dimarts, 8 de novembre de 2016

La UE avala la nacionalización de bancos para defender la estabilidad financiera

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera legal que las autoridades de un Estado miembro nacionalicen una entidad bancaria en caso de grave perturbación de la economía y si está en riesgo la estabilidad del sistema financiero aunque la decisión se tome en contra de la opinión de los accionistas. Así lo han señalado los jueces en una sentencia dictada este martes sobre la nacionalización del banco irlandés ILP. A raíz de la crisis financiera desatada en 2008, el gobierno irlandés se vio obligado a nacionalizar el ILP para evitar la quiebra de la entidad bancaria. Varios accionistas presentaron una demanda alegando que la decisión vulneraba la legislación comunitaria y que se había tomado sin el acuerdo de la junta general de accionistas. Los jueces irlandeses decidieron remitir el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE que este martes ha dado la razón a las autoridades irlandesas.

Según la corte, y tras valorar los intereses en juego, la decisión adoptada por el gobierno irlandés “era el único medio de garantizar, para el 31 de diciembre de 2011, la recapitalización de ILP necesaria para evitar la insolvencia de la entidad financiera y prevenir una seria amenaza para la estabilidad financiera de la Unión”. Los jueces reconocen que aunque la directiva cuestionada pretende asegurar una equivalencia mínima entre accionistas y acreedores de sociedades anónimas, en casos excepcionales los gobiernos deben poder tomar medidas como la adoptada en el caso irlandés.

Y, de hecho, “la directiva no se opone a una medida excepcional que las autoridades nacionales adopten en una situación de grave perturbación de la economía y del sistema financiero de un Estado miembro sin la autorización de la junta general de una sociedad con el fin de evitar un riesgo sistémico y garantizar la estabilidad financiera de la Unión”, señala la corte. Es decir, pese al interés público de garantizar la protección de los accionistas y acreedores, este interés no puede prevalecer sobre el interés público de la estabilidad financiera, informa El Periódico.

Condenan al adjudicatario franquista del Puerto de Benidorm con “más armas que la Guardia Civil”

Carlos Serrano Baladrón (foto), propietario de una de las dos empresas radicadas digitalmente en el Puerto de Benidorm desde que Fraga era ministro de Información y Turismo, ha sido condenado por el delito de coacciones contra el empresario y presidente de la asociación Costa Blanca Marine, quien, junto a sus asociados, se había negado a someterse a las normas arbitrarias y contrarias a la ley impuestas por el condenado. Según los hechos expuestos en la vista, desde que el empresario de actividades subacuáticas inició su actividad en 2014, ha estado presionado de modo constante por parte de Carlos Serrano, con la pretensión de que la actividad que desarrolla se sometiera a los caprichos y arbitrariedad del denunciado, es decir “a su manera”. Carlos Baladrón, según la denuncia, consideraba que los más de 40 años que lleva trabajando en el puerto le autorizaban para tener privilegios y cierto control sobre los nuevos empresarios que quisieran trabajar en este puerto administrado por la Generalitat valenciana.

La negativa del denunciante a aceptar las “normas” del adjudicatario franquista desembocaron, como cabía esperar, en actos de amenazas y coacciones cuyo fin, según señala el letrado de Costa Blanca Marine, Benito González -del bufete “Bru&Soler Abogados”-, no era otro que forzar el abandono de la actividad empresarial de las empresas asociadas, tal y como había advertido Serrano.

Uno de los incidentes que más inquietaron al presidente de Costa Blanca, expresamente recogido en la denuncia ante la Policía, hace mención a la supuesta amenaza de Carlos Serrano de “hacer uso de su fusil con mira telescópica nocturna si persistía en no seguir sus instrucciones”. En una entrevista realizada a Carlos Serrano el pasado 10 de julio este negó la amenaza, si bien reconoció su afición a las armas. “Tengo más armas en mi casa, más que la Guardia Civil. Pero legales, todas legales, porque me gusta eso y yo nací en un coto de caza y me gusta eso. Yo por las noches de invierno, todas las noches, yo me voy a los jabalís. Yo mato 80 o 100 jabalíes todos los inviernos”. Según ha podido saber Publico Carlos Serrano tiene a su nombre nada menos que once armas; dos carabinas del calibre 22, cinco escopetas y cuatro rifles.

En los relatos descritos, la práctica habitual del Serrano Baladrón consistía en boicotear la actividad comercial de aquellas empresas que no atendían sus caprichos. En este caso -según quedó acreditado en la vista- Carlos Serrano entraba a voz en grito en las oficinas de los denunciantes cuando se encontraban llenas de clientes aguardando para contratar sus servicios, diciendo cosas como que “la actividad que ofertaban no tenía permiso, que eran ilegales, que eran unos ladrones, que carecían de licencia para su buceo…”.

Gran parte de estos incidentes protagonizados por Carlos Serrano y otros muchos posteriores ocurridos durante el verano fueron oportunamente grabados, fotografiados y documentados por detectives de la Agencia Distrito 46 de Valencia, que prestaron testimonio en la vista oral. De hecho, de las testificales de los detectives se acreditó que tanto el propio Carlos Serrano, como los testigos que aportó al juicio -empleados suyos- habían mentido en su declaración, tal y como recoge la sentencia del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm. Para el abogado Benito González “el hecho de que, por parte del condenado, se haya tenido que mentir en juicio, cómo queda claro en la sentencia, nos deja muy a las claras que es conocedor de la ilegalidad de sus conductas”.

Según señala el abogado de la asociación de todos estos hechos se dio cuenta por escrito y telefónicamente al Jefe de Servicio de Explotación de Puertos Julio Marín Sánchez; al funcionario Agustín Lloret y al celador del Puerto de Benidorm, Fernando Piris. A pesar de tener conocimiento de los incidentes optaron por no hacer nada. La información de esos hechos y otras posteriores fue entregada igualmente al Director General de Obras Púbicas y Puertos de la Generalitat Valenciana quien, hasta la fecha, no ha resuelto el expediente informativo reservado acerca de la actuación de los funcionarios, informa Público.

Un misterioso ruido desde el abismo del Océano Ártico

Un extraño ruido que sale de lo más profundo del Océano Ártico está atrayendo la atención de los científicos de medio mundo. Desde hace un par de meses, una remota región canadiense -concretamente Nunavut, entre el estrecho del Fury y el Hecla- está atravesando una situación excepcional: un zumbido nunca antes escuchado en la zona suena de manera ininterrumpida desde lo más profundo del lecho marino, que ha provocado incluso la huída en masa de la fauna autóctona. Foto: Zona exacta en la que se están produciendo los ruidos. La anómala situación comenzó el pasado verano. Zona habitual de caza de grandes animales marinos, tales como ballenas o morsas, durante el periodo estival dejaron de avistarse estos tradicionales y enormes grupos de animales.

Los científicos empezaron a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo en la zona, al adelantarse sus migraciones. Meses después, ha comenzado a hacerse audible para el ser humano un pitido constante en esa misma zona. Han sido los pescadores locales los que se han encargado de dar la voz de alarma ante el extraño ruido. Lo detallan como una especie de zumbido, a veces similar al tintineo de unas campanas, que incluso podría ser parecido al de una maquina de gran tonelaje trabajando. Se escucha levemente desde la superficie, pero los inuit de la zona son conscientes de que sale de las profundidades. Dicho sonido es incesante, aunque sí aumenta y disminuye de intensidad durante las horas.

Nunavut, localidad en la que se producen los hechos, es el lugar más extenso y con menor población de Canadá. "Es una de las áreas de caza más grandes del mundo, al tratarse de una zona de aguas abiertas rodeada de hielo, donde se encuentran mamíferos marítimos en abundancia. Sin embargo, este verano casi no había animales", aseguró Paul Quassa, uno de los políticos de Nunavut, a la 'CBS'. Esta situación, provocó la intervención del ejército, según la 'BBC'.

La ausencia de animales y el incesante zumbido provocaron que los militares canadienses se trasladaran hasta la zona para tratar de arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. No sólo por mar, sino que también desplegaron varios aviones de reconocimiento, además de varios sensores y dispositivos en tierra para tratar de encontrar alguna explicación al misterioso ruido. Pero, tras varios días de trabajo, las dudas no se han conseguido despejar.

Aunque no supieron dar explicación a los misteriosos ruidos, en su llegada a la zona volvieron a comprobar la extraña ausencia de animales marinos. ¿Qué está ocurriendo? Las explicaciones no terminan de ser claras. Las teorías sobre qué está pasando son tan diversas como imprecisas: se habla de pruebas secretas de submarinos, de sondas marinas en busca de combustibles -tales como petróleo o gas- o incluso de medidas de Greenpeace para evitar la caza. Sin embargo, todos los 'presuntos implicados' niegan la mayor: no existen pruebas militares cercanas, las petroleras locales no trabajan en la zona y Greenpeace niega estar espantando a los animales. ¿Qué está ocurriendo entonces? ¿De dónde proviene el misterioso zumbido? De momento, no se ha podido saber de qué se trata: eso sí, los investigadores continúan trabajando para intentar saber qué está ocurriendo en el Ártico, informa El Confidencial.

La amnistía fiscal prescribe el 30-N: España se juega 2.800 millones

En principio los que se beneficiaron de la amnistía fiscal del PP en 2012 pasarían a tributar el 10% por todo el dinero aflorado en vez del 3% inicial. Eso sí, siempre que no prescriba. Precisamente por este motivo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que envíe antes del 30 de noviembre (fecha en que prescribe por cumplirse cuatro años) la carta a la Agencia Tributaria en la que emplaza a que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen al 10% establecido en aquella regularización extraordinaria y no al 3%.

Esta modificación era precisamente parte de las exigencias incluidas en el pacto de investidura que firmaron Partido Popular y Ciudadanos para conseguir el sí a la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy por parte de la formación naranja. Según Rivera el cambio permitiría a la hacienda pública recuperar entre mil millones de euros, de acuerdo con las cifras del Gobierno, y 2.800 según otros, "y así, a lo mejor, no hay que subir el IRPF u otros impuestos", dijo.

Ciudadanos presentó a finales del mes de septiembre una proposición no de ley para que las personas beneficiadas por la amnistía fiscal tributasen un 10% por todo el dinero aflorado, y no el 3%. Dicha propuesta fue respaldada por el Pleno del Congreso con el apoyo de PSOE, Podemos, PNV, la antigua Convergencia, Compromís e incluso del Partido Popular, que pidió votar la iniciativa por puntos para así poder respaldar el primero de ellos. "Si el Gobierno no cumple, al primero que defraudaría no sería a C's, sino a los ciudadanos", ha señalado Rivera, convencido de que el presidente Mariano Rajoy cumplirá con su palabra "básicamente" porque no tiene mayoría absoluta, informa El Economista.

A Catalunya 645.000 llars passen fred per la pobresa

De les 10 víctimes mortals en incendis a la llar registrades a Catalunya durant el primer trimestre del 2014, un total de 7 es poden atribuir directament o indirecta als efectes de la pobresa en general i d’aquestes 6 a la pobresa energètica, segons un estudi realitzat per UGT-Bombers amb la col·laboració amb l’observatori DESC. L’agrupació de bombers del sindicat a Catalunya ha alertat en un manifest de l’augment de víctimes fruit de la pobresa energètica, que es produeixen fruit d’incendis a la llar. Per això planteja accions com fer que les administracions detectin, quantifiquin i tipifiquin aquests casos per combatre les seves conseqüències i evitar així aquests incendis. L’any 2012 l’Observatori de la Sostenibilitat calculava que aquest tipus de pobresa provocava a Espanya més de 2.300 morts l’any. I encara més, l’any 2015, segons el congrés català sobre la pobresa energètica, a Catalunya hi havia 645.000 llars amb dificultats per tenir una temperatura correcta.

Diversos països han posat el fil a l’agulla per lluitar contra els efectes de la falta de subministrament tant d’electricitat com aigua potable. Antoni del Río, portaveu de Bombers-UGT, explica “l’any 2012 vam demanar al conseller d’Interior, Felip Puig, que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) informés sobre les xifres de suïcidis. El diputat David Fernàndez va fer la pregunta al Parlament. En aquell moment es va dir que no es feien públiques aquelles dades perquè es podia produir un efecte crida. Finalment es van recollir i entre els anys 2013 i 2014 es va veure que l’increment de suïcidis, segurament relacionats amb la crisi, havia estat del 40%”.

De la mateixa manera, quan els bombers van a apagar un incendi en una llar l’informe que realitzen, un cop acabada la feina, no esmenta en cap lloc la situació socioeconòmica que a primer cop d’ull es pot observar. “Només es consigna si s’ha produït un incendi a la llar sense entrar en més detalls, alguns dels quals es poden veure directament, com que l’escomesa de la llum està connectada de forma presumptament il·legal, o si en un habitatge incendiat hi havia una estufa en males condicions”, assegura. Com que aquests fets no queden reflectits, no surten a les estadístiques i difícilment des de les administracions es prenen mesures per endreçar els problemes si oficialment no existeixen, afirma Ríos.

El 2015, segons els bombers de la UGT es va registrar un hivern amb temperatures suaus i malgrat això, en el conjunt de l’any van morir 13 persones en incendis a la llar. Aquell mateix any les intoxicacions per CO2 com a conseqüència de la mala combustió de les calderes sense revisions preceptives o manipulades a casa. La Generalitat mai va vincular aquestes morts amb situacions de vulnerabilitat, afirmen.

Ancians escalfant-se amb papers de diari

Ríos treballa al parc de bombers de Badalona. En aquesta ciutat hi ha barris on a simple vista queda clar que es donen situacions irregulars, com la connexió il·legal a la xarxa elèctrica. “Hem vist, assistint a un incendi domèstic i vist com en una escala totes les llars tenien connexions il·legals a línies exteriors”, afirma. En aquest sentit explica que la pobresa ha disparat situacions com ocupacions il·legal o habitabilitats precàries que deriven en riscos elèctrics com a conseqüència d’instal·lacions defectuoses, d’escomeses sense protecció adient, de sobrecàrregues d’instal·lacions i d’electrocucions. Els bombers es troben, a vegades, amb casos flagrants. Sense donar més detalls, Ríos explica: “un dia ens vam trobar una parella d’ancians morts en una casa a la qual els hi havien tallat tots els subministres. L’incendi s’havia produït perquè cremaven diaris per intentar escalfar-se”.

En una mirada més general els bombers recorden que a partir de la crisi i l’augment desbocat dels preus de l’electricitat a Catalunya, el 10% de la població no pot mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada. L’any 2012 l’Observatori de la Sostenibilitat calculava que aquest tipus de pobresa provocava a Espanya més de 2.300 morts l’any. I encara més, l’any 2015, segons el congrés català sobre la pobresa energètica, a Catalunya hi havia 645.000 llars amb dificultats per tenir una temperatura correcta. La xifra registrava un augment de 260.000 persones en aquestes condicions en només dos anys.

El sindicat reconeix que la Generalitat ha intentat amb la llei 24/2015 regular la protecció dels consumidors més vulnerables, però aquesta llei, la primera del seu tipus a l’Estat, ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional. Existeix, això no obstant, normativa elaborada pel govern català, que procura mantenir el subministrament de les llars més pobres, “però, les condicions imposades i la lentitud administrativa fa que aquestes mesures no solucionin el problema de la pobresa energètica i siguin considerades per les entitats del sector com a mesures de cara a la galeria”, informa Diari del Treball.

La luz ha subido un 24% en los últimos seis meses, según Facua

El recibo de la luz ha subido el 24,6% en los últimos seis meses y cuesta 14,75 euros más para un usuario medio, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción. Estas subidas se producen con respecto a los niveles de abril, cuando el recibo se encontraba en un precio medio de 60,03 euros y venía de encadenar varios meses a la baja. En un comunicado, Facua pide diálogo al Gobierno para rediseñar la "fallida política energética", que solo beneficio a su juicio a "las grandes eléctricas". Además, exige el cumplimiento de la normativa europea para proteger a los usuarios vulnerables.

Huertas contra Podemos: "Soy inocente"

La todavía presidenta del Parlament, Xelo Huertas, ha anunciado que llevará a la justicia las acusaciones vertidas por su partido, Podemos, de haber utilizado su cargo público para que el científico y alto cargo podemita Daniel Bachiller recibiera un trato de favor con dinero público. Huertas, que ha manifestado "ser inocente", ha asegurado que presentará "demandas y querellas" por la apertura de su expediente contra "bastante gente" pero ha evitado concretar contra quién. Montse Seijas: "No voy a dejar mi escaño". Foto: Huertas (izda.) y Seijas.

Así se ha expresado a su llegada al Parlament, donde hoy preside un preside un pleno ordinario. La presidenta de la cámara, que fue ayer suspendida de militancia por Podemos, ha dejado en el aire si dimitirá de su cargo: "Lo tengo que consultar con mi abogado". Quien sí ha dejado claro que pase lo que pase mantendrá su escaño ha sido la otra parlamentaria expedientada, la diputada menorquina Montse Seijas: "No voy a dejar mi escaño", ha declarado, y ha dicho "haberse enterado por la prensa" de su situación y que todavía no se le ha notificado.

Aunque ambas han negado las acusaciones, Seijas ha defendido la financiación del laboratorio de Bachiller: "Que no se renueve un laboratorio del prestigio del de Bachiller, cuando se defiende la atracción de talento, es una incongruencia, que parece responder a una caza de brujas", informa Diario de Mallorca.

Podemos suspende a su presidenta en el Parlamento de Baleares y a otros dos cargos


Podemos ha abierto un expediente disciplinario y suspendido cautelarmente de sus funciones a la diputada balear y presidenta en el Parlamento de las islas Xelo Huertas (foto), por buscar supuestamente intereses personales en la firma de un convenio entre el Govern y un laboratorio científico con el que estaría vinculada. Junto a Huertas también han sido suspendidos cautelarmente otros dos altos cargos del partido en esta comunidad autonóma por el mismo motivo: la diputada María Montserrat Seijas y el consejero y secretario de acción institucional Daniel Bachiller. Estas tres personas habrían utilizado su cargo público u orgánico para "intentar conseguir presumentamente que ese convenio con el laboratorio del señor Bachiller tuviera lugar", según ha anunciado el secretario de organización Pablo Echenique.

Las cuentas del Banco de Valencia eran falsas

Los dos miembros de la Intervención General del Estado que analizaron las cuentas del Banco de Valencia de 2009 y 2010 por encargo de la Fiscalía Anticorrupción han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que los balances no ofrecían «una imagen fiel». Con estas comperecencias se inicia la ronda de declaraciones de los peritos de este organismo y del Banco de España por la causa que investiga por presunta falsedad contable a más de veinte exdirectivos y exconsejeros de Banco de Valencia, entre ellos el expresidente de esta entidad, de Bancaja y también del Consell, José Luis Olivas (foto con Camps y Rato); el también expresidente del banco, Aurelio Izquierdo; el ex consejero delegado Domingo Parra; los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar, además del resto de consejeros y el auditor de Deloitte, Miguel Monferrer.

Durante la comparecencia, las defensas han orientado su estrategia a hacer partícipe de las culpas al Banco de España, por no actuar contra el consejo del banco en 2009 y 2010, aunque en 2011 terminara BFA-Bankia pidiendo la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Sin embargo, el informe que elaboraron los peritos fue a partir de la documentación en poder del Banco de España y ratifica que se produjo «una distorsión de la imagen de la entidad presentadas en las cuentas».

Según los cálculos de este organismo, siguiendo los de los inspectores del Banco de España, en las cuentas de 2009 faltó una provisión de 169 millones de euros para hacer frente al riesgo de los créditos fallidos que se estaban produciendo en el sector de la promoción y construcción, así como el resto del tejido productivo. Ese ejercicio, la entidad presentó unos beneficios de 132 millones y unos ratios de morosidad y solvencia «mucho más favorables» de lo que eran en realidad, según la Intervención. De hecho, estos peritos han ratificado que la entidad tendría que haber cerrado aquel año con unas pérdidas de 86,23 millones, por lo que se corrobora que las cuentas que se presentaron desde la entidad en 2009 «no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009».

Así, la situación se prolongó en 2010 y es ahí donde la Intervención General del Estado carga responsabilidades a los consejeros. Ya que estas cuentas se presentaron después de las revisión hecha por el Banco de España de las cuentas del año anterior, y tras las que se demandó tomar medidas para recapitalizar la entidad y corregir desajustes. De hecho, advierten que la inclusión de esas correcciones y medidas necesarias en las cuentas del año siguiente «no puede ser fruto de deficiencias o errores contables», señalan.

Es más, esto lleva a concluir a los autores del informe que «respecto a la conducta de los responsables y el auditor de la entidad, bien no comparten los criterios de clasificación de riesgos y dotaciones» fijados por el Banco de España «o bien, a pesar de ellos, han decidido no contabilizar las coberturas, lo que produce una distorsión» de los balances de la entidad. Así, la Intervención sólo da dos alternativas: la incompetencia o la mala fe. Esta actitud llegó hasta 2011, cuando el consejo aprobó unas cuentas en el primer trimestre que alcanzaban unos beneficios de 16,7 millones de euro, frente a las pérdidas de 922 millones con las que cerró el ejercicio ya en manos del Frob y después de un mes y diez días desde su intervención.

El informe sobre de la Intervención sobre el Banco de Valencia se presentó en 2013, pero en esas fechas ya se había elaborado otro en 2011 por parte de la Intervención General del Estado en BFA (matriz de Bankia y accionista de control del banco). Este informe reconoció de forma expresa que no se observaba «factores o circunstancias acaecidas durante el ejercicio 2011 que hagan pensar que el deterioro patrimonial del Banco de Valencia y que ha dado lugar a la intervención se hayan producido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011». Es más, para la Intervención, «existen indicios suficientes para entender que el repentino deterioro sufrido por los activos del Banco de Valencia durante el segundo semestre de 2011 se encontraban latentes en dichos activos en el cierre del ejercicio 2010», por lo que las cuentas representadas no se correspondían con la realidad, informa Las Provincias.

El Banco de España advirtió a Banco de Valencia de que no se creía sus cuentas

Las cuentas que el Banco de Valencia ofrecía a sus accionistas desde 2008 no reflejaban una imagen fiel de la situación de la entidad y el Banco de España se lo advirtió hasta siete veces en dos años a sus responsables. Esto es lo que muestran los sucesivos informes, requerimientos y cartas que se cruzaron ambas entidades y de las que no fueron informados los accionistas. De hecho, la entidad presentó las cuentas del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 16,7 millones de euros y unas expectativas optimistas, cuando no había cumplido sus compromisos con el regulador para ampliar capital con el objetivo de volver a los ratios de solvencia mínimos ni hacer las provisiones adicionales necesarias. Sólo cuatro meses después, el Frob estimó sus pérdidas en 562 millones, hasta elevarlas al fin del ejercicio hasta los 922 millones.

Acciona, Dragados, Sacyr y San José, investigadas por desviar fondos del AVE a Murcia

Las sospechas se asientan sobre Acciona Infraestructuras, Dragados, Sacyr y Constructora San José. Según ha podido conocer la Cadena SER, la Guardia Civil investiga si las cuatro constructoras habrían formado parte del desvío de fondos públicos de ADIF por algo más de 17,6 millones de euros en las obras del AVE a Murcia. Una investigación que ha sido bautizada como la ‘Operación César’. El Juzgado de Instrucción de Murcia ya está investigando si hubo fraude en las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por el tramo del AVE comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia. Una trama donde el epicentro del caso se centraría en los exresponsables de ADIF -entre ellos el que fuera su jefe de Infraestructuras para la zona de Levante, José Luis Martínez Pombo, investigado en el caso- y la constructora murciana Obras Marimar SL, que habría actuado como subcontratista.

Según el informe de la Guardia Civil, el dinero se habría desviado mediante unas obras hidráulicas que no se hicieron y que se camuflaron con facturas falsas. Es más, como recoge la Cadena SER, las autoridades sostienen que “todas estas maniobras de desvío de fondos, dada su enorme magnitud, era improbable que pudiesen realizarse sin el concurso o conocimiento de las adjudicatarias principales y lógicamente de las personas responsables de dichas adjudicatarias relacionadas con las obras”.

No es la primera vez que ADIF se ve involucrada en una trama de corrupción ya que está siendo investigada por pagos indebidos en el trazado del AVE a Barcelona. Es más, la Guardia Civil detuvo el pasado mes de junio a 14 empleados de la empresa pública en una operación contra una red acusada de inflar facturas para generar un presunto sobrecoste de más de 80 millones de euros en tres obras del AVE en la zona de la estación de La Sagrera, informa infolibre.

PP Murcia: 400.000 € en corrupción del juez de Aguas de Orihuela, responsables de Adif y una consellera

Investigan un desfalco de 18 millones de la construcción del AVE entre Alicante y Murcia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detectado 400.000 euros en regalos de lujo que supuestamente recibieron los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela Jesús Abadía, miembros de sociedades fantasma creadas ex profeso para desviar el dinero público destinado a la construcción de la línea de Alta Velocidad Alicante-Murcia. En el sumario del caso también aparece una consellera, aunque no se le identifica, que habría recibido una pieza Swarovski valorada en 232 euros y pins de oro por un importe de 10.400 euros, así como jamones de jabugo por 6.866 euros.

Investigan si el PP ‘contrató’ a ladrones para robar los documentos de sus casos de corrupción


El PP está en el centro de todas las miradas tras el asalto, hace unos días, de la casa del Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, en el que los ladrones sólo sustrajeron el ordenador en el que el fiscal guarda cientos de documentos sobre todos los casos de corrupción que investiga, casi todos relacionados con políticos ‘populares’, y las claves (PIN y PUK) de su teléfono móvil. Los ‘cacos’ despreciaron todos los demás objetos de valor, como joyas y dinero. La Policía Nacional, que investiga el caso, sospecha con toda lógica que los ladrones podrían tener algún tipo de vínculo con políticos del PP imputados e investigados, que aparecen en los documentos robados al fiscal.

El TSJC protege a los directivos enchufados de TMB

La empresa que gestiona el transporte público de Barcelona, TMB, controlada por Barcelona en Comú, continuará siendo uno de los rincones más opacos de la administración pública catalana, al menos por el momento. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha impuesto medidas cautelarísimas contra la resolución de que la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) dictaminó el 7 de julio pasado, que obligaba a la empresa a entregar diferentes informaciones públicas. El TSJC paraliza así la publicación de los datos reclamados en febrero pasado en una petición oficial de Catalunya Plural, en la que se pedía el acceso a la relación de puestos de trabajo de la empresa desde 2007, así como los nombres y sueldos del personal fuera de convenio, colectivo de cerca de 600 personas donde se encuentran los directivos y altos cargos de la empresa que evidencia las diferencias salariales para los mismos puestos de trabajo y las prácticas de enchufismo político y nepotismo que durante décadas se han llevado a cabo en la empresa. La mujer de Artur Mas también enchufada en el Metro con sueldo secreto.

A raíz de la resolución, TMB hizo una publicación parcial sobre las 21 personas que ocupan su cúpula directiva. La decisión del tribunal ampara la petición realizada por 163 personas, que presentaron un contencioso contra la GAIP. La empresa decidió no presentarse contra la resolución de Transparencia y dejar que fueran el colectivo de directivos y altos cargos de la empresa quienes lo hicieran de forma particular, una maniobra ya usada en ocasiones anteriores en otros conflictos.

De forma paralela, la dirección de la empresa, comandada por el consejero delegado, Enric Cañas, y la presidenta de TMB, la regidora de Barcelona en Comú Mercedes Vidal, optó por incumplir la resolución de la GAIP para no calentar los ánimos de la plantilla de metro, con quienes estas semanas negocia la renovación del convenio colectivo. BComú teme que la publicación de la relación de puestos de trabajo desde 2007 evidencie las diferencias salariales existentes para mismos puestos de trabajo, además de las prácticas de enchufismo, político o nepotista, que durante décadas se han llevado a cabo en la empresa.

Sobre los datos de carácter personal, la resolución de la GAIP venía avalada por un informe de la autoridad catalana en protección de datos, que consideró que los nombres de las personas fuera de convenio no estaban sujetos a especial protección, por lo que debían ser revelados a este medio al ser considerados información pública de una empresa de capital municipal.

La providencia judicial paraliza ahora la aplicación de la resolución del 7 de julio de forma cautelarísima, esto es, sin haber dado audiencia a las partes. A partir de este momento será la GAIP quien deberá defender su resolución, mientras Catalunya Plural estudia personarse en defensa de la Transparencia y el ejercicio de la libertad de prensa, que se ha visto limitado por la decisión de la empresa de incumplir las resoluciones y requerimientos de la comisión. Es imposible determinar cuánto se tardará a resolver este caso en los juzgados, pero el tribunal podría levantar las cautelares, parcial o totalmente, antes de resolverlo.

La mujer de Artur Mas enchufada en el Metro con sueldo secreto

Que la mujer del ex presidente catalán Artur Mas, Helena Rakòsnik, trabaja en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB, el Metro) no es ningún secreto. Sin embargo, sí lo es su sueldo. Ni tan siquiera la oposición municipal ni los sindicatos del Comité de Empresa pueden acceder a ese dato, puesto que Ada Colau se niega a entregar la información de los contratados fuera de convenio, a pesar de que una sentencia firme le obliga a hacerlo. Diversas fuentes municipales y sindicales han denunciado que Rakòsnik es una de las 350 personas, incluyendo cien directivos y diversos cargos de responsabilidad e intermedios, contratadas fuera de contrato por TMB. En concreto, según una de las fuentes, la esposa de Artur Mas ocupa nominalmente un puesto de secretaria de alta dirección.

Según las fuentes, en la época en la que Artur Mas era presidente de la Generalitat “no parecía estar muy a disgusto”. Citan el relato de algunos de sus compañeros, según los cuales se ausentaba del trabajo cuando quería y era habitual que no cumpliera con su horario laboral. Su salario era entonces un misterio para los sindicatos del Comité de Empresa, que legalmente tienen derecho a conocer cuánto ganan los diferentes empleados de la compañía, y Ada Colau no ha corregido la situación.

La CGT presentó un conflicto colectivo ante la magistratura de lo laboral reclamando que se le informara, como sindicato presente en el Comité de Empresa, de los sueldos de las personas fuera de convenio y que estas pasaran a estar dentro de dicho convenio. La Justicia dio, en primera instancia, la razón a la Confederación General del Trabajo, y en agosto del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó el fallo y condenó al Ayuntamiento. El Consistorio no recurrió, por lo que la sentencia es firme. Aun así, el equipo de Colau sigue sin acatarla y se está a la espera de una orden de ejecución de la misma.

Helena Rakòsnik comenzó a trabajar en TMB en 1985, tres años después de casarse con Artur Mas. El mismo año de su boda, 1982, el que después llegaría a presidir la Generalitat de Catalunya ingresó en Convergència Democrática de Catalunya y comenzó a colaborar con el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno catalán. El entonces consejero del ramo, Francesc Sanuy, le nombraría jefe del Servicio de Firas y Director General de Promoción Comercial en 1984.

TMB publica el sueldo de sus 21 directivos enchufados: 2'5 millones

Los 21 altos cargos de TMB, la empresa pública de transportes de Barcelona dependiente de los ayuntamientos del Área Metropolitana, se reparten 2,5 millones de euros anuales en sueldos brutos. Esta información ha sido publicada este lunes en la web de TMB, después de que la Comisión de Transparencia de la Generalitat emitiera un informe, el 7 de julio pasado, en el que daba la razón a Catalunya Plural en la reclamación interpuesta contra la empresa por negarse a revelar este y otros datos durante meses, incumpliendo la ley de Transparencia.

94 directivos a dedo de TMB se oponen a la ley de Transparencia

TMB, la empresa pública de transportes de Barcelona, continúa aplicando la política de opacidad total sobre los sueldos e identidades de sus directivos colocados a dedo, incumpliendo la Ley de Transparencia y la resolución que la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) dictó a petición de Catalunya Plural, por la cual la empresa debía facilitar a este medio diversas informaciones internas antes del 1 de octubre. El oscurantismo en la empresa está motivado, entre otras cosas, por la oposición frontal que han ejercido un grupo de 94 directivos, que se han personado para evitar que la empresa de acceso a sus identidades y sueldos.