divendres, 22 d’abril de 2016

Alemania entrega a la AT una lista de españoles con 6.600 millones en Suiza

Alemania entregó la semana pasada a la Agencia Tributaria española una lista de españoles con cuentas en Suiza por importe de 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, según han confirmado a El Periódico fuentes de este organismo, que han añadido que están analizando la información al respecto por si de ella pudiera derivarse la comisión de defraudación o delito fiscal. La cifra, que no ha sido confirmada por la Agencia Tributaria española, se corresponde con el cálculo realizado por los autoridades alemanas del lander Renania del Norte-Westfalia, publicado en su página web, que son quienes han iniciado la investigación fiscal al respecto y han encontrado no sólo a contribuyentes alemanes, sino también a ciudadanos de una veintena de países europeos, a quienes ha enviado sendas cartas el titular de Finanzas de Renania.

La noticia fue adelantada este martes por el diario digital publico.es. Según la información publicada en la página web del lander alemán, la cantidad total almacenada en estas cuentas superó los 100.000 millones de francos suizos en 2006, algo más de 93.000 millones de euros, y bajó a los 75.300 millones de euros dos años más tarde. Según declaraciones del europarlamentario Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV integrado en el grupo de Los Verdes en la Eurocámara, Renania del Norte compró los 11 cedés en los que se almacena la lista completa a whistleblowers -filtradores- sin identificar. El coste de esta operación, alrededor de 17 millones de euros, fue abonado con fondos de este länder, otros estados alemanes y el Gobierno federal.

Las autoridades del lander aleman aseguran que la inspección realizada les ha permitido ingresar unos 5.000 millones de euros tras descubrir que alrededor de 120.000 alemanes tenían en Suiza cuentas bancarias ocultas al fisco, cuando Suiza aún era considerado un paraíso fiscal por su opacidad. En el caso de los contribuyentes españoles, los inspectores alemanes calculan que el montante de las cuentas en Suiza alcanzaba un importe de 6.634 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, pero sólo dos años antes (1 de julio de 2006) este importe ascendía a 8.634 millones de euros.

Si se compara la cifra de los españoles con las de otros ciudadanos europeos, tanto en 2006 como en 2008, España es el cuarto país con más dinero en Suiza, sólo superado, por este orden, por Italia, Francia y Gran Bretaña, al margen de Alemania, cuyos datos no figuran en la citada lista. De hecho, según información de la Agencia Tributaria, Suiza concentró 19.800 millones de los 90.976 millones declarados por los contribuyentes españoles en el extranjero en 2013 y años posteriores, de acuerdo con la nueva obligación de informar de bienes en el extranjero. Del total del dinero declarado en el país helvético, la mayor parte se encuentra en valores y derechos (8.951 millones), además de en acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva (5.669 millones) y en cuentas bancarias o de crédito (4.834 millones).

De El Periódico

Gestha alerta de que Montoro avise a los corruptos con 8.000 millones en Suiza


Hacienda tiene nombres, cuentas y otros datos de los españoles que figuran en la lista de Renania, y que entre 2006 y 2008 escondieron cerca de 8.000 millones de euros en Suiza; pero si no apura los tiempos o si les anticipa sus movimientos antes de empezar a investigar podría estar extendiendo una alfombra roja para quienes evitaron declarar sus fortunas. "Es posible que se les haya dado un periodo para que reaccionen, vistos los antecedentes.

El PP presenta tres nuevos recursos contra Catalunya ante el TC

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, hoy en labores de portavoz del Gobierno ante la ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la presentación de tres nuevos recursos de inconstitucionalidad ante el TC (Tribunal Constitucional). Las impugnaciones se refieren a tres leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya para las que el Ejecutivo central pide además la suspensión cautelar, que se hará efectiva una vez que el alto tribunal las admita a trámite. Tres leyes que atacan directamente los intereses de la oligarquía franquista y corrupta que el PP representa, como el recurso sobre la ley 24/2015 de pobreza energética, la ley que crea el impuesto sobre las viviendas vacías y que prevé gravar con entre 850 y 1.650 euros los pisos vacíos o contra la Ley 17/2015 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Las impugnaciones llegan precisamente dos días después de la reunión entre Rajoy y Puigdemont, en la que entre otras cosas el president le pidió al jefe del Ejecutivo en funciones que pusiera freno a los recursos ante el TC y a las peticiones de suspensión cautelar, y días antes de que se celebre la primera reunión entre los vicepresidentes Junqueras y Santamaría, a la que se pondrá fecha definitiva este lunes.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, Catalá ha informado de que los recursos se refieren a la ley que crea el impuesto sobre las viviendas vacías y que prevé gravar con entre 850 y 1.650 euros los pisos vacíos, según el reglamento aprobado por el Govern el pasado mes de febrero. Según ha señalado el ministro, “no se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible”, por lo que aquí radica, a juicio del Ejecutivo central, el “vicio inconstitucionalidad”.

En segundo lugar, el Gabinete de Rajoy ha aprobado presentar recurso contra la Ley 16/2015 de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Catalunya y de impulso de la actividad económica, y por último, contra la Ley 17/2015 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Sobre esta última, el ministro ha comentado que, si bien no hay “nada que objetar sobre el fondo de la ley”, el recurso se presenta porque “lo que hace el Parlament es invadir competencias del Estado” al legislar sobre la materia.

Pese a que los recursos llegan justo dos días después del encuentro entre el presidente Rajoy y Carles Puigdemont, y de que en este encuentro el dirigente catalán le propuso poner freno al ritmo contencioso judicial, el gobierno justifica estas impugnaciones y trata de quitar hierro a su actuación. Así, según Catalá, lo que ha hace el Ejecutivo central, así como la Generalitat cuando acude al TC, es un “ejercicio normal de defensa de las competencias de cada uno”. En este punto, el ministro ha recordado que en todo caso ha sido la parte catalana quien más ha acudido al alto tribunal al presentar 50 impugnaciones frente a las 30 disposiciones presentadas por el Gobierno. Pese a los números, el titular de Justicia ha insistido en que este modus operandi no es más que la muestra de una “imagen de normalidad institucional”.

Sobre la petición de Puigdemont a Rajoy sobre esta cuestión, el ministro ha señalado que el presidente español le puso de manifiesto al catalán que la necesidad de cumplir con “la actividad cotidiana de defensa constitución y del ordenamiento jurídico”. En este sentido, Catalá ha indicado que en el caso de estos tres nuevos recursos “estamos ante materias reservadas al Estado” y por tanto ante cuestiones meramente competenciales. Por otro lado, el responsable de justicia ha trasladado que “Rajoy insistió ante Puigdemont en que seguirá trabajando por los derechos de los españoles y los catalanes” así como en la voluntad de “colaborar en el ámbito de las políticas públicas pero siempre respeto a la ley y la Constitución”.

El Ejecutivo central pretende que con la decisión adoptada este viernes no se interprete un rechazo por su parte a la petición expresa del president Carles Puigdmont a Rajoy en su encuentro de esta semana, sobre la ley 24/2015 de pobreza energética, una norma sobre la que el Gobierno ve visos de inconstitucionalidad y sobre la que pospuso su decisión a la espera de que prosperaran las negociaciones con el Govern de la Generalitat. El final de este plazo finaliza el próximo día 5 de mayo, por lo que todavía podría aprobarse la impugnación en el siguiente Consejo de Ministros. En todo caso, la reunión entre Junqueras y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría será determinante, según La Vanguardia.

La abogada de Manos Limpias, denunciada por tener cuenta en Panamá y cobrar sin factura

Según el denunciante, Virginia López Negrete, directora jurídica del sindicato fascista acusado de organización criminal, tiene sucursales en Panamá y Miami entre otros sitios. Dos clientes la acusan ante Hacienda de pagarle más de 16.000 euros sin aportarles justificante. Intenta desmarcarse de la organización Manos Limpias, dirigida por el ex secretario personal de Blas Piñar que ahora duerme en prisión, Miguel Bernard pero desde hace unos años este "sindicato" es el mejor cliente de la abogada Virginia López Negrete, a pesar de que ella haya declarado en televisión a lo largo de los años que su actividad con el grupo era por la causa, por ejemplo en los casos contra Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, la familia Pujol o el Madrid Arena, al tratarse de una organización "sin ánimo de lucro".

El 16 de febrero de este año, según el documento al que ha tenido acceso Público, la Agencia Tributaria recibió una ampliación de denuncia de un cliente de la letrada vallisoletana que aportaba datos sobre la cuenta que López Negrete y su socio, el colombiano Juan Gonzalo Ospina, tendrían en Panamá [ver imagen adjunta]. Se trataría del Panamá Branch HSBC BANK, situado en la Torre Hong Kong Bank (Avenida Samuel Lewis), el banco elegido por la letrada que se ha especializado, presuntamente, en perseguir la corrupción y el fraude fiscal. Según la denuncia ante Hacienda, en esa cuenta se ingresaría el dinero de la sociedad española "López Negrete y Ospina S.A.", bajo la que están las diferentes sucursales que estos abogados tiene en fuera de España, Panamá y Miami entre otros lugares.

“Págame en metálico, en un sobre”

El denunciante asegura también en su escrito a la Agencia Tributaria que tiene constancia de que la abogada le cobró a una fundación de Soria “8.000 euros por unos trabajos jurídicos sin que se emitiese factura”. No es el único ex cliente de Virginia López Negrete que no ha conseguido facturas de la letrada, a quien la Audiencia Provincial de Palma mantiene hasta el momento como acusación de caso Noos. En enero el Colegio de Abogados de Madrid recibió una queja de un afectado en la que acusa a la letrada de cobrar 8.470 euros mediante trasferencia sin que este le aportara los justificantes de pago a pesar de sus reclamaciones.

Según la denuncia, el 10 de septiembre de 2014 este afectado que se encontraba en desempleo realizó “una transferencia a la cuenta de BANIF de la Letrada denunciada por importe de 5.000 euros”. Un mes después, el 14 de octubre, Virginia López Negrete “me llama por teléfono para interesarse por (según ella) el IVA que faltaba de los 5.000 euros, así como otros 2.000 euros que faltaban por pagar”. Esta persona le manifiesta que sus cuentas no cuadran con las de ella y que rompen el acuerdo, así que le solicita que le devuelva el dinero.

El denunciante asegura que “me llama inmediatamente muy alterada diciendo que ha trabajado mucho y que no me piensa devolver los 5.000” y añade que “me dice que le pague en metálico, en un sobre que debo dejar en la secretaría de su despacho”. Debido a los plazos de prescripción del procedimiento, el cliente decide continuar con los servicios pero vuelve a pagarle por transferencia y no mediante sobre. Una en octubre y otra a principios de noviembre, en total 3.470 euros en su cuenta de BANIF.

Sin embargo, según explica al Colegio de Abogados de Madrid tras requerirle este más documentación, como la hoja de encargo a López Negrete, “la letrada denunciada no quiso facilitarme tal hoja ya que –como se indicaba en el escrito de queja presentado- las cantidades económicas pactadas no coincidían con las que posteriormente me requirió bajo la amenaza de quedarse con el dinero adelantado”.

Aguirre usó fondos europeos del empleo para subvencionar Ausbanc

El Gobierno de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid utilizó fondos europeos destinados a la creación de empleo para subvencionar a Ausbanc. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo y Mujer, financió un Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral gestionado por Ausbanc Empresas. La organización que preside Luis Pineda, en prisión ahora acusado de extorsión y estafa procesal, prometía tutorías individualizadas, gestión de búsqueda activa de empleo y talleres con entrevistas prácticas.

Francisco Roig patrocinó a Nóos para «colocar» sus campos de golf

Fernando Roig, presidente del Villareal Club de Fútbol y empresario valenciano, ha manifestado a la Audiencia que pagó 600.000 euros a Iñaki Urdangarin por un estudio sobre la valoración de la marca del campo de fútbol de su equipo, El Madrigal. Roig ha asegurado ante el tribunal del juicio de Nóos que pagó lo que Urdangarin le pidió. El empresario se reunió en 2005 con Iñaki Urdangarin para que le ayudara, a través de los foros Valencia Summit, a buscar clientes para unos campos de golf que él promovía en Valencia. Roig patrocinó con 250.000 euros los Valencia Summit y no consiguió clientes. "Sé que yo pagué y sé que no recibí nada", ha dicho el expresidente del Valencia Club de Fútbol en su declaración como testigo en el juicio de Nóos, para cuya trigésima séptima jornada están citadas a testificar quince personas.

Roig, que firmó un convenio con Nóos para patrocinar los foros sobre deporte Valencia Summit de 2005 y 2006, ha contado al tribunal de la Audiencia de Palma que ese contrato fue iniciativa de Miguel Zorío, que llevaba las relaciones públicas de su grupo empresarial y también trabajaba en el área de comunicación para el Instituto Nóos. El empresario ha culpado a Zorío de que su inversión en patrocinio resultara estéril, pero ha destacado que en los foros organizados por Nóos participó "gente muy importante" que eran potenciales inversores para sus campos de golf. "Yo sé que una de las operaciones financieras más importante de España se gestó allí (...) y a esa gente importante la pescó unos pocos", ha resaltado Roig.

El testigo ha declarado que se reunió con Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres en una ocasión en Barcelona, pero ha insistido en que su patrocinio fue pactado con los responsables de Nóos por Zorío, con el que ha declarado sentirse "enfadado" porque cree que "se llevó todo el dinero" sin realizar el trabajo pactado. "Yo lo que quería era a los potenciales clientes poder colocarles alguna cosa", ha subrayado el empresario, que firmó el contrato como "patrocinador principal" de los Valencia Summit y desconocía que los foros los pagaban instituciones públicas, aunque "estaban todos allí", ha dicho respecto a los responsables políticos.

La Plataforma d'Associacions de Jubilats i Pensionistes exigeix la fi del copagament sanitari

Ahir dijous la Plataforma d'Associacions de Jubilats i Pensionistes van realitzar una protesta exigint l'eliminació del copagament sanitari davant de la seu de la conselleria de Salut del Govern a Palma. En acabar han estat rebuts els representants pel director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia que els hi han manifestat que estan treballant en el tema i que no era senzill de resoldre.

A tot això, els pensionistes els hi han contestat que quan s'estava a l'oposició se'ls va vendre que era bufar i fer ampolles l'eliminació del copagament. A la qual cosa des la institució han dit que possiblement no s'hagués avaluat bé la dificultat de realitzar-lo. La resposta dels pesnionistes ha estat clara en el sentit que podríen comprendre si hagués guanyat les eleccions Podem o qualsevol altre partit, però que venguessin el producte PSOE i Més que han tingut responsabilitats de govern no ho podíem entendre.

El proper dimecres, els pensionistes tindran reunió amb la consellera tot i que els han assegurat que per a aquesta data serà impossible solucionar el tema. Se'ls ha ofert participar en el seguiment dels processos per arreglar el disbarat. Per acabar els pensionistes consideren que la resolució durarà tant com la demolició de sa Feixina, la qual cosa és "per a plorar perquè el tema no afecta pedres sinó a persones i moltes d'elles en autèntic estat de necessitat".

Aguirre usó fondos europeos del empleo para subvencionar Ausbanc

El Gobierno de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid utilizó fondos europeos destinados a la creación de empleo para subvencionar a Ausbanc. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo y Mujer, financió un Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral gestionado por Ausbanc Empresas. La organización que preside Luis Pineda, en prisión ahora acusado de extorsión y estafa procesal, prometía tutorías individualizadas, gestión de búsqueda activa de empleo y talleres con entrevistas prácticas.

En 2004, Ausbanc recibió 309.774 euros de la consejería de Empleo y Mujer, que dirigía entonces Juan José Güemes. Y en 2008 cobró otros 447.567 euros, siendo ya consejera Paloma Adrados. Fueron, en total, 757.341 euros, financiados a través de los planes Opea (Orientación Laboral para el Empleo y el Autoempleo), subvencionadas por Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. En el auto que el juez Santiago Pedraz dictó el pasado lunes para ordenar el ingreso en prisión de Pineda, el instructor de la causa cuestionaba ya este tipo de ayudas.

Pedraz admitía en el auto que Ausbanc Empresas tiene incluidos en sus estatutos el asesoramiento, orientación, información y formación de desempleados e inmigrantes, pero insiste también que "su actividad principal se centra en la defensa de los consumidores y usuarios bancarios, por lo que se desconoce si, en el momento de la subvención, estaba capacitada para poder atender las necesidades que se requerían, por no ser ese el fin principal de la asociación".

De hecho, el magistrado explica cómo se inventó el número de asociados para poder acudir a algunas convocatorias o cómo se presentó con un entramado empresarial para lograr ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro. Todos estos hechos están ahora bajo investigación judicial, pero en el auto de la Audiencia Nacional se admite ya que "a la vista de lo hasta ahora actuado se infiere que Ausbanc no podría acceder a la concesión de dichas subvenciones, puesto que no cumpliría con alguno o algunos de los requisitos exigidos en las mismas".

Las organizaciones de consumidores llevan años denunciando las prácticas de Ausbanc, aunque sin haber sido hasta ahora escuchados. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, recordaba ayer en este sentido que "Luis Pineda ha insultado a Facua y otras organizaciones por recibir pequeñas subvenciones públicas, cuando curiosamente era Ausbanc la que recibía ayudas de gran altura". Sánchez pide investigarlo, porque "no es lógica la magnitud del dinero que ha recibido, especialmente a través de Opea (fondos europeos)".

En la misma línea, Adicae recuerda que "lleva más de 20 años denunciando públicamente, ante los medios de comunicación, las autoridades de Consumo y la Justicia, los manejos de Ausbanc y el hecho de que nunca ha sido una asociación de consumidores, pese a emplear esa apariencia para sus negocios". Adicae señala que "deberán responder las instituciones y responsables políticos que hasta la fecha han colaborado y legitimado falsamente a Ausbanc como asociación de consumidores, sin serlo".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció el pasado martes en una entrevista a RNE las ayudas otorgadas a Ausbanc durante su Gobierno. Aseguró que habló con la antigua directora general de Consumo, en referencia a Carmen Martínez de Sola y no a María José Pérez-Cejuela como publicó ayer este periódico, quien le aseguró que los expedientes de las subvenciones "eran perfectamente legales". Ausbanc también recibió ayudas del Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, y a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Concretamente, Sanidad le dio una subvención de 112.350 euros en 2012 y otra de 108.200 euros en 2013.

El Ministerio expulsó en dos ocasiones a Ausbanc del Registro Estatal de Asociación de Consumidores. La primera fue en el año 2005, por incumplir la legislación al realizar publicidad de bienes y servicios. Seis años después, la organización de Pineda solicitó la inscripción en el registro, por lo que en 2012 se incluyó nuevamente ya que cumplía con los requisitos establecidos para defender a los consumidores, según aseguran desde Sanidad. Sin embargo, el Ministerio acabó expulsando a la asociación en 2014 tras conocer que incumplía los requisitos de independencia y falta de transparencia que exige la ley.

El caso Ausbanc también ha salpicado a los jueces tras publicar El País que la asociación pagó a varios magistrados por participar en sus cursos. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial explicó ayer en un comunicado que participar en cursos "es una actividad totalmente compatible" con su cargo e hizo hincapié en "la integridad profesional" de los jueces españoles. María Teresa Cuadrado Díez, esposa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, fue directora general de Consumo durante la última legislatura de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid. Tras la llegada de Esperanza Aguirre al Ejecutivo regional en el año 2003, el Consejo de Gobierno cesó a Cuadrado de su cargo en el mes de noviembre de ese mismo año.

Tras finalizar su etapa en el Gobierno de la región madrileña, la esposa de Pineda pasó a integrarse en la estructura de Ausbanc. Cuadrado fue administradora única de la firma Buenas Maneras, hasta marzo de 2015, empresa que está siendo investigada por el juez Pedraz por recibir ingresos de la red de sociedades de Ausbanc, informa El Economista.

El juez ve irregularidades en las ayudas que Aguirre y Mato dieron a Ausbanc

Ausbanc podría haber conseguido en los últimos años importantes subvenciones de forma irregular. Es lo que sospecha el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye la causa tanto contra esta organización como contra Manos Limpias, por los presuntos delitos de extorsión y fraude procesal.

El juez Velasco prepara la imputación de un diputado de Cifuentes

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para que Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles y actual diputado autonómico en las filas de Cristina Cifuentes, pueda ser imputado. El magistrado ha enviado este viernes a la Asamblea de Madrid un requerimiento para que la Cámara certifique que Ortiz es parlamentario y por tanto, aforado. Se trata de un trámite imprescindible para que Velasco se pueda inhibir en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el competente para imputar a Ortiz (foto). Tanto la Fiscalía como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyen a Ortiz los delitos de fraude y cohecho en el gran contrato de 74 millones que el consistorio que él dirigía adjudicó a Cofely, una de las empresas de la trama Púnica.

Una vez que la Asamblea cerifique la condición de parlamentario al magistrado, este podrá enviar una exposición razonada de los hechos al TSJM para que sea el que cite a Ortiz Espejo en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación). Será la primera prueba de fuego para Cifuentes, que dirige también la gestora del PP de Madrid. Cifuentes ha anunciado por activa y por pasiva que no tolerará la corrupción y se ha comprometido a destituir a cualquier cargo que sea imputado. De hecho, todos los diputados del PP han firmado un compromiso que les obliga a dimitir en caso de ser imputados por un caso de corrupción.

El informe de la UCO señala que ha podido "obtener sólidos indicios probatorios del modo en que el exalcalde Daniel Ortiz Espejo y el exconcejal Alejandro Utrilla Palombi habrían utilizado sus funciones públicas para influir en el desarrollo del proceso de adjudicación en beneficio de los intereses privados de Cofely, eliminando la concurrencia en igualdad de condiciones de los licitadores y vulnerando los principios de la contratación pública". Por este contrato ya está imputado el hermano de Alejandro, Mario Utrilla, que fue alcalde de Sevilla la Nueva y diputado autonómico. El contrato fue adjudicado en mayo de 2014. Ortiz fue alcalde hasta junio de 2015.

En un informe de más de 300 páginas, la UCO reproduce correos electrónicos, documentos e intervenciones telefónicas "que ejemplifican cómo los hermanos Utrilla [a los que la trama apodaba 'los Dalton'] solicitaban de manera reiterada al conseguidor David Marjaliza y al directivo de Cofely Pedro García [ambos imputados] el pago del dinero acordado, justificando en ocasiones esta insistencia en las presiones recibidas de un tercero. A pesar de que los investigados eran cautos durante sus conversaciones telefónicas y evitaban dar datos concretos de los acuerdos o de los intervinientes, las declaraciones en sede judicial, el análisis documental y de los correos electrónicos indicarían que esa tercera persona podría ser el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, al que el exedil Alejandro Utrilla se refiere como "el jefe".

Tras año y medio de intensas pesquisas, la UCO y el juez van estrechando poco a poco el cerco sobre otros cargos públicos que pueden estar implicados en el caso Púnica. Se trata de una causa compleja, que Eloy Velasco ha dividido en 12 piezas porque cada línea de investigación está teniendo una velocidad distinta. Los agentes, por ejemplo, han hecho una criba de toda la documentación encontrada en la sede de Waiter Music (una de las empresas de la trama, encargada de organizar fiestas y conciertos en los municipios) y han detectado irregularidades en ocho localidades distintas a las ya investigadas hasta ahora. Estos nuevos indicios salpican a otros tres diputados autonómicos de Cristina Cifuentes, distintos a Ortiz.

El PP espera la imputación de Barberá y que ella renuncie a su escaño

La dirección del Partido Popular no moverá un dedo de momento tras la solicitud al Tribunal Supremo de dos jueces valencianos para que la exalcaldesa de Valencia y todopoderoso símbolo del PP de todos los tiempos, Rita Barberá, sea imputada por blanqueo de dinero. La secretaria general, Dolores de Cospedal, ha insistido en que la formación conservadora ya abrió un expediente disciplinario por este asunto a la hoy senadora y éste seguirá su curso conforme "avance la investigación", aunque fuentes de la calle Génova confirman que, en cuanto se concrete la imputación de Barberá por parte del Supremo -como todo apunta-, la exalcaldesa será "suspendida de militancia", como ha ocurrido con la mayoría de quienes fueron sus concejales en el Ayuntamiento, ahora imputados en Valencia por el caso Taula de los llamados pitufeos, esto es, presunto blanqueo de dinero procedente de la financiación ilegal del PP en pequeñas cantidades.

Sin embargo, hay un sector del PP que lleva meses exigiendo más "contundencia" a Mariano Rajoy y a Cospedal con Rita Barberá; que criticaron que la senadora pasara a formar parte de la Diputación Permanente en la Cámara Alta, de forma que, aunque se convoquen elecciones, la exregidora siga siendo aforada y respondiendo únicamente ante el Supremo, en lugar de ser juzgada por los tribunales ordinarios, como su antiguo equipo municipal. Estas voces del PP aseguran que esto "se venía venir" y que no había necesidad de haber esperado tanto para obligar a Barberá a renunciar a su escaño y, mucho menos, había que haberla blindado ante la Justicia valenciana. "Tenemos dos meses de precampaña y campaña, que será durísima aun sin Barberá", explican fuentes parlamentarias conservadoras. "¿Qué mensaje vamos a trasladar con Rita imputada y las medidas tomadas in extremis?", se lamentan.

Rajoy ha apelado siempre a la presunción de inocencia de la senadora, pero sólo por "responsabilidad política" sobre los imputados, el presidente "tendría que haberla sacado del grupo parlamentario". Con todo, los conservadores se muestran esperanzados con que sea la propia exalcadesa la que finalmente claudique ante la presión judicial y deje su escaño. "No irá en las listas para el 26-J y, por supuesto y como ahora, no será designada" senadora en las Cortes valencianas. No tiene sentido alargar este pulso, que "está haciendo un daño irreparable al partido", concluyen las fuentes consultadas este jueves.

Al borde de la doble imputación

Rita Barberá podría seguir los pasos de su compañera de partido, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, y verse doblemente imputada en las dos investigaciones sobre las que desde hace meses planea su nombre. Sin embargo, su condición de aforada —que alargará mientras pueda y le dejen— puede dilatar el proceso. No un juez, sino dos, pidieron este jueves al Tribunal Supremo su imputación en un día aciago para la exalcaldesa y por extensión para el PP, que sigue protegiéndola. A la cabeza, su “buen amigo” Mariano Rajoy, que ayer tenía un acto público en Ciudad Real, pero prefirió no pronunciarse sobre el asunto.

El juez del caso Imelsa no se cree las explicaciones por escrito que le dio Barberá para negar su participación en el presunto blanqueo de capitales que habrían realizado ella y 47 miembros más (entre concejales, asesores, exconcejales y exasesores) del PP municipal de Valencia. Por eso, el magistrado ha enviado una exposición razonada al Supremo para trasladar allí la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa. En su escrito, el instructor subraya sus sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación “personal y de estrecha confianza” (tal y como la propia exalcaldesa reconoció en su última rueda de prensa) de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta causa.

Barberá —señala el juez— era la superiora jerárquica de García-Fuster y la máxima responsable del grupo municipal. Una García-Fuster que se negó en su declaración judicial a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. El juez considera “significativo” este silencio y cree que sería “incoherente” no imputar a la exalcaldesa cuando todo su grupo sí está siendo investigado.

Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción 16 de Valencia donde recayó una denuncia contra Barberá por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, remitió en el mismo día que su colega instructor del caso Imelsa otra exposición razonada al Supremo para que sea el alto tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a la senadora popular. En este caso, la instrucción de la causa estaba en una fase más embrionaria que la de Imelsa y la jueza ha decidido declararse “no competente” para juzgar los presuntos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar símbolos franquistas de la ciudad durante sus años de alcaldesa. A pesar de los indicios de blanqueo que la Fiscalía Anticorrupción aprecia contra Barberá y que el juez de Imelsa estima en su exposición razonada, el PP permitirá a la exalcaldesa que estire su aforamiento como senadora. Así se desprende de sus movimientos, sus palabras y sus silencios.

De Público

El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá por blanqueo

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'Caso Taula', un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora.