dimarts, 6 de setembre de 2016

Sólo se han recuperado 2.686 millones de los 51.303 del rescate bancario

La reestructuración del sector bancario ha costado a las arcas públicas 51.303 millones de euros, de los que solo se han recuperado 2.686 millones de euros hasta ahora, un 5%. Ese es el balance que ha realizado el Banco de España, que acaba de publicar un pequeño informe donde repasa el papel del Estado en los rescates financieros en España entre 2009 y 2016. Una parte de esa enorme factura se financió gracias al rescate europeo de junio de 2012 (cerca de 40.000 millones), pero además, se inyectaron otros fondos públicos. "Desde 2009, el Estado, a través del FROB, ha aportado en los procesos de restructuración del sistema bancario español fondos públicos como ayudas financieras en diversas formas de capital por un importe de 53.553 millones. Si se tienen en cuenta los 2.250 millones de euros soportados por el FGDEC [el Fondo de Garantía de Depósitos, aportado por los propios bancos], esta cifra se reduce a 51.303 millones de euros, de los que se han recuperado, hasta la fecha, 2.686 millones de euros", afirma el Banco de España.

El supervisor subraya que la factura del rescate bancario a la que hace referencia se refiere solo al coste para el Estado. Es decir: las pérdidas que sufrieron inversores y particulares al activarse los procesos de rescate europeo (por ejemplo por preferentes, acciones u otros activos) no están contabilizadas. El informe organiza las ayudas públicas para la banca en cinco categorías. La primera categoría es la de ayudas financieras desembolsadas para la recapitalización de entidades. Este capítulo es el que recoge la abultada factura para el Estado. Ascienden a 51.303 millones de euros en total y solo se han recuperado 2.686 millones de euros hasta ahora.

El segundo capítulo de ayudas que repasa también el Banco de España en su informe son las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGDEC). Esto no se suma a la factura del Estado, porque el fondo se financia íntegramente con contribuciones de la industria, que ha aportado 7.942 millones de euros como ayudas comprometidas en diversas formas de capital, además de los 2.250 millones de euros que aportó al FROB en 2009. Asimismo, ha adquirido acciones de entidades no cotizadas controladas por el FROB obtenidas por inversores minoristas en los procesos de canje de instrumentos híbridos por valor de 1.803 millones de euros. Estas acciones se han vendido por una contraprestación de 673 millones.

En tercer lugar, están los avales, garantías y esquemas de protección de carteras de activos (EPA). El FROB ha otorgado diversas garantías al comprador en las ventas de entidades, entre las que destacan los esquemas de protección de activos. La pérdida esperada, a 31 de diciembre de 2015, de los EPA alcanzaba los 918 millones de euros. Otras garantías otorgadas se valoran en 1.532 millones, de los que hasta el momento se han desembolsado 963 millones de euros. Por la parte de los avales concedidos por el Estado a las entidades suman un importe total de 110.895 millones de euros. Sin embargo, ha continuado su proceso de cancelación y a 28 de junio de 2016 se habían devuelto avales por 109.836 millones, el 99% de los concedidos, tras los vencimientos de las correspondientes emisiones. "No es previsible que se produzca ninguna pérdida derivada de estos avales para el Estado, que percibe por los mismos ingresos vía comisiones", explica el supervisor.

En cuarto lugar, aparecen los créditos extraordinarios concedidos a las instituciones financieras. Estos créditos fueron otorgados como provisión urgente y transitoria de liquidez, bien por el Banco de España (9.800 millones) o bien por el FROB (6.500 millones). "Todos los saldos dispuestos de estos créditos han sido ya amortizados y las líneas canceladas tras la recapitalización o, en su caso, la venta de las entidades beneficiarias", señala el informe.

Y por último, están la aportación de capital público a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a través del FROB. Es decir, las inyecciones en el llamado banco malo. A través del FROB ascendieron a 2.192 millones de euros, mientras que los avales públicos concedidos por el Estado a la deuda emitida por la Sareb ascienden a 43.476 millones de euros, informa El País.

Los Carceller evitan la cárcel pagando 93 millones

La cuota, la multa y los intereses. En total, 93 millones de euros. Es la cantidad que el nonagenario empresario Demetrio Carceller Coll (foto) y su hijo, Demetrio Carceller Arce, propietarios entre otras empresas de la cervecera Damm, del 13% del capital del gigante de la construcción Sacyr y de la petrolera Disa, se han comprometido a pagar este lunes en la Audiencia Nacional para evitar la cárcel. El fiscal acusaba al padre de 13 delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales que le habrían acarreado una pena de 48 años de prisión. Para el hiijo, que es actualmente el que está al frente del negocio familiar, el Ministerio Público solicitaba otros 14 años como cooperador necesario de las defraudaciones tributarias del padre. Ninguno de ellos acabará entre rejas.

Ambos empresarios hicieron creer a la Agencia Tributaria que Carceller Coll no era residente fiscal en España, sino en Reino Unido y Portugal. Pero las pesquisas dirigidas por Anticorrupción determinaron que el padre vivió durante años en Galapagar, un municipio de la sierra de Guadarrama. Para evitar ser detectado a través de cuentas bancarias, acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo. También adoptaba importantes medidas de precaución, como evitar restaurantes y sitios de ocio, y delegaba en su hijo y otros asesores de confianza la firma de cualquier negocio u operación económica. Los investigadores descubrieron que ocultaron ser accionistas de distintas empresas inmobiliarias en Estados Unidos –en concreto, centros comerciales en Tucson y Phoenix, en el Estado de Arizona– a través de sociedades creadas en paraísos fiscales como Panamá, Antillas Holandesas, Madeira o Luxemburgo, según el escrito del fiscal.

Según los documentos del bufete panameño Mossak Fonseca, a los que tuvieron acceso El Confidencial y La Sexta, los Carceller fueron clientes de ese despacho durante más de 20 años. Los papeles de Panamá revelaron que, al menos desde 1995, tanto el padre como sus hijos constituyeron varias sociedades 'offshore' primero en Niue, un pequeño Estado situado en una isla del Pacífico Sur, y posteriormente en Samoa, país ubicado en otro archipiélago de la región. En concreto, Demetrio Carceller Coll está detrás de Siwenna Holding, Moterhorn y Vanderbilt; Demetrio Carceller Arce, de Vance Corporation (rebautizada como Vance Brokerage y donde su padre tenía poderes generales); José Carceller Arce, de Gloucester Investment; Carmen Carceller Arce, de Nuka BV, y María Carceller Arce, de Orsingen GMBH.

La Agencia Tributaria tuvo conocimiento de algunas de estas sociedades hace una década, cuando intervino el bufete Pretus, despacho catalán del que se valía Mossack Fonseca para captar clientes en nuestro país, e incautó gran cantidad de documentos sobre las empresas 'offshore' de los Carceller. Sobre las acciones legales que se tomaron contra los hijos, en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz, entonces titular de ese juzgado, dictó sobreseimiento libre en 2011 porque "de lo actuado no aparece debidamente justificada la concurrencia de la responsabilidad criminal inicialmente imputada a los acusados". Uno de los miembros de ese despacho, Gabriel Petrus Labayen, también estaba acusado en el juicio contra los Carceller.

En cambio, el mismo Juzgado número 5 continuó adelante con la investigación contra las sociedades del padre, Demetrio Carceller Coll, pesquisas que han terminado derivando en la apertura de juicio contra él por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, vista cuya fecha se ha retrasado en varias ocasiones por la delicada salud del empresario. Hasta este lunes, que finalmente no se ha celebrado, al alcanzarse el acuerdo con el fiscal.

Además de los dos miembros del clan Carceller, en el juicio, que debía celebrar la sección cuarta de la Audiencia, estaba también citado como imputado José Luis Serrano Flórez, apoderado de Carceller. La fiscalía considera que Serrano fue quien realizó todas las gestiones para ocultar que Carceller Coll vivía en realidad en España. Además, era el verdadero titular de los paquetes accionariales en empresas de EEUU que, en realidad, pertenecían al patriarca de la familia.

En total, la cantidad defraudada, según Anticorrupción, fue de 59,2 millones de euros en concepto de IRPF por los ejercicios de 2001 a 2009, 41,9 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio entre 2001 y 2007, y otros 1,7 millones por el Impuesto de Sucesiones por la herencia recibida por Carceller Coll de su hermana Josefina. La suma de todos los conceptos adeudados más sus intereses de demora eran algo más de 103 millones de euros, según el escrito de acusación del fiscal, informa El Confidencial.

Juicio a los multimillonarios Carceller acusados de urdir una trama para no pagar impuestos

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes un acontecimiento poco frecuente en la justicia española, la vista oral contra dos de los empresarios más ricos del país. Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce, se enfrentan a la petición de la Fiscalía de elevadas penas de prisión por delitos relacionados con la gestión de la fortuna familiar, que germinó siendo el abuelo del clan ministro de Industria del régimen franquista, entre 1940 y 1945. Los Carceller son hoy los dueños de la cervecera Damm, de la petrolera Disa (la más importante de Canarias), son los mayores accionistas de la constructora Sacyr (13% del capital) y poseen la cadena de restaurantes Rodilla, dentro de un gran ramillete de sociedades. Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el padre y 14 para el hijo, Carceller Arce, al frente hoy del emporio familiar de Damm, Rodilla y la petrolera Disa.

Mas: en jet privat i iot de luxe i pescant il.legalment

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha passat un "un contundent i ostentós cap de setmana a Formentera", segons publica Vanitatis, que aporta un extens material fotogràfic. Mas es va desplaçar en jet privat juntament amb la seva dona, Helena Rakosnik, i l'exsecretari general de la Presidència, Jordi Vilajoana i la seva dona. Un cop a Formentera, van llogar d'un iot de 16 metres d'eslora, amb capacitat per a 11 persones més la tripulació, amb un preu de 2.700 euros per dia. A això caldria afegir el combustible. A Cala Saona se'ls van unir diversos amics més.

L'expresident va practicar snorkel a la platja de Migjorn i es va dedicar a pescar des de la coberta del iot. Vanitatis informa en aquest sentit que Mas "va incórrer en una il·legalitat" atès que l'embarcació no té llicència per pescar, informa é-notícies.

Dijous, 1 de setembre, a mig matí a Barcelona, ​​quatre persones es disposen a agafar un jet privat amb destinació Eivissa: Artur Mas, la seva esposa, Helena Rakosnik; el seu gran amic el polític Jordi Vilajoana, que va ser secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i l'esposa d'aquest. Tots dos es coneixen des de l'època de Pujol i aquí van llaurar una gran amistat que amb el pas del temps s'ha anat fent més fort. "És freqüent veure els dos matrimonis junts", asseguraren a Vanitatis persones properes a tots dos, els mateixos que assenyalen que Vilajoana és "l'únic amic íntim de Mas que ha estat amb ell de forma incondicional des de l'inici".

Un cop aterraren a l'illa Pitiüsa, els dos matrimonis van agafar un ferri amb destinació a Formentera. Són les 19:00 hores quan tots ells trepitgen terra ferma. Amb una pinta totalment informal i estiuenca -a joc amb el de la seva dona-, qui ha capitanejat el destí dels catalans durant els darrers cinc anys dóna el tret de sortida a una agradable i ostentosa escapada marítima amb amics. Només el jet privat, en el cas que l'hagin hagut de pagar-, ronda 10.000 euros per a un viatge d'anada i tornada entre Barcelona i Eivissa si aquest s'allarga fins als quatre dies, segons diverses companyies consultades.

Però no és fins divendres quan comença lo bo. Canya de pescar a la mà, l'expresident i els seus acompanyants es van pujar a bord del 'Baruna', un iot de 16 metres d'eslora i bandera d'Espanya amb corona reial inclosa que van llogar pel seu cap de setmana llarg. És una embarcació amb capacitat per a 11 persones més la tripulació, i el cost, segons ha confirmat Vanitatis, és de 2.700 euros per dia. A això cal afegir-hi el combustible.

La cúpula de CDC con Mas amañaba los contratos y cobraba el 3%

Las agendas de los cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de empresarios detenidos en el caso del 3% revelan que la cúpula del partido dirigía la trama de amaño de concursos y cobro de comisiones. Los cuadernos del ex tesorero Andreu Viloca, del ex director general de Infraestructuras Josep Antoni Rosell o del ex consejero delegado de la constructora Copisa acreditan que altos cargos del partido, entre los que se encuentra un ex conseller de Artur Mas, decidían qué empresas se debían presentar a los concursos, se reunían tres veces con ellas para pactar los cobros y emitían facturas falsas para blanquear las comisiones. Las agendas reflejan anotaciones como «consultar a Pte.» que se investiga si se refieren a Mas.

Siria pide a la ONU tomar medidas contra patrocinadores de terrorismo

Además de condenar los atentados ocurridos el lunes en las provincias de Tartus, Homs, Damasco y Al-Hasaka, Siria pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptar medidas punitivas contra los países patrocinadores del terrorismo en dos cartas enviadas por el ministerio sirio a la ONU y el CSNU. “El Gobierno sirio pide al Consejo de Seguridad una condena contundente e inmediata a los crímenes perpetrados por terroristas en Siria, y tomar medidas contra los patrocinadores de estas bandas armadas como Arabia Saudí, Qatar, Turquía, el Reino Unido, Francia y EE.UU. que apoyan públicamente a los terroristas y los califican como oposición moderada”, anunció la cartera siria. La Cancillería siria advirtió que los atentados registrados en el país son la continuidad del terrorismo sistemático de los grupos terroristas.

Al menos 43 personas murieron el lunes y medio centenar resultaron heridos en seis explosiones en diferentes zonas bajo el control del Gobierno sirio. La cartera siria denunció que estos ataques terroristas son obra de grupos terroristas como el frente Fath al-Sham (antiguo Frente Al-Nusra), Ahrar al-Sham y el movimiento Nuredin al-Zinki.

Concluyó que “a pesar de las atrocidades cometidas por los grupos terroristas, el Gobierno sirio continúa sus esfuerzos para llegar a una solución política a la crisis, a través de un diálogo intersirio, que conduce a eliminar al terrorismo y reconstruir lo destruido por las bandas armadas”.

La explosión de dos bombas en la ciudad de Qamishli, en el noreste de Siria y cerca de la frontera con Turquía, ha dejado 44 muertos y 140 heridos. Desde el inicio de la crisis siria en 2011 y el aumento de las actividades de los grupos terroristas en Siria, dicho país ha sido en innumerables ocasiones escenario de atentados y ataques mortales. Las cifras más recientes muestran que en total más de 400.000 personas han muerto debido a la crisis siria, según cifras divulgadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Denuncien un altre hotel de Lloret per tenir punxada la llum

Endesa ha descobert que un quart hotel, el Marina Sand -anteriorment anomenat Selvamar-, també situat a Lloret de Mar, punxava la llum il·legalment, pel que ha procedit a tallar-li el subministrament elèctric i ha interposat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per frau elèctric. Fonts d'Endesa han assegurat que arran del frau elèctric descobert la setmana passada a l'hotel Sun Village de Lloret de Mar, la companyia va decidir revisar les instal·lacions d'altres hotels propietat de l'esmentada cadena i ahir va detectar un quart cas. Tècnics d'Endesa van detectar ahir a la tarda que aquest establiment hoteler, de 243 habitacions i situat al número 51 de l'avinguda Vila de Tossa, punxava la llum d'una escomesa del carrer, pel que a les deu del matí d'avui li ha tallat el subministrament elèctric.

Segons aquestes fonts, l'hotel està a plena capacitat, atès que allotjava hostes ja allotjats aquí i d'altres reallotjats des d'altres hotels del grup als quals se li ha tallat el subministrament als últims dies. Endesa està intentant calcular a quant ascendeix el frau elèctric d'aquests quatre hotels i seguirà investigant nous casos de subministrament il·legal d'energia, informa Diari de Girona.

El juez imputa a Alfonso Grau por delito electoral

El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del 'caso Imelsa', ha citado a declarar en calidad de investigados a Alfonso Grau (foto), exvicealcalde de Valencia y que fue mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, y al exvicepresidente de la Diputación provincial Juan José Medina por presunto delito electoral, según han confirmado a Europa Press fuentes concoedoras del procedimiento. Grau y Medina tendrán que acudir a declarar el próximo 19 de septiembre por la pieza separada del caso Imelsa en la que se investiga un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento y un delito electoral.

Precisamente por esta pieza tuvieron que comparecer este lunes en el juzgado la que fuera exsecretaria del grupo municipal 'popular' María del Carmen García Fuster, y la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello, quienes se contradijeron entre ellas en relación con el conocimiento que el PP provincial tenía de la existencia de una cuenta opaca en el partido. Con estas nuevas dos personas citadas en calidad de investigadas --antes imputadas-- ya son cuatro a quienes se atribuye el presunto delito electoral de los años 2011 y 2015. Por el blanqueo, los investigados superan el medio centenar.

García Fuster, considerada una persona próxima a la exalcaldesa Rita Barberá, explicó al juez que el PP --formación investigada en esta pieza por blanqueo-- conocía perfectamente la existencia de las cuentas municipales y también dijo que ella daba cuenta al partido de los gastos de campaña. Sin embargo, Montserrat Tello declaró que el Partido Popular no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esta presunta cuenta opaca ni de pagos o ingresos, informa Las Provincias.

García Fuster: "el PP conocía la existencia de la supuesta cuenta opaca"

La cajera del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, ha iniciado su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. La investigada ha anunciado que únicamente iba a responder a las preguntas de su abogado y no al resto de partes. La responsable ha arremetido contra el Partido Popular, formación investigada en esta causa por blanqueo, y ha dicho que sí conocía la existencia de la supuesta cuenta opaca, según los informes de la Guardia Civil.

Ancianos abandonados por falta de personal en los geriátricos públicos

La falta de personal para cubrir la asistencia en la mayor residencia pública de la Comunidad Valenciana, ubicada en Carlet, ha generado que los ancianos residentes hayan sufrido privación de atención durante los últimos meses. Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las caídas.

Una testigo confirma una operación sospechosa en torno al PP balear

Una testigo ha declarado hoy ante el juez Castro que su padre, Ildefonso Pérez, dio 600.000 euros en dinero opaco al constructor Antonio Pinal (foto) acusado de sufragar de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear. Tal y como adelantó Diario de Mallorca, se trata de una cantidad a la que aluden varios oficios de la Policía Nacional y cuyo secreto ha levantado el magistrado en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que indaga de qué forma fueron abonados los trabajos de reforma de la sede de los 'populares'. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

La declarante, funcionaria de la Administración del Estado, se ha reafirmado así en la comparecencia que llevó a cabo hace más de un año en dependencias policiales, donde llegó a señalar que, puesto que los fondos transferidos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". Junto a ella también ha declarado como testigo el abogado de su padre. Varios oficios de la Policía Nacional, cuyo secreto levantó recientemente el instructor en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, señalan que Pérez, socio de Pinal, llevó a cabo la operativa de préstamo el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet. En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos. Los investigadores apuntan a que los pagos para la reforma de la sede corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), informa Diario de Mallorca.

Una sobrina de De Guindos es "adjunta" al cargo del corrupto Soria

El Gobierno en funciones del PP insistió este lunes en desatenderse de la designación de José Manuel Soria como aspirante a director ejecutivo del Banco Mundial, pese a que se acrecientan las críticas al nombramiento incluso en sus filas. No se trata de la primera vez que la promoción de dirigentes vinculados al PP causa malestar. De hecho, la sobrina del actual ministro de Economía en funciones, Beatriz de Guindos, es la adjunta del cargo que ocupará el extitular de Industria en el organismo internacional. De brillante currículo y perteneciente al cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado, de Guindos abandonó un alto cargo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un día después de ser nombrada precisamente por el revuelo político que se produjo dado su parentesco con el ministro y excapo de Lehman Brothers, Luis de Guindos.

La funcionaria fue ascendida por la camada del PP a directora general de Competencia, uno de los puestos de mando en la agencia, pese a ser un organismo "independiente del Gobierno", por lo que el nombramiento de la sobrina del ministro causó una enorme polémica. Las sospechas se agravaron porque su puesto de subdirectora de Energía lo iba a ocupar Micaela Arias-Cañete, la hija del actual comisario de Energía europeo, Miguel Arias Cañete, implicado en varios casos de corrupción con su mujer. Por todo ello optó por dimitir. Después, en el 2014, fue nombrada adjunta del director ejecutivo del Banco Mundial que representa a España y siete países más.

La trifulca se repite ahora por la designación de Soria. Ante ello, el Gobierno insistió en que el exministro, que dimitió salpicado por el escándalo de los ‘papeles de Panamá’, presentó su solicitud como funcionario. “Dejó la política, ha reingresado en la administración y ha participado en un concurso, no puedo añadir nada más”, alegó Mariano Rajoy tras la cumbre del G-20 en China. Mientras que la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, recalcó que se trata de decisión “técnica” de la comisión de evaluación, pese a que dicho organismo está formado por cargos de libre disposición. Pese a las explicaciones, este lunes crecieron las voces disconformes en las filas populares. Alberto Nuñez Feijóo, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre se unieron a los dirigentes que han expresado su malestar con el nombramiento.

El actual director ejecutivo del Banco Mundial es el venezolano José Alejandro Rojas Ramírez que, en otros cargos, fue asesor del presidente del Banco Central de Venezuela y vicepresidente de Petróleos Venezolanos (PDVSA); y es al que relevará Soria. Su elección corresponde a la junta de gobernadores del Banco Mundial, que se celebrará durante la asamblea anual del organismo, en Washington (EEUU) entre el 7 y el 9 de octubre. El gobernador que representa a España es el ministro de Economía, el mismo departamento que ha propuesto a Soria para el cargo, que ocupará del 1 de noviembre de este año al 31 de octubre.

En caso de que la junta de gobernadores bendiga la designación de Soria, que dimitió hace unos meses salpicado por el escándalo de los 'papeles de Panamá, una macrofiltración en la que figuraban personalidades, políticos y artistas de todo el mundo con dinero oculto en ese paraíso fiscal, este percibirá 244.350 dólares anuales libres de impuestos (218.169,64 euros al cambio actual). La institución cuenta con un código ético desde el 2007 que exige a sus miembros "los más altos estándares de integridad en su conducta personal y profesional", informa El Periódico.

Lo que esconde el cargo del corrupto fascista Soria


Rajoy insiste en que fue un concurso de funcionarios pero ese no era un requisito de la convocatoria. El texto deja gran discrecionalidad a Economía para elegir a su candidato, por lo que no era un concurso de funcionarios. En contra de lo mantenido por el Gobierno, la convocatoria para elegir un director ejecutivo en el Banco Mundial no exige ser funcionario ni mucho menos técnico comercial del Estado, el perfil de José Manuel Soria. Aun así, la convocatoria no es pública ni se encuentra en la web de Economía. El documento [lea el pdf], al que ha tenido acceso El Confidencial, da una gran discrecionalidad a Economía para elegir un candidato, pues no barema ninguno de los requisitos del perfil. No hay puntuación sino una serie de vagas condiciones a tener en cuenta. No había por tanto obligación de designar a Soria, como sostiene Economía. Fue una decisión discrecional, como todas las de estos puestos.

Grupo sanitario alemán compra Quirónsalud: la privatización de la sanidad como negocio

El grupo alemán Helios ha llegado a un acuerdo para comprar la cadena española de hospitales privados Quirónsalud por 5.760 millones de euros, en una operación que refuerza la posición de Helios como el mayor del sector en Europa. Quirónsalud, resultado de la fusión de IDC Salud y Grupo Hospitalario Quirón en 2014, prevé una facturación de unos 2.500 millones y un EBITDA (resultado bruto de explotación) de unos 460-480 millones de euros en 2016, dijo Helios en un comunicado a última hora del lunes. El crecimiento de la facturación de Quirónsalud en los últimos años ha sido superior a un 5%, un aumento superior a la de la media del mercado hospitalario, según el grupo alemán, que señala que la empresa española ha sido pionera en el modelo público privado, con cinco hospitales (cuatro en Madrid y uno en Barcelona) integrados en la red de sanidad pública, como resultado de la çómplice y fascista privatización de la sanidad pública por el PP y CDC.

Uno de los principales activos de Quirón es la Fundación Jiménez Díaz, un hospital público madrileño que supone alrededor del 25% del Ebitda, según una fuente conocedora de las cuentas del grupo. A medio plazo, la fusión de Helios, la división hospitalaria del grupo alemán Fresenius, y Quirónsalud llevaría a unas sinergias antes de impuestos de unos 50 millones de euros por año, según Helios.

En la operación, Helios compra un 100 por cien del capital de Quirónsalud a la firma de capital riesgo CVC Capital Partners, Víctor Madera -fundador y CEO de Quirónsalud- y otros miembros del consejo de administración de la empresa española. Como parte del acuerdo, Helios emitirá 6.108.176 acciones valoradas en 400 millones que entregará a Víctor Madera. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y se prevé su cierre para el último trimestre de 2016 o el primero de 2017, con efecto positivo para el beneficio por acción del grupo alemán en 2017, informa El Economista.

Lo que esconde el cargo del corrupto fascista Soria

Rajoy insiste en que fue un concurso de funcionarios pero ese no era un requisito de la convocatoria. El texto deja gran discrecionalidad a Economía para elegir a su candidato, por lo que no era un concurso de funcionarios. En contra de lo mantenido por el Gobierno, la convocatoria para elegir un director ejecutivo en el Banco Mundial no exige ser funcionario ni mucho menos técnico comercial del Estado, el perfil de José Manuel Soria. Aun así, la convocatoria no es pública ni se encuentra en la web de Economía. El documento [lea el pdf], al que ha tenido acceso El Confidencial, da una gran discrecionalidad a Economía para elegir un candidato, pues no barema ninguno de los requisitos del perfil. No hay puntuación sino una serie de vagas condiciones a tener en cuenta. No había por tanto obligación de designar a Soria, como sostiene Economía. Fue una decisión discrecional, como todas las de estos puestos.

El Gobierno en funciones tiró ayer de argumentario para defender que la designación de José Manuel Soria, dimitido como ministro de Industria por los papeles de Panamá, para un alto cargo en el Banco Mundial, fue un simple acto más de la función pública. Según esta versión, Soria, como técnico comercial del estado desde los años ochenta, cumplía todos los requisitos y una comisión técnica lo eligió. El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, afirmó que se trata de "un puesto de funcionario convocado para funcionarios" y que "no se ha tratado de una designación política o salida del Consejo de Ministros". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió en la misma idea: "Soria ha participado en un concurso como todos los funcionarios".

La realidad es que la convocatoria no incluye como requisito ser funcionario, a pesar de lo cual no es pública. El documento, de tres páginas, comienza señalando las funciones del Banco Mundial y las del puesto de director ejecutivo. Explica que España comparte desde 1978 "una silla" en el Banco Mundial con México, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. España, México y Venezuela se rotan los dos principales puestos cada dos años. A partir del 1 de noviembre, a España le corresponden los puestos de director ejecutivo y de asesor sénior.

Después detalla las funciones del puesto –representar a los países de la silla en el directorio del Banco Mundial, preparar reuniones...– y finalmente entra en los requisitos. "A los efectos de selección de los candidatos se valorará", entre otras cosas, "la condición de funcionario y su trayectoria profesional, incluyendo la naturaleza, nivel de los puestos y años de experiencia en la administración económica española". Que ser funcionario se valore pero no sea un requisito es relevante, porque desmonta el argumento del Gobierno. Es decir, ser alto funcionario como Soria se tiene en cuenta, pero eso no excluye que se pueda designar a un no funcionario ni que pueda haber candidatos de fuera de la Administración. En contra de lo que afirma el Gobierno, ni siquiera menciona el cuerpo de técnicos comerciales del Estado, al que pertenece Soria.

La convocatoria también valora los conocimientos de inglés, los de economía internacional y "la experiencia en el Grupo Banco Mundial o en otras instituciones financieras internacionales". No hay tabla de puntuación ni mención a los trienios. La convocatoria no fue hecha pública y circuló por correo entre técnicos comerciales del Estado. Es de finales de junio y daba hasta el 12 de julio para presentar las candidaturas. El plazo para presentar las candidaturas comenzaba el 29 de junio, tres días después de las pasadas elecciones generales. No es pública la lista de candidatos, aunque difícilmente alguien que no fuera técnico comercial del Estado pudo presentarse. Ni otros altos cuerpos de la Administración recibieron la convocatoria, según fuentes de la función pública. Cuando a principios de junio La Sexta desveló que Soria aspiraba al Banco Mundial, Guindos lo desmintió. Entonces el exministro aún no había presentado su candidatura porque no se había abierto el plazo. Tenían que pasar aún las elecciones generales.

La comisión evaluadora que eligió a Soria con esos criterios abiertos está formada por altos cargos de Economía e Industria, ambos ministerios a cargo de Guindos. Está presidida por la Secretaría de Estado de Economía y participan la Secretaría de Estado de Comercio, la del Tesoro, la dirección general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica. A pesar de que todos son altos cargos del Gobierno y personas de confianza de Guindos, el Ejecutivo del PP insiste en desmarcarse del nombramiento. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que el Gobierno "no tuvo ni arte ni parte" en la designación.

Una portavoz de Economía admitió anoche a este diario que el de Soria no es un puesto exclusivo para funcionarios y que no hubo publicidad. "La convocatoria de las vacantes se envía a la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y a la de Diplomados con meses de antelación, aunque está abierta a cualquier persona que se quiera presentar", afirmó por correo electrónico. Señaló que, "al tratarse de puestos de representación de España y de contenido económico, son plazas que en su práctica totalidad se han cubierto siempre por funcionarios que han desempeñado cargos relacionados con la materia y por el mismo procedimiento".

El formato da en la práctica libertad al Gobierno para elegir a su candidato –algo lógico, al ser un puesto de representación de España en el exterior–. En un primer momento, Guindos afirmó que una vez selecionado Soria por la comisión ministerial habría "sido ilegal" negarle el puesto. Fuentes conocedoras de la Administración interpretan que Guindos quizá se refería al procedimiento que rige para los puestos de técnico comercial en las embajadas, una selección reglada, con convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Aun así, en esos casos, el Gobierno tiene "una amplia libertad para decidir" sobre puestos en el extranjero, por ser cargos de "confianza ministerial", según ha fallado la Audiencia Nacional. Es decir, que podría haber rechazado a Soria como ha hecho con otros altos funcionarios que ejercieron altos cargos con los gobiernos del PSOE. Pero es que no era ni una convocatoria reglada para técnicos comerciales, informa El Confidencial.

Los abusos del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales

Alquileres más altos, precios del agua disparados y desahucios sin alternativa son algunas de las consecuencias de la venta de pisos protegidos a Blackstone. Los inquilinos de las 18 promociones de casas que el equipo de Ana Botella vendió al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone por 120 millones de euros han visto cómo sus viviendas, de origen social, se han convertido en pisos sometidos a las exigencias del libre mercado más feroz, en el que se mueven sus nuevos caseros: los fondos de inversión. A Arancha Mejías, presidenta de la plataforma de afectados por la venta, el trabajo de destapar los comportamientos del fondo buitre y las dudosas condiciones del proceso de venta –cercadas ahora por un informe de la Cámara de Cuentas– le ha costado caro. Le ha costado su casa. Fidere (filial de Blackstone) le ha remitido un burofax en el que le informa de que no le renueva el contrato. Recopilamos algunas de las situaciones denunciadas por los afectados en estos años.

José se fue antes de que lo echaran. Julia resistió y consiguió frenar su desahucio, pero al final tuvo que irse, igual que Mari Carmen. Todos ellos fueron desahuciados de su casa por Blackstone. Los precios del alquiler los asfixiaron y el fondo buitre los expulsó sin ofrecerles una alternativa habitacional.

Ahora, José, que empezó a pagar el alquiler con opción a compra de la empresa municipal de la vivienda (EMVS) pensando que esa vivienda algún día sería suya, vive en casa de sus padres. A Julia, de 80 años, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó una vivienda de una red solidaria en la que tuvo que ir realojando a los desahuciados de los fondos a los que vendió sus casas. Perdió a su hija, enferma, en el proceso. Este modus operandi de realojo era habitual y se llevaba a cabo para e vitar el ruido mediático que supone un desahucio de este tipo. Blackstone se ahorraba así “asumir el coste social” de echar a las familias de sus casas con la ayuda del consistorio, a quien pasaban listas con los futuros desahuciados.

Subidas del 40% en los alquileres

Las condiciones de venta obligaron a Fidere, filial de Blackstone en España, a subrogar el precio del alquiler a las familias cuyo contrato con la EMVS aún estuviera vigente. Pero solo hasta la siguiente renovación. A partir de ese momento, el fondo es libre de subir las cuotas mensuales de sus inquilinos, con aumentos progresivos de hasta el 43% acumulado en tres años. Recordamos que el perfil de los adjudicatarios de estas viviendas es el de personas que, por sus condiciones económicas y/o familiares, no pueden permitirse una vivienda en el mercado libre.

Fidere no solo tiene en propiedad pisos de la EMVS. Durante estos años ha ampliado su cartera comprando viviendas públicas en otras zonas de la Comunidad, como en Torrejón de Ardoz. En esta localidad, el fondo adquirió al Banco Popular unos 200 pisos de alquiler público procedentes del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid que la entidad había ganado por sorteo y aplicó a sus inquilinos subidas en los suministros de más del 100%. El cambio de la empresa contratada por Fidere para la gestión energética del edificio cargó a las familias con subidas de precio por metro cúbico de agua caliente (de 0,9 a 3,25 euros) y de la calefacción (de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h). Además, en el caso del agua los inquilinos tienen que asumir dos nuevos importes extra: un "depósito de garantía" de 50 euros y una cuota de 8,55 euros a cada vivienda.

Desde 2014, Blackstone se ha ido haciendo con un buen puñado de promociones infiltrándose en las empresas que recibieron –en el marco de planes públicos de vivienda– el encargo de sacar adelante los bloques de pisos. La cartera del fondo se compone hoy por más de 1.900 casas distribuidas por toda la Comunidad de Madrid en las que viven miles de inquilinos sujetos a sus condiciones.

La situación en los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid quería sanear sus endeudadas arcas públicas y para ello se embarcó en una macrooperación inmobiliaria sobre la que hoy planean indicios de ilegalidad por saltarse la ley de concursos públicos en el proceso de adjudicación, según un informe de la Cámara de Cuentas. Este informe, que reveló en exclusiva este medio, sostiene que el consistorio vulneró las "más elementales reglas de buena gestión" al facilitar información privilegiada a cuatro empresas –una de ellas la adjudicataria final– sobre las condiciones de la venta antes de anunciar el proceso públicamente.

Los afectados se querellaron sin éxito contra el Ayuntamiento por este proceso, que permitió comprar a Blackstone 18 promociones de vivienda a un precio más que atractivo. También lo hizo el PSOE, aunque ambas causas se archivaron. Ahora, el actual consistorio de Ahora Madrid, tras explorar la vía de iniciar una comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento, quiere intentar reabrir la causa como querellante avalado por los argumentos del citado documento de la Cámara de Cuentas y el informe jurídico de un despacho de abogados.

Fidere, la sociedad de inversión inmobiliaria que forma parte del gigante Blackstone, le ha enviado un burofax en el que le comunica "la voluntad de no prorrogar el citado contrato de arrendamiento" y le informa de que tiene 30 días para abandonar la casa en la que lleva 10 años viviendo. Arancha, de 27 años, vivía en esa vivienda con sus padres y su hermana y este mismo año Fidere iba a poner a su disposición la opción de compra de la casa: "cuando firmamos con el PP nos dijeron que dentro de diez años podríamos tener nuestra casa para siempre, y dentro de diez años estamos en la calle", ha lamentado la también presidenta de la asociación que denunció a los fondos.

"Está claro que es una venganza" ha comenzado Arancha. "Nosotros hemos cumplido religiosamente en estos diez años con el pago del alquiler y no somos unos vecinos conflictivos, todo lo contrario" ha dicho y ha recordado que la empresa Fidere sólo puede echar de sus casas a los inquilinos por tres razones: si no pagan el alquiler, si son conflictivos o si son delincuentes. "Yo nunca he tenido ni una multa de aparcamiento, ¿por qué no nos dejan renovar el contrato o nos permiten adquirir la casa?". Fidere tiene gran cantidad de viviendas como la de Arancha vacías, esperando a ser alquiladas en el barrio de Carabanchel, donde ella reside. "¿Por qué nos echan entonces?", se ha preguntado.

La sociedad argumenta que el contrato con los inquilinos ha concluído. "No nos cabe en la cabeza que Fidere vaya a poner de nuevo en alquiler esa vivienda social pero sin darles la oportunidad a sus actuales inquilinos", han asegurado desde el Ayuntamiento de Madrid. Marta Higueras, concejala de Derechos Sociales, se ha puesto en contacto con la empresa y le han trasmitido que "no van a revisar su caso". "Nosotros vamos a mostrarle nuestro apoyo siempre, la asesoraremos jurídicamente e intentaremos por todos los medios que les permitan quedarse en su casa, sobre todo por el arraigo de estar viviendo allí diez años", ha informado la concejala y se ha comprometido a encontrar una vivienda para Arancha y su familia antes del plazo de 30 días.

Tanto Ahora Madrid como el PSOE, quienes trabajan juntos en el caso, han asegurado que tomarán todas las medidas legales para parar este proceso y han recordado las palabras de Ana Botella cuando vendió estas viviendas: "no pasa nada por vender a estas empresas, lo único que cambia es el nombre del arrendador", sin embargo, según la concejala de Ahora Madrid, "ahora vemos que esas declaraciones eran mentira".

Blackstone o Blackrock, el gran desahuciador

El mayor fondo de inversión de capital riesgo y fondos de inversión del mundo, Blackstone compra pisos a los bancos catalanes al por mayor y a precio de saldo, y desahucia familias vulnerables. Aterrizó en el Estado español para comprar pisos a precio de saldo aprovechándose de la crisis y a estas alturas continúa haciendo el agosto en el sector inmobiliario gracias al stock que acumulan los bancos y que compra en condiciones muy ventajosas. De Blackstone casi nadie había oído hablar hasta que trascendió la venta en 2013 por parte del gobierno de Ana Botella de 1.860 pisos de alquiler social a este fondo buitre por 128,5 millones de euros, una operación muy polémica pero legal, según la Audiencia de Madrid. El mayor fondo de inversión de capital riesgo del mundo de origen norteamericano actúa a través de una apretada red de trece sociedades pantalla que quieren acapararlo todo: desde hoteles a oficinas pasando por pisos y bloques de viviendas. Y para él, Cataluña es el paraíso. Antes fue BlackRock, ahora es Blackstone pero el resultado será el mismo. Foto: La escandalosa audiencia privada que concedió (en octubre de 2010) el Rey Juan Carlos a Laurence Fink, capo de Blackstone-BlackRock.