dimecres, 18 de maig de 2016

Puigdemont no irá a la final en protesta por el veto a las ‘esteladas’

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que no acudirá a la final de la Copa del Rey de fútbol, que se disputan el domingo el Barcelona y el Sevilla en el estadio Vicente Calderón de Madrid, si la Delegación del Gobierno en la capital no reconsidera su decisión de prohibir que los aficionados vayan al estadio con banderas esteladas, la bandera independentista catalana. La Delegación de Gobierno en Madrid ha anunciado este miércoles que no permitirá introducir ni banderas esteladas ni otros símbolos no constitucionales, tal y como especifica la Ley del Deporte. Para evitarlo, en los dos controles de acceso del estadio, incluso, se cacheará uno por uno a todos los aficionados.

Puigdemont ha comunicado que no acudirá al partido a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la sede de la Generalitat en Barcelona tras reunirse con el presidente valenciano, Ximo Puig: "No puedo participar en la final de la Copa del Rey hasta que se respete el derecho de expresión de los aficionados del Barça que quieran ir con estelades. Es un atentado grave". Puigdemont ha defendido que la estelada es una bandera legal y democrática y que muchos catalanes la lucen a menudo y la consideran un símbolo de "libertad". El conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundó, ha considerado hoy que la prohibición de llevar banderas esteladas es una limitación del derecho a la libertad de expresión "inaceptable en un Estado democrático" que el Gobierno "aprovecha" en vísperas de campaña electoral.

Por su lado, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha lanzado la idea de que el Barcelona no juegue este domingo la final de la Copa del Rey de fútbol en protesta por la prohibición en el estadio de las banderas independentistas catalanas. La decisión de vetar la bandera independentista ha sido justificada en la ley contra la violencia en el deporte que prohíbe la exhibición de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo.

FC BARCELONA: "ES UN ATENTADO A LIBERTAD DE EXPRESIÓN"


El FC Barcelona ha expresado su desacuerdo a través de un comunicado: "El FC Barcelona considera que esta decisión es un atentado a la libertad de expresión, un derecho fundamental de todo individuo a expresar ideas y opiniones libremente y sin censura, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El FC Barcelona ha defendido y seguirá defendiendo la libertad de expresión de sus socios y aficionados, que han demostrado siempre un alto nivel de civismo y respeto. El FC Barcelona hace un llamamiento al sentido de la responsabilidad y exige a la delegada del gobierno que colabore en la creación del buen clima que debe presidir la celebración de la final de la Copa del Rey.También le reclama que respete la honorabilidad y que no provoque incomodidades a las instituciones implicadas en esta final, informa El País.

El Supremo investigará a Barberá por los gastos del "Ritaleaks"

La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el conocido como caso "Ritaleaks", la filtración de centenares de facturas de gastos del ayuntamiento en las que aparecían cargos de viajes, comidas en restaurantes y noches en hoteles de cinco estrellas de la también senadora. Las intenciones de los fiscales se han conocido este miércoles a mediodía a través de Compromís, que llevó el caso al Ministerio Fiscal en Valencia. El fiscal Vicente Torres ha remitido un escrito al actual alcalde en el que explica que es la Fiscalía del Supremo la que debe investigar a Barberá, dada su condición de aforada. El caso Ritaleaks fue destapado por Compromís a mediados de mayo de 2015, cuando hizo públicas un total de 466 facturas que respondían a los gastos de alcaldía a que se hizo frente entre los años 2011 y 2014.

En total, 278.000 euros que el entonces máxima mandataria de la ciudad gastó en suites de lujo de hoteles de 5 estrellas a 650 € la noche, en alquileres de coche con chofer para cerca de 5.000 euros, o en comidas en restaurantes a razón de más de mil euros en algunos casos. La formación valencianista llevó las facturas a la Fiscalía de Valencia para que investigase posibles delitos contra la admnistración pública. La Fiscalía del Supremo debe decidir ahora si observa indicios de criminalidad contra la exalcaldesa. Fuentes judiciales señalan que aunque Torres estaba obligado a realizar este trámite por el aforamiento de Barberá, si lo ha hecho es porue observa posible indicios. Como no puede seguir con la investigación ni llamar a declarar a la senadora, remite todo el expediente a sus compañeros del Supremo.

Esta será la segunda causa que Barberá tiene el Supremo, pues el juez de la Operación Taula también envió una exposición razonada al Alto Tribunal en la que pide que sea investigada por un posible delito de blanqueo de capitales por las donaciones efectuadas al PP de Valencia antes de la campaña de las municipales de 2015.
Ribó ha exigido al PP, a sus dirigentes, y a la propia Rita Barberá, "que salgan a dar la cara y dar unas explicaciones creíbles para lo hecho durante su desgobierno. El PP sigue sin tomar ni una sola medida que aparque de sus siglas la corrupción y el símbolo del despilfarro: Mariano Rajoy aún no ha hecho los deberes ni ha cumplido su palabra. Esto sólo demuestra la complicidad existente entre Rajoy y Barberá".

Al respecto, Ribó ha manifestado que "prometimos cuando estábamos en la oposición que perseguiríamos los responsables de la derrota económica y social de los valencianos. Queremos que vuelven hasta el último céntimo robado o derrochado. Y este es uno de esos casos ". Según prosiguió el portavoz de Compromís, "en los peores años de la crisis económica, y mientras el PP practicaba los recortes más salvajes que hemos vivido en democracia, la señora Barberá no dudaba en gastarse el dinero de todos los valencianos en lujos impropios de un cargo público, como si fueran dinero suyos", informa El Confidencial.

Imelsa: Cientos de enchufados a dedo en la corte corrupta del PP valenciano


Algunos de los más estrechos colaboradores del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, no guardan un buen recuerdo del alto cargo. Por ejemplo, su testaferro José Estarlich, que figuraba en una de las mercantiles con la que Benavent (foto) distraía fondos de Imelsa. El 'hombre de paja' del exgerente acudió a declarar voluntariamente. Aseguró al juez y al fiscal que estaba «arrepentido» y que pretendía retomar su vida. El propio exgerente manifestó que aquello era un «pozo sin fondo» para «enchufados» con el objetivo de satisfacer el deseo de los políticos de turno. Él mismo, en sus siete años al frente de la empresa pública, contrató a entre 200 y 300 personas a dedo.

Tele Punt-Puigdemont i Topor, pel Honorable morro

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) obre un expedient sancionador per infracció greu a El Punt Avui TV, on 'col·labora' la dona de Carles Puigdemont, per unanimitat dels seus sis membres, un fet no gaire habitual: el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha decidit, en la seva última reunió del passat dia 10, obrir un expedient sancionador contra l’empresa Xarxa de Serveis i Comunicació 2014 SL, que explota, en règim de lloguer, les emissions del canal El Punt Avui TV. El motiu d’aquest expedient és l’incompliment de les clàusules de la concessió pel que fa a l’obligatorietat d’emetre informació de proximitat territorial, i està tipificat com a “infracció greu”, amb una sanció que va dels 12.001 euros als 90.000 euros.

El propietari del grup Hermes Comunicacions i del diari El Punt Avui, l’empresari gironí Joaquim Vidal, va signar l’any 2014 un acord per llogar set de les freqüències locals de TDT que té l’italià Nicola Pedrazzoli, promotor del desaparegut Canal Català. D’aquesta manera, el23 d’abril d’aquell any va néixer El Punt Avui TV, amb una programació totalment identificada amb el procés sobiranista.

Entre els col·laboradors de la nova televisió hi ha Marcela Topor, l’esposa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que condueix el programa setmanal d’entrevistes en anglès Catalan Connection. Marcela Topor simultanieja la direcció d’aquest espai televisiu amb la de la revista mensual Catalonia Today, que va ser fundada l’any 2004 pel seu marit i que, en els últims anys, ha rebut subvencions de la Generalitat per 403.380 euros. L’expedient obert pel CAC a El Punt Avui TV es fonamenta en la monitorització de les emissions que es va fer a la freqüència de Barcelona d’aquest canal entre els passats dies 21 i 27 d’abril, on es va poder constatar que la informació local brillava per la seva absència. Aquesta era una condició sine qua non en les bases de la concessió de 59 noves emissores de TDT que va convocar el govern tripartit l’any 2006.

De fet, per reduir despeses, El Punt Avui TV va començar a fer les emissions unificades en cadena a través de les seves freqüències locals. Després de l’obertura de l’expedient sancionador per part del CAC, la direcció ha volgut esmenar aquest flagrant incompliment i ara ja inclou en la seva graella de programació uns espais d’informació territorial diferenciada, informa El Triangle.

Vaga a General Electric-Alstom contra 400 acomiadaments i el tancament de dues plantes

Els sindicats amb presència a General Electric-Alstom convoquen vaga de 24 hores i diverses concentracions per oposar-se al pla de la multinacional que pretén eliminar 400 llocs de treball del grup. L’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) va ser presentat als sindicats el 9 de maig passat després d’un procés de consultes a àmbit europeu. Com es tracta de diferents empreses dels expedients tindran tempos diferents. L’ERO global implicarà el tancament de dues instal·lacions del grup, la de Cornellà que produeix turbines hidroelèctriques i la de Buñuel (Navarra) que realitza quadres elèctrics. A més, el pla preveu fortes tisorades a Barcelona, ​​a Noblejas (Toledo) i en diversos parcs eòlics dispersos pel país. Els sindicats, a més de la vaga de 24 hores han convocat dues concentracions aquest dijous a Madrid. Una davant la seu de General Electric, al carrer Josefa Valcárcel a les 10,30 del matí i la segona a les 12,30 davant l’ambaixada de les Estats Units al carrer Serrano, segons Susana Rodríguez de Medina, vicepresidenta del comitè d’empresa.

El pla de reestructuració és fruit de l’adquisició per General Electric de part del negoci i activitats energètiques de la multinacional franco – anglesa, Alstom. El grup nord-americà va anunciar just després de l’adquisició, el gener passat, una forta retallada de les activitats de l’antiga Alstom a Europa. Inicialment la retallada comunicat va ser de més de 10.000 persones, xifra que s’ha reduït a 6.450. A Espanya la primera valoració suposava eliminar 512 llocs de treball dels aproximadament 700 del grup. Ara la xifra s’ha situat en els 400 anunciats, encara que els sindicats esperen que la quantitat es redueixi fruit de la negociació.

Segons el contingut del pla, General Electric pensa tancar la factoria de Buñuel, on treballen 97 persones. La planta de Cornellà també es tanca. La seva plantilla passarà de 74 a 6 persones que es traslladessin al centre que el grup té a Bilbao. També es preveu el tancament de la planta de Noblejas, a Toledo, segons fonts sindicals.

Pel que fa a la planta de Barcelona, ​​on Alstom Wind tenia la seu mundial de la seva línia de disseny i recerca d’aerogeneradors, la retallada plantejada és de 110 persones, una xifra que redueix la previsió inicial de 230 baixes d’una plantilla de 480 operaris, la majoria dels quals enginyers de molt alta qualificació. La seu mundial de les activitats eòliques passarà de Barcelona a Nantes, a França El canvi es considera com una concessió de la multinacional General Electric al govern gal per aconseguir que aquest donés el seu vistiplau a la venda de l’empresa. L’empresa en el seu pla ha fet una valoració mínima de l’activitat productiva d’Alstom a Europa, segons CCOO. En la rèplica, el sindicat ha defensat que s’ha fet una fotografia fixa de la demanda d’energia, quan la previsió real seria apostar per l’increment de la generació especialment en l’àmbit de les renovables. En aquest sentit reclama també l’elaboració d’un pla industrial per a les activitats afectades, informa Diari del Treball.

El PT llama a detener el golpe parlamentario en Brasil

El partido afirma que no reconocerá el gobierno ilegítimo de Temer y le harán total oposición. Además, advierten que lucharán hasta el fin en las calles y en las instituciones para derrotarlo.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil considera necesario, posible y urgente detener el golpe parlamentario que se registró en Brasil luego de que la mandataria brasileña fuera separada del cargo y fuera reemplazada por el vicepresidente Michel Temer. La organización política emitió una resolución en la que señala que “el objetivo inmediato del PT y las organizaciones populares debe ser continuar las movilizaciones hasta la absolución de la presidenta Dilma Rousseff, apartada de su cargo por el Senado para someterla a un juicio político por un crimen (de responsabilidad) que no cometió”. “Dilma debe retornar a las funciones para las cuales el pueblo la eligió; ese es el único resultado del juzgamiento capaz de reconducir al país al orden constitucional y democrático”, subraya el texto. Foto: Marchas contra Temer piden la restitución de Dilma.

El movimiento político espera que “la Presidenta de a conocer a la mayor brevedad un compromiso público sobre el rumbo de su gobierno una vez derrotado el golpismo, en el que defienda una amplia reforma política y esboce las medidas capaces de retomar el crecimiento económico y la generación de empleos”. Asimismo, manifestaron que "no reconoceremos el gobierno ilegítimo de Temer, contra el cual haremos total oposición y lucharemos hasta el fin en las calles y en las instituciones para derrotarlo". “No hay oposición moderada o conciliación posible con un gobierno que es resultado de un golpe”, indica el comunicado.

Advierten que “sin renunciar a su identidad partidaria y sus banderas, el PT actuará de conjunto con el Frente Brasil Popular (FBP), el Frente Pueblo sin Miedo y otras organizaciones dispuestas a formar una articulación unitaria para defender la democracia”. “Más que instrumento de movilización, el FBP puede desarrollarse como un espacio estratégico para todas las fuerzas progresistas, a partir de un programa común y reglas plurales de participación que abran el camino para su consolidación”, agrega la misiva. Indicaron además que el avance del movimiento golpista solo puede entenderse correctamente si se evalúan los errores cometidos por el PT y sus gobiernos, entre los cuales menciona el hecho de privilegiar un pacto pluriclasista y no la construcción de una fuerza política, social y cultural transformadora.

Michel Temer pasó a ser el presidente interino de Brasil después que la presidenta de este país, Dilma Rousseff, elegida con 54 millones de votos populares, fuera separada de su cargo por al menos seis meses para enfrentar un juicio político, pese a que no existen pruebas de un crimen de responsabilidad.
El Senado aprobó el proceso de impeachment el pasado 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado). En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas contra la mandataria que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado, informa Tele Sur.

El cas feixista de l'UdL: "Això no passava ni als anys setanta"

L'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida és l'epicentre d'una polèmica que té quatre protagonistes: l'Assemblea d'Estudiants de Lletres, la subdelegada del govern espanyol i professora del grau de Comunicació Audiovisual i Periodisme, Imma Manso (PP), el rector Roberto Fernández i els cossos de seguretat. Per entendre la batussa que es va produir aquest dimarts entre estudiants i membres de seguretat privada i agents policials vestits de paisà cal remuntar-se a finals d'abril. Un grup d'estudiants –i joves que no són universitaris- va irrompre a la classe que impartia Manso per recriminar-li les declaracions de to feixista que havia fet anys enrere contra els immigrants. El fet que la política del PP vinculés l'any 2013 la delinqüència amb la immigració i que assegurés que la policia utilitzava "criteris ètnics" per identificar els sense papers ha estat el motiu pel qual desenes d'estudiants s'han mobilitzat en les darreres setmanes contra Manso fent pintades a les parets de la universitat i enganxant cartells contra ella i també contra el rector, Roberto Fernández, a qui acusen de permetre "exposicions feixistes al Rectorat".

Després de l'escarni, el rector pren la decisió de posar vigilància policial a l'edifici per evitar que es repeteixin boicots d'aquestes característiques. Així, pel Rectorat s'hi comencen a veure tres vigilants de seguretat de l'empresa Prosegur durant els dies de classe de Manso (en els darrers anys només n'hi havia un que feia vigilància nocturna), i també agents dels Mossos d'Esquadra que van de paisà per passar desapercebuts. No obstant, tothom els identifica aviat. Vista la situació, algunes veus del Consell de Govern li retreuen al rector aquesta decisió alhora que es queixen de la passivitat dels responsables de la UdL per prevenir els incidents ja que durant els dies previs a l'escarni s'ha anat notant un caliu contra Manso al Rectorat amb cartells, octavetes i pintades. Membres del consell asseguren a NacióDigital que posar policies no és la solució perquè "el problema s'enquista. Per arreglar aquesta situació s'ha plantejat la figura d'un mediador, perquè a la UdL hi ha experts en resolució de conflictes, però el rector s'hi ha negat".

No és del mateix parer el vicerector de Campus de la universitat, Jesús Avilla, que en declaracions a aquest diari assegura que amb els estudiants no es pot entrar a negociar perquè el que volen és "imposar la marxa d'una professora, i això no és cap negociació". En aquest sentit, Avilla indica que la presència policial garanteix que es puguin fer les classes amb normalitat, i apunta que no hi ha cap calendari fixat per acabar amb aquesta vigilància.

Lluny de resoldre el conflicte, la presència policial encén encara més els ànims d'alguns alumnes que formen part de l'Assemblea d'Estudiants de Lletres, que es comencen a moure per reivindicar, a part de la marxa de Manso, una universitat lliure de policia. "La degana de la Facultat de Lletres va venir a parlar amb nosaltres enviada pel rector, i ens va amenaçar amb obrir-nos expedients si no aturàvem la mobilització" explica un membre de l'assemblea. Aquest pols entre estudiants i rector s'ha traduït amb més pintades i amb la convocatòria d'una mobilització aquest dimarts que ha acabat amb ball de bastons, amb una noia detinguda durant unes hores i sense que ningú de la direcció intervingués en el conflicte. "Això no passava ni als anys setanta" deia un alumne mentre policia i estudiants es barallaven. L'actual rector ha estat el primer en haver permès l'entrada dels antidisturbis a la UdL. Va ser en l'acte d'inauguració del curs el 18 octubre de l'any 2012 que anava a càrrec de Josep Borrell.

Abans de l'acte es va tancar un dels accessos al Rectorat mentre que les altres dues portes eren controlades per Mossos d'Esquadra, que impedien l'entrada d'estudiants tot i mostrar el carnet de la UdL. Dins de l'edifici s'hi van col·locar entre sis i vuit antidisturbis. El rector va explicar que hi estaven "per precaució". Va ser aquest el juny d'aquest mateix any quan Roberto Fernández va demanar als Mossos d'Esquadra que desallotgessin una quinzena d'estudiants que s'havien tancat al Rectorat per protestar contra l'augment de les taxes universitàries i les retallades, informa Nació Digital.

La deuda pública de España supera por primera vez en un siglo el 100% del PIB

La deuda pública de España trepó en 14.031 millones en marzo, su mayor repunte desde el mes de mayo de 2014, y se situó en 1,095 billones de euros, con lo que supera el ratio del 100% del PIB por primera vez en un siglo, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España. El ratio se calcula en base al crecimiento en volumen del PIB publicado el pasado 25 de febrero por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arrojaba un PIB de 1,081 billones en 2015. Supone superar el objetivo de déficit del Gobierno para todo el año, que es del 99,1%. España no sobrepasaba el 100% de deuda en relación al PIB desde 1909, cuando sobre las finanzas públicas pesaba el fin del dominio español sobre Cuba y Filipinas. En términos interanuales, la deuda pública creció un 4,1% en marzo, por encima del crecimiento del 3,4% del mes precedente. Respecto al cierre de 2015, lo hizo en un 2,1%.

Tras varios ejercicios consecutivos de fuerte repunte de la deuda, el Gobierno español, ahora en funciones, tiene previsto que se inicie este año un progresivo descenso del endeudamiento, con la previsión del 98,5% en 2016, 96,5% en 2017 y 93,2% en 2018. Antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda pública española ascendía a 384.000 millones de euros, equivalente al 35,5% del PIB. La gran parte de la deuda es en valores a medio y largo plazo, ya que suponen unos dos tercios de la deuda total y explican la mayor parte del aumento del endeudamiento público en valores absolutos en el tercer mes del año. Estos préstamos aumentaron en 14.893 millones de euros respecto al mes anterior, hasta los 812.680 millones de euros, mientras que en tasa interanual el crecimiento fue del 6,8%. En relación al cierre de 2015, estos créditos experimentaron un repunte del 2,5%.

La deuda pública en valores a corto plazo descendió en marzo en 651 millones de euros, hasta los 81.893 millones. En el último año, los valores a corto plazo en manos de las administraciones públicas han aumentado, con un alza del 8,9%. Por su parte, los créditos no comerciales y el resto de préstamos cayeron en 210 millones en marzo, hasta los 200.785 millones de euros. Respecto al mismo mes de 2015, experimentaron un descenso del 7%, informa La Vanguardia.

Joseph Stiglitz: 'El Gobierno de España está destruyendo el futuro del país'


Joseph Stiglitz, Nobel de Economía en 2000 y, junto a Paul Krugman, el mayor gurú de los economistas heterodoxos, considera que en el caso de España, 'el Gobierno español está destruyendo el futuro del país'. Para este experto, 'España tiene un potencial tremendo en el sector de la salud, debido a su sistema sanitario público, a su infraestructura turística y a su clima'. Stiglitz mantiene que es extremadamente difícil que nuestro país reinvente su economía: "Antes de la crisis, Zapatero y muchos Gobiernos regionales, en Valencia y en otros sitios, estaban intentándolo... Había programas para tratar de crear núcleos de innovación que yo visité, y que me impresionaron mucho, y de donde hemos sacado algunas de las ideas del libro. Pero la crisis llegó demasiado pronto".

Imelsa: Cientos de enchufados a dedo en la corte corrupta del PP valenciano

Algunos de los más estrechos colaboradores del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, no guardan un buen recuerdo del alto cargo. Por ejemplo, su testaferro José Estarlich, que figuraba en una de las mercantiles con la que Benavent (foto) distraía fondos de Imelsa. El 'hombre de paja' del exgerente acudió a declarar voluntariamente. Aseguró al juez y al fiscal que estaba «arrepentido» y que pretendía retomar su vida. El propio exgerente manifestó que aquello era un «pozo sin fondo» para «enchufados» con el objetivo de satisfacer el deseo de los políticos de turno. Él mismo, en sus siete años al frente de la empresa pública, contrató a entre 200 y 300 personas a dedo.

Estarlich fue reclutado por Benavent a través de su mujer, que trabajaba en Imelsa. Explicó que la crisis afectó a su empresa de construcción y se vio en un «mal panorama». Entonces, el máximo responsable de la empresa pública se mostró dispuesto a echarle una mano. Según Estarlich, alguien le comentó más tarde el papel que estaba jugando y no dudó en pedirle explicaciones a su, en teoría, socio. A Benavent aquello no le sentó bien, siempre según el relato de su testaferro. «Me dijo que iba a tirar a mi mujer y a mi hermano y que me iba a mandar a un psicólogo rumano». Tras estas amenazas, Estarlich admitió que empezó a tener algo de miedo y se apartó un poco de los tejemanejes de su jefe. Sus andanzas delictivas se terminaron en 2011, según informó al juez. El colaborador también reconoció al juez que se benefició del descontrol de Imelsa para cobrar durante tres meses una nómina sin acudir a trabajar. Esta irregularidad se produjo mientras se tramitaban los papeles para ser nombrado administrador de Berceo. Allí, únicamente por figurar, cobraba 1.500 euros todos los meses.

El juez investiga dos asuntos en esta pieza. Por un lado, una quincena de personas que cobraban una nómina de Imelsa pero no acudían a su puesto. Entre los casos más sorprendentes figura el de un exfutbolista del Olimpic de Xàtiva o el de dos empleados de Engloba, la agencia de comunicación de cabecera para el PP, que sufragaba Imelsa. Benavent explicó que era un favor a Vedri, dueño de la empresa, porque lo estaba pasando mal. La lista de beneficiados por estas tan singulares condiciones -cobrar sin trabajar- incluye a cargos o excargos de todos las sensibilidades políticas.

El otro segmento de las pesquisas abarca las sospechosas indemnizaciones que recibieron algunos empleados de Imelsa. Entre ellas destaca la de Honorio Estornell, un delegado de UGT en la empresa. En 2008 percibió 37.000 euros por un único día de trabajo, el 1 de enero. A continuación, ese mismo ejercicio cobró una indemnización de 72.000 euros cuando la cantidad legal que le correspondía era notablemente inferior. Honorio fue alcalde de Llutxent. Su hijo Rubén también trabajaba en la empresa pública. Una nota difundida ayer a través de su perfil de redes sociales anunciaba su dimisión como secretario general de UGT en Imelsa, aunque agradecía el apoyo del sindicato.

María Celeste Estarlich, exalcaldesa de Alginet se puso en contacto con esta redacción con el objetivo de recordar que ella trabajó desde 1996 a 1999 en la empresa pública, pero que la Guardia Civil no lo había tenido en cuenta a la hora de calcular su indemnización. Según consta en el informe, tan sólo contabilizaron su última etapa de junio a agosto de 2007 donde fue despedida tras dos meses. Cobró 13.000 euros. Benavent, que con sus declaraciones da lugar a esta pieza, explicó que siempre se pagaba la máxima indemnización como una forma de compensar el mal trago de despedir al personal. Existía una categoría de «otras causas de baja» que lo usaban para justificar un despido sin causa legal para ocultar los enchufados o evitar poner que la causa de la extinción de la relación laboral podía ser «el alcohol o las drogas».

El propio exgerente manifestó que aquello era un «pozo sin fondo» para «enchufados» con el objetivo de satisfacer el deseo de los políticos de turno. Él mismo, en sus siete años al frente de la empresa pública, contrató a entre 200 y 300 personas. Ninguno pasaba proceso de selección para evaluar los requisitos de mérito y capacidad. Allí todos entraban por orden de los políticos de turno. Benavent citó al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y a su círculo de confianza. Pero también afirmó que recibía presiones de Compromís y de EU. Desde esta última formación apuntó directamente a la diputada Rosa Pérez Garijo, precisamente la persona que denunció este caso de corrupción ante la fiscalía.

Esta pieza no incluye a los asesores de los diputados. Precisamente Garijo declaró como investigada ante los agentes de la Guardia Civil por su presunta participación en este tipo de contrataciones sospechosas. Hasta el propio Benavent reconoce que en la segunda legislatura se descontroló este tipo de relación al margen de la normativa. Benavent aseguró que como gerente de Imelsa -la Diputación ha decidido cambiar el nombre y sustituirla por Divalterra- no tenía constancia de que los asesores desempeñaran alguna ocupación.

El PPCV denuncia pintadas en casa de Rita Barberá como "actos vandálicos"


El corrupto Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha expresado este jueves su condena a "actos vandálicos" cometidos "recientemente" en el domicilio particular de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, sobre la que el Tribunal Supremo debe decidir si la investiga o no por un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el consistorio, dentro de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'. El PP -que no ha especificado qué tipo de actos vandálicos se han cometido en la vivienda de Barberá- ha apuntado que "siempre" ha condenado y condenará "cualquier tipo de acción violenta, sin menoscabo de la libertad de expresión".

La UGT denuncia l'endollisme a la Generalitat

La UGT de Catalunya s’ha adreçat a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, “per tal que pregui les mesures oportunes que garanteixin el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i publicitat en la creació i posterior adjudicació de llocs de treball públics (ja siguin de funcionaris, laborals o eventuals)”. En aquest sentit recorden que “aquest Departament és el responsable de vetllar per la transparència de les Administracions Públiques, la legalitat i la seguretat jurídica, per la qual cosa ens adrecem a la consellera per tal que ens aporti informació i documentació sobre la recent creació de dos llocs de treball d’alta direcció que han aixecat sospites en tant que podrien haver estat creats ‘a mida’” per a Pilar Pifarré i Francesca Guardiola (foto).

Els dos llocs de treball són el de coordinadora de recursos i serveis del Consorci de Normalització Lingüística (CNL), que ocuparà Pilar Pifarré (CDC), i el de directora de Relacions Institucionals d’Acció (Departament d’Empresa i Coneixement), que ocuparà Francesc Guardiola, germana de l’exentrenador del Barça, i que ja va ser endollada per CiU com a directora general de Relacions Exteriors.

La UGT denuncia que “en ambdós casos s’estan atribuint sous per sobre de la limitació establerta per Acord de Govern i fora de l’escala salarial d’aquesta Administració. El nostre sindicat exigeix a la consellera que, si és el cas, depuri responsabilitats”.

Un caso grave por enterovirus entre 40 detectados en menores de 6 años

El conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, ha confirmado hoy que nueve de la cuarentena de niños menores de 6 años afectados por enterovirus han requerido hospitalización en una UCI, y que uno de ellos está grave por tratarse del enterovirus tipo D68, que está asociado a riesgos neurológicos importantes. La puntualización de Comín llega después de que su departamento informara anoche en un comunicado de la aparición de diversos casos neurológicos agudos por enterovirus en niños menores de 6 años, lo que ha motivado un refuerzo de la vigilancia y los protocolos clínicos en el conjunto de la red asistencial.

En declaraciones a TV3, el titular de Salut ha explicado que los primeros casos se empezaron a detectar en febrero y que a finales de abril y principios de mayo se han identificado un número inusual de niños afectados, lo que ha llevado a crear una mesa de seguimiento que lidera el servicio de pediatría del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona. Según el 'conseller', la creación de este "ha sido como si el sistema sanitario activase un sistema de alarma". Comín, que ha pedido calma ante estos casos, ha puntualizado que el enterovirus D68, que provoca riesgo de encefalitis y que está asociado a complicaciones importantes de tipo neurológico, solo se ha identificado en uno de los niños afectados, y que los otros casos no lo son, aunque en total nueve menores han requerido ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos.

También ha admitido que se desconocen los motivos que han provocado este inusual número de casos, y ha pedido a los padres que detecten en sus hijos algún síntoma relacionado con virus que lleven al niño al pediatra y que se extremen las medidas de higiene, como lavarse las manos, porque se contagia por contacto y por vía respiratoria. Salut ya pidió ayer reforzar las medidas higiénicas habituales, como lavarse con agua y jabón, y consultar al pediatra en el caso de que el niño tenga somnolencia, decaimiento, temblores u otros síntomas neurológicos acompañados de fiebre. Los enterovirus son habituales en esta época del año, pero esta primavera "se han detectado episodios de mayor gravedad que han evolucionado clínicamente con alteraciones neurológicas", informa El Periódico.

Fernández Ordóñez cobró 348.751 euros de indemnización tras abandonar el Banco de España

El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el anterior gobernador del Banco de España y apóstol del abaratamiento del despido, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cobró una indemnización de 348.751 euros tras abandonar el organismo supervisor. Así consta en el 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal' de los años 2012 a 2014 publicado este martes. La cifra, que Fernández Ordóñez cobró entre 2012 (92.641 euros), 2013 (177.307 euros) y 2014 (78.803 euros), es mayor a lo esperado porque, teniendo en cuenta su último sueldo conocido (176.000 euros anuales), su indemnización durante dos años (80% del sueldo) habría sido en teoría de 280.000 euros.

El Tribunal de Cuentas revela que para calcular la compensación de Ordóñez, que tras cobrar esa compensación se jubiló para cobrar una pensión pública, se tuvieron en cuenta, “además de su sueldo, diversos complementos y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno [quince reuniones en el año anterior a su cese] y de su Comisión Ejecutiva [otras 55 reuniones en el año previo a su cese en junio de 2012]”.

El Tribunal de Cuentas, que considera “adecuado” este cálculo, sí critica la indemnización de 322.961 euros abonada a José Antonio Alepuz, secretario general del Banco de España desde 2002 hasta septiembre de 2011, cuando renunció voluntariamente para fichar por La Caixa. La cifra abonada a Alepuz, que incluye una compensación de 281.476 euros de indemnización en abril de 2012 a razón de 45 días por año trabajado, “contrasta con la indemnización que se satisfizo al gobernador del Banco de España, cesado posteriormente, pese a que sus restricciones para el ejercicio de otra actividad eran mucho mayores".

El informe también cuestiona que cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones "muy superiores" a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa. La reforma laboral del PP limitó las indemnizaciones a siete días por año de servicio con seis mensualidades máximas para los directivos públicos, eliminó las indemnizaciones cuando el alto cargo fuera empleado de una entidad pública con reserva de plaza y redujo a 15 días el plazo para comunicar el desestimiento.

Unas condiciones que no se aplicaron a cuatro directivos del ICO y uno de RED.es, que cesaron entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2012 (un día antes de la aprobación de la reforma laboral), y que percibieron las indemnizaciones máximas estipuladas en sus contratos: 45 días de salario bruto anual fijo por año trabajado e indemnización de tres meses de salario bruto anual fijo por preaviso incumplido. Esto supone que el director general adjunto a la Presidencia del ICO recibió 33.663 euros de indemnización, el director general de Negocios 62.967 euros, el director general comercial 49.207 euros y el director general de Riesgos y Control Financiero 46.780 euros. En total, 192.617 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, si los ceses se hubieran producido unos días más tarde, los dos primeros cargos no habrían tenido derecho a indemnización alguna por reintegrarse en sus puestos de trabajo en el mismo ICO y los otros dos habrían cobrado una cuantía "muy inferior". En el caso de RED.es, su director Económico-Financiero firmó la notificación y el finiquito el 10 de febrero de 2012, con una nota manuscrita señalando que le faltaba por percibir el importe de la retribución por objetivos de 2011, de 18.974 euros, que se liquidó en una nómina adicional en marzo. Además, cobró 102.412 euros por las indemnizaciones máximas por cese.

Según se detalla en el documento del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, entre 2012 y 2014 se produjeron 55 ceses en las entidades fiscalizadas con derecho a percibir prestaciones indemnizatorias o pensiones compensatorias, que finalmente cobraron únicamente 45 directivos, por un importe total de 4,43 millones de euros. En cuanto a las retribuciones abonadas a los altos cargos en dicho periodo sumó casi 38 millones de euros, destacando los 17,18 millones destinados al Instituto Cervantes, los 3,92 millones de la CNMV, los 3,28 millones del ICEX y los 3,14 millones de la CNE. No obstante, en los tres años analizados el número total de directivos en los organismos pasó de 151 a 126, informa eldiario.es.

'Hackean' el Twitter del sindicato de mossos con datos de 5.000 agentes

El hackeo de la cuenta de Twitter del Sindicato de mossos d'Esquadra -@smemossos- ha revelado datos de más de 5.000 agentes que están o han estado afiliados al sindicato, según ha explicado el director general del cuerpo policial, Albert Batlle. Según ha señalado la emisora, se han filtrado datos de 5.640 agentes, como sus nombres, direcciones, cuentas bancarias y teléfonos, que estaban en la base de datos del sindicato. Batlle ha asegurado que "se han activado todas las unidades de seguridad informática" del cuerpo desde primera hora del miércoles, y se ha habilitado un teléfono para atender a los agentes que quieran hacer consultas o reciban amenazas.

El directo de los mossos ha precisado que por el momento se desconoce quién ha realizado la acción, aunque se ha convocado una reunión de la prefectura del cuerpo para analizar el caso y tomar medidas. "Es un caso especialmente grave e intentaremos llegar hasta el final" para aclarar los hechos, ha alertado el director de los Mossos d'Esquadra. Los datos se han desvelado a través de un link en el que se anunciaba que, "de acuerdo con la ley de transparencia", se informaba de qué miembros forman el sindicato, aunque a primera hora de este miércoles había dejado de funcionar.