dijous, 24 de març de 2016

Los Maristas se alían ante el juez en la defensa de un pederasta confeso

Los Maristas están secundando la estrategia de la defensa del su exprofesor de gimnasia Joaquim Benítez, pederasta confeso, a la hora de solicitar el archivo por prescripción de la mayoría de las denuncias por abusos sexuales presentadas contra ese docente por exalumnos del colegio de Sants-Les Corts. La orden religiosa ha solicitado al juez que dicte el sobreseimiento de 14 de las 16 denuncias, en la misma línea que la abogada de Benítez. El fiscal, en cambio, considera prescritas solo 13 de las denuncias. La acusación particular, que representa a varias víctimas, pide por su parte al magistrado que cite a declarar a todos los denunciantes, estén sus casos o no prescritos, y después decida.

El pasado 3 de marzo, el juez Miguel Ángel Tabares Cabezón requirió a la fiscalía, a las acusaciones particulares y a la defensa de Benítez que se pronunciaran sobre la posible prescripción de los delitos por el paso del tiempo en relación a 14 denuncias interpuestas por exalumnos del centro. Respecto a otras dos denuncias, que precisamente son de las que revisten mayor gravedad, el magistrado no solicitó opinión, ya que da por hecho que no han prescrito y debe seguir la investigación para esclarecer lo sucedido.

El fiscal Fernando Meneses mantiene en su informe que 11 de los 13 casos que recomienda archivar sucedieron antes de 1995, cuando el Código Penal vigente era el de 1973, por lo que constituirían delitos de abusos deshonestos, castigados con penas de prisión menor (de seis meses un día a seis años de cárcel). La acusación pública sostiene que todos estos casos han prescrito por haber transcurridos el plazo máximo de cinco años desde que los denunciantes cumplieran la mayoría de edad. Y es que la mayoría de los hechos se remontan a la década de los 80. Respecto a otras dos denuncias por hechos sucedidos después de 1995, el fiscal cree que encajarían en el delito de abusos sexuales del actual Código Penal, pero también las considera prescritas por haber transcurrido ya el plazo legal de tres años.

Sin embargo, el fiscal ha instado a que se siga adelante con la investigación de la denuncia del exalumno E. G. C., que relataba tocamientos sexuales por parte de Benítez durante el 2005 y el 2006. A su entender, los hechos podrían encuadrarse en un delito continuado de abuso sexual, que podría estar castigado hasta con una pena de tres años y nueve meses de prisión. El ministerio público hace hincapié en que el delito es continuado y, por lo tanto, las fechas de prescripción varían.

La Fundación Champagnat, que gestiona los colegios de los Maristas, en cambio, incluye este caso también entre aquellos para los que pide la prescripción y, por lo tanto, el archivo. De esta manera se suma a la tesis de la defensa de Benítez, que hasta ahora ha pedido el sobreseimiento por prescripcion de todos los casos que ha estudiado. El abogado de la congregación religiosa fija el plazo de prescripción a los cinco años de cumplir la mayoría de edad, sin contemplar si los delitos son continuados o no, por lo que, en su opinión, el juez debe dar carpetazo a 14 denuncias. El abogado de Benítez se ha pronunciado en el mismo sentido, pero solo, quizá por error, sobre siete denuncias.

Fuentes cercanas a las víctimas han asegurado a este diario que no se sabe exactamente en qué condición participan los Maristas en el proceso judicial. En su día pidieron personarse como acusación, pero tanto los afectados como la fiscalía se oponen a que puedan serlo y el magistrado todavía no ha decidido. "El hecho de haber econtrado ahora en la causa este escrito [el de los Maristas] nos da una idea de sus verdaderos propósitos que no son otros que entorpecer el procedimiento y logar la absolución de Benítez para la mayoría de los casos", opina el abogado de la acusación Ibán Fernández.

En respuesta a todos los escritos de las partes que se inclinan por la prescripción de la mayoría de los delitos, el abogado Ibán Fernández, que ejerce la acusación particular en representación de varias víctimas, ha solicitado al juez que tome declaración a todos los exalumnos que han denunciado al profesor de gimnasia antes de decidir si los delitos están prescritos. Para el letrado, los hechos relatados en la primera denuncia por un exalumno no pueden considerarse de una forma individualizada, sino “en su conjunto” con el resto de las víctimas.

En este caso, según la tesis de la acusación, “existe una pluralidad de víctimas” que interesan el pronunciamiento de unos hechos que, a pesar del tiempo transcurrido y la base de la prescripción, deben tener una respuesta. “El tiempo no ha paliado el dolor ni la demanda social de justicia”, reseña el abogado. Por otra parte, se ha recibido en el juzgado que investiga al pederasta confeso otra denuncia, que sería la número 18, aunque otra ha sido retirada. Es decir, quedan 'vivas' 17. La última ha sido presentada en los juzgados de Girona y ha sido remitida a Barcelona. Es de un exalumno del colegio Maristas de Sants-Les Corts.

De El Periódico

Más denuncias por abusos sexuales, ahora en un colegio de los jesuitas de Barcelona


Dos exalumnos de un colegio de los jesuitas en Barcelona, la escuela Kostka, han denunciado a los Mossos que fueron víctimas de abusos sexuales a manos de dos profesores en la década de los 70. Uno de ellos tenía 8 años de edad cuando un día, en el curso 1974-75, sintió dolor intestinal y, al ser atendido en la enfermería, sufrió tocamientos en los genitales por parte de un docente. El otro fue agredido por un segundo profesor pederasta en 1978, cuando contaba 11 años, según han relatado ambos a la emisora Rac-1.

Estaràs señala a Matas por el dinero que el Govern dio a Urdangarin

Rosa Estaràs, vicepresidenta del Govern entre 2003 y 2007 y actual eurodiputada del PP, atribuyó ayer ante la Audiencia de Palma el impulso y dirección de los contratos efectuados por su Ejecutivo con Iñaki Urdangarin al entonces president, y hoy acusado, Jaume Matas. Según la testigo, a Matas le interesó dar fondos públicos al Instituto Nóos porque su presidente era Iñaki Urdangarin. La exvicepresidenta asegura que el expresident asumió la dirección y el impulso del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears y los foros organizados por el duque de Palma.

Rosa Estaràs confirmó que fue miembro de la junta de patronos de Illesport, la fundación pública que patrocinó el equipo ciclista Illes Balears y abonó 2,3 millones de euros a Nóos para organizar en Palma dos foros sobre turismo y deporte. "Me nombró el presidente como vocal de Illesport, pero nunca fui convocada y no asistí a ninguna reunión del patronato, ni tan siquiera a la primera", explicó la eurodiputada. Otros exmiembros del patronato, testigos y acusados, coinciden con la testigo en que la junta directiva de Illesport solo se reunió una vez y añaden que la fundación era manejada a distancia por Jaume Matas, a través del también acusado José Luis Ballester, exdirector general de Deportes.

Actas manipuladas

El fiscal Pedro Horrach le enseñó cuatro firmas obrantes en otras tantas actas del patronato de Illesport. La testigo reconoció como falsas dos de esas rúbricas y como auténticas otras dos. Estaràs explicó que firmó las dos actas en ausencia del presidente del patronato que era Matas y que no las leyó. Según la dirigente del PP, pensó que aquellos documentos habían pasado los controles administrativos de los funcionarios y altos cargos. "Jamás tenía que haber firmado esas actas porque eran falsas", se lamentó la declarante.

A preguntas del abogado de Jaume Matas, Josep Zaforteza, la exvicepresidenta admitió que firmaba en barbecho, es decir sin prestar atención a los papeles y en la confianza de que sus subordinados habían supervisado los expedientes. Estaràs relató como el proyecto de patrocinio del Illes Balears, por el cual Urdangarin cobró varios cientos de miles de euros de fondos públicos por encargarse de la oficina del proyecto del equipo y otros trabajos, era un tema personal de Jaume Matas, que dirigía los asuntos deportivos de gran calado.

La exvicepresidenta añadió que el patrocinio próximo a los 20 millones de euros se aprobó en un Consell de Govern, pero que allí apenas hubo debate y mucho menos controversia. "Los temas impulsados por el president se planteaban en el Consell del Govern, pero no había deliberaciones, se debatía un poco y se aprobaban por asentimiento". "Había temas prioritarios para el presidente Jaume Matas y en ellos se involucraba al cien por cien y deportes era uno de ellos y el equipo ciclista estaba entre ellos", recordó la declarante. "A Matas le interesó contratar al Instituto Nóos por la presencia de Iñaki Urdangarin como miembro de la Familia Real", añadió la testigo sin dar más explicaciones.

A preguntas de Josep Zaforteza, y de Mario Pascual, defensor de Iñaki Urdangarin, Estaràs afirmó que nadie le advirtió en su día de que hubiera alguna ilegalidad o irregularidad en Illesport o en los convenios con Nóos sobre los foros o el patrocinio del equipo Illes Balears.

Por otro lado, la portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, pidió ayer tras la declaración la dimisión como eurodiputada del PP de la exvicepresidenta del Govern Rosa Estaràs porque, en su opinión, ha reconocido "su responsabilidad política en el caso Nóos", según la agencia Efe. "Estarás fue vicepresidenta del Govern del muy corrupto Jaume Matas", señaló Camargo, que interpretó que la testigo había admitido en el juicio que firmaba actas de la fundación Illesport a sabiendas de que se referían a reuniones que no se habían celebrado. "Para Podemos es un claro ejemplo de responsabilidad política o, mejor dicho, de irresponsabilidad", manifestó la diputada. Camargo reclamó a Miquel Vidal, presidente interino del PP balear, "que haga limpieza en el partido y que pida el acta de eurodiputada" a Estaràs.

De Diario de Mallorca

Nóos empezó a preparar el Valencia Sumit antes de aprobarse


El presidente del comité científico del Instituto Nóos, Marcel Planellas, ha afirmado hoy que comenzó a trabajar en 2003 en la preparación del Valencia Summit 2004, que se celebró en octubre, a pesar de que las administraciones públicas que lo financiaron no lo decidieron hasta 2004. Planellas ha hecho estas manifestaciones en su declaración hoy en el juicio ante la sección primera de la Audiencia de Palma y ha añadido que desde el primer momento la capital valenciana era la sede destinada para el foro.

En 2014, todas las empresas públicas valencianas cometieron ilegalidades

El informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana sobre las auditorías del ejercicio 2014 de las entidades, empresas y fundaciones que integran el sector público de la comunidad supone un nuevo varapalo a la gestión del Partido Popular -presidido ese año por Alberto Fabra-. Tras revisar la actividad económico-financiera de 35 entidades, el órgano fiscalizador concluye que todas ellas incumplieron la legalidad durante ese ejercicio. Las irregularidades se centran, sobre todo, en dos ámbitos: la contratación pública y los gastos de personal -tanto salarios, como dietas, complementos e indemnizaciones-.

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, indicó que la Abogacía de la Generalitat estudiará los diferentes casos y, en aquellos que proceda, se pondrá toda la información en manos de la Fiscalía, para abrir acciones judiciales, o se iniciarán procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Oltra afirma que uno de los objetivos del Gobierno es intentar que retorne a las arcas públicas "la mayor parte posible del dinero desviado".

En el caso de la contratación pública, entre las prácticas detectadas están el fraccionamiento de los contratos, para eludir la concurrencia y la publicidad; el abuso en el procedimiento negociado; la declaración de urgencia motivada de manera insuficiente, y la opacidad, al no comunicar las adjudicaciones al Registro Oficial de Contratos. Por lo que respecta a la gestión de personal, se mencionan el pago o aumento de salarios sin la aprobación por parte de la Dirección General de Presupuestos -por un importe estimado de unos 93.000 euros-; superar el presupuesto máximo establecido para gastos salariales, tanto de la plantilla -en ocho entidades- como de cargos directivos; realizar contrataciones temporales sin la preceptiva autorización; disparidad de condiciones laborales del personal, y cargo de importes excesivos por dietas, indemnizaciones y kilometraje.

La Intervención destaca que el auditor denegó emitir opinión sobre las cuentas del ejercicio 2014 de tres entidades públicas: la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Ciudad de la Luz y la gestora del Aeropuerto de Castellón (Aerocas). Respecto a SPTCV, a la que están vinculadas las otras dos entidades, destaca, por un lado, que destinó 25,9 millones a proyectos en los que no se han hecho actuaciones -como el Centro de Convenciones de Castellón o la Ciudad de las Lenguas-, así como la situación de Ciudad de la Luz -en subasta por ayudas públicas irregulares y pendiente de una resolución del Supremo sobre expropiaciones de suelo-.

Sobre Aerocas -sujeta también a investigación europea- se apunta que la Administración no aportó informe sobre su beneficio social o la rentabilidad potencial . La vicepresidenta subrayó que las irregularidades generalizadas ponen de relieve la necesidad de una Ley del Sector Público, para mejorar su gestión, control y transparencia. Esta ley se elaborará este año y, mientras, se aplicará una "normativa de transición".

El TS vuelve a imputar a la senadora Barreiro (PP) por ‘Novo Carthago’


La exalcaldesa del PP en Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro (izda.foto) no se librará por el momento y seguirá imputada por el 'caso Novo Carthago' de supuesta corrupción por la recalificación de los terrenos.

Les catastròfiques finances de la Generalitat, a punt de fallida

A la cúpula de la conselleria d’Economia de la Generalitat no hi ha cap economista. El vicepresident Oriol Junqueras és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic. El secretari d’Economia, Pere Aragonès, és llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, és enginyer industrial. Per tant, els seus coneixements en macroeconomia són nuls i la seva experiència en gestió pressupostària es limita a l’àmbit municipal:alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el cas d’Oriol Junqueras; regidor de Pineda de Mar, en el cas de Pere Aragonès, i alcalde de Sant Carles de la Ràpita (1996- 97), en el de Lluís Salvadó.

Amb aquest bagatge acadèmic i professional tan prim, el “trio” que pilota les finances de la Generalitat afronta uns reptes colossals que, pel bé de tots, esperem que coronin amb èxit. La seva entrada a la vicepresidència d’Economia i Hisenda no ha pogut ser més depriment. D’un cantó, el Banc d’Espanya ha fet saber que, a 31 de desembre de 2015, el deute de la Generalitat havia assolit un nou rècord històric i ja arriba als 72.274 milions d’euros. Per tenir una idea de la magnitud del desastre: els Pressupostos de la Generalitat pel 2015 van ser de 22.481 milions d’euros.

Per donar la “benvinguda” al nou equip econòmic del govern presidit per Carles Puigdemont, les tres agències internacionals de qualificació del deute -Moody’s, Standard & Poors i Fitch han tingut la “gentilesa” de rebaixar, una darrere l’altra, el rating de la Generalitat, deixant-lo al nivell del bo escombraria i amb perspectiva negativa. I amb un seriós advertiment: una escalada de la tensió política entre Catalunya i Madrid a compte de la hipotètica independència suposaria una degradació addicional de la solvència creditícia de la Generalitat, que a hores d’ara ja és nul·la.

L’expresident Artur Mas i el seu flamant conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, també han deixat un “regalet” enverinat als nois d’Esquerra Republicana que, creient-se uns milhomes, han decidit fer-se càrrec de les finances catalanes. El Pla d’Estabilitat pactat pel Govern espanyol amb Brussel·les preveia que les comunitats autònomes tancarien l’any 2015 amb un dèficit del -0,7%. Doncs bé, i en espera d’acabar de tancar els números, l’anterior equip econòmic de la Generalitat va fer la “gamberrada” de saltar-se tots els topalls i provocar un dèficit del -2,9%!

De El Triangle

Granados y Marjaliza avisaron de la Púnica a López Madrid seis días antes

La investigación del caso Púnica ha permitido acreditar que el presunto cerebro de la trama, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, fue avisado de que había una operación en marcha contra él casi dos meses antes de que se produjeran las primeras detenciones el 27 de octubre de 2014. Granados sólo tardó unas horas en alertar a su socio, el constructor David Marjaliza, de que estaban siendo sometidos a vigilancia por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo que no había trascendido hasta el momento es que Granados y Marjaliza también maniobraron para avisar de la investigación al consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid (foto), imputado en Púnica el pasado febrero por financiaciar irregularmente al Partido Popular.

Según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso, Granados y Marjaliza acudieron a la oficina de López Madrid la mañana del martes 21 de octubre de 2014, una semana antes de que estallara la operación. El encuentro se produjo en las dependencias que tiene el directivo en el número 120 de la calle de Núñez de Balboa de la capital, las mismas oficinas que registró la UCO el pasado 11 de febrero en busca de pruebas sobre las presuntas donaciones que habría hecho López Madrid al PP durante más de una década a cambio de contratos públicos de la administración madrileña para OHL, la constructora que preside su suegro Juan Miguel Villar Mir.

La reunión fue extremadamente tensa. Granados y Marjaliza contaron a López Madrid que estaban siendo sometidos a seguimientos y le advirtieron de que las pesquisas podían abar salpicándole. Como adelántó este diario en julio adelantó este diario en julio de 2015, el consejero de OHL alquiló el yate familiar a Granados y Marjaliza para que pudieran utilizarlo para hacer negocios. López Madrid recibió de los presuntos cabecillas de Púnica por el uso de la embarcación un total de 250.000 euros entre 2010 y 2012. Marjaliza era el encargado de hacer los pagos, que se canalizaron a través de una sociedad de López Madrid, LM Gestión.

Pelotazo frustrado en Marbella

El directivo del Grupo Villar Mir también tenía otras vinculaciones con la red. Compartió con Marjaliza dos sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria con las que ambos intentaron dar un pelotazo en Marbella dando el pase a seis chalés de lujo. Las dos mercantiles, Arena Innovación y Promoción SL y Alora Gestión SL, fueron creadas en 2004. López Madrid entró en ellas en el momento de su fundación. Sin embargo, las acabó abandonando en 2010 después de que el negocio inmobiliario de Marbella acabara resultando un auténtico fiasco.

El aviso de Granados y Marjaliza provocó una enorme inquietud en López Madrid. Temió que la UCO pudiera localizar esas conexiones e incluirle en su investigación. Lo cierto es que, en el momento en el que se produjo esa reunión, ninguno de los participantes conocía el alcance exacto de las pesquisas. Granados, Marjaliza y López Madrid estudiaron qué podían hacer para ocultar los indicios que les relacionaban. Las fuentes consultadas precisan que hablaron del yate y de las sociedades inmobiliarias, y también de los correos y conversaciones telefónicas que se habían cruzado.

La incertidumbre terminó para los tres sólo seis días después de esa reunión. A primera hora del 27 de octubre, la UCO detuvo a Granados y Marjaliza por su implicación en una trama corrupta especializada en el amaño de contratos públicos. Los dos fueron enviados automáticamente a prisión provisional. Marjaliza quedó en libertad provisional el pasado diciembre pero el exdirigente del PP continúa en la cárcel.

Las agendas con las iniciales

López Madrid logró quedarse al margen del caso durante los primeros meses, pero la UCO acabó descubriendo el uso compartido de su yate, aunque el consejero de OHL ya se lo había vendido a un particular, y también los negocios que había tenido con los presuntos líderes de la red delictiva. El conocimiento anticipado del procedimiento ni siquiera sirvió a los tres amigos para evitar que los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil hallaran pruebas aún más decisivas. Los agentes encontraron en el domicilio de Granados una agenda en la que aparecían las letras JLM junto a diferentes cantidades económicas.

El mismo Marjaliza que había alertado de la investigación a López Madrid decidió dos años más tarde confesar desde prisión a la Fiscalía que esas tres enigmáticas consonantes y las cifras anotadas al lado correspondían, respectivamente, con el nombre del directivo del Grupo Villar Mir y las supuestas aportaciones ilegales que éste había realizado al PP.

Los mensajes de texto que encontró la Guardia Civil en el teléfono de López Madrid en el marco de la investigación sobre el acoso sexual a la doctora Elisa Pinto revelan que el empresario recibió un aviso desde un telefóno desconocido a las 9.36 horas del 27 de octubre para informarle de que había sido detenido Granados. No fue ninguna novedad para el directivo. Hacía al menos seis días que sabía que la UCO estaba tras la pista de sus amigos.

Los atentados evidencian la incapacidad de los servicios de seguridad belgas

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan echó ayer sal en una herida con pocos visos de cicatrizar y abierta en Bélgica a raíz de los atentados que ensangrentaron París el pasado noviembre. Las críticas a los servicios de seguridad belgas arrecian a medida que trascienden detalles operativos sobre los ataques terroristas. Erdogan acusó este miércoles a B��lgica de haber ignorado una información clave, que podría incluso haber frustrado los atentados que el martes acabaron con la vida de 31 personas e hirieron a unas 300 en Bruselas. Turquía, según Erdogan advirtió de que Ibrahim El Bakraoui, uno de los presuntos suicidas trató de entrar en Siria y habría sido deportado el año pasado.

Bélgica se escuda en que no puede detener a una persona sin tener pruebas de sus supuestos crímenes, pero se ve obligada de nuevo a adoptar una actitud defensiva ante las acusaciones más o menos veladas de que su seguridad no está a la altura de un país de la UE, sobre todo si es el que alberga las instituciones europeas y sirve de cuartel general a la OTAN. La información que va emergiendo en las últimas horas apunta a la existencia de una extensa red de terroristas cuya base de operaciones ha sido la capital belga.

La sal turca cae apenas cinco días después de que la caza de Salah Abdeslam, hombre clave en los atentados de París, se convirtiera en otro motivo de sonrojo para las autoridades belgas. Abdeslam, uno de los autores de los atentados de París llevaba cuatro meses fugado y el pasado viernes le encontraron en la casa de la madre de un amigo en Molenbeek, el barrio en el que creció el terrorista. El piso se encuentra a pocos metros del piso al que Abdeslam acudió a su vuelta de París y a otros tantos de la casa de su familia, en la plaza principal de Molenbeek, donde además de el Ayuntamiento se encuentra la gran comisaría de policía.

"¿Para qué vamos a colaborar denunciando lo que vemos si no va a servir para nada y si ni siquiera nos garantizan la seguridad dentro de la comunidad?"

Ayer, los vecinos del barrio explicaban que no daban crédito y consideraban que el hecho de que a Abdeslam le cazaran precisamente en un lugar que debía estar ultravigilado era solo una muestra más del despiste de la policía y los servicios secretos, incapaces de ganarse la confianza y las confidencias de los locales. “La policía no es efectiva. No les importa lo que pase aquí. ¿Para qué vamos a colaborar denunciando lo que vemos si no va a servir para nada y si ni siquiera nos garantizan la seguridad dentro de la comunidad?”, explicaba un vecino de Molenbeek que pide preservar el anonimato. Aunque aquí casi todos se conocen, aunque sea de vista, acostumbran a no preguntarse por cuestiones delicadas para evitar saber demasiado.

La policía de Molenbeek explicaba recientemente que tienen verdaderas dificultades para reclutar agentes de origen magrebí que hablen árabe y que irremediablemente esa carencia les desconecta de una población que tiende a encerrarse en sí misma como reflejo en parte a la discriminación a la que se enfrentan en la sociedad belga.

De El País