dijous, 28 de juliol de 2016

La Fiscalía investiga si Oriol Puig -hermano de Felip- prevaricó

La Fiscalía ha emprendido una investigación para aclarar si Oriol Puig, director del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y hermano del ex consejero Felip Puig, cometió prevaricación y fraude adjudicando contratos a empresas cercanas a la familia Pujol Ferrusola y a Convergència. Oriol Puig Godes, director del Servicio Meteorológico de la Generalitat, mantenía peligrosas relaciones financieras con el subastero Jordi Cuxart. La CUP denuncia el otorgamiento de cuatro contratos sin justificar, uno de ellos a Pere Pujol Ferrusola.

Las indagaciones se inician a raíz de una denuncia de la CUP, según la cual se realizaron pagos a cuatro empresas por estudios jurídicos y ambientales sin justificación. La denuncia cupaire señala que Oriol Puig, pese a saber que el proyecto de construcción de un centro meteorológico en el Turó de l'Home, del que colgaban estos contratos, no podría culminarse por las restricciones urbanísticas derivadas de su ubicación en una zona protegida del Montseny, promovió trámites para, supuestamente, "beneficiar a empresas afines". La CUP sostiene que se adjudicaron los contratos de manera arbitraria e ilegal.

Una de las cuatro empresas referidas -que se llevaron parte de los 248.000 euros aprobados en relación a este proyecto- es Entorn SA, una consultora controlada por Carles Sumarroca y Pere Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Otra beneficiada es Ubbu Arquitectura, relacionada con Marc Paré, quien coincide con Oriol Puig en el consejo de administración de otra empresa, informa El Triangle.

El Parlament aprova la regulació de les associacions de consum de cànnabis

Tots els grups polítics, excepte el PPC, han votat a favor de la Iniciativa Legislativa Popular perquè el Parlament tramiti la regulació de les associacions de consum de cànnabis que ha presentat l'exalcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, i que compta amb gairebé 55.000 signatures. “És una tramitació necessària i urgent”, ha afirmat Pellisa, qui ha remarcat que “amb setanta anys de prohibicionisme no s’ha està capaç ni d’eradicar ni un sol consumidor ni d’eradicar les màfies del narcotràfic”. L'encarregat de defensar la ILP també ha assegurat que “no busca banalitzar el consum del cànnabis”.

La diputada d'Esquerra Republicana, Alba Vergés, ha defensat la postura de Junts pel Sí argumentant que la regulació de les associacions de cànnabis és la solució per donar resposta a l'actual “buit jurídic” que “genera una inseguretat injustificable”. “Regular per oferir una seguretat jurídica que ara no tenen cap dels actors, evidentment consumidors, evidentment associacions i els seus clubs”, ha explicat. “Hem de deixar de ser presoners de les lleis”, ha reblat Vergés, alhora que ha plantejat la disjuntiva entre “dret “ i drets”. “Què triem? Un marc, unes parets, que és el dret, o triem voler garantir els drets, la llibertat individual, la col·lectiva, el dret a la salut, que és bàsic i important en la nostra societat?”, ha dit la diputada del grup parlamentari de Junts pel Sí.

Segons la seva opinió, amb la regularització de les associacions de cànnabis “podem posar criteris de salut pública, podem augmentar el coneixement sobre els riscos i conseqüències que el consum pot generar sobre la salut física i mental dels consumidors”. “Tot aquest abordatge el necessitem, en primer lloc, perquè les polítiques dutes a terme fins ara no han complert els objectius, molts judicis i pocs beneficis. I, en segon lloc, per tenir una societat més informada, més conscient dels riscos i, en conseqüència, més lliure”, ha conclòs Vergés, informa é-notícies.

Valencia: Las universidades han contratado a 125 profesores saltándose la ley

El último informe de la Intervención de la Generalitat ha revelado que las cinco universidades valencianas no respetan de manera escrupulosa la legalidad vigente. La Cuenta General, el exhaustivo dosier que analiza toda la contratación del sector público, muestra que la gestión de las instituciones académicas contiene varias irregularidades. Todas coinciden en repetir, con mayor o menor intensidad, la contratación ilegal de personal docente e investigador. Se trata, según detalla el trabajo de los auditores, de profesionales que ya han agotado el periodo de contratación máximo previsto por la ley y que ya no podrían seguir en la institución. Sin embargo, los centros quieren seguir contando con estos empleados, y los convierten en personal interino. Esto se consigue a través de la controvertida figura del «profesor contratado doctor interino», en realidad un coladero de amigos y clientelismo del PP.

Las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana recurrieron a esta fórmula durante el año 2015. En total, 125 empleados docentes e investigadores se vieron beneficiados por esta argucia administrativa que les permitió seguir sin que se les realizaran pruebas de mérito para acceder a estos puestos laborales. Lo que se consigue de esta forma es «restringir el acceso a estos puestos al personal que previamente venía prestando servicios en la Universitat en una determinada relación laboral de carácter temporal». De este modo, se vulneran tanto los principios constitucionales de igualdad y publicidad de acceso al empleo público como la Ley Orgánica de Universidades, según recogen los informes publicados por la Intervención de la Generalitat.

La Universitat de València se sitúa a la cabeza de esta práctica. El informe detalla que 66 profesores fueron contratados a través de este método. La Universidad de Alicante le sigue con 27 contrataciones en este sentido. La Jaume I (16 profesores) y la Politécnica (12) completan el listado de irregularidades. Casi de manera testimonial aparece la Miguel Hernández, con sólo cuatro casos detectados. Precisa el informe que el hecho de que esto, en algún centro, fuera aprobado por el director general de Universidades de la Conselleria de Educación «no subsana las anteriores deficiencias».

En otros casos las irregularidades son de mayor calado. En la Universitat de València, la de Elche y el Politécnico se efectuaron las contrataciones del personal sin que la Conselleria de Hacienda las autorizara, de forma que se incumplió la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Lógicamente una de las principales recomendaciones de los auditores en sus investigaciones es la convocatoria de oposiciones para estas plazas, aunque sean de carácter temporal.

El método restringe los posibles aspirantes a los profesionales que ya estaban en los centros colocados a dedo por amiguismo

Las irregularidades también afectan a los salarios por encima del máximo permitido por la Ley. Esto ocurre en la Universidad de Alicante. Lo más llamativo es que esta irregularidad ya fue advertida por los especialistas el año anterior, pero sigue sin corregirse. El centro no aplicó en su día (2010) el recorte de un cinco por ciento en las nóminas como medida extraordinaria para la disminución del déficit público. El incumplimiento de esta orden ha hecho que se abonen casi 700.000 euros de más.

Existe otra deficiencia que se repite de años anteriores. La mayor parte de las personas que presentan el escrito de solicitud de compatibilidad lo hacen con posterioridad a que comience su actividad o incluso se llega a cobrar antes de que se autorice. Otra coincidencia de todos los centros públicos se da con determinados procesos de contratación. Existe un «inadecuado» seguimiento, control y justificación de algunas de las adjudicaciones. En este sentido, recuerdan los interventores que los centros al contar con un gran entramado de escuelas, facultades e instituciones adjudican sin la transparencia que sería deseable en un organismo de este tipo, informa Las Provincias.

Vicenç Navarro: ¿Existe la clase trabajadora?

Uno de los libros escritos en el Reino Unido que sería de desear que fuera ampliamente leído en España (al ser especialmente relevante para este país) es el excelente libro de Owen Jones Chavs. La demonización de la clase obrera. En este libro, el autor detalla cómo en la sociedad británica, caracterizada por una estratificación muy acentuada por clase social, la clase dominante que controla los mayores medios de información ha configurado una cultura que ensalza a tal clase, mientras que menosprecia y discrimina a la clase trabajadora, utilizando en su lenguaje expresiones ofensivas para definir a dicha clase. Un ejemplo es la utilización del término “chavs” para definir a miembros de tal clase, la palabra utilizada en el título del libro, que en la cultura española (incluyendo la catalana) equivaldría a definir a miembros de la clase trabajadora como miembros de la “clase baja”.

En cierta manera, la situación es incluso peor en España, pues aquí ni siquiera aparece el término de clase trabajadora. En realidad, la clase trabajadora ha desaparecido prácticamente en el discurso político, literario y mediático del país, y raramente aparece en los medios. Las series televisivas tienen como protagonistas profesionales de la clase media de renta alta (frecuentemente de la clase media profesional), que reflejan esta visión (errónea) de que la mayoría de la población es y se siente de clase media. En España el término de clase trabajadora definitivamente ha dejado de existir, de manera que en la estratificación social más utilizada en los medios (incluyendo los académicos) se distinguen tres clases: la clase alta, la clase media y la clase baja, utilizándose este último término para definir a la clase trabajadora, la cual se considera que está desapareciendo, encontrándose próxima a su extinción. Hoy incluso dirigentes de izquierdas son reacios a utilizar el término de clase trabajadora por considerarlo anticuado, y en su lugar utilizan el término clase media (o en ocasiones clase baja) para definirla.

El origen de la desaparición del discurso de clases: la Guerra Fría continúa viva en la cultura del país

El país donde se hizo este cambio de definiciones fue EEUU, en el cual, ya en los años cincuenta, se dejaron de utilizar los términos de clase capitalista, clase media y clase trabajadora, siendo sustituidos por los de clase alta, media y baja. Este cambio en la utilización del lenguaje ocurrió en los años cincuenta en plena efervescencia de la Guerra Fría, cuando se intentó barrer en toda la sociedad estadounidense cualquier elemento que sonara a socialismo o a comunismo. Lo último que quería la estructura de poder era que se conservara una conciencia de clase por parte de la clase trabajadora.

Fue en aquel periodo cuando en los centros intelectuales del país, universidades y fundaciones, y en los mayores medios, se redefinió el concepto de clase, definiéndolo por el nivel de renta del individuo, independientemente del origen de tal renta. El objetivo era evitar por todos los medios que se estableciera una conciencia de clase, ocultando o intentando evitar cualquier percepción que significara el reconocimiento de la existencia de clases sociales que pudieran estar en conflicto. En su lugar, se enfatizó el rol de los individuos en busca del “sueño americano”, según el cual todo individuo podría subir por la escala social en base al mérito y a la oportunidad. De esta manera, el lenguaje de conflicto colectivo, incluido el conflicto de clases, desaparecería, desapareciendo con ello incluso el concepto de clases.

Lo que era permisible en la narrativa y en el lenguaje dominante era agrupar a los individuos según la jerarquía social, tomando el nivel de ingresos como indicador del lugar que dichos individuos ocupaban en aquella escala. De ahí la redefinición de las clases en clase alta, clase media y clase baja, que sustituían los términos de clase capitalista, clase media y clase trabajadora, un cambio de gran importancia para enmascarar la dinámica de poder del orden capitalista. La sociedad de clases se presentaba como la sociedad de niveles de renta, siendo el más bajo el que correspondería a la que objetivamente continuaba siendo la clase trabajadora, la clase que adquiere sus rentas a base del trabajo, en una relación subordinada con la clase capitalista, mediada esta relación por la clase media, que objetivamente no era la mayoría de la población, siendo ésta la clase trabajadora.

Últimamente esta clase capitalista, que en EEUU se le llama la clase corporativa (The Corporate Class) y que incluye los propietarios y gestores del gran capital (las mayores corporaciones financieras y económicas de los distintos sectores económicos del país), ha pasado a definirse como el 1% (señalando con ello el grado de concentración tan elevado de la propiedad del capital), situándose frente a todos los demás, el 99% de la población. Esta visión del capitalismo, que movimientos sociales contestatarios, como el Occupy Wall Street, han hecho suya, tiene algo de verdad, pero no de toda la verdad, pues este 1% necesita para el sostenimiento de su dominio un sector de la población que tiene como función garantizar dicho dominio. Este sector juega un papel clave en la reproducción del sistema y está constituido por la clase media de renta alta (incluyendo la clase media profesional), que tiene intereses distintos a los de la mayoría de la población, pues su poder depende de su relación con el 1% superior. El 1% no estaría donde está sin la existencia y apoyo de este sector cuyo tamaño va del 15% al 20% de la población. Se incluyen en esta población todos los gerentes y profesionales de dirección, por ejemplo, de los medios de información, comunicación y persuasión. De ahí que el conflicto no sea solo del 1% frente al 99% restante, sino del (1+19)% frente al 80% restante.

¿Existe conciencia de clase?


Parece una paradoja que, aun cuando los medios de información casi nunca utilizan los términos y conceptos de clases sociales, estas persistan en la conciencia de la población. Así, si a la población en EEUU (y lo mismo en España) se le pide su identificación social presentando como alternativas clase alta, clase media o clase baja, la gran mayoría de la población contesta que clase media, de lo cual se deduce erróneamente que la mayoría de la población se considera clase media. Ahora bien, si la elección es entre clase alta, clase media o clase trabajadora, hay más personas en EEUU (y en España) que se definen de clase trabajadora que de clase media. En EEUU, por ejemplo, la gran mayoría (56%) de personas entre los 18 y 35 años se definen como de clase trabajadora (porcentaje que ha ido subiendo durante los años de crisis). Solo un 33% se sienten de clase media.

La gran mayoría de los que se definen como clase trabajadora apoyaron la candidatura del socialista Bernie Sanders, el candidato del Partido Demócrata que explícitamente se refirió a la clase trabajadora, utilizando dicho término para definirla. El otro candidato, este del Partido Republicano, Donald Trump, también habla a y de la clase trabajadora, y el gran empuje de estos dos candidatos en las primarias de ambos partidos ha cogido al establishment (el 20% de la población con renta superior) por sorpresa, pues ignoraba o quería ignorar que existía tal clase social y desconocía o quería desconocer la gran reducción de los estándares de vida de tal clase que ha ido ocurriendo desde que se inició la revolución (o mejor dicho, contrarrevolución) neoliberal en los años ochenta.

La proletarización de la clase media


Las nuevas generaciones, que en EEUU siempre creyeron que la educación, incluyendo la universitaria, les garantizaría un futuro mejor que el de sus padres, han visto que ello no era cierto, pues, después de haber realizado sus estudios y endeudarse hasta la médula para poder alcanzar el título y los conocimientos que creían que les garantizarían el futuro mejor, no lo han alcanzado. En realidad, los salarios para los puestos de trabajo a los que aspiran son mucho más bajos que hace treinta años. Y en muchas ocasiones ni siquiera encuentran tales trabajos, teniendo que aceptar otros trabajos muy por debajo de lo que aspiran. Esta situación ha sido incluso más marcada durante la Gran Recesión (2008-2016).

Esta es la causa de su gran enfado y su radicalidad, que explica, de nuevo, el éxito de las candidaturas de Bernie Sanders (que cogió por sorpresa al establishment del Partido Demócrata, representado por Hillary Clinton) y de Donald Trump (que también cogió por sorpresa al establishment del Partido Republicano). Hoy la estructura de poder está altamente cuestionada, pues las instituciones mal llamadas representativas han perdido su credibilidad y su legitimidad para la gran mayoría de la clase trabajadora, cuyo tamaño, objetiva y subjetivamente, ha ido aumentando.

Y esto es también lo que está ocurriendo en Francia (donde el partido con mayor apoyo electoral entre la clase trabajadora es el partido de Marine Le Pen), en el Reino Unido (donde la mayoría de la clase trabajadora apoyó el Brexit), en España (donde la mayoría de los jóvenes apoyan a Unidos Podemos), y así un largo etcétera. Créanme que la clase trabajadora, aunque no aparece en los medios, continúa existiendo. Y si no se lo creen, esperen la evolución de los acontecimientos políticos en Europa y lo verán.
De Público.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra.

Vicenç Navarro: ¿Es el crecimiento del desempleo y de la precariedad consecuencia de la revolución digital?

Hace unos días que publiqué un artículo (La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado, Público, 12.07.16) en el que indicaba que los datos empíricos existentes no avalan la ampliamente extendida creencia de que la revolución digital es una de las causas (sino la mayor causa) del elevado desempleo y precariedad en los mercados de trabajo de los países capitalistas más desarrollados, creencia que vaticina que en un futuro próximo casi el 50% de los puestos de trabajo existentes hoy habrán sido destruidos, creando un futuro sin trabajo. En el artículo mostré datos que no apoyaban tal creencia.

Un constructor admite ante el juez que financió ilegalmente al PP

Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, admitió ante el juez José de la Mata, en el marco de la instrucción del caso Gürtel, que financió ilegalmente al PP con 30.050 euros durante la campaña electoral de 2003. Además, reconoce que pagó 1,3 millones de euros a políticos populares para conseguir adjudicaciones en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. En el escrito de defensa que ha presentado ante el juez, el empresario de la construcción detalla que abonó mordidas a antiguos cargos del partido por un importe total de 1.338.485 euros. A cambio, el constructor conseguía adjudicaciones en Boardilla del Monte, uno de los municipios centrales en la trama de corrupción.

Entre los beneficiarios de esas prebendas están el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el exdiputado regional del PP Alfonso Bosch, el exconcejal popular Gerardo Galeote y el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla. El empresario también confirma en el escrito otras acusaciones de la Fiscalía: el pago de 30.050 euros al PP durante la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. García-Pozuelo admite de esta manera que financió ilegalmente al partido.

García-Pozuelo busca con este escrito una reducción de la condena, porque añade, tras confirmar esos hechos, que está "arrepentido" de haberlos cometido y recuerda que ya ha pagado la multa que se le impuso como medida cautelar, y que alcanzaba los 670.000 euros. El constructor, que aparece en los papeles de Bárcenas como donante de 234.122 euros a la caja B del PP, se negó a declarar cuando comenzó la instrucción del caso de las donaciones ilegales. Sin embargo, con el avance de las investigaciones García-Pozuelo cambió de estrategia. En mayo del año pasado, en otro escrito de defensa dirigido al juez Pablo Ruz admitió que reconoció que había pagado comisiones a cambio de adjudicaciones, en este caso en la localidad de Pozuelo de Alarcón, informa eldiario.es.

La jueza procesa al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas

El PP está a solo un paso de tener que sentarse en el banquillo de los acusados por uno de los tentáculos del 'caso Bárcenas'. La titular de juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha procesado al partido de Mariano Rajoy por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero de la formación en la sede nacional. Lo ha hecho en un auto por el cual se declara concluida la instrucción y se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director del sistema de información del partido, José Manuel Moreno. A todos les imputa los mismos delitos que al PP.

Asaltan la casa del Fiscal Anticorrupción de Murcia


Unos desconocidos, al menos dos personas, asaltaron hace unos días el domicilio del Fiscal Anticorrupción y sólo sustrajeron su ordenador personal, en el que guarda la documentación íntegra de todos los casos de corrupción íntegra que coordina y de los que se encuentran en un estado de investigación inicial. La mayoría de estos casos salpican a cargos y políticos del Partido Popular. Además, los ladrones se llevaron las claves (PIN y PUK) del teléfono móvil de Juan Pablo Lozano.

El TC confirma la condena a Tasio Erkizia por un acto de recuerdo a ‘Argala’ en 2008

El Tribunal Constitucional del fascismo español ha ratificado la condena de un año de cárcel y siete de inhabilitación contra Tasio Erkizia por su participación en un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran ‘Argala’ en 2008. Los magistrados argumentan que el acto fue «una manifestación del conocido como discurso del odio», obviando que ‘Argala’, además de miembro de ETA, fue víctima de la guerra sucia del Estado. Un juez ha emitido un voto particular. El TC de la dictadura no admite el recurso interpuesto por Tasio Erkizia contra su condena a un año de cárcel y siete de inhabilitación impuesta por la Audiencia Nacional por su participación en un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran «Argala» en el 30 aniversario de su muerte en un atentado reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE). Los magistrados del Alto Tribunal no toman en consideración el carácter de víctima de la violencia terrorista del Estado de ‘Argala’, sino que consideran que su recuerdo puede inscribirse en el «discurso del odio».

La sentencia considera que no se vulneró el derecho de Erkizia a la libertad de expresión. Argumenta que en su discurso, el militante independentista abogó por «el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático», lo que es interpretado como una «instigación a la violencia» ya que, en su opinión, estas acciones «crean un determinado caldo de cultivo, una atmósfera o ambiente social proclive a acciones terroristas, antesala del delito mismo». De hecho, la sentencia llega a calificar las palabras de Erkizia de expresión de «nacionalismo agresivo» con «inequívoca presencia de hostilidad hacia otros individuos».

Para justificar la condena, el TC franquista se escuda en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se asegura que la libertad de expresión «no es ilimitada» y que la limitación puede estar justificada cuando se perciba «un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito». En su voto particular, el ponente, Juan Antonio Xiol, cree que la condena «no era necesaria ni proporcionada desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión» y aboga por estimar el recurso de Erkizia, informa Naiz.