divendres, 2 de desembre de 2016

La juez atribuye al presidente de Murcia cuatro delitos

El juzgado número uno de Lorca ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, por los presuntos delitos de fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el llamado caso Auditorio. En un auto hecho público hoy, la titular del juzgado lorquino ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en la que, tras un relato de todos los hechos que se recogen en el escrito del Fiscal, considera que los hechos atribuibles al presidente pueden ser constitutivos de los citados delitos.

El juzgado de Lorca investiga la presunta adjudicación irregular de las obras de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en los años en que fue alcalde el actual presidente de la Comunidad, a raíz de una denuncia presentada en su día por la Fiscalía Superior de Murcia. Tras la recepción de esta exposición motivada, será ahora la Sala de lo Civil y Penal del TSJ la que decida sobre su admisión a trámite y, en caso afirmativo, designaría a uno de sus magistrados como instructor.

En ese caso, la primera diligencia sería la de dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se pronuncie respecto a si la Sala es competente para juzgar a Sánchez y también a la Asamblea Regional para acreditar su condición de diputado de la cámara autonómica. Tras conocerse la petición judicial para investigarle, el presidente de Murcia ha defendido que la obra del auditorio de Puerto Lumbreras "se hizo" cuando él era alcalde del municipio, y la subvención que recibió de la Comunidad se invirtió "al cien por cien" en su ejecución, "se pagó y está justificada", tal y como "acreditan absolutamente todas las certificaciones, la fiscalización, los informes y los documentos".

Sánchez ha señalado que de lo que "estamos hablando" es de que en el año 2006, cuando él era alcalde de Puerto Lumbreras, la Comunidad Autónoma dio una subvención de seis millones de euros para la construcción de una infraestructura llamada complejo cultural teatro-auditorio". "Allí está cada euro de la subvención", ha aclarado Sánchez, quien ha recordado que "nadie pone en duda que falte ni un solo euro de esa subvención" invertidos en el complejo cultural. Ha destacado que la inversión "se justificó" y fue avalada "por todos los filtros que fiscalizaban que las cosas se hicieran bien".

Sin embargo, ha lamentado que hace aproximadamente tres años, el PSOE de Puerto Lumbreras "puso otra denuncia más, en este caso la número 16", que hablaba del auditorio. Ocho meses después, el fiscal "asumió esa denuncia y la interpuso en un Juzgado". Desde ese momento, el presidente del Gobierno regional ha recordado que él solicitó hasta tres veces comparecer ante el fiscal para poder aclarar y explicarle qué había ocurrido aquí". Su objetivo era "aportar colaboración con la Justicia", es decir, "con quien supuestamente estaba investigando". "Hasta tres veces pedí una reunión con el fiscal jefe y no se me concedió", ha dicho Sánchez.

El fiscal pide la imputación del presidente de Murcia por el Caso Auditorio


El fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha pedido que se investigue al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el Caso Auditorio. El representante del ministerio público considera que Sánchez "ha incurrido en presuntas irregularidades" en las obras y entrega del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa como alcalde.

El Fiscal del PP quiere depurar a los fiscales incómodos

El nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, baraja no renovar a Manuel López Bernal al frente de la Fiscalía de Murcia, después de que haya solicitado la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PP), por cinco supuestos delitos de corrupción, según fuentes jurídicas. Las mismas fuentes sitúan la decisión de Maza de no ratificar a López Bernal en el cargo de fiscal superior de Murcia al haber permitido que el fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pidiera investigar a Pedro Antonio Sánchez el pasado 23 de noviembre ante el juzgado del Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, cuyo titular debe ahora barajar si envía el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde está aforado el político del PP.

Podemos tacha la subida del SMI de "insulto" a los españoles

“Estamos contentos, el Gobierno se ha plegado”. Este el mensaje que el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha enviado después de que los socialistas lograran pactar con el PP una subida del 8% del salario mínimo, la mayor en 30 años, hasta los 707 euros. El incremento, de 52,4 euros mensuales, es considerado dentro de las filas del PSOE como una victoria frente a los 800 euros que pidió Podemos para 2018, cuya petición fue aprobada por el Congreso la semana pasada. “Habríamos querido subir el SMI 250 euros pero eso es fabular”, ha dicho en clara referencia a la formación morada, que considera "un insulto” el acuerdo de PP-PSOE.

Jiménez ha señalado que la “obsesión” del PSOE es “modificar” la reforma laboral y que la subida del SMI es "un aliento de esperanza" para mejorar las condiciones laborales. En este sentido, considera que su partido está marcando "una senda" al Gobierno aunque reconoce que el aumento del salario mínimo "es insuficiente", sobre todo para los más jóvenes que son "en los que más hemos pensando". El PSOE dice que"este es el primer paso" para recuperar la "dignidad" del mercado laboral y la situación de "precariedad" en la que viven muchos trabajadores en España aunque confía en seguir adelante después de que el Gobierno se haya "plegado" a sus peticiones. "La subida del SMI en absoluto estaba en sus planes", ha destacado culpando al equipo de Mariano Rajoy de querer "conseguir competitividad bajando salarios como en los países en desarrollo" y de bloquear durante más de cuatro años la negociación colectiva y el diálogo social.

A pesar de llegar a este acuerdo con el Gobierno, Jiménez ha dejado claro que el PSOE no va a respladar el techo de gasto ni a apoyar los Presupuestos "a no ser que el Gobierno plantee unos radicalmente distintos". "En lo que nos hemos comprometido es el déficit autonímico", ha advertido. Conscientes de que el camino a seguir "es progresivo", Jiménez ha reconocido que el SMI español es uno de los más bajos de la UE y que países de nuestro alrededor, como Francia o Alemania, están por encima de los 1.400 euros. Precisamente esa es la cantidad que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha puesto como ejemplo para calificar de "insulto" el acuerdo al que han llegado el Gobierno y el PSOE.

Misma línea ha seguido el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, que recuerda a los socialistas que han subido "menos de la mitad" el SMI tras lo acordado en el Congreso la semana pasada, cuando se aprobó aumentarlo hasta los 800 euros en 2018 y los 950 dos años después. Ahora, después de que el PSOE ha hecho suyo la subida de salario mínimo, Iglesias se pone como objetivo que aquellos que ganan entre 1.200 y 1.500 euros "recuperen el orgullo plebeyo" recordando que "yo me quedo con tres salarios mínimos, 1.900 euros", menos de lo que perciben mensualmente diputados y senadores del resto de partidos.

Iglesias ha aprovechado para descarta que los socialistas les esté "comiendo la merienda" por sus acuerdos con el PP en materia salarial y advirtiendo que va a ser muy difícil para el PSOE hacer creer que no están favoreciendo al Gobierno de Mariano Rajoy. "Amigos socialistas, habéis hecho presidente a Rajoy y, ahora, Rajoy va a hacer lo que le dé la gana", ha señalado en una entrevista en RNE, donde ha defendido el papel de Podemos como única oposición al PP.

El líder de Podemos ha desvelado que los sindicatos están "indignados" con la leve subida del SMI y que el líder que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, considera el acuerdo entre los dos grandes partidos "una tomadura de pelo". En este sentido, Iglesias ha destacado que Mariano Rajoy "se pasa por el forro el parlamento" y el PP, el PSOE y Ciudadanos están "bunquerizados" y convirtiendo el Congreso en un lugar donde se debate, pero no se decide, como ha pasado también con la LOMCE. Por otro lado, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha avanzado este viernes que en 2018, 2019 y 2020 el SMI podría volver a modificarse pero, en esta ocasión, en el ámbito del diálogo social, es decir, con la patronal y los sindicatos, y tendrá carácter vinculante.

En rueda de prensa en el Ministerio de Empleo, Riesgo ha señalado que esta medida recogida en la propuesta que va hoy al Consejo de Ministros también ha dicho que la subida del SMI para 2017 de un 8%, 52,4 euros más, supone un aumento del 0,6% en la masa salarial global de la economía española, que se traduce en 70 millones de euros adicionales para las arcas de la Seguridad Social. A la pregunta de por qué se había pactado una subida del SMI sin contar con los agentes sociales, Riesgo ha asegurado que el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con los interlocutores sociales no quiere decir que no haya habido diálogo, que lo hubo toda la legislatura, algo que niegan los sindicatos, informa El confidencial.

El paro aumenta en 24.841 personas en noviembre

El paro registrado se ha incrementado en 24.841 personas en noviembre, hasta un total de 3.789.823. Suma cuatro meses seguidos con aumentos. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se trata de su cuarta subida mensual consecutiva tras las de agosto (+14.435 desempleados), septiembre (+22.801) y octubre (+44.685). Aunque noviembre tradicionalmente es un mal mes para el mercado laboral, en los últimos tres años había mejorado. Así, en 2013, 2014 y 2015 el paro descendió en 2.475, 14.688 y 27.071 desempleados, respectivamente.

EEUU: en lucha por un salario mínimo de 15 dólares/hora

Siete manifestantes fueron arrestados el martes por la mañana en Houston (Texas) cuando trataban de bloquear una carretera durante una manifestación en apoyo a un salario mínimo de 15 dólares. La sucursal de Texas del sindicato Service Employees International Union respaldó el evento de Houston, que fue parte de un día de acción a nivel nacional. Los partidarios de la Fight for $ 15 ("Lucha por los 15 dólares) se reunieron en la Plaza Meyerland antes de las 6 am y marcharon a la cadena de comida rápida al otro lado de la autopista, según un portavoz del SEIU. "Está oscuro afuera, pero estamos trayendo luz al mundo", gritó un orador vehemente por un megáfono durante la protesta antes del amanecer.

PSOE y PP quieren subir el SMI el 8%, hasta 707,6 €

PSOE y PP podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los socialistas ya han trasladado al Gobierno que están dispuestos a apoyar los objetivos de déficit siempre y cuando se apruebe una subida del 8%. Actualmente, el SMI se sitúa en 655,20 euros mensuales, por lo que si finalmente fuera este el incremento alcanzaría los 707,6 euros, una cifra sensiblemente inferior a la que piden los sindicatos. UGT y CCOO han planteado al Ejecutivo un alza hasta los 800 euros para 2017 y una subida progresiva para alcanzar los 1.000 euros en 2020. De este modo, se llegaría al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Salt escampa feromones de llop per foragitar senglars

L'Ajuntament de Salt ha començat a instal·lar el tancat electrificat i les estaques de fusta amb una esponja impregnada de feromones de llop per evitar les incursions de senglars a les hortes de les Deveses. Es tracta d'una prova pilot per foragitar aquesta espècie i evitar les destrosses que provoquen i que han anat en augment en els últims anys. El mètode, que ja s'ha provat amb èxit a altres punts com al cementiri de Collserola de Barcelona, aprofita la capacitat de transmissió de coneixement dels senglars d'un mateix grup sobre els perills. En aquest cas, associen l'olor del seu principal depredador amb l'experiència desagradable d'enrampar-se amb el filat elèctric.

La prova abasta tot el perímetre que delimita les hortes des del pont de l'AP-7 fins a la séquia del riu Ter, que en total són uns 2.800 metres longitudinals. Durant quatre setmanes es farà un seguiment per comprovar la seva efectivitat.

Salt ha apostat per aquest mètode alternatiu a la batuda de senglars per intentar foragitar-los de la zona on hi ha 400 hortes i on els darrers anys han augmentat les seves incursions, fet que ha provocat destrosses als conreus però també problemes de trànsit. La regidora de Medi Ambient, Marta Guillaumes, ha explicat que en l'última batuda que es va fer a la zona on es van detectar onze exemplars però només se'n van poder matar quatre. «Com que el mètode tradicional no ens acaba de funcionar volem provar aquest altre sistema, que és més respectuós amb el medi ambient», indica, informa Diari de Girona.

La PAH convoca protestas hoy para denunciar la pobreza energética

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han decidido dar un paso al frente ante los últimos acontecimientos. La muerte de Rosa, la anciana de Reus que murió en su casa por un incendio que se originó por una vela prendida que utilizaba para alumbrarse al ser víctima de la pobreza energética, ha provocado que estos dos importantes colectivos se lanzasen a las calles. Ambas plataformas han convocado para este viernes a las siete de la tarde una movilización en cada ciudad española para denunciar esta situación. “Igual que las muertes por desahucios, de nuevo ha quedado claro que la pobreza energética mata y llevamos tiempo alertando de ello”, han recalcado desde la PAH.

Un fallecimiento que al colectivo antidesahucios le “hierve la sangre” al ver que el corte de suministro eléctrico “se podría haber evitado si se hubiera cumplido la ley contra los desahucios y los cortes” que promovió la PAH en Cataluña y que quiere trasladar al resto de España. “La realidad es que Rosa murió en Reus, pero mañana podría repetirse en cualquier otro sitio”, ha sentenciado la PAH.

Por todo ello, y al ver que la pobreza energética afecta a 5,1 millones de personas que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, los dos colectivos se ven obligados “a salir a la calle para dejar claro que la pobreza energética mata, que hay vidas en juego y que con los derechos no se negocia”, informa El Boletín.

Brutícia a dojo a l'aeroport del Prat

Els 350 treballadors de Valoriza (Grup Sacyr), l'empresa encarregada de la neteja a l'aeroport del Prat, fan aquest divendres el darrer dia dels 5 de vaga convocada aquesta setmana per reclamar que la concessionària no els canviï les condicions laborals. A causa d'aquesta aturada, i tal com es pot contemplar en les imatges, la brutícia s'ha acumulat a cabassos a l'aeròdrom català. Els treballadors denuncien que després de fer-se amb el servei amb una rebaixa d'1,5 milions d'euros, ara l'empresa "els vol fer pagar" aquesta oferta a la baixa davant la impossibilitat de complir amb les despeses de personal.

Així, afegeixen, via article 41 de modificació substancial de les condicions laborals, l'empresa els ha modificat el quadre horari, no els permet fer vacances els mesos de juliol i agost com fins ara i no els vol pagar els festius treballats, entre d'altres punts.

Els sindicats critiquen que "un cop més" AENA ha acceptat que una empresa faci una "oferta temerària" per després treure-li millores laborals als seus treballadors i treballadores, informa Nació Digital.

Matutes ha de explicar su conexión con el constructor de las autopistas de Eivissa

Abel Matutes comparece hoy ante la comisión parlamentaria de investigación de las autopistas de Eivissa, para responder entre otras cuestiones por sus conexiones con el constructor Matías Arrom Bibiloni, uno de los concesionarios del nuevo acceso al aeropuerto ibicenco. El empresario, hotelero y exministro de Aznar será interrogado por la polémica de las tierras procedentes de las obras que fueron depositadas en terrenos de su propiedad, donde pretendía levantar un campo de golf. También por el posible conflicto de intereses entre su hija, Stella Matutes, que en el momento de las obras era consellera en el gobierno del PP del Consell d'Eivissa. Los partidos del Pacto sospechan que la influencia política de Matutes fue supuestamente clave en la adjudicación de las autopistas a MAB, la empresa de Arrom, y que éste le pudo corresponder durante la ejecución del proyecto.

Uno de los puntos que se investigan es si Matías Arrom y Abel Matutes tenían negocios previos en común, en concreto en la cantera de ca n´Escandell. Durante las sesiones de la comisión ha aflorado que la concesionaria MAB adelantó a algunos afectados por la nueva autovía, entre ellos Abel Matutes, el dinero de las expropiaciones mucho antes de que el Govern lo hiciera. Al exministro de Asuntos Exteriores se le expropiaron varias parcelas, abonándoselas la constructora a precio de suelo urbano y no rústico como correspondía. Este "error" –como se le denominó en su momento, atribuido a la rápida ocupación– provocó que Matutes tuviera que devolver más de la mitad de lo cobrado. Concretamente, el hotelero tuvo que reintegrar a la Administración 3,44 millones de euros en concepto de sobreprecio indebido. La devolución se hizo efectiva en abril de 2009.

Més, PSOE y Podemos no consideran un hecho casual que a Matutes se le indemnizara por adelantado por parte de la propia constructora que ejecutaba las carreteras, y que además se pagara un precio muy por encima del valor de mercado al estar los terrenos clasificados como suelo rústico. Cabe señalar que a día de hoy todavía hay particulares que no han visto satisfechas las cantidades preceptivas en concepto de justiprecio por la expropiación de sus tierras. La izquierda considera un agravio comparativo que Matutes ya haya sido indemnizado mientras otras personas aún esperan.

Otro de los extremos que los partidos del Pacto investigan es el depósito de miles de metros cúbicos en fincas de Matutes para que éste pudiera adecuar un campo de golf. El empresario adujo posteriormente que este depósito le había provocado perjuicios y pleiteó con MAB para su retirada.

Una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2011 declaró probado que la sociedad Fiesta Hotels & Resorts, propiedad de Matutes, "había previsto destinar a campo de golf sus terrenos colindantes con la futura vía de acceso al aeropuerto de Ibiza". Los magistrados ven una "particular significación" el que la tierra acumulada por la concesionaria "no se hubiera amontonado de modo que permitiera su próxima retirada, sino que se hubiera repartido para que la superficie de la finca fuera apta para el juego de golf, todo ello de conformidad con el proyecto elaborado por la propietaria", informa Diario de Mallorca.

El paro aumenta en 24.841 personas en noviembre

El paro registrado se ha incrementado en 24.841 personas en noviembre, hasta un total de 3.789.823. Suma cuatro meses seguidos con aumentos. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se trata de su cuarta subida mensual consecutiva tras las de agosto (+14.435 desempleados), septiembre (+22.801) y octubre (+44.685). Aunque noviembre tradicionalmente es un mal mes para el mercado laboral, en los últimos tres años había mejorado. Así, en 2013, 2014 y 2015 el paro descendió en 2.475, 14.688 y 27.071 desempleados, respectivamente.

En comparación con noviembre del 2015 el paro se ha reducido en 359.475 personas (es decir, un 8,66%). Esta tasa interanual lleva ya 38 meses seguidos a la baja (desde octubre de 2013). Si se analizan los datos desestacionalizados (descontando el efecto de los festivos), el paro se ha incrementado en 14.543 personas respecto a octubre. En cuanto a la evolución por sexos, el desempleo masculino se ha situado en 1.663.870 personas al subir en 12.082 (0,73%) y el femenino en 2.125.953, al incrementarse en 12.759 (un 0,6%) en comparación con octubre. Más de la mitad del incremento del paro ha estado protagonizado por extranjeros, con un incremento en 13.421 personas, hasta los 446.554 dempleados.

No solo ha crecido el paro en noviembre, además, se ha destruido empleo. La Seguridad Social ha perdido noviembre una media de 32.832 cotizantes respecto al mes anterior (-0,18%), lo que ha situado el número de ocupados en 17.780.524 cotizantes, según el departamento que dirige Fátima Báñez. Eso sí, en términos desestacionalizados, la afiliación ha crecido en noviembre en 22.603 personas, con lo que acumula 35 meses de incrementos. En términos interanuales, noviembre cuenta con 557.437 afiliados medios más, el 3,24%. En el último año, el paro registrado ha disminuido en 359.475 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 557.437.

El paro ha crecido en agricultura (3.908 personas más) y servicios (27.684), pero ha bajado en industria (3.802 persona) y en construcción (4.524). En cuanto a la afiliación, ha crecido en educación, con 25.121 ocupados más (3,10%), comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas, principalmente. En cambio, se ha reducido en agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca (4.148 afiliados menos) y en actividades sanitarias (-2.236).

Por regiones, el desempleo ha menguado en noviembre en la Comunidad Valenciana (5.268 menos), Madrid (3.646 menos) y País Vasco (3.481 menos), en tanto que subió en las catorce restantes encabezadas por Baleares (11.388 más) y Galicia (4.614 más). Mientras que la afiliación se ha incrementado principalmente también en la Comunidad Valenciana, con 27.189 ocupados más (1,57%); la Comunidad de Madrid, 22.036 afiliados (0,75%); Andalucía 10.583 (0,37%) y Canarias, 6.533 (0,88%). Por el contrario, ha bajado en Baleares (72.850 cotizantes menos), Castilla y León (-11.073), Castilla-La Mancha (-10.723) y La Rioja (-4.063).

Además, el ministerio de Empleo ha dado a conocer los datos de contratos, que en noviembre han sido 1.743.708, cifra récord en este mes en toda la serie histórica. Se trata de 123.652 contrataciones menos que en octubre (un 6,6%), aunque 138.865 más que un año antes. Han disminuido tanto los contratos indefinidos (11.976) y los temporales (111.676). Es destacable que solo el 8,8% de los nuevos contratos fueron fijos, aunque esta modalidad se ha incrementado un 16,5% en comparación con noviembre de 2015, informa Expansión.

PSOE y PP quieren subir el SMI el 8%, hasta 707,6 €

PSOE y PP podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los socialistas ya han trasladado al Gobierno que están dispuestos a apoyar los objetivos de déficit siempre y cuando se apruebe una subida del 8%. Actualmente, el SMI se sitúa en 655,20 euros mensuales, por lo que si finalmente fuera este el incremento alcanzaría los 707,6 euros, una cifra sensiblemente inferior a la que piden los sindicatos. UGT y CCOO han planteado al Ejecutivo un alza hasta los 800 euros para 2017 y una subida progresiva para alcanzar los 1.000 euros en 2020.

La Eurocámara pide compensaciones para las víctimas de casos como el Castor

La Unión Europea dispone desde hace más de un lustro, a raíz de la explosión de la plataforma Deep Horizon en México, de una normativa que fija requisitos mínimos para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias. Unas reglas que, a juicio del Parlamento Europeo, son insuficientes. De ahí que el pleno haya urgido este jueves a la Comisión Europea a trabajar con los gobiernos para acelerar las compensaciones y establecer procedimientos de reclamación adecuados para los sectores más afectados e incluir a las víctimas colaterales entre los posibles indemnizados. El texto se hace eco de los “incidentes” relacionados con la plataforma Castor frente a las costas de Castellón y Tarragona, que incluyeron “más de 500 terremotos”, y que afectaron “a miles de ciudadanos europeos”.

Estas reivindicaciones figuran en una resolución sobre responsabilidad, indemnizaciones y garantías financieras en relación a operaciones de petróleo y gas en alta mar que ha sido adoptada por una aplastante mayoría: 506 votos favor, 106 en contra y 15 abstenciones. La referencia a Castor ha sido aplaudida por varios eurodiputados catalanes porque “reconoce específicamente este grave desastre” y sienta las bases para que “los afectados de desastres de operaciones relativas al petróleo y gas mar adentro, tanto si son por causas directas como indirectas o colaterales, puedan reclamar en el futuro responsabilidades e indemnizaciones”, ha valorado Francesc Gambús (UDC). Según Ernest Urtasun (ICV), la resolución sirve para denunciar de nuevo “un escándalo como el caso Castor” y para subrayar que “se deben cambiar las normas para no permitir que algo así vuelva a ocurrir”, ha explicado.

El informe, aunque no tiene carácter vinculante, subraya la necesidad de incluir a “las víctimas de daños colaterales relacionados con las prospecciones, estudios y el funcionamiento de instalaciones mar adentro” en el grupo de beneficiados de indemnizaciones, de forma que también puedan presentar reclamaciones. Además, exige que los países comunitarios establezcan procedimientos para reclamaciones de indemnización y que se introduzca la responsabilidad penal a escala de la UE para añadir un elemento disuasorio al margen del que tienen las posibles sanciones civiles.

Y es que, las normas actuales, según denuncian, ni abordan la responsabilidad por daños civiles –desde lesiones humanas hasta daños materiales o pérdidas económicas- ni cubren la responsabilidad penal ante accidentes extraterritoriales cuando todo apunta a que el número de instalaciones situadas mar adentro va a aumentar "considerablemente en los próximos años". Por eso, defienden la ampliación del principio de “quien contamina paga” para que más allá de los costes de prevención y reparación del daño ecológico cubra también las indemnizaciones por daños y perjuicios tradicionales. En este sentido, recomienda que “los abusos o incidentes que surjan como consecuencia del desarrollo de las actividades de las empresas sean evaluados de manera cuantitativa y cualitativa” para subrir los efectos secundarios.

La resolución también reclama medidas para garantizar que las empresas petroleras y otros responsables disponen de activos financieros adecuados para hacer frente a posibles reclamaciones en caso de accidentes marítimos y que no sean los contibuyentes quienes terminen pagando los platos rotos de los desastres. Además, recuerdan que las solicitudes de indemnización y reparación de daños tradicionales se ven muchas veces obstaculizadas por las propias leyes de enjuiciamiento civil.

Florentino reclama 300 milions més a l'Estat per la fallida de l'AVE a França

TP Ferro, l'empresa concessionària de la línia de l'AVE entre Figueres i Perpinyà, ha presentat una nova demanda per reclamar compensacions als Estats espanyol i francès per la fallida de la companyia, actualment en liquidació després de no poder renegociar el deute. Aquesta vegada TP Ferro, integrada al 50% per la constructora ACS de l'empresari Florentino Pérez, reclama a Madrid 293 milions d'euros per no complir les previsions de trànsit mínimes per garantir la viabilitat de la concessió al tram transfronterer.

Castor y la contaminación del Ebro: tercer 'tour de lo tóxico'


La provincia de Tarragona concentra centrales nucleares, industrias petroquímicas y los efectos del fracasado proyecto Castor. "El sur de Catalunya sufre una concentración de industrias contaminantes y peligrosas. Es una zona de sacrificio", resume el ingeniero técnico Alfons Pérez. Por este motivo la Xarxa de la Sobirania Energètica (XSE) y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), entre otras muchas plataformas, han centrado en Tarragona la tercera edición de la caravana Volt.

Madrid paga un millón de euros en sacerdotes y capillas de la mafia

En 2015, el gobierno Comunidad de Madrid se gastó 1.041.695 euros en financiar la presencia de la secta mafiosa y fascista católica en los centros hospitalarios públicos. La Consejería de Sanidad regional ha facilitado estas cifras tras una solicitud de información de eldiario.es a través del portal de Transparencia regional. Según recoge esta respuesta, desde el 2010 hasta el año pasado esta partida no se ha visto afectada por la crisis, ya que durante este periodo siempre ha oscilado alrededor del millón de euros. Esta contestación asegura que en 2010, por aquel entonces bajo el mandato de la corrupta nazi Esperanza Aguirre, el ejecutivo madrileño destinó 1.018.514 euros a la atención al culto en los centros sanitarios; en 2011, se redujo a 978.588 euros; en 2012 también se mantuvo por debajo del millón de euros, 993.809 euros. Un año después, y a partir de entonces, el desembolso público volvió a superar esa barrera: 1.068.129 euros en 2013 y 1.011.099 euros en 2014. Este dinero se destina a pagar los salarios de los sectarios, el mantenimiento de capillas o material.

La 'asistencia' de la secta católica en la Comunidad de Madrid se regula por un convenio ratificado el 2 de enero del 2008 entre el gobierno regional y la Provincia Eclesiástica de Madrid. En el documento, las dos administraciones daban continuidad a otro suscrito por el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón en 1997. En estas normativas señalaban que la asistencia religiosa en centros sanitarios está promovida por un acuerdo de 1985 firmado entre el Estado español y la Santa Sede, en el que se indicaba que era el Gobierno nacional el encargado de financiar este servicio. Sin embargo, debido a la cesión de competencias, actualmente son los ejecutivos regionales los responsables de asumir el coste de esa asistencia.

De esta resolución emitida por Transparencia, también se desprende que la asistencia católica sanitaria es la única que recibe dinero público del gobierno madrileño. "Solo existen gastos derivados del convenio firmado entre Comunidad y Provincia Eclesiástica", han contestado tras solicitar un desglose de subvenciones distribuidas por confesión religiosa. Planteada esta cuestión a la Consejería de Sanidad, no se ha recibido respuesta por el momento. A pesar de que el Ejecutivo regional tiene también un convenio firmado con el Consejo Evangélico para que sus sacerdotes estén presentes en los centros sanitarios, una portavoz de este organismo ha confirmado que el acuerdo no conlleva una partida presupuestaria y que los evangélicos financian ese servicio con fondos propios del Consejo.

Según el documento firmado en 2008, la subvención pública que recibe la Iglesia Católica en la Comunidad de Madrid incluye el sueldo de los hechiceros-capellanes de cada hospital, los impuestos asociados a su contratación y "los gastos de adquisición, mantenimiento y renovación del equipamiento necesario del servicio". La Archidiócesis de Madrid ha confirmado que actualmente cuentan con 57 sacerdotes, 45 trabajando a tiempo completo y 12 a media jornada, distribuidos por los 28 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. "Como apunta el convenio, tener acceso a la asistencia religiosa es un derecho reconocido", ha indicado un portavoz de la secta mafiosa y criminal.

La distribución de los curas también se fijó en este concierto y depende del número de camas del hospital. Si tiene una capacidad inferior a 250 personas, contarán con dos sacerdotes; uno de ellos a media jornada. Conforme la capacidad del centro sanitario va aumentando, incrementa también el número de capellanes, hasta llegar a un máximo de ocho, si en el centro hay más de 800 plazas. Según apuntan desde la Archidiócesis, el Hospital de La Paz es el que cuenta con más sacerdotes. Aunque no han especificado exactamente cuántos están trabajando actualmente en sus habitaciones. Además, de acuerdo a la información aportada por Transparencia, este centro es el que más dinero recibe para hacer frente a la asistencia religiosa: en 2015 obtuvo 124.515 euros y en 2013 llegó a recibir 158.687 euros.

El año pasado, el Gregorio Marañón fue el segundo hospital que realizó el mayor gasto anual, 85.585 euros. Seguido de cerca por el Ramón y Cajal 77.728 euros; el Hospital Clínico, 77.543 euros yel Doce de Octubre, 75.181 euros. A la cola se situó el Hospital del Tajo y el Instituto Psiquiátrico José Germain, que abonaron 7.856 euros para facilitar la asistencia espiritual a sus pacientes católicos. Estas cifras por ahora solo recogen la ejecución de las partidas elaboradas por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Cuando termine 2016, se podrá comprobar si Cristina Cifuentes ha mantenido este gasto. Aunque la previsión que plantearon en los presupuestos diseñados por su ejecutivo conservaba la misma dinámica, con cifras muy parecidas en la mayor parte de los hospitales en los que esta cantidad aparecía desglosada. Por ejemplo, 124.461 euros en La Paz o 85.535 euros en el Gregorio Marañón.

Mafiosos en los comités de ética

A comienzos de este año el Gobierno fascista de Cifuentes renovó el convenio por el que se regula la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos madrileños. Desde el departamento de comunicación de la Consejería de Sanidad aseguraron en su momento que estas condiciones se prorrogan automáticamente año tras año. Este acuerdo recoge una polémica claúsula, que plantea explícitamente que los representantes del servicio de asistencia religiosa católica "formarán parte del comité de ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos". Una cuestión a la que el departamento regional quiso restar importancia, asegurando que participan "porque tienen una formación en bioética, no por el hecho de ser sacerdotes".

El obispo de Jaca roba otras 14 iglesias románicas y 9 góticas

El obispo de Jaca Julián Ruiz se ha hecho con la propiedad de catorce iglesias románicas y otras nueve góticas en el Pirineo aragonés tras aceptar el Registro de la Propiedad de esa ciudad su anotación como “declaración de obra nueva antigua”. El Ayuntamiento de Jaca dispone de seis meses para presentar alegaciones a esas anotaciones, ya que a mediados de mayo de 2017 vence el plazo de dos años del que disponen las instituciones con competencias en urbanismo para pronunciarse sobre la legalidad de ese procedimiento, en el que también tendrían algo que decir la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón. Los obispos de Huesca inmatriculan monumentos mientras piden ayudas por los bienes en Cataluña.

Valencia inicia los trámites para cobrar el IBI a la secta vaticana

El alcalde de Valencia ha puntualizado que los edificios de culto seguirían exentos del pago del impuesto, pero no así el resto de propiedades inmobiliarias. El Ayuntamiento podría llegar a recaudar 3 millones de euros extra con el cobro del tributo al Arzobispado. "Es bueno que todas las confesiones religiosas tengan sus edificios de culto exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como están exentos por ejemplo las ONG, pero por otro tipo de inmuebles sí que deberían pagarlo".

El Fiscal del PP quiere depurar a los fiscales incómodos

El nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza (izda. foto), baraja no renovar a Manuel López Bernal (der.) al frente de la Fiscalía de Murcia, después de que haya solicitado la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PP), por cinco supuestos delitos de corrupción, según fuentes jurídicas. Las mismas fuentes sitúan la decisión de Maza de no ratificar a López Bernal en el cargo de fiscal superior de Murcia al haber permitido que el fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pidiera investigar a Pedro Antonio Sánchez el pasado 23 de noviembre ante el juzgado del Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, cuyo titular debe ahora barajar si envía el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde está aforado el político del PP.

La querella de la Fiscalía contra el presidente de Murcia se centra en cinco de los grandes delitos de corrupción política: prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación y administración desleal que podría haber cometido cuando era alcalde de Puerto Lumbreras al permitir “multiplicidad” de irregularidades en la construcción del auditorio de la localidad. En este sumario, conocido como caso Auditorio, son investigadas más de veinte personas. Muy caro va a salir a López Bernal el haberse convertido en el azote de la corrupción en Murcia -donde ha abierto varias investigaciones que salpican a dirigentes populares-, de prosperar la decisión política de cesarlo.

Al tiempo que López Bernal cercaba la corrupción, se sucedieron noticias de una supuesta vinculación con grupos de izquierda, como Podemos. Por si fuera poco, un grupo llamado Asociación Justicia y Libertad presentó el pasado marzo dos querellas contra el fiscal superior partir de unos dossieres que circulaban contra él por la construcción de su vivienda familiar en una pedanía y por la contratación de su hija por parte de la Comunidad Autónoma. Los delitos que se investigan son contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Ahora llega su cese, aseguran las mismas fuentes. López Bernal fue nombrado en el cargo en el año 2006 por cinco años, y fue renovado por Consuelo Madrigal, la antecesora de Maza.

Otro de los fiscales en el punto de mira del nuevo responsable del ministerio público es el superior del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro Damián, quien fue nombrado en el año 2010 y lleva un año en funciones. Calparsoro aspira a continuar en el puesto, aunque la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha quejado ante la FGE por sus críticas a la juez que investiga la muerte del joven Iñigo Cavacas, fallecido en 2012 de un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza.

El Gobierno aprobará en los próximos meses más de 30 nombramientos claves de la Fiscalía, que serán propuestos por José Manuel Maza.

La renovación afecta a toda una generación de máximos responsables que alcanzó el poder en la etapa de Cándido Conde-Pumpido, nombrado por el Gobierno socialista y cuyos cargos fueron renovados por Eduardo Torres-Dulce y después por Consuelo Madrigal. Madrigal se plantó: quería a Luzón en Anticorrupción. Otro de los nombramientos ‘calientes’ es el del Fiscal Anticorrupción, puesto vacante tras la jubilación de Antonio Salinas por motivos personales.

“Consuelo Madrigal se negó a realizar nombramientos teledirigidos”, explican fuentes fiscales, que sitúan su caída en un pulso que mantuvo con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en torno al próximo Fiscal Anticorrupción, entre otros cargos. Madrigal no fue nombrada tras la formación del actual Ejecutivo y cesó con sólo dos años al frente de la Fiscalía General del Estado. Luzón era partidario de la mano dura contra los responsables del fiasco de Bankia o las tarjetas Blacks. Madrigal quería nombrar en Anticorrupción a su estrecho colaborador Alejandro Luzón, pero este fiscal no era del agrado del Gobierno. Luzón es partidario de la mano dura en casos como el escándalo de la salida a bolsa de Bankia o las tarjetas black, donde están imputados.

El máximo responsable de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada coordina en toda España los procesos de especial trascendencia, tanto de delitos económicos como los cometidos por funcionarios y gobernantes. Es un puesto clave y sus investigaciones han creado multitud de quebraderos de cabeza tanto al PP como al PSOE, PNV o la antigua CiU: Gürtel, Palma Arena y caso Nóos, ERES, Pujol, Bankia, Blacks, Campeón, Emperador, ICBC, Púnica, ‘caso Petrov’… Todos ellos son investigados por los fiscales especializados.

Todo apunta a que Luzón, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de Anticorrupción, no saldrá propuesto por José Manuel Maza. Al parecer, el nuevo Fiscal General del Estado baraja para el cargo a alguien ajeno al ámbito de Anticorrupción, en vista de las tensiones internas que existen en dicho departamento.
Otras fuentes avanzan como posibles nombres el del conservador Javier Muñoz, fiscal del Supremo y ex fiscal superior de Navarra, así como Luis Rodríguez Sol, inspector fiscal y quien se vio obligado a dimitir como fiscal superior de Catalunya por defender la búsqueda de soluciones legales a la consulta soberanista, informa Público.

Púnica: Granados declarará el 11 de enero

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no se ha hecho de rogar. El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados solicitó prestar declaración este martes en el 'caso Púnica' y el magistrado ya le ha puesto fecha. Será el próximo 11 de enero, cuando el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid tenga una nueva oportunidad de aclarar el origen de su dinero descubierto por los investigadores en Suiza.

El fiscal pide la imputación del presidente de Murcia por el Caso Auditorio


El fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha pedido que se investigue al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el Caso Auditorio. El representante del ministerio público considera que Sánchez "ha incurrido en presuntas irregularidades" en las obras y entrega del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa como alcalde.