dilluns, 8 d’agost de 2016

"Es la hora de la movilización" por las pensiones

Aunque las pensiones no son por ahora una de las principales preocupaciones de los españoles, según el barómetro del CIS, el empeoramiento de las cuentas de la Seguridad Social ha encendido las alarmas en colectivos de jubilados y en los sindicatos. Hasta el punto que las movilizaciones para evitar recortes en las pensiones pueden ser cuestión de meses. En la Marea Pensionista aumentan las voces que piden una reactivación del movimiento en todo el Estado con el fin de convocar movilizaciones en un momento en que se cuestiona la viabilidad del sistema público de protección social. CCOO y UGT también han incrementado la presión hacia el Gobierno y los grupos políticos para buscar alternativas de financiación en el seno del Pacto de Toledo. "Saldremos a defender la Seguridad Social con uñas y dientes", ha indicado Laura Pelay, vicesecretaria general de la UGT catalana.

Los miembros de la Marea Pensionista de Catalunya Adriana Beidenägl y Juan Montero consideran que "es la hora de la movilización". "Si la mayoría de los pensionistas tomamos conciencia de las agresiones que estamos sufriendo desde el 2010 por todos los partidos que están sometidos a los dictados de la Unión Europea, nuestra fuerza será incontenible y tendrán que echar para atrás con todas las medidas que nos han impuesto. Pero la lucha no deber quedar reducida solo a los pensionistas, sino también a los trabajadores actuales, a los jóvenes,que son los más afectados por las reformas. Por tanto, todos lo debemos tener claro que si luchamos aseguramos las pensiones de hoy y de mañana".

En un escrito en respuesta a los que consideran como "el saqueo de la hucha de las pensiones", Beidenägl y Montero aseguran que las informaciones sobre la reducción del Fondo de Reserva están creando "una gran inquietud entre la mayoría de pensionistas por temor a quedarse sin su pensión y porque no entienden cómo se ha podido llegar a esta situación". Recuerdan los antecedentes de "una fuerte campaña publicitaria en la década de los 90 para captar clientes para los fondos privados de pensiones" de la banca y las aseguradoras", que fijaron como fecha de defunción del sistema público antes del año 2000 y la puesta en marcha, mediante una proposición de CiU, del Pacto de Toledo en 1995. La conclusión del pacto fue, según los miembros de la marea, "la supresión de la aportación que venía haciendo el Estado y la creación de un Fondo de Reserva con los excedentes después de pagar las pensiones”.

Ante esta situación, la Marea Pensionista de Catalunya plantea "derogar toda la arquitectura jurídica que ha significado el Pacto de Toledo y en su lugar establecer, con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales (eliminar los topes de cotización, incorporar variables respecto a la productividad, eliminar las tarifas planas, revisar exenciones etc.), que la financiación debe estar garantizada por una ley que obligue a los presupuestos generales el Estado a asignar al efecto las partidas que coyunturalmente sean necesarias para pagar las pensiones", informa el Periódico.

Vicenç Navarro: El ataque frontal a las pensiones públicas


Parece, a primera vista, una paradoja que uno de los grupos de la población que votó más a favor del Partido Popular ha sido el de los pensionistas, precisamente uno de los grupos poblacionales más perjudicados por las reformas que se han realizado durante estos años en los que tal partido gobernó España. Tales reformas continúan teniendo un impacto devastador en los beneficios que reciben estas personas a través de la Seguridad Social. Una de las causas de tal paradoja es la baja calidad de los medios a través de los cuales la población, incluyendo los ancianos, recibe información. Estos medios se caracterizan por su escasísima diversidad, dominados en su gran mayoría (en el caso de los medios públicos) por partidos políticos de persuasión neoliberal o socioliberal, o por intereses financieros, es decir, los bancos, a los cuales deben gran cantidad de dinero y a los que no quieren antagonizar (en el caso de los medios privados). Estos intereses financieros no desean que se conozca lo que está pasando con las pensiones públicas en este país, pues son ellos (y a través de su claramente excesiva influencia sobre el Estado y sobre los partidos neoliberales y conservadores, como el Partido Popular) los que han liderado el mayor ataque frontal a las pensiones públicas que se conoce en la Unión Europea de los Quinze (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Y aquellos que crean que esta frase es una exageración, les aconsejo que vean los datos.

Aristrain, gran fortuna franquista y sucia con 210 millones de fraude

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que hay indicios suficientes para juzgar a José María Aristrain de la Cruz (foto), la gran fortuna anónima del país, por un fraude fiscal de 210 millones de euros, la mayor causa que hay contra una persona. El pasado cinco de julio ratificó la decisión del juez de Pozuelo que en septiembre le procesó por fingir su residencia en Suiza y tener las acciones de Arcelormittal en sociedades en Luxemburgo. Aristrain, heredero del gran empresario del acero José María Aristrain Noain, había recurrido la decisión del juez pero ahora tendrá que sentarse en el banquillo y arriesgarse a una severa condena o aceptar los hechos y negociar con la Abogacía del Estado y la fiscalía una multa sin precedentes para intentar eludir la prisión.

Aristrain, el enemigo número 1 de Hacienda, se sentará en el banquillo. La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado se recurso contra la decisión del juzgado de instrucción 4 de Pozuelo de procesarlo por delito fiscal. La Audiencia considera que "resulta acreditado indiciariamente que el apelante dejó, desde el año 2005, de tributar por el IRPF y en el impuesto de patrimonio por haber trasladado, ficticiamente, según las normas fiscales su domicilio a Suiza". Gracias a eso, habría "defraudado a la hacienda públia española cuotas en el IRPF de 2.996.426 millones en el año 2006, 704.319 en el 2007, 2.925.872 en el 2008 y 581.678 en el 2009". Además, según la resolución, habría dejado de pagar 1.114.689 euros en el impuesto de patrimonio en 2006 y 1.673.984 en el 2007". En total, por IRPF y patrimonio se le imputa un fraude de 9,99 millones de euros por estos tributos personales.

Además, la Audiencia considera que hay indicios para juzgarlo por manejar sus acciones en Arcelormittal (es de los principales accionistas de la multinacional del acero) a través de sociedades en Luxemburgo. "Parece que el apelante es propitario de Corporación JM Aristrain SL, residente en España pero a través de esta crea Corporación JMACA BV, la cual tuvo su domicilio en Amsterdam y actrualmente en Luxemburgo, si bien con el fin de eludir el pago en el impuesto de sociedades" de cuotas que suman 131,9 millones defraudados. Solo en 2008, esa sociedad dejó de ingresar 100,09 millones de euros en Hacienda por una venta masiva de acciones. No es la única sociedad que figura en la causa. "Igualmente y en relación con la entidad International Cars Ltd. habría defraudado en el impuesto de sociedades" cuotas que suman 69,05 millones entre 2005 y 2009.

El resultado es que Aristrain responderá por una acusación de haber defraudado 210 millones de euros (bien en impuestos personales o como administrador de empresas suyas). Son cifras reservadas al fraude de grandes corporaciones. La multinacional Sara Lee, por ejemplo, acaba de ser condenada por defraudar 50 millones en operaciones de ingeniería fiscal con Holanda.

La Audiencia ha rechazado el recurso de Aristrain en el que pedía el archivo de la causa. "En realidad el recurrente anticipa el debate propio del plenario y con sus propios argumentos viene a reconocer la existencia de esos indicios que niega, si bien alegando la falta de solidez de los mismos, a cuyo efecto, en esencia, niega que su domicilio en Suiza sea ficiticio".

El auto destaca que en la causa hay informes de la Agencia Tributaria según el cual "su domicilio en Suiza comprende un conjunto de maniobras tendentes a la preparación de elementos fácticos que no corresponden a la realidad". La Oficina Nacional del Fraude (ONIF) denunció a Aristrain en 2011 y cuando por orden judicial entraron en su chalé de Pozuelo de Alarcón (Madrid) se incautaron sus agendas con reuniones en España. Además, utilizaron datos de los vuelos de su avión privado y gastos personales como compras en supermercados y gastos de calefacción y luz y agua. En estos casos, Hacienda intenta demostrar que el acusado pasa en España más de la mitad del año, por lo que no puede acogerse a tributar en el extranjero.

La Audiencia señala que tras cinco años de instrucción hay motivos para ir a juicio oral, donde la defensa de Aristrain debe presentar las pruebas que precise. La defensa del industrial vasco sostiene que es perfectamente legal tener las acciones en sociedades vehículo en Luxemburgo como hacen grandes multinacionales. Sobre la residencia en Suiza señala que solo puede ser un problema administrativo que deben resolver los dos países porque él sí pagó impuestos allí. Además, pedía nuevas comisiones rogatorias a Suiza y Reino Unido y reclamaba nuevas pruebas, algo que la Audiencia considera que son "diligencias irrelevantes".

Aristrain, nacido en Annemasse (Francia) en 1962, es hijo del industrial vasco José María Aristrain Noain. Este llegó al País Vasco desde Argentina y fundó una empresa de chatarra. Después se casó con la hija de un industrial del acero y fue creciendo hasta crear la Corporación José María Aristrain. Llegó a ser uno de los mayores industriales del país. Tanto, que cuando en 1981 se hizo pública la declaración de la renta, era el segundo más rico de España solo por detrñas de José María Ruiz-Mateos. Tuvo fama de no ceder nunca al chantaje terrorista.

El padre falleció en un accidente de helicóptero sobre la Costa Azul en 1986. Con solo 24 años, Aristrain hijo, licenciado en Derecho, se hizo cargo del negocio familiar. A partir de 1996, con las privatizaciones del PP, entró en Aceralia con el 10% y acabó con el 3% de Arcelormittal tras la fusión con el gigante indio. Apasionado de los coches y de la caza, Aristrain tiene un chalé en Suiza al que trasladó su residencia en 2011.

Pero según la fiscalía seguía residiendo en España. Bien en su enorme finca de Valdepuercas (Cáceres), uno de los mayores latifundios de España, en su palacete en el centro de Sevilla o en la manzana completa que ha acumulado en la zona más exclusiva de Madrid, donde compró la embajada británica. Posee además un yate con bandera de las Islas Vírgenes Británicas, una ganadería de toros de lidia y una colección de coches que dejó boquiabiertos a los investigadores. Está obsesionado por la seguridad y no había fotos suyas en los últimos 20 años hasta que El Confidencial lo localizó en los toros en Sevilla la pasada primavera. Porque pese a la causa contra él sigue pasando temporadas en España. Siempre sin móvil y sin usar tarjeta para que no sea fácil seguirle el rastro y por su obsesión por la seguridad.

Vicenç Navarro: ¿Está el Estado del Bienestar muerto? Crítica a Yanis Varoufakis

Siempre leo con gran interés los escritos de Yanis Varoufakis. Y frecuentemente cuelgo en mi blog sus entrevistas o conferencias que me llegan, tanto aquellas con las que estoy de acuerdo como aquellas con las que estoy en desacuerdo. Naturalmente que coincido con sus críticas a la Troika y al comportamiento del Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Eurozona), y muy en especial en el caso griego, aunque en este último caso difiero respecto a algún componente de su crítica y de las conclusiones a las que llega en base a tal crítica, como consta en el artículo escrito hace ya casi un año en Público (“Crítica amistosa a Varoufakis y a sectores de las izquierdas sobre lo ocurrido en Grecia”, 19.10.15). Saludo también el establecimiento de un movimiento europeo que él ha fundado, y que ahora lidera, cuyo objetivo es la democratización de la gobernanza de Europa, gobernanza carente hoy de las más mínimas reglas de convivencia democrática, aunque ahí tenga yo también algunas diferencias con él.

Tales diferencias alcanzan su máximo nivel cuando en una conferencia reciente, que detallaré más tarde en el artículo, ha hecho la acusación de que los Estado del Bienestar en los países capitalistas desarrollados están ya muertos, junto con los partidos socialdemócratas que los establecieron, proponiendo en su lugar que se establezca la Renta Básica Universal (RBU), de la que es uno de los máximos promotores. No hay duda de que la socialdemocracia en Europa está en declive. Pero asumir que el Estado del Bienestar está también muerto me parece un gran error. En ambas “muertes” Varoufakis atribuye tal situación a que los Estados-nación ya no pintan nada, pues han perdido toda soberanía. Y ahí está la raíz de nuestro desacuerdo.

¿Ha muerto el Estado-nación?

Creo que una de las raíces de este desacuerdo es su visión de los Estados-nación, a los que considera carentes de poder y capacidad de decisión, especialmente aquellos que forman parte de la Eurozona. Así, en un interesante libro publicado en 2016, Un plan para Europa, de Icaria Editorial (escrito conjuntamente con Gerardo Pisarello –una de las mentes más claras en el movimiento progresista catalán–, con cuyas tesis estoy totalmente de acuerdo), Varoufakis, en la parte del libro en la que expone sus tesis en forma de entrevista, indica que los Estados-nación han perdido toda su soberanía, habiéndose convertido en parte del problema en lugar de la solución. Así, señala que los gobiernos hoy “transmiten a los parlamentos lo que queda decidido a nivel del Eurogrupo (o de la Cámara Europea o del Consejo Europeo) y los parlamentos solo están para que se les ordene lo que deben hacer” (p. 66).

Ni que decir tiene que la pertenencia de España al Eurogrupo establece unas limitaciones graves en cuanto a lo que el Estado español puede hacer o dejar de hacer. Pero encuentro su posición extrema (aunque comprensible por su experiencia en el caso de Grecia), pues los Estados-nación continúan jugando un papel clave. El Estado alemán, por ejemplo, juega un papel determinante y dominante entre los Estados-nación de la Eurozona. Y la relación inter-Estados juega también una labor esencial. La supeditación y docilidad del gobierno Rajoy hacia el gobierno alemán se expresa en su interdependencia con las políticas realizadas por tales Estados.

Lo que parece olvidarse con excesiva frecuencia es que los Estados continúan reproduciendo las relaciones de poder existentes en un país, incluyendo las relaciones de poder de clase social. Es importante recuperar las categorías analíticas que han desaparecido en gran parte de los estudios de lo que está ocurriendo en la Eurozona. Las clases sociales y el conflicto entre ellas, dentro de cada Estado, son esenciales para entender el comportamiento de tales Estados. Las ausencias de estas variables en los análisis de Varoufakis limitan su comprensión de la supuesta pérdida de soberanía de los Estados. Hay que concienciarse de que la burguesía española, por ejemplo, tiene más cosas en común, en cuanto a sus intereses, con la burguesía alemana, que con las clases populares españolas. De ahí que el Estado español, hoy instrumentalizado por la burguesía española, esté aplicando políticas auténticamente reaccionarias bajo el argumento de que no tiene libertad para llevar a cabo otras (como Varoufakis parece creer), cuando es obvio que sí que hay políticas alternativas. En España, por ejemplo, el presidente socialista Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, a fin de corregir el déficit del Estado, cuando podría haber conseguido muchos más revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones (2.552 millones) o manteniendo el de patrimonio (2.100 millones). Y el presidente conservador Rajoy podría haberse evitado recortar 6.000 millones de euros de la sanidad pública revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan solo el 0,12% de todas las empresas. El Estado siempre aplica políticas de clase, y el tema fundamental es de qué clase social. No es cierto, pues, que el Estado-nación no pueda hacer nada. Decir que los Estados-nación no pueden hacer nada es darle la razón a Zapatero o a Rajoy cuando dicen que no hay otras políticas públicas posibles. ¡Sí que las hay! ¡Hay alternativas a las políticas de austeridad! El gran problema de Grecia es, como subrayé en el artículo citado anteriormente, que era un Estado pequeño y fallido, que lo hizo enormemente vulnerable a las presiones del Estado alemán. Y además de ser un Estado muy débil, estaba muy solo. Pero hoy ya hay un número creciente de Estados, con mayor peso, que pueden variar estas políticas. Y parte de la solución serían las alianzas entre Estados en contra de estas políticas, que no ocurrirán a no ser que cambien las relaciones de poder dentro de cada Estado.

La externalización de responsabilidades como justificación de las políticas impopulares


Pero existe otro punto de desacuerdo con Varoufakis, relacionado con el desacuerdo anterior. El ningunear al Estado-nación lleva a abandonar una lucha a nivel de dicho Estado-nación, creando un vacío que lo están aprovechando movimientos nacionalistas de ultraderecha, algunos de claro carácter fascista y/o nazi. Hoy, como el mismo Varoufakis ha acentuado, uno de los mayores peligros existentes en la Unión Europea es la eclosión de movimientos nacionalistas de ultraderecha en cada uno de sus países. Y una de las causas de que ello esté ocurriendo es precisamente la desatención que las izquierdas han dado a algunos de los temas más movilizadores entre las clases populares, que solían ser la base de su apoyo electoral. No solo los partidos conservadores y liberales, sino también los partidos socialdemócratas, por ejemplo, justifican las políticas de austeridad y las reformas reaccionarias de los mercados de trabajo bajo el argumento de que son las únicas posibles, pues otras son de imposible aplicación debido a la globalización, o a la integración europea, o a cualquier factor externo. La externalización de responsabilidades es la medida más común hoy utilizada por los gobiernos de sensibilidad liberal o socioliberal (que son la mayoría). Admiten que sus políticas son impopulares pero subrayan que son las que exigen Bruselas o Frankfurt. Y aquí en Catalunya, el gobierno de derechas catalán indica que la culpa es de Madrid. No es extraño, pues, que veamos hoy votantes del Partido Comunista votar a partidos de ultraderecha. Los cinturones rojos de las grandes ciudades en Francia que votaban al PCF han pasado a votar a Le Pen. Pero esto no solo ocurre en el país galo, pues una de las causas de esta situación es precisamente el auge del nacionalismo en muchos países de la Unión Europea, es decir, el incremento del sentido identitario nacional frente al establishment político-mediático que gobierna la Eurozona, que es percibido como el responsable de la pérdida de identidad y poder de decisión conocido como soberanía nacional, cedida a dicho establishment europeo por las clases dominantes de cada país, que consiguen el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el descenso salarial a través de aquel establishment europeo, lo que no podían conseguir a nivel estatal.

La supuesta muerte de la socialdemocracia y de su Estado del Bienestar


De esta percepción del Estado-nación como carente de capacidad de decisión, Varoufakis concluye que la socialdemocracia y el Estado del Bienestar que creó están muertos y sin capacidad de reacción. Permítanme que resuma su último discurso (que incluyo en este enlace) sobre este tema. Comienza haciendo aseveraciones que, tanto en su tono como en su contenido, pueden considerarse provocadoras (lo cual parece ser de su agrado, pues le gusta hacerlo con gran frecuencia). La primera es la de afirmar que las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia occidental (o el New Deal en EEUU) son demodé, es decir, no tienen futuro, pues son políticas insostenibles. De ahí que señale que “la socialdemocracia está muerta”. La segunda provocación (que se deriva de la anterior) es su afirmación de que “el Estado del Bienestar está (también) muerto”, ya que las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar no pueden financiarse y mantenerse, pues al estar financiados con las rentas del trabajo (es decir, con las cotizaciones sociales derivadas del salario) y su financiación depender de la existencia de puestos de trabajo, ello determina que la desaparición de un número significativo de tales puestos de trabajo (como resultado de la revolución digital, incluyendo intervenciones tecnológicas, como la robótica, que está causando la destrucción masiva de gran parte de los puestos de trabajo), haga insostenible tal Estado del Bienestar. Esta destrucción de los generadores de los fondos con los cuales sostener tales transferencias y servicios públicos es la causa de que el Estado del Bienestar no tenga futuro, pues no puede financiarse. De ahí la necesidad de responder a la enorme crisis social que se ha ido desarrollando en estos años de recesión (que alcanza niveles de depresión en los países del sur de Europa como España, Grecia y Portugal) a través de la Renta Básica Universal, que es la distribución de una renta básica por parte del Estado a todos los ciudadanos y residentes de un país.

Las consecuencias de la financiarización de la economía


Otra razón que –según Varoufakis- justifica el establecimiento de la RBU es la financiarización de la economía en el capitalismo actual. Durante estos años hemos estado viendo la expansión del sector financiero a costa de la economía productiva, lo cual complica todavía más la sostenibilidad del Estado del Bienestar, pues al disminuir la economía productiva disminuye también la fuerza laboral, que es la que financia el Estado del Bienestar. Según Varoufakis, la actividad financiera está, pues, sustituyendo a la producción de bienes y al consumo, sujetos de la economía real o productiva, y con ello a los puestos de trabajo y a los trabajadores, dificultando todavía más la financiación del Estado del Bienestar, basada –como se ha señalado antes- en la gravación de las rentas del trabajo. En EEUU, esta transformación del capitalismo aparece en el traslado del centro de poder de Chicago (centro manufacturero) a Wall Street (centro financiero). Esta financiarización de la economía determina que al disminuir el trabajo disponible, también disminuye la demanda, causa del decrecimiento económico que conocemos como la Gran Recesión.

La solución a esta gran crisis social y económica es –de nuevo, según Varoufakis- gravar a las rentas superiores (derivadas en gran parte de la gran expansión del sector financiero), distribuyendo los ingresos públicos obtenidos a partir de esta medida a todos los ciudadanos y residentes, asignando a cada persona la misma cantidad, una renta básica que permita a la persona vivir con dignidad. La aplicación de esta medida tendría –según él- varias consecuencias. Una sería la de eliminar la pobreza y reducir las desigualdades sociales. Otra, la de incentivar la demanda (pues las clases populares consumen más que ahorran, ya que tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas, mientras que las clases más pudientes ahorran más que consumen). Y una tercera consecuencia, de gran importancia también, sería el empoderamiento de la población trabajadora, pues la RBU la haría más resistente frente a las demandas de los empleadores, ya que sus necesidades mínimas estarían ya cubiertas. Hasta aquí el resumen de su argumentación a favor de la RBU.

¿Cuáles son los problemas de esta argumentación?


Antes de comenzar la crítica debo subrayar que hay elementos de este análisis, como la creciente financiarización de la economía, con los que estoy totalmente de acuerdo. Pero con otros no. Y uno de ellos consiste en sus observaciones sobre lo que él considera los límites y la imposibilidad de desarrollar políticas socialdemócratas, así como políticas de expansión del Estado del Bienestar, a los dos lados del Atlántico Norte. Esta tesis está basada, en parte, en la pérdida de soberanía de los Estados, y, en parte, en su criterio (erróneo a mi manera de ver) para definir socialdemocracia y Estado del Bienestar. Me explicaré, comenzando con la discusión de los supuestos límites de la socialdemocracia. Pero para ello es necesario señalar que el gran fracaso de los partidos socialdemócratas (que, recordemos, estaban enraizados en el mundo del trabajo en su objetivo de establecer el socialismo) no se debe a la socialdemocracia en sí, sino más bien lo contrario, es decir, a su abandono. Es una realidad bien documentada que a partir de Blair & Co. (aunque algunos podrían indicar que se había iniciado ya con Mitterrand) hubo un claro abandono del proyecto socialdemócrata. El socialismo era y continúa siendo el proyecto de establecer una sociedad cuyo objetivo es distribuir los recursos según la necesidad de los ciudadanos, financiados según la habilidad y capacidad de cada ciudadano, siendo necesidad, habilidad y capacidad definidas democráticamente. Este objetivo continúa siendo vigente y aplicable. Casi el 78% de la ciudadanía de los países de la UE está de acuerdo con el principio de que “a cada uno según su necesidad, y de cada uno según su habilidad y capacidad”. Y estamos viendo a los dos lados del Atlántico Norte la aparición de movimientos político-sociales, como el movimiento liderado por el candidato Sanders en EEUU, y los movimientos contestatarios en Europa, como Unidos Podemos, que están adquiriendo gran importancia, y que están comprometidos claramente con este principio socialista, a alcanzar a través de la vía democrática, proponiendo políticas públicas que solían identificarse con la socialdemocracia antes de que esta dejara de serlo.

El Estado del Bienestar que describe Varoufakis es el cristianodemócrata, no el socialista


Varoufakis parece desconocer que hay varios tipos de Estados del Bienestar. Y el que describe no es el Estado del Bienestar enraizado en la tradición socialdemócrata. Bismarck fue el fundador del Estado del Bienestar que Varoufakis describe y define erróneamente como “el Estado del Bienestar”. En este Estado del Bienestar, el de Bismarck, la financiación corre a cargo de las cotizaciones sociales basadas en el mercado del trabajo. Es este Estado del Bienestar cuya sostenibilidad depende de la situación del mercado de trabajo. Y el deterioro de este mercado de trabajo crea un problema de sostenibilidad grave, como estamos viendo hoy en España.

Pero en los países escandinavos del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, donde el mundo del trabajo históricamente ha sido fuerte, la financiación de la mayoría de transferencias y servicios del Estado del Bienestar no viene de las cotizaciones sociales basadas en el mercado de trabajo, sino de los fondos generales del Estado, y por lo tanto de la voluntad popular. Dependiendo del grado de influencia que los distintos actores de la sociedad (entre los cuales los más determinantes son el mundo del capital y el mundo del trabajo) tienen sobre el Estado, encontramos Estados del Bienestar bien desarrollados, y otros poco financiados. En general, a mayor influencia del mundo del capital, menores son los ingresos al Estado, y, como consecuencia, el Estado del Bienestar está menos desarrollado, tal como ocurre en el sur de Europa. Es fácil de entender que el nivel de gravamen de las rentas del capital es una variable política, es decir, que depende de las relaciones de poder en cada país. En todos los países del sur de Europa, sus Estados del Bienestar están subfinanciados, asignando el Estado a los temas sociales muchos menos recursos públicos de los que debería y podría gastar. En realidad, todos ellos tienen los recursos para financiar mejor sus Estados del Bienestar. Tienen el dinero, pero el Estado no tiene la voluntad de recogerlo. Y ahí está uno de los desacuerdos entre Varoufakis y yo. Varoufakis asume que los Estados-nación no tienen alternativas a las políticas neoliberales que se les imponen, y yo creo que sí que las tienen. Que graven más o menos depende de las relaciones de poder de cada país. Asumir, como hace Varoufakis, que los Estados-nación no tienen poder de decisión, habiendo perdido toda soberanía, es, como he dicho antes, dar la razón a los gobiernos que imponen políticas de austeridad altamente impopulares, cuando las justifican diciendo que no tienen otras alternativas.

¿Qué soluciones hay?

Cualquier solución a la crisis actual pasa por un aumento de los ingresos al Estado, lo que requiere un cambio en los actores que configuran las políticas públicas de tales Estados. No creo que haya mucho desacuerdo en este punto. El desacuerdo, pues, es probable que radique no tanto en los ingresos, sino en los gastos. Y es ahí donde Varoufakis desatiende el Estado del Bienestar demasiado rápidamente. Según él, el dinero debe ir a cada ciudadano o residente, siéndole transferida la misma cantidad de dinero a cada persona, sea ciudadano o residente. Pero, ¿por qué la misma cantidad? Si el objetivo de la RBU es reducir la pobreza, es fácil mostrar que los países que han sido más exitosos en reducir la pobreza han sido aquellos países escandinavos que han seguido precisamente las políticas de tradición socialdemócrata, mediante transferencias y servicios públicos, lo cual implica también garantizar unos ingresos a cada ciudadano que le permitan una vida digna mediante la transferencia de fondos y servicios públicos que representan una cantidad superior a la que recibiría mediante la RBU.

Un tanto igual ocurre en cuanto a la reducción de las desigualdades. Los países que han sido más exitosos, y que han conseguido alcanzar los niveles de desigualdades más bajos en la UE y en Norteamérica, han sido aquellos que han utilizado las medidas redistributivas y han utilizado las políticas laborales y sociales para alcanzar tal fin. Si se quiere reducir la pobreza y las desigualdades, no tiene sentido dar la misma cantidad de dinero al pobre que a todos los demás. Se le debería dar más. Por otra parte, el coste de la RBU sería considerable: muy probablemente unos porcentajes del PIB de varios puntos. Añádase a esta consideración el hecho de que el déficit social de los países del sur de Europa es enorme. ¿Sería la RBU además o en lugar de la corrección de este enorme déficit social? Pedir como prioritaria la implementación de la RBU hoy en estos países es dejar de cubrir el enorme déficit social que tienen. Podría argumentarse que la RBU podría tener sentido una vez los elementos básicos del Estado del Bienestar estuvieran satisfechos. Pero en el sur de Europa distan mucho de serlo. ¿No cree Varoufakis que en estos países es mucho más urgente resolver este enorme déficit social que implementar la RBU? Esperaría que pudiéramos estar de acuerdo en ello.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Zapatero y Rajoy colocaron a siete ex altos cargos de Defensa a trabajar en empresas de armas

Esas compañías de armamento percibieron 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron puestos de alta responsabilidad en el Ministerio. La ley establece que los altos cargos “no podrán prestar servicios” en empresas “afectadas por decisiones en las que hayan participado”. La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, autorizó a siete ex altos cargos del Ministerio de Defensa para trabajar en empresas de armas entre 2007 y 2015 en calidad de asesores, consultores o administradores, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.

Cinco de esas autorizaciones se concedieron con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y otras dos con Mariano Rajoy en La Moncloa. Un secretario general de Política de Defensa y seis altos cargos del Ejército nombrados entre 2001 y 2013 recibieron el permiso del Gobierno para trabajar en Indra, Santa Bárbara Sistemas, Airbus, Explosivos Alaveses, Lockheed Martin o TRC, habituales contratistas de la cartera dirigida actualmente por Pedro Morenés.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. De las 17 autorizaciones firmadas por la Oficina de Conflicto de Intereses sobre altos cargos del Ministerio de Defensa desde la aprobación de esa ley, ocho estuvieron relacionadas con empresas de armas.

La Oficina no halló incompatibilidad en ninguno de los casos por trabajar para una empresa dedicada a la producción de armamento justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en el Ministerio. La Oficina de Conflicto de Intereses sentenció que “no existen objeciones que formular al inicio de dicha actividad” en las autorizaciones firmadas para que siete ex altos cargos de Defensa pudieran incorporarse a distintas empresas de armas.

Las compañías para las que pidieron autorización recibieron, al menos, 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron sus funciones como altos cargos, según datos del BOE recopilados por eldiario.es. Entre ellas, se encuentran dos de las cuatro empresas (Airbus y Santa Bárbara Sistemas) que se llevaron el 97% de los programas de armamento, tal y como publicó este diario. Por estos programas, el Gobierno todavía debe abonar 21.389 millones de euros a la industria armamentística por compromisos de compra que se empezaron a firmar en 1997.

La gran mayoría de adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Defensa a estas cinco empresas (Airbus, Santa Bárbara, Indra, Expal y Lockheed Martin) se hicieron a través del procedimiento más opaco posible: negociado sin publicidad, por el que se pueden hacer adjudicaciones sin concurso y negociando directamente con las empresas. De los 3.680 millones de euros adjudicados mientras desempeñaban sus funciones de altos cargos, el 98% se hicieron por el procedimiento negociado sin publicidad. Esa regla se ha convertido en habitual en los contratos del Ministerio, según desveló una investigación de Quién Cobra la Obra de la Fundación Civio: el 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hicieron a través de esa regla.

Carlos Gómez Arruche, Jefe del Mando Aéreo General entre 2006 y 2009, y José Manuel García Sieiro, que ocupó los cargos de director general de Armamento y Material y director general del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) entre 2008 y 2013, fueron autorizados a trabajar para Airbus y su filial española EADS CASA. La compañía dice que "es una práctica común emplear asesores que tengan buenos conocimientos del sector, así como clientes", siempre respetando los requisitos legales de cada país.

Fundada en 1923 con la inauguración de dos fábricas de aviones, Construcciones Aeronáuticas (ahora Airbus) estrechó lazos con la dictadura franquista tras el final de la Guerra Civil. En 1943, el Estado adquiere el 33% de la empresa y prosigue ampliando su participación hasta ser propiedad casi estatal en décadas posteriores. En 1999 fue privatizada por el Gobierno de Aznar, al ser vendida al consorcio europeo Airbus y pasar a denominarse EADS CASA. La compañía aeronáutica, principal contratista del Ejército del Aire, percibió 1.885 millones de euros en adjudicaciones de Defensa entre 2006 y 2013. Entre ellos se encuentra un contrato enmarcado en los programas especiales de armamento para la adquisición de 45 helicópteros de transporte medio NH-90, adjudicado en diciembre de 2006 por 1.260 millones de euros.

Carlos Villar Turrau, militar de carrera, fue director general de Armamento y Material de Defensa entre 2001 y 2006 y Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra entre 2006 y 2008. Sin que se cumpliera un año desde que dejó su último cargo, solicitó su incorporación como vicepresidente en Santa Bárbara Sistemas. La Oficina de Conflicto de Intereses autorizó el nuevo cargo tras no encontrar “objeciones al inicio de la nueva actividad”.

Especializada en vehículos blindados, Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial y principal contratista del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo mundial de venta de material de defensa General Dynamics. Santa Bárbara Sistemas percibió 1.207 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio entre 2001 y 2008, mientras Villar era alto responsable de la cartera de Defensa. La empresa ha declinado hacer declaraciones.

Aunque Airbus y Santa Bárbara son los grupos empresariales que más contratos recibieron de Defensa, otros ex altos cargos también solicitaron la autorización para trabajar para compañías de armamento que recibieron adjudicaciones del Ministerio. Francisco Boyero, inspector general del Ejército de Tierra entre 2003 y 2006, y Manuel García Berrio, Jefe del Mando Aéreo de Combate entre 2004 y 2007, recibieron el permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses para asesorar a Indra.

En el Ibex35 desde 1999, Indra es la principal empresa tecnológica española con una facturación anual cercana a los 3.000 millones de euros. “Con más de 20 años desarrollando soluciones tecnológicas en el sector de la defensa”, la compañía es uno de los principales contratistas del Ministerio. Entre 2003 y 2007 recibió, al menos, 535 millones en adjudicaciones durante el periodo en el que esos dos ex altos cargos desempeñaron sus puestos de responsabilidad. Fuentes de Indra confirman que ambos ocuparon puestos de "asesoría operativa" en la compañía "hace muchos años", aunque no comentan las razones de sus incorporaciones y sus cometidos.

De dirigir la política de defensa del Ministerio a trabajar como consejero y asesor personal del presidente de una de las mayores empresas de explosivos españolas. Este es el camino del almirante general Francisco José Torrente Sánchez, secretario general de Política de Defensa entre 2004 y 2007, que fue autorizado a trabajar para Expal (Explosivos Alaveses) apenas 13 días después de dejar el cargo. Su escalada dentro del grupo empresarial Maxamcorp (matriz de Expal), especializado en la producción de municiones y granadas, le convirtió en presidente de la filial Explosivos Alaveses, cargo que ocupa desde 2012. Las compras del Ministerio de Defensa a Expal suman casi 34 millones de euros entre 2004 y 2007. La empresa de explosivos ha declinado hacer declaraciones a eldiario.es.

Este no fue el único camino de lo público a lo privado que autorizó el Gobierno a Torrente Sánchez. Apenas 100 días después de cesar en su cargo en el Ministerio, “manifestó su intención” de ocupar un puesto de consultor senior en Lockheed Martin, una multinacional estadounidense dedicada a la industria aeroespacial y la producción de misiles. Aunque su principal nicho de negocio está en las adjudicaciones del Gobierno de Estados Unidos, Lockheed Martin percibió contratos del Ministerio de Defensa por 2,8 millones mientras Torrente Sánchez fue secretario general de Política de Defensa, informa eldiario.es.