dilluns, 19 de setembre de 2016

Fachin de Podemos quiere romper el grupo de Catalunya Sí que es Pot

La dirección catalana de Podemos ha lanzado un órdago a sus aliados en el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot. El secretario general del partido morado, Albano Dante Fachin, ha amenazado con romper la coalición si las dinámicas de trabajo no cambian. Podem exige a Iniciativa y EUiA que Joan Coscubiela deje de ser el portavoz del grupo, puesto que quiere ocupar el mismo Fachin, o al menos, compartirlo, afirman fuentes de la confluencia. Las negociaciones entre los tres partidos se están llevando a cabo durante esta tarde y está previsto que Podem convoque una rueda de prensa mañana para explicar la decisión tomada. Aún así, desde la coalición aseguran que intentarán que Podem “entre en razón” y no dinamite la alianza de la izquierda alternativa en el Parlament. Iniciativa no está dispuesta a ceder, así que las conversaciones para tratar de resolver la crisis se están enrocando. Pase lo que pase, la relación entre Podem, ICV y EUiA “quedará envenenada”, consideran fuentes de Sí que es Pot. Iglesias y Errejón desconocían los planes del secretario general en Catalunya, Albano Dante Fachin.

No es la primera vez que Fachin se enfrenta a Iniciativa. En enero, el diputado envió una carta a los militantes de su partido, titulada “Operación luz morada”, en la que lamentaba “el mal trato” que recibían los diputados de Podem en el grupo parlamentario. Fachin reclamaba mayor visibilidad para estos y compartir la portavocía del grupo con Coscubiela, de lo contrario amenazaba con abandonar el grupo. Finalmente se pudo reconducir la situación. Las quejas del secretario general de Podem van ahora en la misma línea. Fachin cree que los diputados de Podem están arrinconados, algo que niegan sus aliados, y exige un mayor protagonismo.

La dirección estatal de Podemos no ha sido informada de la crisis desencadenada por su rama catalana. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Pablo Echenique supieron de lo ocurrido a través de militantes de Podemos, que avisaron alarmados al secretario general de Podemos y a su número dos. La operación de Fachin ha sorprendido en el partido y muchos se preguntan “qué pretende en realidad” el diputado, informa La Vanguardia.

El Club Militar Torre d'en Pau construeix dues pistes de pàdel sense llicència

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma, ha denunciat aquest dilluns públicament les obres il·legals realitzades pel Club Militar Torre d'en Pau, en les seves instal·lacions del Coll d'en Rabassa, consistents en la construcció de dues pistes de pàdel, d'uns 200 m2 cada una d'elles. Segons ha informat la Federació, «per poder dur a terme les citades construccions, han emprat maquinària pesant, i paviment en formigó d'uns 40 m2, al final de la parcel·la, envaint il·legalment l'espai de reculada obligada a la zona». Segons ha recalcat la Federació de Veïns, «la realització d'obres que no s'ajusten a les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria urbanística, constitueix una infracció molt greu».

El Club Militar Torre d'en Pau «ha realitzat i finalitat les obres sense comptar amb la imprescindible llicència, a més d'ocupar construint en la zona de reculada obligada». «Les dues pistes de pàdel, es troben a escassos metres d'una finca de pisos, de manera que si l'Ajuntament de Palma no intervé denegant la llicència, perjudicarà els veïns dels edificis més propers», han denunciat des de la Federació de Veïns. Finalment, la Federació ha demanat que l'Ajuntament de Palma «faci complir la llei, sense excepcions i, si cal, apliqui les sancions que corresponguin», informa dBalears.

Otegi insiste en «un gran pacto de país» para recuperar soberanía

Arnaldo Otegi ha vuelto a plantear a PNV y Podemos «un gran pacto de país» que aborde entre sus prioridades un pacto por el empleo y la recuperación de instrumentos por la soberanía, contando con la mayoría sindical y otros agentes. En su intervención en un desayuno informativo en Bilbo, donde ha presentado a las candidatas de EH Bildu Jasone Agirre, Maddalen Iriarte y Miren Larrion, Otegi se ha preguntado por qué no es posible en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa un gobierno como el que existe en Nafarroa. Arnaldo Otegi, que se ha encargado de presentar a las tres cabezas de lista de EH Bildu, ha dicho que el futuro del país es el camino de la soberanía. «El coste de seguir ligados a España es demasiado alto. El futuro de Euskal Herria –ha añadido– pasa por recuperar soberanía».

«Si queremos construir este país realmente, solo existe un camino», ha incidido el de Elgoibar, que ha mostrado la disposición de la izquierda soberanista «a acudir a Madrid otra vez» con el PNV, como lo hizo con el plan del lehendakari Ibarretxe, para pactar un marco de más autogobierno y una consulta pactada con el Estado». A renglón seguido, ha dejado claro que cree que esa es «una vía muerta». «¿Por qué no un gran pacto de país? Eso es lo que estamos planteando y dependerá del PNV», ha comentado.

A lo largo de sus intervenciones ante diferentes representantes institucionales y empresariales, las candidatas soberanistas han ido desgranando sus propuestas, que se centran especialmente en la recuperación del empleo y en el fortalecimiento de la industria, acompañada de otra política fiscal progresiva y avanzar en el ámbito educativo y de política lingüística. Otegi también se ha vuelto a referir al veto impuesto por el Constitucional español, destacando la solvencia del equipo. «A falta de una tenemos tres candidatas a lehendakari –ha dicho al ser preguntado por quién es el candidato de EH Bildu a Ajuria Enea–, y todas sonreirían más que Urkullu».

Así, Miren Larrion ha defendido que «generar empleo, armonizar los impuestos y combatir el fraude fiscal supondrían un aumento de la recaudación», que ha situado en los 8.500 millones de euros cuando el presupuesto del actual Ejecutivo ronda los 11.000. La cabeza de lista por Araba ha considerado «intolerable» que el Ejecutivo de Lakua, «teniendo competencias, se niegue a aplicar cláusulas para un empleo de calidad». También ha planteado crear un Fondo de Inversión Industrial con 800 millones de euros, con la participación de las cajas de ahorro, y aumentar a «estándares europeos la inversión en I+D+I».

Además de insistir en la recuperación de la jornada de 35 horas e incrementar el salario mínimo hasta los 1.200 euros, Larrion ha dicho que el nuevo gobierno debe compremeterse con el empleo público de calidad. «Llegar a la media europea del 21% requiere 40.000 empleos más», ha asegurado, al tiempo que ha advertido de la destrucción de empleo en el ámbito sanitario y educativo. Para todo ello, ha reivindicado un «acuerdo de país». Ha insistido en que ha llegado el momento de cambiar las líneas estratégicas del Gobierno autonómico. «Han sido dos legislaturas negativas, tenemos indicadores peores respecto a Europa, estamos retrocediendo», ha alertado.

Lo mismo ha reclamado Jasone Agirre en materia educativa, cultural y de política lingüística, que ha propuesto se incluya en el Departamento de Presidencia dada su importancia. «En Euskal Herria el euskara tiene un estatus subordinado y hay que darle el que se merece», ha pedido. La candidata por Bizkaia ha apostado por la derogación de la Lomce y Heziberri, abogando por un pacto de país en materia educativa con los distintos agentes. «La educación debe ser una prioridad social, no un freno», ha apostillado.

Maddalen Iriarte ha incidido en que su gobierno será feminista. «Igual que nadie imagina una empresa sin control, no se puede admitir un gobierno sin igualdad». Asimismo, la candidata por Gipuzkoa ha señalado que la ciudadanía tiene derecho a controlar a quienes les administran «de cerca» y «hay que habilitar los mecanismos para ello».

La intervención de los representantes de EH Bildu se ha visto alterada nada más comenzar el desayuno informativo en el Hotel Ercilla de Bilbo por una grabación que provenía de un pequeño altavoz colocado en el atril. Eran consignas lanzadas el viernes pasado ante un acto político de VOX en el barrio gasteiztarra de Judimendi por personas que lo rechazaban. El dispositivo ha sido colocado por el responsable de prensa del partido ultraderechista español Manuel Mariscal Zabala, que había accedido al salón como cámara de televisión y que ha sido invitado a abandonar el local por la organización. Ha sido la anécdota, informa Naiz.

La Fiscalía apunta a los bancos y bufetes que llevaron sus clientes a Mossack Fonseca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar la responsabilidad de los bancos, asesores fiscales y bufetes de abogados que actuaron como intermediarios de Mossack Fonseca en España y le suministraron grandes bolsas de clientes. Al menos 836 oficinas con domicilio en territorio español figuraban como intermediarios ('clients') en las bases de datos de Mossack Fonseca, epicentro de la investigación periodística de los papeles de Panamá, publicada en España por El Confidencial y La Sexta bajo la coordinación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el semanario alemán 'Süddeustsche Zeitung'. Los archivos precisan que, de esos 836 'clients' nacionales, al menos 198 llegaron finalmente a actuar como impulsores en la constitución de una o más sociedades opacas.

Una hipotética acusación contra los intermediarios implicaría un salto cualitativo en las pesquisas y pondría contra las cuerdas a todo un escalón decisivo en las tramas internacionales de lavado de dinero. La investigación periodística ha logrado demostrar que Mossack Fonseca facilitó directamente a miles de clientes estructuras societarias 'offshore' para la ocultación de fondos y bienes, pero también actuó como proveedor de servicios para otros despachos. En algunos casos, esos bufetes trabajaban con grandes fortunas, pero recurrieron puntualmente a la firma panameña buscando los recursos y los conocimientos necesarios para poder ocultarlas en un paraíso fiscal. En otros casos, sin embargo, se trata de bufetes y asesores fiscales que integraban la red mundial de colaboradores que había creado el departamento comercial de Mossack Fonseca y le conseguían de forma continua nuevos clientes.

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la empresa con domicilio en España que habría constituido más compañías a través del despacho panameño es Management Consulting Enterprises INC, responsable de al menos 258 firmas 'offshore'. Se trata de una mercantil vinculada a la sociedad A&C Quecuty y Cía SL, que tenía su sede en el número 2 del paseo de Sacha de Málaga. Todas sus sociedades están actualmente desactivadas. Del total, 243 fueron creadas en suelo panameño y las otras 15, en Islas Vírgenes Británicas.

El siguiente intermediario español por número de sociedades 'offshore' era otro despacho poco conocido, International Company Lawyers, con oficina en la localidad de El Médano, al sur de la isla de Tenerife. Según los registros de Mossack Fonseca, esa empresa fue la responsable de que se crearan 176 sociedades, de las que cuatro todavía están operativas. La gran mayoría de ellas fueron abiertas en Bahamas, otra de las jurisdicciones preferidas por el despacho panameño.

El tercer proveedor de fortunas españolas es el Estudio Legal Roca & Asociados, un bufete de Barcelona liderado por el penalista Rafael Roca. Los registros internos de Mossack Fonseca le implican en la creación de 115 empresas 'offshore' distribuidas por Islas Vírgenes, Samoa, Panamá y Niue, una remota isla perdida en medio del Pacífico. Del total de empresas que creó Estudio Legal Roca & Asociados, 22 seguían activas el pasado abril. Curiosamente, Roca ha actuado como abogado de Gonzalo Prado —primo del presidente de Endesa, Borja Prado— en el juicio al que se ha tenido que enfrentar por su implicación en la lista Falciani. Era uno de los 659 españoles que tenían cuentas opacas en el banco HSBC de Ginebra (Suiza).

La lista de intermediarios españoles de Mossack Fonseca continúa con el Bufete Pretus (82 firmas gestionadas, entre ellas, las utilizadas por Javier de la Rosa júnior para cobrar una comisión millonaria por su intermediación en la venta de las oficinas de Santander al fondo que controlaba Oleguer Pujol), la agencia que el británico Thomas Shortt tiene en Madrid (65), Interfina Asset MGT SA (45), Lexinter Abogados SL (27), Abohispana SA (21) y Vicente Tur Ortolá Abogados SL (19).

Entre los proveedores de Mossack Fonseca también figura el despacho Nummaria, desarticulado el pasado abril por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, por facilitar la evasión fiscal con la creación de entramados internacionales que permitían imputar a sociedades extranjeras los beneficios obtenidos en España y, de ese modo, rebajar ilegalmente el pago de impuestos a la Agencia Tributaria. Las pesquisas se centran en los últimos cinco años, pero los papeles de Panamá revelaron que Nummaria llevaba más tiempo operando y que también usó los servicios de Mossack Fonseca. En concreto, como reveló este diario, el bufete con sede en Madrid empleó la firma Top Range LTD para constituirle al actor Imanol Arias una mercantil en la remota isla de Niue, Trekel Trading Limited, que habría utilizado a su vez para controlar una cuenta en un banco suizo.

La investigación periodística también implica a grandes bancos españoles en la evasión masiva de fondos a través de Mossack Fonseca. Destacan los nombres de Santander, BBVA y Sabadell. Los dos primeros facilitaron esos servicios a clientes con elevado patrimonio. Santander está vinculado con 118 firmas 'offshore' y BBVA, con 19. Por su parte, las sociedades del despacho panameño relacionadas con el Sabadell habrían sido abiertas por entidades que posteriormente fueron compradas por el banco catalán.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está coordinándose con sus homólogas del resto de países europeos a través de Eurojust para colaborar en las pesquisas y unificar criterios, y la responsabilidad de los 'clients' o intermediarios ya es uno de los asuntos que están sobre la mesa. Francia mostró el camino. Solo unas horas después de que se publicaran los primeros datos sobre los papeles de Panamá, las autoridades fiscales galas entraron en las oficinas del banco Société Générale para averiguar su grado de implicación en el escándalo. Las investigaciones penales que se están instruyendo en Europa tienen a los intermediarios en su punto de mira.

Documentos de Panamá: El Consejo Europeo pone palos en las ruedas de la Comisión de Investigación


Patrick Le Hyaric: Apenas comenzado, el trabajo de la comisión especial de investigación sobre la evasión de impuestos de los conocidos "Documentos de Panamá" ya están siendo amenazados por el ejecutivo europeo. Hasta ahora, era generalmente la Comisión la que se demoraba cuando nos tenía que proporcionar documentos confidenciales. Es cierto que su presidente Jean-Claude Juncker se mencionaba indirectamente en el caso Luxleaks, pues era el primer ministro de Luxemburgo en el momento de los hechos. Desde hoy, es el Consejo, que representa a los gobiernos de la UE, el que no quiere que investiguemos. Un documento interno confidencial de su servicio jurídico busca todos los medios para deslegitimar nuestro trabajo de investigación y justificar los futuros rechazos a responder a nuestras preguntas y solicitudes de transmisión de informaciones. Teniendo en cuenta la magnitud del fraude fiscal y la probable participación de algunas administraciones fiscales europeas, se entienden las profundas motivaciones.

Los ladrones 'nazionales' de Panamá aprovecharon en masa la 'amnistía masiva' del PP


La investigación penal sobre los papeles de Panamá está dando los primeros pasos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha descubierto que gran parte de los clientes españoles del despacho Mossack Fonseca aprovechó la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el ministro de Hacienda del gobierno corrupto y fascista de Rajoy, Cristóbal Montoro, para legalizar su situación y repatriar sus fortunas. El movimiento dificultará que esos contribuyentes puedan ser acusados de delito contra la Hacienda Pública, aunque no impedirá que se les persiga por blanqueo de capitales si los fondos regularizados procedían de delitos de corrupción y del crimen organizado.

El 'dieselgate' salpica a Bosch: EEUU y Alemania investigan su colaboración con Volkswagen

Fiscales estadounidenses están investigando si la empresa alemana Robert Bosch GmbH, que suministró software a Volkswagen, conspiró con el fabricante de automóviles para diseñar los vehículos diésel que son capaces de burlar las pruebas de emisiones de Estados Unidos, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el asunto. Entre las preguntas que el Departamento de Justicia está haciendo como parte de la investigación penal, dijo una de las personas, es si otros fabricantes de automóviles además de Volkswagen utilizaron el software de Bosch para violar las normas ambientales. Bosch, que también está siendo investigada en Estados Unidos y Alemania, está cooperando con las autoridades y no puede hacer comentarios al respecto, dijo el portavoz de la empresa, René Ziegler.

La línea de investigación amplía lo que ya es el escándalo más costoso en la historia de la fabricación de automóviles en Estados Unidos. Volkswagen, con sede en Wolfsburgo, encara multas por litigios penales y civiles por unos 18.000 millones de euros, un monto récord para el sector que podría aumentar más. El año pasado la empresa admitió que sus automóviles con motor diésel fueron equipados con un "dispositivo de desactivación" que reducía las emisiones a los niveles legales cuando detectaba que el vehículo estaba siendo sometido a la prueba. Más de media docena de fabricantes venden vehículos que funcionan con diésel en Estados Unidos. Las personas familiarizadas con el asunto se negaron a decir si hay fabricantes específicos bajo investigación.

IAV GmbH, implicada

Un segundo proveedor también podría ser parte de la investigación ampliada: cuando los fiscales de Detroit expusieron su caso la semana pasada contra un exingeniero de Volkswagen que se declaró culpable de conspiración en el caso, dijeron que contó con la ayuda de una empresa con sede en Berlín que es 50% propiedad de Volkswagen, descrita como "Compañía A" en los documentos legales. Esa empresa, de acuerdo a una otra persona familiarizada con el asunto, es IAV GmbH, proveedor de la firma alemana y otros fabricantes de automóviles.

Empleados de IAV empleados fueron parte de un grupo que trabajó con Bosch y Volkswagen para desarrollar funciones de emisiones, de acuerdo con los expedientes legales de otro caso. IAV no hizo comentarios al respecto y Volkswagen dijo que sigue cooperando con el Departamento de Justicia. Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia, declinó hacer comentarios.

En Alemania, los fiscales han dicho que están investigando si los empleados de Bosch ayudaron a Volkswagen a crear un software para burlar las pruebas de emisiones. En Estados Unidos, Bosch se está defendiendo contra una demanda civil presentada por conductores que alegan que no sólo conspiró con el consorcio alemán para desarrollar los dispositivos de desactivación, sino que también solicitó protección legal de Volkswagen si los dispositivos fueron utilizados en las carreteras estadounidenses.

En documentos presentados ante un tribunal federal de San Francisco, Bosch dijo que la demanda era infundada y que no tenía lugar. Personas familiarizadas con la industria han dicho que es común que los fabricantes de automóviles compren software de una empresa como Bosch y lo adapten a sus propios vehículos.

Hay un universo limitado de vehículos con motor diésel que se venden en Estados Unidos, incluyendo los fabricados por VW, Daimler y BMW, así como camiones ligeros de General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler NV Automobiles. Bosch suministra componentes para varios de ellos, incluyendo GMC Sierra de GM, F-250 de Ford, Jeep Grand Cherokee de Fiat Chrysler y modelos Mercedes-Benz de Daimler, informa El Confidencial.

Cataluña pierde 2.079 camas de la sanidad pública

Según un estudio elaborado por CCOO sobre la evolución de las camas en centros públicos del Sistema Nacional de Salud en el ámbito del Estado español, se constata que Cataluña es donde se han perdido más camas durante el periodo 2010-2014. Mientras que otras comunidades autónomas han tenido un incremento de camas en funcionamiento, como es el caso de la Rioja con +139 camas o el de Navarra con +112 camas, Cataluña encabeza el ranking justamente por todo el contrario. De entre las comunidades autónomas que han sufrido una reducción de camas en funcionamiento, podemos encontrar como significativas las -519 camas perdidas en Andalucía o las -600 camas perdidas en la Comunitat de Madrid, pero nada comparable con las -2.079 camas perdidas en Cataluña.

Con estas cifras, CCOO exige en Gobierno y al Departamento de Salud, que dirige Antoni Comin, que realice las inversiones necesarias en este sector para revertir los recortes de los últimos años, de tal manera que se incrementen el número de camas en funcionamiento de los centros sanitarios públicos y se fomente la creación de nuevos puestos de trabajos. Todo ello supondría una reducción de las listas de espera y una mejora de la calidad asistencial, informa El Triangle.

El Trueta ha derivat 1.474 pacients a la privada per buidar els seus quiròfans

Durant els sis primers mesos de l'any, el Departament de Salut va derivar 2.031 pacients gironins del seu centre de referència a un altre per passar pel quiròfan i descongestionar així les llistes d'espera. El 84% d'aquests pacients van ser intervinguts en un dels dos centres privats de la Regió Sanitària de Girona que formen part de la xarxa pública de salut, la Clínica Girona i la Salus Informorum de Banyoles, que tenen un conveni amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) per absorbir una part de l'activitat quirúrgica d'altres centres, com l'hospital Trueta. Dels 1.715 pacients de la sanitat pública que van ser traslladats a la privada, 947 van ser operats a la Clínica Girona mentre que 768 més van ser atesos a la Clínica Salus de Banyoles, segons les dades de la conselleria. La cirugía privatitzada por Mas és un 12% més cara que la pública.

Investiguen l'oncle de Manuel Bustos en una nova peça del cas Mercuri

La jutgessa que investiga el cas Mercuri de presumpta corrupció i tràfic d'influències ha decidit obrir una nova peça separada del sumari, la número 35, per un possible delicte de falsificació documental i posterior estafa. Per aquest motiu, és 'investigat' –la nova denominació dels imputats- el president del Gremi de Constructors de Sabadell i oncle de l'exalcalde de la ciutat Manuel Bustos (PSC), Melquíades Garrido, a més de Santiago López Salvador, administrador únic del concessionari de vehicles Servando López Orús, SA i l’arquitecta Marta Vicens Núñez.

Aquesta peça 35 investiga la presumpta falsificació de la documentació per variar a la baixa l’import de les certificacions de les obres que va realitzar l’empresa constructora Garrido Martínez SL, en les naus de la concessionària Servando López Orús, SA, situades a la carretera de Terrassa de Sabadell. L’alteració deliberada del cost de les obres tenia per objecte rebaixar l’import dels corresponents tributs a liquidar a l’Ajuntament de Sabadell i va comptar amb la col·laboració necessària de l’arquitecta responsable de l’obra, Marta Vicens Núñez.

Tot i que el presumpte delicte comès no té una relació directa amb els fets investigats en la peça principal, la nova peça ha estat creada a rel de les escoltes telefòniques, acordades judicialment en el si de les diligències prèvies del sumari del cas Mercuri i en els equips i en la documentació intervinguda durant el registre al domicili del Sr. Melquíades Garrido i en altres organismes. "Amb la creació d’aquesta nova peça es posa novament de relleu l’abast delictiu del cas Mercuri i com l’entorn polític i familiar del clan Bustos actuava contra els interessos del propi Ajuntament i de la ciutat", assenyala la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció en un comunicat. El col·lectiu avança que es personarà també en aquesta peça per a poder exercir l’acusació popular i poder col·laborar a esclarir els fets i avançar en la lluita contra la corrupció política.

Per altra banda, la plataforma s’ha personat en la peça 34 en qualitat d’acusació popular. Aquesta peça investiga el possible delicte contra l’Administració pública que podrien haver comès els representants de l’Ajuntament de Sabadell al Consell d’administració de la Companyia d’Aigües de Sabadell SA, CASSA, a l’haver cobrat durant varis anys retribucions a títol personal. Per aquests fets van ser declarats com a investigats l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos i quatre exregidors més del PSC del consistori sabadellenc, concretament Joan Carles Sánchez Salinas, Paco Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada. De la mateixa manera , també s'investiga els funcionaris Jordi Ferrer i Rosa Quirante, informa Nació Digital.

El Trueta ha derivat 1.474 pacients a la privada per buidar els seus quiròfans

Durant els sis primers mesos de l'any, el Departament de Salut va derivar 2.031 pacients gironins del seu centre de referència a un altre per passar pel quiròfan i descongestionar així les llistes d'espera. El 84% d'aquests pacients van ser intervinguts en un dels dos centres privats de la Regió Sanitària de Girona que formen part de la xarxa pública de salut, la Clínica Girona i la Salus Informorum de Banyoles, que tenen un conveni amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) per absorbir una part de l'activitat quirúrgica d'altres centres, com l'hospital Trueta. Dels 1.715 pacients de la sanitat pública que van ser traslladats a la privada, 947 van ser operats a la Clínica Girona mentre que 768 més van ser atesos a la Clínica Salus de Banyoles, segons les dades de la conselleria. La cirugía privatitzada por Mas és un 12% més cara que la pública.

En el cas de la Clínica Girona, 706 pacients provenien de l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que 241 hi van arribar derivats dels hospitals Sant Jaume de Calella i el de Blanes. Pel que fa a la Clínica Salus, el 100% dels pacients intervinguts eren originaris del Trueta, el centre gironí que més deriva: 1.766 persones entre gener i juny. I és que, a part dels usuaris que va derivar a les dues clíniques, des del centre de referència de les comarques gironines també se'n van traslladar 292 més cap al Santa Caterina de Salt.

Per la seva banda, 23 pacients de l'hospital saltenc van fer el camí invers i van ser operats en un dels quiròfans del Trueta, mentre que un altre va ser intervingut a Blanes. En el conjunt de Catalunya, van ser 7.820 els pacients atesos en un hospital que no era el seu. Entre els centres que van rebre pacients derivats n'hi ha diversos amb afany de lucre integrats a la xarxa pública, com la Clínica de Ponent, que va atendre 1.180 persones; l'Hospital General de Catalunya, amb 137 derivacions; el Sagrat Cor, amb 104, i la Clínica del Vallès, amb 1.800 operacions.

Precisament, aquesta darrera clínica va acabar el contracte amb el Servei Català de la Salut el 15 d'agost i ha estat objecte d'un procés de desprivatització que ha traslladat l'activitat que s'hi derivava de nou cap al Parc Taulí de Sabadell i al Consorci Sanitari de Terrassa. El conseller de Salut, Toni Comín, ha destacat aquesta setmana que el procés ha estat un "èxit", que s'ha fet "sense cap treballador al carrer", sense afectar l'assistència al pacient i sense repercutir en els pressupostos públics. De fet, ha assegurat que "no només no costa més diners a la Generalitat sinó que n'estalvia perquè fer la mateixa activitat al Taulí costa menys recursos", tot i que no ha concretat la quantitat i que els informes independents diuen tot el contrari.

El Departament treballa ara en el segon procés, el de l'Hospital General de Catalunya, i està analitzant quins centres públics podrien absorbir les 2.000 altes que ara es deriven al General i que s'hauran de deixar de fer el 31 de desembre. En el cas de les comarques gironines, segons va explicar en arribar al càrrec el nou gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, l'objectiu és reduir les derivacions quan el Trueta pugui assumir més operacions amb una ampliació de l'àrea quirúrgica, informa Diari de Girona.

La cirugía privatizada por Mas, un 12% más cara que la pública

El argumentario que utilizó la Conselleria de Salut en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Artur Mas, para -en un hecho sin precedentes- incorporar al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) cuatro centros privados con finalidad lucrativa, con el compromiso de derivarles cada año importantes porciones de actividad quirúrgica y asistencial, ha resultado no ser cierto. Según aseguran los actuales responsables del departamento tras auditar su relación económica con dichas entidades, ni es más barato operar en quirófanos privados que hacerlo en los públicos, como enfatizó el anterior director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Josep Maria Padrosa, ni era la única forma de reducir las enormes listas de espera que llegó a acumular el sistema.

Rus traspasó su Ferrari a su hija justo cuando estalló el caso Imelsa

Marzo de 2011. Mitin en Ribarroja. Precampaña de unas elecciones que fueron las últimas para Francisco Camps. Y las mejores: 55 diputados. Alfonso Rus, también en la cresta de la ola como presidente de la Diputación de Valencia y al frente del PP en la provincia, explica a los simpatizantes que acudieron a encuentro: «Yo tenía un Ferrari y no querían que lo tuviera. Me lo compré antes de entrar en política y, después, me lo cambié. Y por eso me tienen malicia, pero yo digo: si me votáis, tendréis uno». Abril de 2015. El caso Imelsa estalla con virulencia. Los rumores sobre Rus son un clamor. En los periódicos se desgranan las tropelías de quien fuera su pupilo, Marcos Benavent, exgerente de Imelsa. Rus es el candidato de su partido y asegura que quiere volver a ganar en Xàtiva. Sin embargo, el 20 de abril, según el proceso judicial del caso cuyo secreto de sumario se levantó el jueves, 'El Faraón' se desprende del único bien material que le quedaba: su mítico Ferrari, que pasa a manos de su hija, matriculado en 2004, y que se está vendiendo actualmente por más de 80.000 euros en el mercado de segunda mano.

Quien presumiera de ser rico antes de llegar a la política traspasó a su hija ese 20 de abril su Ferrari F360 Modena, de color rojo matador, marca de la casa. Así consta en la relación de bienes confeccionada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los principales imputados en el caso.

Once días después de transferirle el Ferrari a su hija, el 1 de mayo, se emitió por primera vez una grabación que le persigue: «Mil, dos mil...». Al día siguiente fue suspendido de militancia en el PP y un año y medio después, esta pasada semana, acudió a los juzgados aparentemente tranquilo, como si no tuviese nada que perder. De hecho, literalmente, no tiene nada, ni pisos, ni garajes ni suelo ni coche ni moto. Cinco años antes, en aquel mitin de Ribarroja, aseguró que «nunca» había escondido su patrimonio.

Rus transfirió el deportivo 11 días antes de que apareciese en una grabación contando billetesMáximo Caturla también vendió en junio del año pasado una gran vivienda en Dénia y varios vehículos
La UCO ha inventariado las posesiones de los principales investigados en el caso Imelsa, donde se investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En el sumario aparecen los bienes y participaciones en actividades económicas de empresarios investigados así como de dirigentes políticos como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; su jefe de Gabinete Emilio Llopis; el vicepresidente de la institución provincial, Juan José Medina; el exsecretario autonómico y exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla; el exdirector de la Fundación Jaume II El Just Antonio Burgos; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, así como el propio Marcos Benavent, ese que fuera un 'yonki del dinero' y que ahora sólo declara una vivienda y una moto.

Paradójicamente, es precisamente Rus sobre el que la Guardia Civil localiza menos bienes a su nombre. Ni coches (al Ferrari dijo adiós a las puertas de que el caso dinamitase su propia trayectoria política), ni fincas, pisos, garajes, almacenes, suelo agrario, industrial... nada de nada.

Entre el resto de los demás políticos implicados en la investigación suman una quincena de viviendas (alguna de ellas en fincas de varios miles de metros cuadrados), una decena de almacenes y garajes, ocho vehículos, tres motos, una decena de parcelas comerciales, industriales o agrarias. La moderada ansia de posesiones que se desprende de algunas declaraciones queda en evidencia en los listados de sus parejas e hijos, algunos de los cuales se han convertido en empresarios de éxito, al igual que sus compañeras sentimentales, como es el caso de Rus.

Llopis, Medina y Caturla son los que cuentan con mayor número de bienes a su nombre. En el caso del exvicepresidente de la Diputación, participa en la posesión de media docena de viviendas, mientras que Máximo Caturla cuenta con suelo industrial y agrario, coches, motos, garajes y viviendas, si bien su familia directa aún dispone de capitales más importantes. Y eso que Caturla, prácticamente en las mismas fechas que Rus, concretamente el 1 de junio de 2015, vendió una residencia en Dènia de 1.300 metros cuadrados a una pareja de extranjeros. También durante el año pasado, el que fuera responsable de Ciegsa y uno de los principales protagonistas en las conversaciones grabadas con Benavent se desprendió de vehículos antiguos, motocicletas y otros bienes, según señala la Guardia Civil, que realiza un inventario bastante completo de las propiedades de las parejas, los hijos y en algún caso los padres, hermanos y hasta un yerno.

En las cajas fuertes de uno de los empresarios investigados se contabilizaron decenas de billetes de 500 euros, así como miles de dólares. El juez instructor de las causas relacionadas con Benavent, Imelsa y los presuntas comisiones calcula que son decenas de millones de euros los que se han desviado, en unos caso cobrados en negro y en otros supuestamente blanqueados a través de una trama de empresas, tal es el caso de Rus, imputado desde el viernes en una nueva causa por el instructor, que persigue el rastro de operaciones simuladas por un valor superior al millón de euros, informa Las Provincias.

El PP de Alfonso Rus 'mordía' de las residencias de ancianos

La voracidad de la trama de comisiones a cambio de contratos de obras públicas del Partido Popular valenciano no tenía límites. El expresidente provincial Alfonso Rus y sus secuaces no tenían escrúpulos en obtener mordidas incluso en adjudicaciones de residencias de ancianos, según queda reflejado negro sobre blanco en las conversaciones telefónicas recogidas en el sumario de la Operación Taula, cuyo secreto levantó el jueves el juez instructor y al que ha tenido acceso El Confidencial. Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con fecha de diciembre de 2015 recoge cómo el exdirigente popular y su comisionista Marcos Benavent, el autodenominado “yonqui del dinero”, planearon una mordida a la empresa contratista Cleop por la adjudicación de la construcción y explotación de un centro geriátrico en Xàtiva, la población de la que era alcalde el primero.

Denuncien les quatre grans operadores de telefonia per ‘prestamisme’ laboral

Els dos grans sindicats estatals, UGT i CCOO han denunciat davant l'inspecció de treball les empreses d'instal·lació de xarxes de telefonia i fibra de les quatre grans operadores del sector: Movistar, Orange, Vodafone i Jazztel, per mantenir pràctiques ii·legals, com l’ús de falsos autònoms i prestamisme laboral, tot i haver signat un acord que posava fi a aquestes activitats. Durant la primavera i estiu del 2015 es va produir un llarg conflicte laboral al sector de la telefonia mòbil. La proliferació de subcontractes ocasionava una degradació important de les condicions de treball dels tècnics que les instal·laven, per exemple, fibra òptica i ADSL en llars i empreses. En aquests casos els treballadors es queixaven d’haver de treballar per 500 euros al mes, i a sobre haver-se de pagar les eines de treball i desplaçaments.

La resposta va tenir dos vessants. Per una part una vaga indefinida protagonitzada per sindicats com CoBas i CGT, entre altres i treballadors no adscrits, que reclamaven originalment ser integrats a les empreses per a les quals treballaven, aquest grup va protagonitzar la coneguda com a ‘revolta de les escales’. Un segon grup, format per CCOO i UGT van fer diverses vagues reclamant que als treballadors de les contractes i subcontractes se’ls apliquessin com a mínim les condicions laborals dels convenis provincials del metall i es limitessin les subcontractacions. En aquest cas, després de les vagues es va arribar a un acord de compliment obligat que en línies generals s’ajustava a la demanda dels sindicats.

El pacte, firmat el maig del 2015, feia referència a les empreses que subcontracten les instal·lacions amb les grans operadores de telefonia mòbil: Telefónica, Orange, Vodafone i Jazztel. En concret, l’acord es va firmar amb les patronals que representen un conjunt d’empreses com Cobra, Liteyca, Abentel, Cotronic, Teleco, Montelnor, Elecnor, Dominion, Itete i Comfica, “junt amb altres del sector”.

De fet les mobilitzacions de l’any passat tenien com a principal objectiu Movistar. De resultes del conflicte protagonitzat a Catalunya la inspecció va aixecar actes que en total suposen per a l’operadora propostes de multes de 5,7 milions fruit de la constatació d’irregularitats en la contractació. Paral·lelament, s’han conegut els veredictes de les denúncies pels acomiadaments que es van donar com a conseqüència de la ‘revolta de les escales’ s’han conegut diversos veredictes que han obligat a reincorporar els treballadors afectats i a indemnitzar-los per haver-los fet fora de la feina il·legalment.

El nou pas donat pels dos grans sindicats estatals té a veure amb el fet que, segons un responsable de la federació indústria de CCOO, “hem constatat que les empreses que treballen per a les altres grans operadores segueixen fent el que es van comprometre a no fer: el recurs al fals autònom i la cessió il·legal de treballadors”. Dit en altres paraules, la denúncia a Inspecció estatal de treball ja no es limita a Movistar, sinó que s’aplica a totes les operadores de telefonia mòbil.

En concret, CCOO recorda que el pacte de desconvocatòria de la vaga de l’any passat no només té valor de conveni col·lectiu. El pacte que es va subscriure entre CCOO, UGT i la patronal del sector és d’eficàcia general perquè va quedar recollir en el conveni estatal del metall, publicat al BOE. I en aquell acord les contractes que instal·len xarxes i telefonies es comprometien a posar punt final a unes pràctiques “abusives que eludien les seves responsabilitats legals i empresarials”.

Fruit de la nova denuncia, els sindicats esperen que Inspecció de Treball ordeni visites a les empreses, com va fer a conseqüència de les actuacions instades concretament amb Telefónica, que van acabar, només a Catalunya amb dures propostes de sanció econòmica i amb l’obligació d’incorporar a les plantilles aquells treballadors que hi treballaven en situacions irregulars, informa Diari del Treball.

Nicolás, Manos Limpias, De la Rosa y su “mortadela especial” de 200.000 €

Se hacía pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por enviado de vicepresidenta del Gobierno, intentando cerrar dos acuerdos que estaría avalados por su “jefa”, Soraya Sáenz de Santamaría, y también por la acusación popular en los mismos, Manos Limpias. Francisco Nicolás Gómez Iglesias encontró de intermediario a Javier de la Rosa, a quien le ofreció unos 200.000 euros –“mortadela”, según su código para hablar de dinero- a cambio de presentarle al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a Oriol Pujol y a José Luis Núñez hijo. Las reuniones se produjeron, pero ni los Pujol ni los Núñez picaron el anzuelo que en el verano de 2014 le pusieron su amigo el ex financiero, el veinteañero y presunto estafador y el presidente del falso sindicato fascista Manos Limpias, Miguel Bernard.

El 13 de septiembre de 2014, según consta en el informe entregado por los investigadores al juez Arturo Zamarriego, el pequeño Nicolás organizó en Madrid una reunión a las 19 horas a la que asistiría Miguel Bernard y De la Rosa. El asunto era hablar de José Luis Núñez y sus problemas judiciales. Nicolás le escribe para informarle de que “Miguel Bernard se encuentra fuera en un asunto familiar. Le parece bien si hablamos el domingo a las 19h que ya estaré operativo’”. El financiero le envía un mensaje con un enlace a una noticia de La Gaceta sobre uno de los asuntos judiciales Pujol y escribe: “para que lo lea MB [Miguel Bernard]. Lo comentaré a las 19 con MB”. Tres días después, en el hotel Meliá, el ex financiero y el presunto agente del CNI grabaron una larga conversación en la que el “arrepentido” contaba todos los trapos sucios de la familia Pujol, su abogado Cristóbal Martell y también el engaño que había sufrido en 2012 por el comisario José Manuel Villarejo, quién haciéndose pasar por el abogado y agente del CNI le había dejado a deber 250.000 euros.

Posiblemente, sospechan algunas de las partes consultadas por Público, fue en ese momento cuando se elaboraron los informes con la portada de Gobierno de España, con los que Francisco Nicolás quería convencer a los Núñez de que vicepresidencia del Gobierno quería llegar a ese acuerdo. Sólo diez días después de este encuentro en Madrid, el veinteañero se va a Barcelona con sus informes falsos bajo el brazo para reunirse allí de nuevo con Javier de La Rosa y que este le presente a Cristóbal Martell, a los Pujol y los Núñez. El financiero está tan entusiasmado con la operación que incluso le invita a una comida con Jaume Giró, hombre fuerte de La Caixa.

De la Rosa está pasando en ese momento por problemas médicos, que conocen sus allegados, y comienza a reclamarle al pequeño Nicolás parte del dinero que le ha prometido. Al principio suena a broma: “a qué hora me dirás y puedo decir al médico… que venga a comer Mortadela italiana especial que me traen?”(sic). Pero no recibe respuesta y al día siguiente vuelve a escribirle preocupado: “Durante 20 años siempre que iba a venir a traerme embutidos… los seguían y no lo hacían” (sic) y le recuerda que: “Cuando te convino me llamaste a cualquier hora para que fuera a CM [Cristóbal Martell] y a JLN [José Luis Núñez] personalmente.

Dos días después de estos mensajes, el pequeño Nicolás sigue sin dar señales de vida y De la Rosa comienza a enfadarse. En un largo mensaje le explica en tercera persona las razones que dar a Soraya Sáenz de Santamaría “o a quien se más eficaz, para comer Mortadela” en el que hay varios puntos destacables: “Ha aportado información (toda ella veraz) para el posible acuerdo con los p [Pujol]”; “le envié por razones del momento a ver a su antiguo lawyer CM [Cristobal Martell] a las 9 de la mañana (a pesar de no ser santo de su devoción dicho lawyer…) y me preparó una reunión a la que vine expresamente de M [Madrid] a pesar de no querer en principio CM”; “al día siguiente lo envié por la noche y la mañana siguiente (pues no respondía) a la casa y despacho de JLNu [José Luis Núñez] y me preparó otra visita que le hice en B [Barcelona] a dicho señor”.

Javier De la Rosa está de camino a Madrid e intenta quedar con Francisco Nicolás o con quien sea que le dé su dinero. Le indica al veinteañero que le recuerde a la vicepresidenta del Gobierno y al CNI que: “El reclamaba 250 grs que le habían escatimado los que prepararon el informe y si denuncia a la UF [UDEF] a finales de 2012, con grave deterioro familiar por haberlo hecho. Yo le convencí de que con 100 grs y unos grs más aceptara”.
Y concluye: “Hoy es su cumpleaños y yo aconsejaría que se le recibiera en Atocha y se le reenviara de inmediato a B [Barcelona] en coche de confianza con las dos Mortadelas: la grande y la adicional”.

Algo debió recibir De la Rosa en Madrid porque al día siguiente, 30 de septiembre, porque ya de vuelta en Barcelona el financiero le escribe que le estaba esperando “un coche de los N [Nuñez] para llevarme al despacho de C Martell” y añade “leyó los papeles que me parecen le impresionaron y gustaron, pidió opinión del joven ayudante de CM, me pidió copa que le dije que no le podía dar… y me dijo que iba a llamar a su padre”.
El pago parece confirmarse, aunque la cantidad no se acerca ni de lejos a los 200.000 euros que reclamaba. “Creo que el objetivo de que vieran que lo habías conseguido tú se obtuvo (a costa de mis riñones y 500 euros… jaja) y creo que se podrá hablar de contraprestación”.

Pero Manos limpias estaría también involucrada en ese pago de dinero, según las acusaciones que ya han pedido la imputación de Miguel Bernard, por dos motivos: Javier de la Rosa le escribe a Nicolás que “hoy va a la charcutería de ML [Manos Limpias] a trabajar más aún por todos”; y también porque en las anotaciones de deuda encontradas al pequeño Nicolás hay una que indica “10.000 Manos Limpias”.

En cualquier caso, De la Rosa insiste con sus indicaciones al pequeño Nicolás para cuando hable con la vicepresidenta: “Hoy, según hemos acordado, por favor cojes (sic) y te vas a la Charcutería Principal a las 8 del Matías y te instalas. Haces que la Principal llame al de los 50 grs. Y después de aclararle al de los 100 grs que son “envueltos en papel único”, haces que la Principal llame también para garantizar la calidad del embutido. Y con todo eso (faltaran 25 grs más) te vienes el miércoles (es decir, mañana) aquí, cambias el embutido envuelto por el que te consta tienen sin envolver aquí donde vivo y lo entregas al cliente que se está PORTANDO, mejor que nadie!!!”.

Pero Francisco Nicolás, que paralelamente está recibiendo las continuas quejas de otros empresarios a los que les llegó a deber más de 800.000 euros, no contesta. El 10 de octubre el ex financiero le escribe que “no solo no has ayudado, sino que me has engañado y me has utilizado para sacarles el dinero a los P y a los NyÑ”. Y desmonta por fin el engaño al reconocer que el presunto estafador que “que se presenta en nombre de V… S.. [la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría] que habla lo que has hablado con O [Oriol Pujol], con CM [Cristóbal Martell], con JLN [José Luis Núñez] y que ha dormido en mi caso haciéndose pasar por…”

Los mensajes intercambiados tanto con Oriol Pujol, como con el hijo de José Luis Núñez o el abogado Cristóbal Martell demuestran que esos contactos se llegaron a producir, pero que todos ellos declinaron la oferta del presunto estafador. Finalmente, el 14 de octubre, De la Rosa amenaza a Francisco Nicolas con sentarse esa tarde “con todos los que trataste en Barcelona y enviamos un informe a Vicepresidencia sobre la utilización de su nombre para pedir dinero a cambio de favores judiciales, con copia a Presidencia, de tu actuación en Barcelona desde mediados de septiembre. Valóralo”. Pero el pequeño Nicolás ya no podía contestar. El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que dirigían el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López, lo había detenido, informa Público.

El multimillonario Juan Abelló y el monopolio del opio en España

Alcaliber, la empresa del grupo Torreal (del multimillonario Juan Abelló Gallo) que tiene el monopolio del cultivo y explotación del opio legal en España, se apuntó el año pasado el mejor ejercicio de su historia por ventas y beneficios. La compañía registró en el ejercicio 2015 (cerrado el 31 de diciembre) un beneficio neto de 9.291.803 euros, un 26,9% más. Sus ventas crecieron un 11,6%, hasta 60.485.589 euros, según sus cuentas anuales, recientemente depositadas en el Registro Mercantil. Foto: El multimillonario Juan Abelló junto a su esposa, Ana Isabel Gamazo Hohenlohe, en septiembre de 2014.

Torreal controla el 60% de Alcaliber y el 40% restante es de la multinacional Sanofi. La empresa tiene por política no hablar con periodistas: se remite al gabinete de prensa de la Agencia Española del Medicamento, que, como es natural, no comenta sus resultados. Se dedica a “la producción de materias primas estupefacientes, mediante el cultivo en España de la adormidera” y su posterior transformación en concentrado de paja de adormidera (CPA), así como a la extracción de sus alcaloides (morfina, codeína).

Los ejercicios 2015 y 2014 arrojan cifras récord para la empresa, que en diez años ha aumentado exponencialmente su facturación y sus beneficios. Desde 2005, sus ventas se han triplicado y sus ganancias se han multiplicado por treinta. No obstante, conviene analizar con cierta prudencia los datos declarados en sus cuentas: en 2012, El Confidencial publicó que la Agencia Tributaria había sancionado a Alcaliber y otras dos empresas de Abelló con 2 millones de euros por una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda).

La compañía, que ha destinado a dividendos para sus accionistas un 42% de sus ganancias en 2015, 3.974.681 euros, atribuye en sus cuentas el incremento de su cifra de negocio el año pasado al “buen desarrollo de la actividad” y a la entrada en funcionamiento de una nueva línea de extracción a finales de 2014. El 93% de sus ventas corresponden a exportaciones realizadas a 78 clientes repartidos en 33 países. La empresa destaca que “es un referente en la Industria Mundial de Estupefacientes siendo en el ejercicio 2015 el mayor productor mundial de Morfina, con el 27% de la producción global, y el 18% de Tebaína”.

La familia Abelló está históricamente ligada al negocio del opio. La primera autorización para la fabricación de alcaloides derivados del opio en España se otorgó en 1934 a Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló, fundada en 1925 por Juan Abelló Pascual, padre del multimillonario, que en diciembre cumplirá 75 años. La firma de inversiones de Juan Abelló Gallo, Torreal, es uno de los patronos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). El representante es Cristian Abelló, primogénito del magnate.

Fundada en 1973, Alcaliber fue la única filial de Antibióticos SA que Abelló y su entonces socio, el exbanquero y presunto blanqueador Mario Conde, conservaron en la operación de venta de esa empresa a la italiana Montedison en 1987. El de Antibióticos fue el primero de una serie de pelotazos cuyo mayor exponente fue la venta, en 2000, de la participación de Abelló en Airtel a Vodafone. El pasado martes, la agencia Bloomberg avanzaba que Torreal ha puesto en venta otra de sus inversiones, su 23% del grupo audiovisual Imagina, que estaría valorado en unos 460 millones.

Los resultados de 2015 pulverizan el récord de beneficios que Alcaliber ya logró en 2014, en un contexto de crecimiento del consumo mundial de opioides (medicamentos que alivian el dolor y se derivan del opio), que se ha triplicado en 20 años. La superficie plantada ha crecido un 62,5% en un año en España, que tras Australia es el segundo productor mundial de adormidera, con 13.000 hectáreas sembradas esta campaña.

Presidida por el propio Juan Abelló, Alcaliber tiene 129 empleados y domicilio en la planta 13 de una de las Torres de Colón de Madrid. Controla, con autorización del Gobierno, toda la cadena de valor del opio, desde la siembra hasta la cosecha y la exportación del producto. La empresa contrata la producción de la amapola a agricultores de las diferentes comunidades autónomas bajo el control del Ministerio de Sanidad. El cultivo de adormidera en España está regulado a nivel nacional por una ley de 1967. Depende del área de Estupefacientes y Psicótropos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEPMS) del ministerio, que autoriza anualmente las hectáreas de cultivo de cada campaña, "atendiendo a las recomendaciones de Naciones Unidas en base a la oferta y la demanda de opiáceos", y los permisos para cada parcela.

En los archivos de la AEMPS "sólo existen dos solicitudes de autorización presentadas por otras entidades" diferentes a Alcaliber para la fabricación de derivados del opio o de la paja de adormidera, según fuentes de Sanidad. Ambas fueron denegadas. Todo apunta a que el ejercicio 2016 será todavía mejor para Alcaliber. En esta campaña, según informó El País en agosto, han sido 536 los agricultores autorizados a cultivar esta planta (frente a los 313 de la anterior) en explotaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco.

Esa es toda la información que el diario obtuvo tras cursar una solicitud a través del Portal de Transparencia. La localización exacta de las plantaciones es secreta y está sometida a la vigilancia de los cuerpos policiales, principalmente la Guardia Civil, que también controla “asentamientos de riesgo (colectivos marginales de consumidores)” y escolta y protege los transportes de la cosecha y de la materia prima ya transformada. Incluso se vigilan unos misteriosos “depósitos acorazados oficiales” sobre los que el Gobierno no da más explicaciones, informa eldiario.es.