dimarts, 27 de setembre de 2016

Pisarello descarta retirar Colom com demana la CUP

El primer tinent d'alcalde i portaveu del Govern municipal de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha descartat que tinguin previst res amb relació a l'estàtua de Cristòfor Colom, la retirada de la qual ha proposat recentment la CUP-Capgirem Barcelona. "La retirada de l'escultura de Cristòfor Colom no forma part de les actuacions previstes pel govern municipal", ha aclarit. En canvi, Pisarello s'ha mostrat obert a "recuperar la memòria abolicionista de la ciutat", tot admetent que "el debat sobre el significat del 12 d'octubre és legítim".

Sí que es troba en el punt de mira del Govern d'Ada Colau, però, l'escultura d'Antonio López, marquès de Comillas. Pisarello ha explicat que hi treballen "des de fa temps i s'explicarà el fenomen del colonialisme i l'esclavisme de forma crítica incloent-hi personatges crítics com Bartolomé de las Casas i Clotilde Cerdà", informa El Triangle.

Els esclavistes catalans i la seva herència reaccionària decorada per Gaudí

Joan Güell i Ferrer, primer comte de Güell: El comte és el personatge que encarna i exemplifica a la perfecció l'ascens triomfal d'una burgesia esclavista «feta a si mateixa», de qui el patrimoni inicial es va generar mitjançant el tràfic de carn humana esclava entre Guinea, Cartagena, Veneçuela i Cuba: En l'origen de les grans fortunes del patriciat barceloní sol haver un traficant d'esclaus. La saburra ve de lluny!

Tot i que el comerç d'esclaus havia estat prohibit a principis del segle XIX, Güell va seguir portant a Cuba negres forçats a l'esclavitud fins a la dècada dels vuitanta. Els seus interesos a l'illa caribenya eren tan forts, que durant les guerres d'independència cubanes va posar gratuïtament al servei del govern espanyol els vaixells que s'emprava en la tracta de negres, per tal de transportar-hi tropes per sufocar la revolta a l'illa.

1514: Una historia de conquistadores, caciques, terroristas de estado e intelectuales

Pedrarias Dávila, el Resucitado

Pedro Arias de Ávila o Pedrarias Dávila, era hermano del conde de Puñonrostro: “el gran justador”, “el galán”, “el gran cortesano”. Su abuelo era Diegarias, Diego de Arias, tesorero de Castilla con Enrique IV (H.Thomas), y un tío suyo fue obispo de Segovia. Nació hacia 1440, pero no es seguro. Casó con Isabel de Bobadilla, sobrina de Beatriz de Bobadilla, la gran amiga de Isabel la Católica, y tuvo con ella nueve hijos. Los Dávila gozaban del favor real y recibieron las rentas de las salinas de Duernas y más tarde otras en Andalucía. Dado por muerto, y a punto de ser enterrado, fue abrazado por un criado que descubrió que aun vivía y se le llamó “el Resucitado”. Celebraba todos los años el hecho con un requiem solemne, ataviado para su entierro y dentro de su ataúd. Nombrado gobernador de Castilla de Oro (antes Tierra Firme, hoy Venezuela y Colombia) en junio de 1513, por recomendación del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Su sueldo sería de 366.000 maravedís al año. Fue retenido en España durante 1513, mientras un comité trabajaba en el Requerimiento para mejorar el trato dado a los indios.

Pedrarias era ”un aristócrata viejo, duro y absolutamente ignorante del mundo en el que iba a actuar” (Tuñón de Lara). Murió el 6 de marzo de 1531 en León. Gonzalo Fernández de Oviedo dijo que debía ser el responsable de la muerte de, al menos, dos millones de indios.

Washington appelé à dédommager les descendants d'esclaves

Les États-Unis devraient dédommager les descendants d'esclaves noirs américains, estiment des experts de l'ONU qui déplorent que le pays n'ait pas encore réglé son passé marqué par le «terrorisme racial».

Iceta reta a los críticos de Sánchez a competir en primarias

El primer secretario del PSC pone Portugal y Barcelona como ejemplos de alianzas de izquierdas en las que los socialistas, sin ser partido mayoritario, pueden gobernar. Miquel Iceta cree que el PSOE se encuentra ante la alternativa de resignarse a mantener una "postura subordinada" o "hacer valer sus más de cinco millones de votantes". Teme que no se puedan evitar terceras elecciones. "Es lo más probable", ha dicho, pero "admiro que Pedro Sánchez no se resigne" y defienda la formación de un gobierno alternativo al del PP. El actual líder del PSC ha elogiado la actitud del secretario general del PSOE tras las elecciones vascas y gallegas. "¿Qué mejor manera hay de asumir responsabilidades que la de poner su futuro político en manos de los militantes?", ha reflexionado a modo de pregunta, y ha retado a que cualquier otro dirigente, "si considera que sus capacidades están por encima de las de Pedro Sánchez", se presente a las elecciones primarias. Sería "su obligación", ha insistido. Pedro Sánchez: "¿Por qué llaman reflexión a lo que es una abstención?".

Iceta cree que el Congreso del partido convocado por Sánchez es necesario, porque "no puede cerrar ningún acuerdo con otras fuerzas mientras siga abierto en el PSOE el debate" sobre si se debe pretender la formación de un gobierno alternativo. Cree que se debe intentar y que la "mayoría de militantes socialistas comparten la visión del Secretario General". "Nos hemos de acostumbrar" a la existencia de un "mapa de partidos diferentes del bipartidismo", ha dicho, y ha puesto como ejemplos los gobiernos de Portugal, en donde el Partido Socialista gobierna con el apoyo de otros dos partidos de izquierdas, Bloco y comunistas, y el Ajuntament de Barcelona, en el que su partido, el PSC, decidió gobernar junto con BComú, con Ada Colau como alcaldesa.

Iceta ya avisaba ayer que él apoyará la propuesta que haga Pedro Sánchez e instaba a buscar una alternativa a unas terceras elecciones o a permitir un Gobierno del PP. El líder del PSC admitía que el debate impulsado por los barones críticos al secretario general del PSOE es "extraño" y "no del todo transparente", por lo que animó a los que piensan que es mejor ir a unas terceras elecciones o a los que piensan que es mejor dejar gobernar a Rajoy, "a decirlo".

Pedro Sánchez: "¿Por qué llaman reflexión a lo que es una abstención?"

En un tono duro Pedro Sánchez insta a los críticos a poner "las cartas boca arriba" y decidir qué es lo que quieren hacer. El líder socialista cree que ante la "pluralidad de voces" en el PSOE, "ha llegado la hora de votar". Anuncia que no dimitirá aunque el Comité Federal le impida convocar el Congreso. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, mantiene firme su pulso a los barones del PSOE críticos con su gestión. En una entrevista en la cadena Ser, el líder de los socialistas no se ha mordido la lengua: con un tono duro, ha reconocido que hay "un debate interno" en el PSOE y ha emplazado a los barones a que se mojen, a que digan de una vez si apoyan abstenerse para facilitar un Gobierno del PP. "Oigo decir a dirigentes del PSOE que hay que abrir un período de reflexión. ¿Por qué llaman reflexión a lo que es una abstención?", se ha preguntado Sánchez, quien ha afirmado que en ningún momento ha pensado en dimitir por los malos resultados electorales en Galicia y Euskadi.

"No pensé en dimitir sino en asumir mi responsabilidad, que es convocar un congreso y convocar primarias", ha explicado en la entrevista con Pepa Bueno. El líder socialista ha mostrado su hartazgo con la situación actual: "En los últimos meses ha habido voces que han puesto en cuestión las decisiones del secretario general y que han trasladado a opinión pública que no hay autoridad en el PSOE. Yo asumo toda la responsabilidad y le digo a la militancia que ha llegado la hora de votar". Sánchez ha confirmado que tampoco dimitirá si el próximo sábado el Comité Federal no le autoriza a convocar el Congreso que tiene previsto celebrar en diciembre. Ha añadido que con la celebración del congreso, está asumiendo su "responsabilidad política" y ha emplazado a sus detractores a que si rechazan la asamblea, digan "qué propuesta tienen y qué solución dan".

El secretario general del PSOE ha sido muy claro en su planteamiento: "Hay un debate ideológico de fondo y se está llamando abstención técnica a facilitar un Gobierno de derechas. Para mi ésta no es una cuestión menor y creo que el PSOE tiene que abordarla de una vez por todas. Yo les digo a los socialistas que yo no quiero un Gobierno de Mariano Rajoy, que no quiero a un presidente que manda SMS a Bárcenas y que recorta derechos y libertades". Sánchez no quiere un Gobierno de Rajoy, pero tampoco quiere terceras elecciones, así que ha asumido que lo que debe hacer es intentar formar "un Gobierno de cambio". "El planteamiento que ofrezco es decir no a Rajoy y formar un gobierno alternativo. Como secretario general del PSOE no puedo aceptar que se me intente imponer una decisión que no comparto", ha dicho en relación a una posible abstención del PSOE.

El dirigente socialista ha dicho que para intentar ese Gobierno alternativo hablará con los nacionalistas catalanes, al tiempo que se ha preguntado "qué ofrecen para Catalunya" los dirigentes de su partido que censuran esa opción. "Nuestra hoja de ruta para Catalunya es clara. Hablaré con los nacionalistas decirles el planteamiento del PSOE y cada cual que decida". A su juicio, "lo no puede ser es que no se critique a Rajoy por pactar con los nacionalistas la Mesa del Congreso y aspirar a que Rajoy pacte con los nacionalistas, pero no dejar que el PSOE hable con ellos", informa Público.

Condenan a Miguel Ángel Flores a 4 años de cárcel por el Madrid Arena

La Audiencia Provincial de Madrid condena a cuatro años de prisión al promotor y principal acusado por la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores. En la sentencia del caso se absuelve a los responsables del equipo médico en la fiesta del Madrid Arena Simón Viñals y su hijo Carlos así como al exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. La Audiencia Provincial de Madrid notifica a todas las partes la sentencia del denominado caso Madrid Arena, cuatro años después de la tragedia en la que murieron cinco jóvenes. La Sala considera a Flores máximo responsable de la tragedia y le achaca que actuó intentando conseguir en todo momento el máximo beneficio económico, motivo por el cual le condena a cuatro años de prisión.

En la sentencia del caso, de 677 páginas, la Sección Séptima de la Audiencia absuelve a los responsables del equipo médico en la fiesta del Madrid Arena Simón Viñals y su hijo Carlos así como al exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. La Sala condena a Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 delitos de lesiones por imprudencia grave como "máximo responsable" de los hechos.

Al respecto, el tribunal destaca que una de las consecuencias de la avalancha mortal fue la "conducta gravemente imprudente de Miguel Ángel Flores, impropia de un empresario experimentado en este tipo de negocios" al que achaca que "actuó intentando conseguir en todo momento el máximo beneficio económico". Respecto a las causas de la tragedia, los magistrados consideran acreditado que la muerte de las cinco jóvenes se produjo por el sobreaforo que han cifrado en 16.600 personas, por el cierre de vomitorios y escaleras y por haberse derivado la entrada del público a través de las puertas de emergencia directamente a la pista, que ya se encontraba saturada por el sobreaforo.

Junto a Flores, el tribunal condena también a tres años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones al coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), Francisco del Amo, y al director general de la promotora del evento Diviertt, Santiago Rojo. También impone dos años, seis meses y un día de prisión para el jefe de personal y número 3 de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el socio mayoritario de la empresa de seguridad privada Kontrol 34, Carlos Manzanares.

Asimismo, los magistrados condenan a los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde por cinco delitos de homicidio por imprudencia menos grave, pero no les imponen pena de cárcel sino una multa de 3.600 euros a cada uno. Los magistrados consideran que todos los condenados "no solo no evitaron los riesgos sino que los crearon y los permitieron" y " con sus acciones y omisiones infringieron los deberes de cuidado que les competían como responsables del evento".

Al margen de los doctores Viñals y de Monteagudo, la Sala absuelve al director de departamento de seguridad de Madridec, Rafael Pastor; al responsable del control de cámaras del pabellón, Roberto Mateos; al socio minoritario de Kontrol 34, Emilio Beillard; al jefe de equipo de Seguriber durante la fiesta, Jose Antonio Díaz Romero; y al técnico de operaciones de Madridec, José Ruiz Ayuso. Con todo, el tribunal recuerda que la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días, informa La Sexta.

Les clàusules "confidencials" d'un polèmic projecte de Mercadona a Badalona

Habitat Iniciatives SL –en nom de Mercadona– i l'exregidor de CiU Pere Sió –en nom de Badalona Capaç– van acordar que el projecte i la direcció tècnica de les obres de dos supermercats a Badalona recaurien en un despatx d'arquitectes d'un familiar de Sió. La segona clàusula del "Contracte Privat de Promesa de Permuta" estableix qui serà el despatx d'arquitectes encarregat de les obres del supermercat planejat al Turó de l'Enric.

La cadena de supermercats Mercadona ha traçat un pla d'ampliació de la xarxa d'establiments a la ciutat de Badalona. Actualment n'hi ha cinc en funcionament, però l'empresari valencià Juan Roig ja ha aconseguit la llicència per a obrir una nova seu al barri de Pomar i pretén obrir-ne un parell més al Turó de l'Enric i al barri de Sant Roc. Les dues últimes actuacions es farien com a moneda de canvi de les obres de construcció de la nova seu d'una emblemàtica entitat badalonina, la Fundació Badalona Capaç, que actualment duu a terme la seva activitat d'inserció laboral de 240 persones amb discapacitat psíquica a l'edifici dels antics laboratoris de l'empresa química Cros, al barri de Sant Roc. Les intencions de l'empresa Mercadona, però, topen amb l'oposició del veïnat dels barris de Morera i Bufalà, així com del teixit comercial del municipi

L'operació consistiria en què l'actual seu de Badalona Capaç al carrer Juli Galve del barri de Sant Roc passés a mans de Mercadona i, a canvi, la promotora Habitat Iniciatives SL –que ha assumit el desenvolupament del projecte en nom de Mercadona–, s'encarregaria d'edificar 3.870 metres quadrats destinats als usos d'aquesta fundació sense ànim de lucre a la planta superior d'un altre establiment Mercadona al Turó de l'Enric, un paratge natural reivindicat pel veïnat i per entitats ecologistes.

L'Associació de Veïns de Bufalà i la plataforma Salvem el Turó de l'Enric han convocat, des del passat mes de juny, dues jornades al solar afectat i en reclamen la preservació com a corredor ecològic entre la serra de Marina i les platges de la localitat. L'actual equip de govern de l'Ajuntament de Badalona ha posat sobre la taula una alternativa per a dotar de noves instal·lacions a la Fundació Badalona Capaç. El pla de l'alcaldessa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) passaria per la rehabilitació integral a càrrec del consistori de l'antiga fàbrica Mobba, parcialment en desús i de titularitat municipal.

Aquest pla B, que suposaria una superfície aprofitable de 4.000 metres quadrats, deixaria fora de joc a Mercadona, que no tindria possibilitat de participar de l'operació de permuta i perdria l'opció de construir els dos nous supermercats. Sorprenentment, però, la Fundació Badalona Capaç ha rebutjat qualsevol alternativa i defensa a capa i espasa –amb el suport del PP, CiU i ERC– que l'única opció que contemplen és l'aliança amb Mercadona. El contracte privat entre Pere Sió Puig i la promotora de Mercadona estableix que el projecte d'obres del supermercat previst al barri de Sant Roc també el realitzaria el despatx del cosí-germà de Sió

Segons documentació "confidencial" a la que ha tingut accés la Directa, dos contractes privats signats l'any 2013 podrien explicar la negativa a modificar l'acord i, alhora, destapen l'existència d'una clàusula que estableix que, si l'operació arribés a bon terme, el projecte i la direcció tècnica de les obres dels dos nous supermercats s'encarregarien al despatx Ponsirenas & Puig i Associats, administrat pel cosí-germà de Pere Sió Puig i on hi treballa la seva filla Anna Sió.

El contingut dels contractes

El 2 de juliol de 2013 Pere Sió Puig, exregidor de CiU a l'Ajuntament de Badalona i coordinador d'Alcaldia durant el govern tripartit de PSC, CiU, ERC va signar en nom i representació de la Fundació Badalona Treball pels Disminuïts (denominació jurídica de Badalona Capaç) un document amb l'encapçalament "Contracte privat de promesa de permuta de finca per obra que es construeixi", la contrapart era Juan Carlos Sancho, apoderat de l'empresa Habitat Iniciatives SL, la promotora urbanística que actua en nom de Mercadona. En el tercer punt del text les dues parts acorden que el projecte i la direcció tècnica de les obres del nou edifici d'un operador comercial amb aparcament al carrer Juli Galve del barri de Sant Roc les "durà a terme el despatx d'arquitectes Ponsirenas & Puig i Associats".

A la clàusula segona del document s'imposa la mateixa condició en relació a la seu de Mercadona del Turó de l'Enric. Segons consta al registre mercantil, el 50% accionarial d'aquesta societat d'arquitectes és de Josep Puig Sió, cosí-germà de Pere Sió, actual director de la Fundació Badalona Capaç. A més, una de les arquitectes associades al despatx –des de fa 24 anys– és la filla del director de la fundació, Anna Sió Traidé, segons consta al web de l'empresa i al seu perfil professional. En un annex del contracte privat també es detallen les característiques tècniques de la nova seu de la fundació i els requeriments de mobiliari, valorats en 386.232 euros.

Una setmana més tard, el 8 de juliol de 2013, els sis propietaris dels terrenys del Turó de l'Enric –on s'ubicaria el Mercadona i la nova seu de la Fundació Badalona Capaç– i Juan Carlos Sancho, apoderat d'Habitat Iniciatives SL, van signar un altre document anomenat "Contracte Privat de Compravenda". Aquest document inclou una clàusula de privacitat on "les parts es comprometen a mantenir el present contracte confidencial i no publicitar-lo". En el text es detalla que el projecte necessitaria de tres parcel·les, una de 5.748 metres quadrats a nom de l'empresa Fivevif SL, i dues més petites –de 699 i 542 metres quadrats– a nom de les famílies Arqué Canalias, Bel Arqué i Elie Mateu.

Un dels beneficiaris de l'acord és Jacint Bel Arqué, militant d'ERC i responsable de la Federació Comarcal del Garraf, a qui correspondrien –segons el contracte confidencial– 41.666 euros pel seu troç de parcel·la. Els seus germans Joan i Remei rebrien la mateixa quantitat, i la seva mare, Lourdes Arqué, rebria 125.000 euros. El gruix de la partida aniria a parar a Fivevif SL, que rebria 2.056.000 euros. Com a mostra de bona voluntat en l'acord, l'empresa Habitat Iniciatives SL hauria abonat –i així consta per escrit– en el moment de la signatura del contracte privat 1666 euros a cadascun dels germans Bel Arqué i 3621 euros a la seva mare.

70.000 euros també "confidencials"


Malgrat que la carambola urbanística feia anys que corria boca-orella al municipi, no va ser fins a l'arribada de Xavier García-Albiol (PP), l'any 2011, quan la voluntat municipal per a tirar-lo endavant va iniciar el camí fins a quedar negre sobre blanc. El 27 d'abril de 2015, quan faltaven poques setmanes perquè Garcia-Albiol perdés l'alcaldia de Badalona, en una sessió ordinària del Ple es va aprovar la modificació puntual del Pla General Metropolità en relació als terrenys del Turó de l'Enric, una actuació necessària per a requalificar els terrenys, dotar-los d'ús comercial i permetre així la instal·lació d'un gran supermercat. L'acord va rebre el vot favorable del PP, CiU i ICV-EUiA, i l'abstenció del PSC.

Es dóna la circumstància que, un any abans –segons va destapar la Televisió de Badalona el passat 13 de setembre–, Mercadona va fer una donació de 70.000 euros al consistori badaloní. Els diners havien de servir "pel foment del comerç local" i el contracte comptava amb una clàusula de confidencialitat. Ambdues parts van sotasignar no fer públic "el contingut del present conveni, excepte si vénen obligades per llei". L'actual equip de govern, un cop revisada la comptabilitat d'aleshores, ha determinat que 37.000 euros d'aquella donació van anar a parar a una partida de llums de Nadal i la resta a superàvit de les arques municipals.

L'any 2012, i en el mateix capítol de donacions, l'empresa Mercadona va fer una aportació desinteressada de 50.000 euros a la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), presidida per l'ex president del Govern espanyol Jose María Aznar. Ho va reconèixer Juan Roig el 3 de febrer de 2014 davant del jutge Pablo Ruz, durant la declaració en qualitat de testimoni en el marc de la causa que investiga la presumpta comptabilitat B del Partit Popular, més coneguda com a cas Bárcenas, informa Directa.cat.

Pere Sió Puig: el chollo sociovergente badalonés

El Congreso decide hoy si los amnistiados fiscales tributan al 10% y no al 3%

Ciudadanos defenderá este martes en el primer Pleno ordinario del Congreso de la XII Legislatura una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a que obligue a tributar a los beneficiados por la amnistía fiscal un 10% por las cantidades afloradas a raíz de esa regularización y no un 3%. Así, la iniciativa de la formación naranja emplaza a anular las recomendaciones de la Dirección General de Tributos, que en junio de 2012 suavizaba en un informe las condiciones de tributación, provocando que el tipo efectivo, fijado en un 10% por la propia ley de la amnistía, pasara al 3%. Asimismo, Ciudadanos pide que antes del 30 de noviembre se inicien las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la amnistía y garantizar así que tributen el dinero regularizado al correspondiente 10%.

En el citado informe de la Dirección General de Tributos se señalaba que las declaraciones presentadas por las personas acogidas a la amnistía "no eran comprobables", algo contrario a la normativa fiscal, según recuerda la formación naranja. El acuerdo alcanzado por Ciudadanos y el PP para la investidura de Mariano Rajoy preveía una revisión para garantizar que la regularización de dinero tributara al 10%.

El referéndum separa a PDC y CUP y tensa el soberanismo

A las puertas del inicio, con el debate de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont, de la que para muchos ha de ser la fase decisiva del proyecto soberanista, las posiciones de las formaciones independentistas sobre la culminación del proceso continúan distantes. En esta ocasión a cuenta de los tiempos con que debería administrarse la celebración de un eventual referéndum, en relación a los que sobre todo la antigua CDC –el Partit Demòcrata Català (PDC) en espera de la resolución del contencioso sobre el nombre– y la CUP mantienen posturas alejadas. El PDC considera que la posible inclusión del referéndum en la hoja de ruta surgida del 27-S no tiene que decidirse hasta después de que se haya superado, primero, la cuestión de confianza y se hayan aprobado, después, los presupuestos de la Generalitat del 2017. De hecho, el partido no tiene prisa por pronunciarse sobre una cuestión en la que internamente no tiene fijada una posición unánime y el Govern del que forma parte, junto a ERC, se ha dado de plazo hasta el próximo verano, al límite de los dieciocho meses, para acordar si culmina el proceso con un referéndum o con las elecciones constituyentes que hoy por hoy prevé la hoja de ruta.

Es decir, el PDC prioriza claramente los presupuestos al referéndum, y por esta razón su coordinadora general, Marta Pascal (foto), insistió ayer en reclamar “unidad, responsabilidad y lealtad” a la CUP para que respalde no sólo la cuestión de confianza, sino también las cuentas del 2017, y no las supedite a la aceptación del referéndum. “Pedimos sentido de país y altura de miras tanto para no modificar el mandato del 27-S como para entender que los presupuestos son fundamentales para ejecutar la hoja de ruta”, remarcó la número tres del PDC después de que la dirección ejecutiva del partido se reuniera con el presidente de la Generalitat para conocer de primera mano su planteamiento para el debate de la cuestión de confianza que se desarrolla mañana y el jueves en el Parlament. Un planteamiento que, antes de que empiece, expondrá igualmente al conjunto de los diputados de Junts pel Sí.

Para la CUP, en cambio, lo primero no son los presupuestos, sino el referéndum. Y Mireia Boya lo dejó claro en un tuit de respuesta a Marta Pascal, en el que estableció de forma diáfana que el orden de sus prioridades es primero apoyar la cuestión de confianza –“por avanzado y todo”–, segundo concretar el referéndum en el debate de política general que se celebra el 5 y 6 de octubre también en el Parlament –“lo quiere mucha gente”– y tercero los presupuestos. Éste es, según la diputada de la CUP, el “orden lógico”, por lo que pide al PDC que “no hagáis trampa”. En realidad, los cuperos ya han asegurado en diferentes ocasiones que precisamente un compromiso público por parte de Carles Puigdemont con el referéndum facilitaría “enormemente” la tramitación de los presupuestos. “El orden de los factores sí altera el producto. Primero, la consulta y luego las cuentas”, insisten desde las filas anticapitalistas.

Quien también ve con buenos ojos el referéndum es ERC. El socio de gobierno del PDC se mostró esperanzado en que, tras el discurso del presidente de la Generalitat en la cuestión de confianza, el independentismo salga con una hoja de ruta “mejorada” y con más “certezas”, en palabras del portavoz del partido, Sergi Sabrià. E incluso los republicanos ya prefieren evitar el término “unilateral”, como también hace la antigua CDC, para evitar tensiones. Hace semanas que el departamento de Economia que lidera Oriol Junqueras negocia las cuentas con la CUP y tiene asumido que si en el debate de política general el referéndum está definido, será relativamente fácil acordar los presupuestos.

En este contexto, el portavoz de ERC se mostró confiado en que el acuerdo que permitirá superar la cuestión de confianza se traslade a los presupuestos, advirtiendo, no obstante, que “entremedio tenemos un debate de política general del cual deben salir propuestas claras sobre la hoja de ruta”, informa La Vanguardia.

Las ataduras fiscales que aguardan al próximo presidente de EE.UU.

Donald Trump y Hillary Clinton han prometido obras y reformas financiadas con gasto del gobierno. Pero no han notado algo clave: sin importar quien gane en noviembre, el próximo mandatario de Estados Unidos tendrá mucho menos margen para gastar dinero o recortar impuestos que cualquiera de sus antecesores desde la Segunda Guerra Mundial. El último líder que llegó a la Casa Blanca con una deuda más alta como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue Harry Truman. Y por primera vez en décadas, el nuevo presidente enfrentará la perspectiva de una ampliación del déficit, pese al crecimiento de la economía. “El próximo presidente, sin duda, va a estar muy limitado”, dijo el miembro de la Cámara de Representantes Charlie Dent, un republicano que integra el comité de apropiaciones y no ha apoyado formalmente a ningún candidato.

El nuevo mandatario podría tratar de imponer su programa, cueste lo que cueste. Pero Clinton, en especial, probablemente será contenida por el control de al menos una cámara del Congreso por parte de la oposición. Y eso no tiene en cuenta lo que sucedería si Estados Unidos entra en otra recesión, en la cual una caída en los ingresos elevaría el déficit. En ese escenario, la Reserva Federal y otros bancos centrales tendrían menos margen para responder si las tasas de interés se mantienen cerca de los niveles ultrabajos actuales. Debido a esta erosión del “arsenal de políticas” disponibles en materia monetaria, “el peso de cualquier respuesta Keynesiana clásica tendría que recaer en el lado fiscal, razón por la cual son más preocupantes los límites políticos al margen de maniobra”, dijo Timothy Geithner, ex Secretario del Tesoro.

Las ataduras fiscales son cada vez más palpables. El gasto en programas discrecionales, es decir aquellos que los legisladores financian directamente todos los años, está siendo abrumado por los gastos de los que se conoce como programas sociales, incluyendo Medicare y la Seguridad Social. Cerca de dos tercios de todos los gastos, incluyendo los pagos de intereses de la deuda nacional, está en la segunda categoría, en comparación con cerca de la mitad en la década de los 80. Sólo un tercio del gasto es fijado por el Congreso y la Casa Blanca a través de las leyes de gasto anuales.

Para 2022 casi cada dólar de ingresos que reciba EE.UU. ya habrá sido destinado a algo antes que el Congreso se pronuncie al respecto, según un análisis de Eugene Steuerle del centro de estudios Urban Institute. Puesto una porción cada vez mayor de los gastos federales está en piloto automático, no hay “casi discreción o flexibilidad para actuar y enfrentar nuevos retos sin tener que incumplir promesas del pasado al público”, dijo Steuerle, funcionario del Tesoro durante el gobierno de Ronald Reagan. Si no se abordan estos desafíos el próximo presidente será “impotente durante buena parte de su mandato debido a que no tendrá margen para hacer nada”, agregó.

Anteriores presidentes republicanos se han beneficiado de la tolerancia de los legisladores de su partido dispuestos a pasar por alto un déficit fiscal si se hacen recortes de impuestos. Trump ha abogado por un paquete de recortes impositivos que reduciría los ingresos del estado en 10% a lo largo de una década, pero promueve grandes aumentos del gasto en infraestructura, salud para los veteranos de guerra y defensa. También prometió no realizar cambios a los sistemas de seguridad social (pensiones) y Medicare (salud), los mayores motores del gasto en las próximas décadas.

Los asesores de Trump dicen que estimular el crecimiento está por encima de equilibrar el presupuesto. “Al igual que Ronald Reagan, el déficit quizás no es la prioridad de Trump”, dijo Lawrence Kudlow, un economista que trabajó como funcionario de presupuesto en el gobierno Reagan y que ha estado asesorando a Trump. Del lado de los demócratas, las propuestas de Clinton reconocen implícitamente los obstáculos presupuestarios al incluir incrementos de ingresos que compensan buena parte de los nuevos gastos. Estos ingresos evitan un aumento del déficit, pero enfrentan más obstáculos para ser políticamente viables. Clinton ha prometido un programa de infraestructura de US$275.000 millones en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, un paquete casi igual a una reautorización de financiación de autopistas que el Congreso aprobó el año pasado. También propuso recortar marcadamente los costos de cuidado de niños y de la educación universitaria al incrementar el gasto y ofrecer exenciones tributarias.

El nuevo mandatario podría tener algo a su favor: los mercados sugieren que las tasas de interés seguirán siendo bajas durante mucho más tiempo de lo que la mayoría imaginaba hace unos años, una consecuencia de la desaceleración del crecimiento global. Como resultado, el costo de pagar la deuda nacional ha caído a su nivel más bajo en casi 50 años como porcentaje del PIB, pese a que el total de la deuda como porcentaje del PIB se ha doblado desde antes de la recesión de 2007-2009 y ronda 75%. Algunos dicen que el próximo presidente debería considerar esto como una oportunidad. “Tenemos una ventana, cortesía de los bancos centrales del mundo, para endeudarnos a tasas muy bajas”, dijo Jim Millstein, un ex funcionario del Tesoro del gobierno de Barack Obama quien trabaja en una propuesta de un banco de infraestructura. En momentos en que las tasas bajas disuaden a las firmas privadas de invertir, “tendremos que usar capital público”, observó.

Doug Elmendorf, quien dirigió la Oficina de Presupuesto del Congreso entre 2009 y 2015, advirtió en reiteradas ocasiones sobre los estragos que los déficits descontrolados podían causar en la economía. Ahora, no obstante, es partidario de que el próximo presidente tolere mayores déficits de corto plazo con el fin de estimular la inversión pública en infraestructura y educación. “Cambié de parecer porque las tasas de interés han caído tanto”, reconoció.

Los defensores de un estímulo fiscal aseguran que no todos los gastos deben ser tratados de la misma manera. No apoyan gastar más dinero en programas de prestaciones sociales, por ejemplo, que aumentan el gasto fiscal en forma permanente. Otros dicen que las razones para justificar un estímulo fiscal no son tan convincentes. “Si los programas de estímulo con gastos a corto plazo fueran la fórmula para el crecimiento económico, estaríamos estudiando el milagro económico japonés de los últimos 20 años, el cual nunca ocurrió”, dijo Andy Laperriere, estratega político de Cornerstone Macro, quien se desempeñó como asesor del ex presidente de la Cámara de Representantes Dick Armey, en la década de los 90, informa The Wall Street Journal.

Los proabortistas que irrumpieron en misa rechazan retractarse ante el Obispo

Los cinco jóvenes que hace dos años interrumpieron una misa gritando proclamas a favor del derecho al aborto no se retractan. Acudieron ayer a la reunión a la que les convocó el Obispo, Sebastià Taltavull, quien les pidió que reconociesen que su protesta fue "una acción no adecuada". No lo admitieron y defendieron "la legitimidad" de su proceder. "Fue una acción consciente y con un significado ideológico, político y reivindicativo, no nos vamos a retractar", indicó Sonia Domenech, portavoz del grupo. El próximo jueves empezará el juicio en la Audiencia. Los hechos sucedieron el 9 de febrero de 2014 en la parroquia de Sant Miquel de Palma. Un grupo de jóvenes irrumpió durante la misa gritando a favor del derecho al aborto y con una pancarta que rezaba "Fuera rosarios de nuestros ovarios, aborto libre y gratuito". La fiscalía pide que los seis activistas sean condenados a un año y medio de prisión por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. El Obispado, como acusación particular y dado que ayer no se logró llegar a ningún acuerdo, reclama cuatro años de cárcel para cada uno.

Sonia Domenech es una de las encausadas y habló ayer como representante del grupo, resaltando que no quieren retractarse al entender que defender el derecho al aborto no es cometer un delito. No obstante, señaló que no dan por cerrada la puerta al diálogo con la institución diocesana y apuntó que aún hay cierto margen de cosas que podrían hablarse, aunque es algo que aún tienen que valorar entre ellos.

En este sentido, admitió que sí entienden que alguna de las personas presentes se sintieran ofendidas pero insistió en que la acción iba dirigida contra la Iglesia como institución: "Entendemos que para las personas que estaban allí pudo haber un sufrimiento, no era nuestra intención herir sus sentimientos, la acción iba dirigida contra la Iglesia como institución y como agente social y político que tiene un peso importante a la hora de dictar ciertas normas que afectan a los derechos de las mujeres", declaró, "nuestro objetivo no era herir sus sentimientos ni agredirlos ni nada por el estilo, nuestras intenciones eran políticas".

¿Volverían a hacerlo? Domenech no supo qué contestar a esta pregunta y razonó que aquella intervención tuvo lugar en un momento muy concreto: cuando el entonces ministro del PP, Alberto Ruiz Gallardón, planteaba la reforma de la ley del aborto. Expuso que "aún queda mucho camino por recorrer" en la defensa del derecho a decidir de las mujeres "sobre su propio cuerpo, su sexualidad y salud reproductiva" y que ellos continuarán en esa lucha.

El abogado del grupo de acusados, Josep de Luis, indicó que no ha habido ningún contacto con la Fiscalía para alcanzar algún tipo de acuerdo. Por parte del Obispado, ningún representante hizo declaraciones al finalizar el encuentro, que en palabras de los feministas se mantuvo en unos términos de "cordiales", aunque también de "desigualdad". Además de Taltavull, estuvieron presentes en la reunión el vicario general, Antoni Vera ; el provicario general, Nadal Bernat; y el abogado Miquel Arbona.

El juicio empieza el jueves y los acusado no cuentan con que antes haya una nueva reunión con el Obispado y continúan con su campaña para recabar apoyos. De momento, ya han recibido 3.000 euros en donaciones en la cuenta que abrieron para recibir contribuciones económicas. Mañana a las 19.30 horas hay convocada una manifestación en la plaza de la Porta Pintada de Palma a favor de los acusados. También se pide a los simpatizantes con la causa que estén el jueves a las 9.30 horas frente a la Audiencia de Palma, donde tendrá lugar el juicio.

PP, Podemos e IU acusan a Susana Díaz de complicidad en el fraude andaluz

Todos los partidos de la oposición, excepto Ciudadanos que apoya al Gobierno andaluz del PSOE, han señalado este lunes a la presidenta Susana Díaz como una de las máximas responsables políticas del fraude de ayudas públicas para cursos de formación a parados. Podemos e IU la acusan de “negligencia” por haber paralizado las ayudas cuando saltó el escándalo en los juzgados, privando de formación para el empleo al millón de parados andaluces. Los populares van más allá y denuncian que Díaz maniobró para perjudicar la investigación parlamentaria sobre el caso y colaboró en el “caos” administrativo que hizo posible el supuesto fraude. Así consta en los escritos que PP, Podemos e IU han registrado este lunes en el Parlamento andaluz, como parte de sus conclusiones en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude. Con esta maniobra individual (los partidos no se han puesto de acuerdo, aunque sus conclusiones coincidan), la oposición intenta neutralizar las aspiraciones políticas de Susana Díaz, vinculándola al segundo mayor litigio judicial y político que amenaza al Gobierno socialista en Andalucía, después de la trama de los ERE fraudulentos.

En el caso de la formación, se investiga si hubo menoscabo de fondos públicos por parte de la Junta o de las empresas adjudicatarias que recibieron las subvenciones para organizar e impartir los cursos a parados. La jueza Mercedes Alaya, que inició la investigación en 2012 (ahora está fragmentada en 18 juzgados andaluces) puso bajo sospecha una partida de 3.015 millones de euros en ayudas (la mayoría proveniente de fondos europeos) que el Gobierno andaluz repartió entre 2002 y 2012.

El partido naranja exime a Díaz de toda responsabilidad, pero sí culpabiliza a sus antecesores, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también encausados por el fraude de los ERE irregulares. Las conclusiones de los grupos abren ahora un cisma entre el PSOE y la formación naranja, porque todos los grupos, excepto los socialistas (que eluden señalar ninguna responsabilidad política por lo ocurrido) coinciden en que la comisión parlamentaria ha evidenciado que Chaves y Griñán son los responsables políticos de la pérdida millonaria en ayudas a la formación que, al parecer, se usaron para unos fines distintos a los que estaban destinados.

Ahora el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), tiene la difícil tarea de redactar una propuesta de dictamen síntesis que trate de poner en común la visión de los cinco grupos políticos. Luego ese dictamen será debatido y votado en un pleno del Parlamento, donde necesitará de mayoría absoluta para salir adelante. El precedente más cercano es la comisión que trató, sin éxito, de depurar la responsabilidades políticas en el fraude de los ERE. Entonces, los grupos no lograron ponerse de acuerdo en el dictamen definitivo, cuya redacción final obvió cualquier tipo de responsabilidad política por parte de miembros y exmiembros del Gobierno andaluz.

En el caso del fraude de la formación, aunque la oposición coincide en señalar la responsabilidad de Díaz, Chaves y Griñán, no todos los grupos hacen el mismo relato: el PP habla directamente de un delito de menoscabo de fondos públicos en el que Chaves y Griñán estarían implicados directamente, lo que implicaría derivar las conclusiones de la comisión a la Fiscalía. Los populares cifran el perjuicio económico para las arcas andaluzas en 1.970 millones de euros, y señalan a Díaz como responsable por haber paralizado los cursos de formación (en esto coinciden con Podemos e IU), pero también por “falta de colaboración” con la comisión de investigación, “ocultar información fundamental” para conocer el fraude o haber trasladado las competencias sobre los fondos de formación de la Consejería de Educación a la de Empleo, “a sabiendas del caos organizativo que añadía”. El PP culpabiliza a 35 miembros o exmiembros del Gobierno andaluz, incluida la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que ni siquiera fue llamada a declarar ante la comisión (su nombre suena como posible sustituta de Díaz).

800 millones de pérdidas en fondos para la formación

Ciudadanos, Podemos e IU sostienen que los expresidentes Chaves y Griñán son responsables por no haber vigilado el sistema de concesión de ayudas durante sus mandatos. Tanto la formación morada como la coalición de izquierdas apuntan, en primer lugar, a los sucesivos responsables de la Consejería de Empleo y el SAE por el “descontrol” en las ayudas para formación a parados, culpabilizan a los expresidentes y acusan a Susana Díaz de “negligencia” por haber dejado paralizadas las ayudas durante tres años. Podemos sostiene que Díaz hizo perder a Andalucía 800 millones en fondos para la formación “sin aportar informes que justificaran una decisión de tal relevancia para un millón de personas desempleadas en Andalucía”. En el caso de Chaves y Griñán, les acusa de ser “conocedores de la pésima gestión de la formación y de facilitar la consolidación de un modelo de concesión de subvenciones no sujeto a criterios racionales ni objetivos”, lo que, en consecuencia, propició “el crecimiento de redes clientelares y ánimo de lucro en torno a la actividad formativa”.

Susana Díaz no está imputada en el proceso judicial que investiga el caso en los juzgados y ni siquiera era miembro del Ejecutivo andaluz durante el periodo en el que se concedieron las ayudas bajo sospecha (2002-2012). Sin embargo, entró en el gabinete de José Antonio Griñán en 2012, al poco de que estallara el escándalo y de que el entonces presidente paralizara las subvenciones a la formación para el empleo hasta haber aclarado qué ocurría con esas ayudas. Tras la dimisión de Griñán, Díaz asumió la presidencia y mantuvo esa decisión, de modo que los fondos para cursos de formación a parados han estado bloqueados casi cinco años, hasta hace dos meses, cuando se reactivaron las ayudas con una nueva convocatoria pública.

En sus conclusiones, el PSOE niega que existiera una “trama” para la concesión de las ayudas de formación y exime de responsabilidad política a todos los cargos de la Junta, a funcionarios e interventores. De hecho, recuerda que estos últimos rechazaron que hubiera menoscabo de fondos cuando comparecieron ante la comisión, y redujeron los desvíos contables a meras “irregularidades administrativas”. La Junta espera que el juzgado principal que ha centralizado todas las investigaciones sobre el caso de los cursos de formación, y que dirige el juez Álvaro Martín, archive la pieza política en los próximos días. En los últimos tres meses, los juzgados de Jaén, Almería, Málaga y Granada han archivado estos asuntos. De confirmarse esto, terminaría así el recorrido penal del caso de la formación, que sería derivado a un juzgado contencioso administrativo, informa Público.

El PP pide la absolución en base a la 'doctrina Botín'

La renuncia de Luis Bárcenas el 13 de septiembre a ejercer la acusación particular en el caso del borrado de la información de sus ordenadores por parte del PP desató una ola de sospechas sobre qué escondía tan sorpresiva decisión. Ocho días después, la representación legal del partido firmó un escrito en el que pide a la jueza Rosa María Freire que no siga adelante con la causa que le ha convertido en la primera formación procesada en la historia de España. El argumento: sin acusación particular, ni de la Fiscalía puede haber caso. O lo que es lo mismo, el PP reclama que se le aplique la ‘doctrina Botín’. “Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alega el PP en su escrito.

El Partido Popular está procesado por un delito de daños informáticos. Los otros tres imputados –su tesorera, el director del gabinete jurídico y el jefe de informática- lo están, además, por uno de encubrimiento. La ley impide atribuir a una persona jurídica, en este caso el PP, esta segunda figura delictiva. Ahora, la representación legal del partido, que también defiende a su tesorera, Carmen Navarro, pide para ambos la aplicación de la doctrina instaurada por el Tribunal Supremo el 17 de diciembre de 2007 y que salvó del banquillo al que fuera presidente del Banco de Santander, que terminó por darle nombre.

El PP recurre a la citada jurisprudencia para defender que sólo con la acusación popular no se puede sentar a alguien en el banquillo. Fue el mismo argumento de la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos y que, sin embargo, el tribunal rechazó aplicar. En aquel caso, la Audiencia de Palma entendió que el delito fiscal que se atribuye a Cristina de Borbón tiene como perjudicado a toda la sociedad y que, por tanto, no influye que ni el fiscal ni la Agencia Tributaria evitaran acusar a la hermana del rey.

Los abogados del Partido Popular defienden en su caso que el delito de daños informáticos tiene carácter privado, esto es, cuenta con un perjudicado. En este caso, sería Luis Bárcenas. Y éste ya no ejerce la acusación. Las organizaciones que integran la acusación popular recalcan que ese delito se cometió presuntamente en concurso medial, esto es, con el objeto de consumar otro delito, el de encubrimiento. Y según esta tesis, el encubrimiento se comete contra la Administración de Justicia, por lo que la acción popular está legitimada para dirigir en solitario una acusación contra el presunto autor.

El PP tiene a su disposición en esta causa varios abogados de prestigio que están inundando a la jueza Freire de recursos, incluidos los que tienen por objeto apartarla de la causa por una supuesta proximidad con el PSOE. La formación de Rajoy ya ha presentado dos recusaciones contra Freire. La primera fue inadmitida a trámite por la propia jueza, motivo de otro de los recursos presentados por el PP.

En un nuevo escrito intentan argumentar que Freire no tiene legitimidad para decidir sobre su propia recusación. “Los actos judiciales son nulos de pleno derecho cuando en ellos concurre un defecto insubsanable y comprendido en alguno de los supuesos contenidos en el artíuclo 238 LOPJ como es el caso de la resolución recurrida”, dice el texto. Por otra parte, el PP aprovechó el auto en el que Freire negaba la admisión a trámite de su recusación para alegar ser víctima de una acusación de machismo que contra él habría proferido la jueza. Así, presentó una segunda recusación, todavía pendiente de resolver por la magistrada instructora. Asimismo, el PP se ha sumado a diferentes recursos del resto de imputados.

Todos los frentes del PP para salvarse

En el caso de que el PP lograra apartar a Freire recaerían importantes decisiones sobre su futuro judicial en otra magistrada, Carmen Valcarce, que mantiene empantanada desde hace siete años la causa del espionaje en el seno del partido en Madrid. Es la misma jueza que mostró en público en los pasillos del juzgado su devoción por el que fuera hombre fuerte del PP madrileño, hoy en prision, Francisco Granados.

A pesar de la amplia estrategia del PP, la jueza Freire sigue adelante. En un auto de cinco folios, al que ha tenido acceso eldiario.es, la titular del juzgado número 32 desestima los argumentos de la defensa en su recurso contra el auto de procesamiento y pide al PP que los exponga cuando llegue el juicio. El Partido Popular había alegado en su recurso que el portátil con el que trabajaba Bárcenas "no contenía información" y que el pen drive que aportó al juzgado el extesorero podría estar manipulado. También defendió que el borrado de los ordenadores forma parte de un procedimiento "normal y habitual en estos casos" dentro del partido.

La jueza admite en primer lugar que no puede procesar al Partido Popular, una persona jurídica, por la destrucción de pruebas, pero mantiene que debe ser juzgado por los daños informáticos. El auto recuerda que existen "indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas, por cuanto todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal , entre otros delitos", informa eldiario.es.