dijous, 25 de febrer de 2016

Marruecos suspende todo contacto con la UE por la ocupación del Sahara y la suspensión del acuerdo comercial

El Gobierno del reino alauí de Marruecos ha anunciado este jueves de forma oficial que "suspende todo contacto con las instituciones europeas", y así lo ha notificado al embajador de la UE en Rabat, Rupert Joy. El portavoz del Gobierno marroquí y ministro de la Comunicación, Mustafa Jalfi, ha leído en rueda de prensa una declaración en la que oficializa la congelación de contactos con la UE, que de hecho se estaba practicando desde principios de año sin haberlo declarado. El conflicto entre la UE y el reino marroquí comenzó el 10 de diciembre, cuando el Tribunal de Justicia Europeo anuló un acuerdo comercial de productos agrícolas y pesqueros firmado en 2012 por incluir en sus términos el Sáhara Occidental, que es un territorio ocupado ilegalmente y cuya soberanía no está reconocida por la ONU.

Aunque el fallo judicial fue recurrido incluso por el Consejo de Ministros neoliberal europeo el pasado viernes, el gobierno de Marruecos expresó su "decepción ante la gestión opaca que ciertos servicios de la UE han hecho de esta cuestión", señala la declaración leída por el portavoz.

Además, el gobierno critica a las "altas autoridades europeas" por haber mostrado en un primer momento una actitud "prometedora", para pasar después a "una actitud desleal que hace caso omiso del debido respeto entre socios". "Marruecos no puede aceptar ser tratado como simple objeto de un procedimiento judicial, ni pasar de mano en mano entre los distintos servicios e instituciones de la UE", añade la declaración, que pone las relaciones entre Marruecos y la UE en su momento más bajo.

Marruecos, socio "ineludible" de la OTAN en inmigración y terrorismo


Así, Marruecos "se toma el derecho de exigir de la UE una interacción leal y responsable", y "está a la espera de recibir explicaciones y garantías necesarias de la parte europea"; mientras no lo haga, "suspende todo contacto con sus instituciones, con excepción de los intercambios referentes a este tema".

Marruecos es el primer beneficiario de la ayuda financiera de la llamada política europea de vecindad, con 200 millones de euros anuales, tiene un "estatuto avanzado" dentro de su acuerdo de asociación y negocia actualmente un ambicioso "Acuerdo de libre cambio completo y profundo". Pero además, es calificado con frecuencia de "socio ineludible" de la UE y de sus países por separado en dos de las materias más sensibles de estos últimos años: la lucha contra el yihadismo y el control de las fronteras exteriores (concretamente las españolas) de la Unión.

La CUP reclama a la Fiscalía a que proceda a la “persecución” de cargos franquistas

La CUP ha presentado una moción en el Parlament por la cual, entre otras cosas, se pide a la Fiscalía General del Estado a que proceda “de forma inmediata y con carácter prioritario a la persecución” ante los juzgados y tribunales pertinentes de todas aquellas personas que ocuparon cargos de responsabilidad durante el franquismo, con el objetivo de “dilucidar las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido”. Dicha moción será debatida y votada la próxima semana y se prevé que la sesión sea cuanto menos polémica. Foto: la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya.

La propuesta de los cuperos va más allá y reclama además la anulación de los “procesos ilegales” que se realizaron durante la dictadura de Francisco Franco, que “condujeron a la tortura, asesinato o exilio” de ciudadanos catalanes. Igualmente, propone la creación de un banco de ADN público para poder identificar a las víctimas de la Guerra Civil y durante el régimen franquista, así como ampliar la información de fosas comunes.

Consultada por La Vanguardia, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha asegurado que la moción pretende denunciar y condenar cualquier tipo de “represión fascista, que en un nuestro territorio se tradujo en la instauración del franquismo”. Así, Boya se ha mostrado convencida de que la iniciativa obtendrá el respaldo de todos los grupos, aunque reconoce “que hará falta ver cómo reaccionan Ciutadans y el PP”. En este sentido, la diputada ha recordado la moción de condena al franquismo y el nazismo que presentó ICV-EUiA y que C’s y el PP no llegaron a votar al abandonar el hemiciclo del Parlament tras una agria discusión con la entonces presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert. “No sé si esta vez evitarán la votación”, subraya Boya.

“La moción está muy fraccionada, por lo que espero que alguna de las propuestas no tenga un apoyo unánime, pero sí la mayoría”, ha aclarado la diputada. En este sentido, Junts pel Sí parece dispuesta a apoyar plenamente la moción, aunque la diputada Montserrat Palau, ha matizado que “estamos muy de acuerdo, pero hay aspectos que deben matizarse”, una cuestión que la CUP ha reconocido. De este modo, Palau ha sugerido la revisión de algunos puntos, sobre todo algunas que piden el despliegue de la ley de memoria histórica, “pues ya se está aplicando, aunque quizá lo que haya que hacer es simplemente incidir en su aplicación”. “Algunas deben corregirse, ya que por ejemplo a los ayuntamientos se les puede pedir pero no instar u obligar a retirar un monumento franquista o a cambiar el nombre de una calle, porque son entes autónomos y entra dentro de su exclusiva competencia”, ha matizado la diputada de Junts pel Sí.

En efecto, la iniciativa de la CUP también propone el substituir “inmediatamente” monumentos y la nomenclatura de calles con tintes franquistas o ligados a la Guerra Civil -el censo del Memorial Democràtic creado por la Generalitat contabiliza 41 calles en Catalunya con nombre o símbolos franquistas en sus placas-, retirar los títulos de hijos adoptivos y condecoraciones a “todos aquellos personajes relacionados con el golpe de Estado de 1936 y la dictadura”.

De La Vanguardia

La UCO investiga si el PP valenciano blanqueó su caja b con lingotes de oro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la trama del 3% vinculada al PP valenciano blanqueó el dinero negro presuntamente obtenido de mordidas en centenares de contratos públicos utilizando para ello lingotes de oro. Los indicios de que disponen los investigadores muestran una conexión entre la red valenciana y la trama del oro desmantelada en febrero de 2014 con más de un centenar de detenciones, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

La empresa de uno de los principales detenidos en aquella operación lanzada hace ahora dos años por la policía y la Agencia Tributaria, Oro Direct, del ciudadano de origen búlgaro Miroslav Schopoff, pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a hacerlo por importe de 1.000 millones en 2012. Los indicios que los investigadores tienen ante sí apuntan a que en esa etapa Schopoff, actualmente imputado en la Audiencia Nacional junto a otras 140 personas por supuesto blanqueo de capitales a gran escala, mantuvo una relación muy estrecha con uno de los presuntos cabecillas de la red del PP valenciano, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. La relación habría llegado hasta el punto de que Schopoff acudió a la celebración del segundo matrimonio de la hija de Rus, según las pistas obtenidas por los investigadores.

El exdirigente popular, que no comparece en público desde enero, cuando pasó 72 horas detenido, ha negado haber cometido irregularidades y ha afirmado que su imputación responde a un “montaje”. Este periódico intentó este miércoles sin éxito recabar la versión de Schopoff. El empresario negó en su día haber participado en una trama del oro.

PERMISO PARA TRABAJAR EN ALABAMA


En la sede de una empresa del centro de Valencia de compraventa de oro que sigue a nombre de Miroslav Schopoff en el Registro Mercantil, los encargados, con acento del Este, afirmaron estemartes que el empresario de origen búlgaro ya no es el dueño y que podía hallarse en Estados Unidos. La Audiencia Nacional señaló que el juzgado de Valencia que instruyó inicialmente el caso contra la trama del oro impuso a Schopoff la prohibición de salir de España. Pero en julio pasado la Audiencia Provincial admitió su recurso para poder viajar a Alabama (EE UU) y países europeos por motivos de trabajo.

Desde que perfilaron la envergadura de la red Taula, la UCO y la fiscalía tratan de identificar las vías de blanqueo presuntamente utilizadas para lavar los fondos obtenidos de comisiones cobradas por adjudicaciones de Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Administración autonómica. Los indicios apuntan a la existencia de conexiones internacionales, según fuentes cercanas al caso que instruye el Juzgado número 18 de Valencia.

La trama del oro desmantelada en 2014, con 80 detenidos en la Comunidad Valenciana, muestra similitudes con este esquema. Schopoff montó su negocio en 2006, dedicado a la venta de lingotes en España como forma de inversión. El negocio se disparó coincidiendo con la llegada de la crisis al ampliarse a la compra de joyas de particulares, que se desprendían de ellas o las empeñaban. Solo en Valencia, pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 en 2012.

Las alhajas eran enviadas por avión a Suiza y fundidas en lingotes. Parte de estos eran distribuidos después en España y otros se exportaban desde Suiza a otros países. El grupo Oro Direct de Schopoff, que según fuentes del caso se movía con guardaespaldas y automóviles blindados, se convirtió en la tercera empresa por ventas en la Comunidad Valenciana por detrás de los supermercados Mercadona y Consum. Un éxito que se vino abajo del todo con la intervención policial.

La policía y Hacienda apuntaron al desmantelar la red que esta pudo aprovechar el auge del oro para emitir facturas falsas de compras por importe de cientos de millones de euros, cuando las adquisiciones eran mucho menores. La diferencia entre la facturación real y la inflada era la cantidad económica en negro que quedaba blanqueada. Un mecanismo que, dijeron, pudo ser utilizado para lavar dinero del sector inmobiliario y del crimen organizado.

Los investigadores de Taula indagan ahora si este canal fue utilizado también por la red del PP valenciano. Y si parte de las comisiones que presuntamente fueron a parar a la caja b del partido y a los cabecillas de la organización acabaron convertidas en lingotes que se fundían en Suiza.

La Fiscalía acusa a Rato de tener casi todo su patrimonio en el extranjero

Rodrigo Rato sacó su fortuna fuera del territorio nacional. La Fiscalía Provincial de Madrid apunta en un informe incluido en el sumario del caso Rato, al que ha tenido acceso íntegro elEconomista, que el vicepresidente del Gobierno puso todo su patrimonio a nombre de diferentes empresas que, finalmente, acababan dependiendo de la firma Vivaway Limited, empresa que gestionaba desde Gibraltar.

La trama del 3% del PP 'mordió' de todos los grandes eventos de Francisco Camps


La trama del 3% del PP valenciano, que se investiga dentro de la Operación Taula, 'mordió' de la mayoría de los grandes eventos que se celebraron en la Comunidad Valenciana bajo los mandatos de Francisco Camps y Rita Barberá. Thematica Events, una pequeña agencia de comunicación que ha obtenido contratos muy ventajosos con el PP, sería la herramienta que utilizaron los investigados para ocultarse y seguir ganando contratos. Más tarde, con esa misma empresa, la investigación apunta a que los imputados blanqueaban el dinero que procedía del presunto pago de comisiones ilegales.

Reobren la investigació per la càrrega policial del 15-M a la plaça de Catalunya

Han passat cinc anys d'uns fets que van fer la volta al món, però les derivades judicials del desallotjament de l'acampada indignada de la plaça de Catalunya de Barcelona es tornen a reactivar. Una nova magistrada al capdavant del jutjat d'instrucció 4 ha decidit tirar pel dret i investigar a fons qui hi ha darrere de les agressions que tothom va poder veure en directe per televisió. Un informe pericial fisonòmic encarregat pel jutjat d'instrucció 4 conclou que el sotsinspector Jordi Arasa és l'autor material de l'agressió contra cinc ciutadanes que estaven assegudes pacíficament a terra. Felip Puig ho va qualificar de “proporcionat”, però el poder judicial considera que estaríem davant d'un possible delicte de lesions com a conseqüència d'una mala praxi policial. Imatge: Una de les fotocomposicions de l'informe pericial ordenat pel Jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona.

Tant és així que, després de reiterades peticions per part dels advocats del col·lectiu Som27M –on s'agrupen els afectats per aquella actuació–, el jutjat va encarregar a la Comissaria General d'Investigació Criminal la realització d'un informe pericial fisonòmic per a determinar qui era el comandament que es trobava a primera línia de les càrregues contra manifestants pacífics.

El número TIP assenyalat pels especialistes correspon al del sotsinspector Jordi Arasa, qui ja fou condemnat per lesions –en el marc de la mateixa intervenció– a l'exdiputat de la CUP-AE David Fernàndez

Les conclusions són contundents. “Els especialistes determinen que existeixen similituds suficients quant a la qualitat dels trets d'agrupació qualificadora i trets individualitzadors per determinar que la persona que apareix en els fotogrames analitzats, es tracti del funcionari del Cos de Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra amb TIP 4364”, diu l'informe en relació a unes imatges que mostren agressions amb l'ús de la porra contra cinc ciutadanes assegudes pacíficament a terra.

El número TIP assenyalat pels especialistes correspon al del sotsinspector Jordi Arasa, qui ja fou condemnat per lesions –en el marc de la mateixa intervenció– a l'exdiputat de la CUP-AE David Fernàndez. Un cop rebudes les conclusions, la jutgessa ha citat a declarar el sotsinspector Arasa en qualitat d'investigat –nova denominació d'imputat–. La cita és el dijous vinent 3 de març i l'acusat haurà de visionar les imatges dels fets per tal de dir si “es reconeix o no” en els fotogrames. En paral·lel a la declaració del policia el col·lectiu Som27M farà una roda de premsa a l'exterior de la Ciutat de la Justícia.

Demanen el processament de Felip Puig

Les 57 persones querellants per les agressions del 27 de maig de 2011 han emès un comunicat on demanen que “es condemni el mosso d'esquadra Jordi Arasa”, però volen anar més enllà i assenyalen directament al màxim responsable polític del departament. “Demanem que l'exconseller Felip Puig, màxim instigador, i tota la cadena de comandament organitzadora de la brutal agressió que vam patir, sigui també jutjada”, manifesten. “Estem satisfets i ens felicitem d'haver aconseguit arribat a aquesta declaració, no obstant això, també volem denunciar una instrucció incompleta que no ha investigat els fets i que consagra la impunitat policial en un context de criminalització de la protesta i de retallada constant dels drets i llibertats”, conclouen.

De Directa.cat

C’s trenca l’acord d'ahir amb CiU a Girona perquè prioritza ‘interessos separatistes’

Ciutadans ha trencat l’acord que permetia tirar endavant el cartipàs i el sou del batlle de Girona perquè l’equip de govern ha prioritzat ‘els interessos separatistes’ per damunt dels de ciutat. La portaveu del grup, Míriam Pujola, assegura que CiU va traspassar una línia vermella assegurant que, malgrat el pacte amb C’s i el PP, Girona continuava essent ‘referent de l’independentisme’ i que la ciutat ho duia ‘dins el seu ADN’.

Segons ha pogut saber VilaWeb, la voluntat és mantenir el ple municipal convocat per aquest vespre. El grup de CiU necessita ara trobar un altre suport per a poder aprovar el cartipàs municipal i el sou del batlle, Albert Ballesta.

Pujola ha criticat Ballesta de ‘dividir els gironins’ i ha assegurat que, per reconduir el pacte, la condició sine qua non és que l’ajuntament surti de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). ‘C’s ha treballat i ho continuarà fent per tot allò que ens uneix; CiU ho fa per tot allò que separa’, ha subratllat.

De Vilaweb

Convergència va criticar el pacte amb “la dreta espanyolista” a Tarragona

Convergència va criticar durament els pactes que el PSC ha fet a Tarragona amb el PP i a Lleida amb Ciutadans, abans de pactar amb ells a Girona. El portaveu del grup municipal de CiU a Tarragona, Albert Abelló, va assegurar veure “un pacte clarament escorat a la dreta espanyolista” quan Josep Félix Ballesteros va arribar a un acord amb el PP i amb el regidor d'Unió. “El PSC, Unió i el PP tenen a Tarragona un caire molt espanyolista”, va afirmar en declaracions a Ràdio Ciutat de Tarragona. Foto: Josep Fèlix Ballesteros amb els dirigents del PP y Unió en Tarragona.

L'alcalde de Girona es puja el sou a 73.000 € i pacta amb Ciutadans i PP


L'alcalde de Girona, Albert Ballesta, ha arribat a un acord amb Ciutadans i el PPC per aprovar el cartipàs municipal al ple d'aquest dijous, després que la setmana passada s'hagués de suspendre perquè l'equip de govern no tenia els suports necessaris. CDC, C's i el PPC també han pactat que el sou de l'alcalde sigui de 73.000 euros -Ballesta i que es redueixi de vuit a set el nombre de càrrecs de confiança de l'Ajuntament.

La "música de las esferas" ya puede ser oída

La agencia espacial rusa Roscosmos ha registrado con radiotelescopios 'la melodía del universo', la mítica "música de las esferas" sobre la que teorizaron muchos compositores contemporáneos. Como se sabe, en el espacio prevalece un vacío en el que no puede propagarse ningún sonido. Con lo cual, todos los eventos, incluyendo aquellos masivos como una colisión de asteroides, erupciones solares o explosiones de estrellas se realizan en un silencio absoluto.

                                         
Sin embargo, los radiotelescopios son capaces de captar las ondas sonoras procedentes de los objetos espaciales y traducirlas en un sonido apto para el oído humano. El video publicado en la cadena oficial de Roscosmos en YouTube nos permite apreciar cómo suenan, en orden consecutivo, un pulsar, la magnetosfera de Ganímedes (satélite de Júpiter), la aurora polar, un agujero negro, el sol, la magnetosfera de Júpiter y el espacio interestelar.



                                           



Una diputada de Podemos increpa a un empleado por no abrirle la sala de autoridades del aeropuerto

La diputada de Podemos Victoria Rosell increpó este miércoles a un empleado del aeropuerto de Gran Canaria por no abrirle la sala de autoridades. La diputada, juez en excedencia, pidió al empleado en cuestión que le abriese la mencionada sala, a lo que él le contestó que, aunque fuera diputada no tenía derecho a usar esa zona, ya que «hay un protocolo de solicitud, que autoriza previamente la Delegación de Gobierno, siempre y cuando quien lo solicita tenga derecho a ello», que no es el caso de un diputado.

Ante tal respuesta, y según recoge el parte de incidencias del aeropuerto, «de muy malas formas, increpa al funcionario de AENA, mencionando a otros políticos que pasan por la sala de autoridades y haciendo comparaciones».

El parte continúa diciendo que el empleado le intentó explicar a la diputada el procedimiento para el uso de la sala de autoridades, «pero no atiende ni quiere escuchar, por lo que se marcha dando la espalda mientras se le dan explicaciones». Dicho parte destaca la «actitud soberbia» de Rosell.

De Última Hora

Sixte Cambra duplica el sou d'un ministre

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, té un salari de 131.749 euros, el més alt d'un responsable d'autoritat portuària a Espanya, segons les dades publicades per Ports de l'Estat i esbombades pel web Sueldos Públicos. La retribució de Cambra supera de llarg la del responsable de Ports de l'Estat, José Llorca, que percep 108.327 euros bruts, així com les dels presidents dels ports de Las Palmas i Bilbao, que no arriben als 99.000 euros. Cambra, de fet, guanya molt més que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que té un sou brut d'uns 78.000 euros, i gairebé el doble que els ministres, la majoria dels quals percep uns 69.000 euros -excepcions a banda, com les d'Ana Pastor i Cristóbal Montoro, que guanyen més de 77.000 i 76.000 euros, respectivament-.

Per trobar responsables públics amb salaris equiparables al de Cambra cal anar a Catalunya, per bé que no s'han publicat encara les retribucions dels alts càrrecs del nou Govern de la Generalitat. Durant l'anterior mandat, l'expresident Artur Mas, íntim del responsable del Port de Barcelona, guanyava 136.835 euros anuals i, sota la seva autoritat, la Generalitat tenia càrrecs encara més ben pagats, com el ja exdirector de TV3, Eugeni Sallent (gairebé 165.000 euros), l'expresident d'Infraestructures, Joan Lluís Quer (més de 150.000 euros) o el president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart (144.477,36 euros).

De El Triangle

La Generalitat incrementa els càrrecs de confiança posats a dit

El nou Govern tindrà un màxim de 144 càrrecs de confiança i lliure designació, triats 'a dit', xifra que durant el darrer mandat d'Artur Mas era 130. L'increment, aprovat pel Consell Executiu i anunciat aquest dimarts per la consellera i portaveu Neus Munté, s'explica per la creació de la Conselleria d'Exteriors, suspesa pel Tribunal Constitucional, amb la qual el número de Departaments ha passat de 12 a 13.

La Junta de Andalucía (PSOE) pagó la nómina un año y medio a un empleado sin trabajar

Antonio Márquez García, imputado en el caso de los ERE fraudulentos, estuvo cobrando sin ir a trabajar durante año y medio de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) antes de que se le incluyera indebidamente en una póliza de prejubilaciones financiada por la Junta. Egmasa siguió abonándole la nómina aunque se negó a readmitirlo antes de 'colarlo' en un ERE. La Junta admite que le pagó al 'intruso' seis veces más de lo que legalmente le correspondía.

La confesión la realizó el propio trabajador cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le tomó declaración en calidad de testigo el 24 de mayo de 2012. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, lo imputó el pasado 26 de enero junto a otras 15 personas por el ERE de Egmasa. Márquez detalló a los investigadores policiales que empezó a trabajar de vigilante como fijo discontinuo en Egmasa en el año 1996, meses antes de entrar a formar parte de la Federación de Agricultura de CCOO-A y conseguir entonces la liberación sindical.

Según añadió, cuando «perdió su cargo en dicho sindicato» intentó reincorporarse a la empresa como capataz después de haber realizado cursos de preparación para desempeñar dicho puesto, pero Egmasa «no quería que se reintegrara a trabajar en dicho cargo de capataz». Tampoco «por su condición de sindicalista», apostilló.

De esa forma, según relató, estuvo «en esta situación de cobro de su nómina por la empresa Egmasa pero sin ir a trabajar», prolongándose esta situación «durante un año y medio aproximadamente». Así consta en el acta de su declaración ante la Guardia Civil.

Antonio Márquez desveló que en 2006 el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-Andalucía y hoy también investigado, Antonio Perianes, mantuvo «conversaciones» con la dirección de Egmasa «para darle una solución a su situación», lo que se concretó en octubre de aquel año en el Centro de Mediación, Arbitraje y Concilición (CMAC) con la simulación de un falso despido por razones disciplinarias. Supuestamente, por llegar tarde a su puesto de trabajo durante cinco días entre septiembre y octubre de 2006.En lugar de la indemnización por despido improcedente que legalmente le correspondía, se pactó una indemnización por despido articulada mediante su «indebida inclusión» en la póliza de prejubilaciones para 373 trabajadores de Egmasa firmada el 28 de noviembre de 2003 y cuyo coste afrontó mayoritariamente la Consejería de Empleo a través de la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles y no la empresa. Ese suplemento al seguro colectivo de rentas está fechado el 22 de noviembre de 2006.

De esta forma, en lugar de unos 20.000 euros, que era la cantidad que le pertenecía atendiendo a que tenía cotizados 3.660 días (10 años) y que su salario anual era de 15.772,05 euros, se le reconoció el derecho a cobrar más de 120.000 euros. Así lo admitió en un escrito presentado en el juzgado el 13 de marzo de 2012 la abogada de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), ente en el que se integró en Egmasa en 2011.

Tanto el año y medio que permaneció el trabajador cobrando su nónima sin ir a trabajar como su inclusión en el seguro colectivo de rentas tuvieron lugar cuando el presidente del consejo de administración de Egmasa era el socialista Juan Espadas por su condición de viceconsejero de Medio Ambiente (2004-2008). Tras las últimas elecciones municipales, es el alcalde de Sevilla.

Como viene informando EL MUNDO de Andalucía, la acusación popular que ejerce el PP en el caso ERE ha pedido a la juez Núñez Bolaños que llame al procedimiento como investigados a todos los integrantes del consejo de administración de Egmasa entre 2003 y 2007, entre ellos Espadas.La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha dado ya traslado del escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la petición del PP.

Jordi Pujol: “El legado de mi padre no se hizo con Banca Catalana”

Más de tres horas duró la declaración del ex president de la Generalitat Jordi Pujol el pasado 10 de febrero en la Audiencia Nacional y que, repartida en tres bloques, ha tenido acceso La Vanguardia. Un Pujol cansado, que hasta en dos ocasiones aceptó el consejo de su abogado Cristobal Martell de detener el interrogatorio, da vueltas sobre la misma idea y no es otra que seguir asegurando que el dinero que la familia ocultó durante años en Andorra procedía de un legado de su padre, del que él nunca quiso saber nada. En la tercera grabación, cuando el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo le preguntó directamente si Banca Catalana era el origen de ese dinero, Jordi Pujol respondió, rotundo: “El legado no se hace con Banca Catalana, el legado se hace con los dólares. Quiero dejar eso muy claro. Se hace con dólares y antes de que mi padre se hiciera accionista de Banca Catalana”.

Durante las preguntas que le hizo la fiscal anticorrupción Belén Suárez el ex president explicó que ese legado podría perjudicar su carrera política. “Yo estaba en una situación, estamos en el 1980 (Pujol llega a la Generalitat y muere su padre Florenci), en la que cualquier gesto de este tipo (se refiere a una regularización) no lo podía hacer por no afrontar el riesgo político. Es evidente. No he podido nunca regularizar esto”.

Pujol prestó declaración ante el juez José de la Mata y su interrogatorio fue grabado en formato sonoro, y no con imágenes. Detalle que se comunicó al ex president nada más comenzar el interrogatorio, así como su derecho a responder en catalán si lo deseaba, una opción que Pujol agradeció mucho al magistrado. Aunque, para “facilitar las cosas”, decidió responder en castellano. No fue un interrogatorio sencillo. A su avanzada edad, 83 años, y el cansancio tras la primera hora, se unieron los problemas de audición del ex president. En reiteradas ocasiones pidió al magistrado y a los fiscales que le repitieran las preguntas, y en el caso de Belén Suárez llegó a decir que su audífono no captaba el timbre de voz de la fiscal. En cualquier caso, Pujol no se salió del guión. Aseguró que no sabía nada del origen de ese dinero y que existían cartas manuscritas que ofreció a las partes en las que su padre expresaba ese temor por el futuro de la familia Pujol Ferrusola.

Pujol aseguró que fueron sus hijos los que decidieron regularizar el dinero, en verano del 2014, después de que el diario El Mundo publicara los movimientos bancarios de esas cuentas en Andorra. Pujol contó que cuando sus hijos le dijeron que regularizaban él respondió que “Muy bien regularizad, pero yo explicaré de dónde viene todo este dinero, cuál es el origen”.

Tanto Suárez como Bermejo, en su interrogatorio, insistieron en cada pregunta que de ese legado no hay ni un solo documento que justifique su origen, ni nadie ha contado todavía cómo llegó hasta Andorra. Pero no lograron ninguna respuesta que fuera más allá de lo que en su día el ex president ya explicó en el juzgado número 31 de Barcelona y es que fue su padre Florenci quien, en un momento en que tenía una gran fortuna, decidió reservar un dinero ante el temor que tenía por las inquietudes políticas de su hijo Jordi. “Por eso mi hermana no sabía nada de ese dinero. Porque a mi padre no le preocupaba mi hermana, le preocupaba yo y mi familia”, insistió.

Tampoco aclaró cómo llegó ese dinero de su padre hasta Andorra. “Yo nunca supe que eso estaba en Andorra”, insistió. “Deduje que el dinero estaba fuera, por si teníamos que irnos en algún momento, pero no sabía dónde estaba”.

También preguntaron al ex president por esa carta manuscrita y firmada que estaba en el expediente de una de las cuentas de Andorra y en la que se responsabilizaba de un dinero. Repitió la versión dada por su hijo Jordi Pujol, y es que fue una artimaña para que Mercé Gironés, que entonces se estaba separando del primogénito, no reclamara el dinero. “¿Por qué su hijo le pidió a usted y no a su mujer que firmara esa carta?” le preguntó la fiscal al ex president. Y este dijo que entendía que ante su ex nuera “yo tendría más autoridad moral”. Y aseguró que Gironés debió de ver y creer esa carta, porque no consiguió dinero de esa cuenta. “Ese era el espíritu del legado que no se dispersara fuera de la familia”, admitió en otro momento.

Casi al final del interrogatorio de los fiscales, Bermejo preguntó si Hidroplant, la empresa de su mujer, Marta Ferrusola, trabajó alguna vez para la Generalitat. Y esta vez el ex president subió el tono de voz. “No. Y eso tendrán que demostrarlo, no yo, quien sea (que lo dice). Eso hubiera sido (en caso de producirse) lo que califican ahora de corrupción. Perdone, rotundamente no”.

De La Vanguardia

La Fundació Vila Casas aixopluga Pujol

Després de confessar que durant més de trenta anys havia tingut uns diners amagats a Andorra, Jordi Pujol va perdre els privilegis com a expresident de la Generalitat, que incloïen la pensió, l'automòbil oficial, les secretàries, el tractament de molt honorable i un luxós despatx al passeig de Gràcia, que també era la seu de la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol, ja clausurada.

Vicenç Navarro: Por qué no se establece un pacto de izquierdas

Existe una percepción muy generalizada de lo que está ocurriendo en las negociaciones entre los partidos políticos que están teniendo lugar hoy en España acerca de la investidura del Presidente del Gobierno que considero muy preocupante. Me estoy refiriendo al hecho de que incluso dirigentes y columnistas de izquierdas que gozan de gran credibilidad, están promoviendo una visión de lo que está pasando en España que asume que los dos partidos mayoritarios de las izquierdas españolas, el PSOE y Podemos, son incapaces de pactar y crear un gobierno de coalición de izquierdas debido a su incapacidad de anteponer los intereses del país a sus propios intereses, actuando solo en beneficio propio.

Y en esta percepción se indica que los dos partidos mayoritarios en las izquierdas tienen igual responsabilidad en el hecho de que todavía hoy no haya habido un pacto. E incluso en algunas ocasiones se ha llegado a decir (con la complicidad de las cajas de resonancia provistas por los mayores medios de información) que el mayor culpable, en realidad, es Podemos, por su supuesta rigidez al anteponer su demanda sobre la necesidad de realizar un referéndum en Catalunya sobre todos los otros componentes de su programa.

Lo que es sorprendente es que esta percepción, ampliamente promovida por el establishment político-mediático del país, sea también reproducida —como dije antes— por voces importantes de las izquierdas, que deberían conocer mejor lo que está ocurriendo en España y en el PSOE, que es el partido que tiene mayor capacidad de influencia política en este momento en el país, y como tal, tiene en sus manos la elección del tipo de gobierno y políticas públicas que desea aplicar.

A la luz de lo que ha estado ocurriendo en España, el argumento de la supuesta equidistancia de responsabilidad ignora no solo lo que ha ido acaeciendo en la dirección del PSOE, sino también la composición de esta misma dirección. Cualquier persona que haya ido siguiendo de cerca lo que ha estado sucediendo en la dirección del PSOE podía prever, como yo he previsto en artículos anteriores, lo que ocurriría en este momento, algo que, por desgracia, está pasando. Debería ser obvio que el PSOE no ha deseado ni desea una coalición de izquierdas que le fuerce a cambiar sustancialmente su política económica.

El tema económico es el obstáculo central para la formación de un gobierno de izquierdas


Como he escrito en un artículo reciente, el referéndum en Catalunya no es el principal obstáculo para que se realice tal coalición, aunque se está diciendo lo contrario, a fin de ocultar el mayor punto de desacuerdo, que es ni más ni menos que el tema económico (ver mi artículo ‘El referéndum es una excusa del PSOE y de las derechas para que no se establezca un gobierno de izquierdas’, Público, 18.02.16). Hoy el problema mayor que tiene España (incluyendo Catalunya) es el de estar sumergida —lo ha estado durante ocho años— en una Gran Recesión que para millones de españoles es una Gran Depresión. El intento de mostrar que tal recesión ya ha terminado es insostenible cuando se ven los datos de desempleo, precariedad y bajada de salarios de las personas. Los datos muestran el enorme drama que viven las clases populares de este país.

Y no es difícil saber las causas de esta situación, que son la aplicación de las políticas neoliberales y, muy en particular, 1) de las reformas laborales del gobierno PSOE y del gobierno PP que han tenido como resultado (un resultado deseado por los promotores de tales políticas) un gran deterioro del mercado de trabajo, con una bajada de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación y un aumento de la precariedad; 2) de las reformas fiscales y tributarias que han favorecido sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo; y 3) los recortes del gasto público (incluyendo el gasto público social), que han impuesto una austeridad muy notable al ya escasamente financiado Estado del Bienestar, es decir, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social, programas de previsión de la pobreza, y un largo etcétera.

En cada uno de estos componentes del Estado del Bienestar, España se gasta per cápita mucho menos que el promedio de la UE-15, situación que ha empeorado (incluso más durante la Gran Recesión). Miren los datos y lo verán (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015). Estas políticas han provocado un incremento sin precedentes de las desigualdades en España (unas de las más acentuadas en la OCDE), con un aumento muy notable de las rentas superiores a costa de un descenso de los ingresos de las clases populares y, por lo tanto, de su capacidad adquisitiva.

Esto último ha generado una disminución de la demanda y de la actividad económica, creando a la vez un problema grave de endeudamiento que, junto con el problema anterior, han causado la Gran Recesión. La evidencia que apoya lo que digo es abrumadora y contundente, lo cual no es obstáculo para que tales políticas neoliberales sean todavía dominantes en los mayores círculos económicos y financieros del país, y en los mayores medios de información y persuasión.

El problema mayor existente en España

Si se acepta que este es el mayor problema en España, entonces hay que concluir que la división mayor en este país no es entre los que defienden el referéndum en Catalunya y los que no lo apoyan, sino entre los que proponen continuar tales políticas neoliberales y los que se oponen a ellas. Entre los primeros están el PP, Ciudadanos y la dirección del PSOE, y entre los segundos están Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís e IU, y podrían sumarse ERC y EH Bildu, entre otros partidos de izquierdas.

En realidad, la oposición de estos últimos partidos de izquierdas a la visión uninacional y radial del Estado español (máxima opositora de la visión plurinacional de España) está relacionada con la identificación de este Estado con la promoción de dichas políticas. De hecho, el Estado español, como resultado de una Transición inmodélica, ha mantenido sobre él el enorme dominio de los grupos financieros y económicos dominantes, actuando estos con mayor desinhibición sobre el Estado en los últimos años de la Gran Recesión. Un elemento clave de dicho Estado ha sido el bipartidismo y, por lo tanto, el PSOE.

De ahí que, tal como predije en el artículo citado anteriormente, el aliado prioritario del Sr. Sánchez haya sido desde el principio el Sr. Albert Rivera y su partido (que es la expresión política del IBEX-35), y no solo en la oposición al referéndum, sino también en la defensa del neoliberalismo. Y tal coincidencia aparece en los puntos claves del pacto PSOE-Ciudadanos, y que incluye: 1) no subir impuestos, ni el IRPF ni el de sociedades (en el país que tiene menos ingresos al Estado como consecuencia de la enorme regresividad de la política fiscal, que el acuerdo apenas toca); 2) la reducción del impuesto de sucesiones (que afecta favorablemente a las rentas superiores); 3) el mantenimiento del bajo nivel de gasto en los servicios públicos del Estado del Bienestar; 4) la oposición a las políticas expansionistas necesarias para estimular la demanda; 5) y el mantenimiento del pacto central del cambio constitucional del artículo 135, que el Presidente Zapatero y Rajoy acordaron en cuestión de días (que fuerza a poner como primera prioridad el pago de los intereses de la deuda).

Este pacto es el que se pide a las bases del PSOE que aprueben. ¿Qué les queda, pues, a las izquierdas, cuando algunos de los puntos más clave ya se han decidido, manteniéndose dentro del continuismo con el neoliberalismo? Y es ahí donde no entiendo la percepción de equidistancia en la responsabilidad de lo que ocurre. ¿Es que no se dan cuenta, los que asumen las tesis de responsabilidad conjunta en el no establecimiento del pacto de izquierdas, de lo que está pasando en España? ¿Es que no conocen que la dirección del PSOE —tal como documenté el otro día— está en manos de economistas que son profundamente defensores de las políticas que nos han llevado al desastre? En lugar de sostener la tesis de la equidistancia en las responsabilidades, tales voces deberían salir a la calle y pedirle a las bases del PSOE que se rebelen contra su dirección, presionando para que terminen con el austericidio que nos está llevando al desastre. ¿Es que no lo ven?

El mayor peligro que existe hoy en España no es que el Sr. Rajoy o el PP continúen en el poder. Este peligro no existe ya. El gran peligro es que las políticas neoliberales que nos han llevado al desastre continúen aplicándose en España. Y esto ocurrirá, y la mejor prueba es la declaración de Ciudadanos al terminar las negociaciones que han conducido al pacto, indicando que “el PSOE ha incluido el 80% de lo que pedíamos nosotros”. Lean el blog Nada es Gratis (fundado, entre otros, por el Sr. Garicano, economista de referencia de Ciudadanos, y financiado durante mucho tiempo por el IBEX-35) y panfletos semejantes y verán la alegría de los neoliberales en España.

Por difícil que parezca, Ciudadanos es incluso más neoliberal que el PP. Esto es lo que los promotores del argumento de que tanto el PSOE como Podemos tienen igual responsabilidad por no realizarse la coalición parecen desconocer o prefieren ignorar. Y presentarán la abstención de Podemos como muestra de su rigidez, “personalismos” u otras explicaciones que ya se están dando.

Pero el peligro de continuismo es hoy enorme, y ello con la complicidad del IBEX-35 y del establishment político-mediático, del cual Ciudadanos y la dirección del PSOE son elementos clave. La complicidad de tales medios se ve claramente en el hecho de que ninguno de ellos haya criticado o denunciado aseveraciones de tal establishment que son falsedades fáciles de probar.

El Sr. Rivera, cuya ignorancia o frivolidad en la utilización de datos es conocida, indicó que subir los salarios crea desempleo, sin, por lo visto, conocer que los países que tienen menos desempleo en Europa son los países nórdicos, como Suecia, Dinamarca y Noruega, que tienen mayor presión fiscal. Y en las frecuentes entrevistas ningún periodista le ha dicho al Sr. Rivera que estos datos no encajan con su aseveración. Y para mayor inri, tal partido presenta a Dinamarca como su modelo (¡!). La presión fiscal de Dinamarca es del 50,7% de su PIB. En España (uno de los países que la tiene más baja) es del 34%. ¿Es que los medios no saben leer los datos? Y el Sr. Rivera ha convencido al PSOE para que no suba los impuestos. ¿Es que no lo ven, los que hablan de equidistancia?

Convergència va criticar el pacte amb “la dreta espanyolista” a Tarragona

Convergència va criticar durament els pactes que el PSC ha fet a Tarragona amb el PP i a Lleida amb Ciutadans, abans de pactar amb ells a Girona. El portaveu del grup municipal de CiU a Tarragona, Albert Abelló, va assegurar veure “un pacte clarament escorat a la dreta espanyolista” quan Josep Félix Ballesteros va arribar a un acord amb el PP i amb el regidor d'Unió. “El PSC, Unió i el PP tenen a Tarragona un caire molt espanyolista”, va afirmar en declaracions a Ràdio Ciutat de Tarragona. Foto: Josep Fèlix Ballesteros amb els dirigents del PP y Unió en Tarragona.

CDC va participar en una manifestació a Lleida quan Àngel Ros va pactar amb Ciutadans. Va ser en una concentració organitzada per l'ANC, Òmnium i la Plataforma per la Llengua i on també van participar ERC i la CUP. La manifestació es queixava del pacte i de l'acord lingüístic signat.

El portaveu de CiU a la Paeria, Toni Postius, va assegurar que el socialistes s'havien “venut“ la llengua i els va acusar de traspassar “totes les línies vermelles imaginables”. Postius va tancar la porta a possibles acords estables amb Ros després de pactar amb Ciutadans.

L'alcalde de Girona es puja el sou a 73.000 € i pacta amb Ciutadans i PP


L'alcalde de Girona, Albert Ballesta, ha arribat a un acord amb Ciutadans i el PPC per aprovar el cartipàs municipal al ple d'aquest dijous, després que la setmana passada s'hagués de suspendre perquè l'equip de govern no tenia els suports necessaris. CDC, C's i el PPC també han pactat que el sou de l'alcalde sigui de 73.000 euros -Ballesta i que es redueixi de vuit a set el nombre de càrrecs de confiança de l'Ajuntament.