dijous, 14 d’abril de 2016

Huelga de estudiantes contra la LOMCE nazicatólica: “Un bote, dos botes, Rivera el que no bote”

El Sindicato de Estudiantes ha continuado este jueves con su segunda jornada de huelga para todos los alumnos universitarios y de enseñanzas medias —ESO, Bachillerato y Formación Profesional— para exigir la "inmediata derogación" de la Lomce y del llamado decreto 3+2. Más de un centenar de manifestaciones en toda España han recorrido las calles portando pancartas de descontento. En Madrid, donde la protesta ha empezado en Atocha a las 12.00 y ha terminado en la Puerta del Sol, miles de estudiantes han marchado por el centro de la capital. "Un bote, dos botes, Rivera el que no bote", han coreado, entre otras consignas, los alumnos. En Barcelona, al grito de "Sí, hay dinero, pero lo tienen los banqueros", un millar de personas —según los organizadores— han recorrido el centro de la ciudad. La protesta ha finalizado en la plaza de Sant Jaume, donde se ha leído un manifiesto. También ha habido concentraciones en Lleida, Tarragona y Girona.

En Valencia, unos 400 estudiantes se han manifestado en una marcha que ha ido creciendo en número a lo largo de su recorrido y que ha ido desde la zona universitaria de la avenida de Blasco Ibáñez hasta la plaza del Ayuntamiento.

La media de la participación de la huelga en Andalucía en Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP ha sido del 77,38%, según la información facilitada por la Consejería de Educación. "Ha sido un rotundo éxito. Ha quedado muy claro nuestro rechazo total a las reformas de Wert y con esto pedimos que se derogue la Lomce por completo", ha declarado Ainhoa Serrano, responsable del Sindicato de Estudiantes en Andalucía oriental. "Las manifestaciones han tenido también un seguimiento masivo, en Granada han respaldado la protesta más de 3.000 personas y en Málaga 2.000", asegura la coordinadora.

La manifestación no ha contado en Madrid con la presencia de ningún dirigente político ni de los representantes de los sindicatos docentes, aunque Podemos e IU han respaldado la protesta. Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, ha asegurado que el acuerdo para formar gobierno entre Ciudadanos y el PSOE es "un pacto de la vergüenza que solo representa al Ibex35". Junto a nuevas consignas, los alumnos han coreado otras como: "¿Dónde están, no se ven, los niñatos del PP?".

Óscar C., de 16 años y estudiante de cuarto de ESO, ha venido a la capital desde Cuatro Vientos para apoyar la huelga: "La Lomce solo sirve para los que tienen dinero. Yo saco sobresalientes y ni siquiera sé si voy a poder ir a la Universidad. No podemos permitir que nos quiten la enseñanza". Comparte esta opinión Iris C., qué querría estudiar un doctorado en Humanidades, pero no encuentra una beca. Aparte de por su situación, secunda la huelga porque, tal y como afirma, con el decreto 3+2 la educación se va a encarecer. "Se va a generar una brecha entre los que tengan un grado o un máster y, además, todo a precio de oro", cuenta.

Algunos de los manifestantes también han acudido a la marcha por la introducción de las reválidas en varios de los cursos. Bárbara P., de 21 años y estudiante de Bellas Artes, explica que todas las medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular han sido "elitistas". "Falta examinar la forma en que queremos educar. No puede ser que lo que antes se aprendía en cinco años, ahora haya que hacerlo en tres", lamenta.

A diferencia de otras manifestaciones, la marcha de Madrid estaba partida en dos. Delante, un primer grupo era el de los convocados por el Sindicato de Estudiantes. En un segundo bloque, separado por por unos 200 metros y por cinco furgonetas de la policía y 15 agentes antidisturbios, han acudido miembros y simpatizantes del Frente de Estudiantes (una organización creada en diciembre del año pasado). Aunque la mayoría de las manifestaciones han tenido lugar este jueves, alumnos de algunas autonomías ya salieron el miércoles a la calle. En Madrid, como en el resto de España, la cabecera de la marcha ha portado una pancarta con el lema Derogación inmediata de la LOMCE y del 3+2.

La primera jornada, el miércoles, contó con un respaldo "masivo", con el "apoyo del 80% de media" del alumnado, según los cálculos de la organización convocante, según El País.

Un edil de Ciudadanos denunciado por quedarse donativos para niñas huérfanas

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado decano de Llíria (Valencia) una denuncia contra el que fuera alcalde conservador de la localidad de Casinos y actualmente concejal de Ciudadanos, José Salvador Murgui, por un presunto delito de estafa al apropiarse, supuestamente, de parte de donativos recaudados para niñas huérfanas de Guatemala. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público relata que, de la investigación llevada a cabo por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, se desprende que el político solicitaba por carta a vecinos del municipio aportaciones dinerarias para enviarlas en concepto de ayuda a las niñas huérfanas de Jalapa (Guatemala) pero que, sin embargo, utilizaba en su propio beneficio. Tras conocerse los hechos, el partido ha suspendido cautelarmente de militancia José Salvador Murgui.

El comité ejecutivo de la formación explica, en un comunicado, que ha "adoptado la medida cautelar de suspensión de militancia, cumpliendo así los Estatutos del partido, que señalan que a partir de estos momentos, dispone de diez días para formular cuantas alegaciones estime convenientes en su defensa, ante el expediente contradictorio que se le ha incoado". Además, le ha exigido el acta como concejal en el Ayuntamiento de Casinos.

Varias cuentas bancarias

Se han detectado varias cuentas bancarias en las que Salvador Murgui figuraba como único titular, una abierta en 2007 con el fin exclusivo de recoger los donativos y otra particular, abierta en 1998, que también se facilitó para ese fin. El fiscal cifra en unas 200 las personas que pueden haber resultado "engañadas". Se trata, en algunos casos, de personas con escasos recursos económicos y edad avanzada que le entregaban el dinero de buena fe, "máxime teniendo en cuenta que el investigado era concejal de un partido político con arraigo en la localidad". De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, parte del dinero aportado por los vecinos sí podría haber llegado a su destino, ya que consta un cheque a nombre del Nuncio Apostólico de Roma en Guatemala por valor de 1.680 euros y una transferencia en 2009 de 1.810 a la Congregación Marta y María.

Pero, a partir de esa fecha, los investigadores observan que empieza a "cambiar la operativa", de manera que, cuando iba acumulando una cantidad determinada, normalmente próxima a los 1.000 euros, Murgui retiraba el dinero, en algunos casos en moneda extranjera (dólares americanos), vaciando la cuenta casi en su totalidad. Por ejemplo, en enero de 2010, cuando la cuenta había vuelto a alcanzar un saldo de 505,02 euros realizó tres transferencias bancarias a cuentas suyas, por importe de 168,15, 150 y 226,87 euros llegando a dejarla a cero. En diciembre de ese mismo año, retiró en dólares 999,55 euros, dejando únicamente 4,17 euros. Asimismo, durante 2011, y con el mismo método de actuación, vuelve a traspasar a cuentas de las que es titular dos adeudos por valor de 300 y 93 euros. Ya en 2012, y cuando había un saldo de 1.579,16 euros, retiró en efectivo las cantidades de 1.500 euros en julio y otros 500 en diciembre, finalizando con una última retirada en febrero de 2013 de los últimos 450 euros.

Domicilió las cuotas de afiliados

La denuncia agrega que esta operativa no ha sido la única causante del "espolio" de la cuenta y, por tanto, de las donaciones, sino que los gastos de mantenimiento y gestión han ido mermado el saldo, así como la domiciliación de varios gastos particulares, tales como la cuota que pagaba al partido Ciudadanos por estar afiliado, consistente en el pago de 10 euros cada dos meses que domicilia en la misma cuenta desde febrero de 2015. Según se ha podido cuantificar, las donaciones llegaron a suponer unos 10.000 euros, de los cuales queda acreditado que entregó hasta ese momento de la investigación 3.470 euros. Por lo tanto, la fiscalía ve "suficientes indicios que acreditarían la participación del investigado en un supuesto delito de estafa" por utilizar presuntamente el dinero que solicitaba para donativos para su lucro personal.

La investigación la inició Compromís por Casinos a instancias, según explican desde la formación, de personas de la propia parroquia de la localidad. En este sentido, el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Miquel Navarré, ha recalcado a Europa Press su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia, pero han considerado que, mientras esté en marcha esta investigación, Murgui "debe dimitir de todos su cargos". Así, ha recordado que el exalcalde es actualmente concejal, asesor de Ciudadanos en Quart de Poblet y miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana. "Queremos que la situación se aclare, hemos sido muy prudentes, nosotros no acusamos de nada a nadie y si, finalmente, se demuestra su inocencia, no nos opondremos a que regrese a sus puestos", ha agregado.

De InfoLibre.es

Otra sentencia de la UE contra las cláusulas abusivas en España

El análisis efectuado por el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE a mediados de enero no dejaba ninguna duda. Las acciones colectivas no anulan el derecho individual de los consumidores a reclamar y por tanto no deberían suspenderse de forma automática las reclamaciones individuales mientras se revuelven las demandas colectivas, tal y como permite la Ley de enjuiciamiento civil española. Este jueves los jueces del Tribunal de Justicia de la UE han hecho suyos los argumentos. Sentencian que la normativa española es “incompleta e insuficiente” y que “no constituye un medio adecuado ni eficaz para que cese el uso de cláusulas abusivas”. El caso se refiere a una cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona en relación a dos recursos presentados por dos consumidores contra Caixabank y Catalunya Caixa. Los dos afectados denunciaron la existencia de cláusulas abusivas en sus respectivos contratos hipotecarios y solicitaron la restitución de las cantidades indebidamente percibidas por las dos entidades bancarias.

Los bancos reclamaron la suspensión del procedimiento hasta que se resolviera la demanda colectiva presentada por la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) en Madrid contra 72 entidades bancarias, entre ellas las dos afectadas por este caso. Pero los consumidores defendieron ante el juzgado su derecho a litigar a título individual. Aunque la sentencia sobre la demanda colectiva fue publicada el pasado 7 de abril, los jueces han dado este jueves la razón a los dos consumidores afectados en línea con la postura que ya adoptó el abogado general.

Según sentencia, la regulación incluida en la ley de enjuiciamiento civil española, que permite la suspensión de recursos individuales hasta que no haya sentencia firme sobre un procedimiento colectivo, va contra la directiva europea y “puede perjudicar la efectividad de la protección que la norma de la UE da a los consumidores porque el consumidor queda vinculado a la sentencia sobre la acción colectiva sin poder presentar alegaciones ni pruebas a títulos individual. “La normativa española impide que el juez que conoce la acción individual lleve a cabo un análisis propio de las circunstancias concretas que concurren en ese asunto y que aprecie la pertinencia de suspender la acción individual hasta que se dicte sentencia firme”, sostiene el Tribunal.

Por ello, la corte europea vuelve a fallar a favor de los consumidores y en contra de una normativa española “que resulta incompleta e insuficiente” y que no defiende “de forma eficaz” el uso de cláusulas abusivas. Según los jueces, ni la necesidad de garantizar la coherencia entre las resoluciones judiciales –acciones individuales y colectivas- ni la necesidad de evitar la saturación de los tribunales pueden justificar una falta de efectividad en la protección de los consumidores.

De El Periódico

Indignación por la distinción de Interior a Marhuenda

"El Sindicato Unificado de Policía denuncia la desvergüenza del Ministro del Interior y la vergüenza a la que éste somete a los integrantes de la Policía Nacional". Con esta carga empieza el comunicado de prensa con el que el SUP critica duramente el nombramiento del director de La Razón, Paco Marhuenda, como comisario honorario de la Policía Nacional. La decisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, constituye, para el SUP, "un acto de nepotismo " y una vergüenza "en especial, para la escala superior, comisarios y comisarios principales". Foto: El ministro y el amanuense son compañeros en una supuesta "orden de caballería" nazicatólica, como también el director de la Guardia Civil o el alcalde de Boadilla, la Orden Constantiniana de San Jorge.

El SUP suma esta concesión a "la larga lista a la que nos tiene acostumbrados, el que sin duda es ya uno de los peores ministros de Interior para la Policía". En este sentido, si bien no se explicita en el comunicado, destacan la Cruz de Plata de la Guardia Civil concedida a la Virgen de los Dolores (2015) y la judicializada condecoración policial a Nuestra Señora Maria Santísima del Amor (2014). El SUP considera que decisiones como estas dejan en ridículo a la Policía Nacional.

También apunta que "con este nombramiento se pudiera haber incurrido en algún tipo de ilícito, ya que la concesión de este título venía regulada mediante el derogado Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa de 1975". “En la Ley de Personal aprobada el año pasado por este mismo gobierno la materia que recoge esta figura está a día de hoy pendiente de desarrollo normativo, generándose así un vacío legal de difícil encuadre con el nombramiento", señala. Asimismo, se destaca como "demérito" de Marhuenda la condena por intromisión en el derecho al honor del ex jefe superior de Policía de Barcelona, Narciso Ortega, sobre el que la Justicia determinó que La Razón había difundido informaciones falsas.

Paco Marhuenda, por su parte, ha reaccionado a la polémica piando este miércoles en Twitter que para él es "Un orgullo haber sido nombrado comisario honorario de la Policía, cuerpo al que admiro y respeto". El director de La Razón dice sentir ahora "la misma satisfacción que cuando en 2009 recibí la medalla al mérito policial, concedida por Alfredo Pérez Rubalcaba".

De El Triangle

Fernández nombra comisario honorario de la Policía al imputado Marhuenda


El director del panfleto fascista La Razón, Francisco Marhuenda, ha sido nombrado comisario honorario de la Policía Nacional por decisión del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, han informado a eldiario.es fuentes policiales. El reconocimiento al periodista se produce a punto de cumplirse cuatro meses del Gobierno en funciones y cuando unas nuevas elecciones generales se avistan para el próximo mes de junio.

Mallorca: Investigan una intoxicación grave de tres menores por una nueva droga de diseño

La Policía Nacional y los médicos de Son Espases están investigando una grave intoxicación de tres menores por una nueva droga de diseño que podría tratarse de Spice, marihuana sintética. Los jóvenes afectados, un varón de 16 años y otros dos de 17, ingresaron ayer de madrugada en el hospital palmesano de referencia tras el consumo colectivo de las sustancias estupefacientes. Los tres perjudicados se hallaban gravemente indispuestos sobre las cuatro de la mañana de ayer en la carretera de Sóller, frente a Son Pacs. Los especialistas sospechan que pudieron consumir Spice, una droga emergente muy de moda, que se conoce también como marihuana sintética y cuyos efectos tóxicos son devastadores. Los expertos alertan de que este tipo de sustancia es potencialmente muy peligrosa.

De momento, no está confirmado científicamente que se trate de Spice, ya que hay que esperar a los resultados de los análisis. Uno de los inconvenientes de esta droga es que resulta muy difícil detectarla en el organismo, una vez se ha consumido. Incluso, suele ser habitual que dé negativo en un primer análisis convencional. Pese a ello, el Laboratorio de Toxicología de Son Espases está trabajando para tratar de determinar qué sustancia tomaron los tres menores. Los especialistas analizarán sus muestras de orina.

Los facultativos sospecharon inicialmente que los tres jóvenes habían podido fumar Spice por los síntomas que presentaban. El diagnóstico clínico apuntaba a una intoxicación grave por marihuana sintética. A la espera de la confirmación a través de las analíticas, en Son Espases nunca han registrado otro caso similar por esta nueva droga cada vez más extendida en el mundo occidental. Sin embargo, los médicos de Urgencias conocen la existencia de este tipo de sustancias en la calle y que son de muy fácil acceso.

El Spice presenta un aspecto similar a la marihuana, como un incienso o unas hierbas. Se fuma o se inhala. Y su verdadero olor queda enmascarado por aromas afrutados. Sus efectos nada tienen que ver con el cannabis sativa, ya que son mucho más potentes y su toxicidad es diez veces mayor que la marihuana. Según detalla un experto, sus efectos son más parecidos a las anfetaminas. El Spice provoca una variabilidad de síntomas: alucinaciones, mareos, espasmos, agresividad o paranoia.

Los tres menores afectados ayer experimentaron una notable mejoría con el paso de las horas en el hospital. Los pacientes quedaron en observación. Los hechos fueron descubiertos sobre las cuatro de la madrugada de ayer en la carretera de Sóller, frente a Son Pacs, cuando dos ambulancias del 061 y las patrullas de la Policía Nacional se movilizaron por una intoxicación grave por drogas. Tres jóvenes de 16 y 17 años resultaron afectados de gravedad por el consumo colectivo de sustancias estupefacientes. Por los síntomas que presentaban, los médicos sospecharon que habían tomado una nueva droga, Spice o marihuana sintética. Fueron trasladados a Son Espases.

Una droga emergente muy de moda


El Spice o marihuana sintética es una droga emergente muy de moda, según detallan varios especialistas médicos. En la actualidad, su consumo está muy extendido en todo el mundo occidental. Resulta de fácil acceso, su aspecto es similar al del cannabis sativa y suele presentarse como barritas de incienso o unas hierbas que previamente han sido rociadas con aromas. Un experto explica que el principio activo del Spice imita al del cannabis sativa, si bien los efectos son mucho más potentes. Serían similares a los de las anfetaminas. De hecho, varios facultativos alertan de la peligrosidad de esta sustancia. Puede provocar una variabilidad de síntomas, como una anfetamina: alucinaciones, agresividad o paranoias. En Estados Unidos, se han dado casos de personas que han fallecido intoxicadas por el consumo de marihuana sintética y los ingresos en el área de Urgencias de los hospitales son cada vez más frecuentes. “Es una droga potencialmente muy peligrosa”, destaca un experto en Toxicología. Otro de sus inconvenientes es que, una vez consumida, es muy difícil detectarla en el organismo de la persona afectada, pese a los análisis realizados.

De Diario de Mallorca

Mario Conde en prisión por blanquear 2,2 millones en efectivo y 10,8 a través de firmas extranjeras

El expresidente de Banesto, Mario Conde, utilizó siete sociedades ubicadas en Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y los Emiratos Árabes para repatriar hasta 10,8 millones de euros a España a través de transferencias desde el año 2004 hasta el año 2014. Además comenzó en 1999 a traer también dinero en efectivo desde el extranjero. Aunque la primera entrada en metálico sumó la tímida cantidad de 3.000 euros, poco a poco fue elevando la cifra hasta llegar a repatriar mediante esta fórmula hasta 2,2 millones de euros en 16 años. En total, Conde blanqueó y repatrió 13 millones, según el auto dictado ayer por el juez Santiago Pedraz por el que decretó su ingreso en prisión. Mario Conde defraudó dinero de Planeta, Intereconomía y la serie de su vida: así funcionaba su sociedad Barnacla.

El expresidente de Banesto encabezó una estructura empresarial dominada por su hija Alejandra quien coordinó con él la operativa, y su hijo Mario. Los hijos del exbanquero llegaron a gestionar casi 70 millones en 2014. A la par también habría utilizado a los testaferros Francisco Asís Cuesta, María Cristina Fernández Álvarez y el eslovaco Roland Stanek, que figuraban en varias de las sociedades que recibieron fondos desde el extranjero. El auto señala asimismo que el abogado Francisco de la Vega fue una pieza fundamental en el entramado.

Conde, que acumula deudas con la Justicia por 14 millones de euros por no pagar parte de la responsabilidad civil impuesta en su condena por el caso Banesto en 2002, "puso a nombre de terceras personas fincas que debieron ser decomisadas en ejecución de la sentencia judicial firme", según el auto de la Audiencia Nacional. Entre estas propiedades destaca una finca en Palma de Mallorca que presuntamente puso a nombre de una empresa de Luxemburgo. Con todo ello, tres días después de su arresto domiciliario y tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, el juez Pedraz ordenó ayer su ingreso en prisión incondicional y sin fianza por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, ocho delitos contra la Hacienda Pública, y delito de frustración de la ejecución.

Son los mismos por lo que ingresó también en prisión el abogado Francisco Javier de la Vega. Ambos fueron trasladados desde los calabozos de la Audiencia hasta la cárcel de Soto del Real al atender el juez la petición de la Fiscalía Anticorrupción debido al riesgo de fuga y destrucción de documentos. Pedraz ordenó asimismo el arresto domiciliario para su hija Alejandra Conde, y libertad con medidas cautelares para su otro hijo, Mario Conde Arroyo, y para Francisco de Asís Cuesta, Maria Cristina Fernández Alvarez y Roland Stanek, a los que retiró el pasaporte y prohibió abandonar el país, además de exigirles su comparecencia semanal en el juzgado.

Según indicaron fuentes jurídicas presentes en su declaración, Mario Conde insistió ante el juez en que todo el dinero que se ha movido entre sus empresas es de origen lícito, y aunque no ha dicho exactamente de dónde procede, sí ha asegurado que puede acreditar su origen con la documentación necesaria, insistiendo en que no es de Banesto. Su abogado, Ignacio Peláez, recordó ayer, en este sentido, que el exbanquero "facilitó al magistrado las claves de sus ordenadores y se mostró dispuesto a colaborar en el esclarecimiento del origen de su fortuna".

De El Economista

Conde tiene conexiones con los paraísos fiscales de Isla de Man, Nevis y Tórtola


La investigación sobre el entramado societario del ex banquero llega hasta el Caribe y las Islas del Canal. Drayton Management Limited, una sociedad con sede en Londres desde la que se enviaron millones de euros a España como pago de facturas ficticias, contaba entre sus directivos con personas y mercantiles afincadas en territorios con legislación laxa. La Guardia Civil aún intenta saber dónde está oculto el dinero. Los tentáculos de la trama empresarial de Mario Conde desmantelada en la 'Operación Fénix' se extienden más allá de Europa. Drayton Management Limited, una de las sociedades 'pantalla' investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, cuenta o ha contado entre sus directivos con personas y firmas asentadas en al menos tres paraísos fiscales.

Forats d’ascensor i lofts de 15 metres: la vergonya de l’infrahabitatge a Barcelona

El número 69 del carrer Escòcia, encaixonat i discret, pot semblar un edifici qualsevol del districte barceloní de Nou Barris. Però el seu interior ha amagat durant anys les misèries de persones vulnerables que no es veien amb cor de denunciar la seva situació. L’Ajuntament de Barcelona va obrir dilluns un expedient al propietari perquè hi tenia 10 famílies en condicions deplorables, segons va avançar ahir l’ARA i va confirmar el consistori. El propietari s’enfronta ara a una multa de fins a 900.000 euros i a l’obligació de reallotjar els seus residents. El cas va destapar-se gràcies al Roberto i la María José, que van denunciar les condicions de l’immoble a la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER), un grup creat pel govern municipal fa tres mesos, conegut extraoficialment com els GEO d’habitatge.

En Roberto i la María José, que hi van viure cinc anys -ara estan reallotjats en una pensió a càrrec de l’Ajuntament-, no són les úniques víctimes de l’ànim de lucre del propietari de l’immoble del carrer Escòcia, que en gestiona un altre de característiques similars al carrer Gayarre. La Milexi, nascuda a Cuba, hi va viure gairebé quatre anys amb el seu home i la seva filla. S’hi van traslladar quan la nena només tenia dos mesos. El pis era petit, amb una habitació, un lavabo i un espai per cuinar que compartien amb quatre famílies més. Pagaven 320 euros, i no els van exigir gairebé res per entrar-hi a l’instant. De seguida van entendre per què: a l’immoble hi havia tanta humitat que la roba dels armaris se’ls floria. Poques setmanes després d’entrar-hi, la petita va agafar una pneumònia, de la qual encara ara arrossega les conseqüències. Va ser el marit de la Milexi, l’Ernesto, qui va revestir les parets perquè les humitats no se’ls mengessin.

Quan la nena tenia un any i mig, els arrendadors els van dir que havien de marxar perquè havien de fer obres a l’edifici. “No teníem cap lloc on anar, l’alternativa era el carrer”, explica la dona. Els van oferir reallotjar-los en un altre edifici a Nou Barris, el número 69 del carrer Escòcia. “El remei va ser pitjor que la malaltia -diu la Milexi-. Quan vaig veure el forat on havia de viure em volia morir”. El seu pis, a l’àtic, era contigu al del Roberto i la María José, i feia poc més de 15 metres quadrats. Pagaven 450 euros mensuals. “Si encenies els fogons, elèctrics, no podies posar la rentadora, perquè saltaven els ploms. El termòstat també era elèctric, i en ple hivern ens quedàvem sense aigua calenta. Les rates ens assetjaven, i trèiem cuques a palades”, relata.

Quan la nena tenia 4 anys els arrendadors els van dir que havien de marxar. La Milexi i l’Ernesto no s’hi van oposar. Tornaven a no saber on anar, però tampoc trobarien a faltar aquell forat. Van traslladar-se a un altre pis, que no podien pagar i, amb l’ajuda de la PAH van evitar fins a tres vegades un desnonament. Ara viuen en un habitatge de lloguer social, des d’on lluiten per seguir endavant, com sempre han fet.

L’Ajuntament de Barcelona ha sancionat dues immobiliàries, Fincas Flash i Intacsa, per haver desnonat famílies vulnerables per impagament sense oferir-los abans l’opció del lloguer social, tal com els obliga la llei 24/2015, que, tot i que no agrada al govern espanyol, és vigent a Catalunya. L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la reubicació de les famílies afectades i ha iniciat expedients que poden suposar multes de fins a 90.000 euros per pis. Segons va informar ahir el consistori, té sota la lupa 47 casos més de grans tenidors que podrien incomplir la mateixa llei.

Aquest dijous, el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha explicat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 que el consistori investiga quatre casos d'infrahabitatges més a banda del d'Escòcia 69: dos a Nou Barris i dos a Sant Andreu. Montaner ha dit que l'actuació de la UCER "serveix d'avís perquè persones que es trobin en situacions similars s'animin a denunciar".

De ARA

Soria, a varios ministros: “Si entro en detalles, la gente se armará un lío”

La versión que el ministro de Industria en funciones ha ofrecido a varios compañeros de Gobierno sobre su conexión en el pasado con sociedades radicadas en paraísos fiscales no ha hecho sino disparar todavía más la sospecha de que esconde algo. “Si entro en detalles, la gente se armará un lío”, les ha dicho. José Manuel Soria ha explicado a varios ministros de su confianza que encuentra dificultades para argumentar con sencillez su conexión en el pasado con una sociedad inscrita en el registro de Bahamas ya que tiene relación con el transporte marítimo y se trata de un sector “muy complejo” que escapa a la comprensión del grueso de la opinión pública. El nombre del ministro, junto al de su hermano Luis Alberto, aparece en los archivos del despacho panameño Mossack Fonseca como administrador de UK Lines Limited, una compañía ‘offshore’ con la que trabajó su empresa familiar.

Soria recuerda que la mayoría de los buques de transporte marítimo están matriculados en paraísos fiscales
De forma resumida, el titular de Industria en funciones ha relatado a sus más próximos que su padre no tuvo más remedio que operar en los años ochenta con sociedades radicadas en paraísos fiscales puesto que para importar desde el Reino Unido fruta de Canarias había que contratar buques matriculados en su inmensa mayoría en países con estas ventajas tributarias. El contrato con los armadores y las compañías aseguradoras debía hacerse desde estas sociedades y, según la versión de Soria, lo que no recuerda bien son las razones por las que su padre, que fue accionista único de Oceanic Lines y UK Lines, le puso a él como administrador antes de su fallecimiento en 1990.

El ministro ha comentado a sus interlocutores que su padre, para pagar a los armadores, lo lógico es que tuviera cuentas corrientes tanto en el Reino Unido como en los países donde ellos operaban. Cuando un miembro del Gobierno le preguntó el pasado lunes a Soria las razones por las que no explicó esto desde el principio, la respuesta fue bastante confusa. “Si entro en detalles, la gente se armará un lío”.

Para lio gordo, el que se ha organizado en el Gobierno a cuenta de las contradicciones del ministro, primero asegurando que no tuvo relación alguna con las sociedades radicadas en Londres y Bahamas desde que ocupó en 1995 su primer cargo público como alcalde de Las Palmas y, con posterioridad, admitiendo que compatibilizó durante dos años esta responsabilidad con la gerencia de una de las compañías. Estas incoherencias han irritado al Gobierno en puertas de una nueva campaña electoral y han disparado las sospechas de que Soria puede estar ocultando información en un momento en el que cualquier desliz puede tener una dura penalización y salpicar de responsabilidades políticas, en ello parece que está casi toda la oposición, al propio Mariano Rajoy.

Toda la oposición pendiente de su comparecencia

El frente que se ha abierto en el Congreso tampoco está siendo fácil de gestionar para el Gobierno. Soria ha pedido su comparecencia para explicarse e intentar poner un cortafuegos mientras que la mayoría de los ministros se niegan a comparecer en la Cámara Baja sobre asuntos de su competencia cuando se lo ha exigido la oposición, argumentando que al estar en funciones no tienen que someterse a control parlamentario alguno. De hecho, la comparecencia de Soria está prevista para el martes y la sesión de control organizada por la oposición con la complicidad del presidente del Congreso, Patxi López, para el miércoles. Fuentes del PP admiten “lo chungo” que sería demostrar que los miembros del Gobierno solo rinden cuentas en el Parlamento cuando les conviene y no lo hacen cuando se lo demandan la mayoría de las fuerzas políticas.

Soria irá el martes al Congreso y un día después la sesión de control al Gobierno estará desierta
Hace ahora un mes, cuando la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se esforzaban en explicar por qué los ministros no están obligados a comparecer en el Parlamento al encontrarse en funciones, todos los grupos de la oposición, sin excepción, transmitían el mensaje de que el Gabinete de Rajoy se esconde, está paralizado y sin iniciativa. La situación ha llegado a inquietar a algunos miembros del Gobierno, entre ellos al propio Soria, José Manuel García-Margallo y Ana Pastor, convencidos de que la orden dictada desde La Moncloa de evitar el rendimiento de cuentas ante el Congreso mientras el Ejecutivo está en funciones, es una torpeza política de enormes dimensiones cuando España está a las puertas de una nueva campaña.

De Voz Populi

Oligarcas españoles trasladan su dinero robado de Panamá a EEUU


Según el informe que cita a varios importantes despachos fiscales de Madrid, firmas españolas están retirando masivamente su dinero de bancos panameños y lo han colocado en paraísos fiscales estadounidenses, en los estados de Nevada, Wyoming y Dakota del Sur, que promueven la confidencialidad y la baja fiscalidad. Agrega que, ante el temor de que las revelaciones de Panamá afecten sus fondos en países como Suiza y Luxemburgo —paraísos fiscales por excelencia— los acaudalados defraudadores españoles han ordenado también el retiro de su dinero de estos países europeos para dirigirlo a Estados Unidos.

Un mosso mata a su mujer y se suicida en Sant Feliu de Llobregat

Un agente de los Mossos d’Esquadra adscrito a la comisaría de Ciutat Vella ha asesinado esta mañana a una mujer con la que mantenía o había mantenido una relación sentimental, y después se ha disparado en la cabeza, con la misma arma. El suceso se ha producido en un piso del centro de Sant Feliu de Llobregat, en la calle de Joan Maragall, en presencia de la hija de la mujer, y de una sobrina, que en estos momento están siendo atendidas por un equipo de psicólogos del Sevicio de Emèrgencies. El asesinato ha sucedido a las ocho de la mañana. En ese momento, otro Mosso d’Esquadra que salía de casa para ir a trabajar ha escuchado unos ruidos muy sospechosos en una vivienda, y los gritos de las dos niñas. En un principio ha pensado que se estaban produciendo un atraco.

Inmediatamente después se han escuchado los dos tiros. Al irrumpir en la vivienda, ya no ha podido hacer nada por la vida del hombre ni de la mujer. Las dos niñas, una de doce años, han llegado a salir al balcón a gritar ayuda. La escena ha sido presenciada por muchísimas personas que que a esa hora iban camino del trabajo o de la escuela. La víctima se llamaba Cristina, una mujer muy conocida en la localidad. Su familia fue propietaria del Bar de la Vila, en el centro de Sant Feliu, un establecimiento muy popular. La noticia ha corrido como la pólvora en la ciudad. Los investigadores tratan ahora de determinar si la relación sentimental entre víctima y asesino seguía, como dicen algunos vecinos, o ya habían roto.

Manos Limpias y Ausbanc pidieron a dos bancos tres millones por 'salvar' a la Infanta

La actuación de Manos Limpias en el caso Nóos ha quedado en entredicho en un momento clave del juicio. La asociación que lidera Miguel Bernad había logrado sentar en el banquillo a la infanta Cristina en ese procedimiento por dos delitos fiscales en contra del criterio del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga ahora al supuesto sindicato de funcionarios por concertarse con la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) para interponer querellas y exigir luego grandes sumas de dinero por quitarlas, como reveló El Confidencial este miércoles. Foto: El abogado y empresario fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y el creador del autodenominado sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

Según han confirmado fuentes del sector bancario a este diario, esa práctica fraudulenta también ha sido presuntamente utilizada por Manos Limpias y Ausbanc en el caso Nóos. Bernad y el presidente de la autoproclamada asociación de usuarios, Luis Pineda, habrían contactado con dos de los mayores bancos españoles para ofrecerles la retirada de la acusación contra la Infanta en el caso Nóos a cambio de un pago de tres millones de euros. La mitad debía ser abonada por anticipado, y el resto, después de que Manos Limpias desistiera oficialmente de seguir acusando en solitario a la hermana de Felipe VI, detallan fuentes cercanas a esas conversaciones.

La retirada del sindicato habría provocado automáticamente la absolución de la Infanta, al ser la única parte que está acusándola. Las fuentes del sector preguntadas aseguran que las negociaciones se habrían producido de forma simultánea con las dos entidades financieras. Solo Manos Limpias está personada como acusación popular en el caso Nóos, pero los contactos fueron encabezados por Pineda, confirmando de ese modo que ambas asociaciones estaban actuando de forma coordinada para iniciar procedimientos o personarse en otros ya abiertos contra empresas, bancos, partidos y todo tipo de personalidades, y luego ponerse en contacto con sus víctimas para exigirles dinero a cambio de retirar las acusaciones.

El secretario general de la organización Manos Limpias, Miguel Bernad y el abogado Luis Pineda. (Efe)
Eso es precisamente lo que está investigando la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF desde comienzos de 2015, tras recibir varias denuncias de presuntos afectados por esta trama. Las diligencias están siendo dirigidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, y cuentan con la supervisión de la Fiscalía de ese mismo órgano. El foco se sitúa sobre Bernad y Pineda, así como sobre una docena de estrechos colaboradores que también habrían participado en los chantajes. Se enfrentan a acusaciones por extorsión, integración en organización criminal y fraude procesal, entre otros delitos.

Los pagos se camuflaban como publicidad


Manos Limpias y Ausbanc habrían camuflado los pagos que obtenían mediante la amenaza de acciones judiciales ocultándolos como contratos de publicidad y de compra de ejemplares de las revistas de la asociación de servicios bancarios. Ausbanc edita desde 1990 una revista mensual que lleva su nombre y también es propietaria del periódico 'Mercado de Dinero'. Además, tiene varias páginas web informativas y ediciones de sus revistas en Estados Unidos y Sudamérica. Las víctimas que se negaban a satisfacer las cantidades que presuntamente reclamaban Ausbanc y Manos Limpias eran sometidas a campañas difamatorias en esas publicaciones, además de arriesgarse a ser blanco de demandas y querellas.

Manos Limpias ya retiró en el caso Nóos la acusación contra uno de los imputados clave, Miguel Tejeiro, el asesor fiscal que llevaba las cuentas de la trama societaria que urdieron Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para cobrar de la Administración pública por trabajos inexistentes. Tras la decisión del sindicato de funcionarios, Tejeiro pasó de enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel a convertirse en un simple testigo de la causa.

La letrada que representa a Manos Limpias en el procedimiento, Virgina López Negrete, niega cualquier tipo de irregularidad en esa decisión y asegura que se debió a una estrategia procesal para conseguir que Tejeiro tuviera la obligación de contar la verdad por su nueva condición de testigo. La abogada asegura, asimismo, que no dispone de ninguna información que le haga sospechar que el sindicato de funcionarios y Ausbanc estuvieran negociando desistir de la acusación contra la Infanta. “No tengo ninguna relación con Ausbanc ni con Luis Pineda ni tampoco con nada de lo que hayan podido hacer en ese sentido”, asegura López Negrete. “Si eso es real, emprenderé automáticamente acciones penales contra los responsables de esa negociación. Nunca consentiría que nadie negociara nada en esta causa y mucho menos a mis espaldas”.

Ausbanc atribuye la investigación a un complot


Por su parte, un portavoz de Ausbanc ha negado a El Confidencial la existencia de esas conversaciones para exculpar a la hija del rey Juan Carlos y ha matizado, asimismo, que solo están personados junto a Manos Limpias en el caso Blesa y en algunos procedimientos en Andalucía. La asociación que preside Pineda aseguró ayer en un comunicado enviado a todos los medios de comunicación que la investigación de la UDEF es fruto de una conspiración de los bancos y el Estado ante el juicio que tendrá lugar en Luxemburgo dentro de dos semanas sobre las cláusulas suelo de las hipotecas, en el que está personado Ausbanc. Asegura que además de esta investigación policial, también está siendo sometido a una inspección de Hacienda como represalia.

La Audiencia Nacional ya decidió en 2007 impedir que Ausbanc siguiera actuando como acusación en los casos Fórum y Afinsa tras concluir que, en lugar de defender los intereses de sus asociados, estaba aprovechando su participación en las causas para defender a los responsables del fraude. La Audiencia Nacional había constatado que la asociación había cobrado más de 1,2 millones de euros de Fórum y Afinsa.

Dos años antes, en 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Ausbanc por irregularidades en el cobro de patrocinios del Registro de Asociaciones de Consumidores, privándola de ayudas y subvenciones y, sobre todo, de la posibilidad de ejercer como acusación popular en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios. En 2012 fue de nuevo readmitida pero, finalmente, en 2014, Ausbanc quedó excluida definitivamente tras comprobarse que no solo no representaba los intereses de los consumidores, sino que también estaba utilizando todos los recursos a su alcance para obtener dinero de las grandes empresas y bancos contra los que supuestamente luchaba.

De El Confidencial

Zaragoza gastó 4,2 millones en un edificio que visitan 30 escuelas y cuesta 500.000 €

La resaca de aquellos maravillosos años del PP previos a la Expo y a la crisis sigue generando sobresaltos en Zaragoza. El último que se ha llevado el equipo de gobierno municipal tiene forma de CUS: el coste del Centro de Urbanismo Sostenible, cuyo potencial como museo se queda en la visita anual de 30 escuelas -2.077 personas incluyendo ciudadanos particulares-, se triplicó de 1,5 a 4,3 millones de euros mediante “errores materiales”, peticiones del constructor y un mobiliario que supera el medio millón de euros y que incluye artículos como un reloj de sol de 12.830 euros que se apoya sobre un pedestal de 2.600.

El equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha abierto una investigación interna para aclarar los motivos del desfase presupuestario y para evaluar la adecuación del acondicionamiento del centro como museo, una iniciativa que, señalaron fuentes municipales, el consistorio nunca encomendó a la sociedad municipal, Ecociudad Valdespartera. El asunto será tratado este viernes en el consejo de administración de la empresa, en el que los responsables municipales pedirán explicaciones a su gerente, Miguel Portero.

La liebre la levantó la propia empresa municipal al reclamar hace unos meses al ayuntamiento el pago de cuatro facturas por 522.140 euros (442.492 más IVA) fechadas el 30 de septiembre de 2010. Tras un lustro de espera, la reclamación se produjo el 7 de octubre, al día siguiente de que los concejales de Servicios Públicos y de Medio Ambiente, Alberto Cubero y Teresa Artigas, efectuaran una inspección sorpresa en la depuradora municipal, gestionada por Ecociudad. “No dejamos de sospechar y de entender que las fechas tengan algo que ver”, apuntó el primero.

Medio millón al año para recibir 2.000 visitas

La concejalía de Economía que dirige Fernando Rivarés ha ordenado retirar esa factura del Registro Contable del ayuntamiento al detectar que el consistorio no había encomendado esas compras a la empresa pública, que adjudicó el grueso de los suministros a una sola empresa –Prames, por 537.518 euros-, y que sus técnicos tampoco habían formalizado la recepción de esos artículos. “No hay ningún documento por el que el ayuntamiento haya encargado lo que hay dentro del edificio, y tampoco podemos pagar esos objetos porque no están reconocidos como bienes municipales”, señalaron fuentes del consistorio, que recordaron que desde 2006 la gestión del inmueble está cedida a Ecociudad.

“Primero tendremos que ver qué es lo que hay dentro del edificio, porque lo que se compró con esos 522.000 euros no está inventariado en el ayuntamiento”, anotó Cubero, que indicó que el equipo de gobierno “va a pedir explicaciones” tanto a los responsables de la empresa como a los cargos políticos de la época. “También pediremos información sobre por qué no está regularizado el mobiliario”, añadió Artigas.

La empresa recibe anualmente del consistorio por la gestión del edificio, un centro de monitorización de los aspectos ambientales del barrio de Valdespartera que el año pasado recibió la visita de 30 centros escolares y de ciudadanos particulares hasta sumar 2.077 personas, alrededor de medio millón de euros anuales: la entrada sale a 240 euros.

De Público