dijous, 22 de setembre de 2016

Condenado por revelar que un senador del PP no hacía ‘nada de nada’

La frase "hoy sabemos que en cuatro años no hiciste ni una pregunta, ni una interpelación, ni nada de nada en el Senado", incluida en un artículo de opinión publicado en La Voz de Galicia, ha sido considerada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ourense como una "intromisión ilegítima en el derecho al honor" del ex senador por Ourense del Partido Popular Miguel Ángel Pérez de Juan Romero (foto). El periodista José Manuel Rubín y La Voz de Galicia han sido condenados a abonar solidariamente 5.000 euros al político por "intromisión al honor", lo que es una nueva sentencia esperpéntica 'marca España' en el que la verdad denunciada es condenada por la inquisición del tirano.

La jueza condena al periodista José Manuel Rubín y a La Voz de Galicia a abonar solidariamente 5.000 euros al político del PP al considerar que la expresión "‘nada de nada’ crea un efecto despectivo pues da lugar aún a más crítica por parte del público". También considera la titular del juzgado que la crítica política que se vertía en el artículo a raíz del anuncio del senador de que dejaba la Cámara Alta, tuvo "efectos económicos negativos en la actividad privada de su consulta médica" toda vez que, para la juzgadora, el político Pérez de Juan "ha sido y es un reconocidísimo cardiólogo y persona pública de la sociedad ourensana".

En base a la supuesta pérdida de clientes en su clínica particular (en la que atiende a dos o tres pacientes a la semana, según consta en la sentencia), la titular del juzgado fija una indemnización de 5.000 euros rebajando en 45.000 la cantidad que solicitaba el hoy exparlamentario. La sentencia ha sido recurrida y aceptada a trámite la pasada semana.

Los negocios panameños de Oleguer Pujol, controlados desde Bahamas

Los proyectos inmobiliarios de Panamá en los que Oleguer Pujol invirtió parte de la fortuna familiar escondida en Andorra estaban controlados desde Bahamas por sociedades offshore. El responsable de toda la estructura era Daniel Costa, amigo de Oleguer y principal impulsor de esos negocios urbanísticos en Centroamérica, investigados por la Audiencia Nacional por su presunta relación con el blanqueo del patrimonio oculto del clan Pujol. Según consta en documentos secretos del Registro Mercantil de Bahamas, el nombre de este empresario está vinculado con al menos dos mercantiles domiciliadas en ese archipiélago del Caribe, Molamol Headquarters Corp. e Isla Quesito Headquarters Corporation. Ambas sociedades también habrían sido utilizadas para controlar cuentas bancarias en Suiza.

La información de estas empresas figura entre los 38 gigabytes de datos a los que han tenido acceso El Confidencial y La Sexta en una nueva investigación periodística liderada por el Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el semanario alemán Suddeütsche Zeitung que ha revelado la identidad de los propietarios de más de 175.000 sociedades constituidas en Bahamas entre 1990 y 2016. Costa es uno de los españoles que eligió ese territorio para crear sociedades con las que ocultar sus inversiones.

Según consta en los documentos oficiales de ese país, Isla Quesito Headquarters Corporation fue inscrita en abril de 2007. El amigo de Oleguer Pujol ofreció como dirección un domicilio de la calle Tamarit de Barcelona. Figura como su único administrador. El despacho encargado de realizar la gestión fue Morgan y Morgan, el mayor bufete del mundo especializado en la creación de empresas offshore para la evasión fiscal y el lavado de capitales. Costa sólo tuvo que pagar 360 dólares para crear esa empresa.

Un año después, en abril de 2008, pagó otros 360 dólares a Morgan y Morgan para constituir una segunda mercantil en Bahamas, Molamol Headquarters Corp. De nuevo, Costa asumió el cargo de único administrador, aunque esta vez dejó como dirección un edificio situado en el número 20 de la calle Manzana de Obarrio de Ciudad de Panamá. Con ambas sociedades, el empresario controló otras dos mercantiles panameñas de nombre casi idéntico con las que iba a desarrollar proyectos urbanísticos en la capital del país centroamericano. La función del entramado era dificultar la atribución del dinero invertido en esos negocios y obtener suculentas ventajas fiscales.

En conversación telefónica con este diario, el empresario asegura que creó la mercantiles en Bahamas por recomendación de Morgan y Morgan. “Me dijeron que fiscalmente era lo más óptimo. Las empresas bahameñas facturaban servicios de marketing, asesoramiento, consultoría... a las mercantiles panameñas y de ese modo los ingresos viajaban a Bahamas y tributaban en ese país”, reconoce Costa. También admite que esas mercantiles gestionaban los depósitos de Suiza con los que pretendía financiar sus inversiones inmobiliarias en Panamá. Una de esas cuentas, abierta en Credit Suisse, llegó a albergar 6,7 millones de euros, como desveló El Mundo.

La Audiencia Nacional investiga desde 2014 esta estructura societaria tras detectar que Oleguer Pujol invirtió en los proyectos inmobiliarios de Costa parte del dinero que ocultó durante tres décadas, junto al resto de la familia Pujol, en bancos de Andorra. En concreto, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han acreditado que el menor de los siete hijos del expresidente de la Generalitat de Catalunya realizó en diciembre de 2006 una primera transferencia desde su depósito en Andbank con numeración AND81670 a la mercantil Isla Quesito Real Estate Development por importe de 100.000 dólares. Meses después, en noviembre de 2007, se produjo otro movimiento desde el mismo depósito del Principado hacia Isla Quesito por valor de 50.000 dólares. Los investigadores consideran que esas inversiones tenían como objetivo blanquear parte de los fondos que había acumulado el clan Pujol con el cobro de comisiones ilegales.

Ninguno de los proyectos de Costa salió adelante. Según ha podido saber El Confidencial, el empresario constituyó Molamol para levantar un rascacielos en un solar de 2.000 metros cuadrados de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) situado en la calle 50 de la capital panameña, la zona premium de la ciudad. Los accionistas, entre los que figuraba el propio Costa y el bróker Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, adelantaron 575.000 dólares a KFC en concepto de señal tras cerrar la adquisición del suelo en 5.575.000 dólares. Sin embargo, no consiguieron los otros cinco millones que necesitaban y perdieron lo invertido. La torre nunca se hizo y el KFC sigue en el mismo lugar.

Costa volvió a intentarlo. Un año después de crear Molamol, montó el entramado de Isla Quesito para construir un edificio de apartamentos de 67 plantas en la avenida Balboa de la capital panameña, otra de las zonas más emblemáticas de su casco urbano. Llamó al rascacielos Balboa Blue Spa. El terreno apenas tenía 978 metros cuadrados pero logró captar a inversores españoles -Oleguer Pujol entre ellos- y el BBVA decidió financiar el proyecto. Sin embargo, el colapso inmobiliario hundió los precios de la vivienda, los inversores renunciaron, BBVA retiró el crédito y Balboa Blue Spa se convirtió en otro tremendo fiasco.

La UDEF no ha prestado atención al resultado de esos negocios, sino a las inversiones que hizo en ellos Oleguer Pujol con dinero escondido en Andorra. Fuentes del entorno de Oleguer reconocen la existencia de esas dos transferencias por importe de 150.000 dólares pero niegan que exista alguna irregularidad en la procedencia de esos fondos y han recordado que, en abril de 2013, Oleguer comunicó a la Agencia Tributaria a través del Modelo 720 (para la declaración de bienes en el extranjero) que había realizado esas inversiones en Panamá. “No hay nada ilegal. Y de hecho, tras el fracaso del proyecto, como sus acciones ya no valían nada, decidió venderlas por un euro para no tener que declarar esa inversión sin valor año tras año”, explican estas mismas fuentes.

Ni la UDEF, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Audiencia Nacional están de acuerdo. Las pesquisas sobre Oleguer Pujol arrancaron en el Juzgado Central de Instrucción número 1 pero, la semana pasada, su procedimiento fue incorporado a la causa sobre toda la familia Pujol que instruye desde diciembre de 2012 el Juzgado número 5 del mismo tribunal, tras concluir que los posibles delitos que habría cometido el hijo menor del expresident catalán estarían conectados con el patrimonio familiar oculto en Andorra. Los datos a los que ha tenido acceso este diario ubican en Bahamas el origen societario de sus negocios panameños, informa El Confidencial.

El fiscal protegeix De la Rosa, font clau de l’operació Catalunya

La Fiscalia Anticorrupció ha blindat el financer, exconvicte i informant de la policia Javier de la Rosa, fent cas omís de les conclusions d’un informe de l’Agència Tributària segons el qual hauria comès un delicte fiscal en l’operació de compravenda de 1.152 oficines del Banco Santander el 2007, amb els seus fills Javier i Gabriela. La Fiscalia només imputa els fills i deixa el pare fora del cas. De la Rosa és una font policial bàsica en l’operació Catalunya, que busca draps bruts en actors clau del sobiranisme per acabar amb el procés. El seu paper va ser especialment actiu en la persecució de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i el va portar a la seva confessió de frau fiscal.

Pujol Jr. redactó la falsa declaración de su testaferro ante el juez

Jordi Pujol Jr. elaboró de su puño y letra la falsa declaración de su testaferro ante la Audiencia Nacional. La Policía intervino en el domicilio de Jordi Pujol Ferrusola el borrador y la escritura notarial definitiva del documento que leyó su testaferro argentino ante el juez José de la Mata y a cambio del que pagó al menos 135.000 dólares.

La Fiscalía apunta a los bancos y bufetes que llevaron sus clientes a Mossack Fonseca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar la responsabilidad de los bancos, asesores fiscales y bufetes de abogados que actuaron como intermediarios de Mossack Fonseca en España y le suministraron grandes bolsas de clientes.

Al Assad: "El ataque de la coalición no fue un accidente sino que fue deliberado"

El presidente Bashar al-Assad afirma que “Estados Unidos no tiene la voluntad de actuar contra el “Frente al Nousra” y el “Estado Islámico” porque considera a esos dos grupos terroristas como carta en sus manos y puede utilizarla para lograr su propia agenda”. En una entrevista a la agencia Associated Press (AP), el presidente sirio ha dicho que los “Estados Unidos no están dispuestos para unirse a Rusia en la lucha contra los terroristas en Siria”, y asegura que “el ataque estadounidense contra las posiciones del Ejército Árabe Sirio en Deir Ezzor fue deliberado”.

Por otro lado, comentando las alegaciones de la Casa Blanca que acusan a Siria y Moscú de atacar a un convoy de la Media Luna Roja, afirmó que “todas las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos sobre el conflicto en Siria no tienen nada que credibilidad y todo lo que dicen son meras mentiras y burbujas que no tienen fundamento sobre el terreno”.

En respuesta a una pregunta sobre el alto el fuego en Siria, el presidente al-Assad contestó: “Hemos anunciado nuestra disposición de comprometerse con cualquier cese de las operaciones o un alto el fuego, pero el asunto no depende de Siria o Rusia sino de Estados Unidos, de los grupos terroristas asociados al “Frente al Nousra” y al “Estado Islámico”, y también depende de Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudita. Todos esos declararon públicamente que no están comprometidos y, en mi opinión, Estados Unidos no es honesto en su deseo de llegar a un cese de la violencia en Siria”.

Sobre la posibilidad de alcanzar un estado de alianza militar entre Estados Unidos y Rusia contra los grupos armados como se estipula en el acuerdo entre Moscú y Washington, el Presidente opinó que “esto es posible en la práctica, pero en la realidad no sería posible porque Estados Unidos no tiene la voluntad de actuar contra el “Frente al Nousra” o incluso contra el “Estado Islámico” porque cree que esos dos grupos terroristas son una carta en sus manos y puede utilizarla para lograr su propia agenda, y si los ataca perderían una carta muy importante en relación con la situación en Siria”.

En relación al ataque de la coalición contra las tropas sirias y si fue un accidente, el presidente al-Assad dijo: “esto no es verdad. No fue un accidente cometido por un solo avión y por una sola vez. Participaron en el ataque cuatro aviones y su ataque contra las fuerzas sirias duró casi un poco más de una hora”. Explicó además que “los cazas no atacaron un edificio en una calle específica sino que atacaron una amplia zona que abarca muchas colinas”. “Inmediatamente después del ataque aéreo norteamericano, los combatientes del Estado Islámico lanzaron un ataque contra el Ejército sirio”, afirmó el presidente y se preguntó: ¿cómo los terroristas supieron del ataque?

Acerca de si Siria o Rusia habían atacado un convoy de la Media Luna Roja esta semana, el mandatario sirio puntualizó: “siempre ha habido decenas de convoyes, quizás de diferentes organizaciones de todo el mundo y vienen a diferentes áreas en Siria durante los últimos años, entonces ¿por qué eso no ocurrió antes? ¿por qué está sucediendo ahora?… todo lo que dicen los estadounidenses es mentira y son burbujas sin fundamento en el terreno”. “Esos testigos sólo aparecen cuando hay una acusación contra el Ejército sirio o en contra de los rusos, pero cuando los terroristas cometen un crimen o una matanza, desaparecen todos los testigos y no aparecen los denominados “cascos blancos” ¡Qué casualidad!”, dijo el presidente cuando el periodista habló de testigos que aseguraron que el convoy fue atacado con misiles, informa SANA.

Vídeo: Rusia: "El convoy humanitario de Alepo seguía una furgoneta de terroristas con morteros"


"El convoy humanitario de Alepo seguía una furgoneta de terroristas con armas de mortero", ha anunciado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el mayor general Igor Konashénkov. Además, el portavoz ruso ha afirmado que "las aviaciones rusas y sirias no realizaron ningún ataque aéreo contra el convoy humanitario al suroeste de Alepo". "Debido al hecho de que la ruta del convoy pasaba por territorio controlado por los rebeldes, el Centro ruso para la reconciliación de las partes en conflicto en Siria lo siguió ayer con aviones no tripulados", ha añadido Konashénkov.

El ejército sirio rechaza la ofensiva de los terroristas al sudoeste de Alepo


Una fuente militar informa que grupos terroristas del denominado “Ejército de Conquista” sufrieron numerosas bajas en sus filas al ser bombardeados por tierra y aire por el Ejército sirio en varias zonas del campo sur y oeste de la provincia de Alepo, donde inciaron una ofensiva sorpresa grupos de Al Nusra a los que se habrían sumado miembros de otros grupos "rebeldes" también financiados por la OTAN y las tiranías wahabitas.

La contaminación mata 500.000 personas al año en Europa

Más de 500.000 personas mueren de forma prematura en Europa todos los años como consecuencia de problemas vinculados a la mala calidad del aire, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), y buena parte se podrían evitar reduciendo la cantidad de vehículos en circulación, especialmente en las ciudades más densamente pobladas. Una vez las industrias y las plantas de generación energética se han retirado de los núcleos urbanos y se han modernizado la mayoría de las calderas, la gran asignatura pendiente de las ciudades es ahora las cuatro ruedas. "Y muy particularmente el vehículo privado puesto que es mucho más difícil regular su uso", destaca Xavier Querol, especialista del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), en Barcelona.

"Todas aquellas ciudades que han emprendido medidas decididas para restringir el tráfico o la circulación de los vehículos más contaminantes han reducido enormemente la presencia de contaminantes en el aire", prosigue Querol. En este sentido, el investigador del CSIC recuerda como ejemplos que las ciudades de Estocolmo y Milán han limitado el número de coches en circulación en un 20% y un 30%, respectivamente, mediante la instalación de un peaje de acceso al centro urbano. Y sin traumas reseñables. "En las ciudades que lo están haciendo bien se nota enseguida el cambio", añade Pablo Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción.

Las micropartículas que expulsan los vehículos por el tubo de escape como resultado de la combustión del petróleo, y en menor medida las originadas por el rozamiento en el asfalto, los neumáticos y las pastillas de freno, pueden inhalarse y acabar llegando a los alveolos pulmonares y al cerebro hasta ocasionar graves afecciones cardiacas, problemas respiratorios y diversos tipos de cáncer, advierte la AEMA. Y, además de la mortalidad directa, todo ello tiene un gran impacto económico al aumentar los costes médicos y reducir la productividad por los días de trabajo perdidos.

"La gente ha de ver que esto no es un problema meramente ambiental, sino un grave problema de salud", recuerda María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las estimaciones europeas calculan que anualmente mueren en España de forma prematura unas 33.000 personas por la exposición a un aire de mala calidad, 20 veces más que las ocasionadas por los accidentes de tráfico. "La mayoría de los habitantes de las ciudades europeas, incluidas las españolas, siguen expuestos a unos niveles de contaminantes atmosféricos que la OMS considera peligrosos", insiste Muñoz.

El tráfico está muy implicado en la generación de PM, dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3), los tres contaminantes atmosféricos "más problemáticos para la salud humana", como los define la AEMA. En el caso del NO2, un resultado de la combustión de los motores y muy particularmente de los diésel, además de precursor del O3, los coches son responsables de más del 40% de la generación total europea y del orden del 70% en los ambientes urbanos. En cuanto a las PM en ciudades, se estima que los coches generan el 50% del total, aunque es un valor muy variable puesto que entran en juego cuestiones como las condiciones meteorológicas y las obras en la calle. Por si fuera poco, el transporte es además responsable del 25% de las emisiones industriales de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.

Según Querol, en todos los apartados regidos por las política ambiental europea "ha habido grandes progresos". El especialista del CSIC cita la obligatoriedad de los filtros para partículas en los coches diésel, en vigor desde el año 2009. "Un coche actual emite como 35 de 1992", destaca. Asimismo, la regulación de la quema en las centrales térmicas ha reducido al mínimo desde el 2008 las emisiones de dióxido de azufre, informa El Periódico.

La GC acusa a Lucía Figar (PP) de fraude, tráfico de influencias y malversación

La Guardia Civil atribuye a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar los delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que la ex alto cargo popular "utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones". "Queda patente", subrayan los investigadores en sus últimos informes, que "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería". "Pero también", añade la UCO, ha quedado acreditado que usó esta estrategia "como arma de ataque contra la oposición política y social, empleando usuarios falsos de redes sociales para lanzar mensajes contrarios a éstos". Una actitud, esta última, que la Guardia Civil considera que evidencia la "cuestionable honradez personal y política" de la ex consejera de Esperanza Aguirre.

Los investigadores explican que Figar "se habría concertado con el empresario Alejandro De Pedro para que éste fuera el beneficiario de la adjudicación reiterada de contratos públicos de supuesta búsqueda activa de información relativa a la Consejería de Educación". "No obstante", continúa, "dicha descripción del contrato no resiste a una lectura detallada de los informes de EICO (empresa de De Pedro), donde queda de manifiesto que el objeto del contrato era la reputación personal de la consejera y de su opción política".

Tras constatar que el concepto de los contratos era ficticio, la Guardia Civil señala que "se han destacado varias irregularidades como el hecho de que, pese a que los trabajos se presentaban bajo el membrete de EICO, se facturaban a terceras empresas, circunstancia que no impide que se autorice el pago a la empresa determinada por De Pedro". "La implicación de altos cargos de la Consejería, como el jefe de Gabinete o el secretario general técnico, la interacción de empleados de la consejería con empleados de EICO o el hecho de que el mismo Alejandro De Pedro le pusiera al corriente del contenido de los informes conduce, a juicio policial, a que Lucía Figar habría sido quien habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada de De Pedro y que era sabedora del cariz de los servicios de EICO".

Asimismo, agrega la UCO que Figar "habría beneficiado a De Pedro con otros contratos públicos como el vinculado al proyecto Study in Madrid, donde se eluden los procedimientos de concurrencia competitiva desplazando una parte del contrato a la Fundación Madri+D". "En este contrato, además, se ha detectado que la tramitación de los expedientes no se ajusta a la realidad de los trabajos realizados llevando cada ámbito un camino absolutamente dispar y formulando los expedientes con el único ánimo de habilitar pagos a De Pedro".

A su vez indica la Guardia Civil que "se han hallado también indicios de que se estaba articulando otra concertación en el año 2014 en el seno de la Consejería de Educación, existiendo el compromiso por el empresario de facilitar a la consejera las variables para la valoración del contrato". Junto a Figar, la UCO considera "conocedor y partícipe en la trama articulada en la Consejería de Educación» a Manuel Pérez en calidad de «secretario general técnico", por lo que se le atribuyen los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad. Asimismo, la Guardia Civil implica a Pablo Balbín, ex jefe de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como "cooperador necesario" y le acusa de fraude, malversación y tráfico de influencias. Por último, a De Pedro le atribuye fraude, falsedad y tráfico de influencias, informa El Mundo.

Bartolomé González, del PP, cobró 60.000 euros de Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene en su poder el informe de la Guardia Civil que sitúa al diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, al borde de la imputación en el caso Púnica. Los investigadores concluyen que hay indicios suficientes de que Bartolomé González recibió 60.000 euros de Cofely, una de las empresas centrales de la trama, a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento que regía, según han informado a eldiario.es fuentes del caso.

"Estado de emergencia" en Charlotte tras otra noche de disturbios raciales

Charlotte, capital de Carolina del Norte, se halla en “estado de emergencia”, tras una segunda noche de disturbios raciales por la muerte el pasado martes de un ciudadano afroamericano indefenso y desarmado a manos de la policía. Durante las protestas, un hombre ha resultado herido de bala y su estado es crítico. La policía asegura que no realizó ese disparo. Tras declarar el estado de emergencia, el gobernador de Carolina del Norte ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.

Charlotte tiene más de 800.000 habitantes y el 35% de su población es negra. Esta comunidad esta indignada por lo ocurrido que califican como un caso más de violencia racial por parte de las fuerzas del orden. El fallecido, un padre de familia de cuarenta y tres años, se encontraba dentro de su vehículo cuando fue abordado por unos agentes que buscaban a un sospechoso. Su familia asegura que estaba leyendo un libro mientras esperaba que su hijo saliera del colegio. La policía asegura que tenía una pistola en sus manos.

Las protestas de Charlotte estallaron el martes después que un agente de policía matase al afroamericano Keith Lamont Scott, de 43 años, en el aparcamiento de un edificio de apartamentos. Según la policía, Scott iba armado -en Carolina del Norte llevar armas es legal- y suponía una "amenaza de muerte inminente" para los agentes, un relato que familiares y testigos rechazan. Estos aseguran que Scott estaba leyendo un libro mientras esperaba a su hijo.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Charlotte, Jennifer Roberts, ha hecho una llamada a la calma y ha prometido total transparencia en la investigación de lo sucedido. A su lado, el jefe de la policía de Charlotte, Kerr Putney, ha insistido en que "la historia es muy diferente de la que se ha contado en las redes sociales" y ha asegurado que los agentes pidieron a Scott que arrojase el arma con la que salió de un vehículo. El jefe policial aseveró que en el lugar del incidente se encontró un arma cerca del cuerpo de la víctima y no un libro que supuestamente leía mientras esperaba que su hijo regresase de la escuela, tal como han manifestado sus familiares. Todo el suceso quedó registrado en vídeo gracias a la cámara que llevaba uno de los agentes implicados, pero las autoridades se han mostrado reticentes de momento a hacerlo público.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado con la alcaldesa Roberts para abordar la problemática y también con el alcalde de Tulsa (Oklahoma), Dewey Bartlett, ciudad que vive su particular incendio después de que la policía matase el pasado viernes al afroamericano Terence Crutcher, que iba desarmado y al que se le había averiado el vehículo. En este caso, un vídeo demuestra que Crutcher iba desarmado cuando la agente Betty Shelby le disparó.

En referencia a los sucesos en Charlotte y Tulsa, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha subrayado que la muerte de afroamericanos a manos de policías "comienza a ser intolerable", mientras que su rival republicano, Donald Trump, ha calificado los hechos de "trágicos" y ha abogado por hacer de Estados Unidos un país "nuevamente seguro". En lo que va de año, la policía en Estados Unidos ha matado a 706 personas, 173 de las cuales afroamericanos, de acuerdo con datos del diario 'The Washington Post'.

Policía de EEUU asesina a un sordomudo desarmado

En un caso ya nada extraño, la Policía estadounidense asesinó a un conductor sordomudo en el noreste de Charlotte, Carolina del Norte (sureste). Según informó el lunes rotativo estadounidense New York Daily News, un agente intentó detener a Daniel Harris (foto) por exceso de velocidad, pero el hombre de 29 años, que se comunicaba a través del lenguaje de señas, no paró el coche.

Leyes liberticidas y racistas en los EE.UU.: ¿Congeladas o en marcha?

Desde hoy Agencia Sirius/Sírius Notícies colabora con Michel Collon Investig'Action, un honor que esperamos defender con el respeto que nos merece ese grupo de gente tan amplio como silencioso que lucha por la verdad, la justicia, la igualdad y el socialismo para todos los pueblos y naciones. La Alianza Negra para una Inmigración Justa (en inglés BAJI) es una organización de defensa de la justicia racial y los derechos de los inmigrantes negros y los nacionales norteamericanos afroamericanos. La BAJI fue creada en 2006 a raíz de las escandalosas propuestas legislativas estatales y nacionales sobre inmigración, con el fin de movilizar a los ciudadanos negros de Estados Unidos y obtener su apoyo al movimiento por los derechos de los inmigrantes.

La inversió en llars d'infants cau a la meitat en quatre anys

La inversió de la Generalitat en escoles bressol s'ha reduït a la meitat en quatre anys, passant de gairebé 147 milions d'euros el 2009 a poc més de 71,5 el 2013, segons apunta un informe elaborat per la Fundació Jaume Bofill. El document, titulat «De l'escola bressol a les polítiques per a la petita infància», denuncia que la Generalitat, malgrat tenir competència exclusiva en educació Infantil, «mai ha estructurat ni organitzat la xarxa de guarderies que va ajudar a crear». Segons l'estudi, les aportacions del Govern per nen i curs de parvulari s'han reduït en un 51,4%; a més, ha eliminat les ajudes per a l'escolarització dels infants en situacions econòmiques desfavorides i ha reduït a un terç les subvencions a les guarderies privades. En el context de la crisi econòmica, les retallades en aquest àmbit van ser «més fàcils» d'afrontar per a la Generalitat perquè «l'educació per a nens entre 0 i 2 anys no existeix com a dret», va assenyalar l'autor de l'informe, l'investigador Jaume Blasco.

Les famílies han vist com la quota mensual augmentava en un 10% i la de menjador ho feia en un 21%, mentre els ajuntaments i les diputacions provincials han assumit un terç de les retallades. Malgrat l'augment de la cobertura general dels parvularis, gràcies en gran part a l'anomenada «llei de les 30.000 places» aprovada el 2004 -que va doblar el nombre de parvularis municipals en poc més d'una dècada-, l'informe de la Fundació Jaume Bofill alerta que cada any queden sense cobrir un 10,2% de les places públiques i un 18% de les privades, i que hi ha grans desigualtats entre els territoris catalans.
Blasco va indicar l'excés d'oferta concentrada a municipis petits i mitjans, molts dels quals «lluiten per mantenir les guarderies obertes»; mentre que les grans poblacions experimenten «un greu dèficit de places», com passa a Barcelona, on la xarxa pública de guarderies només va poder atendre el 56% de les sol·licituds d'accés en el curs 2014-15.

Les localitats catalanes amb més escolaritzats en guarderies són Esplugues de Llobregat (60,9%), Sant Cugat del Vallès (59,2%), Sant Feliu de Llobregat (54,9%), Girona (54,9%) i Gavà (52,3%); mentre que Blanes (28,4%) i Figueres (28,6%) estan entre les que tenen menys alumnes en parvularis.

Blasco va assenyalar que la xarxa d'escoles bressol s'ha potenciat als municipis amb més renda i nivell educatiu i amb un índex d'atur més baix, mentre que el seu dèficit és més gran a les localitats amb menor nivell educatiu i més atur, impedint que s'atenguin les necessitats educatives de poblacions en risc d'exclusió social. En aquest sentit, l'investigador va apuntar que ens trobem davant «una política regressiva» que prioritza la conciliació familiar per sobre de les necessitats educatives dels menors. Catalunya és la cinquena comunitat autònoma amb més nens que van al parvulari, informa Diari de Girona.

A Catalunya, País Valencià i Balears hi ha el 82% de barracons escolars de tot l'Estat


Segons un estudi elaborat per la revista La Marea, hi ha 19.028 centres educatius públics a l'Estat espanyol, però no tots gaudeixen de la mateixa salut ni s'imparteixen les classes sota el mateix tipus de sostre, sòl o parets. Segons les dades recaptades per La Marea, en tot l'Estat hi ha instal·lats 3.398 mòduls prefabricats que substitueixen aules d'obra. Però la distribució d'aquestes instal·lacions no ha estat homogènia a les diferents comunitats. Aquest curs bals centres d'ensenyament de les Illes Balears hi haurà 107 barracons, 14 més que l'any passat. Al País Valencià hi ha 1.700 barracons i a Catalunya, 996. Són les dues comunitats de l'Estat espanyol on n'hi ha més i totes dues abasten el 79% del total de l'Estat. Si hi afegim els 107 barracons de les Balears, podem veure que el conjunt dels territoris de parla catalana suporten el 82% dels barracons de tot l'Estat.

Cataluña pierde 2.079 camas de la sanidad pública


Según un estudio elaborado por CCOO sobre la evolución de las camas en centros públicos del Sistema Nacional de Salud en el ámbito del Estado español, se constata que Cataluña es donde se han perdido más camas durante el periodo 2010-2014. Mientras que otras comunidades autónomas han tenido un incremento de camas en funcionamiento, como es el caso de la Rioja con +139 camas o el de Navarra con +112 camas, Cataluña encabeza el ranking justamente por todo el contrario.

Ni català ni balear ni castellà: 'castellorquí'

L'empresa constructora MAB (Matias Arrom Bibiloni), radicada a Biniali i concessionària de múltiples obres públiques, ha editat una sèrie de rètols amb recomanacions bàsiques sobre seguretat en una estranya combinació de castellà i català. No se sap si es tracta d'un intent de sintetitzar el bilingüisme en una sola 'ortografia' o si els assessors lingüístics de l'empresa són els lletristes de la famosa banda de música Ossifar que cantava en 'castellorquí', informa dBalears.

Tot el que s'ha de saber del cas Palau

El tribunal del cas Palau ha proposat aquest dimecres que el judici que tindrà com a protagonistes Fèlix Millet i Jordi Montull se celebri entre el gener i l'abril del 2017. El procés iniciat el juliol del 2009 amb un escorcoll a l'edifici modernista entra en una nova etapa després que el juliol de l'any passat el jutge instructor, José Julián García de Eulate, tanqués la fase d'investigació. De moment, el tribunal ha cita totes les parts el pròxim 3 d'octubre al Palau de Justícia per configurar el calendari d'aquest cas, documentat en 60.784 folis i que compta amb 38 parts. Set anys després del seu inici, repassem les claus d'aquest "macro" procés judicial.

La instrucció del cas Palau ha estat especialment lenta al jutjat número 30 de Barcelona. D'una banda, per la complexitat del procediment, i de l'altra, perquè ha canviat de jutge instructor fins a cinc vegades. El primer en caure va ser Juli Solaz el gener de 2011 entre crítiques per la seva parsimònia en la investigació i perquè només va citar a declarar dues vegades Millet i Montull. El va substituir temporalment Miguel Ángel Tabares, que va imputar l'extresorer de Convergència Democràtica (CDC) Daniel Osàcar. Josep Maria Pijuan va rebre l'encàrrec oficialment el maig del mateix any.

Aquest últim magistrat va fer 65 anys a finals del 2013, motiu pel qual es va jubilar després de ser un dels que més va avançar en la instrucció. I va tornar la substitució temporal amb Jaime Cornejo, que es va fer càrrec del cas fins el març de 2014, mes en què finalment José Julián García de Eulate va començar a conduir la recta final de la investigació fins al juliol del 2015.

Paral·lelament, també es va obrir una causa per l'afer de l'hotel del Palau que implicava Millet i Montull en un cas de tràfic d'influències per aconseguir la requalificació urbanística de la casa Agustí Valentí, molt a prop del Palau de la Música Catalana, amb l'objectiu de construir-hi un hotel de luxe. També van ser encausats l'aleshores tinent d'alcalde d'urbanisme del PSC a l'ajuntament de Barcelona, Ramon García-Bragado, el gerent d'Urbanisme, Ramon Massaguer, el lletrat Enric Lambies i l'arquitecte del projecte, Carles Díaz. Tots ells han acabat absolts. De fet, Millet i Montull van ingressar a presó per aquest assumpte.

Enmig de tot plegat, s'han produït retards per formalismes processals i, fins i tot, es va estar a punt de tancar la instrucció abans d'hora si no fos perquè l'Audiència Provincial ho va evitar el juny de 2014. Diversos recursos contra la interlocutòria que posava fi a la fase d'instrucció van suposar l'últim retard, que va endarrerir la confirmació de l'obertura de la fase oral de judici fins aquest mes de març.

La secció desena de l'Audiència Provincial de Barcelona serà l'encarregada de jutjar el cas Palau amb el magistrat Julio Hernández Pascual com a ponent. Hi ha fins a 38 parts: 16 acusats, dues acusacions públiques, quatre acusacions particulars i/o populars, cinc responsables civils a títol lucratiu i 11 entitats jurídiques com a responsables civils subsidiàries. Els principals investigats són Millet i Montull, a qui la Fiscalia demana 27 anys i mig de presó i multes de 22 milions d'euros per l'espoli milionari del Palau de la Música, de 25 milions, segons la fiscalia Anticorrupció. Concretament, els acusa d'uns delictes de malversació de fons públics, falsedat documental, tràfic d'influències, apropiació indeguda i blanqueig de capital. En relació a Osàcar, reclama set anys i mig per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.

Sobre CDC pesa una fiança de 3,2 milions d'euros (que ha obligat el partit a dipositar com a garantia les seves seus) per les "comissions il·lícites" que hauria rebut de Ferrovial. Per als dirigents d'aquesta empresa, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, fa una petició de pena de quatre anys i sis mesos de presó, i una multa de 10 milions. Qui també està entre els investigats és Gemma Montull, per a qui el fiscal reclama 26 anys de presó, mentre que per a l'exdirectora general del Palau de la Música Rosa Garicano demana 9 anys i mig de presó. En els dos casos, la multa s'eleva a més de 12 milions.

El fiscal va acabar excloent del seu escrit d'acusació l'exdiputat de CiU al Parlament, Jaume Camps, acusat de cobrar les comissions de Ferrovial per a CDC. L'Audiència Provincial de Barcelona va considerar que els fets ja havien prescrit. També es va arxivar la imputació contra Marc Puig, que va ser alt càrrec convergent de l'Ajuntament de Barcelona, i que va justificar els treballs que havia fet per a la institució.

El judici, que es durà a terme entre el gener i l'abril del 2017, coincidirà amb la recta final del procés independentista català. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha situat la tardor del 2017 com a data d'una nova cita amb les urnes. En aquest context de culminació del procés, el judici esquitxarà l'antiga Convergència -avui Partit Demòcrata Català (PDC)-, que encara no ha aconseguit tancar el seu episodi de refundació. De fet, CDC no acabarà de desaparèixer del tot a curt termini. El partit manté la seva personalitat jurídica mentre té obertes fins a sis causes judicials, que afecten a la formació i a exdirigents convergents. Les més rellevants són el cas del 3% sobre un presumpte finançament irregular del partit, el cas Pujol i el cas ITV, informa Nació Digital.

El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en los contratos del PP en 2013

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha desvelado hoy que el Tribunal de Cuentas ha pedido al Consell, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, información sobre irregularidades en las consellerias de Presidencia, Infraestructuras y Economía reflejadas en el Informe de la Sindicatura de Comptes de 2013. Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts, durante la primera sesión de control de este periodo de sesiones, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig (foto), sobre el cumplimiento del Plan Económico Financiero de la Comunitat Valenciana 2016-2017. El president ha explicado que a la Generalitat "no paran de llegar denuncias de todo tipo", la última de ellas de la Fiscalía de la Tribunal de Cuentas, que pide que se informe de contratos que Bonig hizo de manera "ilícita o ilegal" cuando era consellera de Infraestructuras.

Así, ha explicado que había expedientes que no contenían factura de gasto, una ausencia de justificación documental de los criterios seguidos para elegir contratistas -no se solicitaron varios presupuestos- y posibles fraccionamientos de contratos, según evidenció el informe de la Sindicatura de Comptes de 2013. Puig ha defendido que el actual Consell actuará de manera muy diferente al anterior, donde algunos se dedicaban a "robar" y otros a "gestionar fatal", informa Las Provincias.

Rus traspasó su Ferrari a su hija justo cuando estalló el caso Imelsa

Marzo de 2011. Mitin en Ribarroja. Precampaña de unas elecciones que fueron las últimas para Francisco Camps. Y las mejores: 55 diputados. Alfonso Rus, también en la cresta de la ola como presidente de la Diputación de Valencia y al frente del PP en la provincia, explica a los simpatizantes que acudieron a encuentro: «Yo tenía un Ferrari y no querían que lo tuviera. Me lo compré antes de entrar en política y, después, me lo cambié. Y por eso me tienen malicia, pero yo digo: si me votáis, tendréis uno». Abril de 2015. El caso Imelsa estalla con virulencia. Los rumores sobre Rus son un clamor. En los periódicos se desgranan las tropelías de quien fuera su pupilo, Marcos Benavent, exgerente de Imelsa. Rus es el candidato de su partido y asegura que quiere volver a ganar en Xàtiva. Sin embargo, el 20 de abril, según el proceso judicial del caso cuyo secreto de sumario se levantó el jueves, 'El Faraón' se desprende del único bien material que le quedaba: su mítico Ferrari, que pasa a manos de su hija, matriculado en 2004, y que se está vendiendo actualmente por más de 80.000 euros en el mercado de segunda mano.

El PSOE veta en Andalucía la Oficina Antifraude de Podemos

Menos de una semana después de verse sacudido por el explosivo auto de la Fiscalía que pide seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y diez de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el fraude de los ERE, el PSOE andaluz ha tenido que afrontar este miércoles en el Parlamento una disyuntiva envenenada: votar a favor o en contra de una proposición de ley de Podemos para la creación de una Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía. Se trataría de un órgano independiente, adscrito a la Cámara autónomica, cuyo objeto sería prevenir la corrupción, investigarla e incluso proponer sanciones, aunque si detectara indicios de delito tendría que derivar el caso a la Fiscalía (sólo Cataluña cuenta con una figura similar).

Finalmente, la Cámara autónomica, con los votos en contra de socialistas y Ciudadanos, han vetado la tramitación del proyecto de ley. La formación morada e IU han votado a favor y el PP se ha abstenido. Lo sorprendente de este debate es que todos los grupos de la Cámara, todos, tienen comprometido en sus programas electorales la creación de un instrumento propio de lucha contra la corrupción. Aparentemente todos coinciden en el qué y discrepan en el cómo. Pero la negativa a iniciar siquiera la tramitación de esta ley tiene más que ver con la lucha entre PSOE y Podemos por la hegemonía de la izquierda, que con discrepancias jurídicas, técnicas y económicas sobre el proyecto (que las hay).

La “creación de una Oficina Antifraude para Andalucía” fue una promesa de la presidenta Susana Díaz en su investidura de junio de 2015 y volvió a anunciarla en marzo de 2016. De hecho, la propuesta está incluida en el acuerdo de investidura que PSOE y Ciudadanos firmaron al inicio de este mandato. Podemos ha tomado la iniciativa, ante la "pasividad" de Díaz, y se ha adelantado para registrar su proyecto de ley de una Oficina Anticorrupción en el Parlamento. Sin embargo, llevaban meses trabajando en ella desde antes del verano.

La proposición de ley de la formación que dirige Teresa Rodríguez es una adaptación de una norma similar que en estos momentos se tramita en las Cortes Valencianas con el respaldo del partido morado, de Compromís y del PSOE (los tres grupos del llamado pacto del Botánico). El equipo jurídico del grupo parlamentario morado en Andalucía trabajó sobre el texto valenciano una vez se recibieron los informes de los servicios jurídicos de aquel Parlamento, o sea, se ha trabajado en base a las recomendaciones legales a aquel texto. Los letrados de la Cámara andaluza no tumbaron el texto de Podemos, pero sí han puesto muchos reparos técnicos y jurídicos a su proyecto de ley.

De hecho la fórmula valenciana en la que se inspira carga ya con más de cien enmiendas de los grupos y un informe de tres catedráticos de la Universidad valenciana ha puesto en duda la potestad jurisdiccional del mismo y advierte de una posible invasión de competencias al Estado. Sin embargo, lo que se votaba este miércoles no era el contenido, sino el inicio de la tramitación. Y el PSOE ha frenado aquí lo que apoyó en la Comunidad Valenciana, alegando que ya está trabajando con Ciudadanos en su propio modelo de Oficina Antifraude.

Hace meses que los socialistas tenían planeado rechazar la propuesta de Podemos, un partido al que niegan prácticamente cualquier iniciativa parlamentaria para evitar que les robe más espacio político por la izquierda. El PSOE andaluz, al contrario que el valenciano, el extremeño o el aragonés, no necesita los votos de los diputados morados, porque gobierna cómodamente con el apoyo de la formación de Albert Rivera. El pasado 5 de julio, el Consejo de Gobierno andaluz ya emitió un informe con su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Oficina Anticorrupción de Podemos. Sin embargo, el reciente escrito de acusación de los fiscales del caso ERE ha vuelto a poner en el disparadero a los socialistas, al Ejecutivo andaluz y singularmente a Susana Díaz, contra quien ha cargado toda la oposición en bloque.

Votar en contra de una Oficina Antifraude en Andalucía cuatro días después de que el fiscal pidiese cárcel por un delito de malversación para Griñán, padre político de Díaz, ha complicado el relato del PSOE, resuelto desde hace meses a tumbar la iniciativa de su rival. Los socialistas y los populares, que a diario se lanzan reproches cruzados por los casos de corrupción en sus filas (caso ERE, el fraude de formación, la trama Gürtel, el caso Bárcenas…), evitaron conscientemente revelar cuál sería el sentido de su voto sobre la Oficina Antifraude hasta el mismo momento de la votación. Ambos temían verse retratados como el único partido del Parlamento andaluz que se opone al primer proyecto de ley que llega a la Cámara para crear un instrumento específico de lucha contra la corrupción. Al final ninguno respaldó la medida: el PSOE votó no y el PP se abstuvo.

Los socialistas, defendiendo el criterio contrario del Gobierno andaluz, alegaron que el coste de la propuesta de Podemos es excesivo (3,1 millón de euros en contratos de personal y recursos), y que alteraría el diseño presupuestario del año que viene. Además acusaron a sus rivales de haberles “copiado mal” la iniciativa. Díaz quiere presentar su modelo de Oficina Antifraude antes de que acabe el año, y para ello prevé amortizar el personal y los recursos que ya tiene. El portavoz del PP-A, José Antonio Miranda, usó su turno para aporrear al Ejecutivo andaluz, afeándole el caso ERE y el de la formación, y luego espetó a las filas de Podemos: “Hay aspectos de su ley que nos gustan más y otros menos, porque son más propios de un régimen totalitario, pero es verdad que podría corregirse en la tramitación posterior”. El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, también criticó a la formación morada: “¿Y por qué no se adhieren ustedes al acuerdo de regeneración democrática que tenemos nosotros con el PSOE?”.

Desde IU, el diputado José Antonio Castro tildó de “impresentable” que el Parlamento frenara la tramitación de una medida “con la que todos estamos de acuerdo en el fondo, aunque discrepemos en la forma”. “¿Es que este proyecto vale mientras no lo presente Podemos? ¿Copiamos la medida y le cambiamos el membrete del partido para poder seguir trabajando en esta Cámara?”, ironizó. Por último, el proponente de la formación morada, Juan Ignacio Moreno Yagüe, cerró el debate haciéndose esta pregunta: “¿Quién votaría en contra de la creación de una Oficina Anticorrupción? ¿Saben la respuesta? Los corruptos”, informa Público.

Bartolomé González, del PP, cobró 60.000 euros de Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene en su poder el informe de la Guardia Civil que sitúa al diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, al borde de la imputación en el caso Púnica. Los investigadores concluyen que hay indicios suficientes de que Bartolomé González recibió 60.000 euros de Cofely, una de las empresas centrales de la trama, a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento que regía, según han informado a eldiario.es fuentes del caso.

Con el informe de la Guardia Civil, el juez Eloy Velasco podrá dictar una exposición razonada y enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que está aforado González como diputado autonómico. El instructor del caso Púnica ya pidió al TSJM el pasado mayo que investigara a otro diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, tras acumular indicios contra él de cohecho y tráfico de influencias. El exalcalde de Móstoles también habría favorecido a la empresa energética Cofely. Cuando Velasco se dirigió al TSJM, Cifuentes enseñó la puerta a Ortiz, quien dimitió y renunció a su acta de diputado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indagado en los últimos meses en la veracidad de la declaración ante el juez del empresario David Marjaliza en lo referente al presunto soborno de Cofely a Bartolomé González. Entre las evidencias encontradas figura un documento, una suerte de facturación de la trama, con la misma cifra que Marjaliza ofreció al juez: 60.000 euros, según las fuentes consultadas.

Marjaliza, amigo de Francisco Granados desde la juventud, está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Púnica. Siete meses después de ser detenido e ingresar en prisión se ofreció a colaborar con la investigación. El empresario señaló en el verano de 2015 a varios políticos de los que decía haber sobornado o de los que conocía que otros miembros de la trama lo habían hecho. En diciembre, Marjaliza salió de la cárcel en libertad provisional. Una de las actividades que desarrolló Marjaliza fue la de conseguidor de la empresa Cofely, que le contrató en 2012 por 1.500 euros mensuales más porcentajes por los contratos que obtuviera de sus contactos en la política madrileña. Sobre Alcalá de Henares, el empresario imputado dijo en sede judicial que “hubo un acuerdo con Bartolomé González de 60.000 euros”. “No recuerdo si se pagó o no (…), pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo”, explicó sobre el pacto entre Cofely, una empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez, que obtuvo en Alcalá un contrato de 14 millones de euros.

La secretaria de Marjaliza, Ana Ramírez, añadió que empleados de Cofely acudían a su oficina en Pinto para recoger sobres con dinero con destino a distintos ayuntamientos. Aunque no detalló qué personas eran las destinatarias de esos sobres sí especificó las localidades: “Móstoles, Getafe, Collado, Alcalá de Henares, creo, Collado…”. En persona, recuerda haber entregado sobres con dinero a Granados y a su sucesor en la Alcaldía de Valdemoro, Jesús Miguel Moreno. A partir de ahí, la UCO se puso a investigar, incluyendo interrogatorios y solicitudes de documentación, como la que realizaron presencialmente al consistorio alcalaíno el pasado febrero por el contrato con Cofely. Las fuentes consultadas añaden que el informe señala también a varios directivos de Cofely, entre otros presuntos implicados en la trama de corrupción. González reaccionó a la publicación de la declaración de Marjaliza anunciando una querella contra el empresario imputado.

Las conclusiones de los investigadores suponen un proyectil que alcanza a dos rivales en el seno del Partido Popular. Por una parte, González es diputado del PP madrileño, que ahora lidera Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad Autónoma lidera una exigua mayoría en la Cámara, gracias al apoyo de Ciudadanos. Si Ortiz en su momento hubiera decidido pasar al Grupo Mixto en lugar de renunciar, o cuando llegue al TSJM, no lo hace González, esa mayoría desaparecería y la suma de PSOE y Podemos igualaría en escaños a la de PP y Ciudadanos.

Por otra parte, el exalcalde de Alcalá ha sido siempre un hombre de Esperanza Aguirre, estrecho colaborador de la hoy portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de la capital. De hecho, su inclusión en la última lista electoral es una decisión de Aguirre. Una grabación publicada por eldiario.es desveló cómo el vicesecretario de Acción Sectorial del PP madrileño imponía candidatos en la lista de Mejorada del Campo por orden de su mentora. Aguirre también incluyó a González en la escenificación mediática de una especie de tribunal anticorrupción que seleccionaba candidatos dentro del PP a las distintas alcaldías madrileñas.

Marjaliza también señaló en su declaración a Eva Bórox, de Ciudadanos, quien abandonó el acta de diputada cuando La Sexta ofreció pruebas de su relación con el empresario; al exalcalde de Parla Tomás Gómez y al número tres de Cristina Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial Jaime González Taboada. La investigación de la trama Púnica no ha arrojado por el momento indicios concluyentes sobre ellos, informa eldiario.es.

Los 'ordenadores de Bárcenas' y la jueza "al servicio" del PP

La recusación de la jueza Rosa María Freire presentada por el PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas puede entregar la causa a Carmen Valcarce (foto), la misma que ha archivado en tres ocasiones la investigación del presunto espionaje entre dirigentes del partido en Madrid, con cargo a las arcas públicas, que se prolonga ya siete años. En el marco de esa causa se produjo la escena que describió Francisco Granados en un pinchazo telefónico de la Operación Púnica, con Valcarce diciéndole en los pasillos del juzgado que ella “estaba allí para servirle”, justo antes de declarar como testigo por los seguimientos a otros políticos del PP.