diumenge, 9 d’octubre de 2016

ONU: Rusia veta el proyecto de resolución que buscaba "proteger a al Nusra" en Alepo

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó este sábado una resolución de Francia y España sobre un alto el fuego en la ciudad siria de Alepo, propuesta que implica el cese inmediato de los bombardeos, vuelos militares sobre la ciudad, y la distribución urgente de ayuda humanitaria a todas las zonas sitiadas. Como resultado de la votación, la resolución recibió la mayoría de los votos a favor para ser aprobada. No obstante, Rusia hizo uso de su derecho a veto y así evita que se aplique la exclusión aérea sobre Alepo. Según declaraciones del Ministerio ruso de Exteriores, el veto se debe a que la resolución serviría para "proteger y cubrir a los terroristas de al Nusra y a sus posibilidades de reorganizarse". Foto: Varios combatientes de las Fuerzas Democráticas de Siria saludan a los civiles evacuados de un barrio controlado por el Estado Islámico.

"Mientras se discutía el proyecto de resolución, la delegación rusa propuso una serie de correcciones constructivas, centrados en darle más objetividad a la resolución e insistimos en la necesidad de separar las fuerzas, denominadas como oposición 'moderada', de los terroristas", expresa el Ministerio de Exteriores ruso en el comunicado. "Este fallido intento de abusar de la autoridad del Consejo de Seguridad confirmó la obsesión francesa de quere un cambio inconstitucional del poder en Siria a base de usar el terrorismo internacional como recurso, los cuales ya reciben generosos suministros desde el extranjero", concluye el comunicado.

El representante de Rusia ante la ONU, el diplomático Vitali Churkin, denunció que la iniciativa no busca un avance en la situación en la ciudad siria, sino que tiene como objetivo provocar el veto de Moscú. "No se acepta la resolución ya que en su contra votó uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", explicó Churkin. Por su parte, Rusia presentó después su proyecto de resolución para ser sometido a voto. No obstante, este no fue aprobado por sólo obtener cuatro votos a favor pero nueve en contra, informa RT.

Assange culpa a EE.UU. de la crisis migratoria de Siria

La prensa siria publica las denuncias de Julián Assange, fundador de Wikileaks, sobre los planes de Estados Unidos para derrocar desde 2006 al Gobierno de Bashar al Assad. Una de las estrategias adoptadas fue literalmente “vaciarla de sus habitantes”, mediante el objetivo de provocar olas de desplazamiento masivo que llevaran al país árabe al borde del colapso, divulgaron los medios. Eso paralizaría a esta nación, generaría conflictos humanitarios complejos que ahora demuestran la hipocresía occidental que está detrás de la política europea de “puertas abiertas” ante los refugiados, reseñaron.

Els treballadors de Miró ni treballen ni cobren des de l’estiu

Els sindicats CCOO i UGT busquen una sortida per als treballadors afectats per la crisi de Miró. La cadena d’electrodomèstics té en marxa un procés de consultes corresponent a l’acomiadament col·lectiu de 180 empleats, dels 330 que té en total la companyia. La majoria dels acomiadaments afecten Catalunya. La situació dels empleats és complicada, perquè l’empresa els deu 2 mesos, als quals es podria sumar octubre. A més, com ha passat en altres situacions semblants, la major part de la plantilla ha estat enviada a casa amb un permís retribuït que, com els salaris, tampoc cobren.

L’empresa, la propietat de la qual correspon a la multinacional Kabaena Directorship, SLU, està en concurs de creditors. Això vol dir que està sota administració concursal. El procés d’acomiadament ha celebrat ja dues reunions. Les organitzacions obreres volen pactar un mecanisme que faci que els treballadors que l’empresa vol acomiadar puguin acollir-se al subsidi d’atur, única forma perquè puguin ingressar diners. Segons l’Administració concursal a l’empresa no hi ha diners per pagar les indemnitzacions. Aquestes no podrien superar a dreta llei els 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. D’aquests pagaments se n’hauria de fer càrrec el Fons de Garantia Salarial (Fogasa), que també hauria de pagar les liquidacions i els salaris pendents, perquè la multinacional afirma que no té fons. Però abans l’empresa hauria d’extingir els contractes de treball.

En les primeres trobades entre empresa i sindicats, CCOO té 6 delegats i UGT més, més una persona no adscrita, no s’han produït avenços, segons Moisès Berruezo, de la UGT. Les organitzacions obreres malden perquè l’empresa aporti més diners per millorar les indemnitzacions dels treballadors i, mitjançant un acord aquests puguin cobrar el subsidi d’atur. Per la seva banda, un acord laboral permetria a la multinacional vendre a tercers una part de la cadena de botigues. Per aquest motiu Berruezo afirma sense embuts que “els hi hem dit que treguin diners d’allà on vulguin, però que aquestes situacions s’han de solucionar”, en clara al·lusió a la necessitat d’arribar a un acord pel qual el grup

Allò que crida més l’atenció als sindicalistes que negocien una sortida al conflicte és la constatació, fruit de l’informe de l’administració concursal, en el sentit que just després que la multinacional comprés Miró, es va produir una sortida de diners de l’empresa, cosa que va empitjorar la situació que actualment té la xarxa d’establiments d’electrodomèstics. L’administració que supervisa els comptes de l’empresa ha xifrat l’extracció de fons en 10 milions d’euros. En aquest sentit, els sindicats no descarten denunciar judicialment el drenatge de fons.

Queda a més un segon element, els poc més de 15 treballadors que estan treballant a les botigues de Miró a Catalunya i que tenen un límit salarial de 1.300 euros fruit de la limitació fixada per l’admistració concursal. Per aquests empleats es demana un augment salarial i també el cobrament de tots els endarreriments, informa Diari del Treball.

El Síndic de Greuges denuncia la desidia del gobierno catalán ante el abuso sexual a menores

La cruzada personal del padre de un alumno que le aseguró haber recibido abusos sexuales por parte de su maestro de educación física acabó destapando a principios de este año una auténtica trama de pederastia en un centro de los maristas en Barcelona. Más de una decena de maestros de esta orden han sido acusados formalmente, con más de 40 denuncias. El seguimiento de los hechos, que se remonta a décadas atrás, según se ha podido ir sabiendo por testimonios de algunos exalumnos, ha permitido comprobar hasta qué punto la institución religiosa proporcionaba un manto de impunidad que se ha prolongado en el tiempo.

El caso ha abierto el debate en Cataluña, territorio en el que se ha triplicado el número de víctimas por maltrato infantil -entre los que se incluyen los de índole sexual- en los últimos cinco años, de las 649 en 2011 a las 1.871 en 2015, según la Conselleria d’Interior. Datos que, como advierten profesionales del sector, representan una parte pequeña -sólo los que llegan a convertirse en denuncias- del total de casos. En este contexto, el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) ha presentado este viernes un informe sobre el abuso sexual en Cataluña que hace patente que se trata de una lacra “infradetectada”.

Pero contra quien apunta, directamente, el documento elaborado por el Síndic es contra las administraciones, que, como ha destacado Rafael Ribó, “son las que han de asumir el papel principal en la detección de los abusos y en la protección de los menores”. Para el síndic, el problema tiene muchas “dimensiones” y requiere “la intervención de diversos agentes y órganos que, en nuestro caso, dependen del mismo gobierno y la misma administración”. Ribó ha pedido “liderazgo” y no olvidar que “proteger a los menores contra el abuso sexual es un derecho fundamental y un deber de los poderes públicos”.

El año pasado, según los atestados policiales, se detectaron 644 posibles víctimas. Sin embargo, como ha destacado Ribó, “en Catalunya no hay un conocimiento preciso sobre la prevalencia real” del problema, y ha criticado además que no se haya cumplido el compromiso asumido en la ley 14/2010, que contemplaba que se hicieran estudios sobre este punto. La institución ha denunciado también el déficit de formación, tanto a los ciudadanos como a los profesionales relacionados con la educación, así como la falta de apoyo institucional a los mismos.

“La escuela es un ámbito privilegiado para detectar y comenzar a actuar sobre posibles abusos, por eso es grave que observemos déficits en la formación de los profesionales”, ha remarcado Ribó, quien ha llamado a intervenir en los centros. Los recursos también son insuficientes. Por una parte, no se cumplen las ratios de profesionales en relación con el número de alumnos y, por otra, sólo existen en Cataluña dos unidades de atención multidisciplinar para el abuso sexual -una de ellas de carácter privado-, unos medios que el Síndic cree “insuficientes”, ya que la lucha en este terreno se encuentra “infrafinanciada”.

Ha sido recordando debates en el Parlament sobre el caso de los Maristas cuando Ribó ha asegurado que, ante ciertos argumentos escuchados, ha sentido “vergüenza”. “Se decía que no se tenía que aplicar el protocolo [en la escuela de los Maristas] porque se trataba de una escuela privada”, ha incidido. “¿Se imaginan que los derechos se pudieran compartimentar por espacios de la sociedad?”, se ha preguntado, visiblemente indignado. Contra ese punto también ha cargado Ribó, ya que el nuevo protocolo para detectar y combatir el maltrato en las escuelas excluye a los centros privados, algo que considera “inadmisible”.

Tampoco se ha creado el servicio de atención a las víctimas de abuso que preveía la ley 14/2010, ni se garantiza la confidencialidad de los menores que denuncian en todos los casos. Una larga lista de déficits que aleja la meta de erradicar o minimizar lo máximo posible los abusos sexuales a menores en Cataluña, informa lamarea.es.

La conserje denunciada por acosar a un alumno en BCN irá a juicio

La Audiencia de Barcelona considera que hay indicios suficientes para enviar a juicio a la conserje que el pasado mes de abril fue apartada de su puesto de trabajo en el Instituto de Educación Secundaria Juan Manuel Zafra, en el barrio de El Clot de Barcelona, por cometer un presunto delito de acoso y otro de abuso sexual a un alumno menor de edad. Los magistrados de la sección tercera han desestimado el recurso que interpuso la persona investigada, que tiene 25 años más que el estudiante que la denunció. La ponencia del magistrado concluye que el menor ha ratificado los hechos denunciados (“que recibía mensajes, por carta o por móvil, de contenido sentimental, muy cariñosos e impropios de personas con las que no se tiene una relación afectiva y aceptada “) y que la acusada reconoció la autoría de estos mensajes, aunque añadió que “sólo quería consolar y animar” al menor.

Tomás Gómez (PSOE) y Granados (PP) en Púnica: TV de 7.000€, gemelos, relojes...

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la investigación sobre el caso Púnica han descubierto que dos de los presuntos cabecillas de la trama corrupta, los constructores David Marjaliza y Ramiro Cid, aprovechaban las Navidades para obsequiar con regalos “de elevado valor” a políticos y funcionarios de las Administraciones Públicas en las que tenían intereses. Entre los perceptores de las dádivas figuran el exalcalde de Parla (1999-2008) y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid (2007-2015) Tomás Gómez, recién dimitido de la Ejecutiva Federal del PSOE, y la exalcaldesa de Cartagena (1995-2015) y actual senadora del Partido Popular Pilar Barreiro.

Según consta en dos informes de la UCO recientemente remitidos a la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso El Confidencial, Gómez recibió presuntamente en 2003 una televisión valorada en 4.999 euros que le regaló Marjaliza, socio de referencia y amigo del único implicado en Púnica que continúa en prisión preventiva, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP autonómico Francisco Granados. Los agentes detallan que la televisión fue adquirida el 29 de diciembre de ese año en un Hipercor por la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramínez, y que supuestamente fue entregada al exalcalde de Parla a través de un amigo del político, C.J.C., para no levantar sospechas. El informe incluye el tique de la compra y detalla que el televisor era un modelo con pantalla TFT-LCD Mega Panorámica de 38 pulgadas. La compra se hizo con dinero en efectivo.

Tomás Gómez también aparece en la lista de cargos públicos y funcionarios que recibieron regalos navideños de Ramiro Cid, dueño de la promotora Obras y Vías, situada por la UCO en el epicentro de Púnica. De la documentación intervenida en los ordenadores que esa empresa tenía en el número 67 de la calle de Menéndez Pelayo de Madrid se desprende que el exresponsable de los socialistas madrileños recibió obsequios de Cid entre 2005 y 2007 de forma ininterrumpida. Habría sido el destinatario de varias cestas con productos típicos de esas fechas, unos gemelos y una pasmina.

Marjaliza también habría regalado un televisor a su amigo Granados en la Navidad de 2003, justo después de que el dirigente del PP abandonara la alcaldía de Valdemoro para entrar en el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre como consejero de Transportes e Infraestructuras. Según documentos encontrados en las oficinas de Tuvalu en el edificio Éboli de Pinto (Madrid), Ana María Ramírez fue nuevamente la encargada de comprar esa otra televisión, en este caso, un modelo de pantalla plana y 42 pulgadas de tamaño. Pagó por ella otros 6.999 euros en efectivo.

La UCO ha concluido que Ramiro Cid también agasajó a la mujer de Granados, María Nieves Alarcón Castellanos, en las Navidades de 2005 y 2006, cuando su marido ya era consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Según las tablas de Excel encontradas en los registros, Alarcón recibió en 2006 un reloj y, un año antes, otro regalo de especial valor que no ha podido ser precisado por la investigación. La relación de Granados con Púnica no es ninguna sorpresa pero las evidencias añadidas ahora al sumario dejan a Tomás Gómez en una situación comprometida. El dirigente socialista negó el pasado mayo que Marjaliza hubiera contribuido al pago de sus campañas electorales, como declaró el constructor en la Audiencia Nacional. “Se pagaron mítines, banderolas, bebidas... se pagaron muchas cosas”, manifestó el empresario. A cambio de esas aportaciones, según Marjaliza, Gómez le habría facilitado la promoción de vivienda pública en suelo de Parla.

El exsecretario general del PSM reaccionó calificando de “falsas” esas acusaciones y amenazó con emprender acciones legales. Pero estos hallazgos de la UCO restan credibilidad a su defensa. El regalo de un televisor de 4.999 euros descubierto ahora por la UCO demostraría que su vínculo con Marjaliza iba más allá de la mera cortesía y que también formaba parte del grupo de políticos que mantenían una relación estrecha con Ramiro Cid.

Una senadora del PP al borde de la imputación

La otra gran dirigente en activo que sale mal parada de los nuevos descubrimientos de la Guardia Civil es la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, senadora del Partido Popular desde el 20 de diciembre de 2015 y, por tanto, con condición de aforada. Los investigadores sostienen que Marjaliza le habría regalado en las Navidades de 2003 un bolso valorado en al menos 190 euros, según consta en un tique de El Corte Inglés que también ha sido incorporado a la causa. Al año siguiente, Barreiro recibió presuntamente otra dádiva de 300 euros.
Su nombre figura en un listado de regalos junto a otros cargos institucionales, como el entonces alcalde de Aranjuez, el socialista Jesús Miguel Dionisio –diputado de la Asamblea autonómica entre 2011 y 2015– y el expresidente de Caja Castilla-La Mancha y también exconsejero socialista de esa Comunidad Juan Pedro Hernández Moltó, que igualmente recibieron obsequios por importe de 300 euros, señala la Guardia Civil.

No es la primera vez que el caso salpica a la senadora del PP. La UCO ha aportado varios informes en los que concluye que Barreiro pretendía contratar a dos empresas de Púnica con fondos públicos para que le realizaran campañas de reputación personal en internet y redes sociales. El instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, todavía no le ha tomado declaración por su condición de aforada, pero todo su antiguo gabinete en el Ayuntamiento de Cartagena ha pasado ya por la Audiencia Nacional. Los últimos han declarado esta semana. En ámbitos jurídicos se por descontado que Velasco remitirá al Tribunal Supremo todos los indicios que ha acumulado contra Barreiro para que pueda ser formalmente investigada.

Los agentes de la UCO concluyen, tra analizar la abundante información encontrada en los registros de los empresarios de Púnica, que “considerando el importe de los regalos y la reiteración de los mismos, a juicio policial obedecerían a la intención de predisponer favorablemente”, frente a las empresas de Marjaliza y Cid, “a aquellos funcionarios cuya intervención pudiera repercutir sobre sus intereses empresariales”, informa El Confidencial.

Els infarts a la feina es disparen

La lleu millora del mercat laboral ha vingut acompanyada a Catalunya d’una mala notícia. Els accidents laborals mortals relacionats amb malalties del cor o vasculars s’han disparat a Catalunya la primera meitat d’aquest any. És el que el departament de Treball anomena accidents no traumàtics, és a dir, que no tenen a veure amb un accident concret, ni amb la falta de mesures de seguretat, sinó amb patologies relacionades sobretot amb el cor -com els infarts- o els ictus -com els vessaments cerebrals. Les dades parlen per si soles: entre el gener i el juny d’aquest any Treball ha registrat 19 morts d’aquest tipus, mentre que en tot el 2015 n’hi va haver 18, una menys. Si el ritme es manté, la xifra total d’aquest 2016 doblaria la de l’any passat. I només seria comparable amb la del 2009, just a l’inici de la crisi. Hi ha una tercera lectura: si comparem les morts no traumàtiques amb les traumàtiques -per accidents a la feina- la xifra també es alarmant: dels 30 morts totals en accidents laborals fins al juny, més de la meitat (19) són per infarts o vessaments.

Aquesta estadística ha posat en alerta tots els agents socials però ningú sap donar una resposta clara a aquest repunt de la mortalitat. El Govern assenyala la precarietat. Fa només dues setmanes -tal com ja va recollir aquest diari- el secretari general de Treball, Josep Ginesta, va apuntar a diferents factors que fan créixer la propensió als accidents, com l’alta temporalitat -que genera plantilles inexpertes- i un ritme de treball més alt per la recuperació econòmica i més intens per les retallades que han fet moltes empreses. El Govern també apunta a un “cert relaxament” en la prevenció dels riscos laborals.

Treball està decidit a controlar de prop que la precarització del mercat laboral “no afecti ni la salut ni les condicions dels llocs de treball”, segons Ginesta. Per això tenen la intenció fer una taula amb tots els agents socials i tornar a prioritzar un problema que “s’ha descuidat durant la crisi”, tal com també asseguren els sindicats. Per al secretari general de Treball, ara per ara aquesta qüestió només pot empitjorar: “Els anys anteriors també hi havia tensió a la feina, és cert, però ara, amb el repunt de l’activitat econòmica, hi ha més feina i les plantilles continuen sent les mateixes, no han augmentat. Creix més la producció i el ritme que les plantilles”.

La patronal coincideix que les xifres són “preocupants” i asseguren que ja treballen sobre propostes concretes, que centren els esforços a analitzar les causes i trobar mesures per reduir la mortalitat. Els sindicats són més contundents: “La crisi ha modificat els tipus de riscos que generen les condicions de treball”, explica Loly Fernández, responsable de salut laboral de CCOO a Catalunya. Per a aquest sindicat, les dades oficials es queden curtes: “Els casos que hi ha comptabilitzats no són tots els que existeixen, no són reals, n’hi ha molts més”, assegura Fernández, que afegeix que, tot i que cada vegada hi ha més denúncies dels treballadors, “les empreses sovint silencien els casos”. “Hi ha moltes malalties professionals no reconegudes i la majoria, el 75%, no es notifiquen”, explica la responsable de salut laboral de CCOO.

Hi ha un altre factor de consens: la falta d’inversió en prevenció arran de la crisi. “L’empresari ha descuidat aquestes qüestions, tant en les mesures de seguretat com en les psicosocials”, explica Jaume Abat, professor d’economia de la UOC i expert en prevenció de riscos laboral. Tot i això, matisa i diu que cal diferenciar en quina activitat s’han produït aquestes morts per infart. “No és el mateix que passi en una empresa on el treballador fa un esforç físic que en una companyia on la feina és de despatx i pot comportar més pressió intel·lectual o de relació amb els clients. Posar tots els morts no traumàtics al mateix cistell port portar a conclusions equivocades”, diu Abat.

Els experts coincideixen a dir que cal un canvi d’enfocament. Fins ara la prevenció se centrava en els accidents traumàtics, però segons Abat aquestes morts només són un terç del total: “Hi ha un altre terç en accidents de trànsit i un altre per problemes de cor o vessaments cerebrals. Potser caldria canviar el focus”. També fa una crida clara a l’administració. “Haurien de fer estudis més exhaustius per saber què passa. Potser ara si els mitjans aixequen la llebre s’hi posen de manera més seriosa”, informa l'ARA.

Japón: un 20% de trabajadores en riesgo de muerte por exceso de trabajo

Mientras que la imagen popular de los asalariados japoneses que se afanan largas horas está cambiando, muchos todavía trabajan mucho más que sus homólogos extranjeros. Una quinta parte de la fuerza de trabajo japonesa, el 20% de la clase trabajadora, se enfrenta al riesgo de muerte por exceso de trabajo, según un nuevo estudio del gobierno sobre la cultura de trabajo notoriamente extenuante y exigente del país. Más del 20% de los trabajadores registra niveles peligrosos de tiempo extra de trabajo cada mes, según el sondeo del Gobierno.

El jutjat admet a tràmit la querella pel cas Estat Infiltrat

El cas Estat Infiltrat de presumpte espionatge als moviments socials catalans serà investigat per la justícia. El jutjat d'instrucció número 2 de Barcelona ha admès a tràmit la querella presentada per Quim Gimeno, entenent que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de «coaccions». És per això que acorda la incoació de «diligències prèvies» i ordena «investigar i aclarir els fets denunciats». La primera diligència «per tal d'identificar plenament els querellats» la jutgessa Eugènia Canal envia un ofici a la Direcció General de la Policia Nacional espanyola (CNP) per confirmar la identitat dels querellats Daniel Sánchez Garcés i l'agent Torres Méndez, qui (segons assegura la interlocutòria) podria ser Ignacio Moreno Ameribia. A més, també demana al querellant «per tal que aporti còpies de l'escrit de querella i documentació adjunta en CD, en el terme de cinc dies, per tal de donar trasllat als querellats, un cop identificats».

Andrés García, advocat del Centre per la Defensa de Drets Humans Irídia, en representació de Quim Gimeno, ho considera una «molt bona notícia, perquè mostra la voluntat de la jutgessa d'arribar fins al final» i afegeix: «es tracta d'una judicialització d'una tasca policial perquè aquests successos no es tornin a repetir». Gimeno ha mostrat la seva satisfacció per aquesta nova passa i considera «important que es reveli la identitat dels agents i que s'obri una investigació que vagi a les raons de fons, arribar a saber a qui han investigat amb aquest tipus d'operatius». Des del Procés Embat, espai polític on milita Gimeno, han reaccionat a la notícia amb un comunicat on ho qualifiquen de «pas endavant», alhora que denuncien que «a Catalunya se segueix perseguint a ciutadans per les seves idees polítiques».

El cas Estat Infiltrat va esclatar el 19 d'abril de 2016, quan es va dona a conèixer unes gravacions realitzades per l'activista Quim Gimeno a la terrassa d'un bar de la plaça de la Concòrdia de Barcelona. Dos individus que s'identificaven com «agents de seguretat de l'Estat» oferien al jove «captat» diners i beneficis judicials (a través de la Fiscalia) a canvi d'informació sobre les activitats dels casals del Poble Sec, concretament apuntaven a l'Ateneu La Base. Fins a vuit testimonis van identificar un dels policies actuants com a 'Jordi', un antic inspector de la Brigada Provincial d'Informació del CNP a Barcelona, informa dBalears.

Diputados: 18 millones de euros por 11 meses en blanco

En los últimos meses se han desplegado diferentes campañas en las redes sociales para que los diputados de la actual y la pasada microlegislatura devuelvan lo cobrado por no haber sabido ponerse de acuerdo para investir un presidente del Gobierno, fuera del color político que fuera. Ningún partido ha abierto la boca al respecto y la cifra sigue subiendo. Desde que el 26 de octubre se convocaron las elecciones del 20-D hasta el 30 de septiembre, el Congreso ha destinado más de 17,7 millones de euros a sueldos y complementos de sus señorías. Desde el 20-D, el total asciende a más de 14 millones.

Esos más de 17,7 millones no representarían una cifra excepcional de no ser por el contexto de continuas subidas y bajadas de telón legislativo y su consiguiente inactividad legislativa que roza ya el año en blanco. Según el presupuesto del Congreso para el 2016, la partida destinada a sueldos y complementos de los diputados debe ascender este año a 13.647.340 euros de asignación fija más 5.342.900 de pluses. Total: 18.990.240 euros. Es decir, poco más de lo que se lleva gastado en los últimos 11 meses (en un cálculo que no incluye pagas extra).

De acuerdo con el régimen económico de los diputados aprobado en julio del 2010, el sueldo base idéntico para todos los parlamentarios es de 2.813,87 euros brutos al mes. Aunque de poco haya servido hasta la fecha, a partir de ahí hay que sumar diversos complementos en función de si tienen cargos en la Mesa, en comisiones y de la circunscripción de la que proceden. Todas esas cantidades las tributan; salvo la última. La llamada "indemnización por servicio del cargo", que corresponde al plus que perciben los diputados electos en la Comunidad de Madrid (870,56 mensuales) o en el resto de comunidades autónomas (1.823,86), se percibe limpia de impuestos.

Los grupos parlamentarios suelen escudarse en que no todo lo que perciben los diputados de la Cámara se queda en las cuentas corrientes de los diputados. Los miembros de Podemos, por ejemplo, ingresan tres salarios mínimos interprofesionales (1.965 euros al mes) y el resto cada uno lo destina a fines sociales. Los integrantes de otros grupos o hacen lo mismo o también contribuyen a las arcas de sus partidos con parte de su asignación. Con todo, sin embargo, se producen situaciones cuanto menos chocantes. Los 350 diputados, a los que hay que restar la decena de miembros del Gobierno, que cobran del Ejecutivo y no del legislativo, perciben remuneración por el cargo desde el día de las elecciones (aunque no se les empiece a ingresar la cuantía correspondiente hasta que se constituye la Cámara). Es decir, tienen una remuneración incluso antes de ocupar el escaño.


Otro dato curioso, por decirlo de alguna manera, es que los más de 100miembros de la Diputación Permanente, el órgano que representa a la Cámara cuando esta está disuelta, no solo cobran la asignación base durante ese periodo, sino que también ingresan los pluses correspondientes por haber desempeñado cargos en comisiones en la legislatura anterior. Porque sean de un color político u otro, el Congreso no deja tirados a los suyos. Existe la "indemnización de transición", el llamado paro de los diputados, que se traduce en el pago de los 54 días que van desde la disolución del Congreso hasta la celebración de elecciones.

La minuta asciende a 7.367,74 euros brutos para cada uno de los diputados por Madrid y a 9.273,74 para los del resto de las circunscripciones. Solo se les pone una condición, no recibir emolumentos de otra fuente. En la legislatura previa a las elecciones del 26-J se acogieron a esa figura 203 parlamentarios. En la anterior al 20-D fueron 222. Entonces, además, hubo 28 exdiputados que se apuntaron a la "indemnización por cese". Esta se otorga a quienes hayan estado en el Parlamento al menos dos años y no repiten escaño. Los exministros Ana Mato (PP) y Trinidad Jiménez y Jesús Caldera (PSOE) pudieron disfrutarla, aunque posteriormente renunciaron al encontrar trabajo, informa El Periódico.