dijous, 29 de juny de 2017

Imputan a La Razón por desviar ayudas públicas de ZP y Rajoy

La Policía Nacional ha lanzado una operación a primera hora de este jueves contra una trama empresarial que habría obtenido de forma irregular ayudas públicas del Ministerio de Industria durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Las subvenciones se concedieron a la empresa tecnológica Zed Worldwide, pero gran parte del dinero fue luego desviado por los gestores de la compañía a otras mercantiles mediante operaciones fraudulentas. La investigación, que se ha instruido en secreto durante el último año y ha estado liderada por la Fiscalía Anticorrupción, afecta a un total de 19 personas a las que se imputa, entre otros delitos, fraude en las subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de influencias, según han confirmado fuentes cercanas al caso. Entre ellas, el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals (foto).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas, ha detenido al fundador y máximo accionista de ZED, Javier Pérez Dolset, y a un hermano de éste, Ignacio. Además, se están practicando registros en oficinas, domicilios y organismos oficiales en busca de documentación relacionada con la causa. También se están practicando requerimientos en la sede del diario La Razón. El despliegue está supervisado por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que asumió el procedimiento por reparto.

Entre los principales implicados se encuentra el hombre fuerte del Grupo Planeta, Mauricio Casals. El Ministerio Público le acusa de haber maniobrado ante altas instancias de la Administración para que Zed, que llegó a estar participada por Planeta hasta en un 25%, recibiera créditos blandos para el fomento de la innovación y el desarrollo por valor de 67 millones de euros. La mayor parte del dinero salió de líneas de ayudas del Ministerio de Industria, pero también se rastrean subvenciones del Ministerio de Economía y otros departamentos.

Las gestiones para lograr los fondos se habrían producido entre 2010 y 2015, es decir, tanto con gobiernos socialistas como del Partido Popular. Por esa supuesta labor de intermediación, La Razón habría recibido presuntas comisiones irregulares camufladas como servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración por un importe ligeramente superior a 2 millones de euros. También se investiga si Casals intervino para evitar que desde Industria y Economía se fiscalizaran el destino de los préstamos y se reclamara su completa evolución. Los expertos en delitos económicos de la Policía han determinado que sólo la mitad de los créditos blandos concedidos a Zed fueron reintegrados a la Administración.

Esa parte del caso también afecta de lleno al presidente de la firma tecnológica, Javier Pérez Dolset, que convirtió el videojuego Commandos en un súperventas mundial a finales de los 90 y que, en 2014, logró que la compañía fuera tasada en 1.500 millones de euros. En estos momentos, sin embargo, Zed se encuentra ya en proceso de liquidación y su valor es cercano a cero. Como adelantó El Confidencial, durante las pesquisas se habría descubierto que Pérez Dolset desvió de forma irregular parte del dinero de Industria a empresas familiares. Al menos seis millones de euros habrían acabado en una sola sociedad, Pure Action Sports Europe, con la que el empresario ha patrocinado campeonatos de kitesurf, su deporte preferido.

Pero el Ministerio Público también sostiene que Pérez Dolset habría tenido una participación aún mayor en la quiebra de su propia empresa, perjudicando de ese modo al resto de accionistas y también a los acreedores, entre ellos, los 200 empleados que tenía Zed hasta hace solo unos meses. Además de las subvenciones de Industria y Economía, el empresario habría vaciado otros activos de la tecnológica ante su inminente hundimiento, incurriendo así en un delito de insolvencia punible. Se le atribuye una apropiación cercana a los 10 millones de euros, aseguran fuentes próximas al procedimiento.

El origen de la caída de Zed se sitúa en el conflicto que la familia Pérez Dolset ha mantenido con el resto de accionistas por el control de la empresa. En el último año, los fundadores han recibido numerosas demandas del Grupo Planeta. Pero la verdadera batalla que provocó el inicio de estas diligencias se libró fuera de España. La Fiscalía Anticorrupción implica también en la quiebra fraudulenta de Zed Worldwide a los socios rusos de los Pérez Dolset, capitaneados por el magnate del petróleo y las telecomunicaciones próximo al Kremlin Mikhail Fridman.

Según las pesquisas de la UDEF, la mano derecha de Fridman que controlaba su participación en Zed Worldwide, Vage Engibaryan, habría bloqueado de forma intencionada la entrada de fondos del mercado ruso en la filial holandesa que abrió la tecnológica para canalizar sus inversiones internacionales, Zed+. Ese cortocircuito provocó primero la asfixia de Zed+ y terminó luego pasando factura también a la liquidez de Zed Worldwide. Supuestamente, el objetivo de los rusos era provocar la caída de la compañía para quedarse posteriormente con todos sus activos a precio de saldo, una práctica habitual de las mafias del Este.

La querella de la Fiscalía se dirige contra los rusos por esa maniobra y, también, contra el abogado holandés que asumió la administración concursal de Zed+ cuando dejó de llegar dinero a la compañía del mercado ruso. Se trata del letrado Peter Wakkie, que ya fue detenido por Anticorrupción el pasado enero. Según fuentes próximas al caso, pudo incurrir en un conflicto de intereses al simultanear la gestión de Zed+ con la dirección de una fundación multimillonaria de Fridman. Además, habría negado a los Pérez Dolset el acceso a información clave sobre la compañía con la que Zed+ operaba en el mercado ruso y también se opuso a que el grupo fuera adquirido por un fondo de inversión chino (Dawn Galaxy International LTD) por 400 millones de euros, una transacción que habría garantizado la viabilidad de la compañía.

Los detenidos pasarán a disposición judicial automáticamente. El resto de imputados serán citados a declarar en los próximos días. No es la primera vez que el presidente de La Razón tiene que comparecer en la Audiencia Nacional. El pasado 19 de abril ya fue imputado en la operación Lezo por supuestas extorsiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Sin embargo, ésta testificó no haberse sentido coaccionada y, sólo unas horas después, la acusación sobre Casals fue archivada, informa El confidencial.

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