divendres, 23 de setembre de 2016

Diez años de cárcel para un exjefe de la GC por narcotráfico

El que fuera jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga ha sido condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a diez años y medio de prisión por narcotráfico.La sentencia, que ha sido hoy notificada a las partes, consta de trescientos folios, y se condena a un total de 27 personas por los delitos de contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Estos procesados han sido condenados a penas que suman un total de 102 años de prisión y multa superior a los 53 millones de euros, según la sentencia. Foto: Una de las sesiones del juicio a 40 acusados, entre ellos varios guardias civiles que pertenecian al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), en la Seccion Segunda de la Audiencia de Málaga.

La vista oral comenzó el 14 de octubre de 2015 y entre los acusados había varios guardias civiles, entre ellos que fuera jefe del EDOA, presuntos traficantes, confidentes y una abogada.El fiscal sostuvo en su informe final que estaba demostrado que había una "actuación coordinada o dirigida por un grupo de guardias civiles del EDOA", encabezado por el teniente, entonces jefe, en la que se producía un intercambio de información sobre operativos de drogas", informa EL MUNDO.

Benavent implica a Mariano Rajoy en las 'mordidas' del PP valenciano

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent -el autoproclamado 'yonki del dinero'- continúa implicando en la trama corrupta de Imelsa, el conocido como caso Taula, a altos cargos del Partido Popular, el último de ellos el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Así, Benavent, que este viernes declaraba de nuevo ante el juez por la supuesta adjudicación de contratos irregulares y el cobro de "mordidas" en el ayuntamiento de Valencia, ha asegurado en declaraciones a los medios que Rajoy y el expresident de la Generalitat Francisco Camps sabían que se cobraban comisiones: "Camps estaba al corriente, Mariano Rajoy estaba al corriente... en el partido es lo que hay". "Todos en el partido sabían lo que estaban haciendo. Todos los que tenían alguna responsabilidad estaban en la movida", ha añadido. Alcón se ha negado a declarar.

El 'yonki del dinero' ha insistido también en que Vicente Betoret, actual presidente provincial del PP en Valencia, estaba "enterado de todo" como número dos del partido y, en referencia a Alejandro Font de Mora, ha dicho que, como conseller de Educación, "no puede decir que desconocía lo que sucedía en Ciegsa. Tan tontos no eran". La exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón se ha negado a declarar en calidad de imputada ante el juez. La exedil del PP estaba llamada a declarar como investigada (imputada) junto a Marcos Benavent y los empresarios José Adolfo Vedri, responsable de la firma Engloba, y Carlos Turró, presidente de Cleop.

Antes de Alcón ha tenido que comparecer Vedri, quien recibió adjudicaciones y, a cambio, se indaga si pudo pagar comisiones ilegales. El que fue dueño de la agencia de comunicación Engloba ha respondido únicamente a las preguntas formuladas por el juez y por el fiscal, y ha negado cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones municipales o haber pagado alguna comisión ilegal, según han confirmado fuentes conocedoras de la declaración. El empresario, que siempre ha defendido su inocencia, ha insistido en no haber cometido irregularidades en el desarrollo de su profesión, mientras que su abogado se ha limitado a decir que esperan que "todo esto se archive".

Ante el juez, Vedri ha afirmado que no pagó ninguna comisión por la adjudicación y gestión de La Rambleta y ha asegurado que no había hablado con Alcón antes de las adjudicaciones. En cuanto a Benavent, ha explicado que inicialmente tuvieron una empresa en común, pero que luego no volvió a tener relación con él hasta que éste llegó a Imelsa. A partir de 2011 sí mantuvieron una relación personal pero, ha dicho, esto no influyó en el tema de las adjudicaciones y contrataciones.

En el caso Imelsa se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales que tenía su origen en la adjudicación supuestamente irregular de contratos desde varias administraciones públicas controladas por el PP. Las declaraciones se enmarcan en la pieza separada E, en la que se investigan los delitos de prevaricación y cohecho con el supuesto cobro de "mordidas" en los contratos de mantenimiento de La Lonja, limpieza de las Torres de Quart, conservación de los puentes históricos de Serrano y Trinidad, y explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.

Según han dejado patente los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes que constan en el sumario del caso, Marcos Benavent, uno de los principales investigados del caso Imelsa, podría haber recaudado al menos 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados por la exconcejala de Cultura. Los investigadores achacan a Benavent el doble papel de "intermediario" y "recaudador", mientras que Alcón "hacía valer su posición privilegiada" para "influir" en la adjudicación a determinadas empresas, según sus conclusiones, informa diario.es.

El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en los contratos del PP en 2013

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha desvelado hoy que el Tribunal de Cuentas ha pedido al Consell, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, información sobre irregularidades en las consellerias de Presidencia, Infraestructuras y Economía reflejadas en el Informe de la Sindicatura de Comptes de 2013. Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts, durante la primera sesión de control de este periodo de sesiones, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, sobre el cumplimiento del Plan Económico Financiero de la Comunitat Valenciana 2016-2017.

Los 'ordenadores de Bárcenas' y la jueza "al servicio" del PP


La recusación de la jueza Rosa María Freire presentada por el PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas puede entregar la causa a Carmen Valcarce (foto), la misma que ha archivado en tres ocasiones la investigación del presunto espionaje entre dirigentes del partido en Madrid, con cargo a las arcas públicas, que se prolonga ya siete años. En el marco de esa causa se produjo la escena que describió Francisco Granados en un pinchazo telefónico de la Operación Púnica, con Valcarce diciéndole en los pasillos del juzgado que ella “estaba allí para servirle”, justo antes de declarar como testigo por los seguimientos a otros políticos del PP.

Les panneaux "Pays Catalan" se distribuent comme des petits pains

"Inventer une nouvelle forme de développement du territoire" ; "Requalifier l'espace dans lequel on vit." Pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre la volonté politique de Jordi Vera et du parti catalan CDC. Car la stratégie va bien au-delà du symbolique panneau "Pays Catalan", remis aux maires adhérents et sympathisants au parti, jeudi. Des élus, qui n'ont toutefois pas boudé leur plaisir de recevoir ce beau cadeau à accrocher sous le nom de leur commune. "Des maires engagés avant les autres dans la résistance avec le collectif Oui au Pays Catalan, à l'initiative du combat", rappelle Jordi Vera.

Mais à la mobilisation pour la défense de l'identité catalane amputée au nom de la nouvelle grande région, le CDC veut enfoncer le clou. "Car l'histoire de notre combat n'est pas terminée", riposte-t-il en prélude à la distribution, non pas des petits pains, mais des désormais célèbres panneaux de signalisation qui fleurissent au bord des routes. "Nous avons la chance d'avoir une identité. Une culture intégratrice. Il faut mettre en avant les productions du Pays Catalan, lui donner une contenance. Et c'est dans cet esprit que nous parviendrons à créer une collectivité territoriale pour gérer notre territoire tout seul", conclut Jordi Vera.

Jordi Vera, responsable départemental du CDC n’a pas manqué, à l’occasion de cette remise de panneaux, de rectifier les propos tenus par Louis Aliot, vice-président du Front National des P.-O. (lire notre édition de jeudi, ndlr) sur le financement du combat du CDC. «Louis Aliot ment. La Generalitat ne finance pas notre mobilisation. Mais surtout, nous ne sommes pas des étrangers, mais des citoyens catalans français. Ce mouvement vient de la profondeur du territoire et c’est cela l’essentiel. Les panneaux, ce sont les entreprises qui nous soutiennent qui les ont payés. Et c’est très important que des acteurs du monde économique soient à nos côtés». Notons enfin que d’autres communes des P.-O. ont payé sur leurs deniers le panneau «Pays Catalan», rapport L'Indépendent.

Perpinyà: Vora 8.000 persones a la manifestació "Sí al País Català"

Aquest dissabte, entre 7.000 i 8.000 persones es manifesten, segons L'Indépendent, a la capital de la Catalunya Nord, exigint al govern de François Hollande l'inclusió del nom 'País Català' al d'Occitània aprovat pel govern jacobí i centralista de París, en el que és un atac directe i descarat a les nacionalitats i cultures que integren la República. La primera manifestació pel "Sí al País Català" va reunir tan sols unes 500 persones a Perpinyà, el passat 18 de de juny d'enguany.

Nom de la Région: l'opposition plaide pour "l'erreur historique"

Le président du groupe de la droite et du centre au Conseil Régional, Christophe Rivenq, vient d'écrire au Premier ministre pour contester l'appellation "Occitanie". Et un de plus. Il y avait déjà une pétition lancée au lendemain du vote de la région pour dire "Non à l'Occitanie, Oui au Pays Catalan". Puis un recours citoyen du "Collectif pour Occitanie-pays Catalan" (voir encart). Voilà maintenant que l'opposition de droite et du centre à la Région remet en cause le choix d'Occitanie pour nommer la nouvelle Grande Région. La délibération adoptée le 24 juin dernier par 85 conseillers régionaux (sur 158) ne convient pas au groupe de l'Union des Élus de Droite et du Centre qui n'y voit pas "un acte de rassemblement fondateur" et une "erreur historique que l'exécutif en place a commis".

Tercera noche de protestas en Charlotte, Estados Unidos

Cientos de ciudadanos han desafiado el toque de queda que regía desde la medianoche. Los agentes decidieron no intervenir dado el carácter pacífico de la marcha en una ciudad en estado de emergencia por los disturbios registrados esta semana tras la muerte del afroamericano Keith Lamont Scott por tiros de la Policía. “Tengo un hermano y siento que es mi deber protegerlo, así que este tipo de sucesos me conciernen por eso estoy aquí. Si me quitaran a mi hermano no me quedaría nada”, dice Joya. Foto: La Fiscalía de Tulsa presenta cargos contra la policía que mató a un hombre negro desarmado.

“Voy a seguir apoyando a los demás pastores que están haciendo un trabajo formidable haciendo que todo esta gente se manifieste pacíficamente. Estoy muy orgulloso de los ciudadanos de Charlotte porque están actuando de manera muy profesional y digna, no están comportándose de manera violenta como a muchos medios de comunicación les gustaría y espero que continúen así”, comenta Shawn Elliot Richardson, pastor y miembro de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color conocida (NAACP), asociación que ha exigido que se difunda el video del tiroteo al que solo la familia ha tenido acceso por el momento.

Las protestas estallaron el martes, después de que un policía matase a tiros al afroamericano Keith Lamont Scott, de 43 años, en el aparcamiento de un edificio de apartamentos en el que esperaba que su hijo regresara del colegio para recogerlo.

La Fiscalía de Tulsa presenta cargos contra la policía que mató a un hombre negro desarmado


La Fiscalía de Tulsa, en el estado de Oklahoma, ha presentado cargos contra la agente de policía blanca que disparó y mató a un hombre negro desarmado. La muerte de Terence Crutcher, de 40 años, ha reavivado las protestas en Estados Unidos contra la violencia racial. Las autoridades de Tulsa han hecho público el vídeo del incidente, ocurrido el pasado viernes después de que la camioneta de la víctima sufriera una avería. La agente Betty Shelby podría enfrentarse a un cargo de homicidio en primer grado. De ser condenada, podría enfrentarse al menos a cuatro años de cárcel. La pena máxima sería la cadena perpetua, informa Euronews.

"Estado de emergencia" en Charlotte tras otra noche de disturbios raciales

Charlotte, capital de Carolina del Norte, se halla en “estado de emergencia”, tras una segunda noche de disturbios raciales por la muerte el pasado martes de un ciudadano afroamericano indefenso y desarmado a manos de la policía. Durante las protestas, un hombre ha resultado herido de bala y su estado es crítico. La policía asegura que no realizó ese disparo. Tras declarar el estado de emergencia, el gobernador de Carolina del Norte ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.

La FAVB demana el cobriment de la Ronda de Dalt

La Ronda de Dalt és una autovia urbana de sis carrils que arrossega deficiències des de la seva construcció, minvant la qualitat de vida dels habitants i usuaris d’equipaments del seu entorn. La pressió veïnal de Nou Barris va aconseguir que finalment es procedís al cobriment d’un tram, però va deixar de banda el tram d’Horta, de poc més de tres quilòmetres, i alguns trams més d’altres barris. Les entitats veïnals han estat reclamant el seu cobriment al llarg dels últims vint anys sense èxit.

Els problemes, que més enllà del que podria semblar no són molèsties sinó problemes greus, provenen del pas d’uns 200.000 vehicles diaris que generen nivells de contaminació atmosfèrica acústica perillosos per a la salut, suposen un greu incompliment de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona (OGMAUB) i són impropis d’una ciutat europea. Els nivells de contaminació que l’OGMAUB preveu per als entorns d’un equipament hospitalari no han estat tinguts en compte en cap moment en el cas de l’Hospital de la Vall d’Hebron. A més, aquesta infraestructura genera un efecte fractura limitant la cohesió entre barris i fa de barrera d'accés al Parc de Collserola.

El veïnat denuncia que, havent arribat a un acord consensuat pels veïns i tots les partits polítics, acord aprovat per unanimitat el març de 2015, i amb l’avantprojecte adjudicat al desembre del mateix any -després de la seva licitació- l’actual consistori decideix revocar els compromisos assolits. La proposta alternativa presentada per l’Ajuntament ignora tot el treball de més de dues dècades fet per representants veïnals i institucions per tal de trobar solucions adaptades a les necessitats reals del territori. Des de la FAVB recolzem les reivindicacions veïnals i constatem que la solució del cobriment de la Ronda de Dalt hauria de ser plantejada com a projecte de ciutat. En aquest sentit, pel fet de ser una infraestructura que dóna servei en un àmbit supramunicipal, el finançament de les obres hauria de ser suportat no només per l’Ajuntament, sinó també per altres institucions que tenen competència en el cas d’autopistes, com ara la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el ministeri de Foment.

Cal remarcar que la postura de les associacions és prou flexible com per acceptar un compromís de solució partint del projecte consensuat, amb actuacions de cobriment progressives per trams, allargant el termini d’execució de vuit anys -que al seu dia es va pactar- al període total que es requereixi per fer assumible la inversió total. Els veïns i veïnes només volen tenir la seguretat que el projecte no es tornarà a plantejar des del seu inici cada cop que canviï el govern municipal, amb l’espiral de desgast de temps, energia i ànims que això suposa per a tots els que treballem pel bé comú sense cap tipus de remuneració.

Creiem que un govern municipal enfocat en la democràcia participativa no pot fer creu i ratlla a un projecte consensuat fruit de molts anys de treball i participació ciutadana sense més argument que un adjectiu -faraònic- poc objectivat. Per últim, amb els nivells de contaminació atmosfèrica que suporta Barcelona, les polítiques de mobilitat hauran de plantejar-se seriosament la limitació de l’ús del vehicle privat en favor de la utilització de transports col·lectius, públics o privats, independentment de les actuacions reivindicades pel cobriment d’aquestes vies ràpides al seu pas per la ciutat, segons la FAVB.

Rusia tiene pruebas de que un dron de EE.UU. estaba en la zona del convoy de la ONU atacado

Rusia posee los datos de control objetivo que confirman la presencia de un avión no tripulado Predator de Estados Unidos en el área donde se encontraba el convoy humanitario de la ONU que fue atacado en la ciudad siria de Alepo este 19 de septiembre (foto), según ha confirmado este jueves el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general Ígor Konashénkov. "A diferencia del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, nosotros tenemos pruebas; es decir, datos de control objetivo de la situación aérea el 19 de septiembre en Alepo", que confirman "de manera unívoca" la presencia de un dron de combate Predator de EE.UU. procedente de la base aérea de Incirlik (Turquia) en la zona donde se encontraba el convoy humanitario, "cerca del asentamiento de Urum al Kubra", ha detallado Konashénkov.

Este jueves, el jefe del Estado Mayor norteamericano, Joseph Dunford, reconoció que, a pesar de que el Ejército de EE.UU. no tiene pruebas de que Rusia participara en el ataque contra esa caravana humanitaria, considera que Moscú es responsable del asalto.

Konashénkov estima que lo único que tienen tanto Dunford como el ministro de Defensa estadounidense, Ashton Carter, son "opiniones personales y miedo a la responsabilidad" de asumir que su país cometió "otro error" o realizó "una provocación deliberada". "Según el mismo principio —basarse en opiniones personales en lugar de emplear datos de inteligencia comprobados—, como el Ejército de EE.UU. planea las operaciones de combate y prepara los informes a su presidente, ¿por que nos sorprenden sus errores y fracasos habituales, que provocan la muerte de cientos de personas inocentes en todo el mundo?", se ha preguntado Ígor Konashénkov. Por su parte, el Pentágono asegura que la Fuerza Aérea de la coalición encabezada por EE.UU. no sobrevoló la zona de Alepo, donde se produjo el ataque contra el convoy humanitario.

Un convoy conjunto de la Media Luna Roja Árabe Siria y de organizaciones humanitarias de la ONU fue atacado este lunes en la localidad siria de Urm al Kubra en el noroeste de la ciudad de Alepo, donde murieron unos 20 civiles. Según datos de la ONU, se vieron afectados por el ataque 18 de los 31 camiones que integraban el convoy. El paso de la columna humanitaria en los distritos del este de Alepo fue acordado con Damasco y la oposición armada, informa RT.

Al Assad: "El ataque de la coalición no fue un accidente sino que fue deliberado"

El presidente Bashar al-Assad afirma que “Estados Unidos no tiene la voluntad de actuar contra el “Frente al Nousra” y el “Estado Islámico” porque considera a esos dos grupos terroristas como carta en sus manos y puede utilizarla para lograr su propia agenda”. En una entrevista a la agencia Associated Press (AP), el presidente sirio ha dicho que los “Estados Unidos no están dispuestos para unirse a Rusia en la lucha contra los terroristas en Siria”, y asegura que “el ataque estadounidense contra las posiciones del Ejército Árabe Sirio en Deir Ezzor fue deliberado”.

Vídeo: Rusia: "El convoy humanitario de Alepo seguía una furgoneta de terroristas con morteros"

"El convoy humanitario de Alepo seguía una furgoneta de terroristas con armas de mortero", ha anunciado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el mayor general Igor Konashénkov. Además, el portavoz ruso ha afirmado que "las aviaciones rusas y sirias no realizaron ningún ataque aéreo contra el convoy humanitario al suroeste de Alepo". "Debido al hecho de que la ruta del convoy pasaba por territorio controlado por los rebeldes, el Centro ruso para la reconciliación de las partes en conflicto en Siria lo siguió ayer con aviones no tripulados", ha añadido Konashénkov.

Jordi Carulla cerró una firma en Bahamas con 10 millones cuando le investigaba la fiscalía

Jordi Carulla (foto), propietario del 20% del conglomerado empresarial Agrolimen, cerró en el año 2010 su sociedad en Bahamas, que contaba con un capital de 10 millones de dólares. Y lo hizo justo cuando Hacienda y la fiscalía hicieron público que estaban investigando a la saga empresarial catalana por evasión fiscal. La sociedad se denominaba Aifco y en ella tenía firma Jordi Carulla Font, quien reside en Londres desde hace 16 años, pero que anteriormente ha vivido en Miami y luego en la capital de Bahamas. Aifco, con sede en Nassau, consta entre las instrumentales pantalla destapadas por la documentación a la que ha accedido El Confidencial y La Sexta, en el marco de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Bahamas todavía era considerada paraíso fiscal en 2010, aunque justo un año después se firmó un acuerdo de intercambio de información con España. A día de hoy, la UE todavía lo considera un país "no colaborativo".

Además de sus frentes judiciales con Hacienda, el apellido Carulla es uno de los apoyos relevantes del mundo empresarial al movimiento independentista catalán. Accionistas fundacionales del diario Ara, también están vinculados a las plataformas Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, fruto de su compromiso político. Portavoces de la familia catalana han señalado que Aifco era filial 100% de una sociedad “actualmente española”, ésta última debidamente inscrita en el Registro Mercantil, con su NIF y auditada cada año.

Jordi Carulla figuraba como secretario en Aifco. Fuentes oficiales de la familia recuerdan que Jordi Carulla, junto con su esposa, hijos –entre ellos Arnau Carull – y nietos, es residente fuera de España, lo que afecta a su régimen fiscal. Eso incluiría el período de vida de Aifco, sociedad que se creó en 1998, si bien Jordi Carulla sólo se incorporó a las misma a partir de 2004, según los documentos que ahora han salido a la luz.
Además de los 10 millones de dólares de capital, Aifco controlaba otras dos sociedades holding en Miami –Genwest Inc y Westgen Inc– organizadas por un directivo de esa ciudad, Pedro P. San Romà, también secretario de Aifco. Tanto los activos controlados desde estas firmas como los 10 millones de dólares ya estarían declarados en España, según las fuentes de la familia.

En su cuenta de Linkedin, San Romá define el Grupo Genwest del que habían surgido los holding de los Carulla como “un instrumento para “gestionar la financiación global y vehículos de inversión que utilizan la estructuras empresariales más adecuadas para reducir al mínimo las obligaciones fiscales, como consecuencia de los tratados fiscales que establecen flexibilidad en el enfoque global de las actividades nacionales e internacionales existentes”.

Se da la circunstancia de que San Romà acabó fichando en 2004 como “controler” financiero de la firma estadounidense de confitería Richardson Brands, que formaba parte de la filial de confitería de Joyco. Agrolimen había vendido Joyco justo ese mismo año por 215 millones. Ese ejercicio, el 2004, parece clave porque también es cuando se incorpora Jordi Carulla a Aifco, con lo que todo apunta a que los fondos administrados en Bahamas corresponden a su rama familiar. Los Carulla saldaron sus cuentas pendientes con Hacienda a través de un acuerdo con la Fiscalía en 2014, por el que el hermano mayor, Lluís Carulla, reconocía el delito fiscal y pagaba 6,4 millones de euros a Hacienda en total en un acuerdo que les permitía evitar la prisión.

Según consta en Aifco, otros directivos del grupo Agrolimen formaban parte de las personas responsables de esta sociedad “off-shore”. Entre ellos, Andreu Puig Tomás, uno de los históricos de este grupo familiar.
Pero en Aifco aparece otro ejecutivo clave de la trama internacional de los Carulla, el británico residente en Nassau Graham J. Clark. Este directivo era el presidente de Aifco, pero además conecta con otros fondos de los Carulla en el exterior. En este caso, con dos holding instrumentales en Zurich, ambos activos, y en los que Graham J. Clark aparece como consejero de sociedades. Se trata de las firmas Makuri International AG e Internacle AG, con capitales de 26 y 1,79 millones de francos suizos cada una, según consta en el registro mercantil del cantón suizo. Jordi Carulla ha presidido ambas firmas, si bien en Makuri ahora el presidente es su hijo, Arnau Carulla.

Fuentes de los Carulla explican que estos fondos están declarados en España. En concreto, Makuri es filial 100% de una sociedad española, Antigabelcost, y así consta declarada en sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de esta última sociedad. Makuri también está declarada ante el Ministerio de Economía. En la última memoria depositada por la instrumental española, la de 2014, Makuri era 100% de Antigabelcost, se la definía como “instrumento de patrimonio” y acumulaba 42 millones de euros en Suiza.
Antigabelcost declaró beneficios de 590.000 euros en 2014. Su presidente es Artur Carulla, a su vez presidente de Agrolimen y hombre fuerte del grupo empresarial, que controla entre otros empresas como Gallina Blanca, Consorcio del Jabugo o el gigante de alimentación para mascotas Affinity Petcare. Jordi Carulla figura como consejero de Antigabelcost.

Graham J. Clark parece contar con la plena confianza de la familia Carulla y no sólo para firmas en paraísos fiscales. También es consejero de Pronver Inversiones, una sociedad por la que Jordi Carulla mantenía el 12,84% de Arboinvest, que su vez servía para controlar el gigante fabricante de compresas Arbora, hoy ya vendido. Clark incluso acudió a la junta de accionistas de Pronver en Barcelona el pasado 30 de junio de 2015, tal y como consta en la memoria de la sociedad depositada en el Registro Mercantil. Pronver, por cierto, también esta controlada desde fuera de España, en concreto desde Costa Rica, a través de GrupCost. Clark también fue consejero de Converal Inversiones durante el período 2009-2010. Si Pronver Inversiones era la patrimonial de Jordi Carulla, Converal era la de Artur Carulla. Converal poseía el 14,87% de Arborinvest y a su vez dependía de la firma Antiga Grupsur, radicada en Uruguay.

En 2009, los Carulla fueron trayendo a España el control de sus fondos internacionales. Así se se constituyeron cuatro firmas instrumentales en Barcelona con denominaciones muy similares a las compañías de Costa Rica y Uruguay. Se trata de Antigacopral, Antigagrupsur, Antigabelcost –la que controla Makuri– y Antigabelsur –“las antigas”– que sumaban entonces un capital social conjunto de 58 millones de euros. Todas ellas están presididas por Artur Carulla pero tienen a Jordi Carulla y Montserrat Carulla como consejeros. Fuentes conocedoras de los entresijos de la familia apuntan a que la relación entre Jordi Carulla y el resto de los hermanos se ha deteriorado a raíz de los problemas fiscales por los que tuvieron que acabar pagando a Hacienda más de 6 millones hace dos años. Una crisis de la que hacen responsable a Jordi.

La Fiscalía apunta a los bancos y bufetes que llevaron sus clientes a Mossack Fonseca


La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar la responsabilidad de los bancos, asesores fiscales y bufetes de abogados que actuaron como intermediarios de Mossack Fonseca en España y le suministraron grandes bolsas de clientes. Al menos 836 oficinas con domicilio en territorio español figuraban como intermediarios ('clients') en las bases de datos de Mossack Fonseca.

Los negocios panameños de Oleguer Pujol, controlados desde Bahamas

Los proyectos inmobiliarios de Panamá en los que Oleguer Pujol invirtió parte de la fortuna familiar escondida en Andorra estaban controlados desde Bahamas por sociedades offshore. El responsable de toda la estructura era Daniel Costa, amigo de Oleguer y principal impulsor de esos negocios urbanísticos en Centroamérica, investigados por la Audiencia Nacional por su presunta relación con el blanqueo del patrimonio oculto del clan Pujol. Según consta en documentos secretos del Registro Mercantil de Bahamas, el nombre de este empresario está vinculado con al menos dos mercantiles domiciliadas en ese archipiélago del Caribe, Molamol Headquarters Corp. e Isla Quesito Headquarters Corporation. Ambas sociedades también habrían sido utilizadas para controlar cuentas bancarias en Suiza.

Los médicos denuncian que Cifuentes maquilla las listas de espera

Las sospechas sobre el estado real de la lista de espera quirúrgica (LEQ) en la Comunidad de Madrid siguen más que presentes en la mente de los médicos. Tal y como denuncia la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la nueva Orden de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las instrucciones de gestión de la LEQ del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), esconde facilidades para el “maquillaje estadístico”. Entre las herramientas que ha presenciado AFEM, el nuevo dictamen determina que los pacientes sin tarjeta sanitaria madrileña quedan excluidos de la LEQ. Una cuestión que preocupa a la organización que se pregunta “qué pasa con aquellos que sin recibir dicha tarjeta, se les reconoce la asistencia sanitaria”. Pero no es el único producto de maquillaje que presencia AFEM.

Según denuncia la asociación médica, la nueva orden elimina a pacientes de la LEQ si éste se le propone que cambie de centro o de especialista para ser operado y rechaza cinco centros alternativos. Práctica que, como remarca AFEM, vulnera el reconocimiento que hace la ley a la libre elección de especialista y centro. “Para la Consejería lo importante es el titular, el márquetin y los números, aunque no reflejen la realidad”, sentencia el colectivo. Otra de las razones para fulminar a alguien de la LEQ, según AFEM, llega en el momento en el que “si un paciente no puede acudir a su cita con el anestesista también se le eliminará”. Una eliminación que no es cosa exclusiva de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cristina Cifuentes. Los centros de destino de derivaciones “también podrán dar de baja a pacientes con la excusa de considerar no indicada la cirugía propuesta en el centro de origen”.

Y, por último, existen otros dos casos que llevarán al paciente al limbo de las LEQ. Tal y como analiza AFEM, aquellos usuarios temporalmente no programables por un periodo superior a tres meses “también causarán baja, independientemente del motivo y del tiempo que lleve esperando”. “La consejería de Sanidad lleva aplicando estas prácticas desde antes de publicar esta Orden poniendo de manifiesto que el objetivo es eliminar la LEQ, no intervenir a los pacientes, cumplir objetivos sin realizar el trabajo. A pesar de esta labor de maquillaje estadístico, la LEQ no está controlada e inicia su repunte”, asevera la de Facultativos Especialistas de Madrid.

Una acusación que los médicos llevan tiempo denunciando y que desde la Consejería de Sanidad, como afirmaron a ElBoletín.com este verano, ha ido negando: “Nuestros datos son absolutamente reales, fidedignos”. Un argumento que ha mantenido el propio consejero Jesús Sánchez Martos que cuando se le ha expuesto un caso de presunto falseo de datos se ha escudado en que “puede haber algún error y si es así pedimos disculpas, pero jamás son trampas”.

Respecto a la exclusión o al castigo a aquellas personas que rechazan una derivación, el grito de los médicos ha sido constante, algo que desde el departamento del Ejecutivo regional justifican asegurando que “si la opción más breve puede ser una derivación - que no tiene por qué ser a un centro privado, puede ser a otro centro o a otro hospital de apoyo público como de la Cruz Roja o el Infanta Cristina- se le ofrece al paciente. Si la rechaza, porque prefiere operarse con su médico que conoce desde hace tiempo…, entonces está sujeto a la espera de su hospital y al equipo médico que elija. Y ahí también entra la lista de espera que pueda tener ese equipo médico”, informa El Boletín.

El Govern balear no acusará a Matas por la Ópera y el palacete

El Govern del Pacte no piensa formular acusación alguna contra Jaume Matas (PP) en dos de las piezas separadas más importantes del caso Palma Arena: la de la Ópera en el Moll Vell y el blanqueo de capitales mediante el patrimonio inmobiliario del expresident del PP de Balears, incluido su palacete de la calle Sant Feliu, 8. La Abogacía de la Comunidad Autónoma no ve delito en el supuesto desvío de 1,5 millones de euros de fondos públicos por el expresident del Govern en el Palacio de las Artes Escénicas y pide el archivo de esta causa. La postura contraria a formular acusación por parte de la acusación particular en nombre del Govern deja en manos del fiscal anticorrupción Pedro Horrach el futuro de ambas causas. Si la fiscalía no acusa, las dos causas serán archivadas .

Horrach no ha redactado su escrito de acusación sobre la Ópera, a pesar de que se abrió el plazo para ese trámite a mediados de marzo del año pasado. El fiscal sí que ha admitido tener dudas sobre la viabilidad de mantener una acusación por blanqueo contra Matas y los otro siete encausados en esta pieza, al no existir pruebas de que el dinero negro invertido en sus inmuebles tenga un origen delictivo. Respecto a la Ópera, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma hace tiempo que se postularon a favor de archivar la pieza, al entender que los hechos no son constitutivos de delito. Sin embargo, la decisión de no acusar a nadie por el incremento patrimonial injustificado de Matas constituye una sorpresa y un escándalo.

Según defiende el juez Castro en su auto de fin de instrucción de Ópera, el entonces president del Govern del PP Jaume Matas ideó en 2006, "con la finalidad de que el partido que le sustentaba y que él presidía obtuviera una decisiva ventaja en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2007, presentar a la opinión pública un colosal plan para reordenar la Bahía de Palma y levantar un edificio para las artes escénicas en el Moll Vell. El president lo preparó todo para dar a conocer ese proyecto el 2 de mayo del 2007, "cuando la campaña electoral comenzaba el 11 de ese mismo mes" y "con el único objetivo de determinar (dirigir) hasta donde pudiera el voto del electorado".

Matas pensó en Santiago Calatrava como arquitecto escogido para levantar la Ópera de Palma, debido a su gran fama mundial y lo "contrató" verbalmente en un encuentro que mantuvieron en Roma en marzo del 2006. Ese viaje costó a las arcas públicas 5.124 euros, de los que 1.300 fueron para la limusina que trasladó al president. Según el magistrado, el president no era un órgano de contratación, pese a lo cual escogió a dedo a Calatrava y luego ordenó a su Govern(conseller de Cultura, arquitectos y asesores jurídicos) que revistieran el expediente administrativo para justificar aquel encargo.

El auto postula que el también exministro con Aznar ordenó al conseller de Cultura Francesc Fiol que amañara el expediente de contratación de Calatrava. La resolución detalla las presiones que sufrieron los técnicos que en un principio se negaron a avalar la operación, que vulneraba todas las normas de contratación en la Administración. Finalmente, el fichaje se maquilló con la excusa de que el arquitecto valenciano era el más adecuado para redactar el proyecto de edificio ideado por el Govern de Matas.

Calatrava exigió cobrar 1,2 millones de euros por redactar un anteproyecto de Ópera que nunca ha aparecido y del que no existe constancia de entrega al Govern, dos maquetas (una de la Bahía y otra del edificio, que ha desaparecido) y un vídeo promocional. Con el IVA, esa partida subió a casi 1,4 millones de euros. Pero hubo más gastos: 125.000 euros de una fastuosa presentación del proyecto que Matas organizó para el 2 de mayo del 2007 y que fue prohibida por la Junta Electoral, al estimar que era un acto claramente partidista.

La pieza separada 24 (la del blanqueo) versa sobre el incremento patrimonial de unos 4 millones de euros que Matas habría experimentado, entre 2003 y 2007, sin que sus sueldos de president y parlamentario del PP le permitieran esas inversiones. Castro mantiene que Matas consiguió tres valiosas propiedades: el palacete; un piso de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid y un apartamento en la Colònia de Sant Jordi.

Matas admite múltiples delitos para evitar la cárcel

El ya condenado por corrupción y fraude expresidente de Baleares y exministro del PP Jaume Matas ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para admitir que cometió casi todos los delitos que se le imputan a cambio de no entrar en prisión. Matas, que se encuentra en prisión en la cárcel de Segovia condenado por un delito de tráfico de influencias, habría llegado a un acuerdo con el ministerio público tras dos años de negociaciones y está dispuesto a admitir que recibió instrucciones en un sobre, que le fue entregado en la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid, para amañar la adjudicación de la mayor obra pública de Baleares en favor de OHL: la construcción del Hospital Son Espases.

Esperanza Aguirre pagó a la mafia Púnica para atacar a la Marea Verde en Internet

El Gobierno fascista y corrupto de Esperanza Aguirre pagó en 2009 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red mafiosa que cobraba del Gobierno regional del PP para publicar la propaganda del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían las diatribas y mentiras de pequeños periódicos locales creados con ese fin.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 9 de septiembre de 2009 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que "el cliente", la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.

En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: "El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]".

A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: "Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles". Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del "grupo de trabajo" es "ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general".

La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: "Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación". Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.

Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: "El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online".

De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude, informa eldiario.es.

La GC acusa a Lucía Figar (PP) de fraude, tráfico de influencias y malversación


La Guardia Civil atribuye a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar los delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que la ex alto cargo popular "utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones". "Queda patente", subrayan los investigadores en sus últimos informes, que "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería". "Pero también", añade la UCO, ha quedado acreditado que usó esta estrategia "como arma de ataque contra la oposición política y social, empleando usuarios falsos de redes sociales para lanzar mensajes contrarios a éstos". Una actitud, esta última, que la Guardia Civil considera que evidencia la "cuestionable honradez personal y política" de la ex consejera de Esperanza Aguirre.

Los combustibles 'bio' contaminan más que la gasolina o el gasoil

Los biocarburantes –combustibles para el transporte producidos a partir de cultivos y en teoría más respetuosos con el medio ambiente- se están revelando como una fuente de energía más contaminante que los combustibles fósiles a los que quieren sustituir y un verdadero problema para las políticas europeas de reducción de emisiones. El año pasado, la Unión Europea ya aprobó limitar el uso de los biocarburantes que proceden de cultivos alimentarios como la colza, la palma o el trigo por el importante impacto que están teniendo sobre el precio de los alimentos. Pero, además de agravar el hambre en el mundo, estos agrocombustibles tampoco están aportando soluciones al problema del cambio climático.

Una investigación encargada por la Comisión Europea y publicada el pasado abril refleja que, al contrario de lo que se venía considerando, el uso de algunas de estas materias primas para producir combustible está resultando altamente contaminante. En principio, los biocarburantes emiten mucho menos C02 de forma directa a la atmósfera que los combustibles tradicionales, pero los cambios en el uso del suelo que provocan estos cultivos, con enormes deforestaciones tropicales y el drenaje de turberas asociado, hace que, de forma indirecta, las emisiones de gases de efecto invernadero se disparen.

El caso es especialmente preocupante para los combustibles fabricados a base de palma y soja, dos de los cultivos más utilizados en la producción de biocombustibles. El informe de la UE revela que, sólo derivados de los cambios en el uso de suelo, el primero emite 231 gramos de CO2/MJ y el segundo 150. Para hacerse una idea, la legislación de la Unión Europea calcula que las emisiones generadas por los combustibles fósiles como la gasolina son de 94 gramos de CO2/MJ. Es decir, que los efectos para el clima terminan siendo mucho peores si se utiliza palma en lugar de petróleo.

No todos lo biocarburantes contaminan igual. El maíz, la remolacha o el azúcar de caña (utilizados para producir bioetanol) no emiten tantos gases de efecto invernadero y los hay, incluso, que ayudan a mitigar el cambio climático, como los cultivos no alimentarios a base de plantaciones forestales, pero son más caros y su cuota de mercado es apenas significativa. En contraste, el biodiésel obtenido con colza, palma, soja y girasol (los más contaminantes) representan casi el 70% del mercado de biocarburantes de la UE. “Los agrocombustibles se presentan como la solución a los combustibles fósiles cuando en realidad, y salvo contadas excepciones, están agravando los impactos negativos económicos, sociales y ambientales del sistema de transporte europeo y español”, dice Abel Esteban, coordinador de la campaña de bioenergía de Ecologistas en Acción.

La ONG Transport and Environment, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha recogido las conclusiones del informe europeo -que sólo calcula las emisiones indirectas- le ha sumado las emisiones directas y lo ha comparado con los datos correspondientes para los combustibles fósiles tradicionales. El resultado es que, de media, el biodiésel genera emisiones alrededor de un 80% más altas que el gasóleo fósil al que sustituye. Por su parte, el bioetanol es aproximadamente un 30% menos perjudicial, con excepciones como el trigo o la cebada. “El 76% de los biocarburantes que se prevé se utilizarán en Europa en 2020 arrojan unas emisiones de GEI similares o peores que las de los combustibles fósiles a los que sustituyen”, sentencian desde Transport and Environment.

El problema es la política de apoyo a este tipo de carburantes que se adoptó en la Unión Europea a partir de 2009 en aras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. La política europea no contabiliza las emisiones indirectas derivadas de los cambios en el uso del suelo, sino sólo las emisiones directas; así que, aunque en la práctica los agrocombustibles son más contaminantes, en la teoría se presentaron como beneficiosos para combatir el cambio climático. Así, la Directiva de Energías Renovables obligó a los Estados miembros a que para el año 2020 utilizaran al menos un 10% de energía renovable en el trasporte, la mayor parte biocombustibles, además de otros.

A raíz del debate surgido en el seno de la UE por estos cultivos, se modificó la directiva, que limitó el uso de agrocombustibles al 7% y prohibió subvencionarlos a partir de 2020. No obstante, hasta esa fecha se prevé que su consumo siga creciendo. En concreto, España prevé duplicar su importación al final de esta década. “Incluso después de la reforma se prevé que las emisiones del transporte europeo aumenten en 2020 un 4%, debido exclusivamente al impacto de los agrocombustibles”, señala Ecologistas en Acción, que denuncia que se estarán ocultando “las emisiones equivalente a 12 millones de vehículos adicionales en nuestras carreteras”, informa Público.