dimecres, 13 de juliol de 2016

El PP impide a los historiadores investigar en archivos desde el s. XVI

España tampoco es lugar para historiadores ni investigadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene clasificada como "secreta" y "reservada" desde 2010 la práctica totalidad de su documentación incluyendo los fondos históricos de su archivo compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX, mientras que el Ministerio de Defensa canceló en mayo de 2012 1a publicación de 10.000 documentos que estaban listos para su desclasificación. La conclusión es contundente: "En España es imposible, a día de hoy, llevar a cabo una investigación histórica completa que tenga en cuenta algún aspecto internacional", denuncia David Jorge, investigador y profesor de la Universidad de Wesleyan (Connecticut). 300 investigadores piden al Gobierno que desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico y que desclasifique los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968, en un caso único entre los países "democráticos". Lo que demuestra que aún hay demasiado juego sucio de Austrias, Borbones y Orleans oculto y censurado por miedo al escándalo de una dinastía que se tambalea.

En términos prácticos, el Estado español impide a los profesionales de la investigación histórica realizar investigaciones de temáticas tan diversas como la represión franquista, las negociaciones para la liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, las relaciones entre la dictadura de Primo de Rivera y la Sociedad de Naciones o la política del Protectorado español en Marruecos. "Es una cuestión de salud democrática . Me pregunto a qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación", incide David Jorge. La situación se hace más dramática cuando se compara a España con los países de su alrededor. Ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX. Una decisión que ha motivado graves problemas en numerosas investigaciones históricas (muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público), pero que también atenta, asegura David Jorge, contra "los principios de transparencia" que se le presuponen a un Estado democrático de derecho.

Para pedir el fin de esta situación de bloqueo que arrancó en 2010, y que aún no tiene fecha de solución, alrededor de 300 investigadores, entre los que se encuentran Ángel Viñas, Jean-Marc Delaunay, Helen Graham y Ángeles Egido León, así como personalidades del mundo de la cultura como la escritora -y ex directora de la Biblioteca Nacional de España- Rosa Regàs, han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico y se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.

La clasificación del archivo de Exteriores fue descubierto por los investigadores Álvaro Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, cuando en en marzo de 2011 solicitaron autorización al Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores para consultar documentación en relación a sus investigaciones de carácter académico. Jimena trató de acceder a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982. Sanz investigaba las relaciones relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982.

La contestación fue la misma para los dos. "Recibimos una negación por escrito en las que se nos decía que esa documentación era secreta en función de una acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, que no estaba publicado", explica Sanz a Público. El acuerdo secreto al que remitió Exteriores fue tomado en el Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, con Zapatero de presidente. En él se otorgó la clasificación de secreto a todo documento relacionado con 17 materias comprendidas en un listado tan genérico que blinda prácticamente cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas.

En junio de 2012, el actual ministro de Exteriores José Manuel García Margallo aseguró que revisaría el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Zapatero para determinar con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional procediendo, después, a poner a disposición de los investigadores todos aquellos documentos que no afectaran a la seguridad nacional. Sin embargo, muy lejos de solucionar la situación, la acción del Ministerio de Margallo ha dado otra vuelta de tuerca al asunto. En septiembre de 2012, Exteriores cerró el acceso a su Archivo General y dispersó sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones.

El profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sanz considera que el problema generado por la opacidad del Estado respecto a sus archivos va más allá que los daños ocasionados a los "innumerables proyectos de investigación en marcha". "Se trata del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación", sentencia Sanz, informa Público.

China procesa cuatro altos funcionarios por corrupción

Los fiscales chinos han presentado pleitos separados contra cuatro altos funcionarios sospechosos de corrupción, según anunció hoy miércoles la Fiscalía Popular Suprema. Su Rong (foto), ex vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo cuerpo asesor político del país, está acusado de aprovecharse de sus cargos para buscar beneficios para terceros, de aceptar una enorme suma de sobornos y de abusos del poder que provocaron "grandes pérdidas" al Estado.

Las propiedades de Su y sus gastos excedían obviamente sus ingresos legales y no pudo explicar el origen del dinero. Está también acusado de tener una enorme cantidad de propiedades de fuentes no identificadas. Su Rong también abusó de su poder y causó "grandes pérdidas" en los activos estatales, no asumió su debida responsabilidad a la hora de fomentar la gobernación limpia y fue responsable de la grave corrupción en la provincia oriental de Jiangxi, donde sirvió de jefe del Partido entre 2007 y 2013, agregó la misma fuente.

"Como alto funcionario del Partido, Su Rong desafió las reglas políticas internas del PCCh, violó gravemente la disciplina de organización y está implicado en escándalos de venta de puestos oficiales, lo que tuvo un impacto negativo entre los cuadros y en la ética social", dice el comunicado. Además, Su Rong apoyó y permitió que sus familiares usurparan la autoridad, interfirieran en los asuntos gubernamentales y obtuvieran "grandes sumas de beneficios ilegales", hechos que "severamente socavaron la vida política interna del Partido y la ecología política local", subraya el comunicado.

Su, ex vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), se encuentra bajo investigación desde junio de 2014 y es el cuarto funcionario de alto rango detenido relacionado con la provincia de Jiangxi, donde se ha producido un gran cambio en el panorama polítco desde que la CCCD enviara allí un equipo de inspección en mayo de 2013. Nacido en 1948 en la provinica nororiental de Jilin, Su sirvió sucesivamente como jefe del Partido de las provincias de Qinghai, Gansu y Jiangxi entre 2001 y 2013. Su Rong fue elegido vicepresidente del Comité Nacional de la CCPPCh el 12 de marzo 2013, junto con otras 22 personas, asistiendo incluso a una conferencia de alto nivel de la CCPPCh en Beijing dos semanas antes de la anunciada investigación.

Du Shanxue, ex vicegobernador de la provincia septentrional china de Shanxi, está acusado de ofrecer y tomar sobornos y de tener una gran cantidad de propiedades de procedencia no identificada. Sun Zhaoxue, ex gerente general de la Corporación de Aluminio de China (Chinalco), empresa de propiedad estatal, está acusado de aceptar una enorme cantidad de sobornos y poseer una gran cantidad de propiedades de origen no identificado. Zhao Shaolin, ex miembro del comité permanente del comité provincial de Jiangsu del Partido Comunista de China (PCCh) y ex secretario general del comité provincial del Partido está acusado de sobornar a terceros para buscar beneficios para los negocios de su hijo y adquirir divisas mediante fraude, informa Xinhua.

Siria acusa Israel de seguir apoyando a los terroristas

El Representante permanente de Siria ante la ONU, el Dr. Bashar al-Jaafari afirmó durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el Oriente Medio, “Es la hora de que las fuerzas internacionales encuentren una fórmula adecuado para poner fin a las violaciones". Al-Jaafari indicó que las autoridades de ocupación israelíes continúan la detención arbitraria de ciudadanos sirios y el robo de los recursos naturales del Golán sirio ocupado, ignorando al mismo tiempo todas las legítimas decisiones internacionales. “La entidad de ocupación israelí sigue prestando apoyo a las organizaciones terroristas, en particular, el Frente al-Nusra”, manifestó el alto diplomático sirio. Foto: El ejército sirio recupera el estratégico poblado de Meydah en Ghouta Este.

En este sentido, el titular sirio agregó que algunos países europeos se han visto implicados en apoyar el terrorismo, y hoy en día se puede ver como este terrorismo está atacando en aquellos países.

El ejército sirio recupera el estratégico poblado de Meydah en Ghouta Este


Una fuente militar anunció que el Ejército recuperó el control de la localidad de Meydah, ubicada en la zona de Ghouta Oriental, al este de Damasco. La fuente precisó que unidades de las Fuerzas Armadas en colaboración con los grupos de Defensa Popular, “se enfrentaron con grupos terroristas que se atrincheraban en el poblado de Meydah en la zona de Ghouta Oriental”. Según dicha fuente, los enfrentamientos terminaron con recuperar el control total de dicho poblado y la eliminación de todos los terroristas en el mismo.

Por otro lado, los zapadores del Ejército peinaron el poblado por completo y desactivaron a decenas de bombas sembradas por los terroristas, además de incautar armas y municiones pertenecientes a los terroristas del llamado “Batallón del Islam”. El control de Meydah se considera un logro militar importante ya que completa y refuerza el cordón que impuso el Ejército alrededor de las zonas donde se despliegan los terroristas, además de cortar una de las principales rutas que usaban los terroristas para abastecerse de armas y municiones a través del desierto, informa SANA.

Encarcelado por pornografía infantil el monitor pederasta de los Maristas

El monitor de comedor del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona acusado de haber abusado sexualmente de seis alumnas de 11 años ha sido detenido de nuevo por los Mossos y ha ingresado en prisión por orden judicial. El motivo de su encarcelamiento es que la policía ha hallado en su ordenador abundante material de pornografía infantil, según fuentes judiciales. Los investigadores sospechan que el detenido distribuía esas fotos y videos a través de internet. Un juzgado de Barcelona está investigando desde finales del año pasado a este monitor de comedor, de unos 30 años de edad, que trabajaba en la sede que el colegio que los Maristas tienen en la calle Antoni Capmany de Barcelona, dedicado a la enseñanza infantil y primaria.

Los Mossos lo detuvieron en diciembre del 2015 acusado de haber abusado sexualmente de seis niñas. Tras tomarle declaración, la jueza decretó su libertad provisional. Eso sí, acordó medidas cautelares, como la obligación de comparecer en el juzgado, así como la prohibición de comunicación con las víctimas. Tampoco podía acercarse al centro escolar.

El director del colegio, Raimon Novell, explicó en febrero pasadado, tras conocerse estos hechos, que el centro había apartado al monitor el mismo día en que se enteró, a raíz de la queja de unos padres, de los supuestos abusos sexuales a menores. El hombre había cursado estudios de monitor de tiempo libre en la Escuela de Esplai de Barcelona y había llegado al colegio de Sants-les Corts por medio de la Fundación Pere Tarrés. Solo llevaba 17 días en la escuela haciendo prácticas cuando fue descubierto. La fundación afirma que expulsó de inmediato al monitor.

Según explicó entonces Novell, fue la dirección del centro quien denunció al monitor a los Mossos. Después, según agregó el director de la escuela, se sumó la familia de una de las afectadas. Al cabo de unos meses, las víctimas ratificaron ante un equipo de especialistas que el investigado había abusado de ellas. Mientras el proceso judicial por los supuestos abusos sexuales a las niñas continuaba su curso, el juzgado abrió otra línea de investigación contra el monitor. Los agentes habían confiscado en su vivienda su ordenador y empezaron a analizarlo. Fue entonces cuando los policías descubrieron que el acusado tenía almacenado en su equipo informático numeroso material de pornografía infantil, tanto fotografías como videos de sexo explícito. Los agentes consideran que, además, lo distribuía a través de internet.

Ante este descubrimiento, el juzgado encargado de investigar los abusos sexuales a las niñas del colegio (pesquisas que ya están prácticamente finalizadas) abrió una pieza separada y la semana pasada ordenó el ingreso en prisión del monitor. No solo por la reiteración de una actividad delictiva, sino también por las altas penas de privación de libertad que comporta la distribución de material pornográfico infantil.

El caso de este monitor de comedor salió a la luz el pasado mes de febrero (dos meses después de su detención), tras la publicación en EL PERIÓDICO de que el exprofesor de gimnasia del mismo colegio de los Maristas de Sants-Les Corts Joaquim Benítez había abusado sexualmente de un buen número de alumnos. Este exdocente lo confesó primero en una entrevista con este diario y, después, lo confirmó ante el juez que le tomó declaración y que acordó su libertad con cargos.

Desde entonces la lluvia de denuncias de exalumnos de los colegios Maristas de Sants-Les Corts y de la Inmaculada, en el Eixample, contra antiguos profesores de ambos centros no cesó. En total se han presentado 43 denuncias contra 12 docentes, incluyendo las seis del 2011 contra el hermano Lucio Zudaire y las del citado monitor. La mayoría de estos casos han sido archivados por prescripción del delito a causa del paso del tiempo. Continúan abiertos el del exprofesor de gimnasia Benítez y el del monitor de comedor.

Este diario ha publicado tres confesiones de pederastas denunciados por exalumnos. La primera y la segunda fueron las de Joaquim Benítez y la de A. E., un exdocente del colegio de la Inmaculada. La tercera es la de A.F. , un exprofesor de Sants que negó los abusos a reporteros de este diario, pero luego los confesó a una de sus víctimas, que fue a su encuentro con una cámara oculta. Los delitos de los pederastas confesos A. E. y A. F. han sido declarados prescritos por la justicia.

La patronal Escola Cristiana y su patente hipocresía con los pederastas


La patronal Escola Cristiana de Catalunya, que agrupa a los principales centros educativos católicos concertados, dice sentirse "profundamente avergonzada" por el escándalo de pederastia que sacude a varias escuelas Maristas, tres meses después de que se iniciara la investigación y publicación de múltiples casos de abusos de menores cometidos por profesores en diversos colegios Maristas durante décadas con pleno conocimiento y ocultación de los hechos por las escuelas, la citada patronal ha emitido un comunicado en el que afirma estar viviendo “con vergüenza, indignación y tristeza” la revelación de los numerosos delitos denunciados, muchos de ellos confesados por sus autores pero la mayoría prescritos con la connivencia de una ley hecha a medida de los criminales.

François Hollande gasta 9.895 euros al mes en pagar a su peluquero

Según la revista 'Le Canard Enchaîné' -"El pato encadenado"-, Hollande tiene a su servicio a un peluquero cuyo salario es de 9.895 euros al mes. Desde 2012, el peluquero ha recibido una remuneración bruta de 593.700 euros. El presidente de Francia, François Hollande, tiene a su servicio desde que fue elegido en mayo de 2012 a un peluquero que entonces contrató con un salario de 9.895 euros al mes, reveló el semanario satírico "Le Canard Enchaîné" en su edición digital. En la portada de la edición, la publicación destaca entre sus titulares "9.895 euros es el salario mensual del peluquero de Hollande". En páginas interiores precisa que Olivier B. -la identidad con la que se presenta al peluquero- tiene un contrato que expirará cuando lo haga el mandato del jefe del Estado.

Francia celebra elecciones presidenciales en mayo de 2017. El contrato se firmó el 16 de mayo de 2012 por la directora del gabinete del Elíseo, Sylvie Hubac, y supone para el beneficiario una remuneración bruta durante toda su duración de 593.700 euros. En él se precisa que Olivier B. está obligado durante toda la duración de su contrato e incluso después a mantener "el secreto más absoluto" sobre su trabajo o sobre las informaciones que habrá podido recibir, como el mítico barbero del rey Midas, el de las orejas de burro por "regalo" de Apolo por su juicio musical con el fauno Marsias, a quien consideró mejor flautista que arpista Apolo por la promesa y soborno de aquel de poder transformar en oro todo lo que tocara.

El PE demana la retirada del pla hidrològic de l’Ebre

El Parlament Europeu ha demanat aquest dimecres la retirada del pla de conca de l’Ebre del govern espanyol. Els eurodiputats del comitè de Peticions han aprovat l’informe de la missió a l’Ebre del mes de febrer per 22 vots a favor i 9 en contra, i fins i tot han reforçat el text inicial, acceptant una esmena dels eurodiputats catalans que demana a la Comissió Europea que ‘rebutgi el segon cicle del pla de conca presentat pel govern espanyol’ perquè no resol ‘les deficiències identificades’ l’any passat. L’esmena s’ha acceptat per 19 vots a favor i 12 en contra. Els eurodiputats també han rebutjat una esmena del PP que pretenia retirar del text les crítiques a la gestió de l’aigua del govern espanyol.

Els eurodiputats catalans d’ERC-NeCat, CDC, ICVI, PSC i l’ex-membre d’Unió, Francesc Gambús, van presentar una sèrie d’esmenes a l’informe inicial de la missió a l’Ebre perquè inclogués una ‘afirmació molt més contundent’ per a la retirada del pla de conca de l’Ebre. L’esmena, la número 3 que es votava aquest dimecres, s’ha aprovat amb el suport dels seus partits, tot i que el grup liberal, en què participa el convergent Ramon Tremosa, no li ha permès votar a ell i ha enviat al comitè els representants de C’s i UPyD, que hi han votat en contra.

L’esmena assegura que els plans de conca del govern espanyol ‘encara no inclouen totes les deficiències identificades per la Comissió Europea el març del 2015’ i per això ‘demana a la Comissió rebutjar els plans de conca de segon cicle presentats pel govern espanyol’. Un altra dels elements de l’informe que s’ha reforçat és la crítica als cabals ecològics. Els eurodiputats demanen que els cabals siguin ‘suficients per aconseguir una conservació favorable’ de l’espai natural.

La comissió de peticions del Parlament Europeu encarregada d’avaluar la viabilitat del pla hidrològic impulsat per govern espanyol ha aprovat avui l’informe favorable als interessos de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), elaborat per una delegació d’eurodiputats. El text, que ha arribat a votació després d’un període d’esmenes, és un toc d’alerta dur al govern espanyol i és molt crític amb la gestió de l’aigua que fa. Assenyala el perill que pot implicar la reducció del cabal per a l’ecosistema del delta i recomana que es canviï. No és un informe preceptiu i per tant, el govern espanyol no l’ha de complir obligatòriament. Tanmateix, la PDE té planejat de presentar una queixa a la Comissió Europea, que es reunirà amb el govern espanyol per revisar el pla i validar-lo o no. La PDE vol denunciar que el pla hidrològic de l’Ebre incompleix algunes directives europees, amb el propòsit que Europa obligui el govern espanyol a modificar el pla i a dotar la desembocadura de l’Ebre de prou cabal ambiental.

L’informe ha estat elaborat a partir de la visita d’una delegació d’eurodiputats a l’Ebre el mes de febrer passat. Era presidida per Pál Csáky (Eslovàquia, PPE), vice-president de la comissió de Peticions, i també integrada pels eurodiputats Julia Pitera (Polònia, PPE), Kostadinka Kuneva (Grècia, GUE-NGL), Bodil Valero (Suècia, Verds-ALE), Tatjana Zdanoka (Letònia, Verds-ALE), Eleonora Evi (Itàlia, EFDD), Rosa Estaràs (PPE), també vice-presidenta de la comissió de Peticions, Pilar Ayuso (PPE), Sergio Gutiérrez (S&D), Javi López (S&D) i Ernest Urtasun (Verds-ALE). Durant la visita, la delegació es va reunir amb els peticionaris de la Coordinadora Antitransvasaments, i també amb arrossaires, pescadors, ornitòlegs i ambientalistes del delta. Així mateix, va parlar amb membres de la Plataforma en Defensa dels rius Tejo i Alberche, i amb autoritats de la Confederació Hidrogràfica del Tejo, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient espanyol, informa Vilaweb.

Querella por presunto homicidio contra un cura del Opus

El Juzgado número 2 de Murcia ha admitido a trámite una querella contra un cura del Opus Dei por presunto homicidio. La denuncia ha sido puesta por la hija del fallecido y ahora se investiga la muerte en extrañas circunstancias de Juan Hurtado, un anciano miembro del Opus que anunció la fecha de su muerte cuatro días antes. La hija del fallecido acusa a un sacerdote numerario del Opus, hermano suyo, de provocar la muerte de su padre mediante sedación terminal por métodos caseros para que coincidiera con el aniversario de la beatificación del fundador Escrivá de Balaguer, según informa vegamediapress.com. En la querella también se acusa al Opus Dei del vaciado de cuentas por importe superior a 500.000 euros del anciano.

Cuando el jueves 14 de mayo de 2015 Juan Hurtado, enfermo de cáncer de pulmón, vecino de Murcia, y miembro supernumerario del Opus (miembros de menor rango dentro del Opus), anunció que le quedaban cuatro días de vida nadie le creyó. Pero el domingo siguiente 17 de mayo moría en casa con su hijo cura del Opus al lado, sin asistencia domiciliaria, en la fecha en que había anunciado con grave preocupación a los cuatro vientos. La hija del fallecido Juan, Josefina Hurtado, médico, desde Inglaterra acusa al hermano y al Opus de acabar con la vida de su padre para hacerla coincidir con la onomástica de la Ascensión del Señor y el aniversario de la canonización del fundador del Opus.

Según publicó esta semana la revista Interviu, “nadie creyó a Juan Hurtado, miembro del Opus, cuando anunció que moriría en cuatro días, coincidiendo con la celebración de la beatificación del fundador, Escrivá de Balaguer. Su hija, médica en inglaterra, ha denunciado a su hermano, cura de la Obra, por la presunta muerte por sedación de su padre y pide que se investigue el vaciado de las cuentas bancarias del difunto, que testó a favor de la congregación. “Mi padre no estaba en fase terminal. Él se duchaba solo, salía a pasear y tomaba café con unas amigas. El jueves 14 de mayo me dijo por teléfono que moriría el domingo, que se lo había dicho mi hermano Fernando, que a su vez lo sabía por el oncólogo”, recuerda Josefina, que, ante la preocupación por el macabro anuncio de su padre, recibió un mail de su hermano: “Lo que el médico dice exactamente es que difícilmente llega al verano”, le escribió Fernando Hurtado, quien no ha querido hacer declaraciones.

Sin embargo, Juan Hurtado había anunciado a todos la fecha precisa de su fallecimiento. A su nieta, estudiante en la Universidad de Gales, se lo contó por teléfono con mucha angustia: “Me han dado cuatro días de vida. Llevo dos; quizá mañana ya esté muerto”. A su hijo menor, Antonio, que viajaba a Madrid todos los fines de semana, le pidió dos besos porque cuando regresara el domingo “ya estaré muerto”. A sus amigas del salón de estética del barrio, con las que tomaba café, también les anunció el anciano la fatal noticia. Josefina Hurtado pidió al servicio de urgencias de Murcia, donde trabajó años atrás, que acudiera al domicilio de su padre para comprobar su estado. “El doctor Gregorio Fuertes, que lo atendió, me dijo: «Para nada le quedan cuatro días, le quedan meses». Ante ese diagnóstico, me quedé más tranquila”.

Pero las alarmas se le volvieron a encender cuando un día antes de la fecha señalada, la cuidadora de Juan Hurtado, que también es miembro supernumerario del Opus, según la querella, informó a Josefina de que el domingo acudiría el oncólogo al domicilio de su padre. “¿Qué especialista acude un domingo, sin mediar urgencia alguna, a la casa de un paciente?”, se preguntó entonces la hija del anciano. Después supo que su padre había cambiado a su oncólogo por otro médico, experto en cáncer de próstata, no de pulmón, cuyos hijos estudian en el colegio Monteagudo- Nelva, de la Obra. Es un centro que segrega por sexos conforme al ideario Opus.

Un aquelarre del Opus Dei

Según la querellante, asesorada por el abogado murciano José Luis Mazón, ha habido dos elementos propios de un aquelarre de la secta nazicatólica Opus Dei: la satisfacción del dogma de que ellos como son “la Obra de Dios” tienen permiso del creador para disponer de vidas humanas y lo hacen para los fines de la Obra, conducta y digna de una ilegalización general de la organización, y el elemento económico y es que a su padre, Juan, en un periodo de varios años le han vaciado las cuentas y vendido el patrimonio para llevárselo a través del hermano cura de la Obra hacia esta.

“Mi padre no recibió tratamiento en ningún hospital, sino que se inyectaba él mismo en casa Topotecán, una quimioterapia, aunque él no sabía lo que era”, explica Josefina Hurtado. El domingo, el día anunciado de la muerte, a las nueve de la mañana, la hija llamó a su padre: “Me dijo que había pasado mala noche, que estaba nervioso. Su voz era normal. Le dije que le llamaría más tarde. Pero aquella fue la última vez que hablé con él”. La siguiente vez que Josefina llamó la atendió la cuidadora: “Te tengo que dejar porque el enfermero está aquí”, dijo la empleada, según consta en la querella.

Josefina siguió llamando en vano, hasta que su hermano Fernando descolgó el teléfono: “No llames más, que el papá se está muriendo y cada vez que suena el teléfono abre los ojos”, le espetó el cura, según la querella. Tres horas y media después, Fernando Hurtado llamó varias veces a Josefina, que no contestó: “Sabía que era para comunicarme que mi padre había muerto. Se había cumplido el vaticinio”. Su abogado, José Luis Mazón, ha pedido la exhumación del cadáver para comprobar, con un análisis del cabello, la presencia de sedantes que se le pudieron administrar al anciano antes de morir. De momento, la jueza que investiga el caso se niega a exhumar. Solo ha pedido el historial médico del difunto.

La querella sostiene que la sedación inducida podría formar parte de una doctrina del Opus respecto a la muerte. “En escritos de Escrivá de Balaguer, a los que hemos tenido acceso –explica Mazón–, aparece la referencia a un médico que sale a la calle a buscar una inyección cuando llega la hora de la muerte. De hecho, el Opus tiene un hospital de cuidados paliativos. Le da mucha importancia a la buena muerte, pero otra cosa es adelantar esa muerte sin consentimiento”, informa Público.

La GC registra el Ayuntamiento de Lloret de Mar

La Guardia Civil ha entrado esta mañana en el Ayuntamiento de Lloret de Mar en la investigación que dirige el titular del juzgado número dos de Blanes y la Fiscalía Anticorrupción y que se inició hace tres años con el denominado caso Clotilde, la investigación que costó el cargo y hundió la carrera política del entonces alcalde del municipio y posterior diputado, Xavier Crespo (CiU, a la izda. de la foto), al que se vinculó con la mafia rusa. Por el momento se sabe que la Guardia Civil va a detener al secretario y al interventor del consistorio.

En aquel momento, cuando la Guardia Civil, tutelada por la Fiscalía Anticorrupción, entró en el Ayuntamiento de Lloret en busca de expedientes, fue un funcionario quien preguntó extrañado si lo que buscaban no era la documentación relacionada con los contratos de la recogida de basura. “¿No vienen a por esto?”, preguntó esa persona. Los investigadores se llevaron la información. Es cierto que durante estos últimos años el grupo que ha llevado este caso ha tenido muchos otros casos abiertos, pero los datos no quedaron en el olvido. Con los mismos fiscales del caso Clotilde, se abrieron unas diligencias nuevas en el juzgado número dos de Blanes y, tres años después, este es el resultado.

Los investigadores sospechaban del amaño en la adjudicación del servicio de recogida de basuras del municipio a la empresa GBI Serveis por 80 millones de euros. GBI está dirigida por Gustavo Buesa, un empresario local estrechamente vinculado a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya e imputado en el marco de la investigación de los presuntos negocios irregulares de Jordi Pujol Ferrusola. Aparte de registrar el consistorio, la Guardia Civil también está buscando información en el domicilio de Buesa. En su momento, Crespo ya fue preguntado por esa concesión por 10 años. Y en su declaración ante el fiscal Fernando Bermejo el exalcalde reconoció conocer a Buesa “desde mucho años antes de ser alcalde” pero que la concesión del servicio de basuras se hizo “dentro de la más estricta legalidad”. Sin embargo, Crespo se quedó sin palabras cuando el fiscal preguntó al entonces diputado sobre las retribuciones que percibió uno de sus hijos por parte de la empresa GBI Serveis. Ya que un informe elaborado por la Agencia Tributaria destapó en su momento que el hijo de Xavier Crespo figuró como “empleado” de GBI, trabajando dos veranos en las oficinas de la empresa en Platja d’Aro, y cobró 4.694 euros de Buesa, entre 2009 y 2010.

Seguramente el hijo de Xavier Crespo no fue el único beneficiado por los pagos de GBI, una empresa que facturó hace cinco años cerca de 24 millones de euros. En su momento, el interventor del Ayuntamiento de Lloret, Carles Arbó, fue el encargado de fiscalizar el contrato. Sus hijos y su nuera también habrían trabajado en nómina de la empresa de Gustavo Buesa. Tanto la Guardia Civil como Anticorrupción y algunos funcionarios del consistorio sospechan y tres años después sostienen que tienen ya las pruebas de que la concesión del contrato se hizo en un procedimiento urgente y de forma irregular.

El pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó la concesión del servicio de basuras a GBI en abril de 2011 con los votos favorables de CiU, PP y PSC. Aunque el contrato preveía una prórroga de hasta dos años, el equipo de Gobierno decidió tramitarlo de urgencia y a solo un mes de las elecciones municipales, en un pleno extraordinario. La urgencia del trámite indignó a los grupos municipales de ERC y ICV que no entendieron en ese momento a qué venían las prisas para aprobar la adjudicación más importante que hacía el consistorio. Además, la normativa de contratación pública dispone de una duración máxima de los contratos de cuatro años, ampliable a dos más. El contrato, de ocho millones anuales durante 10 años, incluye desde la limpieza de las playas hasta la limpieza de las calles, así como la recogida y la selección de todo tipo de residuos. Al concurso solo se presentó GBI, la misma empresa que llevaba gestionando el servicio desde el año 2008. Ese año, GBI, sin experiencia y a pesar de competir con Sufi, que acreditaba mucha experiencia y presentaba una oferta mucho más barata, obtuvo el contrato de un centro de tratamiento de residuos en la localidad.

La gestión de GBI siempre fue objeto de duras críticas. La Diputación de Barcelona elaboró un informe que recalcaba que el gasto corriente por habitante del Ayuntamiento de Lloret en el servicio de recogida de basuras era un 458% más alto que la media de municipios que habían sido analizados para el estudio. Además, el gasto para cada 1.000 kilos de basura gestionados era hasta 900% mayor. La oposición en ese momento también criticó que se sacaran a concurso “todos los servicios” de manera conjunta en un megacontrato y que el pliego de cláusulas del concurso no favoreciera los intereses del Ayuntamiento.

Gustavo Buesa ya fue imputado por blanqueo de capitales en el caso de Jordi Pujol Ferrusola. Y en un informe de la Guardia Civil se destacaba que Buesa fue donante de las fundaciones de CDC y que presuntamente prestó dinero al partido, que nunca fue devuelto. Unos pagos a cambio, presuntamente, de la concesión, entre otros, de esa adjudicación de las basuras en Lloret. En su momento, GBI Serveis declaró a Hacienda aportaciones a las fundaciones de CDC y de Unió por valor de 550.000 euros, entre 2007 y 2010, informa La Vanguardia.

Durao Barroso mantendrá la pensión de 18.000 euros mensuales de la UE tras fichar por Goldman Sachs

La Unión Europea atraviesa una profunda crisis política, de indignación y de desafección ciudadana y para aumen tarla aún más con sus evidentes corruptelas institucionales, el que quien fuera presidente de la Comisión Europea durante la crisis financiera y de deuda pase ahora a presidir uno de los bancos de inversión que estuvo en el origen de la gran estafa como lo estuvo en la del 1929 no ayuda en nada a mejorar su realidad, tan nazi como injusta hasta extremos grotescos y repugnantes como los que el corrupto nazi portugués ha alcanzado. José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión entre 2004 y 2014, será contratado como presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, el mayor banco de inversión del mundo y uno de los principales responsables y organizadores de la estafa global de las hipotecas basura, para aconsejarle tras la salida de Reino Unido. La delegación socialista francesa en la Eurocámara propone que se retire a Barroso el derecho a una pensión que cobrará de forma vitalicia a los 65 años. “Esta nominación es absolutamente vergonzosa" para Marisa Matías, eurodiputada portuguesa de la Izquierda Unitaria. El fascista y cómplice de las mentiras y el genocidio en Iraq Barroso dejó el cargo en noviembre de 2014, por lo que desde mayo de este año no está obligado a rendir cuentas a Bruselas y los eurodiputados piden ampliar la incompatibilidad del cargo a cinco años.

El Brexit enfrenta al gigante financiero con la posibilidad de perder el “pasaporte único” que permite a las entidades operar en toda la Unión, y a cuestiones relativas a la Unión y la Supervisión Bancaria, temas que se gestaron o negociaron durante las dos legislaturas encabezadas por Barroso. Su mandato coincidió con los años previos a la crisis y el inicio de su gestión, que se saldó con los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal y el rescate bancario a España. La decisión ha creado un profundo malestar en las instituciones, sobre todo entre eurodiputados y funcionarios, que han pedido que se aclaren los posibles conflictos de intereses y se endurezcan las normas para los casos de “puertas giratorias” en un momento en el que cala sin dificultad la imagen de que Bruselas trabaja al servicio de los intereses financieros.

La delegación socialista francesa en la Eurocámara propone que se retire a Barroso el derecho a su pensión que cobrará en la edad de jubilación y está fijada en un 70 % de su último salario base, rondaría los 18.000 euros, ya que el presidente de la Comisión se embolsaba cerca de 26.000 euros al mes. La Comisión o el Consejo pueden pedir al Tribunal de Justicia que anule la pensión del expresidente, pero solo en caso de que este incumpla sus obligaciones, que una vez fuera del cargo se limitan básicamente a ser "honesto y discreto" en su nuevo rol profesional. Bruselas, por el momento, no ha anunciado ningún paso en esta dirección

“Esta nominación es absolutamente vergonzosa. Barroso ha esperado el final de sus 18 meses para recoger inmediatamente el fruto del trabajo que hizo para Goldman Sachs y los mercados financieros devastando la vida de millones de ciudadanos con austeridad”, ha dicho, Marisa Matías, eurodiputada portuguesa de la Izquierda Unitaria, que también aboga por modificar esta regla. Barroso dejó el cargo en noviembre de 2014, con lo que desde mayo de este año no está obligado a rendir cuentas a Bruselas. Durante el año medio siguiente a su salida los comisarios tienen que informar de sus intenciones profesionales y, si estas pueden generar un conflicto de intereses, el Comité de Ética tiene que emitir un dictamen. Pero pasado ese plazo solo están obligados a mantener los principios de integridad, discreción y secreto profesional.

En esta tesitura los socialistas piden que se informe de todas las reuniones que Barroso mantenga en su nuevo cargo con miembros de las instituciones de la UE. En última instancia han llamado al propio Goldman Sachs a renunciar a contratar a al expresidente. La CE ha confirmado que Barroso comunicó directamente la noticia por teléfono a su sucesor, el también conservador Jean-Claude Juncker, pero ha rechazado pronunciarse políticamente sobre la decisión. Sí ha recordado, sin embargo, que el expresidente renunció a la indemnización transitoria a la que tenía derecho tras dejar el cargo y ha defendido que sus reglas son más estrictas que las de otras instituciones y estados.

Los funcionarios europeos, habitualmente discretos, casi inaudibles, han enviado una carta abierta a la Comisión en la que se dicen “impactados” por la noticia y le piden “una reacción firme”. “No se trata de un banal conflicto de intereses”, apuntan, sino de un acontecimiento que “podría desacreditar la institución” y “alimentar la propaganda eurófoba de todos los populismos y extremismos”. Las puertas giratorias no son un fenómeno nuevo en la Unión Europea. Hace apenas dos meses la excomisaria de competencia Nelie Kroes fichó por Uber, la compañía de transporte privado a la que mostró su apoyo aún en el cargo, informa eldiario.es