dimarts, 30 de maig de 2017

Juicio contra la cúpula de la CAM

Seis años después de que se destapara cómo la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) falseó sus cuentas para ocultar unas pérdidas que le impedían unirse a otras cajas y que permitieron que sus directivos fueran indemnizados con pagas de beneficios, planes de pensiones, prejubilaciones y otros privilegios que no les correspondían, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó este lunes a juzgar a quienes eran sus responsables en los años 2010 y 2011. El turno para los acusados llega hoy, después de que el tribunal presidido por Ángela Murillo resuelva las cuestiones previas planteadas por las defensas, que se centran en si los titulares de cuotas participativas de la entidad tienen derecho o no a ejercer la acusación. La cuestión no es baladí, porque la acusación que les agrupa solicita penas de 16 años de prisión para cada uno de los ocho exdirectivos que se sientan en el banquillo, una petición que dobla la más alta formulada por Anticorrupción.

El fiscal Luis Rodríguez Sol centró el objeto del juicio en que las cuentas del 2010 y las intermedias del 2011 "no reflejaban la realidad" de la entidad, porque ocultaban que "se habían producido pérdidas" y sostuvo que solo los titulares de cuotas participativas adquiridas en ese periodo que las mantuvieron con posterioridad puedan ejercer la acusación en el juicio, porque fueron los perjudicados por "la intervención de los antiguos administradores". Según los peritos, esgrimió, las cuentas del 2007, el 2008 y el 2009 no fueron susceptibles de causar perjuicios, por lo que no se puede tener como perjudicados a quienes adquirieron productos financieros en esos años.

En su escrito de acusación, en el que no pide pena alguna para el expresidente Modesto Crespo, solicita para los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros por un delito societario continuado de falsedad de las cuentas en concurso con estafa agravada, o en su defecto, apropiación indebida agravada en concurso con administración desleal.

También solicita esa pena para el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y para el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez. Durante la sesión, la defensa del primero renunció a 19 testigos que había propuesto, lo que puede aligerar el juicio previsto hasta el 21 de julio. El fiscal, además, solicita 10 meses de cárcel y multa de cuatro meses para el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, y un año y dos meses de prisión y multa de seis meses para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Anticorrupción, que cifra en 20,1 millones de euros la cantidad indebidamente cobrada por los acusados y que sostiene que deben reintegrar al Banco Sabadell, pide que los titulares de cuotas participativas adquiridas en esos años sean indemnizados. Excluye, en cambio, a quienes adquirieron preferentes, porque entiende que esa pérdida "fue asumida por el Sabadell" cuando se hizo cargo del Banco CAM.

El Fondo de Garantía de Depósitos, que sí acusa al expresidente Crespo, pide para él, Amorós y Sogorb una pena de nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros por estafa y manipulaciones informativas. Para López y Martínez solicita tres años de prisión y la misma multa por falsedad societaria, informa Efe. En el caso de Sabater, reduce la petición a dos años de cárcel y multa de 81.000 euros como cooperador necesario del delito de falsedad societaria, informa El Periódico.

El fondo de garantía eleva un 30% -6.255 millones- las pérdidas en la CAM
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha tenido que revisar al alza de nuevo las pérdidas que tendrá que asumir por el esquema de protección de activos (EPA) concedido al Sabadell en la adjudicación de los negocios de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), expoliada por sus directivos como tantas otras y salvada con el dinero de los españoles que pagan impuestos, la clase trabajadora.

El presunto asesino de su suegra: Un financiero frío y poco sociable
Miguel López Pérez no parece ser alguien que brille precisamente por su don de gentes y tampoco el yerno de los Sala no es un potentado de los negocios como sus suegros. Ambos extremos, su escasa capacidad de relación social y su casi nula experiencia financiera, son dos de los reproches que más le hacía el expresidente de la CAM. «No es muy amigo de los 'saraos' sociales ni se relaciona demasiado con el mundillo de los negocios.

González (PP) actuaba como un capo del "crimen organizado"
El poder acumulado durante años en primera línea de la política fue utilizado por Ignacio González (PP) para frenar las investigaciones que le amenazaban. En las grabaciones del caso Lezo hay conversaciones con altos cargos del Gobierno, intentos de influir en los nombramientos de la Fiscalía o para cambiar a los jueces que iban tras él. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil califican esa utilización del poder en busca de impunidad como una práctica propia del "crimen organizado".

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