dimarts, 10 de maig de 2016

IU y Podemos sellan un programa con referéndum y cambio constitucional

Izquierda Unida-Unidad Popular y Podemos han rubricado hoy un programa conjunto "de mínimos", uno de los últimos flecos del acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 26-J, tras desvelarse el reparto de las listas y a la espera de consensuar el nombre de salida. El derecho a decidir y la apertura de un proceso constituyente figuran en el documento titulado '50 pasos para gobernar juntos'. Un programa con vocación rupturista que, según fuentes próximas a la Secretaría de Organización de la formación emergente, no será el texto que se ponga sobre la mesa para negociar un hipotético Ejecutivo de coalición con el PSOE tras las elecciones. Ambas formaciones defienden como una garantía constitucional el derecho "de los Gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial de país cuando una mayoría lo pida con intensidad".

Asimismo, se plasma la voluntad de abrir un debate ciudadano, dicen, orientado a "discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978". Para ello proponen celebrar un referéndum consultivo al amparo del artículo 92.1 de la Constitución. También plantean reconocer constitucionalmente la naturaleza "plurinacional de España".

Tanto la dirección de Podemos como la de IU declaran que defenderán sus respectivos programas electorales, los mismos que presentaron para las generales del 20-D, pero que este programa de mínimos, con 50 medidas, pretende "comunicar a la sociedad española los principales espacios de intersección" existentes entre las dos fuerzas y, "sobre todo, las principales líneas de actuación del Gobierno de progreso y cambio" que ambas aspiran a liderar tras el 26-J.

El texto se organiza en torno a cinco ejes temáticos: económico, social, político-institucional, medioambiental e internacional. Podemos e IU manifiestan en la introducción que "hoy nada es más urgente que poner en pie un Gobierno capaz de construir un nuevo futuro" para España. Para los trabajadores precarios, los jóvenes, las familias desahuciadas, los que lo han "perdido todo durante esta crisis", los enfermos que no pueden pagar sus medicamentos, los pensionistas que tienen que volver a sostener a sus familias. Como urge, prosigue, recuperar la sanidad y educación pública, los servicios sociales, la inversión en I+D+i, en infraestructuras, cultura o deporte.

"Nada más urgente que poner fin al robo sistemático de dinero público que unas élites políticas corruptas han llevado a cabo durante décadas con total impunidad. Hoy nada es más urgente que poner en pie un Gobierno que trabaje para defender unas condiciones de vida y trabajo dignas para las grandes mayorías de nuestro país y garantice que los corruptos se sentarán en los banquillos de los juzgados y no en los consejos de administración de las grandes empresas estratégicas del país", remacha el texto, de 18 páginas.

Los cinco ejes

En el capítulo de democracia económica, Podemos e IU incluyen medidas como un plan nacional de transición energética, un ritmo más paulatino de reducción del déficit de las Administraciones; reforzar el Estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y reformar el artículo 135 de la Constitución; lanzar un plan de lucha contra el fraude fiscal y una modificación tributaria progresiva; derogar las reformas laborales de 2010 (la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y de 2012 (la de Mariano Rajoy); subir el salario mínimo para que en 2019 alcance al menos los 900 euros al mes; reestructurar la deuda hipotecaria de los hogares; alumbrar un nuevo modelo productivo y una nueva política industrial y de inversión en I+D+i; poner en marcha una "potente y eficaz banca pública" a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) y del ICO o impulsar medidas de ayudas a pymes y autónomos.

Derogar las reformas laborales, subir el salario mínimo, revocatorios, reforma electoral, lucha contra la corrupción o una renta garantizada figuran en el texto

El apartado de democracia social recoge iniciativas como la creación de un programa de renta garantizada de 600 euros mensuales para las familias de un solo miembro; garantía de los suministros básicos; paralización de los desahucios; nueva Ley de Educación; acceso universal a la tarjeta sanitaria; derogación de las reformas de las pensiones aprobadas por el último Gobierno de Zapatero y el de Rajoy; revitalización de la Ley de Dependencia; igualación de los permisos de paternidad y maternidad o lanzamiento de un pacto de Estado por la infancia.

Democracia política es el tercer capítulo del documento pactado. Aquí se incorporan medidas de lucha contra la corrupción, revocatorios del Gobierno en caso de incumplimiento del programa, reforma del sistema electoral, derogación de la 'ley mordaza', derecho a decidir, nuevo modelo de financiación, cambio constitucional, justicia gratuita real, promoción de políticas activas de recuperación de la memoria histórica o recuperación de la justicia universal.

Bajo el epígrafe de democracia ambiental figuran propuestas de lucha contra el cambio climático, nueva ley de aguas, plan de rescate ecológico, transformación de las ciudades en lugares más sostenibles o la protección de las costas y el medio marino. Por último, el capítulo de democracia europea e internacional agrupa cuestiones como la reforma de la gobernanza de la UE, la apuesta por una Conferencia Europea de Deuda, el rechazo al TTIP, la eliminación del voto rogado, el cierre de los CIE, el compromiso con la autodeterminación del Sáhara Occidental, el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España y de la UE y el aumento de la ayuda al desarrollo, informa El Confidencial.

[Consulta en PDF el documento conjunto]


Podemos e Izquierda Unida irán juntas a las elecciones generales de 2016


Los secretarios de Organización de ambas formaciones han sellado este lunes el acuerdo de alianza electoral, según una nota remitida por ambas partes a los medios cerca de las ocho de la tarde. El pacto será sometido desde mañana a las bases en sendas consultas y los resultados de los referendos se conocerán el jueves. En la coalición estatal también estará Equo, que ya concurrió con Podemos el 20D.

Els veïns del Raval veuen el pacte del cas Benítez "grotesc i vergonyós"

Un centenar de veïns i membres de la plataforma 'Justicia para Juan Andrés', creada poc després de la mort del veí del Raval, s'han concentrat aquest dilluns a la tarda en un solar del carrer Aurora, on va morir l'home en una reducció policial, per rebutjar el pacte de conformitat del cas, que consideren "injust i poc ètic", segons el portaveu de l'entitat, Iñaki Garcia. Garcia assegura que l'acord no els "representa". Acusa l'Associació Catalana de Drets Humans, que exercia l'acusació popular en el cas Benítez, de tancar-lo "a la seva esquena", tot i haver-se mantingut en contacte durant els dos anys i mig que ha durat la investigació per la mort del veí del Raval.

"El pacte és una vergonya pública, no pot ser que admetin una acció imprudent i no vagin a la presó i és grotesc que els imposin un curset de drets humans", criticava Garcia, que assegura que això els "ensenya" que s'hauran de replantejar la col·laboració entre les entitats a l'hora d'anar als tribunals. La plataforma recorda que tot i que no formaven part del procés judicial van ajudar a impulsar-lo. Esperaven l'arribada del judici amb la "satisfacció" que es demanessin penes superiors als 10 anys per als policies.

El portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, Eugeni Rodríguez, diu que el pacte deixa "sense resposta" tots els interrogants oberts arran de la mort de Benítez. La plataforma estudia mobilitzacions i accions futures, conscients que, esgotada la via jurídica, l'única cosa que els queda és rebutjar "al carrer" l'acord i combatre'l des de la política, informa l'ARA.

Els 8 mossos del cas Benítez accepten un pacte per evitar el judici


Els vuit agents dels Mossos d'Esquadra acusats per l a mort de l’empresari Juan Andrés Benítez, després d'una reducció al Raval, estan disposats a acceptar un acord d’última hora per evitar el judici que havia d'arrencar avui mateix a l'Audiència de Barcelona. L'acord passa perquè els vuit agents reconeguin els fets i indemnitzin la família de la víctima amb 150.000 euros. A canvi els imposarien una condemna de 2 anys, que els permetria esquivar la presó.

Martínez-Pujalte (PP) denunciado por falsedad y cohecho

La Fiscalía de Valladolid ha presentado una denuncia contra el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario. Según la denuncia, Martínez-Pujalte habría simulado pagos de diferentes empresas, entre ellos la vallisoletana Collosa, por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño. El presentador del programa televisivo El gato al agua, Javier Algarra, habría realizado supuestamente pagos a una sociedad propiedad de Martínez-Pujalte denominada Sirga XXI Consultores. La denuncia también afecta a la exsenadora vallisoletana Ana Torme, Alejandro Llorente Múñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Martínez-Pujalte.

La denuncia de la fiscal vallisoletana recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital castellanoleonesa, que este martes ha acordado inhibirse y remitirla al juez decano de Madrid para su reparto en los juzgados de Plaza de Castilla. El TSJ de Castilla y León informó a través de un comunicado de prensa que el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha incoado diligencias previas a raíz de la denuncia de la Fiscalía por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra los antes citados. Además, ha acordado al mismo tiempo la inhibición al juzgado decano de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en Madrid y no en Valladolid.Martínez-Pujalte y Torme eran dueños a partes iguales de Sirga XXI Consultores, creada mientras eran diputados, hasta que en 2011 la parlamentaria le vendió su participación.

A esa sociedad se hicieron los pagos de la constructora.Según los datos de la investigación, esa empresa recibió pagos regulares de la constructora Collosa, contratista habitual de las administraciones públicas, durante la etapa en la que Pujalte era diputado, puesto que ocupó hasta las últimas elecciones de diciembre pasado, a las que no concurrió al conocerse estos pagos. Respecto a Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, la Fiscalía solicita que se remita testimonio al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que está conociendo de unas diligencias previas ya abiertas. Al haber ya una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el cobro irregular de comisiones, es posible que los juzgados de Plaza de Castilla remitan las diligencias al juez José de la Mata, que tendría que aceptar el caso en su momento.

China envía cazas a sus aguas en disputa ante la llegada de un buque de EEUU

La Aviación de China ha enviado este martes varios aviones de combate al mar de la China Meridional, mientras que un destructor estadounidense se acerca a esta región en disputa.Cazas chinos vuelan en el aire ante llegada de buque de EEUU a aguas en disputa. Horas antes, en la misma jornada, el portavoz de la Cancillería china, Lu Kang, ha transmitido la indignación de Pekín por los hechos. Hasta el momento, el destructor USS William P. Lawrence, de la Marina de Estados Unidos, ha penetrado unas 12 millas náuticas en las aguas, cuya soberanía vindican Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei. Foto: Dos cazas chinos modelo J-20. Destructor de la Marina estadounidense USS William P. Lawrence.

Un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos ha penetrado en la zona en disputa en el mar de China Meridional, ha confirmado el Departamento de Defensa del país norteamericano: “La operación se debe a las excesivas reclamaciones marítimas de algunos demandantes en el mar de China Meridional”, ha explicado este martes. Un portavoz del Pentágono, el comandante Bill Urban, ha alegado que EE.UU. y todos los países tienen el derecho de realizar los ejercicios marítimos en dicha zona. El Ministerio de Exteriores de China ha expresado su ira contra la “Operación Libertad” de navegación que lleva a cabo Washington en esa parte de China Meridional.

El portavoz de la Cancillería de China, Lu Kang, ha precisado que la nave estadounidense entró ilegalmente en las aguas sin el permiso de Pekín y ha considerado el hecho como una amenaza para la paz y la estabilidad de la zona. Anteriormente, un artículo de la revista estadounidense Defense News reveló que el Ejército de EE.UU. estudia reemplazar sus lanchas de desembarco mecanizadas LCM-8 con el fin de incrementar su vigilancia en la costa del Pacífico para contrarrestar a China.

El mar de la China Meridional es una extensión muy disputada del océano Pacífico. Pekín reclama casi un 90 % del territorio, en especial la soberanía de las islas Spratly (llamadas Nansha por China), y también reitera que su soberanía sobre las islas artificiales es "indiscutible". Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei se disputan también parte de la soberanía del zona. Para buscar una solución sobre las disputas marítimas, China pidió a finales de noviembre diálogos directos entre los países del sureste asiático que están involucrados.

Catalunya: Encierro en Educación contra los recortes a los docentes

Una veintena de representantes de CCOO, Ustec-STEs, Aspepc-SPS y UGT se han encerrado este martes a la sede del Departamento de Educación para exigir la retirada de los dos últimas recortes en las condiciones laborales, que se aplicarán el próximo curso, y han convocado movilizaciones este miércoles en toda Cataluña para que no sean condiciones impuestas en una negociación por parte de la Generalitat. Estos representantes de los docentes de la escuela pública catalana quieren evitar que los profesores mayores de 55 años vuelvan a perder su derecho a reducir la jornada manteniendo el mismo sueldo y que los sustitutos cobren el mes de julio, medida que la Consejería ya habría retirado.

La responsable de Enseñanza Pública de CCOO, Marta Tejedor, ha explicado que la voluntad de los sindicatos es "continuar negociando, pero no podemos aceptar más recortes". Este sindicato recuerda que los docentes de la escuela pública "tenemos la desgracia de formar parte del único colectivo de trabajadores/as de todo el Estado que no ha cobrado todavía ni una sola de las pagas que nos quitaron". Los sindicatos de los profesores de la escuela pública no sólo han rechazado la propuesta de Educación por los recortes que, dicen, los quieren imponer, también se han quejado de que les falta información necesaria y tiempo para evaluar la propuest, informa El Triangle

Lavrov: gracias a Cuba, EEUU comprendió la ineficacia de las sanciones

La normalización de las relaciones entre EEUU y Cuba demostró que Washington se dio cuenta de que las sanciones no son eficaces, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Este martes el alto diplomático se reunió en Moscú con los Cinco Héroes cubanos que están de visita en Rusia. Lavrov señaló que para muchos se convirtieron en "símbolos de voluntad, resistencia, la lucha por la soberanía del país, sus intereses vitales y la preservación de la identidad nacional del pueblo cubano y su derecho a tener su propio modelo de desarrollo". El ministro destacó que el deshielo de las relaciones entre EEUU y Cuba parte de estos principios.

"La normalización de las relaciones entre Washington y La Habana refleja la comprensión de nuestros colegas estadounidenses de la falta absoluta de perspectivas de cualquier sanción y de profesar ideas de doble rasero en materia de DDHH", dijo. Lavrov enfatizó que las sanciones están "condenadas al fracaso, no solo en el caso de Cuba sino también con el resto del mundo".

El ministro ruso elogió la participación activa de los Cinco Héroes en la realización de las reformas en Cuba algo que contribuye a "desarrollar la amistad y la cooperación entre nuestros pueblos".
Uno de los cubanos, Gerardo Hernández, en nombre de sus compañeros y el pueblo cubano agradeció a Rusia el aporte a su liberación y los esfuerzos en plataformas internacionales por levantar el bloqueo estadounidense a Cuba. Hernández junto con Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González se infiltraron en 1992 en las organizaciones anticastristas de Florida para "informar al Gobierno de Cuba sobre actos terroristas en preparación sin causar daños de tipo alguno a EEUU". Ocho años después EEUU los descubrió y condenó a penas de cárcel entre los 15 años y dos cadenas perpetuas.

Dos de los agentes, Fernando González y René González, retornaron a la isla tras cumplir sus condenas y fueron recibidos como héroes. El resto fue liberado en diciembre de 2014 a raíz del intercambio con el empresario estadounidense Alan Gross, como parte del inicio de restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, informa sputniknews.com

Rechazo al Tratado de libre comercio (TTIP)

Los manifestantes franceses reunidos por el movimiento Nuit Debout esperan que una “convergencia de las luchas” les permita extender su audiencia a participantes menos jóvenes, menos titulados, e insertarse en una dinámica internacional. Uno de sus temas de actuación podría favorecer ese doble objetivo: el rechazo a los tratados de libre comercio (1). Los meandros de los tratados comerciales suelen ser desalentadores para las movilizaciones por la dificultad que plantean a la hora de entender qué etapa hay que vigilar de cerca, o qué disposición aparentemente técnica es la que disimula una bomba social. Sin embargo, a pesar de la repetición constante de los medios dirigentes, de la patronal y de los medios de comunicación que están de su parte, la hostilidad hacia estos tratados se extiende. Las movilizaciones contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) son importantes en Alemania y en Bélgica (2).

En Estados Unidos, todos los principales candidatos a la presidencia se han posicionado en contra del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Ahora bien, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el imperio estadounidense ha desempeñado un papel central en la liberalización de los intercambios. Con respecto a este tema, el acuerdo fue casi absoluto entre los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca, demócratas o republicanos, de John Kennedy a Ronald Reagan, de George W. Bush al presidente Barack Obama. Y de repente, la locomotora liberal se detiene.

Obama no convenció con su discurso de que “las empresas que sólo buscan salarios bajos ya se han ido”. Porque los acuerdos comerciales precedentes ya tenían que aportar empleos en abundancia y buenos salarios… Así pues, no resulta sorprendente que hombres tan distintos como Donald Trump y Bernie Sanders hayan lanzado ataques electorales criticando dichos tratados. Esto obligó a Hillary Clinton a renegar del apoyo que otorgaba al TPP cuando era secretaria de Estado de Obama. Y François Hollande también estaría dispuesto a cambiar su parecer acerca del TTIP, cuya firma quería acelerar hace dos años…

Los obreros que, chantajeados con el desempleo y con las deslocalizaciones, han sufrido una reducción de sus salarios ya no están solos cuando rechazan el libre comercio. Los ecologistas, los agricultores, los consumidores se han unido a ellos. Y los empleados del sector público, incluso los bomberos, también se movilizan. Hasta tal punto que un dirigente patronal estadounidense no puede creerlo: “Ninguno de ellos compite con las importaciones, pero su sindicato se muestra solidario con los otros” (3). El de los empleados del sector público ha comprendido que no lograría defender durante mucho tiempo los puestos y los sueldos de sus dos millones de miembros si los de los otros empleados se siguen viniendo abajo. Y los bomberos saben que el reemplazo de las empresas que pagan impuestos por terrenos baldíos industriales recortará los presupuestos municipales, lo que pondrá en peligro muchas de sus instalaciones. En definitiva, existe la convergencia de las luchas con respecto a esta cuestión y ya ha cosechado sus primeros éxitos.

Serge Halimi
Director de 'Le Monde diplomatique'

(1) Véase “TTIP, NAFTA, TISA... Una OTAN de la Economía”, Punto de Vista, nº 8 de Le Monde diplomatique en español, octubre de 2015. http://www.mondiplo.net/PV8
(2) Véase Amélie Canonne y Johan Tyszler, “Esos europeos que desafían el libre comercio”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2015.
(3) Noam Scheiber, “Labor’s might seen in failure of trade deal as unions allied to thwart it”, The New York Times, 14 de junio de 2015.

Francia: "la opción más probable" es cesar las negociaciones del TTIP


El secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Matthias Fekl, consideró hoy que "la opción más probable" actualmente es el cese de la negociación en curso con Estados Unidos de un acuerdo de libre comercio e inversiones, conocido como TTIP. El representante del Ejecutivo galo achacó esa posibilidad a la actitud estadounidense y a su escasa reciprocidad: "Europa propone mucho y recibe muy poco a cambio, y eso no es aceptable".

"No metamos a la Fiscalía a remover la mierda", orden de una jefa del PP de Madrid a un subordinado

La exdirectora de Empleo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Ignacio González (PP), Patricia Herrero, impidió a un subordinado denunciar el fraude millonario en los cursos de formación a la Fiscalía para que "las irregularidades" no llegaran al ministerio público. La conversación duró cuatro minutos y tuvo lugar en un despacho de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid el 20 de enero de 2014, meses después de que los técnicos de ese departamento empezasen a hallar irregularidades en las ayudas de los cursos de formación y localizado a decenas de personas que, pese a figurar en los listados de distintas asociaciones profesionales como alumnos, no sabían nada de ellos.

El caso se había bautizado con el nombre de su principal implicado, José Luis Aneri, un empresario cordobés que falsificó miles de nombres y utilizó a varias decenas de gremios profesionales para captar más de 15 millones de euros en ayudas públicas para formación del Gobierno madrileño. Cinco semanas antes de que Aneri fuese detenido e imputado por un fraude de varios millones de euros, el subdirector de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, alertó a su superiora, la directora general de Empleo, Patricia Herrero, en presencia de una tercera persona, de que las irregularidades detectadas por los funcionarios en la gestión de las subvenciones públicas eran ya demasiado graves como para quedarse en el campo administrativo.

En ese diálogo, Velázquez recomendó alertar al secretario general Técnico de la Consejería, la mano derecha de la titular de Empleo en el Gobierno de Ignacio González entonces, Ana Isabel Mariño, y acudir también a la Fiscalía, convencido de que el caso antes o después acabaría en los juzgados. Patricia Herrero intentó disuadir a su subordinado con evasivas. Hasta en dos ocasiones, a lo largo de la charla a cuya transcripción ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, la directora general le advirtió de que no quería ver a la "Fiscalía revolviendo la mierda" de su departamento e intentó convencerlo de que el escándalo podría saldarse con simples multas a las asociaciones.

La charla, aportada a la Fiscalía Anticorrupción por el subdirector general de la Comunidad de Madrid e incorporada al sumario, fue clave para que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, citase como imputada a Patricia Herrero y elevase el tiro hacia el Gobierno de Ignacio González, hasta el punto de haber expulsado a la Comunidad de Madrid como "acusación particular" en este caso por si, escribe el auto judicial, en un futuro fuese declarada "subsidiariamente responsable".

En los más de 8.000 folios que recopilan la investigación aparecen otras evidencias de que altos cargos de la Comunidad de Madrid intentaron poner trabas a la investigación judicial y de la policía. Antes de mantener ese diálogo grabado en el despacho de la Consejería de Empleo, Patricia Herrero ya había advertido repetidamente a sus subordinados de que no quería ninguna comunicación por escrito de lo que estaba pasando con los cursos. Así queda patente en un correo electrónico también incorporado a la causa en el que avisa al mismo subdirector general, al que estaban reclamando información sobre el caso: "No se notifica nada y que pase todo por aquí".

Consulta al viceconsejero Van Halen

En la conversación grabada el 20 de enero de 2014 y que fue reproducida ante los abogados del caso en el juzgado el pasado 18 de abril, la entonces directora general de Empleo dejó claro que los trapos sucios en ese fraude millonarios de subvenciones públicas, se iban a lavar en casa. "Lo que tenemos es que sancionar directamente estas cuestiones, no tenemos que meter a la fiscalía para que empiece a remover mierda", dice primero a su subordinado.

Cuando este insiste en acudir con las pruebas al Ministerio Público, Patricia Herrero, asegura que ha hablado del tema con el viceconsejero de Empleo, Juan Van Halen, y reitera: "Tú lo pones en comunicación de una Fiscalía y vale, ya hemos pasado la bola a otros y nos cubrimos, vale, y ¿qué pasa? Ahí desembarca un equipo de la Fiscalía y empieza a mirar el trabajo de este señor y de todo su equipo y alguna irregularidad o alguna cosa mal seguro que hacemos por equivocación pero a ver... Hay que pensar bien. Yo se lo dije al viceconsejero [Van Halen] y eso hay que pensarlo despacio porque al final estás metiendo a unos tipos ajenos aquí a que miren los historiales y miran toda la mierda, la mierda en el sentido del mundo de la formación, no la mierda que hay dentro pero, me entiendes, porque también hay que tener cuidado, o sea...".

Lo que se descubrió semanas después, una vez que la policía detuvo a José Luis Aneri, el cabecilla de la red, se incautó de sus ordenadores e imputó a varios miembros de las asociaciones profesionales, fue una trama organizada para captar ayudas públicas de empleo a través de cursos (presenciales y a través de Internet) que no se impartían. Miles de alumnos apuntados aseguraron no haber participado en ellos. Y la trama salpicó a viejos conocidos de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, como el empresario Alfonso Tezanos, vocal en la directiva de la patronal madrileña CEIM y presidente de la organización de empresarios Fedecam, que fue detenido también en marzo de 2014.

La imputación de la alto cargo de Ignacio González guarda relación directa con este diálogo grabado y con otras pruebas documentales que distintos testigos han aportado al caso. Ya el pasado noviembre, la instructora de la causa daba pistas de sus sospechas sobre la implicación de los dos últimos Gobiernos de la Comunidad cuando solicitaba que se identificase a todos los altos cargos del organigrama de las consejerías de Empleo entre 2010 y 2014 bajo los Gobiernos de Aguirre y González. Al frente del departamento de Empleo cuando tuvieron lugar estas prácticas estaba la consejera Ana Isabel Mariño, hoy senadora y diputada regional en la Asamblea de Madrid, informa eldiario.es.

Leer aquí la transcripción completa de la charla que motivó la imputación de la exdirectora general de Empleo.


Madrid concentra la mayor deuda per cápita entre las ciudades del Estado


Los ayuntamientos españoles debían al final de 2015 un total de 29.024 millones de euros, tras reducir la cifra un 8% a lo largo del año pasado. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la mayor deuda en términos absolutos corresponde a Madrid, con 4.767 millones de euros, aunque, en comparación con su población, la capital queda en la undécima posición, con poco más de 1.500 euros per cápita.

Los papeles de Panamá incluyen hasta 27 sociedades con sede en País Valencià

La publicación en línea de los llamados papeles de Panamá realizada la tarde de ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) recoge hasta 27 sociedades domiciliadas en la Comunitat Valenciana. La mayoría de ellas se encuentran en Alicante, que suma 17, destacando municipios con un alto porcentaje de población extranjera como Santa Pola, Altea, Torrevieja, Benidorm o Alfaz del Pi. Por detrás queda Valencia, donde son nueve las que figuran con dirección en la capital, l’Eliana, Museros, Lliria y Bocairent. La mayoría están a nombre de particulares, principalmente extranjeros (entre los que destacan los asiáticos), aunque figuran empresas como Astilleros Astondoa de Santa Pola, a través de una offshore de las Islas Vírgenes británicas; o sociedades que no están inscritas en el Registro Mercantil español tal y como están citadas. Entre los particulares con actividades públicas que figuran en los papeles está el abogado alicantino José Antonio Belchí, que ya negó cualquier irregularidad en relación con las sociedades a la que figura vinculado.

En total, el caso abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca y afecta a numerosos políticos y altos cargos de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares. Los documentos de la base de datos publicados ayer se refieren a casi 214.000 sociedades opacas inscritas en paraísos fiscales creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco. No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en Internet, el ICIJ advierte de que las sociedades opacas tienen «usos legítimos» y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.

Las compañías, fundaciones y fondos que aparecen en el banco de datos tienen sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta las Islas Vírgenes Británicas, pasando por el estado de Nevada, en EEUU, como indica el ICIJ en su comunicado. También aparece en la base de datos los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.

El caso de los papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia del periodismo, salió a la luz el pasado 3 de abril y ha tenido importantes consecuencias políticas, como la dimisión de Sigmundur David Gunnlaugsson como primer ministro de Islandia o del ministro español de Industria, José Manuel Soria. En declaraciones a la AFP, el director del ICIJ, Gerard Ryle, dijo que la decisión de poner una parte importante de los documentos en línea obedece a un deseo de «transparencia», informa Las Provincias.

La fuente de los 'Papeles de Panamá' filtró la información para denunciar "injusticias"


La fuente que supuestamente facilitó al periódico alemán 'Sueddeutsche Zeitung' millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha explicado en un manifiesto que no es ningún espía, sino que su única motivación fue "la escala de las injusticias" de las que tuvo constancia. La fuente, que firma como 'John Doe' ('Juan Nadie'), aplaude el debate que se ha creado en torno a fraudes cometidos por la "élite".

Miarnau, Torrens, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá


La familia Miarnau, los Rodés y personas imputadas en el caso de fraude fiscal de Petromiralles son algunos de los apellidos catalanes que operaban con sociedades 'offshore' creadas desde el bufete panameño Mossack-Fonseca, según consta en los denominados papeles de Panamá. Todos ellos se encuentran entre los catalanes que aparecen en este listado de sociedades vinculadas a esta filtración, si bien cada uno de los casos es un mundo muy distinto.

Alemania reconoce que Grecia no podrá pagar la deuda heredada del fraude y la corrupción

La reunión de emergencia de ayer del Eurogrupo se podría considerar como la primera vez en que el sector duro de la Eurozona, liderado por Alemania, aceptó que la deuda de Grecia, originada por la corrupción de los partidos en el gobierno, con el conocimiento y la complicidad de la UE que falsificó las cuentas para permitir su ingreso en el euro, es simplemente impagable. Lo reconoció el jefe de los ministros de la Eurozona, el fascista holandés Jeroen Dijsselbloem, y lo asumió el ministro de Finanzas alemán, el corrupto y nazi Wolfgang Schäuble. Precisamente la posición de Schäuble fue la clave: por primera vez en meses se sentó a negociar con Grecia y el resto de socios europeos dispuesto a aceptar algún tipo de alivio en la carga de la deuda helena, algo a lo que se ha negado en redondo hasta ahora.

Una posición que había puesto en riesgo la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por consiguiente, la llegada del próximo pago del rescate heleno, 3.600 millones para afrontar los vencimientos de julio. "Es justo asumir que en el largo plazo habrá algunos problemas con la sostenibilidad de la deuda griega", confesó Dijsselbloem, en lo que supone un cambio en la postura oficial de los acreedores y un reconocimiento implícito de que Grecia no va a poder devolver su deuda. De momento, lo que se ha planteado es un alivio muy tibio, apenas un alargamiento de los vencimientos y un tope a los intereses, incluso con moratorias de pago.

Pero es una pequeña victoria para Alexis Tsipras, y su gobierno no dudó en celebrarlo. El ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, afirmó al término de la reunión que "es un gran alivio que finalmente estemos negociando sobre la deuda". Michel Sapin, ministro de Finanzas francés y una de los aliados de Grecia, aseguró que el encuentro de ayer supuso el pistoletazo de salida para "una negociación real sobre la deuda. Por primera vez hemos abordado esta cuestión". La próxima fecha clave, el 24 de mayo, con una nueva reunión del Eurogrupo donde se deberían acordar nuevos detalles. Pero antes de cerrar cualquier acuerdo sobre la deuda, Grecia debe tragar con el "mecanismo de contingencia" que active recortes automáticos si no cumple los objetivos de tener un superávit primario del 3,5% del PIB en 2018.

En este punto están de acuerdo el FMI y Alemania, y la oferta final que se le planteará a Grecia sobre su deuda para fruto del compromiso al que han llegado ambas, los actores clave en el último enfrentamiento por el rescate de Grecia. De hecho, Schäuble calificó la propuesta del mercanismo de contingencia como "sensata" y reconoció que por eso se mostraba optimista de cara a mayo. En cualquier caso, a corto plazo no parece que vaya a haber grandes concesiones: Dijsselbloem recalcó ayer que la quita nominal es una de las líneas rojas en la negociación, así como cambios profundos en el programa que se ha impuesto a Grecia.

El documento confidencial, preparado por la Comisión Europea, sobre el que se ayer se negoció también incluyó la posibilidad de alivio de la deuda. Sin embargo, el gran problema ahora son las grandes divergencias que se planteaban en el propio documento sobre las previsiones de Grecia y la sostenibilidad de su deuda. Tal y como recoge The Wall Street Journal, que ha tenido acceso a él, el escenario más pesimista calcula una deuda helena del 258,3% en 2060, mientras que el más optimista ve una deuda de solo el 62,8% en ese mismo año, y eso sin ni siquiera contar con las medidas de alivio que se están negociando.

Precisamente todos los escenarios, menos el más optimistas, dudan abiertamente de que Grecia sea capaz de devolver una deuda que se situó en el 177% del PIB el año pasado. El documento sostiene que "este análisis trae serias dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Grecia a largo plazo" y sin una mejora de las condiciones de los créditos, los intereses anuales y los pagos del principal serán mucho mayores de lo que se considera generalmente como sostenible.

Las medidas de alivio estudiadas (extensión de vencimientos, limitación de los intereses anuales, tope al tipo de interés) podrían reducir a largo plazo la deuda sobre el PIB en 31,2 puntos porcentuales. Además, se plantea que los beneficios de los bancos centrales, incluido BCE, por la compra de bonos griegos se devuelvan a Atenas y que se permita a Grecia utilizar el dinero sobrante del tercer rescate para devolver anticipadamente los préstamos del FMI, que tienen un mayor interés que los europeos, informa El Economista.

Vicenç Navarro: El cinismo del FMI en el caso de Grecia

En agosto del pasado año 2015, y después de ocho meses de negociaciones entre el gobierno griego de Syriza y la Troika (el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea), el gobierno griego aceptó el rescate de 86.000 millones de euros, imponiendo medidas de enorme austeridad. Hay que aclarar inmediatamente que los 86.000 millones de euros no eran para ayudar a Greca, aunque predeciblemente se ofrecieron a Grecia bajo esta falsa pretensión de ayudarla. Estos 86.000 millones eran para pagar los intereses de la deuda pública griega, propiedad del FMI, de los bancos europeos y de los Estados europeos (incluido el español), que habían comprado tal deuda durante los años 2012, 2011 y antes.

Miarnau, Torrens, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá

La familia Miarnau, los Rodés y personas imputadas en el caso de fraude fiscal de Petromiralles son algunos de los apellidos catalanes que operaban con sociedades 'offshore' creadas desde el bufete panameño Mossack-Fonseca, según consta en los denominados papeles de Panamá. Todos ellos se encuentran entre los catalanes que aparecen en este listado de sociedades vinculadas a esta filtración, si bien cada uno de los casos es un mundo muy distinto. Así, por ejemplo, Jordi Miarnau Banús (foto), expresidente de la constructora Comsa, aparece como el beneficiario de la sociedad Taradale Developments, creada en las Islas Vírgenes. Jordi Miarnau Banús liquidó esta sociedad en 2006, más de 10 años después de haber dejado la presidencia de la compañía. Jordi Miarnau, que hoy tiene más de 80 años, es el padre de Jordi Miarnau Montserrat, actual presidente del grupo constructor.

Fuentes de Comsa han explicado que la constructora nunca utilizó esta firma instrumental y que la misma operó siempre como una herramienta del patrimonio familiar, al margen de la gestión de la empresa. También, que los fondos vinculados a la Taradale ya fueron regularizados en 2006. Los Miarnau son los primeros constructores de Cataluña, si bien su empresa nunca ha cotizado en bolsa. Se calcula que su fortuna ronda los 900 millones.

Vinculados a Petromiralles

También aparecen en los papales de Panamá personas vinculadas al escándalo de Petromiralles, una red de fraude del IVA en que se imputó al exalcalde de Santa María de Miralles (CDC), Josep Maria Torrens, director general de la petrolera. Torrens no aparece en los papeles, pero sí otros de los detenidos en 2013 por ese fraude, que fue estimado en 100 millones. Se trata del responsable del bufete Orfisa, José María Talarn, y de Antonio Rodríguez Estepa, que también resultaron implicados en este caso. Talarn controlaba World International Business Corporation, y Rodríguez Estepa, World Impex Trading Corporation, ambas sociedades domiciliadas en Seychelles y con redes societarias muy amplias en otros países, como Belice. Cada compañía se creaba con un capital de 50.000 dólares. Estas dos sociedades controlaban un conjunto de hasta seis firmas instrumentales, algunas de ellas con participaciones cruzadas.

Agentes de la Guardia Civil, durante el registro en la sede de la petrolera Petromiralles. (EFE)
Esta red de sociedades se constituye el 13 de marzo de 2013. Las detenciones de la Audiencia Nacional son en junio de ese mismo año. Con lo que podría ser que el entramado societario sirviese para mover el dinero de la red fuera de España. En este sentido, no parece casual que el juez Eloy Velasco haya acabado embargando 15 millones de la red en Hong Kong, en abril del año pasado. Los Miarnau no son los únicos constructores, véase el promotor inmobiliario Jordi Robinat, antiguo socio del financiero George Soros, con el que impulsó un proyecto de inversión inmobiliaria en hoteles y segunda residencia en España entre 2002 y 2010. Precisamente en ese periodo Robinat tuvo poderes en la firma Bromela LTD, también con sede en Islas Vírgenes, que liquidó en febrero de 2007. No ha sido posible obtener la versión de Robinat sobre estas circunstancias.

Actividad industrial

Hay otros catalanes implicados en los papeles, debido a actividades industriales de los interesados. Es el caso de la familia Rodés, los herederos de Leopoldo Rodés, que invirtieron en una empresa de venta 'online' en Argentina, denominada Le Shop. A través de su firma inversora, Acacia ISP, el vehículo más habitual para las inversiones de la familia, el grupo invirtió en esta sociedad. La participación en Le Shop, que aparece con las siglas LSARH, fue del 1,7%, a través de capitalizar un crédito participativo a otro socio de la empresa. Los Rodés han especificado que se trataba de una inversión en esta compañía que se instrumentó a través de la sociedad LSARH Holding LTD, que se constituyó en Islas Vírgenes, pero que a través de la misma no se administró nunca patrimonio de la familia. Y que la inversión estaba declarada fiscalmente y jamás se usó para evadir impuestos.

Un caso similar es el de Flamagas, de la familia Puig. Para sus inversiones en papelería, creó una firma de importación en Hong Kong, una operación que llevó a través de una sociedad en las Islas Vírgenes, Sky Bue Finance Limited. La sociedad se constituyó en el año 2000 y estuvo activa cuatro años, mientras duró la actividad importadora desde China. Fuentes de la familia Puig han declarado que se trató de actividad puramente comercial y que nunca pasaron por dicha firma ni patrimonio ni fondos familiares.

Anteriormente ya habían aparecido otros empresarios catalanes en los papeles de Panamá. Entre ellos, el expresidente de Burberry Eugenio Mora; el presidente de Núñez y Navarro y expresidente del FC Barcelona, José Luís Núñez; Oleguer Pujol, hijo de Jordi Pujol, y el vicepresidente del FC Barcelona, Carles Vilarrubí.
Cada caso es diferente. Algunos aparecen como directivos de empresas que firmaron por encargos de sus compañías, como sería el caso de Oleguer Pujol o Vilarrubí. Otros, como Núñez, utilizaban la sociedad con cuentas vinculadas a Suiza, donde tenían parte de su patrimonio, que fue regularizado.

Y otros las usaron de vehículo para inyectar fondos en España. Es el caso de Eugenio Mora, quien era la fuente de dinero que regaba las operaciones investigadas en el caso Pretoria. También en el ámbito catalán pero fuera de España está el caso del ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, que optó por confesar que tenía la sociedad antes de que hiciera pública su situación.

Canarias reconoce a los ‘bebés robados’ como crimen de lesa humanidad

Por primera vez un parlamento español hará un reconocimiento expreso a las víctimas de los niños robados. El PP, Podemos y el PSOE se han unido en el Parlamento canario para presentar una proposición no de ley en la que reconocen el robo de bebés como un crimen contra la humanidad y exigen al Gobierno central la creación de una base nacional de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN, fuera del "negocio" de ningún laboratorio genético privado. El Pleno, que se prevé pueda celebrarse el próximo 24 de mayo (la fecha está aún por confirmar) para dar luz verde a la Proposición no de Ley, contará con la presencia de más de cien víctimas, entre hijos, progenitores y demás familiares afectados. La iniciativa a la que ha tenido acceso Nuevatribuna, fue calificada la pasada semana por la Mesa de la Cámara y lleva la firma de los portavoces de Grupo Popular, Podemos, el Grupo Socialista Canario, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Nueva Canarias y el Grupo Mixto.

“Es la primera vez que el PP reconoce lesa humanidad” en los casos de niños robados en España, señalan colectivos de víctimas que esperan que este paso sirva de antecedente para el resto de iniciativas parlamentarias que se están tramitando en otras cámaras autonómicas como Madrid, País Vasco, Cataluña o Valencia. Los Grupos hacen un llamamiento "urgente" al Ejecutivo central y a la Fiscalía General del Estado para impulsar una investigación "efectiva y real" de todos los casos
Los diputados de todos estos grupos se han mostrado de acuerdo para requerir al Parlamento autonómico la declaración del día 30 de agosto como 'Día en memoria de los bebés robados y sus familias', jornada que ya conmemora a nivel internacional la 'Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada'. "El Parlamento de Canarias reconoce que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada y posterior compra-venta o entrega, como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos", expresa la petición, que recuerda que tales fenómenos han sido considerados "formas de crímenes contra la humanidad".

El Pleno de la Cámara debatirá esta proposición no de ley que reivindica el derecho a la justicia, la reparación y el conocimiento de la verdad de los afectados para que evitar que estos "aberrantes hechos vuelvan a repetirse en esta tierra" y hace un llamamiento "urgente" al Ejecutivo central y a la Fiscalía General del Estado para impulsar una investigación "efectiva y real" de todos los casos. En este sentido, reclama el acceso de las víctimas y los investigadores a los archivos eclesiásticos, clínicos y administrativos, así como la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad (CONEDI) con el fin de esclarecer las desapariciones infantiles, siguiendo así el modelo puesto en marcha en Argentina a mediados de los años 80.

Las fuerzas políticas reclaman que el Gobierno central impulse la regulación de una base nacional de datos de titularidad pública, que garantice la protección de la información "personalísima" de los afectados, fuera del "negocio" de ningún laboratorio genético privado; se repitan "desde cero" todas las pruebas de ADN y se cree una unidad policial de bebés robados, al igual que se hizo en Argentina. La resolución ha contado con el asesoramiento del sociólogo y experto Francisco González de Tena. La presencia de los afectados en el Pleno puede compararse con lo que ocurrió en Australia el caso de la población aborigen cuando en 2007, bajo el gobierno de Kevin Rudd, se aprobó una moción para pedir “disculpas nacionales” a los aborígenes. Al año siguiente, el primer ministro pidió disculpas a las ‘generaciones robadas’ en nombre del gobierno australiano.

El caso de los niños robados saltó a la opinión pública de la mano del entonces magistrado Baltasar Garzón en un auto donde cifraba en 30.000 el número de casos solo durante la dictadura. Con posterioridad también se han registrado denuncias de robo de bebés por lo que la cifra total es mayor. La resolución ha contado con el asesoramiento del sociólogo y experto Francisco González de Tena, que ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo de todos los grupos políticos en defensa de las víctimas y sin primar intereses "oportunistas".

Las asociaciones que han impulsado la PNL conjunta y por consenso de todos los grupos son: Colectivos Sin Identidad de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, y la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el ámbito nacional (AVIDNA), asociación nacional que está actuando también ante el Parlamento Europeo y que ha conseguido que el mes pasado la eurocámara reclame al Vaticano la apertura de sus archivos en relación a los bebés robados tras comparecencia de su presidenta Ana Cueto Eizaguirre, informa Público.