divendres, 17 de novembre de 2017

La AN juzgará a Rato y otras 31 personas por Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto juicio oral este viernes contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad. El magistrado sienta en el banquillo igualmente a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo previo al debut bursátil del banco. La fiscalía había pedido no procesar a Bankia.

Recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma. Entre los acusados, además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, -dos años y siete meses-.

Sobre el papel de Deloitte, el juez recuerda que si bien en el auto del pasado mayo no figuraba entre los procesados, la sala acordó reincorporarla a la causa al no poder ni deber "descartar la participación por cooperación necesaria, de las auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas o balances falseados". Una responsabilidad castigada por el Código Penal español y que se debe a que "por cuanto su función, procedió a analizar,verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia (...) siendo indudable que sin dicha revisión las autoridades no hubieran permitido que operara en el parqué".

El magistrado rechaza además sobreseer la causa penal contra BFA y Bankia, como solicitaba el fiscal, que valoraba la actitud colaboradora que ha mantenido tanto la entidad como su matriz durante la instrucción de la causa. Al respecto, señala Andreu que dicha colaboración podrá entenderse como una "posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional".

Si bien Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años y medio de cárcel y multas de más de un millón de euros por falseamiento continuado de cuentas, estafa a inversores y administración desleal. El magistrado extiende además el procedimiento penal al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que revisó los estados contables presuntamente falseados que sirvieron al banco para debutar en el parqué madrileño.

En la lista de acusados figuran también el exministro del Interior Ángel Acebes, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín.

La decisión se conoce poco tiempo después de que la sección tercera de la sala de lo Penal rechazara el último de los recursos contra el auto de procesamiento, en concreto el de la acusación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que instaba al tribunal a incluir en la causa a los antiguos responsables del Banco de España, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De la treintena de exconsejeros de Bankia, catorce de ellos ya fueron condenados por el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid, si bien el Tribunal Supremo debe aún dilucidar su futuro y dictar una sentencia firme en los próximos meses. Aún no se ha fijado fecha para el juicio, que previsiblemente se celebrará a partir de 2018, informa eldiario.es.

La fiscalía pide 5 años para Rato por Bankia
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una pena de cinco años de prisión y 60.000 euros de multa para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad para su salida a Bolsa en julio de 2011. El ministerio público acusa de los mismos delitos, aunque pide penas menores, al exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, y a los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

La mafia del PP en Bankia, camino del banquillo en la AN
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condicionar la fase final de la instrucción del caso Bankia, en la que se dirime quiénes acompañarán a Rodrigo Rato y su equipo en el banquillo de los acusados. La pena máxima, en este caso, va en contra de los responsables del Banco de España y la CNMV que dieron luz verde a la fusión de cajas y la salida a bolsa de la entidad resultante en el último tramo del Gobierno socialista.

El imán de Ripoll tenía contacto con el CNI
Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll que fue el líder de la célula que perpretó los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, era un conocido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La organización ha confirmado que lo tanteó para convertirlo en confidente durante su estancia en la cárcel de Castellón, donde ingresó preso por narcotráfico.

Caso Cursach: Carbonell dimite tras ser imputada
Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach.

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El imán de Ripoll tenía contacto con el CNI

Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll que fue el líder de la célula que perpretó los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, era un conocido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La organización ha confirmado que lo tanteó para convertirlo en confidente durante su estancia en la cárcel de Castellón, donde ingresó preso por narcotráfico. El imán de Ripoll mantuvo contactos con el CNI después de decir que un grupo yihadista le obligaba a dedicarse al tráfico de estupefacientes. Fue entonces cuando entró dentro del protocolo de prevención habitual y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil contactaron con él.

El CNI no aclara si fructificó el contacto, aunque hay indicios de que si fue confidente de los servicios secretos españoles. La inteligencia española no ha podido explicar el resultado de los tratos que tuvieron con Abdelbaki es Satty, ya que la ley prohíbe informar de ello públicamente. Solo los grupos políticos tienen derecho a solicitar más datos del caso.

El cabecilla de los atentados en Barcelona falleció en la explosión accidental que tuvo lugar en la casa de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto, horas antes de que los yihadistas atentaran en La Rambla y en el paseo marítimo de Cambrils. Una vivienda en la que acumularon más de un centenar de bombonas de butano.

Es Satty fue condenado a cuatro años de cárcel en 2010 por tráfico de hachís y cumplió condena en 2014, fecha en la que fue puesto en libertad. El sospechoso de estar detrás de los últimos ataques terroristas en Catalunya, donde murieron 16 personas y hubo más de 150 heridos, fue sorprendido en 2010 en un ferry entre Ceuta y Algeciras con un cargamento de hachís, que finalizó con su condena por tráfico de drogas, informa La Vanguardia.

La GC descartó el vínculo de Es Satty con el yihadismo
Varios de los detenidos en las distintas operaciones por terrorismo yihadista que se desarrollaron en España en el 2005, tras los atentados de Madrid, habían admitido que le conocían, que había sido imán en la mezquita de Vilanova i la Geltrú. Hasta le situaron en las reuniones de la presunta célula. Sin embargo, la Guardia Civil despachó en 2008 en cinco breves párrafos su investigación sobre la vinculación que Abdelbaki Es Satty tenía con los yihadistas de la operación Chacal, condenados por la Audiencia Nacional y luego absueltos por el Tribunal Supremo por unas escuchas sin autorización judicial.

Satty fue vigilado por radical en prisión
El seguimiento que se realizó a Abdelbaki Es Satty, presunto cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils, en el centro penitenciario de Castellón I, donde cumplía condena por tráfico de drogas, se confirma ahora con una nota interna de prisiones informando que el imán de Ripoll había sido investigado por su supuesto «carácter radical salafista».

Un inspector captador de confidentes es asesor de Zoido
El inspector del Cuerpo Nacional de Policía que se reunió con el ministro del Interior 48 horas después de los atentados de Barcelona y Cambrils reveló su agenda de reuniones a un potencial confidente. El ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Manuel Sánchez Fornet afirmó el pasado 21 de agosto "el imán huele a confidente policial o del CNI que apesta", en referencia a Abdelbaki Es Satty quien, según los Mossos d'Esquadra, sería el jefe de la célula salafista que atentó en Barcelona y Cambrils y murió en la explosión de Alcanar.

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Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach.

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Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son.

El PP de Aguirre usó una contabilidad paralela para ocultar la caja B
El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

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Caso Cursach: Carbonell dimite tras ser imputada

Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach. Inmediatamente después de que el juzgado le comunicara su condición de investigada y la citara a declarar para el próximo día 29, Carbonell puso su cargo a disposición del vicepresidente Barceló, que aceptó su dimisión. El vicepresidente ya había anunciado el miércoles que cesaría a Carbonell si el juez la citaba como imputada, si bien no sabía que esta situación se iba a producir 24 horas después de realizar estas declaraciones. Se trata de la segunda dimisión obligada que sufre el equipo de Biel Barceló y en ambos casos esta situación se debe a que los dos exaltos cargos de la consellería se han visto envueltos en investigaciones de corrupción. La dirección general la asumirá Antoni Sansó.

La citación de Pilar Carbonell se justifica porque aparece en una serie de sospechosas conversaciones telefónicas que mantiene con el ejecutivo Tolo Sbert, que denotan un presunto trato de favor de la directora general de Turismo hacia el empresario Bartolomé Cursach. De hecho, la Policía lo tiene tan claro que existía una relación entre Carbonell y Sbert, más allá de lo formal, que llega a afirmar en un oficio entregado al juez que la directora general prestaba "un trato de favor exclusivo y preferente". Esta contundente frase de los investigadores del Grupo de Blanqueo se relaciona con la intervención de la política en la tramitación exprés de un expediente de Cursach. Por ello, se la considera un "instrumento más al servicio de los intereses del Grupo Cursach".

No es Carbonell quien llama por teléfono a Sbert (salvo en una ocasión que responde a una llamada perdida), sino que es el ejecutivo del Grupo Cursach el que utiliza su relación con la directora general para pedirle que le ayude a dar salida a un expediente que se refiere al local Megapark. El ejecutivo tiene interés en terminar cuanto antes con esta tramitación en Turismo porque sabe que el Govern está a punto de aprobar unas nuevas normas que podrían afectarle. Se trataba de una norma que, en ningún caso, iba a tener efectos retroactivos, por lo que Cursach necesitaba cuanto antes resolver este problema en la conselleria de Turismo.

El informe de la Policía implica a Carbonell en 18 conversaciones telefónicas. No en todas las llamadas habla ella, pero sí aparece nombrada en las 18 charlas telefónicas. En las que no aparece su voz son las conversaciones que mantiene Sbert con Cursach en las que le comunica las gestiones que ha realizado con la directora general para solucionar cuanto antes el problema en la consellería. Es decir, el empresario está enterado en todo momento de este supuesto trato de favor que va a recibir desde Turismo, gracias a la relación de confianza que mantiene su ejecutivo con Carbonell.

Pero al margen de las contundentes consecuencias políticas que ha tenido para Pilar Carbonell esta imputación, la hasta ayer directora general afronta un complicado escenario judicial, que puede afectar a su futuro personal. Aunque no se trate de una acusación definitiva, sino solo provisional, el juez Penalva imputa a la política por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada. El juez da un valor de certeza al informe que ha realizado la Policía, lo que explica que tenga sólidas sospechas de que la hasta ayer directora general de la conselleria de Turismo formaría parte del grupo de políticos que habrían beneficiado, desde sus cargos públicos, los intereses del empresario nocturno más poderoso de Mallorca.

Carbonell tendrá que aclarar si es cierto o no que se implicó personalmente en acelerar la tramitación de este expediente y si ofreció a Cursach un trato distinto al que dio al resto de empresarios. Como también tendrá que aclarar si es cierto que acudió en persona a las oficinas de la conselleria en el Palma Arena para recoger los documentos del Megapark y si ello lo hacía con todos los empresarios.

Por otra parte, otro juez archivó una denuncia contra Carbonell por un caso relacionado con una gasolinera de Calvià. El juez Enrique Morell archivó ayer la causa por supuestas irregularidades en la licencia de una gasolinera ´low cost´ en Calvià, abierta a raíz de una querella de la entidad Mayca Petróleos y entre cuyos imputados figuraban Pilar Carbonell y otras cuatro personas. Para el magistrado no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos, y censura la apertura de diligencias penales "sin verdadero fundamento y con arbitrarias y caprichosas acusaciones". Por ello, impone las costas procesales al denunciante, informa Diario de Mallorca.

Carbonell resolvió a Cursach en 10 días un trámite de dos meses
Mientras que cualquier ciudadano se ve obligado a esperar al menos dos meses para terminar con el trámite de un expediente de la conselleria de Turismo, el empresario Bartolomé Cursach no estaba sometido a estos plazos. Y ello debido al "trato de favor exclusivo y preferente" que recibía de la actual directora general de dicha conselleria, Pilar Carbonell (Més), que aceleraba los trámites administrativos y conseguía resolver el expediente en un plazo aproximado de diez días.

ERC asegura que Rajoy amenazó disparar contra la población
La número dos de ERC, Marta Rovira, ha dicho este viernes que el Govern no aplicó la independencia tras la declaración unilateral realizada en el Parlament el pasado 27 de octubre porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy amenazó con utilizar armas de fuego contra la población en Catalunya.

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Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada.

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Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son.

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El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

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El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tenía en la sede del partido su extesorero Luis Bárcenas.

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ERC asegura que Rajoy amenazó disparar contra la población

La número dos de ERC, Marta Rovira, ha dicho este viernes que el Govern no aplicó la independencia tras la declaración unilateral realizada en el Parlament el pasado 27 de octubre porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy amenazó con utilizar armas de fuego contra la población en Catalunya. "Lo que el Govern no estaba dispuesto a hacer era asumir un escenario de violencia extrema con muertos en la calle que se puso de una manera muy contundente encima de la mesa. Nos decían que habría sangre, que no serían pelotas de goma como el 1 de octubre, que la cosa sería contundente", ha afirmado Rovira.

La mano derecha de Oriol Junqueras no ha especificado qué dirigentes o mandos transmitieron estas amenazas a los mandatarios catalanes. Se ha limitado a explicar que llegaron de "muchas fuentes diferentes, contrastadas y fiables". "Se nos informaba que estaban entrando armas en Catalunya y que el Ejército estaba viniendo", ha añadido.

Rovira ha realizado esta revelación hoy después de que ayer, en las reuniones que mantuvo en las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco con los 'exconsellers' en prisión preventiva, estos se lo pidieran. "En su momento, yo ya dije que se tenía que explicar desde el primer día", ha añadido antes de recordar que en los debates parlamentarios, Puigdemont y otros 'consellers' ya hablaron de "violencia extrema".

Rovira también ha considerado que ha habido "un exceso de autocrítica" que, además, a su juicio "se ha magnificado". En los últimos días, varios miembros del Govern cesado y de los partidos independentistas han admitido que el Ejecutivo catalán no estaba preparado para aplicar la independencia y que no calibraron bien la reacción del Estado y de la UE, informa El Periódico.

Gallardón tiró más de un millón en una cuadra inútil
Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada.

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El Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa reprende otra vez al gobierno de Rajoy y el PP en su último informe por el uso de "fijaciones mecánicas" tanto en centros juveniles como en prisiones, algo que considera una práctica degradante y que puede llegar a durar días, "sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado".

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La declaración del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, ha pretendido reducir hasta la nada los indicios de delito que el inspector Manuel Morocho, jefe de la investigación Gürtel sobre financiación ilegal del PP, puso de manifiesto ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre el cobro de sobresueldos por parte de los exministros Federico Trillo, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos o, incluso, del propio presidente Mariano Rajoy.

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Gallardón tiró más de un millón en una cuadra inútil

Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada ya que contravenía las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana al lindar con los límites del parque y estar a escasos metros de un instituto público. Pero, además, la propia Policía Municipal informó negativamente sobre su construcción. Las instalaciones continúan prácticamente en desuso en la actualidad ya que es imposible que cumplan la función de albergar caballos por la que fue diseñada y construida. La Policía Municipal ha trasladado el caso a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que estudie qué medidas tomar.

No obstante, a Gallardón y a su equipo les dio igual. Todo. En el año 2007 sacaron a concurso la obra pública que costó a los madrileños un total de 1.012.557,07 euros y que tras sucesivos retrasos fue entregada al Consistorio en el año 2010. Desde entonces, la cuadra de cerca de 200 metros cuadrados nunca ha albergado a ningún animal. Según las fuentes policiales consultadas por Público, estas oficinas solo son utilizadas durante los turnos de guardia de los jueves, viernes y sábado.

Toda esta documentación, ha sido entregada por la Policía Municipal de Madrid a los servicios jurídicos del Consistorio para que estudie si procede elevar la documentación al Tribunal de Cuentas o a la propia Fiscalía, en caso de haberse producido algún delito. Así lo ha confirmado el propio Consistorio tras ser contactado por este medio: "Hemos detectado una posible irregularidad que nos gustaría que investigara los servicios jurídicos del Consistorio porque al revisar determinados documentos ha resultado extraño un gasto de esas dimensiones con informes previos posicionados en contra. La Dirección General de Policía aplica con rigor la legalidad, incluyendo también posibles irregularidades que se detecten de la anterior gestión. Lo contrario sería ser cómplice de posibles irregularidades o ilegalidades", han señalado estas fuentes.

Entre la documentación obtenida por este medio se encuentra un documento interno del Ayuntamiento que analiza de la siguiente manera la operación de Gallardón: "Se trata por tanto de una actuación negligente que abstrayéndose del estudio legal de la actividad que se pretendía implantar derivó en el malgasto de una importante suma presupuestaria, 1.012.557,07 de euros, sin alcanzar el fin previsto ni podérsele dar a la infraestructura un uso distinto al inicialmente previsto, dada su especialidad, quedando abocada únicamente al deterioro y la pérdida de la inversión".

Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, un consejero técnico del Consistorio informó al entonces subdirector general económico-administrativo Fernando Manzano San José de que la construcción de esta cuadra contravenía el apartado 3.4.4 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Este punto establece que "las instalaciones consistentes en establos, residencias y criaderos de animales en suelo no urbanizable común exige una separación mínima de 15 metros con los linderos de la finca, de 500 metros con lugares en que se desarrollen actividades que originen presencia permanente o concentraciones de personas, determinadas medidas del cerramiento y ciertas condiciones del sistema adoptado para la absorción y reutilización de materias orgánicas".

Así, el destacamento policial ideado por Gallardón contraviene las dos limitaciones que marca el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Por una parte, la nave se sitúa en el borde lateral de la finca de El Retiro. Por otro, está a escasos metros de un Instituto de Enseñanza Media, entre otros lugares "que origen presencia permanente de personas".

El entonces jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo Parralejo, firmó un informe remitido a la Coordinación General de Seguridad del Ayuntamiento en el que desaconsejaba la construcción de este destacamento policial. Monteaguado señalaba en su informe que "de llevarse a efecto la creación del citado destacamento, se agravarían aún más los problemas de la actual plantilla (...) que de por sí ya es muy ajustada, además de suponer un aumento de presupuesto y costes de mantenimiento".

Por lo tanto, el jefe de Policía Municipal concluía el informe "pronuciándose de manera desfavorable" al proyecto del destacamento policial en El Retiro. Sin embargo, con todos los impedimentos en contra el Ayuntamiento de Madrid decidió continuar adelante con su proyecto y sacar a concurso público la obra.

Por otro lado, entre la documentación a la que ha tenido acceso este diario también se encuentra un informe reciente del Ayuntamiento en el que considera que existe una "insuficiente justificación de necesidad de celebración del contrato". El documento también señala que no existe constancia de los planteamientos o peticiones formuladas por el Área de Seguridad y Emergencias. "La obra que se desarrolló se hizo sin atender a una justificación sólida, ni un estudio de necesidades y alternativas, y, aún más importante, se promovió con el conocimiento de su inviabilidad, o al menos con información suficiente para plantear serias dudas sobre la viabilidad de la actividad en el emplazamiento previsto, dudas que hubieran precisado, en cualquier caso, de un informe en profundidad sobre el asunto".

El documento interno del Ayuntamiento de Madrid al que ha tenido acceso este diario también analiza el concurso público que finalmente ganó la empresa Pcyma S.A. El Consistorio considera que el proceso de adjudicación no presenta ningún tipo de irregularidad y que la empresa adjudicataria ganó el concurso en base a un "estricto criterio de puntuación en el que destacan fundamentalmente los criterios objetivos". Se ha tratado de contactar con la empresa sin éxito ya que los teléfonos de contacto encontrados ya no están disponibles. Asimismo a través del Registro Mercantil se ha podido comprobar que la empresa se encuentra activa aunque no presenta sus cuentas desde el año 2011.

A pesar de no presentar sus ejercicios ante el Registro, Pcyma ha continuado trabajando con la Administración Pública. Así, el mismo 2011 esta empresa fue la adjudicataria de un concurso para remodelar cinco núcleos de aseos en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente de la plaza de S. Juan de la Cruz por un total de 880.783,49 euros o a ser la responsable de la Construcción del Centro de Interpretación del Monte Abantos en San Lorenzo de El Escorial, informa Público.

Gallardón y Aguirre gastaron 700.000 € de la Púnica en juergas
Hasta más de 740.000 euros obligó a pagar el Gobierno de Esperanza Aguirre a las empresas adjudicatarias de las ampliaciones del Metro de 2007 para celebrar fiestas populares con las que darse baños de masas. Eventos con artistas de la talla de Isabel Pantoja o Antonio Carmona, con paellas o chocolatadas populares, fuegos artificiales…

El CE pide acabar con los métodos "inhumanos" en las prisiones de España
El Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa reprende otra vez al gobierno de Rajoy y el PP en su último informe por el uso de "fijaciones mecánicas" tanto en centros juveniles como en prisiones, algo que considera una práctica degradante y que puede llegar a durar días, "sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado".

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dijous, 16 de novembre de 2017

El CE pide acabar con los métodos "inhumanos" en las prisiones de España

El Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa reprende otra vez al gobierno de Rajoy y el PP en su último informe por el uso de "fijaciones mecánicas" tanto en centros juveniles como en prisiones, algo que considera una práctica degradante y que puede llegar a durar días, "sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado". Respecto a las comisarías, el informe revela progresos positivos pero también alegaciones de uso excesivo de la fuerza y pide acabar con la detención incomunicada, que el Gobierno excusa por la recurrente y manida "lucha contra el terrorismo". El principal organismo europeo de Derechos Humanos cree que España ha hecho mejoras, pero denuncia que algunos de sus métodos son inaceptables.

Tras su visita a España en 2016, el Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante (CPT) del Consejo de Europa ha publicado un informe en el que denuncia el uso habitual de fijación mecánica como modo de castigo contra personas recluidas en cárceles y centros para delincuentes juveniles, una práctica que califica de potencialmente inhumana y degradante. "El hecho de que se lleve a cabo la fijación mecánica de internos continúa siendo un asunto que preocupa al Comité", subraya el documento hecho público hoy y que recuerda que ya en su anterior dossier se recomendó que se regulara esta práctica.

El gobierno de Rajoy, como a tantas otras demandas de la UE y la ONU en materia de derechos humanos o reparación a las víctimas del fascismo o la lucha contra la corrupción, no ha hecho ningún caso. El CPT denuncia igualmente que la inmovilización de los presos puede llegar a durar días, "sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado", incluso sin permitir a los presos hacer sus necesidades, lo que supone un ataque a su dignidad.

Insiste además en que se trata de una práctica punitiva y que se aplicaba a menudo a detenidos con problemas mentales. "En opinión del CPT, la medida de la fijación mecánica podría suponer, en muchos casos, trato inhumano o degradante", y pide a las autoridades españolas que se abstengan de su uso en las prisiones.

Aunque en la mayoría de casos los internos no presentaron quejas y valoraron positivamente el trato recibido por los trabajadores, también en los centros de detención para delincuentes juveniles se practica la sujeción mecánica. En Sograndio (Asturias) "se les esposaba a objetos fijos en una sala aislada" y en Tierras de Oria (Almería), "se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas". Tampoco aquí se permitía ir al baño a los internos, a pesar de solicitarlo, obligándoles a orinarse encima. Algo que, de nuevo, constituye una tortura inhumana y degradante.

Por otra parte, el Comité valora de forma positiva en su informe "el considerable esfuerzo realizado por las autoridades españolas para poner fin al hacinamiento en las cárceles", así como las condiciones materiales de las celdas. Y aunque los reclusos de los módulos ordinarios no presentaron quejas, el dossier sí recoge "una importante cantidad de denuncias sobre maltrato físico (respaldadas por documentos médicos) por parte de detenidos que se encuentran en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales".

El texto habla de puñetazos, patadas, bofetadas y golpes de porra y lo que es más grave, apunta que "algunos de estos maltratos físicos tuvieron lugar mientras el prisionero en cuestión estaba sometido a sujeción mecánica". El Comité pide mayor control sobre el personal para evitar este tipo de episodios.

Resistencia del PP a eliminar el régimen de incomunicación

En lo relativo a las comisarías, el Comité reconoce que la gran mayoría de personas a las que se entrevistó fueron tratadas correctamente por la Policía. No obstante, "la delegación tuvo conocimiento de ciertas denuncias creíbles de uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención y de casos de personas que habían sido maltratadas físicamente por los agentes en el momento de su llegada a comisaría". Por otra parte, aunque en general el acceso a asistencia judicial y la comunicación con familiares no supone un problema en las comisarías, al Comité le preocupa que no siempre es así en los casos de extranjeros detenidos.

El informe critica además las detenciones en régimen de incomunicación, y aunque celebra las enmiendas legislativas para limitarlo y que no fuese usado en 2015 o 2016, dado "el potencial intrínseco de malos tratos" contra sospechosos bajo tal régimen, "debería eliminarse por completo del estatuto". Las autoridades españolas responden al Comité que el régimen de incomunicación es necesario en particular en la lucha contra el terrorismo.

En su visita periódica, el Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante inspeccionó ocho comisarías en Madrid, Cádiz, Oviedo, A Coruña, San Fernando y Sevilla, los centros penitenciarios de León, Puerto I y II en Cádiz, Sevilla II, Teixeiro en A Coruña, Villabona en Asturias y Soto del Real en Madrid y los centros para delincuentes juveniles de Tierra de Oria en Almería y Sograndio en Asturias, informa El Mundo.

PP y PSOE indultaron a 39 condenados por torturas
La tortura en España no sólo queda impune sino que los gobiernos fascistas de PP-PSOE la premian. El Partido Popular y el Partido Socialista han indultado a al menos 39 policías, mossos y guardias civiles condenados por torturas desde el año 1991. La mafia nazi de Rajoy es responsable del indulto a 26 agentes, mientras que los pseudosocialistas han indultado al menos a 13 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad condenados por torturas.

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Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.

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El Gobierno criminal de Rajoy va a hacer un listado de todas las propiedades que la Iglesia inmatriculó y robó gracias a la reforma, tan legal como inmoral y fraudulenta, que impulsó el gobierno corrupto de José María Aznar desde 1998 hasta 2015 y luego pretende guardarlo sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.

Lezo: González y la trata de blancas de "monjas rubias"

Luis Vicente Moro le cuenta a Ignacio González, en las grabaciones de la Operación Lezo y cuando era gobernador civil de Palencia, la oferta de “puticlubs” de la provincia y la competencia que supondría la idea de montar “una casa de putas” para resolver los problemas de un amigo con hoteles poco rentables. Hasta que en la conversación sale la afición de “algún cura” a frecuentar estos locales y las críticas molestas del obispo de entonces, Rafael Palmero (foto), al que Luis Vicente Moro enseñó las fotos de unas monjas “rubias” que salían de los conventos a los dos meses “con permiso de residencia”, lo que destapa una red de trata de blancas organizada por la secta vaticana.

Luis Vicente Moro fue delegado del Gobierno de Ceuta con José María Aznar. Pero antes de llegar a la ciudad autónoma, fue gobernador civil de Palencia, nombrado por el mismo Gobierno del Partido Popular, en 1996. Luego el cargo pasaría a llamarse subdelegado del Gobierno, fruto del acuerdo entre CiU y PP para que Aznar llegase a Moncloa. En ese tiempo, Moro adquirió una experiencia que, cuanto menos, le sirve para contar anécdotas sobre los “puticlubs” de esta provincia castellana y el papel de la Iglesia católica en la materia.

En la conversación, Moro saca a relucir un club de alterne “al lado de Palencia, que te caes para atrás”. Y recuerda que sufrió con aquello por las críticas del “obispo y las amas de casa”. Algo que molestó al entonces gobernador, “hasta que un día cogí al obispo y le dije ‘¿sabe usted quien usa de media los servicios de los puticlubs? Pues la clase media-alta, los casados y algún cura… y algún cura’”.

Moro va más allá y cuenta como invitó a su casa “a comer fabada” a Rafael Palmero, obispo de Palencia durante una década, entre 1996 y 2006. En aquella época, dice Moro, los conventos “ya empezaban a traer monjas de América” pero algo le llamó la atención. “Hasta que un día empecé a fijarme en las fotos” y vio que entre las monjas había “¡unas tías, unas rubias!”.

Unas fotos que, según explica, le enseñó al obispo, que debió de sorprenderse por la imitación que hace de él Luis Vicente Moro, quien asegura que las monjas sospechosas “a los dos meses, entraban en el convento… permiso de residencia y si te he visto no me acuerdo”, informa El Plural.

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Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.

La mafia del PP respalda el expolio y robo de la secta vaticana
El Gobierno criminal de Rajoy va a hacer un listado de todas las propiedades que la Iglesia inmatriculó y robó gracias a la reforma, tan legal como inmoral y fraudulenta, que impulsó el gobierno corrupto de José María Aznar desde 1998 hasta 2015 y luego pretende guardarlo sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.

España, entre los 5 más injustos, desiguales y fascistas en la Europa del IV Reich

La recuperación del mercado laboral en la UE ha generado un "claro repunte" de la justicia social en los países miembros, pero España, a pesar de una ligera mejora, sigue a la cola de los 28, sólo por delante de Italia, Bulgaria, Rumania y Grecia, según un estudio de la Fundación Bertelsmann. El "Índice de Justicia Social 2017", publicado en vísperas de la Cumbre social que reunirá a los líderes europeos en Gotemburgo (Suecia), analiza un total de 38 criterios sociales y económicos y vuelve a estar liderado por Dinamarca, Suecia y Finlandia. Los tres obtienen una calificación por encima del 7, mientras que Grecia sigue cerrando la lista con un 3,7.

España queda con un 4,96 -frente al 4,76 del año pasado- y obtiene su mejor clasificación al estudiarse la salud y la sanidad (puesto 12), pero se sitúa en el grupo de los cinco últimos países en dos de las seis dimensiones de justicia social analizadas: acceso al mercado laboral (puesto 27) y equidad en la educación (23).

En el informe se constata que la recuperación de los mercados laborales en la mayoría de los países miembros -el desempleo en 2016 ha disminuido hasta un 8,7 por ciento en el promedio de la Unión, desde el 11 por ciento que se registraba en 2013- es el "motor principal" de la mejora en las oportunidades de participación, pero también que se avanza a dos velocidades.

La brecha entre el norte y el sur de Europa sigue siendo grande y en los estados del sur en crisis "niños y jóvenes continúan estando en un importante riesgo de pobreza y exclusión por encima de la media".
"En toda la UE se precisa liderazgo político", afirmó el presidente de la Fundación Bertelsmann, Aart De Geus, en una valoración global del estudio. El Índice de 2017 muestra en general que ha disminuido el riesgo de verse afectado por la pobreza y la exclusión social, que afectaba al 24,7% de la población europea en el momento álgido de la crisis, entre 2012 y 2013, y que se sitúa ahora en el 23,4%.

No obstante, recuerda que el porcentaje representa a unos 117,5 millones de personas y se eleva en los países del sur, hasta el 35,6 por ciento de Grecia, el 28,7% de Italia o el 27,9% de España. El riesgo es aún más alto para determinados grupos sociales y el informe muestra que el 26,5 por ciento de los niños y jóvenes menores de 18 años están en riesgo de pobreza en la UE, porcentaje que sube al 37,5% en Grecia y al 32,9 por ciento en España, informa DW.

La patente y fascista desigualdad entre "españoles"
Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española. La supuesta igualdad de los españoles es uno de los mitos que peor se sostienen cuando se los confronta con la realidad. Diferentes niveles de financiación, distinta dotación en infraestructuras, desigual calidad en los servicios públicos…

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Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.

González implica a Rajoy, Lapuerta y Villar Mir en su espionaje en Colombia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata quiere que el caso de la caja B del PP cuente con todos los datos que han podido aparecer en Lezo sobre la financiación irregular del partido a nivel nacional. Por eso ha reclamado a su compañero Manuel García Castellón que le envíe tres conversaciones contenidas en esas actuaciones relativas a cómo empresarios pagaban comisiones al partido. Una fue grabada subrepticiamente por el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel al presidente de Degramont, Rafael Palencia. En ella este le cuenta a aquel cómo paga 35.000 euros al partido para ayudarle y así conseguir que el PP, del "que es amigo desde hace muchos años", le trate bien.

También reclama las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en el despacho del expresidente madrileño Ignacio González, en las que él aborda esa cuestión con el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y con el exdelegado del Gobierno de Ceuta Luis Vicente Moro. En la primera hablan del supuesto chantaje que se habría hecho al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la grabación de Palencia, mientras que en la segunda, González le explica a Moro cómo el empresario Javier López Madrid le confiesa que su suegro, Juan Miguel Villar Mir, pagaba al PP.

Una de las obsesiones de González es el espionaje que sufrió en Colombia, en el que se le vio salir con bolsas llenas de un hotel. En esas charlas, dice que el seguimiento fue pagado por Villar Mir y que detrás estaba el extesorero popular Álvaro Lapuerta y Mariano Rajoy quien, como poco y según su versión, estaría informado de la operación.

En dichas conversaciones, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre narra cómo le llega a través de Luis Bárcenas que Villar Mir le acusó de quedarse con ‘mordidas’ de obras de Madrid (concretamente el tren a Navalcarnero) en una comida que compartió con Lapuerta y Rajoy. Él apunta que tiene la sospecha de que ese dinero, 1,5 millones de euros, llegó a “alguien”, pero niega que fuera él y termina acusando a Adrián de La Joya de habérselo quedado. Eso basándose en la supuesta confesión que sobre ese pago le hace a González el que termina siendo su "amigote" Javier López Madrid.

Eso, según su relato, sucede antes de que el líder del PP perdiera las generales frente a José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y previamente al congreso de Valencia, en el que Aguirre amagó con disputarle la dirección del partido a Rajoy. A partir de ahí, asegura, se decretó su “muerte” política y de ahí el espionaje en Colombia.

Vicenç Navarro: De lo que no se habla en España, incluyendo en Catalunya, y que el tema nacional está ocultando
Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son.

El PP de Aguirre usó una contabilidad paralela para ocultar la caja B
El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

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El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tenía en la sede del partido su extesorero Luis Bárcenas.

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La declaración del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, ha pretendido reducir hasta la nada los indicios de delito que el inspector Manuel Morocho, jefe de la investigación Gürtel sobre financiación ilegal del PP, puso de manifiesto ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre el cobro de sobresueldos por parte de los exministros Federico Trillo, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos o, incluso, del propio presidente Mariano Rajoy.

Zaplana a González: “Me dijo Aznar que hables con Catalá para asegurar el puesto de fiscal jefe de la AN”
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno han evidenciado a lo largo de toda la investigación por el conocido como ‘caso Lezo’ la capacidad de influencia que disponía González, a pesar de haber abandonado la primera línea de la política.

428.000 millonarios en el Reino de España, un 15,6% más que en 2016
Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.

Somos pobres porque los ultrarricos llevan los beneficios a paraísos fiscales. Los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo
Somos pobres porque los ultrarricos llevan los beneficios a paraísos fiscales. Un informe del año pasado de la consultora The Boston Consulting Group estimó la cifra en 10 billones de dólares, mientras que el publicado en NBER calculó que equivalía a US$ 7,8 billones.

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Hasta 300 agentes de élite, hombres-comando al nivel de los marines estadounidenses, estaban preparados el pasado 10 de octubre, cuando Carles Puigdemont declaró la independencia para suspenderla 8 segundos después, para entrar en el Parlament si el Govern se enrocaba dentro tras una DUI.

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Vicenç Navarro: De lo que no se habla en España, incluyendo en Catalunya, y que el tema nacional está ocultando

Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son. El monotema hoy en el establishment político-mediático del país es el conflicto entre los nacionalismos, el españolista liderado por el Partido Popular, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, y el catalanista, liderado por el gobierno de Junts Pel Sí, presidido por el Sr. Puigdemont, dirigente del partido hegemónico en el gobierno (el PDeCAT) que ha gobernado Catalunya (con el nombre de Convergencia) durante la mayor parte del período democrático. Ambos partidos están hoy siendo investigados por casos de corrupción que implicarían financiación ilegal (caso Gürtel en el PP o caso Millet en CDC), juicios que no aparecen ni en las primeras páginas de los rotativos ni en lugares destacados de los mayores canales televisivos ni de las cadenas de radio.

En realidad, en Catalunya el caso Millet y sus conexiones con la financiación ilegal de CDC ni siquiera aparecen en las últimas páginas de los rotativos catalanes, en la televisión pública TV3, o en los canales privados. Y en España hace unos días el inspector jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), encargada de la investigación del caso Gürtel, declaró en el Congreso de Diputados (en respuesta a las preguntas que le hicieron en una sesión de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP) que el presidente de España, el Sr. Rajoy, había recibo dinero negro (en sobres) de la Gürtel.

Y a pesar de la enorme importancia de la noticia, ningún gran periódico español (El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Vanguardia o El Periódico, entre otros) lo publicó en portada al día siguiente. He vivido un largo tiempo en Suecia, Reino Unido y EE.UU., y he trabajado en varios países, y no me imagino que si tal hecho hubiera ocurrido en cualquiera de ellos no hubiera sido la noticia del día. En cambio aquí, en España (incluyendo Catalunya), se ignoró, mostrando, una vez más, la escasa calidad de la democracia española y de sus mayores medios de comunicación.

La falsedad de la supuesta recuperación

Según los últimos datos disponibles, el desempleo en España ha permanecido elevadísimo en los llamados “años de la recuperación”. En 2016 el promedio fue un 18%, uno de los más elevados de la Unión Europea. En realidad, tal porcentaje sería incluso mayor si no fuera porque 1,7 millones de españoles (jóvenes en su gran mayoría) han abandonado el país en busca de trabajo. Hoy España es uno de países que exporta mayor número de jóvenes al año. Y lo que es incluso más alarmante es que nada menos que el 43% de las personas desempleadas (que están en paro) llevan más de un año buscando empleo. Incluso el FMI (Fondo Monetario Internacional) ha alertado de la situación, que merece llamarse catastrófica, en la que este grupo se encuentra. En realidad, cerca del 30% de españoles están riesgo de pobreza (casi un tercio de la población española, situación que en Catalunya es casi idéntica).

Una de las causas mayores de este crecimiento de la pobreza de la población es el gran deterioro del mercado laboral, que ha configurado un gran crecimiento del desempleo y de la precariedad, con una bajada de la tasa de ocupación sin precedentes en la época democrática. El porcentaje de la población ocupada cayó un 20% desde 2008 a 2013. Y los salarios han descendido un 10% durante los años de la crisis 2008-2015. La mayoría de puestos de trabajo creados son temporales y precarios.

Como consecuencia de ello, las desigualdades han aumentado de una manera alarmante. España (incluyendo Catalunya) es uno de los países que tienen mayores desigualdades en la Unión Europea. Las rentas del 20% de la población con más renta son nada menos que 7,5% superiores a las del 20% de la población con menor renta, un record en la UE.

El enfado popular frente a los establishment político-mediático españoles y catalanes

Las encuestas muestran que este gran deterioro social es la preocupación mayor que señala la población De hecho, el desempleo lleva ocupando ya por muchos años el número uno de la lista de inquietudes y problemas que tiene la población española, incluyendo la catalana.

Otro tema grave en España es la corrupción generalizada, que alcanza su máxima expresión en el partido gobernante en España, el PP, y en Catalunya en Convergència Democràtica, renombrada como Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT), que ha gobernado treinta de los treinta y siete años de autonomía, primero en alianza con Unió Democrática (UDC) y desde 2012 con ERC. Estos partidos (PP y CDC) han estado en el centro de la corrupción, reflejo del maridaje que ambos partidos tienen con los poderes fácticos financieros y económicos que ejercen una enorme influencia en los mayores medios de información, tanto públicos como privados. Ambos gobiernos han impulsado las mayores leyes neoliberales (desde las reformas laborales a las fiscales, pasando por las presupuestarias), incluyendo las que causaron las políticas de recortes del gasto público social que han causado la Gran Crisis Social.

La ocultación del tema social por parte del tema nacional

Estos partidos, que coinciden en la mayoría de sus políticas económicas y sociales (debido a su pertenencia a las familias políticas conservadores y neoliberales), lideran los movimientos nacionalistas de signo contrario y cuyo conflicto (deliberadamente diseñado) ha ido centrando el debate político, creando tensiones, con el objetivo altamente exitoso de ocultar su responsabilidad tanto en la aplicación de las políticas neoliberales (causantes, repito, de la Gran Crisis Social) como en la corrupción masiva de sus partidos. Como consecuencia de ello, este mes, por primera vez, la preocupación por el tema del conflicto España-Catalunya por parte de la población ha sido mayor que el de la corrupción (último CIS disponible), mostrando que han sido exitosos en su intento de dejar en segundo plano mediático la crisis social y la corrupción. Como indiqué al principio, el llamado Tema Nacional ha ocultado y ha hecho desaparecer el Tema Social. Ello ha ido acompañado de un incremento de la distancia y desconfianza entre las clases populares y los establishments político-mediáticos, lo cual puede determinar una gran abstención que favorecería a las fuerzas conservadoras y neoliberales que ejercen una gran influencia en los medios de información. Vean TVE (en Madrid) y TV3 (en Barcelona) y verán lo que indico.

Esta desmovilización podría revertirse en España bien a través de la movilización de las banderas (defendiendo la unidad de España frente a su ruptura), como están intentando hacer nacionalistas españolistas, o mediante la denuncia social, reajustando el eje del conflicto para que se transite de un conflicto nacional a un conflicto social, recuperando el eje izquierda/derecha, algo de difícil realización pues el PSOE se ha convertido en pieza clave del bloque del nacionalismo españolista y ERC lo ha pasado a ser del bloque nacionalista catalanista; el primero apoyando al PP y al 155, y el segundo apostando por la independencia unilateral.

La situación en Catalunya

Esta distancia hacia el establishment político-mediático existe también en Catalunya, aunque en grado algo menor, como consecuencia de la percepción -promovida por los independentistas- que la crisis social se debe a la pertenencia de Catalunya a España. De ahí la impresión que si Catalunya se separara de España, podría elaborar políticas públicas destinadas a resolver la crisis. Tal argumento, sin embargo, ignora que dichas políticas fueron aprobadas en las Cortes Españolas por los dos partidos, el PP y el PDeCAT, que hoy lideran el conflicto de las banderas. Ambos partidos nacionalistas (el españolista y el catalanista) pertenecen a la sensibilidad conservadora y neoliberal que ha impuesto tales políticas.

Que debería hacerse

En realidad, hoy tanto el Estado como la Generalitat de Catalunya tendrían que haber hecho casi lo opuesto a lo que han estado haciendo. El problema mayor de España y Catalunya es la enorme desigualdad en la distribución de las rentas; las rentas del capital han ido creciendo muy rápidamente a costa de una gran reducción de las rentas del trabajo, creando un enorme problema de falta de demanda doméstica, causa de la escasa ocupación, problema acentuado con el descenso del gasto público y de la inversión. Hoy incluso el FMI admite que los salarios son demasiado bajos y la austeridad ha sido excesiva. Y a pesar de ello los economistas del PP, del PSOE, de ERC y del PDeCAT continúan en la ortodoxia neoliberal.

Hoy se debería producir un aumento de los salarios y un gran crecimiento de la ocupación, con políticas de creación de empleo en áreas muy deficitarias tales como la transición energética, la economía verde y el Estado del Bienestar. Y el Estado tendría que gastar mucho más, como bien señala Mark Weisbrot. El gobierno español debería endeudarse más, pues los intereses de los bonos (a 10 años) son solo un 1,6%, inferiores a la inflación. El Estado debería invertir en más empleo y un buen empleo en las áreas sociales. Pero muestra el grado de derechización del país, consecuencia del dominio del tema nacional, que se consideren “radicales”, “antisistema” u otras frivolidades propuestas típicamente reformistas encaminadas a empoderar a las clases populares para corregir el enorme desequilibrio que hoy existe entre las fuerzas político-mediáticas del capital frente a las del trabajo.

La enorme visibilidad del tema nacional ha empoderado a las derechas en España y debilitado a las izquierdas, que deberían enfatizar el tema social redefiniendo el tema nacional, indicando que el punto central de cada nación son los intereses de las clases populares, que son la mayoría de la población, para las cuales el tema social –su calidad de vida y bienestar social- es el tema más importante. Se tiene que desarrollar un patriómetro que pueda medir el grado de patriotismo y compromiso identitario de una fuerza política midiendo cómo contribuyen sus intervenciones a la felicidad de las clases populares. Y ahí las fuerzas conservadoras y neoliberales ya han mostrado sus grandes insuficiencias. La evidencia de que en España los “súper patriotas” a ambos lados del Ebro son también los más corruptos y los que han aplicado las políticas antisociales es abrumadora. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Fuente Público

Vicenç Navarro: La desunión de las izquierdas, una de las mayores causas de la gran crisis social
La desunión de las izquierdas es uno de los mayores problemas políticos que tienen Catalunya y España. Y es en parte responsable de la continuación de la enorme crisis social que existe a lo largo del territorio español. En realidad no parece haber plena conciencia en amplios círculos políticos y mediáticos españoles (incluyendo catalanes) de la profundidad de tal crisis que se presenta a los dos lados del Ebro.

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