divendres, 24 de novembre de 2017

A Rosa, la GU acusada de homicidio, le falta una bala

Junto al cadáver del agente Pedro Rodríguez cuyo cuerpo fue hallado calcinado en las inmediaciones del pantano de Foix, se encontró un objeto metálico que parecía ser una bala. Después de analizar su composición, los Mossos concluyen que se trata de una proyectil blindado con el núcleo de plomo del calibre 9mm. Luger, como los que usa la Guardia Urbana. Para complementar la investigación, la juez instructora ordenó a la unidad de balística de los Mossos que realizara un informe sobre las armas reglamentarias de los tres agentes de la Guardia Urbana implicados en el caso. La detenida Rosa Peral –novia del fallecido, el arrestado Albert López– amante de Rosa y Pedro Rodríguez, el fallecido. La magistrada quería saber si las pistolas habían sido disparadas recientemente pero el peritaje de los mossos llegó a la conclusión que ese extremo era imposible de saberse.

Sin embargo, hay un detalle que es aún más significativo. A una de las tres pistolas le falta una bala. Se trata del arma de Rosa Peral Según el informe, el arma de Pedro y Albert tenían 30 cartuchos mientras que la de Rosa tenía 29. La investigación pues se inclina a pensar que la bala hallada junto al cuerpo podía corresponderse con la bala que falta en la pistola de Rosa.

Alberto López guardia urbano detenido junto a la agente de la Guardia Urbana, Rosa Peral

La posibilidad de que el guardia urbano fuera asesinado de un disparo pasa a ser más que una mera sospecha. La autopsia, sin embargo, debido al mal estado en el que se encontraba el cadáver sólo pudo confirmar que la causa de la muerte de Pedro Rodríguez fue una “estrangulación manual”, una conclusión a la que llegó después de analizar los restos óseos que se salvaron de la quema y en los que se apreciaban “dos roturas de las bases de las astas del cartílago tiroides”.

Aun así, esta conclusión no cuadra con los restos de sangre que fueron hallados en la casa donde vivía Rosa P. con la víctima. Según consta en el sumario, se encontró sangre tanto en el piso de arriba como en el piso de abajo. Si Pedro hubiera sido estrangulado, no habría tanta sangre esparcida por el piso. De ahí, que ganen enteros la hipótesis de que la víctima recibiera un disparo y que posteriormente fuera descuartizado. De hecho, la autopsia sí que destaca que el cuerpo presentaba las extremidades amputadas aunque lo relacionaba a causa del fuego.

Todas estas cuestiones serán planteadas el próximo martes en el juzgado de instrucción 8 de Vilanova en el que está citado el jefe de la investigación, el subinspector de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d’Esquadra. Ese mismo día también deberán comparecer el jefe de la Guardia Urbana, la responsable de Asuntos Internos y un subinspector del mismo cuerpo por el servicio de protección que concedieron a Rosa Peral días antes de ser detenida, después de que la mujer lo solicitara alegando que se sentía amenazada, informa La Vanguardia.

La agente Rosa acusa de otro asesinato a su amante
La agente de la urbana Rosa Peral, en prisión acusada de matar a su pareja, el también policía Pedro Martínez, declaró ante el juez que Albert López, también acusado por este asesinato, le había contado que había matado a un vagabundo y sus perros porque le molestaban y le ladraban al pasar. Según la policía, que había denunciado ser víctima de una pornovenganza, López le contó que los quemó en una fábrica y que el suceso llegó a salir en las noticias.

BCN: El Guardia Urbano murió estrangulado
El crimen de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona cuyo cuerpo apareció calcinado en una pista forestal en el pantano de Foix esconde un móvil pasional. La investigación apunta que los tres guardias urbanos, los dos detenidos y el fallecido, formaban un triángulo amoroso violento que culminó con el estrangulamiento mortal de uno de ellos.

La urbana dice que Albert le propuso boda antes del crimen
A medida que avanza la investigación se va afianzando la tesis de que el móvil pasional se esconde tras el crimen del guardia urbano de Barcelona cuyo cuerpo apareció calcinado en una pista forestal cercana al pantano de Foix.

La M-30 de Gallardón, ilegal y un sobrecoste de 9.400 millones
La comisión de investigación sobre la sociedad Madrid Calle 30 ha concluido que las obras de ejecución de la M30 "fueron totalmente ilegales, tal como acreditan las sentencias del TSJM y del TJCE".

España en “situación crítica” por la desigualdad social
La economía española mejora pero solo para los ricos. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden pero las cifras son engañosas y propaganda triunfalista del PP bajo la que se esconden los salarios miserables y las condiciones de trabajo precarias. La Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad.

El ADN exculpa al encarcelado por violación en sanfermines
El joven de 30 años que fue encarcelado hace dos meses acusado de haber violado a una menor el pasado 14 de julio, en el último día de los sanfermines, en el barrio iruindarra de Arrosadia ha quedado en libertad después de que las pruebas de ADN le hayan exculpado de haber cometido la agresión sexual.

El PP se aferra a su "doctrina Botín" para la impunidad
La organización criminal y fascista llamada Partido Popular se aferra a la ‘doctrina Botín’ -que inventó para librar a su colega ladrón de la cárcel- para evitar hasta el último momento ser la primera formación política en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados.

PP y C's, una alianza nazicatólica para la impunidad de la dictadura
El Congreso aprueba subir progresivamente el salario mínimo (22 de noviembre 2016). El Congreso aprueba derogar o reformar la 'ley mordaza' del Partido Popular (21 de marzo de 2017). El Congreso tramitará la ley para recuperar la Justicia Universal (21 de febrero de 2017). Son titulares que se han leído en los últimos meses; anuncios de futuras leyes que han recibido el apoyo de la mayoría de fuerzas políticas. Sin embargo, ninguna de ellas se ha materializado porque el Parlamento lleva meses sin hacer leyes.

El imán de Ripoll, el CNI y la guerra sucia contra Catalunya del PP
El portavoz del grupo del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Ciurana, ha pedido a la alcaldesa Ada Colau que exija al Gobierno de Rajoy explicaciones sobre la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, líder de la célula que atentó en Barcelona.

Matas intenta anular la condena del caso Nóos
Jaume Matas (PP) deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude.

El cuñadísimo Urdangarín pide su absolución
El cuñado del monarca, Iñaki Urdangarín, ha impugnado el recurso interpuesto por la Fiscalía al Tribunal Supremo que solicitó incrementar la pena de seis años y tres meses hasta diez años. En su escrito, pide la absolución y en su defensa alega que “no se puede demandar al olmo por no dar peras”.

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Ignacio González decidió, repartió y se quedó con la mayor parte de la mordida por comprar una empresa brasileña en 2013 por un valor muy superior al real.

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José Enrique Fernández de Moya es el secretario de Estado de Hacienda del PP y quien mantuvo un intercambio epistolar con el Ayuntamiento de Madrid que culminó con la intervención parcial de las cuentas del Consistorio a pesar de reducir su deuda un 36% desde 2015 y tener un superávit de más de 1.000 millones de euros.

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La M-30 de Gallardón, ilegal y un sobrecoste de 9.400 millones

La comisión de investigación sobre la sociedad Madrid Calle 30 ha concluido que las obras de ejecución de la M30 "fueron totalmente ilegales, tal como acreditan las sentencias del TSJM y del TJCE". Los responsables de todos los grupos municipales, a excepción del PP, consideran que al no contar con una evaluación ambiental, lo que se pretendía era acabar los trabajos sobre esta carretera radial antes de las elecciones de 2007. Es por ello que la comisión apunta hacia el ex alcalde Alberto Ruiz Gallardón como "responsable de un modelo de gestión lesivo e ineficiente" que consideran como "totalmente ruinoso para las arcas municipales", con un coste de 597.343.885 euros y un sobrecoste de más de 9.400 millones.

Respecto a las propias obras, que podrían haber tenido un sobrecoste de más de 9.400 millones de euros, la comisión recomienda la cuantificación del perjuicio fruto de las irregularidades en términos económicos. La comisión de investigación también ha elaborado tres recomendaciones que deberán ser asumidas por el equipo de Gobierno de Ahora Madrid y que pasan por remunicipalizar la sociedad Madrid Calle 30, realizar los trámites para licitar un nuevo contrato de conservación de la estructura, subrogar a la plantilla de esta sociedad y cuantificará el perjuicio económico derivado de las numerosas irregularidades detectadas, informa El Mundo.

Gallardón tiró más de un millón en una cuadra inútil
Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada.

Todas las tramas corruptas llevan al marido de Cospedal
Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr. El constructor Ignacio López del Hierro ha aparecido también en los 'papeles de Bárcenas' y en el 'caso Lezo' a través de su sobrino.

El PP de Aguirre usó una contabilidad paralela para ocultar la caja B
El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

España en “situación crítica” por la desigualdad social
La economía española mejora pero solo para los ricos. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden pero las cifras son engañosas y propaganda triunfalista del PP bajo la que se esconden los salarios miserables y las condiciones de trabajo precarias. La Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad.

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Alsasua, la represión fascista que indigna Navarra
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Crisis de Gobierno en Alemania
Algo así no se había visto en Alemania: el electorado votó, pero no se logra formar Gobierno. Ahora hay varias posibilidades y muchas dependen del presidente federal Frank-Walter Steinmeier. El presidente federal tiene normalmente solo funciones representativas.

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España en “situación crítica” por la desigualdad social

La economía española mejora pero solo para los ricos. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden pero las cifras son engañosas y propaganda triunfalista del PP bajo la que se esconden los salarios miserables y las condiciones de trabajo precarias. Sin embargo, la Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad. En su informe sobre empleo en la UE divulgado esta semana, Bruselas sitúa a España en la peor posición de este parámetro, en un grupo junto a Bulgaria, Grecia y Lituania. Mientras que en la Unión Europea el 20% que más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos, en España esa proporción está ligeramente por encima de seis veces y media. En su tabla de 14 indicadores sociales, la Comisión coloca a España en este apartado concreto en una “situación crítica”. ¿Qué significa esta calificación para Bruselas? “Una situación mucho peor que la media europea y deteriorándose o no mejorando lo suficientemente rápido”, dice el informe.

Pese a la recuperación de los beneficios empresariales, el Ejecutivo comunitario llama la atención sobre el hecho de que en España no se hayan restablecido los niveles de igualdad anteriores a la crisis. Entre los aspectos positivos, destaca la sanidad.

Un tercio de países de la UE no ha recuperado aún los índices de igualdad previos a la crisis. Esta es una de las conclusiones que resalta el borrador del informe de la Comisión sobre empleo, elaborado con datos de 2016 y con 14 indicadores sociales. “Las recientes ganancias en empleo no han sido distribuidas de forma uniforme entre los distintos grupos de población [...]. La diferencia en las tasas de empleo de los más y los menos cualificados resulta elevada”, afirma. Y añade que “la persistencia de relativamente grandes desigualdades de ingresos —a menudo ligadas a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación, la protección social y los pobres resultados del mercado laboral— genera preocupación en términos de equidad, inclusión social y crecimiento sostenible”.


Entre esos países con un camino por recorrer para volver a la situación precrisis, se encuentra en un lugar destacado España. Su economía ha logrado recuperar este año las cotas de actividad previas a la Gran Recesión. Pero no para todos igual. La desigualdad es un problema. En su tabla de 14 indicadores sociales, la Comisión coloca a España en este apartado concreto en una “situación crítica”. ¿Qué significa esta calificación para Bruselas? “Una situación mucho peor que la media europea y deteriorándose o no mejorando lo suficientemente rápido”, dice el informe.

“Bajo vigilancia”

En cuanto al riesgo de pobreza, España ha mejorado la situación de los últimos años, aunque sigue “bajo vigilancia”. Y en la tasa de empleo se encuentra todavía “débil pero mejorando”. Aun así, el número personas que viven en hogares que apenas tienen trabajo permanece elevado: 14,9%. Una década de crisis de caballo ha dejado unas heridas muy difíciles de sanar.

El Ejecutivo comunitario recrimina, además, al Gobierno español el escaso impacto de sus políticas sociales a la hora de reducir la pobreza. En España apenas se rebaja un 25% la pobreza monetaria tras la actuación de las transferencias sociales, sin contar las pensiones. Este porcentaje se sitúa demasiado cerca de países como Bulgaria o Grecia. Y dista mucho del 50% o más que se corrige la pobreza tras las transferencias en los países nórdicos. En este apartado también se pone a España “bajo vigilancia”. En este punto, el documento señala, para el conjunto de países, soluciones como “mejorar el diseño de los impuestos, los sistemas de prestaciones e impulsar la igualdad de oportunidades en educación y formación”.

Otro problema social subrayado es la alta tasa de abandono escolar. Esta se cifra en el entorno del 19%, lejos del 10,7% de media de la UE. De ahí que en esta rúbrica España también figure en “situación crítica”. Relacionado con este fenómeno, la ratio de jóvenes que ni estudian ni trabajan se coloca cerca del 15%, casi cuatro puntos por encima de la media.

Por el contrario, España aparece mejor en competencias digitales y en retribución por hora trabajada, donde se sitúa en el promedio. Y se encuentra por encima en el cuidado de los niños menores de tres años y en la sanidad.

UN CHOQUE GENERACIONAL POR LAS PENSIONES


El informe de la Comisión Europea advierte de que en la UE el envejecimiento “añade presión a las generaciones más jóvenes para garantizar los ingresos de los sistemas de pensiones y asegurar su sostenibilidad”. Y lo hace sobre “aquellas generaciones que tienen más dificultades para acceder a empleos estables y de calidad”, destaca. El envejecimiento, continúa el documento, “hace que las vidas laborales sean más largas y ejerce presión sobre las pensiones en el futuro” por el mayor periodo cotizado.

Todo esto lleva a Bruselas a lanzar una advertencia sobre el riesgo que supone la situación para la confianza entre generaciones. Este es el pilar básico de los sistemas públicos de pensiones de reparto: los trabajadores de hoy pagan las prestaciones presentes con sus cotizaciones porque confían recibirlas en el futuro. “En los términos más amplios, esto pone en riesgo el contrato social entre generaciones, creando una potencial división generacional y cuestionando la justicia entre generaciones”, apunta el informe.

Para amortiguar ese peligro, receta la fórmula: “Aumentar las tasas de empleo y productividad”. Además, se recomienda la aplicación de fondos complementarios privados. El informe destaca que las mujeres sufren un problema mayor por los menores sueldos y la interrupción de su carrera laboral para cuidar a los hijos, informa El País.

España, entre los 5 más injustos, desiguales y fascistas en la Europa del IV Reich
La recuperación del mercado laboral en la UE ha generado un "claro repunte" de la justicia social en los países miembros, pero España, a pesar de una ligera mejora, sigue a la cola de los 28, sólo por delante de Italia, Bulgaria, Rumania y Grecia, según un estudio de la Fundación Bertelsmann.

428.000 millonarios en el Reino de España, un 15,6% más que en 2016
Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.

Somos pobres porque los ultrarricos llevan los beneficios a paraísos fiscales
¿Cuáles son los daños colaterales de que los plutócratas o ultrarricos secretamente inviertan vastas cantidades de dinero en los conocidos "paraísos fiscales"? La filtración de los Paradise Papers, una inmensa cantidad de documentos financieros que detallan las actividades financieras de algunas de las personas más ricas y corporaciones más poderosas del mundo, reaviva el debate sobre los centros financieros offshore o paraísos fiscales.

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El joven de 30 años que fue encarcelado hace dos meses acusado de haber violado a una menor el pasado 14 de julio, en el último día de los sanfermines, en el barrio iruindarra de Arrosadia ha quedado en libertad después de que las pruebas de ADN le hayan exculpado de haber cometido la agresión sexual. La Policía española ha reabierto la investigación para dar con el agresor. Foto: La mano roja, símbolo contra las agresiones sexistas, instalada en la avenida de Carlos III de Iruñea durante los pasados sanfermines.

El pasado 10 de septiembre un vecino de Iruñea de 30 años fue detenido acusado de violar a una menor en el último día de los sanfermines de este año en el parque Tomás Caballero, en el barrio iruindarra de Arrosadia. Tras ser reconocido por la víctima, la juez de Instrucción número 5 decretó su ingreso en prisión provisional. En el momento de interponer la denuncia, la joven señaló que la madrugada del último día de los sanfermines se encontraba en la zona de la cuesta del Labrit de fiesta cuando decidió irse a casa en autobús.

Un joven que había conocido esa misma noche se ofreció a acompañarla. Más adelante es cuando, según el relato de la joven, él le propuso mantener relaciones sexuales. Ella se negó y entonces es cuando se habría producido la violación en los jardines situados en el parque Tomás Caballero.

La consiguiente investigación de la Policía española localizó imágenes de cámaras de seguridad en las que se apreciaba cómo el hombre se empleaba con violencia contra la menor a la que acompañaba. A continuación, se consiguió localizar a una persona que encajaba con la descripción aportada y a la que la menor reconoció posteriormente en una rueda de reconocimiento.

Sin embargo, unas pruebas de ADN han evidenciado que el encarcelado no habría sido el autor de la violación, según señala ‘Diario de Noticias’. Una forense reconoció a la joven ese día y corroboró que presentaba lesiones compatibles con su versión. En la exploración se recogieron restos biológicos y precisamente los análisis de ADN de esas muestras genéticas han servido para exculpar al joven, que ha quedado en libertad. La Policía española ha reabierto la investigación para dar con el paradero del hombre que realmente cometió la agresión, informa Naiz.

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El PP autoriza un homenaje a Franco junto a una fosa de sus víctimas en Córdoba
La Subdelegación del Gobierno del PP en Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena, gobernado por el PSOE, han autorizado este martes un acto de homenaje franquista en el cementerio del municipio cordobés, a pocos metros de los trabajos de exhumación de una fosa común donde fueron enterradas 123 víctimas de la represión fascista (la mayoría vecinos del pueblo), según datos de los historiadores.

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El PP se aferra a su "doctrina Botín" para la impunidad

La organización criminal y fascista llamada Partido Popular se aferra a la ‘doctrina Botín’ -que inventó para librar a su colega ladrón de la cárcel- para evitar hasta el último momento ser la primera formación política en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados. Su defensa acaba de presentar un nuevo escrito alegando ante la jueza que instruye el caso de los ordenadores que no cabe continuar con la causa cuando el afectado del presunto delito, Luis Bárcenas, ha retirado la acusación y la Fiscalía -haciendo méritos- no aprecia delito en la conducta criminal del gobierno del PP. “Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alega la mafia PP en un escrito con fecha 22 de noviembre.

Con esta afirmación, calcada de un escrito anterior presentado en septiembre, la defensa del Partido Popular juega su baza de escapar del banquillo 'in extremis'. La doctrina Botín hace referencia a la sentencia 1045/2007 del Tribunal Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del Alto Tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si solo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación.

El extesorero renunció de forma sorpresiva el 13 de septiembre a seguir ejerciendo la acusación particular por la destrucción de sus ordenadores. Bárcenas argumentó que tenía que reducir gastos en abogados cuando su letrado en aquel entonces no había percibido un euro por sus servicios, ni se lo había reclamado. Ocho días después entraba en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid un escrito del letrado del PP solicitando que se archivara el caso en aplicación de la doctrina Botín.

Aquel primer escrito no fue resuelto por la jueza Rosa María Freire, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre los recursos de apelación presentados por los acusados contra el auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos inferiores a nueve años. El pasado 15 de noviembre, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento dictado por Freire, paso previo a la de apertura de juicio oral contra el PP; su tesorera, Carmen Navarro; el jefe de informática, José Manuel Moreno; y el director de los servicios jurídicos, Alberto Durán.

El Partido Popular está procesado por un delito de daños informáticos. Los otros tres imputados lo están, además, por uno de encubrimiento. La ley impide atribuir a una persona jurídica, en este caso el PP, esta segunda figura delictiva. La representación legal del partido, que también defiende a su tesorera, Carmen Navarro, pide para ambos la aplicación de la doctrina Botín.

Una vez se ha pronunciado la Audiencia de Madrid, el PP vuelve a la carga con la doctrina que sirvió al banquero. Fuentes jurídicas apuntan a que la jueza Rosa María Freire descargue una decisión jurídica de tal calado en el tribunal que juzgará el caso y que así lo podría plantear en el auto de apertura de juicio oral. En la primera joranada de la vistga, las partes plantearán las cuestiones previas, entre ellas la aplicación de la doctrina Botín, y el tribunal resolverá en ese momento o al final del juicio.

De este modo se repetiría lo ocurrido en el arranque del caso Nóos. La infanta Cristina no era acusada por la Fiscalía y solo la acusación popular, en aquel caso Manos Limpias, mantenía los cargos. El tribunal resolvió, con la infanta sentada en el banquillo, que no era aplicable la doctrina Botín.

El mismo Tribunal Supremo había matizado su doctrina con motivo del caso Atutxa en 2008. Así estableció que, aunque no haya acusación particular, ni la Fiscalía acuse, el procesado se puede sentar en el banquillo si " el delito afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual". La infanta Cristina estaba acusada de defraudar a Hacienda, esto es, al colectivo de ciudadanos, y bastaba con la acusación popular para juzgarla, según la doctrina Atutxa.

En el caso del PP, el presunto delito de daños informáticos afectó solo a Bárcenas, pero las acusaciones populares defienden que se cometió en concurso medial, esto es, con la finalidad de consumar otro delito, el de encubrimiento, y que este último sí afecta al conjunto de ciudadanos porque se comete contra la Administración de Justicia. La acusación popular está ejercida en estos momentos por Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, organizaciones que han impulsado la causa junto a la jueza frente a la insistencia de la Fiscalía por demostrar que los hechos denunciados carecen de relevancia penal.

La instrucción de la jueza Freire ha determinado que existen "indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas".

El caso llegó a los juzgados de Plaza Castilla desde la Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz investigaba la financiación irregular del Partido Popular. El magistrado requirió los ordenadores para comprobar si, como asegura Bárcenas, guardaban información de la caja B del partido. Lo que encontró fue la "destrucción a conciencia con el sistema de borrado más drástico: sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física", según describió después la jueza Freire en su auto.

La apelación a la doctrina Botín llega después de que el Partido Popular intentara apartar del caso a la jueza Freire alegando una supuesta proximidad de la magistrada al PSOE. Esa petición de recusación fue desestimada por la Audiencia de Madrid.

No es la primera vez que el Partido Popular esgrime la doctrina que lleva el nombre del banquero. El abogado que defiende a la formación en ambos casos, Jesús Santos, recurrió la imposición de una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario en el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Se refería al presunto delito fiscal de 2008 que no aprecian la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado, pero sí las acusaciones populares. El PP tuvo que depositar finalmente la fianza, informa eldiario.es.

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El Partido Popular utiliza una doble zancadilla para lograr este parón legislativo. Por un lado, desde el Gobierno, que ha vetado más de 40 iniciativas en un año sirviéndose de su capacidad para bloquear proposiciones de ley que, en su opinión, supondrían un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Y, por otro, desde su grupo parlamentario en la Mesa del Congreso, donde más de 30 proyectos de ley cuyas tomas en consideración han sido aprobadas en el Pleno llevan meses atascadas. En este segundo caso, los conservadores unen fuerzas con Ciudadanos y utilizan la mayoría que tienen en la Mesa ampliando semanalmente el plazo de enmiendas de ciertas iniciativas para evitar que se empiecen a debatir en comisión.

La mayoría de ellas, además, tienen que ver con derechos sociales. Por ejemplo, la propuesta para mejorar la ley de Dependencia, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lleva desde abril atascada en la Mesa del Congreso, con 24 prórrogas del plazo de enmiendas. La proposición de ley que ERC presentó a principios de año para recuperar la justicia universal suma 26 ampliaciones, y la de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para subir progresivamente la cuantía del salario mínimo interprofesional acumula 34 y está parada desde finales del año pasado.

Este bloqueo en la Mesa del Congreso hace, por tanto, que iniciativas contrarias a las políticas del Gobierno permanezcan en vía muerta a pesar de haber sido aprobadas por mayoría en el Pleno. Por ejemplo, a finales de 2016, el Parlamento aprobó la derogación de la ley mordaza con el único voto en contra del PP, que la sacó adelante en solitario en 2015. Pues bien, las dos iniciativas —una de derogación del PSOE y otra de modificación del PNV— que consiguieron un apoyo mayoritario en el Pleno están atascadas en la mesa desde el mes de abril con 23 prórrogas cada una.

La reforma de la ley que permite al Tribunal Constitucional suspender a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones (propuesta por el PNV y aprobada por el Congreso a finales de 2016) ha visto ampliado su plazo de enmiendas en 31 ocasiones y la proposición de Ley Orgánica sobre la represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos (del Grupo Mixto) lleva atascada más de dos meses. Sin embargo, El récord de prórrogas lo tiene una propuesta del Parlamento valenciano para reformar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que lleva en stand by desde noviembre de 2016.

Precisamente para evitar que el PP tapone de este modo la aprobación de las leyes con las que no está de acuerdo (a pesar de contar con el apoyo de la mayoría de los grupos), el PSOE presentó el pasado junio una proposición de ley que actualmente está pendiente de debate. La propuesta de los socialistas plantea que el reglamento regule sólo dos ampliaciones de enmiendas por una duración máxima de 15 días, y que pueda haber una tercera ampliación siempre que lo soliciten dos grupos parlamentarios que, además, tengan la mayoría absoluta en la Cámara.

Por otra parte, el pleno del Congreso aprobó recientemente la toma en consideración de una reforma del Reglamento de la Cámara Baja presentada por Unidos Podemos que pretende poner coto a la capacidad del Gobierno para vetar iniciativas legislativas de las comunidades autónomas y de los grupos de la oposición. De hecho, la Cámara baja ya defendió ante el Tribunal Constitucional que los vetos del Gobierno a leyes de la oposición deben ser "excepcionales". La proposición de ley, que contó con el apoyo de la mayoría de partidos a excepción del PP y Ciudadanos, que votaron en contra, propone modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento para establecer un protocolo claro con los requisitos formales a los que debe someterse el Gobierno para justificar su veto, informa Público.

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