PP y Ciudadanos impiden investigar el crimen de Aznar en Irak

La implicación de España en la guerra de Irak decidida hace ahora trece años por el expresidente del Gobierno y líder del PP, José María Aznar, no será objeto de una investigación parlamentaria en el Congreso, como pretendía ERC. La Proposición no de Ley, defendida por Joan Tardà y debatida en la Comisión de Exteriores, ha sido rechazada por el PP y Ciudadanos. La Comisión ha votado tres veces consecutivas, con un resultado de empate a 18 votos a favor y 18 en contra y ninguna abstención, por lo que, según el reglamento, no puede ser aprobada. ERC había pedido una "Comisión de Evaluación" sobre el papel de España en la guerra de Irak similar a la que impulsó el Gobierno británico con el informe Chilcot. Los republicanos creen que Aznar debería "pedir perdón", como hizo Tony Blair en su país, por "las mentiras" que contó para justificar la invasión.

El PSOE la ha apoyado aportando una enmienda propia, que ha sido asumida por ERC y también por Unidos Podemos. Los dos representantes del Grupo Mixto se han dividido. Jordi Xuclá, del PDC, ha votado las tres veces sí y Carlos Salvador, de UPN, no, lo que ha provocado que no se diera un desempate. El PNV no ha asistido al debate ni ha votado, lo que hubiera decantado la balanza hacia un lado u otro.

En la proposición, ERC plantea "la necesidad de crear una Comisión de Evaluación" sobre la participación española en la guerra, tanto por la ocupación del país como por la posterior reconstrucción de Irak, como hizo el Gobierno británico en el informe Chilcot en relación a la participación de ese país en el conflicto. El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha recordado que aquí no se ha realizado ningún informe similar al británico, "que ha sido determinante" para conocer la verdad , mientras recordaba que ellos ya lo solicitaron tras el conflicto. "Pero el Gobierno del PSOE nunca lo hizo", ha lamentado, a pesar de haber sido el artífice de la retirada de las tropas de Irak. Tardà ha dicho que el paso del tiempo exige ahora "volver a la carga".

Los republicanos, en los argumentos de su PNL, van más allá y piden que Aznar dé también la cara en el Congreso como hizo Tony Blair y pida perdón "por las mentiras" que mantuvo para justificar que España entrara en el conflicto. "Las investigaciones apuntan a que los posibles indicios sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, con los que se intentó justificar la invasión, eran fruto de la manipulación y la mentira de la foto de las Azores, y especialmente de Aznar, que aparece en ellas como un verdadero entusiasta", señalan en su proposición.

La iniciativa pide que se investiguen todos los pormenores de la participación española en la guerra: los motivos que llevó a tomar esta decisión; los aspectos concretos del gasto militar y los efectivos movilizados, así como el destino de los fondos para programas de desarrollo y cooperación. Además, ERC quiere que se aclaren los compromisos contraídos por parte del Gobierno español y por las empresas que participaron en la reconstrucción del país.

El portavoz del PSOE, Ignacio Sánchez Amor, se ha sumado finalmente a la iniciativa pero ha defendido la enmienda de su grupo en la que se insta al Gobierno a realizar y enviar a la Cámara en el plazo de nueves meses un informe evaluativo de la participación de España en la guerra, tanto en el ámbito militar como en el comercial y de la cooperación española en Irak. Los socialistas piden que tal informe sea enviado a la Comisión de Exteriores para que los grupos parlamentarios tramiten "las iniciativas que consideren oportunas". La enmienda ha sido asumida por ERC después de matizarla.

Sánchez Amor, no obstante, ha reprochado a Tardá que "en algunos momento actúe como izquierda y en otros como nacionalistas", por lo que ha añadido que "la guerra fue una guerra ilegal pero un referéndum también es ilegal". "El formato [de la Comisión] no puede ser una revancha partidaria sino una fórmula que acepte todo el mundo con una comisión en la que no haya políticos", ha defendido el socialista.

PP y Ciudadanos, en contra

Ricardo Tarno, portavoz del PP, anunció nada más empezar su intervención su total rechazo a la propuesta y sostuvo que "lo que es ilegal es la PNL, que además comete errores garrafales de carácter juridico". Según ha dicho, la creación de comisiones de investigación "está reglada en el Congreso y por la ley" y la de los republicanos "es de imposible cumplimiento" y carece de "encaje legal". "No se puede cumplir: los asesores de Tardá le han asesorado mal", ha opinado. Tarno ha aprovechado para meter también el dedo en el ojo a los socialistas y decirles que "les encanta reescribir la historia". "La resolución fue legal y legítima", ha zanjado.

Miguel Gutiérrez, en nombre de Ciudadanos, ha lamentado que se sigan intentando "reabrir esos conflictos" y ha mantenido que su grupo considera "innecesaria" la creación de una subcomisión de investigación para determinar las eventuales responsabilidades políticas del Gobierno de Aznar "respecto a la legitimidad de intervenir o no en la guerra". A su entender, "toda eventual responsabilidad quedó dirimida en las elecciones del año 2004 a través del voto de los ciudadanos". El partido de Rivera también ha presentado una enmienda en la que explicaban que no se oponen a que el Gobierno realice un informe "acerca del retorno y la participación de las empresas españolas en la reconstrucción" de Irak, "dado el compromiso presupuestario alcanzado por España a través de fondos FAD". Pero no han estado dispuestos a que se aprobara la creación de la Comisión que investigue más allá de esos temas.

En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Miguel Ángel Bustamante, ha apoyado la propuesta recordando que "la guerra de Irak fue una guerra imperialista e ilegal", que solo tenía como objetivo "apropiarse del petróleo". Bustamante ha recordado las manifestaciones masivas que hubo contra la participación de España en el conflicto, cuyas consecuencias "fueron más de un millón de víctimas - entre ellas, siete militares y dos periodistas españoles- y miles de personas desplazadas".

Primeros hallazgos en la fosa común de Porreres

Solo han hecho falta unos cuantos minutos de para que apareciesen los primeros restos humanos en la fosa común del cementerio de Porreres. Han aparecido un cráneo y una mandíbula, entre otros huesos. Los trabajos de exhumación que se han iniciado hoy, dirigidos por el doctor Francisco Etxeberria, se prevé que duren aproximadamente un mes. Cerca de un centenar de personas trabajan en la fosa, entre profesionales y voluntarios. Además la organización ha anunciado que los trabajos de exhumación estarán abiertos al público, que podrá ver cómo se llevan a cabo. Pocos minutos después de iniciarse los trabajos de exhumación, han aparecido un cráneo, una mandíbula y otros restos humanos. Se calcula que hay entre 100 y 120 cadáveres de personas asesinadas durante el golpe fascista contra la República.

La de Porreres es la fosa exhumada de Baleares con más cadáveres de personas asesinadas en aquella época. La consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, y la alcaldesa de Porreres, Francisca Mora, han acompañado esta tarde al especialista en exhumaciones de la Guerra Civil Francisco Etxeberria en el inicio de la exhumación.

El Consell de Govern aprobó en septiembre una partida de 95.000 euros en favor de la Asociación Memoria de Mallorca con el fin de llevar a cabo esta exhumación. Al acto en el cementerio de Porreres también ha asistido Maria Antònia Oliver, portavoz de la comisión técnica de desaparecidos y fosas, el órgano competente en materia de recuperación de memoria histórica y democrática, y a la vez presidenta de la asociación Memoria de Mallorca.

También ha estado presente el historiador Tomeu Garí, autor del estudio histórico de la fosa de Porreres, incluido en el Mapa de Fosas del Govern de les Illes Balears. En el pasado mes de mayo, todos los partidos de Baleares llegaron a un acuerdo "histórico", según calificaron, al aprobar una ley para recuperar la "dignidad" de las personas asesinadas durante la Guerra Civil española y el franquismo en el archipiélago que fueron enterradas en fosas.

El Parlament balear, con el apoyo de las formaciones de izquierda y de derecha, aprobó por asentimiento la Ley para la Recuperación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo. La ley, una iniciativa de la izquierda balear (PSIB, MÉS, Podemos y Gent per Formentera), establece que el Govern se encargará de la localización e identificación de las 2.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista en Mallorca, Ibiza y Formentera, y "si es posible de la recuperación e identificación de sus restos", informa Diario de Mallorca.

La luz ha subido un 24% en los últimos seis meses, según Facua

El recibo de la luz ha subido el 24,6% en los últimos seis meses y cuesta 14,75 euros más para un usuario medio, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción. Estas subidas se producen con respecto a los niveles de abril, cuando el recibo se encontraba en un precio medio de 60,03 euros y venía de encadenar varios meses a la baja. En un comunicado, Facua pide diálogo al Gobierno para rediseñar la "fallida política energética", que solo beneficio a su juicio a "las grandes eléctricas". Además, exige el cumplimiento de la normativa europea para proteger a los usuarios vulnerables.

El incremento de los últimos seis meses se produce después que en octubre el recibo experimentara una subida del 8,4%, la segunda mayor en lo que va de año. La factura media mensual es de 74,78 euros, con impuestos indirectos incluidos. La subida de octubre se suma a las del 1,5% de septiembre, el 0,9% de agosto, el 1,6% de julio, el 9,6% de junio y el 0,8% de mayo, y se produce después de un comienzo de año en el que se registraron sucesivas disminuciones en el recibo gracias al mayor peso que tuvieron las renovables.

El recibo está ya muy cerca de los 76,81 euros que alcanzó el pasado diciembre. Facua advierte además de que las bajadas que se produjeron en los cuatro primeros meses del año no compensaron "la gran subida" que se produjo durante la legislatura 2012-2015, que fue del 16,2%, informa El Economista.

Avalancha de herencias en Madrid por el fin del chollo fiscal

El nuevo Gobierno no sólo va a modificar la tributación de las sicav, para lo que sus propietarios llevan meses preparándose, sino muy probablemente también la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Existe un convencimiento general de que se va a fijar un mínimo estatal para homogeneizar el tributo en las diferentes autonomías, del que la más perjudicada será Madrid, que ofrece actualmente una exención del 99%. Ante esta posibilidad, en los últimos meses se ha producido una avalancha de donaciones en vida en la comunidad que preside Cristina Cifuentes.

El cambio que cuenta con más probabilidades consistiría en fijar un suelo para el tipo de este impuesto que iguale por abajo los que se aplican actualmente en las diferentes comunidades, que podría situarse entre el 5% y el 11%. Esto supondría una rebaja en la mayoría de los casos, salvo en Madrid, donde cualquier tributación implicaría una subida. A cambio se establecería un mínimo exento elevado -se habla de un millón de euros- que deje fuera a la mayoría de las herencias, de modo que este impuesto afecte exclusivamente a los altos patrimonios.

Y estos se han puesto en guardia ante esta eventualidad. La reacción más habitual ha sido adelantar la herencia mediante una donación en vida que aproveche la exención todavía vigente y que deje solucionado el asunto para que los herederos no tengan que pagar nada cuando fallezca el actual propietario de los bienes. "Las notarías en Madrid no dan abasto con la cantidad de donaciones que se están tramitando", asegura Miguel Ángel Albadalejo, socio de fiscalidad de la consultora RSM.

Hay que recordar que Ciudadanos intentó eliminar la exención en la comunidad madrileña en 2015, ya que la formación naranja tiene como uno de sus principios la igualdad de todas las autonomías, como consecuencia de su origen como oposición al independentismo en Cataluña. Esto se traslada al ámbito fiscal en que todos los contribuyentes paguen lo mismo a las arcas públicas independientemente de su lugar de residencia, aunque en este caso perjudique a Madrid. El Ejecutivo de Cifuentes (en Madrid, el PP gobierna gracias al apoyo del partido de Albert Rivera) lo impidió.

Pero Ciudadanos perseveró e incluyó en el punto quinto de sus exigencias para apoyar la investidura de Mariano Rajoy la armonización de la fiscalidad de las distintas comunidades autónomas, incluyendo Sucesiones y Donaciones, aparte del brindis al sol de la revisión de la amnistía fiscal. Por tanto, si el PP quiere mantener el apoyo actual de Rivera durante la legislatura, no tendrá más remedio que pasar por el aro.

Cuestión distinta es cuándo se aplicará este cambio. A priori, parece que no debería ser la mayor prioridad del nuevo Ejecutivo después de 10 meses sin poder aprobar leyes y más cuando la recaudación de este tributo es muy pequeña. Pero en el mundillo fiscal la percepción es muy distinta: al tratarse de medidas con un gran componente demagógico -"subir impuestos a los ricos"- y de imagen, es muy probable que los cambios fiscales se adopten de inmediato. Además, Ciudadanos tiene que ganar votos a la izquierda del PP para no ser fagocitado por él, y quiere aprovechar la crisis del PSOE para ello. El cambio de las sicav se da por descontado, y probablemente el de Sucesiones no tarde demasiado en seguirle.

Si esto se confirma, ¿de qué fecha estamos hablando? En ese punto aparecen dificultades que pueden dar un cierto margen a los interesados para aprovechar la bonificación actual. Imponer estos mínimos en Sucesiones requiere modificar una Ley Orgánica, para lo que se necesitan dos tercios del Congreso. Algo que parece complicado en la situación actual, salvo que los grupos de oposición voten a favor y lo presenten como una iniciativa de izquierdas para acabar con el 'chollo' de la derecha en Madrid. Otra alternativa es crear un nuevo impuesto estatal que ceda la recaudación a las autonomías y que sustituya al actual.

En cualquiera de los dos casos, los expertos consideran que no podrá entrar en vigor la supresión de la exención madrileña hasta enero como muy pronto. Lo cual tampoco es demasiado tiempo, por lo que aquellos que quieran beneficiarse de la situación actual deben darse prisa, informa El Confidencial.

La lluna plena de novembre serà la més grossa des del 1948

El terme 'superlluna' s'ha fet bastant popular en els últims anys en els mitjans de comunicació, és la forma com se solen definir darrerament les llunes plenes que coincideixen amb el perigeu, el punt de màxima proximitat entre la Terra i el seu satèl·lit. La lluna plena de novembre serà la superlluna més grossa d'aquest any, i no només això, sinó que serà, a més a més, la més grossa des del 1948. El motiu és que el perigeu del 14 de novembre farà que la distància entre el centre de la lluna i el centre de la Terra sigui de 'només' 365.500 km, la més curta des del gener del 1948. La lluna no se'ns tornarà a acostar tant fins a l'any 2034.

Val a dir que a ull nu no serà possible apreciar la diferència entre aquesta superlluna i les dels darrers anys, i més encara si tenim en compte que la coincidència es produirà cap al migdia, hora nostra, però s'estima que totes les llunes plenes que coincideixen amb el perigeu les veiem un 14% més grans i un 30% més brillants que quan passen en l'apogeu. El vespre del dia 14 serà el moment en què aquí veurem més grossa la superlluna de novembre.

Curiosament, la lluna era ahir en el seu punt més llunyà de l'any, el 31 d'octubre va arribar a estar a 406.600 km de la Terra, cosa que vol dir que el nostre satèl·lit s'acostarà més de 50.000 km en 15 dies, i això són més de 3.300 km per dia, uns 140 km per hora. Evidentment, aquest acostament no serà en línia recta, sinó orbitant al nostre voltant, però és una dada prou curiosa. La distància entre la lluna i la Terra s'escurça i s'allarga periòdicament a causa del fet que l' òrbita amb què el satèl·lit gira al nostre voltant no és circular, sinó el·líptica. La lluna plena de novembre formarà part del trio de superllunes d'aquest tram final de l'any; la d' octubre també va ser més grossa del normal, com també ho serà la de desembre.

Tant aquest dimecres com dijous també valdrà la pena estar atents al cel durant la tarda, just quan es faci fosc. Mirant cap a l'oest hi podreu veure una lluna creixent encara molt fina molt ben acompanyada per Venus i Saturn. Dels dos, Venus serà el més brillant i fàcil de veure, i entre Venus i la lluna, just al mig, aquest dimecres hi podreu trobar Saturn, els tres gairebé en línia recta. I dijous formaran més aviat un triangle. Cal fixar-s'hi aviat, perquè poc després de les 19.00 h desapareixeran per l'horitzó, informa l'ARA.

Tensión en el Bosc d'en Vilaró, urbanización ilegal en la sierra de Marina

Como las otras 250 familias que viven en las casas vecinas levantadas sin licencias ni permisos en el corazón de la sierra de la Marina, María está angustiada y enfadada. El pleno del Ayuntamiento de Montcada i Reixac -término municipal al que pertenece el 85% de esta urbanización, situada en la frontera con Badalona y con unas espectaculares vistas sobre Barcelona- aprobó el pasado mes de julio las bases de un plan que prevé la extinción en diferido del barrio, que la ley actual juzga ilegalizable al estar levantado en suelo forestal. La hoja de ruta para "resolver" el problema pasa por que los propietarios cedan al ayuntamiento los terrenos ya, para que el consistorio pueda actuar legalmente en esta zona boscosa. Cesión que conlleva el compromiso de que deberán abandonar sus casas en 30 o 40 años -el plazo aún no está cerrado y es negociable-, para que el ayuntamiento cumpla con la legalidad vigente y las derribe.

El objetivo del ayuntamiento con este plan es crear una legalidad transitoria para poder hacer cosas tan básicas y necesarias como un plan de seguridad antiincendios. "La ley dice que es bosque, pero la realidad dice que es barrio. Es doloroso, pero adaptar la realidad a la ley implica tirar 204 casas", asegura Jordi Sánchez, concejal de Urbanismo de la localidad.

"Hartica" de trabajar, de limpiar, María Sierra subía al terreno "a seguir trabajando". A construir su casa. O a ayudar. "No me sentaba en el sofá". Corrían los años 70. "Hay que tener muy mal corazón para quitarle las casas a obreros. A currantes que todo lo que tienen lo han conseguido con su sacrificio. Mi casa es mía y la quiero para mis hijos", explica emocionada pero firme esta vecina de El Bosc d'en Vilaró, de 82 años mientras levanta su bastón, arropada por sus vecinos, en idéntica situación.

Begoña Navajo, presidenta de la asociación de vecinos, señala que todos los suelos están escriturados. "En algunas escrituras los terrenos tenían permisos para levantar un almacén de 50 metros para guardar las herramientas de los huertos", explica la portavoz vecinal, criada en el barrio, donde casi todos se conocen. Así empezó a levantarse la urbanización. Primero, con huertos. Después, casitas para el fin de semana. Con los años la gente se ha venido a vivir aquí. Muchos, al jubilarse. Otros muchos, por la crisis. "Los hijos no podían pagar los pisos en Santa Coloma o Badalona, de donde somos la mayoría, y se venían aquí", explica la portavoz vecinal, que se pregunta si la administración ha calculado el coste de derribar sus casas.

"Es doloroso, pero adaptar la realidad a la ley implica tirar 204 viviendas", sostiene el concejal de Urbanismo
"No teníamos permisos por escrito, pero la gente levantó sus casas con la promesa de que se legalizarían", explica Carmen Corpas. De hecho, el 'barrio', pese a su situación de delito urbanístico y ambiental, tiene calles, con sus nombres. Y un parque con el nombre del antiguo alcalde, quien llevó el agua y la luz hasta la montaña. "Nos animaron a construir las casas. Nos decían: 'No hagáis chabolas, haced casas", prosigue Corpas, quien insiste en que pagar, sí pagan todos los impuestos. "Estamos empadronados aquí y pagamos los impuestos municipales como cualquier otro barrio de Montcada. Para eso sí nos reconocen", subrayan los vecinos en pie de guerra, que se sienten "abandonados" por el consistorio. "Lo que pedimos es que nos lleven a Barcelona, a hablar con la Generalitat para que hagan una excepción a la ley y legalicen nuestra situación. Salvar el barrio es cuestión de voluntad política", apuntan. Por eso los afectados han iniciado una recogida de firmas con el fin de conseguir ese objetivo.

El concejal de Urbanismo de Montcada asegura que el ayuntamiento es consciente de las repercusiones "económicas, legales y sociales" que el plan comportará para los afectados, pero insiste en que durante demasiado tiempo se ha mirado para otro lado o incluso mentido a los vecinos. "Nosotros tenemos sobre la mesa la obligación de tirar esas casas y lo que buscamos es que se haga de la manera menos traumática posible", concluye Sánchez. La difícil situación en la que se encuentra El Bosc d'en Vilaró ha provocado momentos de tensión en varios plenos municipales. Los afectados no entienden que sus gobernantes puedan cambiar el planeamiento urbanístico para construir la perrera municipal de Barcelona en sus terrenos, pero no para salvar sus casas. Han mostrado su rechazo con protestas en todos los actos públicos organizados por el consistorio desde que anunció su decisión, y la alcaldesa de la ciudad, Laura Campos (ICV), ha llegado a denunciar amenazas.

Legalización "imposible"

El Bosc d’en Vilaró es una urbanización con 206 viviendas, que se empezó a construir en la década de los 60 y que dispone de 44,5 hectáreas: un 87%, de Moncada y Reixac y el 13% restante pertenece a Badalona. Al encontrarse en zona forestal y no poderse legalizar, el consistorio tampoco puede conceder permisos de obras ni hacer intervenciones como el arreglo de calles, sistema de recogida de aguas o accesos y seguridad para la prevención de incendios. El plan que ahora se quiere impulsar fue elaborado por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El ayuntamiento argumenta, además, que el sector ha entrado en un proceso de degradación que pone en peligro la seguridad de los vecinos. Además, hay expedientes abiertos porque hay viviendas que amenazan ruina.

Les llars amb tots aturats han crescut a Catalunya un 231%

Comparar les dades relatives a ocupació a Catalunya entre el tercer trimestre del 2008, any en què es considera que es va iniciar la estafa neoliberal i les del mateix trimestre del 2016 mostren el mal que han fet els governs feixistes de la UE i Espanya. Així el nombre de les llars en les quals tots els actius estaven aturats fa vuit anys s’ha incrementat un 231% comparat amb la xifra d'enguany, en nombres absoluts ara hi ha 97.600 llars més amb totes les persones en edat de treball sense feina. Les llars en les quals tots els ocupats tenen contractes temporals han passat també de 224.000 a 257.200 en vuit anys.

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al tercer trimestre del 2016 han donat a Catalunya unes xifres que es podrien considerar positives: descens de la desocupació en 53.000 persones, cosa que ha situat la taxa d’atur en el 14,61%, amb un total de 552.500 persones aturades al Principat. Les xifres es poden llegir amb coneixement de causa si es poden comparar. Atès que des de fa temps es parla de recuperació, una bona mesura seria contrastar-les amb les que hi havia just abans de la crisi, el tercer trimestre del 2008, un càlcul que ha fet la UGT de Catalunya en la seva anàlisi de les dades de l’EPA.

La primera i més cridanera és el nombre de persones aturades. Fa vuit anys eren 346.100, és a dir, hi havia 206.400 persones menys en atur. Dit en percentatge l’atur ha crescut un 37% en relació amb la població activa de cada moment. Perquè també la població activa, és a dir les persones que afirmen que busquen feina i que estan en la franja de 16 a 64 anys ha caigut. Fa vuit anys eren 3.933.000 persones i ara són 3.776.000 persones, és a dir hi ha 157.000 persones que han deixat de buscar feina, diuen els experts per l’efecte desànim. Fa vuit anys l’atur de llarga durada afectava Catalunya a 52.200 persones, ara hi ha 311.000 persones que fa més d’un any que busquen feina, és a dir, hi ha 259.000 aturats de llarga durada més que el 2008.

Si es miren els aturats sense prestació, es veu també la diferència abismal: El 2008 eren 239.000, mentre que el tercer trimestre del 2016 la xifra és de 405.500, gairebé el doble. Les llars on no hi ha cap persona amb ingressos han pujat, tot i que amb un percentatge menor. Fa vuit anys eren 82.200 i ara se situen en 102.600, amb un augment de 20.400 casos. Les llars amb tots els actius desocupats han passat en vuit anys de 74.100 a 171.700, amb un increment de 97.600 casos. Finalment les llars en les quals tots els ocupats tenen contractes temporals han passat també de 224.000 a 257.200 en vuit anys.

A l’anàlisi no es destaquen diferències qualitatives, com podrien ser els salaris que es perceben per una mateixa feina. Si fa uns anys era un escàndol ser ‘mileurista’, és a dir, tenir un salari de mil euros al mes, avui es pot considerar que arribar a aquesta xifra és gaudir d’una situació de privilegi en el degradat mercat laboral català, informa Diari del Treball.

Col·lapse d'urgències a la Vall d'Hebron: 101 pacients en espera

Aquest dilluns 31 d'octubre el nombre de persones que ocupaven llits al servei d'Urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha superat el centenar. Un col·lectiu que defensa la salut pública subministra diàriament la quantitat de pacients que hi ha en aquest servei i detalla els dies que fa que hi són. Aquesta informació martelleja el conseller de Salut, Toni Comín, i els responsables de les Urgències de la Vall d'Hebron. En totes les informacions quotidianes, però, mai no s'havia arribat a la xifra del centenar de pacients ingressats en aquesta àrea.

El passat dilluns hi havia 101 pacients pendents d'ingrés. Els que feia més temps que esperaven ser atesos hi havien arribat el dijous dia 27. Quan el conseller Comín va assumir la direcció del seu departament va dir que les llistes d'espera als hospitals només es podrien acabar si Catalunya assolia la independència. Les llistes d'espera a les Urgències no només no es redueixen sinó que, en el cas de la Vall d'Hebron, com a mínim, s'han batut els rècords de retards que s'havien produït en l'etapa del seu antecessor, Boi Ruiz, informa El Triangle.

CiU compró para uso escolar los ordenadores portátiles del 9-N

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que envió a juicio al ex president Artur Mas y a las ex conselleres Irene Rigau y Joana Ortega permite entender algunos detalles de cómo se organizó la votación del 9–N, más allá de la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional –que los políticos siempre han negado. Por ejemplo, que los 7.000 ordenadores portátiles que la Generalitat distribuyó en febrero de 2015 entre los colegios públicos de Catalunya ya se habían usado. En concreto, los estrenaron los voluntarios que participaron en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. El gasto en los portátiles que se repartieron entre centros educativos después del 9-N ascendió a 2,8 millones de euros.

La superestafa del 'pequeño Nicolás' en nombre de 'Saez de Santamaria'

Nicolás intentó crear una guerra entre dos gigantes de la alimentación y cobrar en nombre de la vicepresidenta del Gobierno por solucionarla. El falso dossier que entregó a Mercadona, con membrete fotocopiado del Gobierno y el nombre de Soraya Sáenz de Santamaría mal escrito, representa el esperpento que alcanzó su red de estafas, que la Policía considera ya obra del líder de una organización criminal. En este documento, custodiado por el joven suplantador en su domicilio, advertía a la empresa española de la existencia de una «operación Caída», urdida en secreto por Carrefour, y que consistía en difundir que muchos de sus productos son tóxicos o directamente cancerígenos. Aseguraba su informe que el Ejecutivo tenía constancia del ataque gracias al sistema de escuchas telefónicas Sitel del Ministerio del Interior y a un topo en el consejo de Carrefour -el agente secreto «4F»-, y se comprometía a desplegar una gran operación policial contra la multinacional francesa cuando provocara mayor «atención».

El falso informe de inteligencia, al que ha tenido acceso El Mundo, se trata de una rudimentaria fotocomposición en la que incluye, además del anagrama del Gobierno de España y del Ministerio de la Presidencia, el nombre de «Soraya Saez de Santamaria» -sic-, con su apellido mal escrito. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como El pequeño Nicolás, detenido por estafa en octubre de 2014, se dirigió a la empresa Mercadona en nombre de la vicepresidenta del Gobierno para comunicarle la existencia de un ataque por parte de su rival Carrefour para provocar una caída en sus ventas por la vía de difundir que buena parte de sus productos son tóxicos o directamente cancerígenos. A cambio, pretendió, sin éxito, conseguir una cantidad de dinero por sus servicios.

El chapucero dossier, encabezado por el nombre de la mano derecha de Mariano Rajoy escrito con faltas de ortografía y repleto de frases mal construidas y un sinfín de incorrecciones sintácticas, alertaba a la empresa de la familia Roig de que el «presidente de Carrefour» había sido «interceptado» preparando una «acción» contra la compañía española. Y que su objetivo pasaba por «desestabilizar la marca España poniendo como antecedentes que los productos son baratos en consecuencia de la mala calidad, creando una inseguridad en el consumidor [sic]».

Precisa el documento confeccionado por El pequeño Nicolás, que fue incautado por la Policía en el registro de su domicilio madrileño, que «el ataque que se está organizando es directamente de Carrefour France» y que el Ejecutivo español ha podido «localizarlo» gracias al «agente 4F» que, prosigue el falso informe, «es la persona de contacto en el consejo de administración de Carrefour» del Gobierno español. En esta misma línea, avanza el dossier que dicho agente encubierto había tenido conocimiento por razón de su cargo de un estudio interno de la compañía francesa en el que se analizaba su «subida de ventas» gracias a la «bajada de compra de los productos» de su competencia española.

La imaginación de este joven llegaba al extremo de sostener a renglón seguido que la intención de Carrefour pasaba por «infiltrar a personal español para, desde dentro, crear alarma social con productos intoxicados o recintos desprotegidos en los que, a través de la manipulación, consigan el objetivo principal [sic]».Pero todavía más. Según el documento confiscado al pequeño Nicolás, otra de las fuentes de información del Gobierno español habría sido el sistema de escuchas telefónicas denominado «Sitel», empleado habitualmente por el Ministerio del Interior. En su fabulación indica que, gracias a este mecanismo, «se ha corroborado la puesta en contacto» de la empresa francesa con «enemigos directos» de Mercadona desarrollando lo que el imputado por estafa llega a bautizar como «Plan Caída ME2».Esta operación tendría como objetivo, entre otros, «sacar a la luz» que Mercadona «no tiene publicidad, sino que paga a medios de comunicación para silenciar», así como la existencia de una supuesta «relación del PP con Mercadona».

El pequeño Nicolás pone en conexión esta operación con el hecho de que «hace poco corría la noticia de que cremas vendidas en Mercadona eran retiradas por ser cancerígenas». Se trataba, precisaba el falaz informe, de «Deliplus nutritiva corporal con aceite de oliva, Deliplus crema de manos nutritiva, Deliplus hidratante corporal con aloe vera, Deliplus hidratante corporal con efecto luminosidad, Deliplus hidratante corporal reafirmante o Deliplus hidratante antisequedad para pies».Pero también asociaba el imputado por estafa el ataque de Carrefour a la difusión de la supuesta comercialización por parte de Mercadona de «pienso tóxico para mascotas» que provocaba «problemas graves de descalcificación» y «comida húmeda para perros, que tuvo que ser retirada de las estanterías por los problemas de riñón que producía en las mascotas».

Un producto, este último, que habría provocado «casos muy fuertes por las zonas levantinas [sic]». También enclavaba en los ataques de la multinacional francesa la difusión de que los «potitos Hacendado» habían sido «retirados por Sanidad» o que Mercadona distribuye «el peor pescado». En este último supuesto se basaba el informe ficticio de El pequeño Nicolás en un estudio de «Greenpeace» en el que se habrían examinado «varios supermercados de España» para «calificar la calidad del pescado», resultando Mercadona puntuada con «3 puntos de 252 puntos posibles».

Entre la relación de irregularidades que vertebraba el imaginario ataque, el dossier enumera también que Mercadona se caracteriza por llevar a cabo «despidos por embarazos» y de «inmigrantes»; tener en contra «la huelga más larga en los últimos años en España»; recibir «más denuncias por irregularidades» que su competencia; albergar la «marca blanca más cara de España», y disponer de un «nombre» que constituye, siempre según El pequeño Nicolás disfrazado de agente gubernamental, de «una discriminación a la mujer, ya que Mercadona significa en valenciano 'Mercado de la mujer'».

Una vez expuesta la operación contra la compañía española, Nicolás ofrecía la solución que tenía prevista el Gobierno en defensa de la compañía: «Localizar de una manera completa y eficaz a todas las personas que vayan en contra» de Mercadona «para poder hacer frente a su acción».Para ello «se tiene pensado», añadía, desarrollar una operación «en fecha en la que sea centro de atención. Antes del 2015».Pese a la escasa sofisticación del presunto estafador, la Policía lo considera el responsable de una organización criminal en la que existía una «pluralidad de personas»; una «acción concertada»; un «carácter estable», y una «jerarquía» en la que sitúa a Francisco Nicolás como jefe supremo.Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

La Policía ha descubierto, tras analizar el teléfono móvil de Francisco Nicolás, que albergaba un chat de Whatsapp que bautizó con el nombre de «Departamento de Seguridad Nacional» para simular su pertenencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su vinculación con la Vicepresidencia del Gobierno. Asimismo, se ha detectado que empleaba «aplicaciones de mensajería encriptadas» así como un «lenguaje especial para denominar cosas». Es el caso, subrayan los investigadores, de términos como «lechuguitas», «lechugas moradas» o «rábanos morados» para hablar del dinero y del color de los billetes, informa El Mundo.

El CNI, entre Cuenca, Soraya y Cospedal

Soraya Sáenz de Santamaría controla los servicios de Inteligencia, el CNI, desde que Mariano Rajoy le colocó hace cinco años en la vicepresidencia del Gobierno. Santamaría mantiene unas relaciones muy estrechas, cordiales y fluidas con otro importante Sáenz, el general devenido en jefe del aparato de Inteligencia de la nación. Imposible llevarse mal con Sáenz Roldán, un general de larga trayectoria profesional, fogueado en todos los frentes y con una formación técnica y profesional superlativa. Sáenz Roldán, pese a que frecuenta círculos periodísticos y se deja ver con frecuencia en reuniones sociales o culturales, nunca ha dado que hablar. Ni un traspié, ni un patinazo. El pequeño temblor producido por el escandalete del 'pequeño Nicolás' se redujo finalmente a un ruidoso culebrón de perfil mediático. Cuando se conozca, en verdad, qué hilos movió la vicepresidenta en ese asunto, todo habrá quedado en el rincón más polvoriento de la memoria. Dos de los tres directores que han regido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son de Cuenca.

El Banco de España advirtió a Banco de Valencia de que no se creía sus cuentas

Las cuentas que el Banco de Valencia ofrecía a sus accionistas desde 2008 no reflejaban una imagen fiel de la situación de la entidad y el Banco de España se lo advirtió hasta siete veces en dos años a sus responsables. Esto es lo que muestran los sucesivos informes, requerimientos y cartas que se cruzaron ambas entidades y de las que no fueron informados los accionistas. De hecho, la entidad presentó las cuentas del primer semestre de 2011 con unos beneficios de 16,7 millones de euros y unas expectativas optimistas, cuando no había cumplido sus compromisos con el regulador para ampliar capital con el objetivo de volver a los ratios de solvencia mínimos ni hacer las provisiones adicionales necesarias. Sólo cuatro meses después, el Frob estimó sus pérdidas en 562 millones, hasta elevarlas al fin del ejercicio hasta los 922 millones.

El Banco de España descarta que se pasara a ese resultado negativo en sólo seis meses y pone sobre la mesa las constantes advertencias y notificaciones que remitió al consejo desde enero de 2009. Por estos motivos, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar a nueve inspectores del Banco de España y dos agentes de la Intervención General del Estado para esclarecer si los miembros del consejo del Banco de Valencia (o parte de ellos) y el auditor Miguel Monferrer son culpables de falsear las cuentas de la entidad de los ejercicios 2009 y 2010, como denuncian más de una decena de querellas de accionistas.

Desde fuera del consejo y viendo sus comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la crisis había empezado, pero la entidad que presidía José Luis Olivas no reflejaba ante sus accionistas los efectos que en ella estaba causando. Es más: presentaba beneficios. Ni las tensiones de los mercados financieros ni la sobreexposición inmobiliaria parecía capaces de pasar factura. La menos sobre el papel.

Esto fue lo que generó que la entidad supervisora aplicara desde 2008 una vigilancia continuada sobre el banco valenciano que se concretó en cinco informes, un compromiso del consejo de administración de que tomaría medidas, la posterior carta del Banco de España recordando al consejo sus incumplimientos y dos requerimientos urgentes ente el inminente desplome de la entidad.

Todo empezó el 29 de enero de 2009, cuando un informe del Banco de España que se limitaba a analizar los grandes créditos, la exposición al crédito promotor y constructor y la gestión de riesgos dio la voz de alarma. En concreto, se advertía que sólo se marcaban como dudosos los créditos de las empresas que se encontraban ya en concurso de acreedores, evitando hacer provisión ante el riesgo de estallido de la burbuja del ladrillo, que ya entonces se apreciaba como un riesgo plausible. Esta situación ya hacía que la entidad estuviera infligiendo la normativa del Banco de España y ponía en entredicho sus balances.

Aquel primer informe había analizado las cuentas de 2008, pero la situación se vio que no había mejorado cuando la inspección volvió al banco valenciano un año más tarde para analizar las cuentas del último ejercicio terminado, 2009. Concretamente, el informe ya empieza a cifrar el desvío del papel a la realidad. El deterioro acumulado no contabilizado se fijaba en 48,9 millones de euros sólo por la actividad inmobiliaria y echaba por tierra tanto la morosidad declarada como la tasa de cobertura.

La primera no era del 4%, como decían las cuentas de 2009, sino del 11%; y lejos de disponer de una cobertura del 82%, esta se habría situado en un raquítico 29%. El inspector es especialmente duro: «La entidad carece de un plan estratégico desde 2008, gestionando sobre la marcha, sin que se haya realizado un análisis en profundidad de la situación actual, ni afrontado la búsqueda de soluciones. Más bien parece que la entidad ha estado preocupada únicamente por evitar la contabilización de activos dudosos y su correspondiente dotación. Ante esta situación, es necesario que la entidad aborde, sin dilación, medidas correctoras, ya que de continuar como hasta ahora se podría estar poniendo en riesgo su propia viabilidad futura».

La crisis iba cogiendo cada vez mayor envergadura y las costuras del sistema financiero se empezaban a abrir, cuando el equipo del Banco de España hizo su visita de inspección a principios de enero 2011 para elaborar su informe sobre 2010 y la revisión del de 2009. Una vez más, se vuelve a subir la tasa de morosidad (del 5,96% que dice la entidad, al 7,9%) y se corrige la cobertura, no sin advertir las dificultades que están encontrando los inspectores para hacer su trabajo por culpa de información incompleta o mal ordenada en las bases de datos del banco.

La tensión es ya máxima entre el Banco de España y la entidad, por lo que el consejo de administración acordó en su reunión del 28 de enero de 2011 comprometerse a un aumento de capital en lo que hiciera falta para aumentar los ratios de solvencia por encima de los mínimos legales, ya que no lo estaban ya en ese momento. También asume la necesidad de hacer provisiones adicionales por un importe de 200 millones de euros. El problema es que diez meses más tarde no lo habrá hecho, como le recriminará por carta el Banco de España al presidente Olivas (entonces ya también vicepresidente de Bankia).

La inspección de las cuentas de 2009 seguía abierta en julio de 2011 y desde la inspección se dio un golpe en la mesa y se advirtio que el déficit del fondos de insolvencia y los deterioros de crédito, inversión, préstamos, adjudicados y estimaciones del resto de la cartera era de 819 millones de euros, realizando ajustes por importe de 600 millones.

A todas luces la situación de la liquidez es crítica y se concluye que urge la elaboración de un plan de viabilidad que contenga un plan de capitalización. Y eso que las anomalías de las bases de datos de la entidad vuelven a indignar al inspector, que también advirtió que se estaban manteniendo la acción del banco en un valor artificial que costaba 28 millones de euros. También se indicó al consejo que a la entidad le faltaba rigor y sólo señalaba como dudosos los créditos que el Banco de España descubría como tales, mientras que el consejero delegado, Domingo Parra, fue advertido de que los riesgos frente a empresas no consolidadas del grupo estaban en un 41%, muy lejos del 25% permitido.

Sin embargo, la entidad presentó unos resultados del primer semestre de 2011 con beneficios y entre mucho optimismo... a sólo tres meses y tres semanas de tener que pedir la intervención del Frob, informa Las Provincias.

Emarsa: nueva apertura de juicio incluyendo a Jorge Roca

La juez que instruye el caso Emarsa ha ampliado el auto de apertura de juicio oral que redactó en noviembre de 2014 para incluir en su acusación al empresario Jorge Ignacio Roca Samper, huido de la justicia durante años pero finalmente detenido y procesado. En un auto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada Silvia Vivó considera que existen "indicios racionales de criminalidad" contra Roca Samper como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Jorge Ignacio Roca Samper estuvo huido de la Justicia más de tres años, fue detenido en julio de 2015 en Moldavia, extraditado el pasado 15 de abril y tres días después la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada sin fianza.

139 años para trece acusados en el caso Xoriguer

El caso Xoriguer se inició con una operación conjunta de la fiscalía anticorrupción y la Policía Judicial de la Guardia Civil en Ciutadella y Palma, desarrollada en marzo del 2011. En ambas ciudades hubo detenidos y registros en dependencias oficiales y en empresas y despachos particulares. Calificación provisional: una petición de condena de 139 años de privación de libertad. El fiscal Pedro Horrach en uno de sus últimos trabajos en la fiscalía anticorrupción y el ministerio público reclama 139 años de privación de libertad para los 13 acusados en Xoriguer o Citur. Entre los implicados destacan Llorenç Brondo, que fue alcalde de Ciutadella y Antònia Gener (foto), exsecretaria general de ese partido en Menorca y exconcejal de Ciutadella, dos técnicos mallorquines, empresarios y varios funcionarios del Ayuntamiento de Ciutadella. Los acusados adjudicaban contratos sin cumplir las normas. Básicamente los 13 acusados serán juzgados por, presuntamente, amañar numerosos contratos de una empresa pública del Ayuntamiento de Ciutadella, contratos que fueron adjudicados sin cumplir las normas.

El fiscal Pedro Horrach reclama 139 años de prisión para los 13 acusados, dos de ellos mallorquines, en el caso Xoriguer, una supuesta trama de desvío de fondos públicos y amaño de contratos en el Ayuntamiento de Ciutadella entre 2004 y 2008. Se trata de una de las peticiones de condena más elevadas formuladas en sumarios de corrupción de Balears y entre los acusados se hallan políticos, funcionarios municipales, técnicos y empresarios. En el caso Nóos, con 18 acusados, la fiscalía reclamó cerca de 200 años de privación de libertad.

El caso Xoriguer o Citur (Ciutadella Turismo) estalló en 2011 y en él llegaron a declarar como imputadas más de 20 personas. Los principales acusados son destacados exdirigentes del PP menorquín, como Llorenç Brondo, que fue alcalde de Ciutadella y Antònia Gener, exsecretaria general de ese partido en Menorca y exconcejal de Ciutadella. Horrach pide para Llorenç Brondo 15 años de privación de libertad y solicita la misma condena para otros dos de los antiguos pilares del gobierno municipal de Ciutadella: Gabriel Cardona, exedil de Turismo, y Avel·lí Casasnovas, exregidor de Urbanismo. El cuarto implicado para el que se insta también una condena de 15 años es Santiago Saura, exsecretario del consistorio. Tres de los encausados Ester Allés, secretaria accidental; Soledad Navarro, técnica y coordinadora de Turismo, y José María de Simón Chueca, jefe de contratación del Ayuntamiento? se enfrentan a sendas penas de 11 años de reclusión.

Otros cuatro implicados, los técnicos mallorquines Javier Arturo Liy y Daniel Aguiló, Antònia Salord, exteniente de alcalde, y Antònia Gener, tienen sendas peticiones de condena de 9 años. Una de las calificaciones más bajas, 6 años de privación de libertad, es para Juan Mercadal, uno de los empresarios que se habrían beneficiado de los amaños de concursos. Por último, María Teresa Bagur, una funcionaria con el rango de administrativa, arrastra una solicitud de condena de 4 años de cárcel.

La cantidad que, supuestamente, malversó la trama es de unos 310.000 euros, una suma elevada, pero que es muy inferior a la desviada en otros casos de corrupción. Horrach atribuye a los acusados numerosos amaños de adjudicaciones de contratos, servicios, estudios y otros trabajos para el Citur. Uno de los hechos que Horrach estima delictivos es la adjudicación a Javier Liy de la gerencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) a su empresa SAB. Liy fue el gerente de este organismo, con un sueldo anual de 48.000 euros para él y un administrativo.

Según las condiciones del contrato, el gerente y su empleado tenían que residir en Ciutadella y permanecer localizables todo el tiempo. Su jornada semanal no podía ser inferior a 35 horas, pero la fiscalía sostiene que el técnico residió en Mallorca y apenas pisó la Citur en 4 ó 5 ocasiones. Citur era una entidad pública empresarial que fue impulsada por Llorenç Brondo, Avel. lí Casasnovas y Gabriel Cardona y tenía por objeto social "la potenciación del turismo en Ciutadella mediante el desarrollo de distintos proyectos, como la creación de espacios de ocio, nuevos canales de información turística y obras públicas, cuya financiación procedía exclusivamente de fondos municipales".

El fiscal anticorrupción señala que los ediles del PP se inclinaron por esa empresa pública para "soslayar consciente y deliberadamente la normativa reguladora de la contratación pública y dotar de opacidad a dicho proceder, en tanto que sustraían los procedimientos de contratación previa de intervención del Ayuntamiento". Los principales acusados decidieron, sostiene Horrach, beneficiar con fondos públicos a Javier Liy y a su empresa Servicios Ambientales de Baleares S.L., que pasó a denominarse SAB Tourism, Enviromment & Tech Consultants S.L. (SAB). La fiscalía opina que el consistorio disponía de personal y medios suficientes para cumplir los objetivos asignados a la Citur. El alcalde y los concejales del PP se concertaron presuntamente con Liy para adjudicarle contratos públicos por medios fraudulentos, "por servicios inexistentes y por servicios cuyo importe era muy superior al precio de mercado".

De acuerdo con Pedro Horrach, Liy habría utilizado varios testaferros, entre ellos el ingeniero Daniel Aguiló, para burlar su incompatibilidad como gerente del PDPT para contratar con el Ayuntamiento. Otro de los supuestos beneficiados de los amaños fue el empresario Juan Manuel Mercadal, que, según el escrito de acusación, consiguió a dedo varios contratos del Ayuntamiento. Uno de estos contratos fue para un concierto de Tomeu Penya en Ciutadella, informa Diario de Mallorca.

Iglesias preguntará sobre el "dossier del CNI"

El líder de Podemos, que ya ha sufrido varios montajes de la Policía de Fernández Díaz, preguntará sobre la veracidad del dossier en la primera sesión de control al Gobierno. Fuentes del PP apuntan a que la información es un nuevo golpe de Cospedal contra la vicepresidenta. Los montajes contra Podemos y sus dirigentes se van a seguir produciendo en esta nueva legislatura, según informa en su columna Luis María Ansón. “Me aseguran que el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder podemita. Sería mejor no tener que exhibirlas y que Pablo Iglesias, con la Cruz de Borgoña a cuestas, se mese la coleta, embride su ego desbocado y se integre en el sistema que gobierna a los países todos de la Europa unida”. La respuesta de Pablo Iglesias en Twitter no se ha hecho esperar: “Si como dice Ansón, el CNI tiene un dossier sobre mi, por si me porto mal, tendremos que preguntar al Gobierno si confirma o desmiente”.

Fuentes de Podemos consultadas por Público concretan esta petición de explicaciones, “haremos la pregunta escrita y de forma oral en la primera sesión de control al Gobierno y pediremos la comparecencia urgente del director del CNI en la comisión de secretos oficiales para que explique si es cierta la existencia del dossier, qué relevancia tiene en la política española y por qué se investiga a un político”. Sólo en 2016, Pablo Iglesias y Podemos han sufrido diferentes montajes policiales y mediáticos que han ido desde asegurar que se financian ilegalmente a través de Irán y Venezuela, a intentar vincularle con ETA o desprestigiar a su familia.

El primero fue el apócrifo Informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que la Secretaría de Estado de Interior, dirigida por el posible nuevo ministro Francisco Martínez Vázquez, encargó a la ‘brigada política’ de la Policía por orden de Jorge Fernández Díaz y que Público desveló en enero. Fue difundido por Eduardo Inda y otros periodistas afines a la cúpula policial que dirigía el comisario Eugenio Pino y, aunque no tenía ni logotipo ni sello de la Policía, y ni siquiera constaba qué agentes lo habían elaborado, todos ellos se lo atribuyeron a la UDEF a pesar de las irregularidades manifiestas y que ni la fiscalía del Tribunal Supremo ni la de la Audiencia Nacional quisieron admitirlo para iniciar un procedimiento.

En mayo la Policía buscó material contra Pablo Iglesias en grabaciones de 2001 entre el movimiento anarquista y ETA. En ese momento se llegó a investigar el trabajo de la madre del secretario general de Podemos, Luisa Turrión, como abogada de Comisiones Obreras en diferentes procedimientos. Esta investigación, como la del apócrifo P.I.S.A, también se hacía sin ningún tipo de autorización judicial. A finales de abril la Policía de Fernández Díaz también trajo a España a cinco posibles confidentes relacionados con Venezuela, pero su información no servía ni siquiera para volver a elaborar una segunda versión del dossier que les habían rechazado todas las instancias judiciales.

De ese encuentro lo único que pudo sacarse fue la filtración, nuevamente al digital de Inda, de una falsa orden de pago de 270.000 euros al líder de Podemos en un banco de las Islas Granadinas, desmentida tanto por Iglesias como por el gobierno Venezolano y la sucursal del Euro Pacific Bank en ese paraíso fiscal. El vínculo policía y periodistas se ponía de nuevo de manifiesto en este montaje hasta el punto de que Eduardo Inda ha propuesto como testigo de su defensa, en la demanda que Iglesias interpuso contra él, al ex número dos de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, informa Público.