de abril en la Audiencia Nacional.

‘Desproporción’ es la palabra que más se oye en las calles navarras al hablar del asunto. El traslado del caso a la Audiencia Nacional y su calificación como un delito de terrorismo escuecen en un escenario en el que se cumplen ya seis años del cese de ETA y medio desde que la banda anunció su desarme. Un juicio que se considera bajo dictámenes de otra época y que se ha comparado con agresiones similares en otras regiones, saldadas con meras multas e indemnizaciones. El debate en la calle está también en el parqué político y, desde el inicio del caso, el posicionamiento del Gobierno navarro ha sido claro, una discrepancia que comparten la Audiencia del territorio y el Parlamento foral.

Tres de los ocho jóvenes encausados en Alsasua permanecen en prisión preventiva desde hace un año (EFE)
“No fue una pelea de bar -explicó la semana pasada la presidenta navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai)- sino una agresión: debe tener su respuesta en el ámbito penal”. 83 alcaldes de Navarra y Euskadi, entre los que aparecen los de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, también han defendido esa posición, una opinión que quedó suscrita en un documento que reclamaba “proporcionalidad” y devolver el caso al Tribunal de Navarra, algo que no sucedió.

Esa visión extendida en el territorio choca con la interpretación del fiscal, quien encuadró la agresión en un bar a un teniente, un sargento y a sus respectivas parejas como terrorismo “en concurso con atentado, lesiones y un delito de odio”. En su acusación, considera que los hechos sucedieron en el marco de la campaña ‘Alde Hemendik’ (Fuera de aquí) contra los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, una estrategia que vincula con ETA y que, subraya, busca “crear miedo y rechazo entre la población” a los agentes.

Para los letrados de los acusados, no hay ningún tipo de vínculo entre estos y ‘Alde Hemendik’ y denuncian “juego sucio”. “Para estos chavales, ETA es historia”, denunciaron la semana pasada. En noviembre de 2016, la jueza instructora Carmen Lamela –la misma que decretó la prisión para los exconsellers catalanes- ordenó la prisión incondicional y sin fianza para los siete detenidos, aunque un mes después cuatro de ellos quedaron en libertad.

Las movilizaciones populares contrarias a la decisión han sido desde entonces una constante, unas concentraciones que arreciaron tras conocerse en julio las penas a las que se enfrentan los acusados: 62 años y medio para uno, 50 años para seis de ellos y 12 y medio para una octava persona. El fiscal propone a su vez que el teniente de la guardia civil –sufrió una fractura de tobillo- sea indemnizado con 9.200 euros, el sargento con 3.700 y sus parejas con 16.100 y 12.100 euros por las lesiones y daños morales que sufrieron.

La acusación pide 62 años y medio de cárcel para uno, 50 para otros seis y 12 y medio para una octava persona
Las familias de los jóvenes denuncian “impotencia” e “indefensión” en un caso que, para muchos, demuestra la “arbitrariedad de la justicia”. Los abogados de los acusados también dudan de las “garantías del proceso”, más tras el auto del pasado 27 de octubre en el que la Audiencia Nacional denegó la “práctica totalidad de las pruebas solicitadas” por ellos, que incluían declaraciones de testigos de los hechos. “Es una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa”, censuran.

Los letrados tampoco comprenden por qué tres de los acusados permanecen en prisión mientras los otros cinco, a pesar de imputárseles el mismo delito, fueron liberados. “Siguen en prisión provisional sin que haya ningún riesgo, porque ya se pusieron a disposición del juzgado de Pamplona, voluntariamente, para prestar declaración o cualquier diligencia”, explicó la semana pasada la abogada Jaione Carrera.

La jueza Lamela, sin embargo, explicó su decisión de mantenerlos en prisión debido a su “especial liderazgo y protagonismo” en los hechos. Los tres se encuentran en régimen de internos de especial seguimiento, lo que supone, insisten fuentes cercanas, unas “duras condiciones”. Además, están en cárceles de Madrid, a casi 500 kilómetros de la localidad navarra. La fiscalía pide 50 años de cárcel para seis de los acusados por “cuatro delitos de delitos terroristas”, a lo que se suman doce años y medio para otra persona por un “delito de amenazas terroristas”. Para un octavo encausado se pide únicamente esta pena -12 años y medio- por amenazas.

En el municipio censuran que los jóvenes están siendo castigados “sin medida” por “pertenecer a un pueblo o a una realidad social”. Desde su detención, han surgido distintas plataformas para reclamar su libertad, unas asociaciones que denuncian a su vez las multas recibidas por “acordarnos de nuestros amigos y pedir su libertad”. “Las familias de los jóvenes –explicó la presidenta Barkos- no piden impunidad, sino proporcionalidad; hago mías sus palabras”. Recién cumplido un año desde su arresto, este domingo Alsasua volverá a reclamar que los acusados vuelvan a casa, informa La Vanguardia.

Las madres de Altsasu: "Sentimos indefensión y un miedo terrible"
Coincidiendo con el primer aniversario de las detenciones, los abogados de los jóvenes acusados de “terrorismo” por una pelea de bar darán a conocer la “situación extremadamente alarmante” que enfrentan sus defendidos. La mayor parte de las pruebas que han solicitado los letrados no han sido admitidas.

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