dissabte, 8 d’octubre de 2016

Japón: un 20% de trabajadores en riesgo de muerte por exceso de trabajo

Mientras que la imagen popular de los asalariados japoneses que se afanan largas horas está cambiando, muchos todavía trabajan mucho más que sus homólogos extranjeros. Una quinta parte de la fuerza de trabajo japonesa, el 20% de la clase trabajadora, se enfrenta al riesgo de muerte por exceso de trabajo, según un nuevo estudio del gobierno sobre la cultura de trabajo notoriamente extenuante y exigente del país. Más del 20% de los trabajadores registra niveles peligrosos de tiempo extra de trabajo cada mes, según el sondeo del Gobierno.

Cientos de muertes relacionadas con el exceso de trabajo -desde accidentes cerebrovasculares a ataques cardíacos o el suicidio- se registran cada año en Japón, junto con una serie de problemas graves de salud de los trabajadores, lo que ha generado protestas y demandas de abordar el problema.

La encuesta forma parte del primer libro blanco de la nación sobre "karoshi", o la muerte por exceso de trabajo, aprobado por el gabinete del primer ministro, Shinzo Abe, el viernes pasado. Mientras que la imagen popular de los asalariados japoneses que se afanan largas horas por la empresa antes de tomar el último tren a casa está cambiando, muchos todavía pasan muchas más horas en la oficina que sus homólogos en otras economías modernas. Según el documento, el 22,7% de las empresas encuestadas entre diciembre de 2015 y de enero de el año 2016 dijo que algunos de sus empleados registran más de 80 horas de tiempo extra cada mes, superando el umbral oficial en que la perspectiva de muerte en el trabajo se convierte en grave. El informe agrega que aproximadamente el 21,3% de los empleados japoneses trabajan 49 horas extras o más a la semana de promedio, muy por encima del 16,4% registrado en los EE.UU., el 12,5% en Gran Bretaña y el 10,4% en Francia.

El estudio concluyó que los empleados japoneses también informaron sentir altos niveles de estrés relacionado con su trabajo, empujando a los funcionarios del gobierno a hacer un llamamiento a las empresas para mejorar las condiciones de trabajo, informa The Guardian.

Assange culpa a EE.UU. de la crisis migratoria de Siria

La prensa siria publica las denuncias de Julián Assange, fundador de Wikileaks, sobre los planes de Estados Unidos para derrocar desde 2006 al Gobierno de Bashar al Assad. Una de las estrategias adoptadas fue literalmente “vaciarla de sus habitantes”, mediante el objetivo de provocar olas de desplazamiento masivo que llevaran al país árabe al borde del colapso, divulgaron los medios. Eso paralizaría a esta nación, generaría conflictos humanitarios complejos que ahora demuestran la hipocresía occidental que está detrás de la política europea de “puertas abiertas” ante los refugiados, reseñaron.

En ese sentido, Assange pone de ejemplo una declaración del gobierno sueco durante la guerra de Iraq de que su participación allí fue por aceptación de los refugiados procedentes de esa nación árabe. “Las agencias de inteligencia y las empresas dedicadas a la industria bélica tienen interés en la continuidad de la guerra en Siria, y crean los conflictos porque saben que si terminan los problemas, disminuirán sus presupuestos”, afirmó. En esa cuestión hay una relación directa entre la guerra en Siria y mantener un precio bajo del petróleo, por eso el Banco Central estadounidense rechaza elevar las tasas de interés en coordinación con Francia y Gran Bretaña para esa estrategia en todo el Oriente Medio.

Assange, de origen australiano y 45 años, permanece bajo asilo político en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, y en agosto pasado esa sede sufrió un intento de asalto para secuestrarlo, un hecho apenas divulgado en los grandes medios occidentales.

Assange: "Clinton armó a terroristas en Siria, incluido el EI"

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró en una entrevista concedida al programa Democracy Now! que algunos de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado de EE.UU. y actual candidata demócrata a la Casa Blanca, demuestran que ella facilitó la entrega de armas a grupos terroristas como EI (Daesh, en árabe) en Siria. “La catastrófica, la absolutamente catastrófica intervención en Libia, o la destrucción del gobierno de Gadafi, que llevó a la ocupación por parte de Daesh de grandes sectores en ese país, o el flujo de armamento hacia Siria empujado por Hillary Clinton, hasta los terroristas dentro de Siria, incluyendo Daesh, todo esto se encuentra en los emails”, afirmó.

Vídeo: La 'nave del futuro' de USA, destruida por un misil chino

El catamarán de transporte de la coalición wahhabita, atacado por los hutíes en el puerto yemení de Moha, fue destruido por un misil chino C-802, según informó la cadena Vesti. El impacto del proyectil —que es una copia del misil francés Exoset— causó un incendio en la proa de la nave. 24 miembros de la tripulación murieron a causa del fuego. Masacre en un funeral: Al menos 300 muertos y heridos tras un bombardeo saudí en Yemen.

El catamarán de 98 metros de largo —denominado por el Pentágono como 'el buque de transporte del futuro' en su tiempo— fue fabricado en Australia en 2003 y alquilado durante 10 años por la Armada de EEUU bajo el nombre de HSV-Swift.
Posteriormente, Emiratos Árabes Unidos lo alquiló para transportar las tropas de la coalición wahhabita bajo el mando de Arabia Saudí que ha invadido Yemen en apoyo a su gobierno de títeres y tiranos contra el pueblo huti de mayoría chií, informa sputniknews.com

Masacre en un funeral: Al menos 300 muertos y heridos tras un bombardeo saudí en Yemen


Las Fuerzas Aéreas de la coalición liderada por Arabia Saudita han perpetrado este sábado una serie de ataques contra Saná. Cuatro bombardeos contra un funeral de la capital yemení han dejado más de 300 muertos y heridos, informa el periódico 'Yemen Post'. Según precisa Reuters, los dolientes se congregaron en un funeral en el sur de la capital para rendir homenaje al padre de Jalal al Roweishan, ministro del Interior yemení. Los bombardeos en Saná han sido dirigidos contra civiles y han causado serios daños materiales, reporta el medio yemení SABA. Los portavoces de la coalición que lidera Arabia Saudita no han realizado declaraciones sobre el suceso.

Desde hace alrededor de un año, la coalición liderada por Arabia Saudita bombardea las posiciones de los hutíes, que se apoderaron de la capital yemení a principios del 2015. En marzo de este año los ataques aéreos sauditas dejaron 119 muertos, entre ellos 22 niños, en un mercado del distrito Mustaba, en el noroeste del país. En aquella ocasión 47 personas resultaron heridas.

A lo largo del conflicto los pilotos de la coalición han realizado varios ataques equivocados que han acabado con vidas de civiles y han afectado a diversos monumentos del patrimonio cultural del país. Así, en septiembre del año pasado dos ataques aéreos alcanzaron 'por error' un banquete de boda, mataron a un mínimo de 75 personas y dejaron varias decenas de heridos, mientras que en octubre bombardearon un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Saada. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, tachó de "genocidio" la ofensiva de Arabia Saudita en Yemen.

En enero de este año los expertos de la ONU documentaron numerosos presuntos delitos de guerra y redactaron un informe, en el que exhortaron a la organización para que investigue "las denuncias sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos internacionales en Yemen" que habrían cometido todas las partes implicadas, informa RT.

UBS informa a sus clientes que Hacienda ha pedido información al fisco suizo

El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha levantado el teléfono para llamar a su homólogo suizo. Las autoridades fiscales de España se han puesto en contacto con las suizas para obtener información sobre los ciudadanos españoles que disponen de cuentas bancarias en Suiza. De esta manera, España se une a países como Francia o Países Bajos, que también solicitaron ayuda al fisco suizo para aflorar el dinero ‘escondido’. La noticia ha sido revelada por el banco más importante del país centroeuropeo, el UBS. A través de su página web, el banco suizo ha compartido un comunicado donde emplazaba a sus clientes a ponerse en contacto con la entidad financiera si deseaban información adicional. El mensaje de UBS dice así: “Solicitud de asistencia administrativa internacional en materia fiscal. Las autoridades fiscales españolas han solicitado asistencia administrativa internacional a las autoridades fiscales suizas. Para información adicional para clientes llame al siguiente número XXXXXX”.

La Administración Federal de Suiza y las autoridades fiscales de España han declinado hacer cualquier tipo de comentario sobre el asunto. El UBS, por su parte, ha recordado que mantiene un programa de cumplimiento con sus clientes desde hace tiempo, por lo que se ha abstenido a pronunciarse.

No obstante, conviene recordar que en el pasado mes de julio la agencia fiscal de Suiza ordenó al banco a proveer a Francia de información sobre los impuestos evadidos por sus ciudadanos. Una decisión que previsiblemente vaya a convertirse en ‘efecto llamada’. Los problemas de liquidez de los Estados provocan que muchos gobiernos tomen este tipo de medidas para evitar la evasión de impuestos. En cuanto a los datos oficiales, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria Española revelan que Suiza es el país con el mayor importe de patrimonio español declarado, con un total cercano a los 20.000 millones de euros. Lo afirmó el propio director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. De esa cantidad, la mayoría son activos financieros (14.000 millones) y cuentas bancarias (4.000 millones), informa El Boletín.

Documentos de Panamá: El Consejo Europeo pone palos en las ruedas de la Comisión de Investigación

Patrick Le Hyaric: Apenas comenzado, el trabajo de la comisión especial de investigación sobre la evasión de impuestos de los conocidos "Documentos de Panamá" ya están siendo amenazados por el ejecutivo europeo. Hasta ahora, era generalmente la Comisión la que se demoraba cuando nos tenía que proporcionar documentos confidenciales. Es cierto que su presidente Jean-Claude Juncker se mencionaba indirectamente en el caso Luxleaks, pues era el primer ministro de Luxemburgo en el momento de los hechos. Desde hoy, es el Consejo, que representa a los gobiernos de la UE, el que no quiere que investiguemos.

Soborno con un Mercedes y 37.000 € para el testigo protegido del 'caso Polop'

Los detalles que el testigo protegido ha ofrecido sobre cómo se planificó y ejecutó el asesinato a tiros del alcalde de Polop Alejando Ponsoda (PP, en la foto) a las puertas de su casa en octubre de 2007, lo han colocado en una situación más que complicada. El entorno de los imputados ha intentado por todos los medios taparle la boca. Conseguir que dejara de hablar fue durante meses una obsesión. Y quienes se dirigieron a él, según la denuncia, no escatimaron en medios. Todo por borrar las acusaciones. Al parecer, le ofrecieron un Mercedes de alta gama y 37.000 euros para que dejara de colaborar con la Guardia Civil y con la Justicia. Su respuesta siempre fue la misma. Un 'no' que el entorno de los imputados no ha sabido encajar, como consta en las diligencias a las que ha tenido acceso este periódico. «Como no has aceptado el quitar la denuncia, ni el coche, ni el dinero, ya veremos a ver qué pasa...» o «tú tienes un problema no con la ley (...) ellos te quieren matar por lo que has hecho», son algunas de las amenazas que asegura que recibió.

El testigo protegido teme por su integridad física y así se lo hizo saber a un juez y a la Fiscalía, que no lo dejaron pasar. El magistrado ha dado recorrido a su denuncia y ha iniciado una investigación para aclarar quién o quiénes están detrás de esto. El testimonio del confidente fue vital para el caso, pues permitió la detención del sucesor de Ponsoda, Juan Cano (también del PP), que era su mano derecha en el Ayuntamiento y de sus supuestos cómplices, incluidos los sicarios. Cano encargó el crimen por 50.000 euros, resalta el sumario. El relato de los hechos puso al descubierto los más bajos fondos de la política con episodios verdaderamente sórdidos: el crimen de fraguó en un burdel de carretera a las afueras de Benidorm (el Mesalina) entre prostitutas, champán y largas madrugadas.

Juan Cano (foto), a quien el confidente sitúa en el local de alterne siempre borracho y tambaleándose, quería ser alcalde a toda costa y para eso tenía que eliminar a Ponsoda, a quien despreciaba en público y a quien hizo la vida imposible, tal como expone el sumario. En el Mesalina, apuntan las diligencias, pronunció una frase premonitoria: «El alcalde (Ponsoda) no llega vivo a fin de año». Era agosto de 2007. El crimen se perpetró el 19 de octubre de ese mismo año. El testigo protegido insiste en resaltar su sentimiento de «inseguridad» que le ha generado estas advertencias. «El testigo ha expresado de forma clara el temor que éste tiene ante lo que considera una amenaza real y posible», alerta el informe.

El confidente precisa que la amenaza real, por la que teme por su vida y por la de los suyos, llegará cuando se dicte la sentencia. «Está firmemente convencido de que estas personas pueden estar esperando el resultado del juicio para cumplir las amenazas, ya que son gente extremadamente peligrosa y que muy probablemente son conocedores de su verdadera identidad», recoge la denuncia. Un juez de Benidorm abrió una investigación, con el visto bueno de la Fiscalía, pero ahora ha pedido inhibirse a favor de un compañero de La Vila, donde se ha instruido el asesinato. Precisamente ayer estaban citados los imputados para una comparecencia. No pudo celebrarse. Uno de los presuntos sicarios no acudió. El encuentro sirvió para que los imputados volvieran a verse las caras. Esta vez, fuera del Mesalina, informa El Mundo.

El PP dice que no pagará los 568.511 € del Congreso de Valencia

Feria Valencia y el Partido Popular irán a juicio por el 'simpa' del Congreso en el que el presidente Mariano Rajoy ratificó su liderazgo. La institución ha formalizada la demanda contra el PP por el impago del alquiler de las instalaciones que acogieron el XVI Congreso Nacional del PP de 2008 después de que fracasara la negociación para evitar el juicio. La vista previa se celebró este lunes 3 de octubre en un juzgado de Madrid porque Feria Valencia presentó la demanda contra el PP nacional, organizador del cónclave. Según fuentes conocedoras del procedimiento, el abogado del PP trasladó al juez que Génova no tiene intención de liquidar la factura de 568.511 euros del Congreso porque Feria Valencia cedió gratuitamente las instalaciones al partido. Además, cuestionó la factura por su indeterminación de los costes.

El PP de Valencia recibió miles de euros de la cuenta de las donaciones

La secretaria del Grupo Municipal del PP Mari Carmen García Fuster (foto con su abogado) insistió en su declaración judicial que ella no actuaba al margen de la formación popular en el manejo de la cuenta opaca. De hecho, añadió que el Partido Popular conocía la existencia de esa libreta de la que incluso recibía periódicamente dinero. Lejos de tratarse de una afirmación sin más; de un intento de la investigada por salir airosa de semejante trance ante el juez y el fiscal, la supuesta veracidad del testimonio se asienta en un soporte documental. La información aportada a la causa muestra cómo el PP de la provincia de Valencia recibió al menos una decena de ingresos de 1.500 euros durante 2010 y 2011 de la cuenta que estaba al margen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La Gürtel y las 'black' o el descenso a los infiernos de los vips mafiosos del PP

Del cielo al purgatorio. Del glamour y el gusto por mandar al paseíllo y la acusación de "chorizo" en un polígono gris de la periferia madrileña. Una heterogénea procesión de gente que lo fue todo en la España de los últimos años del siglo XX y primeros del XXI se despertó el pasado martes sentada en el banquillo de la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para celebrar los macrojuicios. Entre patrullas de abogados y periodistas y los imprescindibles preferentistas que les gritaban desde la calle, allí estaban mezclados amigablemente los Rato, los Spottorno, los Correa, los Blesa, los Bárcenas, los Díaz Ferrán, 'El Bigotes' y varias decenas de actores secundarios de las tramas de la Gürtel y las tarjetas 'black'. De nada les sirve ir acompañados de escoltas, como es el caso de Rodrigo Rato que lleva nada menos que cinco.

Desde primera hora de la mañana, un lugar donde el mono azul de trabajo es la prenda más habitual se llena todos los días con los 'carros' de alta gama de la mayoría de los enjuiciados, que aparcan en las calles vacías próximas a la sede judicial. Sin embargo, el camino hasta la entrada de la Audiencia, un edificio de hierro negro que curiosamente tiene los mismos siete años que los transcurridos desde que estalló el caso Gürtel, a la mayoría se le ha hecho largo.

Cada jornada, como una rutina, en la acera de enfrente, decenas de cámaras registran como los escasos indignados que han conseguido llegar hasta este punto tan aislado de la Comunidad de Madrid les 'saludan' con insultos a gritos. "Chorizos" y "ladrones" son los más moderados. La mayoría de los enjuiciados acelera el paso o pone cara de póquer mientras que otros, como Francisco Correa, que aún conserva una parte de las maneras de antaño, no pueden evitar revolverse. A él y otros procesados se les ha escapado un "tu puta madre" captado por los abundantes medios que graban todos sus gestos. El exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno, acaso recordando tiempos mejores para los franquistas y corruptos, fue más allá y presentó sus quejas a los agentes de policía encargados de la seguridad del recinto, con nulo resultado.

Los acusados, acostumbrados en sus años de gloria a que se les abriera la puerta de los edificios oficiales con sonrisas y amables saludos, llegan al fin al control de entrada, al resguardo de las miradas de los que permanecen en el exterior. Pero también allí han cambiado las cosas. Deben esperar largas colas para acreditarse y dejar en bandejas de plástico sus pertenencias para pasar el arco de seguridad. A cambio reciben una tarjeta que les identifica como PL: "Procesados en Libertad". La coincidencia en el mismo lugar de todos ellos ha provocado escenas curiosas. El ex vicepresidente del Gobierno Rato se topó con el extesorero del PP Luis Bárcenas. "¡Hombre, Don Luis!", le saludó con un apretón de manos.

Su antecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa, olvidó un euro en el control de entrada. "Señor, se deja una moneda", le advirtieron a lo que él respondió "dame, dame, que no está la cosa como para...". Blesa, que según su correspondencia electrónica gustaba catar los mejores vinos y se encaprichó con un simulador de coches de Fórmula 1, saca ahora su almuerzo en una máquina de vending por dos euros. Tuvieron que explicarle, eso sí, el funcionamiento del aparato ya que no atinaba a abrir el portillo para coger su bocadillo.

El expresidente de la caja madrileña disfrutaba cuando ocupaba el cargo de una carta, exclusiva para su uso, con 32 tipos de vino de distintas denominaciones de origen. Vega Sicilia, Château d'Yquem, Ribera del Duero, Rioja y Sauternes, y cuatro tipos de champán, según reflejaron sus emails. Bárcenas, por su parte, también ha hecho uso de las máquinas, en su caso para sacar refrescos light para él y su esposa, Rosalía Iglesias. El extesorero del PP se muestra muy cuidadoso de cara a las cámaras y evita aparecer junto a su mujer, con la que ni siquiera se reúne en los recesos.

Y es que los acusados de las 'black' son más afortunados que los de Gürtel, al menos a la hora de calmar el hambre de media mañana. Una de las abogadas de los acusados por las tarjetas opacas acostumbra a llevar un refrigerio que comparte con sus compañeros letrados y del que también disfrutan los procesados, aprovechando los descansos. Eso sí, todos ellos, habituados a mullidos y ergonómicos sillones de despacho, se sientan juntos en las incómodas sillas de madera desde donde deben seguir las maratonianas jornadas de sus respectivos juicios. Unos aguantan mejor el tipo que otros, como 'El Bigotes' que no ha perdido las ganas de requebrar a las damas y cede caballerosamente el paso en las puertas, acompañando el gesto con un "las señoras, siempre primero".

El bolso de Vuitton en el silla de Ana Mato

Dentro de la sala de vistas también abundan las momentos surrealistas. Los consejeros y altos cargos de Caja Madrid se levantan al unísono cada día para recibir a los tres magistrados que les juzgan, en un gesto de sumisión que resulta algo forzado en directivos acostumbrados a dar órdenes. En la sala de Gürtel, las dos sillas que debían ocupar la exministra de Sanidad Ana Mato y el representante legal del PP, ambos partícipes a título lucrativo, permanecen vacías. Sin embargo, Gema Matamoros, exmujer del que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, utiliza una de ellas para dejar su bolso Louis Vuitton.

Naturalmente, los circunstanciales inquilinos del polígono de San Fernando no se acaban de habituar al nuevo paisaje urbano y judicial. Por eso, durante las primeras sesiones, sus abogados han alegado todo tipo de excusas -citas con el neurólogo, el urólogo o enfermedades de todo tipo- para ahorrarles asistir al juicio. Lo cierto es que, salvo que algunas de estas peticiones prosperen, los cien nuevos moradores del polígono tendrán que irse acostumbrando a su nuevo hábitat: a ras de tierra, muy lejos del skyline de Madrid, informa El Economista.

Estrategia del PP en el caso Gürtel: historia de un sabotaje

La intervención del abogado que representa al Partido Popular revolucionó la segunda jornada del caso Gürtel. Jesús Santos solicitó la nulidad del proceso en el último episodio de una estrategia de sabotaje a la investigación que ha enfrentado a la formación de Mariano Rajoy con el mayor caso de corrupción de su historia. La estrategia pasa por que sus dirigentes pidan públicamente perseguir a quienes se aprovecharon, según ellos, del Partido Popular, mientras los abogados de la formación se oponen en la Audiencia Nacional a cualquier iniciativa que arroje luz sobre el delito. Las maniobras del Partido Popular fueron abortadas cuatro años después de que arrancara el caso por el juez Pablo Ruz, el mismo que no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional.

Un acusado de las 'black' apunta al portavoz del PP en Madrid

Séptimo día de juicio de las tarjetas ‘black’ y aquí nadie descansa. Cada jornada depara nuevas sorpresas que amenizan el tiempo, aunque en realidad quizá sean las respuestas previsibles las que resultan simplemente sorprendentes. “Me clonaron la tarjeta. Por suerte, el que me la clonó no hizo gastos raros” ha afirmado Cándido Cerón, exconsejero del PP de Caja Madrid. A Cerón le acusan de haberse gastado más de 78.000 euros a través de las tarjetas opacas. No obstante, ha habido una declaración que se ha salido de lo común. Se trata del interrogatorio realizado a José María Buenaventura Zabala, acusado por la Fiscalía a dos años y medio de cárcel por gastar 62.932,21 euros con su tarjeta opaca, además de una multa de 63.000 euros. Buenaventura Zabala es el exjefe de gabinete de la Consejería de Hacienda con Esperanza Aguirre, y ha afirmado que fueron personas del gobierno regional de Madrid durante la etapa de Aguirre las que le informaron de que iba a tener una tarjeta y de cómo funcionaba.

Una doctora denuncia la incompetència criminal de l'hospital de Palamós

Dra. Eva Llach Gelpí: Entro per la porta d'Urgències de l'Hospital de Palamós. La meva mare és al cotxe estirada, suada, pàl·lida, i en molt mal estat general. La persona que es troba a recepció m'indica que agafi jo mateixa una cadira, lliteres no n'hi ha, i entri la pacient com pugui, no hi ha zelador que pugui ajudar-me. L'administrativa es limita a escriure les dades de la meva mare i ens indica que hi ha dues persones al davant i que hem d'esperar. Són deu minuts els que passen fins que som valorats per la infermera de triatge (espai on es decideix el nivell d'urgència en què ha de ser atès el pacient). Li explico a la infermera que sóc metge de família i que la meva mare està patint una sèpsia (infecció de tota la sang) per un quadre de possible origen renal. Ella em contesta literalment: "Aquí no és metge, és la filla d'aquesta pacient, així que no parli, parlarà la seva mare".

Ho sento com una agressió, però callo, ja que confio que farà bé la seva feina. En prendre la tensió amb l'esfigmomanòmetre digital, comenta que l'aparell s'ha fet malbé, ja que no detecta la tensió. Començo a desesperar-me i li suggereixo que no es detecta perquè està hipotensa i que utilitzi un aparell manual. Em torna a imperar que no parli i em passa a una altra sala d'espera sense objectivar la tensió arterial, ni altres constants vitals. Em trobo en una sala amb quinze pacients més en la qual em diuen que haurem d'esperar com a mínim una hora per ser atesos.

Començo a plorar desesperada i a dir que la meva mare té un xoc sèptic i que no podem esperar, que es morirà. Decideixo anar-me'n de l'Hospital, amb el risc que això comporta: que faci una parada cardiorespiratòria al cotxe a mig camí. En la carrera de medicina em van ensenyar que no has de traslladar un malalt si aquest està vitalment inestable. Però que faig? M'espero que la meva mare empitjori i així ens atendran, o no? O m'arrisco, i aconsegueixo arribar a un centre on ens atenguin com cal Miro a la meva mare, i no suporto veure-la patir d'aquesta manera, gairebé no parla, està freda, i amb la mirada perduda... Me'n vaig d'aquell horrible lloc!

Mentre surto per la porta empenyent la meva mare, la recepcionista comença a cridar per aclarir-me que no puc sortir del centre amb la cadira, m'agafa del braç per impedir-me que segueixi, m'amenaça que cridarà a Seguretat i aconsegueixo arribar al cotxe. Són les tres de la tarda del 16 agost, fa 35º C, deixo la punyetera cadira, i recupero la meva serenitat. En una hora arribo al servei d'urgències d'un hospital de Barcelona, és una infermera de Triatge la que ens escolta: en cinc minuts la meva mare és atesa per quatre persones, la monitoritzen, i se'n va directa a l'UCI durant vuit dies. El metge de l'UCI em diu que ha arribat "pels pèls", unes hores més i no ho explica. La meva mare està perfectament, bussejant al mar, que és el que més li agrada del món.

Jo, defensora absoluta de la medicina pública, em sento molt trista i decebuda pel tracte rebut el passat 16 d'agost per part d'una administrativa i una infermera de triatge de l'Hospital de Palamós. He treballat en diferents serveis d'urgències, he fet guàrdies, i hores de triatge, sé el nivell d'estrès i esgotament que pots tenir en aquests serveis. No hem d'oblidar que el personal sanitari (incloc aquí un administratiu d'un hospital) té la funció de tenir cura, d'escoltar i informar sobretot les persones que se senten o creuen malaltes (ho estiguin o no).

Tots ens equivoquem, i cometem errors, però si un metge o infermera està en el servei de triatge ha de saber l'ABC de la medicina d'urgències, i per mala guàrdia que tinguis, no pots passar un malalt a una sala d'espera sense prendre-li la tensió arterial i la resta de constants vitals. Finalment voldria dir-te, companya de Palamós, que no li diguis a un metge que deixi de ser-ho davant d'un malalt, ja que un és el que és. Ignoro el perquè de la teva actitud amb mi, però et diré que els metges i els infermers/es formem un gran equip i hem d'aprofitar-lo sempre que puguem, informa el Diari de Girona.

La derivada de Traiber-Innova es bifurca


La darrera novetat del cas Innova és la creació d'una nova peça separada per investigar la suposada trama de corrupció vinculada a la compra i la col·locació de pròtesis defectuoses de l'empresa Traiber. Entre les persones en el punt de mira de la investigació hi ha Lluís Márquez (foto), l'amo de Traiber, i alts càrrecs de l'Ajuntament de Reus com l'extinent d'alcalde -i exdiputada a Madrid- Teresa Gomis (CiU) i el regidor Marc Arza.

Cas Mercuri: Jordi Soriano (PP) denuncia que Sánchez (PSC) coneixia les comissions

El cas Mercuri investiga una presumpta trama de corrupció urbanística a Sabadell que va fer caure de l'alcaldia el carismàtic Manuel Bustos (PSC) després de 13 anys de mandat. Va ser el 27 de novembre del 2012 quan va esclatar el cas i va ser Joan Carles Sánchez qui es va fer càrrec de l'alcaldia primer accidentalment i després de forma definitiva fins a les eleccions municipals del 2015. L'exregidor del PP Jordi Soriano (foto), assenyalat per la investigació de Mercuri com el principal cobrador de comissions a canvi d'afavorir empreses per obtenir obra pública, assegura en el llibre Cas Mercuri, la galàxia Bustos (Edicions-Saldonar), que Sánchez, com a mínim, tenia contacte amb els intermediaris que rebien diners d'empresaris que volien aconseguir obra pública a la ciutat i coneixement dels pagaments que feien els empresaris.

Tot i que en els anys que són objecte d'investigació de la trama Sánchez era el regidor d'Urbanisme no ha estat mai imputat per presumpte cobrament de comissions. De fet, tan sols està esquitxat en la peça 34 del cas, en la qual també són investigats Manuel Bustos i els exregidors Paco Bustos, Ricard Estrada i Joan Manau per cometre un delicte d’apropiació indeguda o de malversació de fons públics per haver rebut assignacions com a membres del consell d’administració de l’empresa CASSA.

De fet, en el llibre, l'empresari penedit i imputat que va destapar el cas Mercuri, Nicolás Giner, inclou Sánchez en el "grupet" del suposat pinyol de la trama. Soriano, que nega haver cobrat mai cap comissió, relata que qui va rellevar Bustos al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell tenia relació directa amb intermediaris que presumptament cobraven sobres de diners il·lícits. Tot i que el cas Mercuri investiga una presumpta trama de corrupció Urbanística, ni Bustos ni cap regidor del seu govern està imputat, per ara, a la peça principal del cas, la número 1, la que investiga els suposats pagaments de comissions, informa Nació Digital.

Investiguen l'oncle de Manuel Bustos en una nova peça del cas Mercuri

La jutgessa que investiga el cas Mercuri de presumpta corrupció i tràfic d'influències ha decidit obrir una nova peça separada del sumari, la número 35, per un possible delicte de falsificació documental i posterior estafa. Per aquest motiu, és 'investigat' –la nova denominació dels imputats- el president del Gremi de Constructors de Sabadell i oncle de l'exalcalde de la ciutat Manuel Bustos (PSC), Melquíades Garrido, a més de Santiago López Salvador, administrador únic del concessionari de vehicles Servando López Orús, SA i l’arquitecta Marta Vicens Núñez.

Zaragoza: 13 funcionarios cobrarán el sueldo que les robó Ranera, del PSOE

Un magistrado ordena al Ayuntamiento de Zaragoza pagar los salarios municipales que no cobraron durante cuatro años a los opositores que se quedaron sin plaza tras una revisión ilegal de sus exámenes para echarlos y colocar afines a la enchufada incompetente y fascista del PSOE Lola Ranera (foto). "Es duro ver cómo después de dejarte la piel te quedas en la calle porque no se respeta el principio de igualdad, ni el de mérito ni el de capacidad", explica una de las trece personas que cuatro años después de perder ilegalmente la plaza de auxiliar administrativo que habían ganado en una oposición del Ayuntamiento de Zaragoza han visto, al fin, reconocido el derecho a recibir una indemnización. Los trece opositores se encontraban entre los 38 que obtuvieron un puesto de funcionario en la oposición, celebrada en 2011 y cuyo baremo de calificación fue modificado mediante un decreto por Lola Ranera (PSOE), la concejal de Personal del equipo de Juan Alberto Belloch, el que fuera alcalde por el PSOE.

Ranera aceptaba con esa resolución un recurso de otros opositores que no habían aprobado pero probablemente afines al partido en una fascistada entre tantas del gobiernno del fascistoide Belloch. La aplicación del nuevo sistema de calificación hizo que trece personas se cayeran de la lista definitiva y fueran sustituidas por otras trece. El decreto que provocó la alcaldada –Ranera sostiene que basó su decisión en un informe jurídico— fue anulado al año siguiente por el magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, en una decisión que avaló el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La concejalía de Personal que ahora dirige Alberto Cubero (Zaragoza en Común, ZeC) acordó, en una decisión avalada por el juez, otorgar a los demandantes las plazas de funcionario que les habían sido escamoteadas y mantener en la plantilla a los demandados como "aprobados de buena fe".

El magistrado ha ordenado ahora, en el auto por el que ejecuta la sentencia, que los trece afectados cobren el sueldo que no recibieron del ayuntamiento en los cuatro años transcurridos entre la oposición y su acceso a la plaza. Las indemnizaciones suman alrededor de medio millón de euros, con cantidades individuales que van desde los 20.000 euros, para los opositores que trabajaron parte de ese tiempo al estar incluidos en la bolsa de interinos, hasta los 90.000 que deben recibir los dos que, pese a haber sacado nota suficiente para obtener una plaza de funcionario, ni siquiera accedieron temporalmente al empleo en esos años.

"Fueron unos años horribles", comenta una de las funcionarias que ha recuperado su plaza, que pide no revelar su identidad. "Después de dos años preparando a fondo la oposición –explica—, con jornadas de estudio de ocho horas durante varios meses, te ves en el paro, sin cobrar nada, gastándote el dinero en abogados y, en mi caso, a punto de dar a luz. Fue una situación angustiosa". "Todos hemos sufrido daño psicológico por este asunto. Tanto los que han ido trabajando como los que no", señala. A las consecuencias emocionales se añaden las económicas, ya que "en estos años vas acumulando deudas". Ahora espera que la orden del juez se materialice. "Algo es algo", dice, al tiempo que insiste en que "esto se debería haber resuelto en 2012". Sin embargo, el juez denegó la ejecución de su sentencia por el riesgo de que una eventual revocación del TSJA pudiera dañar los derechos de los beneficiados por el decreto.

El precedente de los 27 nombramientos a dedo

"Cambiaron el baremo en contra del criterio del tribunal que evaluaba la oposición", sostiene Cubero, que exige a Ranera "que dé explicaciones y que asuma responsabilidades. Esa decisión fue una temeridad que le va a costar medio millón de euros a los bolsillos de todos los zaragozanos", añade. No se trata de la primera decisión polémica de Ranera que los tribunales revocan. Hace unos meses, uno de los juzgados de lo Contencioso de la capital aragonesa declaró ilegal, por arbitrario, el nombramiento de 27 jefes de servicio efectuado en 2013 por el procedimiento de libre designación; es decir, a dedo. Entre ellos se encontraba el empleado que relevó al jefe de Personal cuando este fue, poco después del cambio del baremo, trasladado a la Policía Local.

El juez concluyó que esos nombramientos, denunciados por los sindicatos Osta y CCOO, suponían un exceso en el uso de la discrecionalidad, ya que esos puestos deberían haber sido cubiertos mediante un concurso de méritos entre los funcionarios de la casa. El equipo de gobierno municipal de ZeC espera a que el TSJA se pronuncie sobre esa sentencia. En caso de que la ratifique, convocarán el concurso.

Estrategia del PP en el caso Gürtel: historia de un sabotaje

La intervención del abogado que representa al Partido Popular revolucionó la segunda jornada del caso Gürtel. Jesús Santos solicitó la nulidad del proceso en el último episodio de una estrategia de sabotaje a la investigación que ha enfrentado a la formación de Mariano Rajoy con el mayor caso de corrupción de su historia. La estrategia pasa por que sus dirigentes pidan públicamente perseguir a quienes se aprovecharon, según ellos, del Partido Popular, mientras los abogados de la formación se oponen en la Audiencia Nacional a cualquier iniciativa que arroje luz sobre el delito. Las maniobras del Partido Popular fueron abortadas cuatro años después de que arrancara el caso por el juez Pablo Ruz, el mismo que no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional.

En un auto fechado el 26 de abril de 2013, el magistrado expulsó al PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse, en su lugar, a defender subrepticiamente a Bárcenas, el hombre que guardó hasta 2010 la llave de la caja del partido, una caja que según se había conocido tres meses antes rebosaba de dinero negro. La publicación en el diario El País de la contabilidad paralela del partido, manuscrita por Bárcenas, motivó una querella de Izquierda Unida y otras organizaciones que desembocó en la apertura de una pieza separada del caso Gürtel. El PP acudió presto a personarse y Ruz lo rechazó. La formación de Rajoy pretendía ser acusación en el caso que investigaba su presunta financiación irregular y eso, según el magistrado, resultaba “incompatible”.

Estos antecedentes eran expuestos por Ruz en el auto de expulsión del PP antes de pasar a repasar el “recorrido procesal” de la formación política en el caso. El punto cuarto del auto de Ruz resulta un relato demoledor acerca de la connivencia del PP con algunos de los que se sientan hoy en el banquillo de los acusados. El partido no ha tenido problema en reproducir esa connivencia cuando se ha adherido a la petición de nulidad de la causa planteada por la defensa del presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y otros acusados, entre ellos Luis Bárcenas.

El Tribunal Superior de Madrid, un aliado

Todo había empezado mucho antes, cuando el caso estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el aforamiento de tres diputados autonómicos del PP. Fue a principios de 2010 cuando las fiscales del caso pidieron al citado tribunal que expulsara al PP porque los hechos investigados podían terminar salpicándole. Pero el TSJM dijo que eso no era más que una “hipótesis” y rechazó expulsar al partido de la acusación popular. “La sola pertenencia de alguno o de algunos de los imputados a la formación política en cuestión no es suficiente para establecer una relación necesaria de defensa o de apoyo procesal de tal o de tales imputados”, añadía la Sala.

El auto de expulsión de Ruz, de acuerdo con el escrito de Anticorrupción, trasluce el asombro que produce al juez y las fiscales la decisión que tomó en su momento el TSJM. Según recuerda Ruz, el PP se había opuesto a todas las prórrogas del secreto del sumario, un instrumento clave para poder garantizar el éxito de las investigaciones; insistía en que se le diera traslado de toda la documentación continuamente y se había opuesto a que el primer instructor en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiera a favor del TSJ de Valencia.

Superado este obstáculo en el TSJM, el PP no cejó en su actitud. Y tuvo éxito. El juez Antonio Pedreira levantó la imputación de Luis Bárcenas y el TSJM, otra vez, respaldó su decisión. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que "nadie podrá probar" que Luis Bárcenas no es inocente. El resto de las acusaciones populares se opusieron a la decisión de Pedreira, la Fiscalía se unió a éstas, pero el PP impugnó sus escritos. Corría septiembre de 2011.

El caso volvió a la Audiencia Nacional y Bárcenas y su esposa volvieron a resultar imputados ante el cúmulo de indicios contra ellos. Al PP no le resultó suficiente y volvió a recurrir esa imputación. En la alegación segunda de su escrito, “se manifiesta expresamente la coincidencia con los criterios expuestos por la representación procesal del señor Bárcenas, pretendiendo la nulidad de la resolución”, adujo Ruz en su auto de expulsión del PP. El PP coincidió con Bárcenas en pedir la nulidad de la imputación. Era abril de 2012. El miércoles pasado, el PP coincidió con Bárcenas en pedir otra nulidad, esta vez la de todo el juicio del caso Gürtel, donde el partido figura como responsable civil, presunto beneficiario de 245.000 euros de la corrupción.

Desde que fue imputado, Bárcenas había sido representado por el bufete de Miguel Bajo, uno de los más caros de Madrid. El PP pagaba. Hasta que en abril de 2010, el Tribunal Supremo imputó a Bárcenas. O al menos, eso se pensó. El País publicó una contabilidad del PP según la cual el partido pagó desde 2009 y hasta 2011 265.000 euros a una sociedad de asesoría de la que era administrador único el letrado Miguel Bajo. Hasta que Bárcenas decidió tirar de la manta. Dos semanas después de que El Mundo publicara Cuatro horas con Bárcenas, una confesión de veinte años de financiación irregular del PP, los abogados del extesorero presentaron su renuncia en la Audiencia Nacional por supuestas discrepancias con su cliente sobre cómo afrontar la defensa.

Esta estrategia jurídica del PP se complementó con otras actuaciones que trascendían las paredes de la Audiencia Nacional. En la oposición, el PP denunciaba que el Gobierno socialista estaba utilizando a funcionarios públicos para atacarle y convertir el caso Gürtel en una causa general contra el partido. Cuando llegó al Gobierno, los instrumentos se multiplicaron. eldiario.es reveló que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe de la UDEF sobre Ana Mato. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a decir que ese y otros informes no eran obra de la UDEF, sino de “elementos” que trabajaban en la UDEF, pero a las órdenes directas del juez.

El interés del Gobierno del PP por controlar la investigación policial se tradujo en continuos ceses y nombramientos de policías afines. La más sonada de las destituciones fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación. Dos meses después, el juez Ruz se vio obligado a enviar una comisión judicial a la sede del PP en la calle Génova. La Policía y el secretario del Juzgado permanecieron 14 horas dentro buscando información que el partido se había negado reiteradamente a entregar al instructor. Esa diligencia pertenece a la pieza separada de la caja B, la que está previsto que llegue a juicio en 2017, informa eldiario.es.