El Tribunal de Cuentas del Estado juzgará el 11 de abril al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.
La fecha de este juicio contable ha sido fijada en una audiencia previa celebrada este lunes en el Tribunal de Cuentas, según han informado fuentes cercanas al caso.
En esta vista, la Fiscalía ha anunciado que "no formulará demanda" en el procedimiento. No obstante, dado que el resto de partes demandantes (el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE) se han ratificado en sus argumentos, el proceso sigue adelante.
El órgano fiscalizador investiga el presunto "perjuicio" a las arcas públicas causado por Alonso y Maroto, así como por otros concejales del PP, por la firma de un contrato de alquiler a un precio considerado muy superior al de mercado. El contrato, firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto, concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.
El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas. El órgano fiscalizador celebrará un juicio el 11 de abril, a las once de la mañana, para determinar la posible "responsabilidad contable" de los demandados por este asunto.
"Purga"
Este lunes, el actual alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha confiado en que se esclarezcan cuanto antes las posibles "responsabilidades" por este asunto. A su juicio, y en la misma línea de las conclusiones de una comisión de investigación municipal sobre este caso, la gestión de Maroto y Alonso supuso un perjuicio para el "interés general", mientras que favoreció "el interés de un particular".
Urtaran también se ha referido a unas afirmaciones que efectuó Maroto el pasado viernes, cuando, en relación a los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, reclamó que se haga "una purga", aunque ésta "se lleve a quien se lleve por delante".
Vía penal
"¿Si le condena el Tribunal de Cuentas va a purgarse, como dijo?, ¿se va a retirar de la política si se demuestra que no actuó en defensa del interés de Vitoria, y sí en defensa del interés de un particular?", se ha preguntado.
Por su parte, el colectivo anticorrupción ADI! ha advertido de la necesidad de "desenmascarar" a Alonso y a Maroto, por lo que, al margen del proceso en el Tribunal de Cuentas, no descarta recurrir a la vía penal. El colectivo anticorrupción ha recordado que el Tribunal de Cuentas "no va a entrar en el fondo de la cuestión" ni va a "poner en cuestión" la firma del referido contrato, sino que "se va limitar a resolver si una vez firmado el acuerdo de alquiler, el Ayuntamiento ha sido escrupuloso en los pagos de las rentas". De todas formas, ha destacado que todos los indicios "apuntan que no ha sido así".
La asociación ha advertido de que no se "conformará" con esta investigación en el órgano fiscalizador del Estado. ADI! ha anunciado que pondrá todo su "empeño" en que se aclare este "trato de favor a un particular" que ha supuesto un "perjuicio" para el resto.
"Sacar las vergüenzas"
"No descartamos ninguna vía para el esclarecimiento de los hechos y que sus responsables asuman lo que les corresponda", ha avisado. ADI! Ha recordado que la vía penal "no está ni muchos menos cerrada en este asunto". Esto se debe a que, aunque en su día la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava descartó entrar a estudiar este asunto, lo hizo porque ya estaba siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, tal como se apuntó desde el propio Ministerio Público, esto no implica que ante la eventual presentación de una denuncia penal fundamentada, no pueda a abrirse una investigación penal. "El camino no es fácil, pero a la sociedad civil sólo nos queda organizarnos y trabajar para desenmascarar a los políticos que entorpecen con medios públicos el control de su gestión por la ciudadanía", ha afirmado.
De Público
