divendres, 4 de març de 2016

Acte en defensa de les llibertats i del dret de vaga

Sindicalistes i membres de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates convoquen una concentració en favor de la llibertat sindical i contra la criminalització dels activistes. Els sindicats majoritaris a Catalunya: CCOO i UGT celebren aquest divendres, 4 de març, un acte per reivindicar la legalitat del dret de vaga i en defensa de les llibertats. Amb el lema #VagaNoÉsDelicte, es farà a la sala d’actes MediaTIC (Barcelona Activa) del c/Roc Boronat, 117, de Barcelona. Les organitzacions obreres tenen en marxa una campanya per intentar capgirar una situació, que per la via dels fets havia implicat un retrocés en les llibertats civils i especialment en el dret constitucional a la vaga.

Actualment hi ha més de 300 sindicalistes sota amenaça de processos que podrien implicar haver d’entrar en presó. Les acusacions que es fan en la majoria dels casos tenen a veure amb l’activitat sindical i reivindicativa d’aquestes persones. Un gruix important dels casos estan vinculats amb les dues grans vagues generals que es van convocar contra les reformes laborals: la que es va fer contra les mesures legislatives del govern del PSOE i la que es va realitzar les reformes legals aplicada pel PP.

La llei es va endurir especialment amb ‘article 315,3 que permet que siguin condemnades a presó persones a les quals s’acusi d’impedir el dret al treball. Precisament aquest punt és el que ha centrat algunes acusacions en les quals es demanaven anys de presó a sindicalistes, com és el cas dels anomenats els 8 d’Airbus. Curiosament aquest article s’ha fet servir només per acusar treballadors i mai per encausar empresaris.

Els sindicats han exigit, especialment durant el període de campanya electoral a Espanya que els partits es comprometin a derogar l’esmentat article. Potser per aquest motiu entre els que intervindran a l’acte hi ha Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i la seguretat social de la UAB. També intervindrà Andrés Pérez Subirana, president de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.

Per la banda sindical intervindran també Katiana Vicens, representant de CCOO en el Consell Econòmic i Social Europeu, que va ser condemnada a una multa de 4.000 euros per un delicte de coaccions que hauria estat comès durant la vaga general de 2012. En aquest cas el fiscal li demanava 4,5 anys de presó. També participarà en l’acte Prudencio Colmenero, en nom de la UGT de Catalunya. Clouran l’acte els secretaris general de la UGT, Josep M. Àlvarez i de CCOO, Joan Carles Gallego.

Vídeo: 'Anem a mil': Campanya per a reclamar l’augment del salari mínim interprofessional


Toni Albà protagonitza el primer vídeo de la plataforma ciutadana ‘Anem a mil’, que acaba de néixer amb l’objectiu d’assolir un salari mínim interprofessional (SMI) de 1.000 € com a mesura necessària per combatre la pobresa. L’actor i humorista, caracteritzat com l'economista neoliberal a sou de JxSí, Xavier Sala-i-Martín amb una americana ben llampant de l'estil hortera de la veu de l'amo, explica la necessitat d’incrementar el SMI, que actualment és de 655 euros, a la cúa de l'UE.

El exfiscal Villarejo rompe con Podemos por no investir a Sánchez

El exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que fue unos meses eurodiputado de Podemos con Pablo Iglesias, ha roto su relación con ese partido por discrepar abiertamente de la estrategia seguida desde las elecciones del 20 de diciembre y considerar que deberían facilitar la investidura de Pedro Sánchez con su abstención. "Yo solo deseo que Mariano Rajoy se vaya a la calle para hacer otro tipo de políticas, no que haya nuevas elecciones y sigamos así", ha asegurado Villarejo este viernes a EL PAÍS.

En su opinión, Podemos se ha equivocado de plano en el proceso de negociación para llegar a un acuerdo de izquierdas con el PSOE y eso ha allanado el camino al pacto de los socialistas con Ciudadanos. "Quien tiene que ceder más en una negociación es quien tiene menos votos y menos escaños y es Podemos quien está en esa situación, con el 20,6% y la tercera fuerza de Congreso", ha explicado el exfiscal. En su opinión, lo deseable hubiera sido el pacto de izquierdas, pero dado que no ha sido posible, "el objetivo básico y fundamental debería ser expulsar al Gobierno del PP por sus políticas regresivas en economía, libertades públicas y fracaso para afrontar la crisis".

Para hacer posible ese deseo, Jiménez Villarejo recuerda que es necesaria la abstención de Podemos. "Así se lo comuniqué a Pablo Iglesias en una extensa carta hace unos días y este jueves, pero no he tenido respuesta", explica el exfiscal.

Ese desencuentro constata la ruptura definitiva del exfiscal con el partido en el que militó durante más de un año y del que se dio de baja tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre, en las que Podemos concurrió en la candidatura de Catalunya sí que es Pot. "Hicieron una campaña pésima y lograron peores resultados que Iniciativa per Catalunya en las anteriores elecciones", recuerda Villarejo.

El exfiscal ya rompió en su día con los ecosocialistas por la defensa del derecho a decidir y ahora también discrepa abiertamente de la defensa que hace Podemos de la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. "Hay que decir a la gente que el programa electoral de Podemos habla de que la Generalitat convocará esa consulta y eso es legalmente imposible, porque no está amparado en ninguna ley catalana, sino que es competencia del Estado", asegura Jiménez Villarejo.

Tras su distanciamiento con Iniciativa per Catalunya, Jiménez Villarejo se afilió a Podemos y fue miembro de su Consejo Ciudadano. Posteriormente concurrió a las elecciones europeas de mayo de 2014, en la lista que encabezó Pablo Iglesias, y ambos salieron elegidos. Sin embargo, el fiscal no pudo soportar mucho tiempo el trasiego de los viajes a Bruselas y la intensa actividad que desarrollaba Villarejo en la Eurocámara, donde asistía a todas las reuniones de principio a fin.

Ahora lamenta la "actitud intransigente" de su antiguo partido en el proceso de negociación y reprocha a Pablo Iglesias el tono de su discurso del pasado miércoles. "Fue un tono arrogante y áspero que puso el acento en hecho que no venían al caso", en referencia al GAL. "Ahora lo importante es combatir el paro y hacer otras políticas sociales y eso hubiera sido posible con el pacto del PSOE y Ciudadanos"; insiste Jiménez Villarejo. "Yo no comparto ni la mitad de ese programa, pero siempre es preferible tener un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que no vernos abocados a otras elecciones", zanja el exfiscal anticorrupción.

Iglesias a Sánchez: "Desconfíe de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva"


El líder de Podemos ha denunciado que el pacto PSOE - C´s es "la primera entrega" para llegar a una gran coalición con el PP - "No le extrañe que los trabajadores le pidan que entregue la S y la O del PSOE", le ha advertido a Sánchez. Pablo Iglesias ha dejado claro al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que hoy mismo podría haber un Gobierno progresista en España si el PSOE hubiera optado por ellos y no por la "naranja mecánica", en alusión a Ciudadanos, cuyo pacto ve como antesala de la gran coalición.

Alfonso Grau devolvía relojes de lujo y los cambiaba por otros más baratos para blanquear el dinero de los regalos de Transvia

El ex-vicealcalde de Valencia Alfonso Grau está siendo investigado por un supuesto caso de blanqueo, además de por cohecho, en el marco de la operación realizada por la Guardia Civil el pasado 22 de febrero, en la que fue detenido el propio Grau y el empresario Urbano Catalán, responsable del Grupo Transvía. Según han confirmado fuentes de la investigación a EFE, Grau pudo haber cambiado algunos relojes de alta gama supuestamente procedentes de regalos por otros de menor valor, para obtener así la diferencia en efectivo. En el registro de su domicilio, en la mañana del 22 de febrero, la Guardia Civil localizó numerosos relojes de gama alta, algunos de ellos modelos especialmente exclusivos, según las mismas fuentes.

Estos tienen la particularidad, según los investigadores, de tener números de serie y garantías personalizadas, lo cual permitiría conocer su origen, momento de compra y titularidad, y facilitar la investigación sobre el posible delito de cohecho por el que fueron detenidos Grau y el citado empresario en una causa declarada secreta por un juzgado de Valencia.

Grau está también procesado en el caso Nóos que se enjuicia en Palma, acusado de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación a la contratación del Instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia, que él presidía.

De Las Provincias

El negocio oculto en la recogida de ropa usada en el País Valencià


Más de 3,4 millones de kilos de ropa usada al año supone un negocio demasiado suculento como para dejarlo escapar, por lo que multinacionales, medianas empresas y hasta grupos clandestinos compiten ya en el País Valencià con las entidades sin ánimo de lucro por asumir la recogida del textil de segunda mano. La donación de ropa fuera de uso supuso hace más de dos décadas un impulso para asociaciones benéficas que destinaban estos recursos a un fin social, mientras que en la actualidad se ha convertido ya un negocio con la reventa, tanto nacional como internacional, que intentan copar grupos con ánimo de lucro.

"Yo no gestioné Aizoon, pero confío en mi marido y en su total inocencia"

Cristina de Borbón insiste en que nunca participó en la administración de la sociedad familiar y que era su esposo quien se encargaba de los temas económicos. Antes de constituir la empresa pidió consejo a García Revenga y nadie de la Casa Real puso impedimento a su presencia en Aizoon. "De Aizoon solo sabía que era la empresa que utilizaba mi marido para canalizar sus ingresos como asesor y consultor. Nunca me informó de ninguna decisión, ni tampoco yo participé en la gestión". "Nunca dispuse ni realicé ningún gasto con la tarjeta de crédito de Aizoon. La custodiaba mi marido".

La infanta Cristina superó ayer el mal trago, el momento crucial que venía esperando desde hace casi un mes: declarar antes las tres magistradas que decidirán su futuro judicial. Al arrancar la declaración, su abogado Pau Molins ya anunció que la hermana del Rey no iba a responder a ninguna pregunta que no formulara él. Y de esta forma desmontó la intención de Manos Limpias de preguntarle sobre todas las dudas que suscitaba su intervención, no tanto en el instituto Nóos como en la sociedad familiar Aizoon. Ello permitió solo a la letrada Virginia López Negrete a leer las preguntas que pretendía hacerle, pero sin recibir respuesta. Ante el anuncio del abogado, ni el fiscal ni las distintas acusaciones formularon preguntas. Tampoco el resto de defensas.

La intención del abogado Pau Molins quedó clara desde la primera pregunta. Se separó de la inicial estrategia de que se desvinculara de cualquier gestión en Aizoon respondiendo únicamente con un "no" o un "no me acuerdo". Y así la Infanta fue mucho más explícita y posiblemente más convicente.

Desde la primera pregunta la hermana del Rey volvió a desmarcarse de cualquier gestión al frente de la empresa Aizoon. Según su versión, no tenía interés en disponer del 50% de esta sociedad, pero lo hizo "porque me lo pidió mi marido para que me implicara en sus proyectos". Recordó su visita al notario para constituir esta sociedad. Se limitó a firmar tras las explicaciones del notario, dijo.

La infanta Cristina quiso dejar claro cuál era el rol familiar de su marido y el suyo propio. Iñaki Urdangarin se dedicaba a las cuestiones financieras y económicas. Ella, a su trabajo en La Caixa y a sus obligaciones institucionales con la Casa Real. "De nuestros hijos nos encargábamos los dos".

No tardó mucho tiempo la Infanta en salir en defensa de su esposo. "Confío en mi marido y en su total inocencia. Actuó siempre por las indicaciones de sus asesores".

Su abogado tuvo que entrar en ciertas cuestiones de índole familiar para aclarar las responsabilidades que se habían repartido entre ella y su marido, y sobre todo para justificar que nunca se preocupara, ni tampoco participara, en ninguna gestión de la sociedad Aizoon. Prácticamente solo sabía que era la empresa que utilizaba su esposo "para canalizar sus ingresos como asesor y consultor". Más allá, como podrían ser los ingresos y gastos de esta sociedad, o qué decisiones tributarias se adoptaban, ni lo supo, ni nunca le interesaron, aunque fuera la propietaria de la mitad de esta sociedad, afirmó la hermana del Rey.

Cristina de Borbón coincidió con lo que había dicho su esposo por la mañana. Aseguró que nunca dispuso de la famosa tarjeta de crédito que se utilizó para realizar compras de tipo familiar que después se cargaron en las cuentas de Aizoon. "Nunca dispuse de esta tarjeta ni realicé ninguna compra. La custodiaba mi marido". También señaló que se enteró leyendo la causa que se cargaron gastos como la compra de un libro o una factura de la peluquería.

Aclaró también que antes de tomar una decisión como era formar parte de una sociedad familiar buscó asesoramiento. "No tenía ninguna prohibición. Lo pregunté a Carlos García Revenga, y éste a su vez con Federico Rubio (el asesor fiscal de la Casa Real). Nunca me dieron ninguna indicación de que no pudiera formar parte de esta empresa familiar", insistió la Infanta.

Sin embargo, esta presencia en el accionariado de Aizoon no la obligaba, según su testimonio, a estar al corriente de la gestión propia de la sociedad. "Mi marido era quien gestionaba la empresa. Nunca me informó ni de los ingresos ni de los gastos de la sociedad. En esa época nuestros hijos eran pequeños y nosotros hablábamos de otras cosas", intentó justificar. "No he tenido nunca ni poder ni firma en la sociedad. Las juntas nunca se celebraron. Si firmaba las actas era porque mi marido me entregaba los documentos y lo hice por la total confianza que tenía en él", respondió en varias ocasiones a preguntas de Molins. Tampoco jamás dio orden alguna a la secretaria de su esposo, Julita Cuquerella, para que contabilizara algún gasto, ni tampoco a los asesores de su esposo para que anotaran los datos de la contabilidad, aseguró. "Nunca le he dado ningún tiqué de gasto ni he dado ninguna orden a ningún empleado o asesor de mi marido", quiso aclarar Cristina de Borbón.

También desmintió las declaraciones que realizó el notario que constituyó Aizoon, de que la intención de su marido de que ella estuviera en Aizoon era para utilizarla como escudo fiscal. "Eso no es cierto. Nadie me dijo nada. Si me lo hubieran planteado yo me hubiera negado a ello", contestó con firmeza a esta pregunta. Y la misma contundencia mantuvo cuando se le insistió en si en algún momento conoció qué tipo de ingresos o gastos declaró su marido en los años 2007 o 2008 en Aizoon y que han generado en una acusación de delito fiscal. "Nunca supe nada", insistió. También desmintió igualmente que hubiera constituido alguna cuenta bancaria en algún paraíso fiscal como Suiza o Belice: "Nunca he tenido ninguna cuenta en un paraíso fiscal. Ahora tengo una cuenta en Suiza por razones obvias. Vivo allí".

La Infanta se marchó anunciando que renuncia a estar presente durante al resto del juicio.

De Diario de Mallorca


Cristina de Borbón rechaza que fuera un 'escudo fiscal': "no lo habría aceptado nunca"


Es el primer miembro de la familia Borbón en sentarse en el banquillo. Afronta ocho años de cárcel por dos delitos fiscales cometidos por la sociedad que tiene al 50% junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien en todo momento ha intentado excluirla de toda responsabilidad. Con una botella de agua mineral, Cristina de Borbón se ha sentado ante el pupitre desde el que declaran los acusados para declarar por el caso Nóos, donde se investiga el supuesto desvío de 6 millones de euros públicos en contratos adjudicados de manera irregular. Se enfrenta a ocho años de cárcel, que es la suma de las penas por dos delitos fiscales que pide la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. Dichos delitos habrían sido cometidos en 2007 y 2008 por medio de la sociedad Aizoon que tiene junto a su marido, Iñaki Urdangarin al 50%.

Ignacio Ramonet: Guerras, memoria y justicia

Este año, en julio, se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939). Uno de los conflictos más despiadados del despiadado siglo XX. Que una inclemente dictadura prolongó durante cuarenta larguísimos años más. Y que marcó al rojo vivo la memoria colectiva. Aún hoy, a decenas de miles de españoles les está prohibido desenterrar los restos de sus familiares, dispersos por las cunetas del país, fusilados sin juicio sólo por ser republicanos. Ni siquiera el restablecimiento de la democracia en 1978 sosegó los ánimos como lo acaba de demostrar, en Madrid, el reciente encono en torno a la ‘desfranquización’ de los espacios públicos…

La Ley de la Memoria Histórica (2007), al no reconocer que los crímenes del franquismo fueron cometidos contra toda la sociedad española y contra la humanidad, no permitió cicatrizar las profundas heridas de la guerra. Que siguen sangrando hoy… Recordemos que la Justicia española sancionó hace unos años al juez Baltasar Garzón por haber éste iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones, durante la Guerra Civil española, de más de 100.000 republicanos (cuyos cuerpos yacen en fosas anónimas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).

La decisión administrativa tomada en España en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en aquel momento, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierdas), consistió en no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.

Obviamente, a ocho décadas del inicio del conflicto y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Aunque, Alemania no ha dudado en llevar a los tribunales, hace unas semanas, a un ex sargento de las SS de 94 años de edad, Reinhold Hanning, acusado de complicidad de asesinato por haber trabajado en el campo de concentración de Auschwitz en un momento en el que cientos de miles de judíos húngaros fallecieron allí.

Pero no es sólo un asunto jurídico. Lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en ‘museos consagrados a la Guerra Civil’, por ejemplo, en los manuales escolares de historia y en días de solemne homenaje colectivo. Así se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.

La Ley de Amnistía española condujo a imponer, sobre la ‘banalidad del mal’ franquista, una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de ‘ceguera inconsciente’ (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad. En España no se constituyó nunca ninguna Comisión de la Verdad como las que se han multiplicado por el mundo en nombre del deber de memoria.

“El deber de memoria –dice el filósofo Reyes Mate– nace de Auschwitz porque aquello fue pensado como un proyecto de olvido. No debía quedar ningún resto físico del pueblo judío para que se olvidara su contribución a la historia de la humanidad. El proyecto tuvo lugar, por eso hablamos de ‘crimen contra la humanidad’, pero no se consumó porque Hitler fue vencido y eso nos obliga a recordar aquel genocidio. Honrar la memoria de Auschwitz es entender el alcance del deber de memoria”.

La película Shoah empieza con una secuencia en la que un superviviente camina cabizbajo hasta un punto en el que señala al suelo mientras dice: “Era ahí”. Ahí no hay nada, un poco de césped envuelto por el silencio de un bosque perdido en Polonia. Pero ahí estaba… la cámara de gas. La mirada de la víctima devuelve a la realidad de ese lugar una presencia olvidada. La mirada de la víctima permite conocer una parte de la realidad que sin ella sería inaccesible. Eso demuestra que la memoria, como lo saben los antropólogos, es también conocimiento y no sólo sentimiento

Por eso ya se han creado, en más de treinta países, Comisiones de la Verdad. Estos organismos oficiales, temporales, se encargan de investigar un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos para contribuir a la manifestación de la verdad sobre los crímenes. Casi siempre, esas Comisiones publican un informe final en el que exponen sus conclusiones y sus recomendaciones.

El modelo de estas comisiones es la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995) que buscaba la justicia luego del fin del apartheid en Sudáfrica. Sus objetivos fueron: promover la unión nacional, la reconciliación, determinar las causas de la violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy ‘justicia transicional’.

Los testigos que eran identificados como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos eran invitados a brindar testimonio sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas ofrecieron sus testimonios en audiencias públicas. Los victimarios o perpetradores de crímenes violentos podían también dar testimonio y solicitar en ciertos casos una amnistía. Esta comisión estaba encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien había establecido como lema de la Comisión que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La transición democrática en Sudáfrica se vio facilitada por un proceso único de reconciliación y de búsqueda de la verdad.

Este proceso es necesario hoy en otros países, por ejemplo, en Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derechas, intenta imponer contra los derechos de las víctimas una ley de amnistía (como lo hicieron los militares golpistas del Cono Sur) a favor de cabecillas violentos que provocaron guerrillas urbanas (una suerte de kale borroka generalizada) en 2014, las cuales causaron decenas de muertos y centenares de heridos. O en México, donde la ‘guerra del narco’ ya ha causado unos 200.000 muertos.

Recientemente, en Colombia, el Gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron, en el marco de los Diálogos de Paz, la creación de una Comisión de la Verdad para “esclarecer” y “explicar” el conflicto que –desde hace más de medio siglo– desgarra ese país sudamericano. Los negociadores explicaron que esa Comisión tendrá tres objetivos: “Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (…) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades individuales y colectivas; y promover la convivencia en los territorios del país, fomentando un ambiente de diálogo”. “Nos urge –añadieron– dar respuesta a los colombianos y, en especial, a las miles de víctimas que reclaman verdad. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo: las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto”.

La reconstrucción de la identidad social es un trabajo colectivo que supone poder realizar un relato fidedigno de los crímenes perpetrados desde el autoritarismo. Ese relato resulta indispensable para las nuevas generaciones que se acercan a conocer su pasado. Para que la memoria no se degrade, es necesario ejercerla en relación con el presente y de cara al futuro. Para ponerle un punto final a la impunidad y desterrar la posibilidad de que se vuelvan a repetir los crímenes y genocidios, es indispensable rescatar la memoria de las luchas contra la injusticia social, por la soberanía, por las libertades y por los derechos humanos.

También hay que reivindicar los ideales de los luchadores y proponer diferentes acciones: políticas, culturales, mediáticas, etc., para actualizar y revivir hoy la construcción de otra sociedad basada en el paradigma de la solidaridad en oposición al individualismo y a la fragmentación. Igualmente es necesario impulsar la aplicación de las leyes que castigan los crímenes del terrorismo de Estado, denunciar las complicidades e indiferencias que colaboraron en su implementación.

Es indispensable exigir que las autoridades pongan el aparato estatal al servicio del esclarecimiento y de la recopilación de todos y cada uno de los abusos y atropellos contra las víctimas de las dictaduras, del juicio y del castigo efectivo de dichos crímenes.

Es asimismo importante difundir y popularizar el conocimiento de los derechos humanos para que aquellos que son víctimas de hostigamiento y de vulneración de los mismos puedan hacer valer los mecanismos que los protegen del abuso institucional. Finalmente, es determinante promover, de forma activa, la memoria de las luchas populares por la libertad, por la democracia y por la justicia social.

Sin verdad no hay justicia. Alejados de la venganza y sin convocar el rencor ni el resentimiento inútil, tenemos el deber de recordar. Hacer memoria para hacer justicia. Desde el 1 de octubre de 2014, Público incorpora un nuevo sistema de gestión y moderación de comentarios: Disqus. Puedes leer todos los detalles aquí.

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Ignacio Ramonet, Director de ‘Le Monde diplomatique’ en español

Vicenç Navarro: La enorme tolerancia en España con el fascismo


Una de las cosas que me sorprendió y que me entristeció más a la vuelta del exilio fue la enorme tolerancia que percibí en España hacia el fascismo, no solo entre las derechas, sino incluso entre amplios sectores intelectuales de las izquierdas, que frecuentemente utilizaban el término ‘franquista’ para definir aquel régimen, sin que ni siquiera utilizaran el término ‘fascista’, ignorando que, como he señalado en varias ocasiones, aquel régimen tenía todas las características que definen el fascismo: un nacionalismo exacerbado, de dimensión imperialista, con tonos racistas (el día nacional se llamaba de la Raza), con una adulación a la figura del líder del partido fascista, supuestamente provisto de dotes sobrehumanas (Caudillo por la Gracia de Dios), y con instituciones miméticas a las de los Estados fascistas (como los sindicatos verticales), imbuido de una ideología totalizante que afectaba a todas las dimensiones del ser humano (desde la lengua hasta el sexo), claramente influenciada por una doctrina sumamente reaccionaria (promovida por el Estado, en alianza con la Iglesia Católica, que formaba parte del Estado) bajo la justificación de querer construir una sociedad nueva, en contra de los ‘rojos’ (definiendo como tales a todas las voces opuestas a aquel régimen) y ‘separatistas’ (incluyendo en esta categoría a todas las otras visiones de España distintas a la España radial y uninacional).

Avinyonet: ERC demana un ple després que el batlle -de CDC- hagi llençat els llibres de la biblioteca

El grup d'ERC, a l'oposició a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, ha demanat la convocatòria d'un ple extraordinari per demanar explicacions pel desmantellament de la Biblioteca Municipal Josep Poch i haver llençat els dos mil libres que hi havia al contenidor de paper. L'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats Josep López de Lerma denunciava dissabte en un article a Diari de Girona que l'alcalde, Josep Maria Bartolomé de CDC, ha tancat la biblioteca per convertir-la en un espai de coworking. Però, a més, el desmantellament de la biblioteca ha suposat que els dos mil llibres que contenia anessin a parar al contenidor de paper. Foto: L'alcalde cretí amb el braç aixecat.

Entre ells hi havia una donació del propi López de Lerma de 546 llibres que havia donat a finals de la primavera. Ni tan sols s'havien tret de les caixes. Per part de l'Ajuntament, s'han demanat disculpes i s'ha exposat fins al moment que l'ús de la biblioteca era pràcticament nul. Per això es va decidir canviar l'ús de l'espai.

El portaveu d'ERC, Lluís Ezquerra, ha explicat que «en cap cas ens podíem imaginar que es prengués aquesta decisió i, a més a més, amb l'agreujant que ha suposat la pèrdua dels llibres». El regidor nega que hi hagués hagut un acord per desmantellar l'equipament com hauria manifestat López de Lerma. «Al plenari es va aprovar la ubicació del projecte de coworking a la planta superior de l'equipament, compartint l'espai amb la biblioteca», diu el portaveu del grup.

Amb la celebració del ple extraordinari es volen demanar explicacions i confirmar si els llibres van acabar al contenidor per «poder ser retornats com material fungible (folis) per a l'escola del municipi». A banda del tema dels llibres, a la població hi ha una recollida de signatures perquè es reobri la biblioteca. Per a Ezquerra, demostra que la decisió no era encertada i que s'haurien d'estudiar altres opcions per revitalitzar l'espai.

Un setè professor dels Maristes, denunciat per abusos

Un altre professor dels Maristes de Barcelona ha estat denunciat per abusar d'alumnes, cosa que eleva a set el nombre de docents de centres pertanyents a aquesta orde religiosa a Barcelona que han estat acusats d'agressions sexuals als seus alumnes. En aquest cas, segons publica aquest dijous 'El Periódico', els abusos s'haurien produït entre els anys 70 i 90. Es tracta de tres els exalumnes dels Maristes que asseguren haver estat víctimes d'abusos per part del professor A.B., que nega l'acusació i defineix els contactes amb els menors com a "carícies". Les víctimes denuncien que se'ls asseia a la falda i els feia tocaments als genitals mentre els parlava amb veu "suau" per tranquil·litzar-los, i A.B. nega en rotund aquesta pràctica.

Un dels alumnes ha denunciat ja telemàticament els presumptes abusos davant els Mossos d'Esquadra i té previst acudir en els pròxims dies a comissaria per ratificar el seu relat. Segons les famílies de les víctimes, els presumptes abusos van tenir lloc els anys 1972, 1982 i 1993 als col·legis de Sants-Les Corts i La Immaculada de l'Eixample, i quan ho van denunciar a la direcció, l'escola es va limitar a canviar de centre el docent sense apartar-lo mai de l'ensenyament.

Aquest és el setè professor dels Maristes de Barcelona denunciat per presumptes abusos sexuals. Hi ha, també, denunciat un monitor de menjador del centre de Sants-Les Corts gestionat per aquesta ordre. Consultat per aquest diari, el centre ha declinat valorar aquest nou cas, del qual, assegura, no té cap denúncia. Els professors dels Maristes van rebutjar fa dos dies, en un comunicat, les "acusacions d'encobriment" davant els casos d'abusos. En el seu text manifestaven "suport absolut a les víctimes" i demanaven "respecte" cap als docents.

Precisament, segons fonts jurídiques, aquesta setmana quatre nenes han ratificat els abusos sexuals als quals suposadament les va sotmetre el monitor, mentre que la família d'una cinquena menor ha renunciat a exercir accions legals.

Les menors han prestat declaració, assistides pels psicòlegs dels equips d'atenció a la víctima de la Ciutat de la Justícia, en presència de defenses i acusacions i de la titular del jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona, que investiga els presumptes abusos. La declaració de les menors, gravada en vídeo, servirà com a prova preconstituïda davant l'eventual judici que se celebri contra el monitor.

De l'ARA

El Parlament aprova per unanimitat reforçar els protocols d'abusos a menors


Avui, el Parlament de Catalunya s’ha posat d’acord per unanimitat en una qüestió de tanta gravetat com el dels abusos als menors. Totes les forces polítiques han aprovat la moció defensada per la diputada Gemma Lienas, de Catalunya Sí que es Pot, sobre noves mesures per garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius. S’ha aprovat per 131 vots a favor i cap abstenció ni vot en contra. Tots els diputats, dempeus, s’han girat cap a la tribuna, on seia Manuel Barbero, el pare que va ser el primer a denunciar els abusos a l’escola dels Maristes de Sants. Ha estat una d’aquelles ocasions en què el Parlament recorda que és una institució per resoldre els problemes que afecten la vida de les persones.