dimarts, 5 de juliol de 2016

Tres gestoras británicas bloquean fondos inmobiliarios por falta de liquidez

La aseguradora británica Aviva, la mayor del Reino Unido,y las gestoras Standard Life y M&G Property Portfolio, han suspedido el reembolso de participaciones en fondos inmobiliarios por la falta de liquidez de sus fondos ante la avalancha de peticiones de venta. Son algunas de las consecuencias más relevantes en el sector inmobiliario y financiero del Brexit. Aviva ha bloqueado la negociación de su fondo de inversión inmobiliaria Aviva Investors Property Trust, dotado con 1.800 millones de libras (2.124 millones de euros), ante la falta de liquidez provocada por el elevado número de peticiones de venta a raíz de la incertidumbre en los mercados tras la victoria del Brexit.

Aviva dijo ayer que “recientemente hemos experimentado un volumen más alto de lo normal de solicitudes de reembolso, lo que, combinado con las difíciles condiciones de los mercados por el sentimiento de los inversores por el referéndum sobre la UE, ha reducido la liquidez del fideicomiso”, indicó la mayor aseguradora de Reino Unido en un comunicado. Aviva explicó que se tomará un tiempo para buscar mejores precios para vender las propiedades. Aviva es una de las principales multinacionales financieras de Europa con 58.000 empleados. Con presencia en decenas de países y 35 millones de clientes, ha alcanzado el quinto puesto en el mundo en el sector de la gestión de pensiones y la inversión del ahorro a largo plazo. El Banco de Inglaterra (BoE) ha admitido que uno de los mayores riesgos del Brexit es la exposición al sector inmobiliario, por la perspectiva de que Londres pierda atractivo como destino.

Por su parte, Standard Life anunció este lunes pasado la suspensión de la negociación en su fondo Standard Life Investments UK Real Estate Fund, de 2.900 millones de libras (3.420 millones de euros), a raíz de las “excepcionales circunstancias de los mercados”. Lo mismo hizo la gestora de activos M&G Investments que gestiona activos de 4.400 millones de libras (5.190 millones de euros) que tiene 178.000 propiedades. "Los reembolsos de inversores se han incrementado notablemente ante los altos niveles de incertidumbre en el mercado inmobiliario comercial de Reino Unido desde el resultado del referéndum", explicó la entidad, que considera que estos reembolsos "han alcanzado un punto donde M&G considera que la mejor manera de proteger los intereses de los inversores es la suspensión temporal de negociación".

Las dudas sobre el potencial impacto de la victoria del 'Brexit' en el sector inmobiliario se han trasladado en forma de fuertes caídas en la Bolsa de Londres para los valores relacionados con el sector. De este modo, la promotora Taylor Wimpey, cuyo negocio incluye la venta de inmuebles en España a ciudadanos británicos, se hundía un 7,05% en la Bolsa de Londres, por delante de la caída del 3,67% de Land Securities, la mayor sociedad de inversión inmobiliaria (REIT) cotizada en el Ftse 100. Por su parte, la aseguradora Aviva cedía un 3,94%, mientras Standard Life se dejaba un 5,20% y Legal & General perdía un 7,11%. A su vez, las acciones de la gestora Aberdeen Assets Management caían un 3,92%, informa el País.

Cayo Lara anuncia su alta en el paro: "Mi puerta giratoria"

El excoordinador federal de IU Cayo Lara ha anunciado este martes su alta en la Seguridad Social como demandante de empleo después de 29 años dedicado a la vida pública, los últimos siete y medio como líder de la coalición de izquierdas. "Mi puerta giratoria", ha publicado en su cuenta personal de Twitter acompañando una fotografía del 'papelito' con su número de turno de espera para darse de alta en el paro en una oficina de la Comunidad de Madrid. Cayo Lara ha decidido darse de alta en el paro después de dejar el liderazgo de IU el pasado mes de junio, cuando cedió el testigo a Alberto Garzón. Con 64 años, le queda menos de un año de cotización para jubilarse, según explicó en la Asamblea Federal en la que se despidió de la vida pública.

El que ha sido coordinador federal de IU durante los últimos siete años y medio empezó su carrera política como alcalde en su pueblo natal, Argamasilla de Alba (Ciudad Real), cargo en el que se mantuvo durante doce años, entre 1987 y 1999. Un año después fue elegido coordinador de IU en Castilla-La Mancha hasta 2008, cuando dio el salto a la política nacional siendo elegido líder federal de la organización. En el Congreso ocupó escaño en la legislatura iniciada en el año 2011, durante el primer mandato de Mariano Rajoy, cuando fue portavoz del grupo de Izquierda Plural, informa Público.

La CUP Girona demana transparència respecte a la investigació d’Efial

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat sobre el requeriment d’expedients emès per la Fiscalia Anticorrupció a l’Ajuntament de Girona i altres consistoris catalans referents als contractes amb la consultoria Efial. La formació ha reclamat a l’equip de govern màxima transparència a l’hora d’explicar el per què de la contractació de les diferents auditories a Efial, i que informi oportunament tant als grups municipals com al conjunt de la població gironina de tots els passos relacionats amb la investigació.Foto: Els regidors de la CUP a Girona Laia Pèlach i Lluc Salellas.

Pel que fa a les auditories encarregades a la consultoria, la CUP-Crida per Girona ha defensat que es tracta de documents exhaustius i que han servit a la formació i al consistori per detectar irregularitats en la gestió d’AGISSA dels darrers anys. En aquest sentit, el grup municipal ha reivindicat la tasca que porta duent a terme des que va entrar a l'Ajuntament de Girona l'any 2011 per tal de denunciar qualsevol indici de mala praxi tant en la gestió de l'aigua com en el conjunt dels serveis municipals de la ciutat.

Detenido por corrupción el presidente de la campaña de Puigdemont


La Guardia Civil está llevando a cabo desde primera hora de la mañana un nuevo golpe contra la corrupción, una macro operación llamada Termyca en la que ya se han producido 11 detenciones, y están previstos 48 registros simultáneos y 15 requerimientos que afectan a 23 ayuntamientos de diversos puntos de España -y gobernados por distintas siglas de la derecha como PP, CDC y UDC-, principalmente de Cataluña, Madrid y Baleares, aunque también alcanza a consistorios de Castellón, Huelva, Guadalajara y Granada. Entre los detenidos se encuentra Josep Manel Bassols, el que fuera presidente de la campaña de Puigdemont (foto) y arrestado en su día en la operación Petrum sobre cobro de comisiones ilegales en Convergencia i Unió. Además, también han sido arrestados Andreu Martí, ex alcalde de L'Ametlla de Mar y posteriormente empresario, Jaume Beltrán, Blas Acosta, Xavier Xifrá, Oriol Mestre, Manuel Delgado, Ramón Solé, Antonio Martos, Carles Bock y Lucía Mora. Se espera que se produzcan más detenciones a lo largo de la mañana.

La GC registra los ayuntamientos de Tortosa, Ametlla de Mar, Vandellòs y Ascó


La Guardia Civil tiene desplegada desde primera hora de esta mañana una amplia operación por delitos contra la administración pública centrada en varios municipios catalanes, mayoritariamente de Tarragona y Barcelona, y gobernados por Convergència Democràtica de Catalunya. Las actuaciones están siendo dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción y el titular del juzgado número uno de El Vendrell, Josep Bosch. La bautizada como Operación Térmyca es una pieza separada de las diligencias que se iniciaron en junio del 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra y que desembocaron en la operación de la Guardia Civil que en agosto del año pasado supuso el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem. La operación de hoy gira en torno a Efial Consultoría, una empresa consultora con sede en Barcelona que desde el 2007 trabaja para administraciones públicas y que desde el caso de Torredembarra se encuentra en la picota.

Barcelona: Mata a puñaladas a la directora de un banco y se arroja por un puente

Un hombre ha matado a puñaladas a la directora de una entidad bancaria y posteriormente se ha arrojado por un puente en Barcelona. El agresor ha quedado herido en estado crítico al ser embestido por un autocar y ha sido trasladado al hospital Vall d’Hebron, donde finalmente también ha fallecido. Los hechos han ocurrido hacia las 11.20 horas de la mañana cuando el hombre, de 48 años, nacionalidad española y domicilio en Barcelona, ha irrumpido en una entidad de Catalunya Caixa de la calle Ganduxer de Barcelona y, por motivos que se investigan, ha asestado al menos media docena de puñaladas a la directora de la entidad, de 42 años. La víctima ha sido evacuada al hospital Clínic, donde ha fallecido horas después.

Dos horas más tarde del trágico suceso de la sucursal bancaria, ha aparecido el cadáver de otro hombre en un bloque cercano a la sucursal bancaria. El propietario del inmueble, ubicado en la calle Johann Sebastian Bach, número 9, se ha topado con el cuerpo sin vida de su mayordomo al entrar en su domicilio. El cadáver yacía en el suelo en un charco de sangre y presentaba varias puñaladas. Los Mossos d’Esquadra trabajan en la hipótesis que ambos asesinatos están relacionados

Los sucesos ha provocado una gran conmoción entre los vecinos de la oficina bancaria, que permanece cerrada. Según testigos presenciales, el homicida ha entrado en el local y se ha dirigido directamente a buscar a la mujer, la ha apuñalado y se ha marchado, sin atacar a ningún otro empleado ni a ningún cliente de la sucursal bancaria. Pese a que se mantienen todas las hipótesis abiertas, la actuación del agresor no encaja con el patrón habitual de los atracos a entidades bancarias. Los Mossos d’Esquadra investigan si había alguna relación entre el agresor y la víctima, si el hombre era cliente de la oficina o si se trata de un perturbado, informa La Vanguardia.

México: Asesinan a un profesor de la Escuela Normal de Ayotzinapa

Un profesor de la Normal Rural de Ayotzinapa fue levantado al mediodía de este lunes por un comando armado cuando se encontraba dentro de su vehículo en pleno centro del municipio de Tixtla, Guerrero. Horas más tarde fue encontrado muerto sobre una carretera, a unos cuantos metros del basurero municipal. El Fiscal General del estado, Javier Pérez Olea, confirmó el hecho, dando a conocer que el profesor se encontraba desaparecido. “Debo señalar que fue recogido por los mismos delincuentes y consecuentemente se encuentra desaparecido”. Testigos del hecho señalan que los hombres se acercaron al auto del profesor y le dispararon para, posteriormente, entregarlo a otros hombres, que se encontraban encapuchados, quienes se lo llevaron en un vehículo. "Tenemos conocimiento que después del hecho delictivo las personas que dispararon en contra del herido se lo entregaron a un grupo que venía encapuchado”, aseguró.

Posteriormente, en las afueras del municipio de Tixtla, a dos kilómetros del basurero municipal, el cuerpo del profesor fue encontrado asesinado dentro de bolsas negras en una pequeña vereda de la carretera. El lugar fue asegurado por elementos de la policía estatal mientras que elementos de la Fiscalía de Guerrero realizaban los peritajes correspondientes. Hasta el momento se desconoce a que grupo delictivo pertenecen los agresores ni el motivo del asesinato.

El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de esa escuela para maestros en la población de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Según las autoridades mexicanas, los estudiantes iban a manifestarse cuando fueron atacados por oficiales de policía corruptos —asociados con un grupo de narcotraficantes—, luego ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río. Pero esta versión del gobierno de México —que fue llamada la "verdad histórica" por la Procuraduría— fue desacreditada por un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.

A principios de diciembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa, puso en duda nuevamente la versión oficial de los hechos dada por la Procuraduría General de la República (PGR), al asegurar que no se registró ningún incendio en el basurero de Cocula. Los padres no han parado de buscar a sus hijos y tampoco han dejado de protestar en todo México. Dicen que seguirán protestando hasta que ocurra una de estas dos cosas: que sean encontrados vivos o que se demuestre científicamente que fueron asesinados.

La víctima del cura: "En la primera denuncia no se hizo todo lo posible porque era la Iglesia"

María, la joven que cuando tenía entre 9 y 10 años fue víctima de múltiples abusos y violaciones por parte del rector de Can Picafort, experimentó ayer una "enorme liberación" tras casi veinte años de sufrir las secuelas de aquellos hechos y aconseja a otras víctimas de pederastas "que denuncien los hechos, por mucho que tengan miedo o haya un familiar implicado". Denunció también que las autoridades no investigaron a fondo la primera denuncia de su caso "porque era la Iglesia". María, arropada por familiares y amigos, vivió ayer unas intensísimas horas en la Audiencia de Palma, que se volcó, junto al fiscal Ramón Vázquez y su abogado Carlos Nadal, en darle todo tipo de explicaciones sobre el acuerdo de conformidad. Antes, coincidió en el patio del Tribunal Superior con su agresor y luego, ya en el juicio, pidió declarar separada de él por un biombo. María lloró cuando tuvo que narrar al tribunal sus sufrimientos de niña y las secuelas que le han quedado: "He seguido tratamiento psicológico y gracias a eso puedo estar aquí".

El fiscal, tras el juicio, llevó a un despacho a María y sus familiares para explicarles el acuerdo, donde aplicó jurisprudencia del Tribunal Supremo y las atenuantes de reparación del daño y confesión. Los 42 años de condena que se solicitaban inicialmente pasaron a seis, que empezarán en breve a cumplirse. María se animó a hacer declaraciones ante los medios de comunicación –"con la cabeza bien alta"– y reconoció que la condena a su agresor era "una liberación para mí y para mucha gente"..La joven resaltó que Pere Barceló jamás había admitido hasta ayer las agresiones. "Desde que Mateu (Ferrer) interpuso la denuncia nunca lo había admitido, ahora lo ha reconocido", dijo la víctima aliviada.

María manifestó que en 2012 se decidió confesar a su familia lo ocurrido en los años 90 tras ver el documental sobre pederastia Els Monstres de casa meva, emitido en TV3. En dicho reportaje televisivo intervenía el hoy periodista Mateu Ferrer, y su testimonio la hizo reaccionar. Hasta que no lo confesó a su familia no respiró tranquila. "Ha sido un sufrimiento sola, porque esto no lo sabía nadie, ni mi familia, ni nadie; es un sufrimiento que te aguantas por dentro", recordó. La aparición de Ferrer en aquel documental y el saber que otras niñas habían sido víctimas de abusos por parte de Barceló, hizo que María revelase a su familia la verdad de lo ocurrido en la rectoría de Can Picafort y en su casa familiar, donde también el exsacerdote abusó de ella.

La denunciante animó a otras agredidas a no callarse las agresiones: "Que no se dejen llevar por el miedo (las víctimas) o porque esté implicado un familiar, que lo denuncien porque estos casos prescriben". La mujer alabó el valor de Mateu Ferrer al denunciar el caso y explicó que mintió a los primeros investigadores porque estaba atemorizada. "Tenía miedo de mentir a mis padres, (pensaba) que no me iban a creer. Tener que negarlo (fue un trago) cuando Mateu lo denunció", se sinceró la joven. "Estoy tranquila, se ha hecho Justicia, aunque quizás se tenía que haber hecho hace años", concluye María, informa Diario de Mallorca.

Pere Barceló, expárroco de Can Picafort, confiesa y se declara culpable de abusos


El expárroco de Can Picafort (Santa Margalida) Pere B.R. ha admitido hoy ante el tribunal que le juzga haber abusado sexualmente y violado de manera continuada a una monaguilla de su parroquia desde que la niña tenía 10 años y ha dicho estar "totalmente arrepentido". En el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Palma, el expárroco ha admitido que los abusos comenzaron en 1997 cuando, con ánimo libidinoso, sentaba en sus piernas a la niña y le tocaba el pecho por encima de la ropa y posteriormente, cuando la llevaba en coche a su casa, la obligó a practicarle felaciones hasta en 20 ocasiones. Más adelante la violó varias veces en su habitación de la parroquia.

Apenas el 5% de contratos son indefinidos, el resto precario, temporal y de servicios

El mercado laboral español sigue creando empleo precario, mal pagado y temporal, pese a los 2.000 millones de euros en bonificaciones repartidos por el gobierno de Rajoy a los empresarios que realicen contratos indefinidos. Pero la precariedad sigue siendo una de las notas dominantes del nuevo empleo. De los más de 9,4 millones de contratos firmados en los seis primeros meses del año, sólo 502.941 (el 5,3% del total) eran de máxima calidad, es decir, indefinidos y a tiempo completo. A pesar de su crecimiento (+13,59% más que en los seis primeros meses del año 2015), continúan siendo una rara avis en el mercado laboral español. No obstante, sí se aprecia una cierta mejoría respecto a los niveles de años anteriores, cuando los contratos fijos a tiempo completo no llegaban a ser ni el 5% de todos los que se firmaban. Y, si se suman los indefinidos a tiempo parcial, los contratos fijos apenas supusieron el 9% de los firmados en el primer semestre del año. En total, los contratos indefinidos a tiempo parcial supusieron un total de 352.812, con un incremento del 11,3% en relación a igual periodo del año anterior.

Aunque se trata de proporciones mayores a los últimos años, lo cierto es que se nota poco el efecto de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno en los últimos meses para fomentar el empleo indefinido. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), "las medidas de reducción de cotizaciones como la exención de cotizar por los primeros 500 euros en los nuevos contratos de trabajo de carácter indefinido o las tarifas planas" tendrán un impacto en el presupuesto de la Seguridad Social del 0,19% del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, la Seguridad Social dejará de ingresar casi 2.000 millones de euros por estas reducciones de cotización.

El pasado ejercicio estas mismas medidas supusieron un coste para las arcas públicas del 0,15% del PIB en 2015, es decir, unos 1.500 millones de euros menos en cotizaciones sociales. Este 0,19% del PIB en el que se estima el coste de las bonificaciones a la contratación indefinida es casi una quinta parte del déficit previsto para el sistema. El Gobierno espera que la Seguridad Social registre un desfase presupuestario del 1,1%, aunque los expertos creen que podría ser unas décimas mayor, informa El Economista.

El PP liquidará el Fondo de Reserva en Navidad para pagar la extra


El secretario de Estado de Seguridad Social del PP, Tomás Burgos, ha señalado que el Gobierno de Rajoy recurrirá de nuevo al esquilmado Fondo de Reserva de la SS para pagar las pensiones mientras persista la situación de "déficit transitorio", resultado de sus nefastas políticas neoliberales y la corrupción generalizada, y ha admitido que lo volverá a hacer, con toda probabilidad, en Navidad para abonar la extra a los jubilados. En rueda de prensa para valorar los datos de desempleo y afiliación, Burgos ha explicado que el Gobierno sacó, la pasada semana, 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones de julio por la situación de "déficit transitorio" del sistema, y en cumplimiento estricto del Pacto de Toledo. PSOE, Podemos y sindicatos critican el "hachazo" del Gobierno a la hucha de las pensiones. UGT explica que Rajoy les ocultó que iba a retirar más dinero del Fondo de Reserva.

'Operació Taula' en Xàtiva: sobrecostes millonarios en la recogida de basuras y el coso taurino

El objetivo de la Guardia Civil era los contratos firmados, principalmente, entre los años 2004 y 2014, entre el Ayuntamiento de Xàtiva y diversas empresas para la realización de un buen número de proyectos en la capital de la Costera cuando Alfonso Rus (PP) era alcalde de la ciudad. Los dos agentes que, hacia las once de la mañana de ayer, se personaron en el Consistorio setabense con un mandato judicial para solicitar muy diversa documentación y expedientes completos, permanecieron más de ocho horas en el interior del edificio, donde estuvieron acompañados por el secretario y la interventora municipales, además del responsable del departamento de obras. En el punto de mira de la investigación la posibilidad de que alguno o algunos de estos contratos pudieran haber sido amañados. Entre los contratos que los agentes solicitaron para que se incorporen a la investigación está el de la recogida de la basura, en el cual la empresa Inditec sustituyó a Fomento de Construcciones y Contratas como adjudicataria y que superaba los 20 millones de euros. Los cálculos con respecto a los sobrecostes indican que podrían superar los 25 millones de euros, «lo que supondría el 100% de la deuda que actualmente tiene la ciudad».

La obra de la plaza de toros, cuyo expediente también se encuentra actualmente en los juzgados, también fue otra de los solicitadas por los agentes. En este sentido, la empresa que realizó la reforma de la plaza de toros, Llanera, es una de las que más ha trabajado con el anterior gobierno municipal de Alfonso Rus. Cabe recordar que la reforma del coso se inició con un presupuesto de seis millones de euros y actualmente ronda los doce y la obra sigue sin estar finalizada. Las obras realizadas en el convento de Sant Doménec por parte de anteriores equipos de gobierno también están bajo el radar de la investigación que está llevando el juzgado 18 de Valencia dentro del caso Imelsa. La Guardia Civil también revisó expedientes en el que participaron empresas como Franjuán, Acciona o Guerola según señalaron fuentes cercanas a la investigación. De este modo, otras obras como el aparcamiento de la plaza de la Bassa, las obras del estadio de fútbol Paquito Coloma o la Ciutat de l'Esport también fueron solicitadas por los agentes.

El actual alcalde de la ciudad, Roger Cerdà, realizó una breve declaración a las puertas de la Casa Consistorial en la tarde de ayer en las que recordó que se trataba de una investigación y no podía concretar los proyectos por lo que se habían interesados los especialistas de la Guardia Civil. La presencia de una gran cantidad de medios de comunicación también generó curiosidad entre los vecinos. Cabe recordar que el pasado mes de enero, el actual gobierno municipal de Xàtiva (PSPV, Compromís y EU) presentó los resultados de una auditoría sobre la situación del Ayuntamiento de Xàtiva. La misma reflejaba una cifra de deuda que se sitúa en 25.099.039,85 euros. Este endeudamiento, según fuentes municipales, obligaba a destinar 3.170.000 euros en 2016 -el 15% del presupuesto municipal- para el pago de deuda e intereses, tres veces más que la cantidad presupuestada para inversiones.

El 70% de la cifra total se corresponde con la deuda contraída por el Ayuntamiento con diversas entidades bancarias durante la etapa de gobierno del PP. En este caso, la deuda bancaria se eleva hasta los 17.597.691,38 euros. Desde el equipo de gobierno recordaron en la jornada de ayer, tras conocer la entrada de los agentes en el Ayuntamiento que, lógicamente, la documentación a la que ellos tuvieron acceso no contemplaba ningún tipo de mordida o soborno «porque hubiéramos ido directamente al juzgado». Este documento fue realizado por la concejalía de Hacienda, con la colaboración de diferentes técnicos municipales y externos, como medida de transparencia y para la información de toda la ciudadanía.

El propio Cerdà manifestó ayer que los cálculos que manejan con respecto a los sobrecostes podrían superar los 25 millones de euros, «lo que supondría el 100% de la deuda que actualmente tiene la ciudad». El primer edil lamentó que el nombre de la ciudad «se vea involucrado en casos de corrupción» pero manifestó la voluntad del equipo de gobierno de que la justicia aclare «cómo se hizo la gestión durante los años de gobierno de Rus» y «si ha habido trato favor, malversación o delito que se juzgue y caiga todo el peso de la justicia sobre los que lo cometieron».

Rus está investigado (imputado, antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en varias piezas del caso Imelsa en las que se investigan los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. En mayo de 2015 fue suspendido de militancia del PP y retirado de la presidencia provincial del partido al ser vinculado con el supuesto cobro de comisiones ilegales. El 26 de enero fue detenido -y puesto en libertad provisional dos días después- en el marco de la operación Taula contra la corrupción en administraciones controladas por el PP, junto a otras 23 personas, informa Las Provincias.

Valencia: La Audiencia ve indicios para seguir la investigación de blanqueo en el Ayuntamiento


La Audiencia de Valencia considera que existen indicios suficientes para continuar con la investigación del supuesto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP en la campaña de las elecciones municipales de 2015. Se trata de la primera ocasión en la que el tribunal se pronuncia sobre el fondo del asunto. Hasta la fecha sólo lo había hecho para decretar la expulsión del Ayuntamiento de Valencia como acusación. La resolución de la Audiencia supone seguir la causa contra la concejal Beatriz Simón, la primera de las investigadas que decidió explorar las posibilidades de este recurso. No obstante, no es la única de los afectados que ha solicitado amparo al tribunal. Las sucesivas respuestas irán en la misma línea que este primer auto. Entiende la Sala que no se puede acoger a la tesis de falta de indicios para sustentar la imputación porque, en realidad, todavía no ha terminado la fase de investigación.

Detenido por corrupción el presidente de la campaña de Puigdemont

La Guardia Civil está llevando a cabo desde primera hora de la mañana un nuevo golpe contra la corrupción, una macro operación llamada Termyca en la que ya se han producido 11 detenciones, y están previstos 48 registros simultáneos y 15 requerimientos que afectan a 23 ayuntamientos de diversos puntos de España -y gobernados por distintas siglas de la derecha como PP, CDC y UDC-, principalmente de Cataluña, Madrid y Baleares, aunque también alcanza a consistorios de Castellón, Huelva, Guadalajara y Granada. Entre los detenidos se encuentra Josep Manel Bassols, el que fuera presidente de la campaña de Puigdemont (foto) y arrestado en su día en la operación Petrum sobre cobro de comisiones ilegales en Convergencia i Unio. Además, también han sido arrestados Andreu Martí, ex alcalde de L'Ametlla de Mar y posteriormente empresario, Jaume Beltrán, Blas Acosta, Xavier Xifrá, Oriol Mestre, Manuel Delgado, Ramón Solé, Antonio Martos, Carles Bock y Lucía Mora. Se espera que se produzcan más detenciones a lo largo de la mañana.

Se están practicando simultáneamente 48 entradas y registros: 14 en domicilios, siete en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, siete en entidades públicas y ocho en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón (de la Comunidad de Madrid) y Tortosa, Ascó, Vandellós y l'Ametlla de Mar, de Cataluña.Al mismo tiempo se formulan 15 requerimientos de documentación a los Ayuntamientos de: Barcelona, Linars del Vallés y Masquefa (Barcelona), La Seu d'Urgell (Lerida), Calonge y Girona (Gerona), Cambrils (Tarragona), Alaior y Soller (Baleares), Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid), Benicassin (Castellón), Armilla (Granada) y Palos de la Frontera (Huelva).

Además, la Guardia Civil ha enviado un requerimiento de información al Ayuntamiento de Girona, aunque no han entrado a registrar la sede del Consistorio, que gobernaba Carles Puigdemont desde 2011 hasta que fue investido presidente de la Generalitat en 2016. La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción -en Madrid y Cataluña-, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que se practiquen estas diligencias.Cuatro de los registros se han producido en Andorra. La extensión del fraude ha necesitado de un operativo de unas 400 personas, primero para investigar y luego para realizar la intervención estrictamente operativa.

Según las fuentes consultadas, a raíz de una denuncia efectuada en 2014, se detectó que en los ayuntamientos afectados se estaba realizando un mal uso de las Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), unos instrumentos perfectamente legales cuyo objetivo es optimizar la gestión de los fondos públicos. En este caso, según la investigación, las EPEL acabaron configurando un "entramado fraudulento" gracias a la asesoría de dos empresas muy concretas, EFIAL y CGI. Consta la elaboración de informes inexistentes o la asignación y contratación de servicios irreales que garantizaban que el dinero de los contribuyentes acabara "desviado" para conveniencia, al menos, de los responsables de las dos empresas citadas. Gran parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran enviados a Andorra a través de complejas operaciones mercantiles. Tras una operación de ingeniería financiera, EFIAL fue absorbida por CGI y lo que empezó en Cataluña se extendió a otras comunidades.

La vocación de fraude era tan descarada en algunos casos que en el cuadro directivo de algunas de las Entidades Públicas Empresariales, constaban dirigentes de EFiAL CONSULTORÍA SL. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, Malversación de fondos, Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos. La operación Termyca es una pieza separada del caso iniciado en 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra a raíz de la denuncia de la concejal de ERC, Montserrat Gassull, que originó el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem, informa El Mundo.

La trama del AVE trató de maquillar el fraude al saberse investigados

Los responsables de las obras del AVE detenidos el pasado martes por el presunto fraude intentaron maquillar el sobrecoste porque sabían que estaban siendo investigados. Tenían conocimiento que Adif había encargado la confección de una auditoría interna cuyas conclusiones podían derivar en la apertura de una causa penal de la Fiscalía, como así ha sido. Esta es una de las acusaciones que figuran en la querella presentada por el fiscal anticorrupción­ ­Emilio Sánchez Ulled contra los responsables de las obras que representaban a las empresas contratistas y que fueron los principales beneficiarios del sobrecoste de 82 millones de euros detectado.

Las sospechas apuntan que “los responsables de las obras tuvieron conocimiento del expediente informativo interno y de una posible investigación de la Fiscalía, por lo que siguieron con los trabajos pero certificando menor cantidad de la realmente producida”. Dicho de otra manera, como sabían que sus actuaciones iban a ser supervisadas intentaron no certificar o certificar menos trabajos para que la cifra que arrojara la auditoría sobre el coste de la obra fuera más pareja a la certificada por ellos. Sin embargo, la estrategia no les funcionó a juzgar por las conclusiones que se recogen en la querella.

Los excesos se habrían producido en la construcción de tres proyectos adjudicados entre el 2008 y el 2010: los accesos, la estructura y la plataforma de la estación de la Sagrera. Así, entre abril del 2014 y agosto del 2015 lograron reducir la diferencia entre lo ejecutado y lo certificado porque siguieron trabajando. Por ejemplo, para la construcción de los accesos de la estación se certificaron “movimientos de tierras” por un importe supuestamente ficticio de 8,3 millones de euros. Al seguir trabajando consiguieron que la valoración que hizo la auditoría cifrara el coste por ese concepto en 7,1. Por tanto, 1,2 millones de diferencia, pese a que la valoración oficial señaló inicialmente un desfase de 3 millones.

El cálculo del sobrecoste será un elemento crucial para el desenlace de la causa que se inició en noviembre del 2014 a raíz de las conclusiones que arrojó la auditoría interna que encargó el propio gestor de Infraestructuras Adif y que propició una querella de la Fiscalía. Allí se destapó inicialmente un presunto desfase en una horquilla que va de los 54 a los 82 millones de euros. Para ello, según la fiscalía, se falseó la facturación al utilizar materiales y técnicas de calidad inferior a la presupuestada y certificada con el fin de inflar sus beneficios. La investigación culminó el martes pasado con la detención de catorce personas, entre directivos y funcionarios de Adif y de las constructoras encargadas del proyecto.

Adif hizo desaparecer un puente en Barcelona cuya obra no licitó


Una auditoría interna de Adif que es la base de la investigación de un juzgado sobre supuestos sobrecostes en la construcción de la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona, ha hecho desaparecer misteriosamente una obra que costó nada más y nada menos que 30 millones de euros: se trata del derribo del centenario Puente del Trabajo y la construcción de un puente alternativo para no dejar incomunicada la zona sur y la zona norte en la mitad oriental de la ciudad. La auditoría arrojaba dudas sobre las obras realizadas y apuntaba a que se habían facturado unos 82 millones de euros más. O sea, que se habían pagado obras que no existían o se habían hinchado los precios de las obras ejecutadas hasta ahora. De ahí que se produjera la detención, este martes, de 13 personas en Madrid y Barcelona, casi todas técnicos de la propia Adif.

La GC registra los ayuntamientos de Tortosa, Ametlla de Mar, Vandellòs y Ascó

La Guardia Civil tiene desplegada desde primera hora de esta mañana una amplia operación por delitos contra la administración pública centrada en varios municipios catalanes, mayoritariamente de Tarragona y Barcelona, y gobernados por Convergència Democràtica de Catalunya. Las actuaciones están siendo dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción y el titular del juzgado número uno de El Vendrell, Josep Bosch. La bautizada como Operación Térmyca es una pieza separada de las diligencias que se iniciaron en junio del 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra y que desembocaron en la operación de la Guardia Civil que en agosto del año pasado supuso el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem. La operación de hoy gira en torno a Efial Consultoría, una empresa consultora con sede en Barcelona que desde el 2007 trabaja para administraciones públicas y que desde el caso de Torredembarra se encuentra en la picota.

La Guardia Civil ha entrado en los ayuntamientos catalanes de Tortosa, Ametlla de Mar, Ascó y Vandellòs; Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en Madrid, y Trillo en Guadalajara. También se están registrando 14 domicilios, siete despachos profesionales, 12 sociedades mercantiles y siete entidades públicas. También se están presentado requerimientos de documentación en los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Llinars del Vallès, Cambrils, La Seu d’Urgell, Calonge, Getafe, Benicàssin, Collado Villalba, Armilla, Palos de la Frontera, Masquefa, Alaior, Sóller y Velilla de San Antonio.

Los investigadores se han personado en las dependencias de la Oficina Antifraude de Catalunya para solicitar varios expedientes relacionados con la investigación. Un requerimiento que vuelve a poner a la Oficina Antifraude de actualidad después del escándalo de las grabaciones de su director, Daniel de Alfonso, con el ministro en funciones de Interior, Jorge Fernández Díaz, y que provocó el cese fulminante del primero, la semana pasada.

Durante el intenso trabajo de investigación, la Guardia Civil ha podido acreditar que Efial logró crear toda una maquinaria municipal paralela a la de los consistorios. Se presentaban ante los ayuntamientos ahogados por la crisis económica con una fórmula que les ayudaría a perder menos dinero y a gestionar mejor sus empresas municipales. Su receta mágica consistía en crear entidades públicas que les permitirá deducirse el IVA, pero en realidad lo que hacían era externalizar los servicios públicos y lograr adjudicaciones sin la menor transparencia. Durante estos años, los secretarios municipales e interventores municipales advirtieron de que las cosas que no se estaban haciendo de manera correcta y legal y algunos pusieron el grito en el cielo. ¿Con qué fin? La investigación sigue bajo secreto de las actuaciones.

La Guardia Civil sostiene que el poder de corrupción de Efial en esa trama de ayuntamientos convergentes fue “tan rentable” que la consultora fue adquirida por la mercantil CGI para extender esas mismas maniobras fraudulentas fuera de Catalunya. El papel de Efial en el escándalo de Torredembarra ya puso de manifiesto de qué manera el antiguo alcalde convergente Daniel Masagué utilizaba la consultoría para elaborar informes a medida y puentear al secretario municipal.

Efial es una consultora que trabaja con más de 70 ayuntamientos catalanes, en su mayoría gobernados por CiU. Fue creada en el 2007 y ese mismo año fue contratada por el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, consistorio en el que esta mañana mismo ha entrado un requerimiento solicitando expedientes vinculados con la sociedad. En ese momento Efial asesoró al consistorio sobre la puesta en marcha de la Sociedad de Vivienda y Urbanismo La Seu (HIULS), una empresa 100 por cien pública, creada para fomentar el desarrollo urbanístico y facilitar el acceso a la vivienda. Con el tiempo, la propia HIULS contrató los servicios de Efial. Los investigadores sospechan de los cerca de 500.000 euros que entre 2007 y el 2014 este consistorio ha pagado a Efial. Ese modus operandi se trasladó al resto de municipios.

En Girona, otro de los consistorios en los que se han requerido esta mañana expedientes, se investiga si durante la época de Carles Puigdemont como alcalde, entre 2012 y 2015, el consistorio favoreció a Efial con adjudicaciones por valor de 113.000 euros. En l’Atmella de Mar y Ascó, dos municipios en los que la Guardia Civil está realizando registros ahora mismo, los investigadores sospechan de empresas gestionadas por Efial y que según los investigadores eran innecesarias y eludían todo tipo de control municipal, informa La Vanguardia.