dilluns, 27 de novembre de 2017

Puigdemont: “la deslealtad del CNI” impidió evitar el atentado yihadista

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha manifestado hoy su “desconfianza” en el sistema de seguridad del Estado y ha afirmado que no sabe si la “deslealtad” del CNI ha impedido “evitar un atentado y muchos muertos”, tras conocerse los contactos de la agencia de inteligencia con el imán de Ripoll. Puigdemont, que sigue en Bélgica, se ha referido así a los contactos entre el CNI y el imán de Ripoll Abdelbaki es Satty, considerado el cerebro de los atentados en Catalunya del pasado agosto. Muere el fiscal superior de Catalunya José María Romero de Tejada a los 69 años.

Para el expresidente catalán, sobre el que pesa una euro-orden de arresto por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, la relación del CNI con el imán “abre muchas preguntas” y “crea muchas desconfianzas en el sistema de seguridad español”.

“No han sido leales a los ciudadanos. Por culpa de esta deslealtad no sabemos si no hemos podido evitar un atentado y muchos muertos. No lo sabemos”, ha añadido el número uno de la lista Junts per Catalunya para las elecciones del 21D.

En la entrevista, el expresidente catalán ha lanzado otras preguntas: “¿Hasta dónde más llega el brazo largo del CNI en nuestro país? ¿Qué hacen más de 10.000 policías innecesarios en Catalunya, en un pueblo de paz?”.

Puigdemont ha aseverado que en agosto ya se “olían” los contactos del imán de Ripoll con el CNI pero no podían aportar pruebas, y ahora “se ha demostrado” esa relación. Y en este contexto, ha subrayado: “¿Qué se demostrará de aquí a tres meses sobre la operación Catalunya? Yo, por si acaso, recomendaría a la gente que fuera muy prudente a la hora de creer según qué versiones del Estado español”.

Muere el fiscal superior de Catalunya José María Romero de Tejada a los 69 años

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha muerto esta madrugada a los 69 años, según ha informado en un tuit el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El fiscal jefe ocupó el puesto después de ser teniente fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -número 2 de la fiscalía catalana- en 2013. Fue ingresado en la UCI y sufrió un paro cardíaco cuando estaba ingresado en la Clínica del Pilar de Barcelona.

Su muerte se produce diez días después de la de José Manuel Maza, Fiscal General de Estado, que murió por una infección durante un viaje a Argentina, cuando estaba en el centro de la escena pública por la cuestión catalana y las acusaciones vertidas desde la institución que dirigía, pese a estar reprobado, contra gobernantes y cargos públicos catalanes y ‘los Jordis’.

Su antecesor, Martín Rodríguez Sol, había dimido en marzo, obligado, después de ser expedientado por Eduardo Torres-Dulce tras haberse manifestado en público a favor de que los catalanes se expresen, en referencia al referéndum que Artur Mas preparaba para el 9-N del 2014. Al parecer, habría muerto por una neumonía que le afectó los dos pulmones. Romero de Tejada, conservador, fue nombrado por el Gobierno central en julio, unos meses después. “Mi afecto para su familia y sus compañeros. Una gran pérdida para la justicia y la fiscalía”, ha escrito el titular de Justicia en su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana este lunes. Pertenecía a la Asociación de Fiscales. Su padre ya había sido fiscal en Barcelona.

Rodríguez Sol fue luego número dos por Barcelona en la lista de Unió Democràtica de Catunya en las elecciones plebiscitarias del 27-S de 2015, aunque la formación no obtuvo ningún escaño en el Parlament y el jurista volvió a la fiscalía. Había pedido una excedencia y llegó a optar a ocupar el puesto número dos de la Fiscalía.

El teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Francisco Banyeres, asumirá temporalmente el control del órgano. La plaza vacante tiene que publicarse ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y salir a concurso. Tras ello se reunirá el Consejo Fiscal y el fiscal general del Estado propondrá un candidato que nombrará el Gobierno, según explican las mismas fuentes. Luis Navajas asumió la semana pasada la Fiscalía General del Estado de manera temporal tras el repentino fallecimiento en Buenos Aires de José Manual Maza a causa de una infección renal. Las mismas fuentes precisan que hasta que no se nombre al nuevo fiscal general del Estado no se procederá a elegir al sustituto de Romero de Tejada. El pasado viernes el Gobierno propuso al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como máximo representante del Ministerio Público.

Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona (UB), donde ejercía como docente. Con 25 años entró en la escuela judicial y su primer destino fue Palma de Mallorca. En septiembre de 1974 comenzó a trabajar en la Fiscalía de Barcelona, donde fue Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. En los años 80 se posicionó a favor de las actuaciones del entonces fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, con quien mantenía amistad, en el caso Banca Catalana.

Por orden de Eduardo Torres-Dulce, quien ocupaba la Fiscalía General del Estado, presentó la querella que llevó al Juicio contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N. “Te pido comprensión clara y diáfana del papel constitucional del Ministerio Fiscal y sensibilidad para con los problemas de Catalunya” le dijo Dulce en su nombramiento.

Tejada era experto en delitos como el tráfico de influencias y de aquellos relacionados con la administración. No es un hombre con un gran perfil técnico, pero sí un fiel, un hombre que sabe aceptar las órdenes, y tras casi 40 años de experiencia profesional.

El Govern de la Generalitat anunció dos días antes del referéndum que se querellaría contra el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Catalunya por delitos de prevaricación y usurpación de funciones, apuntó el conseller de Justícia, Carles Mundó, que ahora está encarcelado en Estremera, mientras ambos juristas han fallecido, informa La Vanguardia.

La PN controlaba al imán ya en Ripoll
Pocos meses antes de los atentados de Barcelona y de Cambrils, la policía española controlar los movimientos de Abdelbaki es-Satti, el ex-imán de Ripoll considerado el cerebro del grupo que cometió los ataques. Según han confirmado fuentes de la comunidad islámica de Ripoll, agentes de la policía acudieron tres veces, dos de las cuales para indagar sobre posibles cambios en la junta de la comunidad donde es-Satti ejercía de imán y otra, pocos meses antes del 17-A, preguntando quién era el imán.

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"Yo soy el President de la Generalitat", ha afirmado el cesado por la monarquía española Carles Puigdemont, en una entrevista concedida a TV3 en Bruselas, de la que la cadena pública ha realizado un avance este sábado.


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La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular en Madrid.

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El ex tesorero del PP Luis Bárcenas reconoció a Génova en enero de 2009 que el empresario Rafael Palencia realizaba "entregas periódicas" de dinero al partido. Confirmó de esta forma lo relatado por el ex responsable del Grupo Degremont en la grabación que investiga la Audiencia Nacional y en la que acaba de advertir un "delito continuado" de cohecho del PP.

Todas las tramas corruptas llevan al marido de Cospedal
Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr. El constructor Ignacio López del Hierro ha aparecido también en los 'papeles de Bárcenas' y en el 'caso Lezo' a través de su sobrino.

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Podemos en la Asamblea de Madrid ha convocado a los medios para presentar una denuncia por sobrecostes en la M-45 en la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados denuncian un “pelotazo” logrado a través de un sobrecoste “exorbitado” de los materiales. Concretamente, creen que el precio de las excavaciones se infló un 140%, el del hormigón un 57% y el del acero un 36%. Así, se calcula que este “peaje encubierto” costará 2.000 millones de euros a los madrileños.

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El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos.

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Diez minutos ha durado la declaración esta mañana ante el juez Penalva del empresario Bartolomé Cursach, que se ha celebrado coincidiendo con la manifestación que se esta celebrando en la calle, convocada por uno de los letrados del empresario. Cursach no se ha negado a contestar, pero solo lo ha hecho a preguntas de su abogado y del juez. El encarcelado empresario ha negado las acusaciones y se ha desmarcado del cohecho por soborno a funcionarios de Cort y del Govern que le atribuye la instrucción judicial.

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“Primero te quedas en shock. Seguido, te sientes desesperada. Ahora intentas no pensar demasiado para no volverte loca y seguir adelante”. Igone Goikoetxea habla de sus sentimientos sin anestesia. Quiere que otras Igones en otros lugares sepan que ellas, mañana, podrían vivir lo mismo. Koldo Arnanz lo resume en otra frase: “Si esto crea precedentes, será muy peligroso”. No es broma: el hijo de Koldo podría ser castigado a 62 años y medio de cárcel, mientras que el de Igone enfrenta una petición de pena de medio siglo. Todo por una pelea de bar a última hora de la madrugada.

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La GC investiga dos desvíos del PP por 3 M de fondos europeos

La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular en Madrid. A principios de octubre, la Unión Europea se interesaba por la investigación del caso Púnica y preguntaba a la Justicia española sobre el uso de fondos europeos para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dado la respuesta que le pidió al respecto el juez del caso Púnica y ha señalado que no sólo están investigando un contrato, como pensaba Bruselas, sino que hay dos casos bajo la lupa policial y que suman tres millones de euros. Demoledores recursos contra el archivo de la supuesta mordida de Cospedal: Las acusaciones particulares lamentan que el instructor “de carta blanca a la impunidad”.

A finales de octubre, la cadena de información se daba la vuelta. Primero, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había pedido información a la Audiencia Nacional sobre las pesquisas del caso Púnica sobre adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El organismo dependiente de la Unión Europea quería abrir una investigación al respecto y se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción número 6.

En concreto, la OLAF quería saber el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) había hecho en 2006 a Over Marketing, empresa investigada por la presunta financiación de la caja B del PP de Madrid.

Su titular, Manuel García Castellón, trasladó la pregunta a la Guardia Civil que ha respondido en un informe al que ha tenido acceso a El Plural, en el que confirma que está investigando ese contrato con fondos europeos y añade que también tiene “bajo análisis” un segundo contrato de un millón de euros, pagados al 80% por la Unión Europea.

La UCO señala que la primera adjudicación, una campaña sobre “la importancia de autónomos/pymes”, está siendo analizada dentro su investigación sobre “los contratos” de la Comunidad de Madrid a Over Marketing “en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular” en Madrid. Y subraya que “dicho contrato estaría financiado por el Fondo Social Europeo”, cuyas partidas deberían servir para la creación de empleo, aunque señalan que “se desconocería el porcentaje” que habría venido de Europa.

Sin embargo, lo tienen más claro en el segundo contrato y del que la Unión Europea no tenía noticia. La Guardia Civil informa de que “de igual modo” se está investigando el “servicio de Publicidad para la campaña del plan de residuos”, adjudicado también en 2006 a Over Marketing por un millón de euros. “Respecto a este último contrato, estaría financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%”, señala la UCO.

La OLAF tuvo conocimiento de esta causa después del escándalo de la desaparición de los contratos. Cuando le fue requerida por la investigación, la Comunidad de Madrid respondió a la Justicia que había perdido la documentación sobre estas adjudicaciones. El hecho de que el encargado de custodiarla fuera un imputado en Púnica no ayudó a aligerar la polvareda y la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, avisó a la OLAF de las desapariciones de los documentos.

Según la investigación de Púnica, Over Marketing habría recibido varias adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007 –cuando hubo elecciones regionales-, así como contrataciones de constructoras privadas que habrían ganado concursos públicos bajo el Gobierno de Aguirre. La UCO sospecha que ese dinero serviría para sufragar los actos de campaña del PP que habría realizado Over Marketing.

Over Marketing, beneficiaria de las adjudicaciones, no sólo está señalada en Púnica. La empresa es propiedad de Daniel Horacio Mercado y, además de estar imputado en la causa sobre la presunta caja B de la época de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid, también está encausado en el caso Palma Arena. En concreto, en la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Baleares con un mecanismo similar.
Demoledores recursos contra el archivo de la supuesta mordida de Cospedal: Las acusaciones particulares lamentan que el instructor “de carta blanca a la impunidad”

“Es inadmisible que el Juzgado de Instrucción emita un auto de sobreseimiento libre con multitud de indicios racionales de criminalidad”, aseguran en su recurso de apelación la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Federación los Verdes, mientras que la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) asevera que “el sobreseimiento libre se nos antoja, dicho en términos de acusación, como una carta blanca a la impunidad”. Ambos escritos, presentados el 24 y el 17 de noviembre, respectivamente, y a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, ponen de relieve la sorpresa y el descontento de los letrados de las acusaciones particulares que no logran entender (como casi ningún jurista consultado por este periódico) la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, de sobreseer el caso de la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi entregó al PP de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de ésta en 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basura de la capital castellano-manchega, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Deberá ser, por tanto, la Audiencia Provincial de Toledo la encargada de pronunciarse sobre estos demoledores recursos de apelación, cuyo contenido, desarrollado a través de una treintena de folios, deja en mal lugar al juez Rodríguez Ruiz, que pone en un serio aprieto al presidente de la Audiencia toledana, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, uno de los pocos invitados al “bodorrio” y testigo del enlace de Cospedal con el polémico y siempre bajo sospecha magnate del ladrillo, Ignacio López del Hierro. Amistad que como es lógico inhabilita a Gutiérrez como magistrado en este eterno supuesto caso de prevaricación y cohecho, ya que de ser uno de los jueces que decidiera sobre el recurso de apelación sería lógicamente recusado por las acusaciones particulares, aunque a buen seguro que Sánchez-Caro sería el primero en apartarse del caso.

Indignación y dura respuesta

Y es que la decisión del juez Rodríguez Ruiz ha indignado a los abogados de la acusación, ya que después de casi dos años de instrucción y haber declarando “causa compleja” el caso en junio de 2016 y prorrogado la investigación 18 meses, no encontró finalmente ni un solo supuesto delito que el juez Ruz sí halló, como así recogió en el auto enviado al Juez Decano de Toledo donde apreciaba “indicios de delitos de prevaricación y cohecho”. Rodríguez archivó pero sin contestar a la pregunta básica: ¿Dónde están los 200.000 euros que Cospedal reconoció haber recibido del partido y que Génova asegura no haber enviado nunca esta cantidad a Castilla-La Mancha? Eso, al menos, quieren saber los recurrentes, además de reivindicar otras flagrantes evidencias que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 elude, siempre según los letrados.

En este sentido, los abogados de IU y ALA recogen en su recurso de apelación que en los “autos hay suficientes pruebas de tal entidad como para que desde luego continúe el procedimiento y sea abierto el juicio oral”, aseguran, al mismo tiempo que recuerdan que el propio Juzgado considera acreditado que “el protocolo que se ratifica implica una modificación del precio del contrato de adjudicación, que dicha ratificación del protocolo se hace por la Junta de Gobierno (del ayuntamiento de Toledo en 2007) contraviniendo el procedimiento establecido” y que las argumentaciones dadas por parte de los investigados, concejales y alcalde en orden a justificar su comportamiento sobre la base de la existencia de excepcionales circunstancias, cuales eran una huelga, “no impiden la tipicidad del conducta como delito de prevaricación”, al mismo tiempo que recuerdan al magistrado que no hay “ninguna duda jurídica que el hecho de que el acto administrativo inicial injusto y arbitrario fuera convalidado por parte del Gobierno posterior, no excluye la existencia del delito de prevaricación por parte de la anterior Junta de Gobierno y actuales investigados; pues se trata de un delito de mera actividad, que es el que se dicte una resolución a sabiendas de su injusticia”.

Abogados que insisten en señalar al equipo de Gobierno del PP dirigido por José Manuel Molina, alcalde que asistió a la Junta de Gobierno que ratificó el protocolo, “sabedores de su injusticia y arbitrariedad y de las consecuencias que a posteriori se generaron, decidan ratificarlo y dotarle de la ejecutividad necesaria como acto administrativo y resolución”, añaden “por otro lado, no se han tenido en cuenta el resto de pruebas que han sido practicadas a lo largo de la instrucción y concretamente aquellas declaraciones que son absolutamente imparciales y atestiguan la grave actuación cometida por parte del equipo de Gobierno.

En parecidos términos, pero con más dureza si cabe, se expresa el abogado de la Asociación Observatori de Drets Humans, que lamenta que el “instructor está dando más peso a las declaraciones de los investigados, dejando a un lado los indicios objetivos que obran en las actuaciones que no dejan lugar a dudas”. Para esta parte de la acusación, “una mínima intención de esclarecer los hechos habría llevado en dirección opuesta a la acordada en la resolución aquí recurrida, es decir a investigar en lugar de sobreseer y, además, con carácter de libre que conlleva la inexistencia de delito alguno cuando el propio auto de sobreseimiento indica que los hechos tiene apariencia delictiva pero que no de suficiente intensidad”.

Para DESC, se otorga plena credibilidad al actual gerente e imputado en la supuesta mordida, José Ángel Cañas, pero ninguna a Luis Bárcenas, que “resultan más veraces que las de una persona que afirma haber firmado un recibí de 200.000 euros sin haberlos recibido”. Un hecho que el instructor aseguraba en su auto que no se podía hablar de financiación ilegal por cuanto este delito no existía en 2007.

Sin embargo, el abogado argumenta y demuestra en su recurso que “este delito jamás se ha planteado a lo largo de la presente instrucción puesto que esta parte es consciente de la imposibilidad de aplicar un delito que no estaba tipificado en el momento de los hechos”, concluye, “no obstante, la inexistencia de dicho delito de financiación ilegal no implica que dicha entrega de dinero no se produjera ni que el motivo por el cual se cometió la prevaricación y el cohecho no fuera la financiación ilegal de la campaña electoral de la Sra. Cospedal con independencia de que tal financiación, en ese momento, no fuera delictiva”, informa El Plural.

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Diez minutos ha durado la declaración esta mañana ante el juez Penalva del empresario Bartolomé Cursach, que se ha celebrado coincidiendo con la manifestación que se está celebrando en la calle, convocada por uno de los letrados del empresario. Cursach no se ha negado a contestar, pero solo lo ha hecho a preguntas de su abogado y del juez. El encarcelado empresario ha negado las acusaciones y se ha desmarcado del cohecho por soborno a funcionarios de Cort y del Govern que le atribuye la instrucción judicial.

Cursach ha mostrado un aspecto un aspecto físico muy distinto a la de hace siete meses, cuando el juez Penalva le envió a prisión acusado de graves delitos. Cursach se negó en ese momento a declarar, debido a que la causa estaba bajo secreto de sumario.

El próximo en declarar será Bartolomé Sbert, que también está en prisión acusado de los mismos delitos que el dueño de su empresa. La citación de los dos investigados responde a la pieza separada que ha abierto el juez sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios de Cort y del Govern, a cambio de facilitar la tramitación de expedientes administrativos en beneficio de los locales de Cursach, informa Diario de Mallorca.

La madame declaró que Cursach le ofrecía dinero y un piso en París
Un piso de alquiler en la ciudad de París y una paga de cinco mil euros al mes. Esta oferta la desveló hace unos meses la testigo protegida número 31 en una declaración, que quedó recogida por escrito, que realizó ante el juez Penalva.

Caso Cursach: Carbonell dimite tras ser imputada
Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach.

Matas intenta anular la condena del caso Nóos
Jaume Matas (PP) deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude.

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Bárcenas avisó sobre la 'trama Lezo' que chantajeó a Rajoy

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas reconoció a Génova en enero de 2009 que el empresario Rafael Palencia realizaba "entregas periódicas" de dinero al partido. Confirmó de esta forma lo relatado por el ex responsable del Grupo Degremont en la grabación que investiga la Audiencia Nacional y en la que acaba de advertir un "delito continuado" de cohecho del PP. Esta grabación, según reconoció el ex presidente madrileño Ignacio González en una conversación intervenida en el caso Lezo, fue utilizada para chantajear al presidente del Gobierno Mariano Rajoy en plena guerra interna del PP. Quien fuera responsable de las finanzas del PP recibió una llamada telefónica en enero de 2009 mientras se encontraba esquiando en Canadá. El entonces gerente Cristóbal Páez le comunicó que había "un revuelo tremendo en el partido porque un empresario está grabado hablando de comisiones y de gestiones", según explican fuentes implicadas directamente en este episodio.

Páez se refería a la grabación que realizó el ex responsable financiero del Canal de Isabel II y hombre de confianza de Ignacio González a Palencia un año antes. En esa cinta, el empresario explica con todo detalle cómo financiaba irregularmente al PP. Detalla a De Miguel que realizaba entregas periódicas "a cuenta" por importe de "35.000 euros" a los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y que los pagos tenían como objetivo que le "trataran bien" con las adjudicaciones públicas a las que concurría su compañía.Asimismo precisaba que habitualmente solía pagar comisiones de "un 2% o un 3%" a cambio de cada licitación otorgada por una administración gobernada por el PP y que utilizaba un lenguaje en clave con Lapuerta y Bárcenas para referirse al dinero en efectivo, al que bautizaron como "folletos".

Este relato encaja con lo reflejado en los denominados papeles de Bárcenas, donde figura Palencia como responsable de haber entregado 165.000 euros a la caja B del PP entre 1998 y 2008. Algunas de estas entregas apuntadas de puño y letra por Bárcenas en la contabilidad paralela ascienden a 30.000 euros, cantidad muy similar a la descrita por el donante en la grabación.

El empresario ha sido imputado recientemente por el juez José de la Mata, que instruye la causa que investiga los manuscritos del ex tesorero popular. Sin embargo, se ha negado a declarar. Precisamente a raíz de su "silencio", el juez ha emplazado, también en calidad de investigado, a José del Castillo, ex presidente de Degremont para que explique el conocimiento de que dispone de estos pagos opacos al PP que, como resalta el juez en su último auto, estarían vinculados a "las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont".

La insistencia de Páez provocó, a pesar de las reticencias de Bárcenas, el regreso inmediato a Madrid del ex tesorero, que había aterrizado en Canadá apenas dos días antes y tuvo que cancelar abruptamente sus vacaciones. Las mismas fuentes consultadas por este periódico señalan que Bárcenas se reunió y conversó con varios miembros de la dirección del partido para conocer en detalle el contenido de la grabación que había llegado a manos del PP. Uno de ellos, aseguran, fue Federico Trillo, con quien Bárcenas se habría reunido en persona para abordar en detalle este episodio.

Según el entorno de los antiguos responsables de las finanzas del PP, Trillo le resumió su contenido porque dijo haber escuchado la grabación; indicó que también lo había hecho María Dolores de Cospedal, y le pidió explicaciones para conocer si el relato del empresario en la grabación se ajustaba a la realidad.Este periódico se ha puesto en contacto con el propio Trillo, en ese momento diputado y secretario de Justicia y Libertades del PP, que asegura haber sido siempre "completamente ajeno a esa grabación" y niega haberse reunido con Bárcenas para abordar esta cuestión.

Ya en España, Bárcenas reconoció al PP que Palencia era "un buen donante", que mantenía una "buena relación con Lapuerta" y que los pagos eran "reales". No obstante, el ex tesorero le restó importancia a los mismos porque aseguró que Palencia "no le había pedido jamás una peseta a cambio de nada".En este sentido añadió que las entregas realizadas tenían como único objetivo "colaborar con el partido" y contó a sus interlocutores algunos detalles de la relación que mantenían con Palencia, como que almorzaban frecuentemente con él en el Club Financiero Génova o que había comenzado a realizar aportaciones al partido a raíz del atentado que sufrió Degremont en su sede del País Vasco en 1986, cuando ETA colocó una bomba que destruyó por completo sus instalaciones, informa El Mundo.

El empresario del chantaje a Rajoy y pagos al PP declara mañana
Rafael Palencia está citado a declarar como investigado por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional que instruye los ‘Papeles de Bárcenas’, tras haberlo reclamado IU en mayo en su calidad de acusación popular en esta causa.

Ignacio González (PP): "Rajoy fue chantajeado con un vídeo y mandó a Bárcenas para taparlo"
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa por la presunta presunta 'caja B' del PP -a raíz de los denominados 'papeles de Bárcenas- ha pedido a su compañero en este órgano e instructor del 'caso Lezo' Manuel García-Castellón la "transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre el expresidente del PP de Madrid Ignacio González -actualmente en prisión por este último procedimiento- y el exministro del PP Eduardo Zaplana sobre la existencia de un vídeo en el que se hablaría de un presunto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Todas las tramas corruptas llevan al marido de Cospedal
Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr.

Ignacio González robó el doble que sus compinches con el pelotazo de Brasil
Ignacio González decidió, repartió y se quedó con la mayor parte de la mordida por comprar una empresa brasileña en 2013 por un valor muy superior al real. Así se desprende del testimonio de uno de los implicados, un directivo de la filial del Canal en Colombia, Diego García Arias, que ha confesado al juez Manuel García Castellón el reparto del botín: 1,8 millones de euros para él, el doble de lo que recibirían cada uno de sus cuatro compinches.

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Anticorrupción investiga la M-45 por sobrecostes en los materiales

Podemos en la Asamblea de Madrid ha convocado a los medios para presentar una denuncia por sobrecostes en la M-45 en la Fiscalía Anticorrupción. La información de los diputados José Manuel López y Alberto Oliver apunta a un posible fraude de 300 millones de euros en la construcción de la carretera mediante sobrecostes en los materiales. Los diputados denuncian un “pelotazo” logrado a través de un sobrecoste “exorbitado” de los materiales. Concretamente, creen que el precio de las excavaciones se infló un 140%, el del hormigón un 57% y el del acero un 36%. Así, se calcula que este “peaje encubierto” costará 2.000 millones de euros a los madrileños.

La formación ha comparado los proyectos de construcción de los tres tramos de la M-45 con los de otras vías, detectando esos precios inflados que, aseguran, están detrás de las irregularidades que han puesto en duda la legalidad de esta carretera en los últimos meses.

La M-45 ya fue estudiada en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid tras calcularse que la carretera costará unos 2.000 millones de euros hasta 2032, aunque se cifró en 550 millones de euros. Se ha denunciado un “peaje en la sombra” en la vía que abrió al tráfico en 2002 a manos de tres concesionarias, cada una en un tramo de la carretera, a las que se ha pagado hasta el momento alrededor de 1.000 millones de euros.
Pero aún hay que sumar el doble de periodo de concesión, de ahí los 2.000 millones de euros que, se calcula, acabará costando a los madrileños este “peaje encubierto”: “Las obras costaron 550 millones de euros en 2002, que serían 700 este año. Si a eso le suman las cantidades en expropiaciones, que se calcularon mal, y los ocho millones que se gastan todos los años en conservación, esas son las cifras a estudiar”, explicó el jefe del Área de Concesiones de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Carlos Millán Urra, en la comisión sobre el endeudamiento de la Asamblea de Madid.

Con el fraude denunciado por Podemos la formación calcula que los costes totales de la vía se acercarán a los 3.000 millones, informa El Boletín.

Autopista de Circunvalación M-45: un engendro de corrupción del PP

La M-45 es una autopista de circunvalación construida en la Comunidad de Madrid, de competencia regional y que transcurre desde la Autopista M-40, en Carabanchel, en la salida 28-B, hasta la altura de Coslada, donde se une con la M-50. La autovía conecta dos carreteras nacionales, la A-2 y la A-5.

La M-45 fue de las primeras carreteras en usar el sistema de financiación conocido como "peaje en la sombra", dando pie a la realización de estudios jurídicos sobre dicha figura. El 7 de junio de 2012, la Presidenta Regional Esperanza Aguirre (PP) aunció que antes de finales de 2012 esta autopista sería de peaje directo, debido a los altos costes de mantenimiento que tiene y los problemas económicos del Gobierno Regional, hundido en la corrupción institucional del PP. La Comunidad de Madrid paga 8 céntimos por kilómetro y coche, y 2,64 euros por cada vehículo que transita por toda la vía

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El PP chantajea a las autonomías como comisionista de las farmacéuticas

El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma del chantaje fascista del gobierno más corrupto y criminal de Europa, no hay fondos para sostener los servicios autonómicos. El sistema desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, dicen los afectados. El fascio corrupto de Rajoy y Montoro utiliza la asistencia financiera como una palanca para que diez comunidades se incorporen al modelo al convertirlo en requisito obligatorio.

El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.

Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan en estos fármacos de marca menos que el crecimiento del PIB, las comunidades autónomas deben compensar a las empresas. Si es al revés, deberían ser los laboratorios los que compensaran. De esta manera el mensaje es "gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado", explican algunos de los departamentos afectados.

Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.

Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen", es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación "para los dos primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.

Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana –una de las administraciones incluidas– resume que esta obligación "pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación".

¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos? Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el compromiso con Farmaindustria por lo que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se convertiría en una obligación de compensar a esos laboratorios por no llegar al nivel comprometido.

Vanessa López, directora de la organización Salud por derecho explica que el convenio entre el Gobierno y Farmaindustria "está enfocado para mantener el gasto farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante". Pone el ejemplo de que "el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con medicamentos nuevos".

Otras de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto cuesta con este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento más caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose.

Vanessa Lopez dice que muchos de los medicamentos de marca "tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%".

Este precio se decide en España de una manera, al menos, poco transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Este órgano está presidido por el secretario general de Sanidad y su vicepresidente debe ser el director general de la Cartera Básica de Servicios. El resto son representantes del Ministerio de Economía, Hacienda e Industria además de tres enviados de las comunidades. "El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones", analiza López.

La extensión de los medicamentos genéricos se topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa una, pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los medicamentos es un nicho de más de 13.000 millones de euros al año en España. Los genéricos solo suponen el 20%, según la patronal de sus laboratorios Aeseg.

Su incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los propios laboratorios de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está llevando a cabo una investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios), informa eldiario.es.

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El joven de 30 años que fue encarcelado hace dos meses acusado de haber violado a una menor el pasado 14 de julio, en el último día de los sanfermines, en el barrio iruindarra de Arrosadia ha quedado en libertad después de que las pruebas de ADN le hayan exculpado de haber cometido la agresión sexual.

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La organización criminal y fascista llamada Partido Popular se aferra a la ‘doctrina Botín’ -que inventó para librar a su colega ladrón de la cárcel- para evitar hasta el último momento ser la primera formación política en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados.

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Este domingo, cerca de cinco mil de Igones y Koldos salieron a las calles de Altsasu para gritar que tienen memoria. Y que quieren justicia. Algo parecido hicieron hace exactamente un año, cuando recién empezaba todo. Entonces sus hijos llevaban algo menos de diez días en la cárcel. Hoy ya superan los 12 meses. Se llaman Jokin Unamuno y Oihan Arnanz. Sus nombres, al igual que el de Adur Martínez de Alda –ahora preso en Aranjuez- aparecieron con especial intensidad en la prensa durante aquellos días de noviembre de 2016. La cosa no pintaba bien, y en Altsasu lo sabían.

Si en Madrid hablaban de terrorismo, en este pueblo situado a cincuenta kilómetros de Iruñea hablan y seguirán hablando de ensañamiento. Igone, Koldo o Bel Pozueta, la madre de Adur, lo dicen con un documento judicial en la mano: en total hay ocho jóvenes imputados por la pelea que se registró aquel 15 de octubre de 2016 a las cinco de la mañana, durante una de las fiestas anuales de esta localidad. A raíz de la trifulca, dos guardias civiles sin uniforme que se encontraban en el bar junto a sus parejas sufrieron lesiones leves.

No era la primera vez que dos agentes fuera de servicio se veían involucrados en una reyerta de este tipo –existen sentencias por agresiones en distintas partes del estado-, pero el caso de Altsasu cogió otro cariz. COVITE, una entidad que representa a varias familias de víctimas de ETA, se personó en la Audiencia Nacional como acusación, alegando que aquel incidente nocturno tenía un toque terrorista. La Fiscalía compró esta versión, y hoy los ocho imputados se enfrentan a penas que suman, en total, 375 años de cárcel.

Los nombres de Adur, Jokin y Oihan estaban en la pancarta que este domingo, cuando el reloj marcaba las 13.00, empezó a recorrer las calles del municipio. También en la gargantas de los manifestantes, que no dejaron de corear sus nombres. Hacía frío y por momentos llovía, pero a nadie le importaba. Entre el público había gente de todas las edades. “Si creían que con todo esto iban a partir a nuestro pueblo, se equivocaban: hoy estamos más unidos que nunca”, señala Koldo Arnanz. Ese sentimiento se resumió en otra imagen: desde un balcón, una señora mayor aplaudía a los padres que encabezaban la protesta. Desde abajo, la gente también aplaudió. "Queremos justicia", corearon entonces.

Minutos antes de que comenzara la movilización, los bares situados en el entorno de la Plaza Iortia eran un hervidero. Entre cafés y zuritos, muchas y muchos comentaban la última noticia que llega desde Madrid y que afecta directamente a los acusados. Por fin hay fecha de juicio. El problema es cuándo: no empezará hasta el 16 de abril, lo que seguramente implicará que los tres jóvenes que hoy se encuentran presos en Estremera, Aranjuez y Navalcarnero sigan estándolo hasta esa fecha. Pero no es el único temor. Hace algunos días, los abogados que llevan este caso denunciaron que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había rechazado la mayor parte de las pruebas que habían solicitado, lo que deja a los ocho jóvenes en una situación de “indefensión absoluta”.

“Le conté a Jokin por teléfono que ya había fecha de juicio. Él me respondió que estaba muy tranquilo”, comentó Igone antes de la movilización. Cuando le preguntan por su hijo, ella responde que está bien. “Tiene días mejores y otros peores”, subraya. Tanto él como Adur han empezado a estudiar Derecho a través de la UNED, mientras que Oihan está cursando el Bachiller. “Cuando le detuvieron estaba estudiando decoración. El instituto donde estaba apuntado le ofreció la posibilidad de seguir vía online, pero tuvo que abandonarlo porque no le permiten acceder a internet”, comentó su padre.

La manifestación de este domingo, que había sido convocada por la plataforma de apoyo creada en Altsasu, avanzó bajo incesantes gritos de apoyo hacia los detenidos. Tampoco faltaron las miradas y gestos de respaldo hacia sus familiares. “Todo esto nos da fuerza para seguir adelante”, apuntaba Koldo Arnanz a Público.

Al final del acto, integrantes de la plataforma de apoyo leyeron un manifiesto, en el que volvieron a agradecer las muestras de solidaridad de sus vecinas y vecinos y, al igual que en anteriores ocasiones, reclamaron justicia y proporcionalidad. Y repitieron, una vez más, que "los ocho de Altsasu" no son terroristas. Sus madres y padres sacaron una nueva pancarta, en la que solamente aparecía un "eskerrik asko" ("muchas gracias"). En ese preciso instante, la plaza del pueblo estaba, otra vez, desbordada. Igual que aquel 26 de noviembre de 2016, cuando la pesadilla recién comenzaba.

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Terrorismo o pelea de bar. El caso de la pelea con dos guardias civiles en Alsasua sigue coleando un año después, un tema tan polémico como vergonzoso y muestra del franquismo racista y represor contra los vascos de la monarquía y sus lacayos que, desde la madrugada misma de los hechos, el 15 de octubre de 2016, abrió un amplio debate jurídico-político sobre su tratamiento y la posterior consideración de las penas.

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Un piso de alquiler en la ciudad de París y una paga de cinco mil euros al mes. Esta oferta la desveló hace unos meses la testigo protegida número 31 en una declaración, que quedó recogida por escrito, que realizó ante el juez Penalva.

Matas intenta anular la condena del caso Nóos
Jaume Matas (PP) deposita en un documento de 96 folios sus esperanzas de que el Tribunal Supremo anule la sentencia del llamado caso Nóos, en la que se le condenó a una pena de tres años y ocho meses de prisión, por los delitos de malversación, prevaricación y fraude.

La PN controlaba al imán ya en Ripoll
Pocos meses antes de los atentados de Barcelona y de Cambrils, la policía española controlar los movimientos de Abdelbaki es-Satti, el ex-imán de Ripoll considerado el cerebro del grupo que cometió los ataques.

A Rosa, la GU acusada de homicidio, le falta una bala
Junto al cadáver del agente Pedro Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en las inmediaciones del pantano de Foix, se encontró un objeto metálico que parecía ser una bala. Después de analizar su composición, los Mossos concluyen que se trata de una proyectil blindado con el núcleo de plomo del calibre 9mm. Luger, como los que usa la Guardia Urbana.

La M-30 de Gallardón, ilegal y un sobrecoste de 9.400 millones
La comisión de investigación sobre la sociedad Madrid Calle 30 ha concluido que las obras de ejecución de la M30 "fueron totalmente ilegales, tal como acreditan las sentencias del TSJM y del TJCE".

España en “situación crítica” por la desigualdad social
La economía española mejora pero solo para los ricos. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden pero las cifras son engañosas y propaganda triunfalista del PP bajo la que se esconden los salarios miserables y las condiciones de trabajo precarias. La Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad.

El ADN exculpa al encarcelado por violación en sanfermines
El joven de 30 años que fue encarcelado hace dos meses acusado de haber violado a una menor el pasado 14 de julio, en el último día de los sanfermines, en el barrio iruindarra de Arrosadia ha quedado en libertad después de que las pruebas de ADN le hayan exculpado de haber cometido la agresión sexual.

El PP se aferra a su "doctrina Botín" para la impunidad
La organización criminal y fascista llamada Partido Popular se aferra a la ‘doctrina Botín’ -que inventó para librar a su colega ladrón de la cárcel- para evitar hasta el último momento ser la primera formación política en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados.

PP y C's, una alianza nazicatólica para la impunidad de la dictadura

Ignacio González robó el doble que sus compinches con el pelotazo de Brasil

El hipócrita y nazi Montoro y su pelota ladrón de Jaén