dijous, 7 d’abril de 2016

Alcón reconoce el blanqueo del PP de Valencia en unas grabaciones: "Es corrupción política total"

Por primera vez se puede escuchar a la exconcejala de Rita Barberá, María José Alcón, admitir el pitufeo en el Ayuntamiento de Valencia y contar la bronca de su marido, Alfonso Grau, con Rita Barberá, en unas grabaciones en las que llama a su hijo y le describe con detalle cómo se realizaba el presunto blanqueo del PPCV: "Me han hecho una trampa en el partido, me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500 y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta. Corrupción política total, vamos", le dice Alcón a su hijo.

Conversaciones intervenidas hace un año, en las que se apunta a la excaldesa Rita Barberá y que "abochornan a la dirección nacional del partido", incluso provocándoles "asco", según afirma Maíllo. Desde Valencia, a la espera de que se pronuncie la Justicia y se resuelvan los expedientes abiertos en Génova, lamentan el contenido de estas grabaciones, y Bonig explica que "no gustan absolutamente a nadie". Alcón, pareja de Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de Barberá, explica también la bronca que ha tenido su marido con la exalcaldesa por utilizarle como cabeza de turco en el Caso Nóos: "Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita, la ha dicho que tenga cuidado", se escucha en las grabaciones. En el PP Valenciano cuentan ya con que saldrán a la luz más conversaciones comprometedoras.

De La Sexta

Enrique Ortiz confiesa la presunta financiación ilegal del PP valenciano


Enrique Ortiz, constructor y dueño de la mayor parte del suelo urbanizable de Alicante, ha confesado la presunta financiación ilegal del PP valenciano, ha adelantado la Cadena SER. El empresario, envuelto en la trama Gürtel, se enfrenta a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, hechos que ahora ha reconocido en su escrito de defensa y por lo que pide la atenuante de “confesión tardía de los hechos”, que la pena se rebaje a un año y tres meses de prisión y que, en cualquier caso, se suspenda la “ejecución de las penas privativas de libertad”.

Los pederastas de los Maristas, protegidos por la prescripción de los delitos

Otro juzgado de Barcelona ha archivado una denuncia por abusos sexuales presentada por un exalumno contra un exprofesor de un colegio de los Maristas. Es el segundo juzgado que en poco tiempo acuerda una medida de estas características y por el mismo motivo: la prescripción del delito por el paso del tiempo. En ninguno de estos dos casos se ha llegado ni a tomar declaración a las víctimas, a pesar de que el Estatuto de la Víctima señala que en estos casos pueden ser escuchadas. La caducidad de los hechos es la principal baza con la que juegan los acusados (y también la orden religiosa, que se ha alineado con la defensa del pederasta confeso y exprofesor de gimnasia Joaquim Benítez) para minimizar los efectos del alud de demandas presentadas contra docentes de dos de los colegios de los Maristas en Barcelona: el de Sants-Les Corts y el de la Inmaculada, en el Eixample.

Las 37 denuncias interpuestas contra 10 profesores (dos ya fallecidos) y un monitor de las citadas escuelas se han repartido entre varios juzgados de instrucción de Barcelona. No se han acumulado en un sólo órgano judicial porque los presuntos abusos sexuales han sido cometidos por individuos diferentes, afectan a múltiples personas y transcurren en un largo periodo de tiempo. En definitiva, el único denominador común es que los acusados de pederastia eran docentes de colegios de la orden religiosa.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona archivó hace unos días las denuncias que tres exalumnos habían presentado ante los Mossos contra el que fuera subdirector del colegio Sants-Les Corts, F.M, que fue apartado de sus funciones el 11 de febrero pasado, tras ser incluido en una investigación sobre presuntos abusos sexuales. La jueza requirió a la fiscalía que se pronunciara sobre la prescripción de los delitos y el ministerio público informó a favor del archivo. En este caso, las víctimas denunciaron más de 10 años después de que cumplieran la mayoría de edad (estos delitos caducan cuando la víctima tiene entre 23 y 33 años, depende de la gravedad de los hechos y del Código Penal que estuviera vigente en el momento).

DE OFICIO Y SIN CONSULTAR

El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha archivado también una denuncia contra A. B., un hermano marista del colegio de la Inmaculada. Esta vez, el carpetazo se dio de oficio y sin consultar a la fiscalía, según han confimado fuentes de esta institución. El motivo, el mismo: la prescripción del delito. Este religioso fue trasladado de centro al menos en tres ocasiones, siempre a raíz de quejas de alumnos que fueron silenciadas. “Me llevaba a través de un pasillo muy largo a una habitación y allí me sentaba en su regazo y me bajaba los calzoncillos”, relató una de las víctimas de estos supuestos abusos.

En ninguno de estos dos procesos judiciales archivados han sido citados a declarar los perjudiciados, pero el abogado Ibán Fernández, que representa a siete víctimas de Joaquim Benítez, se resiste a que en esta causa pase lo mismo. Por esta razón, ha solicitado al juez Miguel Ángel Tabares Cabezón que tome declaración a todos los denunciantes, hayan prescrito o no los delitos. El magistrado debe decidir no solo sobre esta petición, sino también respecto a cuántas de las 17 denuncias que están en sus manos siguen adelante y cuántas se archivan por la caducidad del delito.

El abogado basa su solicitud el Estatuto de la Victima. Esta normativa recoge un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de los afectados por actividades delictivas. En su artículo 21, establece que las “autoridades o funcionarios encargados de la investigación penal” velarán para que “se reciba declaración de las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas”. Es decir, el magistrado que investiga a Benítez puede tomar esta decisión o hacer lo que han hecho hasta ahora otros dos colegas: archivar las denuncias que estén prescritas sin tomar declaración a los denunciantes.

LA VÍA CIVIL


La declaración de las víctimas ante el juez “es imprescindible para esclarecer de forma clara y precisa los hechos delictivos que han sufrido” en el colegio de Sans-Les Corts, donde Benítez fue profesor de gimnasia, expone el abogado Iban Fernández en su petición. Y es que hay denuncias poco detalladas. El letrado ha asegurado a este diario que “todas las víctimas, aunque sus delitos estén prescritos, tienen derecho a ser oídas por el juez y más cuando han hecho un esfuerzo por denunciar unos hechos de su pasado que no son agradables de recordar”. Los juristas consultados señalan que la declaración de las víctimas cuyos delitos estén prescritos también facilitaría y agilizaría el trámite de una posterior demanda civil contra el colegio para reparar el daño causado por los abusos que sufrieron los estudiantes.

Y es que el Código Civil establece que las personas o entidades que sean titulares de un centro docente no superior responderán de los daños y perjuicios que causen a sus alumnos menores durante los periodos en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. Hay un grupo de exalumnos de los Maristas que ya se están planteando acudir a la jurisdicción civil tras declararse el archivo de sus denuncias por prescripción.

De El Periódico

Barcelona es personarà contra els abusos als Maristes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que l'Ajuntament es personarà en el cas dels presumptes abusos sexuals comesos pel professor de gimnàstica Joaquin Benítez a l'escola de Sants-les Corts dels Maristes, ha explicat en declaracions a Onda Cero. El consistori actuarà "a favor de les víctimes", ja que el col·legi rep fons públics per ser concertat, segons ha publicat aquest dimecres El Periódico. Colau ha criticat que els presumptes abusos sexuals ocorreguts en les escoles dels Maristes han estat "encoberts i silenciats" pel centre.

La ‘nuit debout’ francesa vol fer-se més gran

Rere l’etiqueta «nuit debout» o "nit dempeus", milers de persones es reuneixen diàriament des de fa gairebé una setmana a la plaça de la República de París per tractar de bastir una alternativa «des de baix» a l’actual sistema econòmic i polític i denunciar les polítiques reaccionàries del govern d'Hollande, especialment la dretana "Llei del Treball". Els paral·lelismes amb el 15M de l’Estat espanyol són evidents i des del mateix moviment s'ha reconegut des del principi la inspiració d’aquest. Ahir va arribar a Brussel·les i està previst que avui s’estengui a Alemanya i els Països Catalans, amb convocatòries a Perpinyà, Tarragona i València. Però ara aquestes crides no han estat recollides pels mitjans. Foto: "Nit dempeus, Valls de genolls".

A pesar de la proximitat –geogràfica i cultural-, la fàcil vinculació amb fets que lectors i espectadors reconeixeran i que pràcticament tots els mitjans grans tenen corresponsal a París, la cobertura ha estat més aviat modesta. Cap menció a portada –com sí que va tenir la vaga general que va precedir el moviment-, cap reportatge especial ni tertúlies dedicades al tema. Tampoc hi ha hagut un seguiment continuat de l’evolució i la majoria de mitjans s’han limitat a publicar alguna peça aïllada. Encara que poden llegir-se o veure’s bones cròniques, la majoria són de principis de setmana i obliden el fet que el moviment s’està estenent i traspassant les fronteres franceses.

Segons els simpatitzants catalans de la «nuit debout», aquesta por a un contagi podria haver motivat la censura clara a la cobertura del moviment.

(Vídeo) Francia: quinta #NuitDebout y más movilización contra la ley del Trabajo


Por quinta noche consecutiva, centenares de personas del movimiento “nuit debout” (noche en pie) ocuparon la parisina Plaza de la República, un movimiento que desea mantener vivas las protestas contra la ley El Khomri que pretende facilitar el despido. “Tenemos que rebelarnos porque necesitamos mantener la esperanza, incitar a la gente a que se implique en la política ya que la decepción es total”, asegura Sophie Tissier. “El objetivo es que esta revuelta llegue a impresionar al poder y que el miedo cambie de trinchera”, asegura Guillaume. La Policía francesa arresta a 130 personas en las protestas de París contra la reforma laboral

Anuladas las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas

La juez de lo Mercantil de Madrid Carmen González Suárez ha anulado las cláusulas suelo fijadas por 40 bancos y cajas en las hipotecas suscritas por sus clientes debido a la "falta de transparencia" y a que son "abusivas". Por ello, obliga a devolver las cantidades cobradas "indebidamente desde mayo de 2013". El juzgado estima parcialmente la macrodemanda interpuesta por la asociación Adicae en representación de 15.000 clientes que afecta a la práctica totalidad de los bancos y cajas de España, aunque la resolución aún es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La sentencia del juzgado madrileño llega después de que el pasado enero el Supremo ya anulara las cláusulas suelo del Banco Popular, también por "abusivas", y de que el 9 de mayo de 2013 este mismo tribunal condenara al BBVA, Cajamar y Abanca a anular, por idéntico motivo, esa condición de los contratos de las hipotecas. Las cláusulas suelo impiden a los deudores aprovechar la bajada del Euríbor (es decir, de los intereses que pagan por el préstamo). De hecho, esta sentencia más antigua es la que marca la fecha por la que ahora los juzgados de Madrid consideran que ya no se podían seguir cobrando esos intereses de más. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo, al tiempo que obliga a las entidades bancarias demandadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) a eliminar las citadas cláusulas de los contratos y a cesar en su utilización.

Además, la magistrada condena a la entidades bancarias demandadas a devolver a los consumidores perjudicados "las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, con los intereses que legalmente correspondan". La juez ordena, no obstante, que los contratos hipotecarios se mantengan en vigor una vez eliminada la cláusula suelo. En su sentencia, la juez considera que los preceptos anulados "carecen de transparencia" y son abusivos, ya que se introdujeron en los contratos generales del préstamo hipotecario a interés variable "sin que se resaltase por parte de la entidad bancaria la importancia de la inclusión de la cláusula en la vida económica del contrato".

Este hecho, según el juzgado, "frustraba las expectativas del consumidor", ya que cuando creía estar contratando un préstamo a interés variable "se encontraba sorpresivamente con una cláusula que le impedía beneficiarse de las bajadas del tipo [de interés] de referencia". La sentencia conocida hoy llega diez meses después de que quedara visto para sentencia el procedimiento iniciado en 2010 a partir de una macrodemanda interpuesta por Adicae en representación de 15.000 afectados y dirigida inicialmente contra 101 entidades bancarias, que después quedarían en 40 tras los procesos de fusión.

De El País

El Parlament aprova la 'moció de desconnexió'

La moció de desconnexió proposada per la CUP i admesa per Junts pel Sí ha estat aprovada aquest migdia al Parlament de Catalunya. La moció ratifica la declaració del 9 de novembre i ratifica la desobediència respecte el Tribunal Constitucional espanyol. Tal com era previst, Junts pel Sí i la CUP han votat diferent en els punts 3 i 4 de la moció, que fan referència a la desobediència dels Mossos d’Esquadra als requeriments judicials que arribin en relació als processos contra regidors i batlles. Junts pel Sí s’ha abstingut en el punt tercer que encoratja els càrrecs electes a seguir desatenent les peticions de les institucions no democràtiques de l’estat espanyol. El grup independentista majoritari ha votat en contra del punt quart, que insta el govern a desatendre els requeriments de l’Audiència espanyola relatius al procés de desconnexió democràtica de l’estat espanyol i, en conseqüència, que el cos de Mossos d’Esquadra no els executi com a policia judicial.

Amb l’aprovació de la moció, també s’ha donat llum verd a elaborar en 60 dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents al compliment dels annexos de la declaració del 9 de novembre.

Els grups de l’oposició han atacat amb contundència la moció presentada. Consideren que no era pertinent portar-la a debat al parlament i que és ‘paper mullat’. C’s, PSC i PP han votat en contra de tota la moció, mentre que Catalunya Sí que es Pot ha decidit no participar en cap votació. Joan Garriga, per la CUP, i Lluís Llach, per Junts pel Sí, han estat els responsables de defensar la moció presentada.

El text de la moció sotmesa a votació és el següent:

«1. El Parlament de Catalunya, atès el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat 27 de setembre, i davant les actuacions de l’Estat, a través del Tribunal Constitucional, l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb aquest mandat democràtic, ratifica la seva ferma voluntat de seguir portant a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya, i per tot això, el Parlament reitera els objectius continguts de la declaració 1/XI del 9-N.

El Parlament de Catalunya:

2. Mostra el seu màxim suport a tots els ajuntaments avui investigats i criminalitzats per haver mostrat el seu suport a l’esmentada declaració 1/XI del 9-N.

3. Encoratja els i les càrrecs electes a seguir desatenent les peticions de les institucions no democràtiques de l’estat espanyol.

4. Insta el govern, d’acord amb els punts sisè i vuitè de la declaració 1/XI, a desatendre els requeriments de l’Audiència Nacional relatius al procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol i, en conseqüència, que el cos de Mossos d’Esquadra no els executi com a policia judicial.

5. Insta al govern que elabori i presenti a aquest Parlament en un màxim de seixanta dies l’estat i el pla d’execució de totes i cadascuna de les mesures tendents al compliment dels annexos de la declaració 1/XI del 9N.

6. Expressa el suport d’aquest Parlament, en tant que dipositari de la voluntat popular, a les iniciatives que des de la societat civil organitzada es desenvolupin per tal d’avançar en un procés pre-constituent.

7. D’acord amb el primer punt de la moció, insta al govern que elabori i presenti a aquest Parlament, en un màxim de seixanta dies, un pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana relatiu a la fase pre-constituent del procés constituent.

8. D’acord amb el primer punt de la moció, insta al govern que en els pressupostos que presentarà a aquest Parlament hi hagi una partida pressupostària per tal de finançar el pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana a l’esmentada fase pre-constituent del procés constituent.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés (portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí) i Anna Gabriel i Sabaté (Portaveu del grup parlamentari de la CUP-CC)»

Prèviament, la mesa del parlament havia decidit de rebutjar les peticions del PP, el PSC i Ciutadans per a aturar la votació de la moció de la CUP. La petició al·legava que el text era contrari a la sentència del Tribunal Constitucional. La presidenta del parlament, Carme Forcadell, ha aturat el ple perquè es poguessin reunir la mesa i la junta de portaveus per a prendre una decisió.

La proposta de Junts pel Sí, amb quatre vots i majoria, s’ha imposat al PSC i a Ciutadans, amb dos vots, que han donat suport a les reconsideracions, i a Catalunya Sí Que Es Pot, que ha preferit no votar. L’esmena s’ha incorporat a la moció i, per tant, formarà part del debat i la votació al ple. Abans, però, tots els diputats hauran de votar si volen alterar l’ordre del dia i retirar aquest polèmic punt o no, com ja van demanar Ciutadans i el PP.

De Vilaweb

Panamá: Dos bisnietos de Franco controlaron sendas firmas en las Islas Vírgenes Británicas

El 1 de junio de 2012, dos bisnietos de Franco, Francisco Franco Suelves y su hermano Juan José, firmaron como directores de sendas sociedades en la misma dirección de las Islas Vírgenes Británicas: Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited. Ambos firmaron y entregaron su pasaporte a Mossack Fonseca, según los Papeles de Panamá. Juan José, nacido en 1985, afirma que no sabe por qué aparece su nombre ahí y que puede tratarse "de un tema familiar". Ambos son hijos de Francis Franco, nieto del dictador, que parece saber más del tema. Francis asegura que han regularizado las firmas: "No es algo tan tremendo tener sociedades en Panamá". Foto: Los pasaportes de los bisnietos de Franco.

[Especial 'Los Papeles de Panamá': Destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']
La isla de Tórtola ofrece "playas de arenas blancas y finas, montañas frondosas y verdes y un puerto protegido llena de yates", según el Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas (BVI, en sus siglas en inglés). Quizá fue eso y no que la Agencia Tributaria considere a BVI como paraíso fiscal lo que llevó a herederos del dictador allí a abrir dos sociedades. Así consta en la documentación del despacho Mossack Fonseca a la que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que publica un centenar de medios del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), entre los que se encuentran El Confidencial y La Sexta.

La primera de ellas es Malini Investments, que abrió el 13 de octubre de 1997 y estuvo activa hasta el 26 de septiembre de 2013, el cierre total se produjo en mayo de 2014. El 1 de junio de 2012, Juan José Franco Suelves firma como director de la compañía. Franco Suelves, dueño de una empresa de caza, es bisnieto del dictador, hijo del nieto mayor, Francis Franco (originariamente llamado Francisco Martínez-Bordiú, pero al que se le cambió el orden de los apellidos para perpetuar el nombre). "Soy un ignorante absoluto del asunto", contesta por teléfono Juan José Franco, que no se explica por qué aparece su firma y su pasaporte en los Papeles de Panamá. Pero admite: "He firmado muchos papeles en mi vida" y añade: "Puede ser de un tema familiar o algo".

Juan José Franco Suelves es administrador de una empresas que se dedica a la gestión cinegética de fincas y a organizar monterías. Asegura que no es precisamente millonario y no le molesta la idea de figurar con sociedades opacas. "Si tengo algo de dinero allí, yo encantado". Franco Suelves promete contactar con su familia para dar una explicación. Su hermano mayor, Francisco de Asís, nacido en 1982, firmó en la misma fecha que él como director de Vamfield Alliance Limited, en la misma dirección de la isla Tórtola. La empresa estuvo activa entre 2007 y enero de 2013. También envió su pasaporte a Mossack Fonseca. Este se dedica al sector inmobiliario y no ha contestado a la llamada de El Confidencial. Las gestiones las hizo Thomas Short, un noble británico afincado en España, especializado en crear sociedades con Mossack Fonseca.

Francis Franco, el padre de ambos de un primer matrimonio, parece conocer algo más sobre las dos firmas, pero se niega a dar detalles: "Es un tema antiguo y todo está regularizado. Es perfectamente legal". No aclara si se acogieron a la amnistía fiscal pero por las fechas es compatible, ya que las sociedades estaban activas pero a nombre de un intermediario y los Franco toman la gestión poco antes de cerrarlas -coincidiendo con la amnistía fiscal del PP-. Francis Franco, nacido en Madrid en 1954, es señor de Meirás con grandeza de España, marqués de Villaverde y caballero de la orden de Malta. Aunque se licenció en Medicina siempre se dedicó a los negocios. Fue durante un tiempo administrador de los bienes de la familia Franco.

Según el registro mercantil, figura en 29 sociedades. Entre ellas está la constructora Béjar 2001. Allí aparece también como apoderado su hijo Francisco de Asís, que fue director de Mailini Investments en Islas Vírgenes Británicas. La constructora tiene su sede en la calle Hermanos Bécquer 8, esa fue la última residencia de Carmen Polo. El libro Franco SA, publicado por Mariano Sánchez Soler en 2003, citaba ese edificio como una de las herencias del dictador, valorado en 1975 en 36 millones de pesetas de la época. Ha sido la casa familiar que mantuvieron con la democracia.

Sánchez Soler explica que Francis Franco "se ha dedicado sobre todo a la compra de inmuebles, a reformar edificios" y que durante una época gestionó negocios de la familia, como la finca de Valdefuentes. Los Franco recibieron dinero de esa finca, al sur de Madrid, con la recalificación y también con la expropiación para construir una autopista de peaje. Sánchez Soler añade que nadie ha investigado nunca el dinero de la familia Franco en el extranjero: "La pregunta del millón de dólares es qué paso con las propiedades y el dinero de los Franco en el extranjero, en Suiza, Miami y Filipinas". Los papeles de Panamá no responden esa pregunta pero añaden otro territorio -este más exótico- a la lista: las Islas Vírgenes Británicas.

De El Confidencial

Los papeles de Panamá o la evidencia de un sistema podrido

Cau el govern islandès per l’escàndol dels ‘papers de Panamà’. Oleguer Pujol, també als papers de Panamà. El fascista Le Pen sacó 2,2 millones de Francia. Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a crear sociedades en Panamá. Kremlin: "Continuarán las publicaciones contra Putin y Rusia". El padre de David Cameron dirigió un fondo para evitar el pago de impuestos en Gran Bretaña. Pilar de Borbón y sus negocios sucios... El neoliberalismo y algunos de sus oligarcas más destacados al descubierto, aunque las ausencias apuntan claramente a una manipulación y selección de objetivos hasta el momento. Y la tormenta acaba de empezar.

Agricultura va subvencionar el Barça i l'Espanyol, a més de sindicats i confraries

Abans de plegar com a conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat el gener passat, el convergent Jordi Ciuraneta (foto) va regar amb milions d’euros les organitzacions del sector tot i que algunes no tenen res a veure amb la pagesia. Mitjançant la fórmula dels convenis, en l’últim semestre de l’any passat, el departament d’Agricultura de la Generalitat va aportar 10.000 euros a la Fundació Futbol Club Barcelona i al Reial Club Deportiu Espanyol per la seva col·laboració en una campanya publicitària. El Barça i l’Espanyol es juguen el seu futur al camp, però no és el mateix camp que treballen els pagesos.

Tal com acaba de publicar el Diari Oficial del a Generalitat, el departament d’Agricultura també va subvencionar les organitzacions sindicals agràries a través de convenis per “sufragar part de les despeses de funcionament”. Així, Unió de Pagesos va rebre 474.936 euros; Joves Agricultors i Ramaders (JARC), 201.978 euros; i ASAJA, 133.615 euros.

Les confraries de pescadors van rebre una pluja de diners: Barcelona (40.000 euros), Badalona (15.312), Blanes (40.000), Calella (5.784), Cambrils (40.000), Deltebre (32.370), Ametlla de Mar (47.550), Ampolla (25.584), Cases d’Alcanar (21.993), Escala (37.504), Estartit (13.543), Malgrat de Mar (4.176), Mataró (8.465), Montgat-el Masnou-Premià de Mar (14.363), Palamós (40.000), Sant Carles de la Ràpita-Verge del Carme (51.460), Sant Carles de la Ràpita-Sant Pere (5.422), Sant Feliu de Guíxols (31.222), Sant Pol de Mar (7.393), Sitges (10.610), Torredembarra (10.079), Tossa de Mar (5.844), Vilanova i la Geltrú (48.050), Llançà (33.866), Pineda de Mar (4.176), Arenys de Mar (47.200), Lloret de Mar (6.321), Roses (42.100), Tarragona (40.000), Cadaqués (7.690), Calafell (7.929), Port de la Selva (22.616).

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors es va emportar 170.000 euros, mentre que les federacions territorials de Barcelona, Girona i Tarragona es van emportar cadascuna 20.000 euros. Per imports, els més elevats van ser per als grups i consorcis que gestionen els fons Leader en el territori. Per exemple, el grup d’Acció Local del Pirineu Occidental va obtenir prop d’un milió d’euros.

De El Triangle

‘Diluvi’ de diners públics de la Generalitat sobre més de 2.000 entitats


Per entendre la Catalunya “processista” i com funciona, cal llegir el DOGC del passat divendres 1 d’abril. S’hi publica una disposició del departament de Benestar i Família que, en compliment de la Llei de transparència, detalla la relació de les subvencions que es van concedir l’any passat, en l’etapa de la consellera Neus Munté. En total, són 407 pàgines!, del DOGC i les entitats beneficiàries que hi surten relacionades són més de 2.000!.

Maduro reduce a cuatro los días laborables para ahorrar energía

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reducido los días laborables del país de cinco a cuatro días por semana en el marco de un plan de 60 días para atender una emergencia nacional ocasionada por la sequía. Maduro ha establecido, a través de un decreto presidencial que será publicado mañana, "todos los días viernes como días no laborables a partir del viernes de esta misma semana, durante los meses de abril y el mes de mayo", según anunció a través del canal estatal VTV sin precisar si este anuncio irá dirigido al sector público o privado.

El "plan de atención de la emergencia"será de ocho semanas durante las que Maduro ha pedido "la máxima colaboración de todo el país". "Con este plan que hemos venidos estableciendo, (...) desde el 6 de abril, hasta el 6 de junio, este plan de 60 días, dos meses, vamos a poder pasar el momento más difícil, de mayor riesgo, y estoy seguro que lo vamos a superar con la menor afectación", ha dicho. Asimismo ha ordenado ampliar la capacidad de auto generación eléctrica de los centros comerciales que pasará de cuatro a nueve horas, y aquellos que no logren llegar a esa capacidad serán objeto de "medidas especiales para garantizar el ahorro", ha manifestado. "Frente a situaciones extremas de la naturaleza, conciencia extrema", ha dicho el mandatario que pidió tener "disciplina".

Maduro ha pedido responsabilidad a los usuarios particulares en el uso privado de electrodomésticos, aires acondicionados y secadores de cabello. "Si no logramos impactar el ahorro residencial, todas estas medidas sencillamente no sumarían lo suficiente", ha indicado. Las autoridades han explicado que las medidas buscan enfrentar las consecuencias de la sequía ocasionada por el fenómeno climático El Niño que ha disminuido los niveles de la represa del Guri, la principal reserva de generación hidroeléctrica del país, y de varios embalses, a niveles críticos. Asimismo se ha establecido un plan para el racionamiento de agua que establece un suministro de unas pocas horas en varias zonas del país.

De Las Provincias

Una trabajadora de Nóos explica los lujos en los foros de Baleares

Una trabajadora del Instituto Nóos que se encargó de la logística de los foros organizados en Baleares ha relatado que le autorizaron realizar elevados gastos como una cena de gala por más de 15.000 euros, y cócteles y tapas por alrededor de 2.000, y que nunca supo que se financiaban con fondos públicos. En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga el caso Nóos, el letrado de la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, Ramón Rosselló, ha preguntado a la trabajadora por gastos de los Illes Balears Forum de 2005 y 2005 -por los que el Govern pagó 2,2 millones al Instituto Nóos-, como cuatro cócteles que costaron más de 2.000 euros cada uno y una cena por 15.579 euros.

Zazo ha admitido que ella misma elegía los lugares donde se celebraban los cócteles y cenas, en sitios como una mansión o un club de golf, y ha dicho que nunca supo que se financiaban con fondos de la administración pública. "A mí me daban un presupuesto. Nunca vi los convenios", ha afirmado. "Yo hacia una previsión de presupuesto, los decidía no sé quien, y a mí me llegaba luego el presupuesto que tenía para los gastos", ha precisado.

Ante una pregunta del letrado de Baleares, la trabajadora de Nóos ha señalado que esas cenas y cócteles que se celebraban todos los días mientras duraban los foros no eran abiertas al público y solo asistían los ponentes a quienes también se organizó un recorrido turístico por Mallorca. Zazo ha confirmado otros gastos realizados como un recital de una cantante por 4.000 euros, el alquiler de un piano por otros 986, la rotulación de un cartel por 1.891, hasta 6.120 euros por dos esculturas que se entregaron en 2005 y otros 1.400 por los trofeos de 2006, la factura de un hotel por 79.825 euros de la que se descontaron 53.500 como patrocinio de la hotelera.

De Diario de Mallorca

Nóos empezó a preparar el Valencia Sumit antes de aprobarse


El presidente del comité científico del Instituto Nóos, Marcel Planellas, ha afirmado hoy que comenzó a trabajar en 2003 en la preparación del Valencia Summit 2004, que se celebró en octubre, a pesar de que las administraciones públicas que lo financiaron no lo decidieron hasta 2004. Planellas ha hecho estas manifestaciones en su declaración hoy en el juicio ante la sección primera de la Audiencia de Palma y ha añadido que desde el primer momento la capital valenciana era la sede destinada para el foro.

Imputado un ex alcalde del PSOE por 'lavar' 341.000 euros para Granados y Marjaliza (PP)

La investigación de las 19 cuentas que Francisco Granados, David Marjaliza y las esposas de ambos tuvieron en bancos suizos siguen provocando imputaciones. La última, la del que fuera alcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid) entre 1987 y 1995, Florencio Campos Corona, según un reciente escrito judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli. En la documentación que en su día remitieron las autoridades de Berna y que permitieron iniciar el 'caso Púnica', ya se señalaba a este político actualmente jubilado como una de las personas con depósitos en entidades financieras del país helvética desde los que se hicieron transferencias a los del exsecretario general del PP madrileño y el constructor con el fin de blanquear dinero.

En el caso del antiguo regidor, 341.000 euros para los que utilizó una fundación 'fantasma' llamada Algaba. Con él, ya son cinco los empresarios acusados de lavar fondos para la trama desde cuentas en el extranjero. Campos Corona, que llegó a ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en la época de Felipe González, ya se vio salpicado en 1998 en un escándalo de corrupción que le obligó a abandonar el partido, aunque finalmente aquella causa se cerró en 2004 sin juicio ni acusaciones. Este diario intentó ponerse este miércoles en contacto con él a través de su abogado, sin que este último respondiera a los requerimientos de información.

El nombre del antiguo alcalde socialista no es nuevo en el sumario. De hecho, el 11 de junio de 2014, más de cuatro meses antes de las primeras detenciones, la Fiscalía Anticorrupción ya lo incluyó en un escrito como el de una de las personas "físicas y jurídicas" que había "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas en Ginebra abiertas a nombre de David Marjaliza, Francisco Granados y una empresa 'pantalla', la costarricense Sheraton Trading SA. El Ministerio Público se refería entonces como fuente de la información a un fax que le había remitido el 21 de mayo anterior la Oficina Federal de la Justicia suiza en la que detallaba que uno de esos ingresos, en concreto de 341.000 euros, había partido de un depósito a nombre de la Fundación Algaba, cuyo titular real era supuestamente el exalcalde ahora investigado (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En aquel escrito, Anticorrupción ya recogía la sospecha de que dicho movimiento de fondos hacia las cuentas de Marjaliza y Granados, así como los realizados por otros cinco empresarios que aparecían mencionados en el mismo, estaban relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España. La Fiscalía encargó entonces a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase la posible vinculación de todos ellos con empresas de David Marjaliza. Un mes después, los agentes entregaban un informe en el que destacaban la participación de Florencio Campos en "los órganos de administración" de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares SA desde junio de 1993, cuando ya era alcalde. La Guardia Civil analizó entonces si Marjaliza o algunas de las sociedades de su entramado empresarial habían tenido relación con la misma, sin que encontrasen nada. Tampoco hallaron nada en las bases de datos policiales sobre investigaciones en las que apareciera el ex alcalde.

Las posteriores pesquisas sobre Campos Corona quedaron bajo secreto de sumario hasta que el pasado mes de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, remitió al Banco de España un escrito para que éste le detallase si el antiguo alcalde y otras once personas que detallaba habían declarado al fisco español tener cuentas en el extranjero. En aquella lista, junto al antiguo regidor de Alcalá de Henares, aparecían los otros cuatro empresarios citados por Anticorrupción en su informe de junio de 2014 y, además, otras siete personas, entre ellas Inés de Borbón y Borbón, prima del rey emérito Juan Carlos I. El magistrado reclamaba saber si entre 2005 y 2013 alguna de ellas había declarado tener dinero fuera de España, "con especial hincapié en Suiza". De hecho, reclamaba información sobre si habían presentado ante el fisco los "modelos DD1 y DD2" en los que se debe recoger "la apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior".

De aquel listado, al menos otras dos personas ya se encuentra imputadas también acusadas de blanqueo. El primero fue Michael Trevor Langdon Sharman, un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en los depósitos bancarios en Ginebra de los dos presuntos cabecillas de la trama. La Guardia Civil llegó, incluso, a registrar su domicilio. A él se han sumado en las últimas semanas al menos otras tres personas. Dos de ellos, J.P.B. y M.G.Y, no figuraban ni en el escrito de Anticorrupción ni en la solicitud de información del juez Velasco al Banco de España. El tercero, sí. Se trataba del hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi. Todas las pesquisas sobre estos cuatro empresarios y el ex alcalde socialista se mantienen en la parte del sumario que el juez aún mantiene secreta. De hecho, en la providencia por la que el pasado mes de marzo acordaba prolongar éste durante un mes más ya destacaba, precisamente, que uno de los motivos para ello era proteger las pesquisas con las que que intentaba identificar a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo".

El caso Púnica' no es la primera investigación sobre corrupción que salpica al exregidor alcalaíno. En 1998, cuando ya había abandonado la alcaldía, Campos Corona fue acusado por el grupo de IU en el consistorio de diversas irregularidades durante su mandato. En aquella denuncia se le señalaba como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y cohecho por, entre otros hechos, haber dividido un proyecto urbanístico en varios parciales para evitar que las obras tuvieran que ser adjudicadas mediante concurso público. También se le acusó de introducir modificaciones y mejoras en las obras del auditorio municipal sin tener en cuenta los requisitos formales. Además, al recién imputado en Púnica se le señaló entonces por el presunto pago de una serie de comisiones por valor de 134.000 euros a una empresa para que ésta realizara estudios de imagen.

Todo ello llevó al Ayuntamiento a abrir una comisión de investigación y a que su partido, entonces la Federación Socialista Madrileña (FSM), le suspendiera de militancia. Sin embargo, en septiembre de 2004, el titular de un juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares dictó un auto con el apoyo de la Fiscalía en el que decretaba el sobreseimiento del caso contra el regidor y las otras cuatro personas imputados al considerar que los hechos investigados no eran "constitutivos de infracción penal". Entonces, Campos dio una rueda de prensa acompañado de otros dirigentes locales del PSOE en el que destacó que la decisión de aquel magistrado demostraba "que mi proceder fue transparente y claro".

Catedrático de instituto, Florencio Campos Corona (Toledo, 1943) siempre ha presumido de haber llegado al PSOE con el arranque de la democracia de la mano del histórico Pablo Castellano. Alcalde entre 1987 y 1995 de Alcalá de Henares, la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid por número de habitantes, antes fue concejal de Educación y Hacienda durante cuatro años. En 1990 tocó su techo político al entrar como vocal en la Ejecutiva Federal socialista que entonces presidía Felipe González. Lo hizo a propuesta de Joaquín Leguina, máximo dirigente del partido en Madrid en aquellos años. De hecho, para muchos entraba en el máximo órgano de dirección del PSOE para ser el "espía" en Ferraz de su mentor, algo que él negó en una entrevista que concedió en noviembre de aquel año, tras su nombramiento, al diario El País. Él se autodefinió entonces como integrante del llamado 'Grupo de Chamartín'.

De Voz Populi

Así funciona la nueva trama de financiación ilegal del PP en Arganda del Rey


Con un sistema similar al entramado corrupto que funcionaba con la Gürtel en Valencia y al de la trama Púnica en Madrid funcionaba la nueva trama de financiación ilegal del PP destapada en el municipio madrileño de Arganda del Rey. Grandes constructoras habrían pagado eventos de la Gürtel del Ayuntamiento de Arganda, en Madrid, y gastos del Partido Popular de la localidad a cambio de adjudicaciones por más de un millón de euros. Todos los años, el Ayuntamiento de Arganda del Rey celebra su particular gala del deporte. Pero los gastos de este evento, y de otros, como la Cabalgata entre 2005 y 2009, no los asumió el consistorio, sino la red 'Gürtel' con el dinero de grandes constructoras.

BCN multará a las eléctricas si no garantizan los suministros básicos

El gobierno municipal encabezado por Ada Colau, desde que iniciara su mandato en Barcelona, no ha dejado de presionar a bancos y grandes empresas para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía incluidos en su plan de emergencia social. Primero empujaron a las principales entidades bancarias a ampliar el parque de vivienda social. Ahora, indivisible a este derecho, amenazan con sancionar a las compañías suministradoras Gas Natural y Endesa si no cumplen la vigente ley 24/2015 para combatir la pobreza energética, que recoge evitar los cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad. Las sanciones serán tramitadas por los equipos jurídicos de la Administración y oscilarán entre los 10.000 y los 100.000 euros.

Así lo ha anunciado la alcaldesa Ada Colau la mañana del miércoles, junto a las regidoras de las áreas de Derechos Humanos, Laia Ortiz, y de Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, al asegurar que tras más de cinco meses de reuniones con ambas compañías éstas “solo cumplen la ley del mínimo esfuerzo”, y no han evitado los cortes de suministros en los hogares en riesgo de exclusión residencial.

Colau ha advertido que la ley 24/2015 contra la pobreza energética -aprobada el 29 de julio a través de una ILP impulsada por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC-, se debe aplicar de forma “obligatoria” y “corresponsabiliza a la Administración y a las empresas suministradoras” en la garantía del acceso a los suministros básicos a las rentas más bajas. “Endesa y Gas Natural no han querido firmar ningún acuerdo y han dejado que toda la responsabilidad para evitar los cortes recaiga en la Administración”, se ha lamentado, “cuando son las grandes beneficiarias de los últimos años de crisis económica”. Las ayudas del Ayuntamiento para evitar los cortes de suministros han ascendido un 22% en el año 2015, lo que equivale a 5.062 familias cubiertas según el consistorio.

Colau también ha criticado la falta de transparencia de las compañías suministradoras a la hora de facilitar información de las familias afectadas por los cortes y ha estimado que entre un 7 y un 10% de la ciudadanía sufre pobreza energética en Barcelona. La alcaldesa ha recalcado que la sanción “no es la primera opción” del Ayuntamiento y, por ello, ha emplazado a la Generalitat de Catalunya a acompañar al consistorio a los encuentros con las compañías para presionar en favor de acuerdos voluntarios y se logre aplicar la ley 24/2015. También ha pedido desplegar el reglamento de forma conjunta para aplicar la ley de forma efectiva y, en consecuencia, agilizar su régimen sancionador sin tener que recurrir a los equipos jurídicos del consistorio barcelonés.

De Público

Urtasun, quan la classe alta i falangista es pìnta de verd

Un usuari de Twitter, @dirtintoe, ha publicat tot un seguit de piulades on exposa que Ernest Urtasun hauria maquillat el passat familiar per no adequar-se al perfil òptim que hauria de tenir un militant ecosocialista i de l'esquerra de debò. Així doncs, mostra algunes entrevistes on Urtasun havia parlat del seu pare que tenia "una petita empresa" dient textualment que a casa seva "no som de la pela" i que el seu avi havia immigrat a Catalunya des de Navarra a la postguerra a la recerca d'oportunitats. Segons @dirtintoe no seria ben bé així. El pare: Director de Banesto a Catalunya i amo d'una multinacional. L'avi: condecorat per la Falange i amb una pensió vitalícia.

L'any 1995, La Vanguardia publicava que Xavier Urtasun era proclamat nou director de Banesto a Catalunya als seus 42 anys. Hi explica que Urstasun pare va començar la seva carrera bancària l'any 1977 al Banc Vizcaya. El fet de dirigir un banc a Catalunya portà a Urtasun pare a relacionar-se amb la jet-set catalana fent conferències per a empresaris presidides per Artur Mas (any 1998) com la titulada 'Catalunya, una aposta per a la competitivitat celebrada a Barcelona. Al registre mercantil oficial hi podem trobar al pare Urtasun com a amo de l'empresa Cave Bilbainos Logística España (CBL) que segons les piulades de @dirtintoe hauria generat beneficis de fins a 115 milions d'euros i amb milers d'empleats.

Urtasun parlava del seu avi com un immigrant per temes econòmics. La realitat fou que el seu avi va lluitar al bàndol franquista durant la guerra civil i va ser ferit greument l'any 1937. Per aquest motiu va rebre la "Medalla de sufrimiento por la patria" que atorgava la Falange de las JONS i, a més, una pensió vitalícia estatal de 12,50 pessetes mensuals de llavors. També va rebre als anys 70 una altra medalla: la de la constància. En aquest sentit també se li atorgà una paga.

Pijolàndia en estat pur

El mateix usuari ha explicat que Ernest Urtasun va anar a l'escola privada, concretament al Liceu Francès. Que ha passat la seva infància i adolesència a Sant Gervasi i que va estudiar la Carrera Diplomàtica espanyola (gens barata) a Madrid i que va tenir de company el fill de Josep Borrell, Juan Borrell. De moment, no hi ha hagut cap intent de desmentir les informacions per part del mateix Ernest Urtasun o d'ICV. També cal destacar que el regidor de la CUP a l'ajuntament de Barcelona, Josep Garganté, també via Twitter, ha preguntat sobre la veracitat de tot plegat i no ha rebut resposta.

Ningú escull la seva família, però sí dir o no la veritat

La xarxa bull després del #urtasungate amb defensors i detractors. Alguns al·leguen que ningú és responsable del seu llinatge i que ningú pot escollir la seva família. D'altres repliquen que Urtasun no hauria de renunciar a la seva ascendència si té clar que ell ha escollit un altre camí politicosocial a la seva vida. Alguns asseguren que a l'entorn ecosocialista i a la nova esquerra anticapitalista, amb les seves diferents sigles, tant espanyoles com catalanes, no és ben vist que un provingui d'una família benestant gràcies a una multinacional capitalista i tenir un avi falangista.

De Directe.cat