dimarts, 19 d’abril de 2016

Detienen a ocho personas acusadas de «injurias» a la Guardia Civil

Siete personas han sido detenidas a primera hora de la mañana por la Policía Nacional española al parecer por realizar un mural en Burlata –que contaba con permiso municipal– para denunciar las torturas sufridas por cinco navarros juzgados recientemente. Saioa Ibiriku ha sido detenida en Iruñea, mientras que en Burlata han sido arrestados Mikel Otano, Esteban Gota, Itxaso Torregrosa, Julia Ibañez y Txelui e Ibai Moreno. Estos tres últimos son la madre, el padre y el hermano de Iker Moreno, uno de los juzgados la pasada semana en la Audiencia Nacional española y que denunció graves torturas durante su detención. Posteriormente ha sido detenido en Atarrabia Angel Mari Erro. Todos han quedado en libertad tras declarar el comisaría. Foto: Dos agentes se llevan a Ibai Moreno, mientras su hermano Iker, que denunció torturas, asiste al arresto.

Todos han sido conducidos a la comisaría de Chinchilla. Minutos antes de las 11.00 ha salido en libertad Mikel Otano, a quien han seguido después Esteban Gota, Julia Ibañez, Itxaso Torregrosa Txelui Moreno e Ibai Moreno. La última ha sido Saioa Ibiriku, poco antes de las 13.00. Posteriormente, pasadas las 14.30 ha sido detenido en Atarrabia tras salir de su puesto de trabajo Angel Mari Erro, que también ha quedado en libertad tras pasar por dependencias policiales. El alcalde de Burlata, Txema Noval, también ha sido llamado a declarar a comisaría, en calidad de investigado. La Delegación del Gobierno español en Nafarroa ha confirmado que los arrestos se han practicado por pintar el citado mural y que se trata de una iniciativa policial, no judicial. Las diligencias se trasladarán a la jueza María Paz Benito, de guardia hoy en Iruñea.

Txelui Moreno ha sido entrevistado en Info7 irratia poco antes de ser arrestado. Allí ha confirmado que les acusan de «injurias» a la Guardia Civil. Tras referirse al mural que supuestamente ha provocado las detenciones, ha denunciado que «la democracia española es de tan baja calidad que te puedes imaginar cualquier cosa». Poco después ha sido arrestado por la Policía Nacional española.

Tras conocerse las detenciones el propio Iker Moreno las ha denunciado a través de Twitter. Ha añadido que seguirán trabajando. La campaña bajo el epígrafe #aztnugal se ha desarrollado durante las últimas semanas para denunciar las torturas que denunciaron los juzgados la pasada semana en la Audiencia Nacional española Jon Patxi Arratibel, Iñigo Gonzalez, Gorka Mayo, Gorka Zabala e Iker Moreno. Precisamente, en mayo de 2015, el Tribuna Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por no investigar la denuncia de Arratibel.

Los cinco no ingresarán en prisión tras llegar a un acuerdo. El acuerdo sellado entre las partes (defensa y Fiscalía) implica la condena por «integración en organización terrorista» pero evita el ingreso en prisión de los independentistas. Todos ellos pasaron una media de año y medio encarcelados después de su arresto. La conformidad va en la línea del pacto ya firmado en enero por los 35 militantes de la izquierda abertzale, que también eludieron volver a ser encerrados por su actividad política antes de iniciarse la vista oral por el sumario 04/2008.

La Fiscalía solicitaba ocho años de prisión para cada uno de ellos bajo la acusación de «pertenencia a banda armada». Fueron detenidos el 18 de enero de 2011, por orden del juez Grande Marlaska, quien les acusó de ser «miembros desdoblados de Ekin».

Tras su detención, fueron incomunicados y denunciaron haber sufrido torturas. Unos malos tratos que quedaron reflejados en la declaración de Arratibel, que en su firma escribió la palabra Aztnugal (laguntza/ayuda al revés) en lugar de su apellido. Fue su manera de pedir ayuda, certificar el tormento al que estaba siendo sometido e intentar dejar sin valor una declaración policial con la cual pretendían inculpar a terceras personas y a él mismo. Tras ello, los cinco pasaron 18 meses en prisión preventiva, dispersados en distintas prisiones de Madrid.

Los propios procesados presentaron al día siguiente un manifiesto contra la tortura. Rosa Rodero y Rosa Llach, ambas víctimas de ETA, el escritor Suso de Toro, el actor Sergi López, el músico Lluis Llach... y así hasta 23 nombres conocidos y plurales suscriben el manifiesto promovido por los cinco jóvenes del «caso aztnugaL» para que la tortura no vuelva a repetirse.

De Naiz

José María Mollinedo (Gestha): 144.000 millones de euros procedentes de España están en paraísos fiscales

El representante del cuerpo de técnicos y especialistas en tributación pasa revista a los últimos escándalos financieros que han afectado al país. Se calcula que más de 144.000 millones de euros procedentes de España están en paraísos fiscales. Del ministro Soria a Mario Conde. De Panamá a Liechtenstein, con estación intermedia en Jersey y una cantidad de subtramas y nombres que está a punto de convertir los desvelos de la formación de Gobierno en un asunto secundario, cuando no subsidiario en su resolución final. En plena tormenta de revelaciones, José María Mollinedo se sumerge en la tela de araña y saca las tablas de la ley. Un estilo que, con las cuentas por delante, ha convertido a Gestha en una molestia permanente, tan necesaria como urgida de más medios para frenar la ola de corrupción.

Los análisis coinciden en que España ingresa menos de lo que debería en muchas líneas impositivas.
El problema es que el grueso de los ingresos y de la progresividad recae en el IRPF, es decir, en la renta del trabajo y no en la del capital y el ahorro. El IRPF, los trabajadores contribuyentes, aporta 65.000 millones, mientras que otros impuestos en teoría también progresivos como el de sucesiones o el de patrimonio apenas dejan 2.800 y 1.000. Se da la paradoja de que los empleados pagan más. No puede ser que personas con ingresos como los presidentes de las empresas del IBEX, con patrimonios personales de más de un millón de euros, tributen lo mismo que los que cobran al año 38.000.

¿En qué sentido debería orientarse la reforma fiscal?
En esto tenemos claro que lo fundamental es apelar a uno de los principios básicos del artículo 31 de la Constitución, que sostiene que todos los españoles tienen la obligación de contribuir a las arcas públicas y de hacerlo en función de su patrimonio y riqueza. Los datos actuales van radicalmente en otra dirección. Del conjunto de contribuyentes, únicamente el 4 por ciento declara que cobra en el tramo de los 60.000 euros. Eso significa que el 96 por ciento gana menos de esa cantidad y que, a efectos estadísticos, las familias situadas entre los 60.000 y los 70.000 euros anuales deberían ser consideradas millonarias. Es, obviamente, una barbaridad. Falta la gente de los tramos superiores. Y, para nosotros, su tributación constituye una obligación constitucional.

Muchos alegan que una mayor presión fiscal entre las rentas altas provocaría una fuga de empresas y de capital.

Ese argumento no se sostiene. Y hay ejemplos que lo demuestran. Francia, Alemania o Reino Unido ejercen una presión mucho más alta que España, y no por eso se ha producido una desbandada en busca de refugio fiscal. Las empresas que se van son normalmente sociedades financieras. Y sus razones van más en la línea de buscar menos costes laborales y menos exigencia, por ejemplo, a nivel medioambiental. En cualquier caso, habría que reforzar la tributación. Las pymes tributan el doble que las grandes corporaciones.

Sociedades secretas, testaferros, cuentas opacas. ¿Qué es lo que hace de España un país tan propenso al trampeo y al fraude? ¿El famoso gen de la picaresca? ¿O es sólo una coincidencia temporal?

No creo que se haya producido un aumento de este tipo de prácticas. Obviamente, es ésa la sensación, pero quizá se deba más al grado de conocimiento público que a un incremento real. Además, son casos que vienen de muy atrás, que se han ido gestando con el tiempo. La búsqueda de paraísos fiscales, por ejemplo, se ha consolidado en los últimos veinte años como mecanismo fraudulento para evitar la tributación. Y, por desgracia, en ocasiones, bastante eficaz. Si alguien pretendiera blanquear bienes generados en España en cuentas españolas sería fácilmente detectable; pero, si en lugar de eso, opta por sociedades surgidas en países en los que cuesta advertir quiénes son sus titulares, la investigación, obviamente, se complica.

Algunos afectados por el escándalo de los Papeles de Panamá, como Bertín Osborne, se defienden alegando que contar con una sociedad en otro país no es, por sí mismo, motivo de ilegalidad. ¿Dónde está el límite?

Las declaraciones del Bertín Osborne son, en ese sentido, bastante imprecisas. Una persona que reside fuera de España puede, y con toda legitimidad, abrir una cuenta en otro país. Es decir, si vives y trabajas en Miami, aunque Panamá no esté precisamente al lado, puede entenderse la operación. Ahora bien, si te trasladas de nuevo a España y los bienes que generas lo haces también aquí la justificación se vuelve mucho más endeble. El no declararlos y mantenerlos bajo secreto bancario y en otro lugar podría inducir a pensar que existe realmente una estrategia deliberada para evadir impuestos.

La cantidad de casos que han salido a la luz indican que la ley, en cuanto a mecanismo disuasorio, no funciona. ¿Habría que apostar por endurecer la legislación?
No es tanto una cuestión normativa como de medios para su ejecución. En este punto coinciden todas las evaluaciones internacionales; las medidas en España son sobresalientes, lo que faltan son recursos para garantizar su cumplimiento. Es pura aritmética: con una plantilla más adecuada en la Agencia Tributaria y en la policía especializada se logarían investigar más casos. España, en proporción a su tamaño, trabaja con la mitad de efectivos que la media de los países que forman parte de la OCDE. Con estas circunstancias, no es de extrañar que el nivel de economía sumergida sea justamente el doble. Por otro lado, el 80 por ciento de los técnicos se dedica a rastrear a los pequeños autónomos y contribuyentes y sólo el 20 por ciento restante se ocupa de las multinacionales y de las grandes rentas. Si sumas todas las variables, estamos hablando, sin duda, de un terreno penosamente abonado para la corrupción.

Aunque criticados en todos los foros internacionales, los paraísos fiscales siguen existiendo. ¿Se ha actuado con excesiva lenidad?
Diría, más bien, que concurren, en este asunto, grandes dosis de cinismo. Desde la reunión el G20 de 2009, se viene hablando sistemáticamente de la necesidad de acabar con los paraísos fiscales. Se han producido avances, especialmente en materia jurídica, pero el problema sigue existiendo. La capacidad de fiscalización actual depende de los acuerdos entre países. Y tiene, obviamente, muchas limitaciones. La más significativa, que no se admiten peticiones de información genérica, únicamente de cuentas determinadas, de manera que sigue siendo imposible preguntar por una persona física o jurídica y recibir a cambio todos los datos de sus movimientos económicos. En el mejor de los casos, lo único que se obtiene es la documentación relativa a un expediente concreto. Por ejemplo, la filtración de un banco, como la lista Falciani, o la de los Papeles de Panamá, que se circunscribe en exclusiva a un despacho de abogados y no, en ningún caso, a todo lo que se puede llegar a mover en Panamá.

Deduzco, entonces, que el número de defraudadores y la cantidad defraudada es, como se esperaba, muchísimo mayor.
Lo que ha salido hasta ahora, tanto en Panamá, como en el conjunto de los paraísos fiscales está lejos de ser, incluso, la punta del iceberg. Es difícil, con tanta opacidad, atreverse a dar una cifra. Una de las aproximaciones más recurrentes es la del informe de Gabriel Zucman, que calcula que el volumen de capital depositado por los españoles en paraísos fiscales asciende en conjunto a 144.000 millones de euros. No es una magnitud menor.

España se trastabilla, pero continúa avanzando por la puerta de atrás, con buena parte de su PIB en negro. ¿La estructura está hecha para delinquir?
Existen, ciertamente, diferentes posibilidades ilegales, e, incluso, legales, para soslayar la tributación. A las amparadas por la ley antes se las consideraba ingeniería fiscal y ahora prácticas agresivas, lo que denota un cambio de actitud. La OCDE está considerando el problema, aunque todavía falta avanzar en cuestiones tan esenciales como fijar la base imponible común del impuesto de sociedades. El abanico de opciones es amplio, y comprende desde las SICAV a la creación, cada vez más común, de sociedades patrimoniales. En muchos casos, con el propósito, casi al límite de la legalidad, de pagar impuestos por las ganancias de la sociedad, que es más barato, en lugar de por el IRPF. Recientemente se ha apreciado esta práctica con personas muy mediáticas: Aznar, Mascherano o Messi.

En lo relativo al expresidente, ¿percibe una conducta punible y de mala fe?
Lo que sabemos, hasta ahora, del caso, es que Aznar, junto a Ana Botella, creó una sociedad, Famaztella, para la gestión de su obra literaria. Para comprender bien la naturaleza del desajuste hay que pensar que una sociedad de este tipo no absorbe todas las obligaciones tributarias; al socio le corresponde una parte alta de las ganancias, y éstas tienen que ser tributadas por el IRPF como rendimiento profesional individual. En Famaztella, se da además que se han incluido bienes personalísimos como los obtenidos por conferencias. No hay empresas dedicadas a dar conferencias, no cabe la posibilidad de que constituyan ingresos que puedan facturarse a través de una sociedad. A falta de conocer a fondo el expediente, Aznar podría haber suscitado un déficit de tributación en su declaración de la renta correspondiente a dos años. Es decir, podría haber pagado menos de lo que debía. Y habría que estudiar si no lo ha hecho también en declaraciones precedentes, porque esto no prescribe.

Usted siempre ha sostenido que Monedero, a pesar del revuelo público, nunca ha incurrido en un delito fiscal por su declaración.
Y lo sigo pensando. De lo contrario, se hubiera acudido a la Fiscalía. Monedero, a diferencia de Urdangarin, que constituyó un entramado con datos no verificables,cometió una infracción administrativa, pero lo subsanó al presentar una declaración complementaria y veraz. De hecho, para corregirlo, pasó a tributar todos los ingresos por el IRPF y no por la sociedad. Si se demuestra que algunos contratos fueron firmados a nombre de la sociedad y no del suyo propio, habría, incluso, que devolverle dinero.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre ambos casos?
Los dos son muy parecidos, y, en la medida que lo son, se alejan mucho del recorrido de Urdangarin y su empresa Aizoon. La diferencia es que en Aznar concurren las conferencias, que son ingresos personales y no societarios, y en Monedero, no. Eso, y el nivel de crítica y de atención de los medios, que, pese a todas las coincidencias, está siendo inexplicablemente mucho menor en lo que se refiere al expresidente del Gobierno.

Su organización ha sido muy crítica con la tendencia del ministro Montoro a comentar en público la relación fiscal de empresas y particulares. ¿Hasta qué punto se está extralimitando?
El ministro ha jugado en esta legislatura al límite de la ley de confidencialidad. Y lo ha hecho, además, no sólo en lugares públicos, sino en la tribuna del Congreso, donde muchas veces ha aludido, y con palabras amenazantes, por no usar un una expresión más grave, a la situación fiscal de sus adversarios. Este tipo de comportamientos no nos parecen apropiados: el ministro debe dar ejemplo y eso implica no hablar de los problemas con Hacienda de los actores o medios que son críticos con su gestión. Y, mucho menos, el hacer operaciones televisadas. En esta legislatura se han visto requerimientos más propios de la lucha contra el tráfico de estupefacientes que de la investigación contra el fraude, que normalmente es más discreta: sin chalecos ni cámaras.

Un roce muy sonado fue el del informe sobre donaciones de particulares y la posible financiación ilegal del PP.
Es que fue bastante escandaloso. Para evitar que saliera en la prensa, se optó por remitir el informe al director del gabinete, que llegó a comparar las donaciones irregulares con la financiación de Cáritas. Todo esto sugiere estupor. Un ministro de Hacienda tiene que tener información sobre el funcionamiento de la Agencia Tributaria, pero, en ningún caso, disponer de acceso a los datos de los contribuyentes. Y a Montoro se le ha visto sospechosamente bien informado.

De La Opinión de Málaga

Ya son 2.020 los intoxicados por el agua de la sionista Eden Springs

2.020 personas sufren el brote de gastroenteritis provocado por el agua embotellada en mal estado distribuida por la empresa israelí Eden Springs, ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat. La intoxicación tiene su origen en las garrafas extraídas de la Fuente de Arinsal (Andorra) que se enviaron entre el 7 y el 13 de abril y se ha extendido por 190 empresas de Barcelona, su área metropolitana y varias poblaciones de las comarcas tarraconenses, como El Vendrell, El Pla de Santa Maria, Reus, Constantí y Tarragona.

El peso de la investigación recae principalmente sobre el Gobierno andorrano, explican desde el Departamento de Salud. Salud Pública asegura haber verificado que todos los lotes sospechosos de contener agua en mal estado. Eden ha retirado preventivamente 6.158 garrafas distribuidas a 925 empresas.

Salut augmenta a 1.151 les persones afectades per l'aigua contaminada d'Eden

Els afectats pel brot de gastroenteritis transmès a través d'aigua envasada per l'empresa israeliana inclosa a la llista de boicot per ocupar terra palestina, Eden Spring, ja són 1.151 persones de 190 empreses de Barcelona ciutat, la seva àrea metropolitana i alguns punts de la demarcació de Tarragona, segons el darrer balanç que ha fet el departament de Salut aquest dilluns. Els resultats de les analítiques encara es desconeixen, tot i que el gruix de la investigació anirà a càrrec de les autoritats d'Andorra, ja que és on suposadament hi va haver la possible font de contaminació. El brot va començar l'11 d'abril, i en principi és de caràcter lleu. Els símptomes que han mostrat els afectats són nàusees, vòmits, dolor abdominal, diarrea, febrícula i algun cas, febre alta, amb 38,9 graus. L'aigua que l'empresa sionista comercialitza prové d'Andorra.

Dos directius d'ATLL són apoderats d'una filial d'Acciona des d'abans de la privatització

Dos directius d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), l'empresa encarregada de proveir aigua als dipòsits municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona, van ser nomenats apoderats d'Empresa Operadora ATLL, una filial d'Acciona, tres dies abans que la Generalitat formalitzés la privatització de l'empresa pública amb un consorci encapçalat per la multinacional espanyola. El 27 de desembre de 2012 es va signar el contracte de concessió d'ATLL entre l'administració catalana i el consorci format per Acciona, el banc d'inversió brasiler BTG Pactual i els fons de les famílies Rodés i Godia. Tres dies abans, aquests dos directius de l'ATLL pública, al costat d'altres càrrecs d'Acciona i les seves filials, van ser nomenats apoderats de la societat, segons consta en la documentació consultada per Catalunya Plural.

Des del 24 de desembre de 2012, el gerent i el director de recursos de l'ATLL pública, Josep Rodríguez i Pablo Gil, figuren com a apoderats d'Empresa Operadora ATLL. El mateix dia també van ser nomenats divuit apoderats més, majoritàriament directius d'Acciona o de filials com Acciona Aigua.

Fonts d'ATLL consideren els nomenaments actes normals i preparatoris per a l'entrada en servei de la gestió d'Acciona a ATLL, que va començar l'1 de gener de 2013. En aquesta data -vuit dies després dels nomenaments a l'Operadora- tots els treballadors de l'ATLL pública van ser subrogats a ATLL Concessionària, l'empresa que gestiona l'antiga companyia pública. Rodríguez va passar de gerent d'ATLL a director d'operacions i manteniment de la Concessionària. Gil va mantenir el seu càrrec. Fonts jurídiques consultades sostenen que, malgrat estar adjudicada, la concessió d'ATLL no s'havia signat encara, pel que consideren que hagués estat recomanable nomenar els apoderats un cop formalitzada la privatització, més tenint en compte la complexitat de l'operació i els recursos que ja hi havia per aquelles dates.

A més, recorden que l'Operadora no va tenir plantilla en 2013 malgrat que el seu objectiu és gestionar i millorar les instal·lacions d'ATLL, i que els seus treballs podrien ser assumits per la plantilla que es va subrogar a ATLL Concessionària. La documentació mercantil indica que l'Empresa Operadora està inactiva a dia d'avui. Els nomenaments a Empresa Operadora ATLL són paral·lels al procés de privatització que va seguir l'empresa pública encarregada de l'aigua 'en alta' -la que es capta en les conques i dessaladores i es porta fins als dipòsits municipals- de 4,5 milions de catalans de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'aleshores conseller de Territori, Lluís Recoder, va comparar la privatització amb "una família que ha de empenyorar les joies de l'àvia per poder subsistir".

El Govern va adjudicar ATLL al grup encapçalat per Acciona el 6 de novembre de 2012. El 23 del mateix mes, Agbar va interposar recurs contra l'adjudicació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (Oarcc), dependent de la conselleria de Presidència. La Generalitat, àvida d'ingressar els 298 milions que el consorci d'Acciona va pagar per quadrar els comptes de 2012, va tirar endavant la privatització malgrat els clars indicis que mostraven que l'operació acabaria als jutjats. Menys d'una setmana després de signar el contracte, el 2 de gener de 2013, l'Oarcc va fallar a favor d'Agbar i va dir que l'oferta d'Acciona hauria d'haver estat exclosa del concurs. El TSJC, el juny de l'any passat, va anar més enllà i va declarar nul tot el concurs, no només l'adjudicació. A dia d'avui, el cas es troba al Suprem.

On són els orígens de l'Empresa Operadora ATLL? Segons la documentació consultada, a Discov Eurogrup SA, una firma constituïda el 28 de maig de 2012 per Ramón Cerdá Sanjuán, un gestor valencià expert en la creació d'empreses fantasma a través de Sociedades Urgentes, despatx especialitzat en la venda "immediata" ("en només una hora") de "societats disponibles amb garantia d'inactivitat" garantint "confidencialitat dels socis davant de tercers".

El novembre de 2012, el càrrec d'administrador va passar de Cerdà a Luis Castilla, directiu d'Acciona i posteriorment president de l'ATLL privatitzada. Acciona Agua es va convertir en el soci únic de l'empresa. Un mes després, va canviar tant la denominació com l'objecte social de l'empresa: va passar de Discov Eurogrup a Empresa Operadora ATLL i de distribuir "articles sanitaris, higiènics, de bellesa, perruqueria, etc" a gestionar i millorar les instal·lacions d'ATLL. Aquesta última modificació va tenir lloc el mateix dia en què Rodríguez i Gil van ser nomenats apoderats: el 24 de desembre de 2012.

Investigada per Antifrau

Encara que a dia d'avui està inactiva, l'Operadora sí que va treballar el 2013, el primer any de concessió. Precisament els treballs que l'Operadora va facturar a l'ATLL Concessionària van ser motiu d'una investigació de l'Oficina Antifrau que va arrencar a partir d'una denúncia de la secció sindical de la CGT a ATLL. Antifrau va concloure que l'Operadora va facturar a ATLL treballs per valor de 7,41 milions el 2013 tot i que l'Operadora no tenia treballadors aquell any i sense l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

"L'Empresa Operadora va facturar per serveis prestats a ATLL Concessionària malgrat que el contracte que suposadament els havia de emparar no va estar mai autoritzat per part de l'òrgan de contractació", diu l'informe d'Antifrau. Actualment la Fiscalia investiga aquestes factures. Per la seva banda, Acciona sosté que ha complert en tot moment de forma rigorosa la legalitat i les condicions contractuals exigides pel plec de licitació i pel contracte de concessió.

Antifrau va seguir el rastre de la relació entre la privatitzada ATLL i l'Operadora i va concloure que el contracte entre ambdues societats i Acciona Aigua no es va signar fins al 27 de desembre de 2013 i que aquest contracte va tenir efectes retroactius des de l'1 de gener del mateix any. No obstant això, Antifrau assenyala que aquest contracte "mai va ser autoritzat per l'òrgan de contractació" i que l'Operadora havia de facturar mensualment a ATLL. La xifra de 7,41 milions que l'Operadora va facturar a ATLL, a més, coincideix amb la diferència positiva entre ingressos i despeses que l'Operadora va registrar en els seus comptes de 2013.

De diario.es

La Generalitat gastará 60 millones públicos en un centro comercial y un 'resort' para el Circuito de Montmeló

La Generalitat de Cataluña actúa con sigilo y prudencia. Pero tiene un plan y está perfectamente definido. Ante los problemas que le han surgido en BCN World con su complejo de ocio y juego, ahora le ha dado un impulso a otro proyecto que esperaba en el cajón de la Conselleria de Territorio desde hacía años, el del Circuito de Montmeló. El proyecto está aprobado y ya es en toda regla una herencia de Artur Mas, que dio luz verde al Plan Director Urbanístico (PDU) en su último suspiro al frente del Govern en funciones, cuando todo indicaba unos nuevos comicios, el pasado 18 de diciembre.

El objetivo es resucitar el Circuito de Montmeló mediante la construcción de un macrocomplejo de ocio y turismo al más puro estilo Sylverstone, con un centro comercial, un resort hotelero, un circuito de karts internacional y una zona industrial donde pretenden alojar empresas del sector. Este proyecto se ha podido poner en marcha con rapidez gracias a la ley Ómnibus. El PDU, al que ha tenido acceso elEconomista, después de haber estado dos meses sometido a información pública, queda definitivamente ratificado hoy.

La Generalitat ha presupuestado 60,6 millones de euros para cubrir los gastos de urbanización y posibles imprevistos. Por el momento, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) se encargará de la promoción de los terrenos para captar inversiones y potenciar la zona. El director del Circuito, Vicenç Aguilera, explica que "aún se está decidiendo qué hace cada administración, ya que el proyecto está en una fase incipiente". Este proyecto ha sido reconocido por todas las partes implicadas, pero ni la Generalitat ni los consistorios han dado detalles de su desarrollo, lo que aclara aún más la opacidad con la que se está llevando este plan.

El plan abarca 574 hectáreas de los municipios de Montmeló, Granollers y Parets del Vallés, por lo que su amplitud es homologable al PDU de BCN World. De hecho, sólo es un 30 por ciento menor. Los consistorios implicados están a favor de impulsar el proyecto, por las expectativas de impacto económico que genera. Pero lo cierto es que ahora el Circuito de Montmeló sobrevive gracias a las subvenciones públicas.

Aunque el Circuito como infraestructura es rentable, el elevado canon que debe pagar para poder albergar la Fórmula 1 lo ha convertido en una instalación completamente deficitaria y que acumula pérdidas de 30,9 millones desde 2009. La crisis y el fin de la Alonsomanía ha hecho mella y ha provocado que la asistencia haya caído casi a la mitad (del récord de 140.000 espectadores en 2007 a los 86.000 el pasado año). Aunque su impacto en la zona también se ha multiplicado por tres, hasta los 332 millones que se generaron en 2014.

Sin embargo, lo cierto es que diferentes instituciones públicas catalanas han tenido que auxiliar constantemente a esta infraestructura con hasta 18 millones de ayudas públicas, 13 millones procedentes de la Generalitat (entre ayudas fijas y tasa turística), 4 millones del Ayuntamiento de Barcelona y otro millón de la Diputación de Barcelona. El problema para el Circuito es que los 4 millones que aporta el consistorio desaparecerán con toda probabilidad, ya que Ada Colau ha reducido a la mitad la subvención por no considerarla prioritaria y probablemente la elimine del todo el próximo año.

En este escenario, la Generalitat se ha visto obligada a realizar una ampliación de capital para dar cabida a una empresa pública en el capital, Avançsa. Esto comporta que de facto la administración aporte otros 2,5 millones para quedarse con el 6 por ciento del capital de la empresa Circuits de Catalunya. Una empresa cuyo principal accionista es la propia Generalitat con un 66 por ciento, el Real Club Automóvil (RACC) con un 18 por cierto y el Ayuntamiento de Montmeló con un 10 por ciento.

La Junta andaluza avisó de una factura falsa de un millón de euros cuando ya había prescrito

La factura por valor de 909.440 euros se emitió en junio de 2008 pero la Intervención General de la Junta de Andalucía informó a la Fiscalía de Dos Hermanas (Sevilla) de una posible falsificación en una factura de casi un millón de euros cuando el presunto delito ya había prescrito. Fuentes judiciales han explicado a Efe que la factura por valor de 909.440 euros se emitió en junio de 2008 pero la Junta remitió la información a la Fiscalía en diciembre de 2015, lo que impedía iniciar acciones judiciales porque el presunto delito habría prescrito al haber pasado tres años desde su comisión.

La empresa que presentó la factura, TS Acabados y Encuadernaciones, ubicada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recibió el 15 de diciembre de 2008 una subvención de la Junta de Andalucía por valor de 2,1 millones de euros, han añadido las fuentes. Cuando la empresa recibió la subvención, la Junta no hizo más comprobaciones para determinar si esa cantidad se destinaba al fin previsto, y solo empezó a actuar en 2015 tras destaparse varios casos de corrupción, según las fuentes.

En diciembre de 2015, la Junta remitió a la Fiscalía la información sobre la presunta falsificación de la factura tras comprobar la documentación que obraba en su poder. La Junta comprobó que había una factura de 3.168 euros que la empresa había expedido a otra compañía y que no coincidía con la original. La empresa que recibió la subvención le presentó a la Junta esa misma factura, para justificar la ayuda que había recibido, aunque la modificó y elevó su cuantía a 909.440 euros, han precisado las fuentes, que han criticado el "descontrol" que supone lo ocurrido en este caso.

De Voz populi

Blasco (PP) pacta casi tres años de cárcel por las causas de Cooperación

Rafael Blasco (PP) estaría dispuesto a firmar una conformidad de casi tres años de prisión a cambio de cerrar definitivamente el caso Cooperación de corrupción. Las acusaciones también dejarían la misma pena para el empresario Augusto César Tauroni. Ambos ya fueron condenados por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel por la primera de las piezas, el desvío de dinero para el Tercer Mundo para la compra de pisos particulares en Valencia. Estos castigos agruparían la segunda y la tercera pieza, que terminarían por juntarse de nuevo para certificar el pacto. Ahora bien, este compromiso se mantiene 'congelado' a la espera de que se concrete la forma de pago y las cantidades que cada uno de los procesados aportaría para saldar la responsabilidad civil, cuestión imprescindible en la negociación. La sentencia del TSJ fijó más de un millón y medio de euros de indemnización para la Generalitat.

La acusación del Gobierno valenciano se muestra reacia a aceptar la entrega de inmuebles para saldar estos conceptos. El montante económico de los dos asuntos restantes -el fallido hospital de Haití y subvenciones a diferentes ONG´s del entramado delictivo- podría rondar otro medio millón de euros. Todavía falta apuntalar la cifra. Uno de los aspectos sobre el que más se trabaja consiste precisamente en concretar el reparto exacto de la cantidad para cada acusado. Todas las fuentes consultadas dan por hecho que pese a las reticencias de alguna acusación, las conversaciones finalmente se cerrarán con resultados satisfactorios para todas las partes.

Además, también existe una tercera cuestión pendiente, que se integraría en este acuerdo: el sobreseimiento del caso Abucasis, la adjudicación por parte de Sanidad de la aplicación informática que gestiona las citas y la base de datos de los expedientes médicos de los pacientes. En estas pesquisas, figuran Tauroni, Blasco, Llinares y la que fuera mano derecha del exconseller Tina Sanjuán. El acuerdo entre los principales colaboradores de la trama resultaría muy beneficioso para un nutrido grupo de investigados en estas dos piezas. En un número importante de supuestos, las acusaciones no llegarían ni a presentar escrito de acusación. En otros procesados, los que ocuparían el nivel intermedio, se firmarían penas inferiores a los dos años de prisión lo que les permitiría eludir la penitenciaría.

Blasco entró en prisión el pasado mes de junio. A punto de cumplir su primer año entre rejas ha sabido adaptarse a la vida penitenciaria sin demasiados problemas. Por ejemplo, se apuntó a clases de informática y de inglés. La condena al que fuera siete veces conseller y el único político que consiguió serlo con gobiernos de diferentes signo político supuso una de las más ejemplares sentencias contra la corrupción en la Comunitat. Fue el primer gran asunto de la etapa popular que se ventiló en los juzgados.

De Las Provincias

La Fiscalía investiga si el CAC prevaricó sobre el 9N

La Fiscalía de Barcelona está investigando si el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) cometió prevaricación cuando, a instancias del Gobierno de la Generalitat, abrió un expediente sancionador contra tres emisoras de radio privadas -la Cadena SER, la COPE y Onda Cero- que se negaron a emitir publicidad de la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Esta actuación del Ministerio Público tiene su origen en una denuncia anónima sobre estos expedientes, que todavía están en fase de estudio, remitida a la Fiscalía Superior de Cataluña. El CAC ha remitido a la Fiscalía el pasado viernes la documentación solicitada.

Josep Martí, secretario de comunicación del Gobierno catalán en el momento de iniciarse los expedientes, remitió un escrito al CAC en diciembre de 2014 informado del incumplimiento de la Ley catalana de comunicación audiovisual, según la cual las emisoras tienen que difundir mensajes institucionales de interés público. Para el Gobierno de la Generalitat este era el caso del llamamiento a la participación en la consulta alternativa del 9N, que en su formulación original había suspendido el Tribunal.

Barderas, "amigo íntimo" de Felipe González, movió 50 firmas 'offshore'

Es una "persona políticamente expuesta porque es amigo íntimo de Felipe González, expresidente del Gobierno de España". Con estas palabras, un empleado del departamento de Control de clientes del despacho panameño Mossack Fonseca explicaba quién era Jesús Barderas, empresario residente en República Dominicana supuestamente vinculado a la trama de los ERE. Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con La Sexta, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 'Suddeutsche Zeitung', revelan que Jesús Barderas Martín era un cliente vip de Mossack Fonseca. Él mismo reconoce que le une con González "una relación entrañable y exclusivamente de amistad personal desde hace más de 33 años". A través del despacho panameño, uno de los mayores del mundo en cuanto a creación de estructuras 'offshore', ha gestionado 50 sociedades.

En la reciente vida personal de González, Barderas tuvo al menos un papel que trascendió a los medios de comunicación. Fue quien organizó la fiesta en Pachá donde se empezó a rumorear de la relación entre González y la que entonces era una asesora fiscal de Banca Privada de La Caixa y hoy es su actual mujer, María del Mar García Vaquero.

La importancia de Barderas como cliente es tal que trata directamente con uno de los socios fundadores del bufete, Ramón Fonseca, surgiendo a veces incluso fricciones entre ellos. En la documentación que obra en poder de El Confidencial y La Sexta, una colaboradora de Barderas escribió en julio de 2015 a Fonseca para afearle el trato recibido tras una reunión y expresarle "el poco tacto y detalle para un cliente como nosotros", teniendo en cuenta sobre todo "la cantidad de sociedades y trámites que manejamos con ustedes, así como cuantos clientes hemos referido a Mossack".

Jesús Barderas era uno de los clientes importantes de Mossack: aparece relacionado con 50 empresas

Una de las sociedades gestionadas por Barderas a través de Mossack Fonseca es Overbury Capital, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2004. Esta empresa compró el 19% de las acciones de la promotora Corporación Hotelera del Mar, que construyó el hotel de lujo Fishing Lodge Cap Cana, situado en una de las mejores playas de Punta Cana (República Dominicana). 'El Mundo' publicó en noviembre de 2014 que la trama de los ERE de Andalucía invirtió en este hotel a través de las aseguradoras que recibían los fondos públicos de la Junta para garantizar las jubilaciones falsas que se tramitaban.

Las acciones y poderes de Overbury se dividían entre Barderas, su esposa, sus dos hermanas (Mercedes y Virginia) y el marido de esta última y por tanto cuñado de Barderas, Cruz Apéstegui Cardenal. Comienza aquí una telaraña de empresas. Las acciones de Overbury se transfieren en 2007 a Seaton International Group SA, cuyo cliente en Mossack Fonseca es el propio Barderas. En noviembre de 2009, estas acciones se vuelven a traspasar a otra sociedad registrada en las Islas Seychelles, Zackett International LTD, cuyo beneficiario final es Cruz Apéstegui Cardenal, el cuñado de Barderas.

Un correo electrónico enviado a Mossack Fonseca por el propio Apéstegui revela que este va a consultar con Jesús Barderas qué quiere hacer con Zackett International. Apéstegui también solicitó al bufete dos poderes para operar en nombre de Zackett, uno a su propio nombre y otro a nombre de Antonio Garrigó Pérez, socio de la mutua Fortia Vida, investigada por pasar presuntamente al PSOE una comisión de tres millones de euros para conseguir que la Junta le diera parte de la gestión de las jubilaciones de los ERE. Finalmente, el poder a favor de Garrigó no se tramitó porque Apéstegui cambió de opinión.

De El Confidencial

Caceroladas contra el PP por la paralización de la ley catalana antidesahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) han convocado diversas concentraciones a nivel estatal (hasta 44 ciudades y municipios) frente a las sedes del PP por el posible recurso a la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética. En Madrid, centenares de personas han protagonizado una cazerolada cerca de la calle Génova, donde se encuentra situada la sede del PP. "No nos dejan bajarnos de la acera y tampoco nos dejan acceder a la plaza. Volvemos a viejas estrategias kettle", han criticado desde la cuenta de twitter de la PAH.

Manuel San Pastor, miembro de la PAH, ha denunciado el "despliegue desmedido" de policías. Además, ha condenado el ataque de varios agentes contra dos personas que se encontraban, de forma pacífica, en la manifestación. "Ha habido dos personas agredidas con heridas leves. Han empujado a uno, ocasionándole una brecha en la cabeza, mientras que otros zarandeaban a una mujer en silla de ruedas", según el miembro de la PAH, quien asegura además que tomarán "las medidas oportunas contra estos agentes". Los manifestantes se han reunido en la parada de metro de Alonso Martínez para acceder después a la Plaza de Sta. Bárbara y continuar con la concentración al grito de "¡La Ley 24/2015 de la PAH no se toca!".​

En Barcelona se han concentrado un centenar de personas, según fuentes de la Guardia Urbana, muchas de ellas con la camiseta verde de la PAH y gritando "sí se puede". En julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una iniciativa legislativa popular que contó con más de 140.000 firmas por el derecho a la vivienda, la Ley 24/2015. A pesar de la aprobación del PP, el Ejecutivo en funciones duda sobre la constitucionalidad de dicha ley, por lo que ha decidido crear una comisión bilateral para resolver los desacuerdos entre el Gobierno central y la Generalitat antes de presentar esta ley ante en Tribunal Constitucional.

El posible recurso, que vence el 5 de mayo, paralizaría esta ley contra los desahucios y la pobreza energética, hasta la resolución final del TC. Los organizadores de la cacerolada han denunciado: "Quieren tumbar la ley porque funciona: libera a las familias de una deuda de por vida, impide desahucios y cortes de suministro, garantiza el realojo a una vivienda digna y da herramientas para movilizar los pisos vacíos". "Hemos conquistado esta ley desde la calle y desde aquí la defendemos", ha afirmado el portavoz de la PAH, Carlos Macías.

Miguel San Pastor, que ha asegurado a Público que la PAH creará una ILP en Madrid, promete que "los ciudadanos seguiremos denunciando públicamente a estos partidos que no cumplan con las leyes y denunciaremos cualquier medida que vaya en contra de los más necesitados".