dimecres, 13 d’abril de 2016

Retirada de 4.000 lotes de vacunas antialérgicas por errores en su fabricación

La AEMPS ha publicado en su web más información sobre la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes de vacunas antialérgicas individualizadas de uso parenteral fabricados desde enero de 2013 por el laboratorio Inmunotek S.L. Después de llevar a cabo una inspección, se ha considerado que la planta del laboratorio Inmunotek S.L. situada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) incumplía las normas de correcta fabricación (NCF). El pasado 8 de abril, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informaba de que no podía garantizarse la esterilidad de los medicamentos incluidos en este anexo.

El laboratorio Inmunotek S.L. ha informado ayer a la AEMPS de que los lotes afectados por la retirada serían todos los distribuidos en el mercado nacional que habían sido fabricados hasta la emisión de la mencionada retirada. En principio, el riesgo que conllevaría la administración de una vacuna subcutánea no estéril a un paciente sería esencialmente la posibilidad de aparición de una infección local.

La AEMPS indica en una nota informativa: Dada la duración habitual de este tipo de tratamientos, puede darse el caso de que haya pacientes que dispongan en su domicilio de unidades incluidas en la retirada. En este caso, las oficinas de farmacia deberían informar a los pacientes a los que se hayan dispensado estas vacunas para que éstos puedan contactar con el médico responsable de la prescripción de este tratamiento y valorar si procede continuar con el mismo o bien proceder a su suspensión.

La compañía dispone de los siguientes números de atención telefónica para resolver las dudas de los pacientes y profesionales respecto a los medicamentos afectados:

664 277 140
663 852 739

Fernández nombra comisario honorario de la Policía al imputado Marhuenda

El director del panfleto fascista La Razón, Francisco Marhuenda, ha sido nombrado comisario honorario de la Policía Nacional por decisión del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, han informado a eldiario.es fuentes policiales. El reconocimiento al periodista se produce a punto de cumplirse cuatro meses del Gobierno en funciones y cuando unas nuevas elecciones generales se avistan para el próximo mes de junio. La Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, establece en su artículo 86.2 que “la distinción de miembro honorario de la Policía Nacional podrá otorgarse a aquellas personas que, no habiendo pertenecido al citado Cuerpo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo”.

El expediente en el que se recogen los méritos para recibir la distinción es interno y no se hace público, por lo que resulta imposible conocer qué actuaciones ha protagonizado el agraciado para recibirla. La semana pasada, la Audiencia de Barcelona ratificó, en segunda instancia, la condena a Marhuenda por intromisión al honor de un comisario de la Policía Nacional, ya retirado, Narciso Ortega, al que desde las páginas de La Razón se le acusó de haber intervenido para archivar una investigación contra la agencia de detectives Método 3 cuando era jefe superior de Policía en Cataluña.

Hasta el año pasado, este tipo de nombramientos estaban regulados por un Real Decreto de 1975 en el que se recogía que el comisario honorario sería nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Interior. Sin embargo, la Ley de Régimen de Personal ha derogado ese decreto y, aunque coincide en casi todos los extremos con él, no aclara de quién depende propuesta y nombramiento. En cualquier caso, las fuentes consultadas atribuyen a Fernández Díaz expresamente la decisión de reconocer a Marhuenda. Ministro y periodista no ocultan su antigua amistad. Ambos proceden del PP catalán, trabajaron juntos en Génova y pertenecen al círculo íntimo Mariano Rajoy, del que Marhuenda fue jefe de gabinete en la etapa de ministro de Administraciones Públicas y director general de Relaciones con las Cortes cuando el hoy presidente en funciones ejerció como ministro de Presidencia.

Durante la etapa de Fernández Díaz como ministro del Interior, La Razón se ha distinguido por su apoyo sin fisuras a las actuaciones del departamento en general y de su titular, en particular. Con independencia de las informaciones publicadas, es frecuente encontrar a Fernández Díaz en Las caras de la noticia, un apartado de la sección de Opinión del periódico. En ella aparecen cinco fotos de otros tantos protagonistas de la actualidad, acompañadas de un breve texto y una flecha hacia abajo o hacia arriba, como ocurre siempre con el ministro.

Algo idéntico ocurre en esa sección con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el hombre que ha dirigido de facto el Cuerpo durante estos cuatro años y al que se considera en su seno el artífice de la estrategia policial contra la oposición, ya sean los independentistas catalanes o el partido Podemos. Francisco Marhuenda está imputado desde octubre de 2014 por publicar en portada las fotos de 33 jueces que habían firmado un manifiesto a favor de la consulta en Cataluña. De esas fotos, 22 procedían del archivo policial del DNI. En la causa están imputados también varios mandos policiales.

Centenares de personas ajenas a la Policía Nacional son distinguidas cada año con la Medalla al Mérito Policial con Distintitivo Blanco, coincidiendo con el Día de la Policía. Se trata de un reconocimiento sin asignación económica a miembros de la sociedad civil que han destacado, a juicio de Interior, por su contribución a la labor de la Policía. Sin embargo, el nombramiento de comisario honorario para una persona ajena al Cuerpo es muy restringido, tanto que se viene escogiendo a una persona al año y el acto se celebra en cualquier momento.

El periódico La Razón publicó el 12 de junio de 2015 en portada la foto de dos comisarios, altos cargos de la Policía en tiempos del PSOE, reunidos en una cafetería con el diputado socialista Antonio Trevín. La publicación fue el argumento del número dos de la Policía, Eugenio Pino, para destituir a ambos de los destinos que tenían en ese momento.

De eldiario.es

El sistema de gastos de los parlamentarios “abre la puerta a la trampa”

Parlamentarios de toda Europa disfrutan de un “inexplicable” sistema de ventajas que les da derecho a reclamar decenas de miles de euros al año, según puede demostrar Euronews. Por primera vez, nuestra investigación revela el alcance de la práctica de entrega de cantidades a los políticos destinadas a cubrir los gastos de sus puestos de trabajo. En algunos países no existe la obligación de declarar estos gastos, suscitando las críticas que acusan al sistema de “dejar la puerta abierta para hacer la trampa”. Italia entrega a sus parlamentarios una cantidad fija cada mes, calculada en 44.000 euros anuales, para cubrir sus gastos generales, sin necesidad de justificantes. Alrededor de un tercio de los países de la Unión Europea (UE) también paga una cantidad a sus diputados, incluyendo Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Lituania, Holanda, Eslovenia y España, según la investigación de Euronews.

Los parlamentarios lituanos tienen que justificar sus gastos sobre una base trimestral, pero no está claro cuántos otros países hacen lo mismo. La mayoría de los estados de la UE o exigen recibos o dan una cantidad máxima a sus parlamentarios, que estos pueden reclamar, antes de entregarles dinero en efectivo para dietas. Incluso cuando son justificados, los gastos de los representantes comportan muchas más ventajas que la mayoría de las empresas.

Davide Del Monte, director ejecutivo de Transparencia Internacional Italia, ha declarado a Euronews que “una gran parte de sus ingresos [ de los parlamentarios italianos ] está relacionada con los gastos realizados por los diputados, pero no tienen ninguna obligación de transparencia o de informar de esos gastos”. “La gente no está enfadada por el salario de los parlamentarios sino por los privilegios, porque un parlamentario puede vivir sin ningún gasto. Trenes, aviones y restaurantes están pagados. Incluso sus peluqueros los paga el estado”.

Los diputados italianos ganan alrededor de 167.000 euros por año de sueldo base (el más alto de la UE) y obtienen otros 15.980 euros para cubrir sus gastos de viaje a Roma. Del Monta añade: “Así que pueden reclamar un reembolso sin aportar justificantes. Por supuesto, esto es algo que no se acepta en Transparencia Internacional o en ninguna otra organización que cree en los principios de transparencia, responsabilidad e integridad”. “Hay una parte que es fija, el sueldo, que está controlado. Es elevado, pero bajo control. Luego hay otra parte, la parte flexible, que es para gastos. Esta parte no está bajo control porque es demasiado fácil engañar al sistema”.

Algunos parlamentarios reconocen que el tema de los salarios es un problema. Representantes del Movimiento Cinco Estrellas del populista Beppe Grillo destinan una parte de sus sueldos a ayudar a financiar pequeños proyectos de emprendedurismo. También ha habido algunos intentos de reformar el gasto del sector público, especialmente desde el estallido de la crisis económica en 2008. Pero los gastos de los parlamentarios italianos sobrevivieron a los recortes, de acuerdo con Del Monte, con un ahorro en su lugar, prometido por la cámara alta italiana. Del Monte continúa: “La verdad es triste. Pero la vesrdad es que es difícil para los miembros del parlamento decidir una reducción de sus salarios. No hay otra explicación”.

¿Cómo son los gastos en el resto de Europa

Parlamentarios franceses, alemanes, italianos, belgas y chipriotas son los líderes de la liga en lo que respecta a las cantidades máximas que pueden pedir para gastos (ver gráfico más abajo). Los parlamentarios en Francia obtienen en gastos generales casi la totalidad de su sueldo (ver gráfica inferior). Los representantes eslovacos, por su parte, tienen mayor promedio de gastos en relación al sueldo, de un 82,4 por ciento. España reparte un salario por debajo del promedio a sus parlamentarios, algo que quizás está compensado por una generosa paga en gastos. Si eres un diputado español que vive fuera de Madrid, puedes pedir 21.866 euros, o un 64,8% del sueldo.

Varios países no entregan ningún dinero en efectivo a sus parlamentarios para cubrir los gastos generales. Entre ellos Gran Bretaña, que reformó su sistema de ventajas después de que The Daily Telegraph revelara un enorme escándalo sobre los gastos en 2009. Las autoridades parlamentarias de Reino Unido exigen ahora a sus diputados facturar los gastos específicos de alojamiento, viaje o de oficina.

De euronews

Escàndol per les dietes que cobren els diputats catalans

Les institucions i l'administració catalanes es caracteritzen per pagar uns elevadíssims salaris als seus alts càrrecs, sense parangó amb els sous que es paguen en l'empresa privada ni en les altres comunitats autònomes ni en els organismes de l'Estat central. El Parlament és, amb diferència, la cambra legislativa més "generosa" de l'Estat espanyol Un estudi que acaba de difondre l'entitat espanyolista Convivencia Cívica Catalana (CCC) incideix en un aspecte que rebla els insòlits privilegis que s'han autoadjudicat els pròcers polítics de Catalunya. Més enllà de les polèmiques opinions que emet, de tant en tant, CCC, la veritat és que aquest informe es basa en dades objectives extretes dels pressupostos públics. I la conclusió és que els diputats del Parlament de Catalunya són, amb diferència, els millor pagats d'Espanya.

TV3 lamenta i censura les imatges de la crema de la constitució

TV3 ha informat a través d’un comunicat que lamentava les imatges del contingut de la secció d’Empar Moliner al programa ‘Els matins’ de dilluns, en què va cremar un exemplar de la constitució espanyola. Ha explicat que les imatges s’havien retirat del portal web i que no tornarien a ser emeses als mitjans de la CCMA. Aquesta decisió s’ha pres com a conseqüència de l’anunci al Twitter del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), en què declarava que actuaria d’ofici i analitzaria l’acte de Moliner. Empar Moliner planta cara als atacs: ‘Sóc una escriptora que diu el que vol’.

Comunicat en que Televisió de Catalunya "lamenta el contingut d'ahir de la secció El comentari d'Empar Moliner"

Televisió de Catalunya lamenta que una part del contingut de la secció "El comentari d'Empar Moliner" emès ahir al programa "Els matins" de TV3 hagi pogut resultar ofensiu. Per aquest motiu, s'han retirat aquestes imatges del portal web, amb la garantia que no tornaran a ser emeses als mitjans de la CCMA. Empar Moliner és una col·laboradora d'"Els matins" que exerceix la crítica satírica, irònica i punyent de l'actualitat social i política, en un espai d'humor a la part final del programa. En el gag d'ahir, Moliner feia una denúncia metafòrica de la decisió del Tribunal Constitucional, que ella entén com una discriminació sobre els drets dels més desafavorits, amb la crema simbòlica d'algunes pàgines d'un llibre amb unes tapes falses que emulaven la Constitució Espanyola.

La cadena informa que les imatges han estat retirades del seu web i que no seran emeses en el futur per cap canal de la CCMA.

Empar Moliner planta cara als atacs: ‘Sóc una escriptora que diu el que vol’


La polèmica suscitada per la intervenció en què Empar Moliner va cremar la constitució espanyola als ‘Matins de TV3’ de dilluns ha arribat molt lluny i la televisió pública ha hagut d’acabar retirant el vídeo de la secció. Avui, Moliner ha tornat al programa, en què treballa diariamente, i ha dedicat la seva intervenció a denunciar els atacs que ha rebut i a reivindicar el dret d’expressió i el deure de denunciar les injustícies. Moliner ha explicat que no va cremar realment la constitució, sinó un llibre a què l’equip d’atrezzo del programa havia afegit una coberta falsa, i ha demanat disculpes a l’autor veritable de l’obra per haver-la cremat. Ha dit que la constitució espanyola ara era com la família reial als anys noranta i ha explicat que allò que volia denunciar era la passivitat dels polítics en un moment d’emergència.

També ha fet broma sobre les peticions que s’havien fet perquè la jutgessin i la cessessin, com ara la de Societat Civil Catalana, i ha recordat als autors d’aquestes queixes que es deia Empar i no Amparo —com havien escrit alguns— i que no podia ser cessada perquè era autònoma. Finalment, ha assenyalat que tenia dret a la llibertat d’expressió però que, a més, tenia el deure de denunciar que hi hagués nens que no es puguessin dutxar amb aigua calenta. Així mateix, ha dit que no pertanyia a la plantilla de TV3 i que lamentava els perjudicis que hagués pogut causar a la cadena.

El alcalde de Granada, en libertad con cargos por corrupción

El alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) ha quedado en libertad con cargos después de que esta mañana fuera detenido, junto a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (foto), y otras 14 personas más, entre empresarios y constructores, en una operación contra una trama de corrupción relacionada con el 'caso Serrallo', una recalificación urbanística que permitió a una empresa privada levantar una discoteca en terrenos públicos.Todas las detenciones (no se prevén más arrestos) se han producido en el marco de una investigación sobre la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada, concretamente en su área de Urbanismo, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente. En concreto, del departamento de Urbanismo han sido detenidos cinco altos cargos, además de Isabel Nieto.

La Policía registra el Ayuntamiento de Granada por corrupción urbanística

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) está registrando la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y a lo largo del día inspeccionarán varios domicilios y empresas de la ciudad, en una operación contra la corrupción urbanística. Según han informado fuentes de la investigación, la operación está dirigida por el juzgado numero 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y se ha declarado el secreto de las actuaciones.

"Agressions, insults i humiliacions": la carta de sis exalumnes sobre els Maristes de Sants

No van patir abusos sexuals però expliquen "el clima adequat" que consideren que els va permetre entre finals dels anys 70 i principis dels 90: “Bona part de la nostra infantesa va ser lamentablement malmesa al centre dels Maristes Sants-Les Corts”. Aquesta és la conclusió d’una dura carta de quatre pàgines en què sis exalumnes dels Maristes expliquen les “agressions físiques, insults, humiliacions i menyspreus generalitzats” que hi van viure. No són víctimes d’abusos sexuals, però l’escàndol de pederàstia dels Maristes ha despertat tots aquests records i s’han decidit a explicar-los. Aquell entorn, asseguren, “era el clima adequat” perquè es cometessin moltes de les agressions sexuals denunciades fins ara.

El text, amb el títol 'Més enllà dels abusos sexuals: Els Maristes i la banalització del mal', parla de “violència quotidiana”, física i psicològica, de tota mena. Castigar nens de cara a la paret per no saber-se el Parenostre, llançar objectes al cap dels alumnes, calbots, bufetades, humiliar estudiants davant tota la classe, cops de puny a l’esquena, explicar a nens de 8 anys que els Reis d’Orient són els pares, tancar un alumne dins d’un plínton perquè no sabia saltar-lo, estirades d’orella... Tot això sona propi de les escoles franquistes, però no; va passar entre finals dels anys setanta i principis dels anys noranta, expliquen els exalumnes.

“Vaig sortir d’allà sentint-me un inútil i aquest estigma em va afectar molts anys”


Les víctimes eren nens de menys de 14 anys. S’han centrat a recordar el que van viure al centre de primària –el de Sants–, la majoria no van continuar als Maristes per fer-hi la secundària, al centre de les Corts. Daniel Salvadó és un dels que en va marxar quan va acabar la primària, el 1988: “Vaig sortir d’allà sentint-me un inútil i aquest estigma em va afectar molts anys”, diu. Ara és comercial del sector de les joguines.

El seu germà, Carles Salvadó, que va estudiar als Maristes entre el 1975 i el 1983, explica a Facebook que com que treia bones notes es va salvar de molts càstigs, però encara ara, amb 46 anys, recorda amb tristesa “la traca de sis bestials bufetades” que li va clavar un professor: li havia trobat al pupitre sis entrepans d’esmorzar que no s’havia menjat.

Tota aquella violència no la van explicar mai a casa, diu la carta, perquè es pensaven que era “normal”, pel “temor” que els inculcaven al centre o fins i tot “per la complicitat potser involuntària o indirecta de famílies i alumnes”. Però arran de l’escàndol dels Maristes van començar a recordar. Un apunt al blog d’ Albert Aixalà, exsecretari d’organització del PSC de Barcelona, els va fer recordar. Aixalà explica que va deixar els Maristes de Sants el 1993, que es podria dir que en va “fugir”.

“L’ambient als Maristes era molt agressiu. I no per part d’un o dos professors, sinó de molts”


“L’ambient als Maristes era molt agressiu. I no per part d’un o dos professors, sinó de molts”, recorda Aixalà, que ara és professor associat de ciències polítiques a la Universitat Pompeu Fabra i director de programes de la Fundació Catalunya Europa. “Vàrem créixer amb por, amb temor, amb pànic fins i tot”, assegura. Tot i que era bon estudiant i diu que mai li van pegar, recorda cops amb pals de fusta a altres alumnes. “Una violència tolerada”, diu, “el problema era estructural”.

Als comentaris d’aquest blog Daniel va entrar en contacte amb altres exalumnes. Jordi Bonet hi parla “del clima d’ofec i repressió” que hi havia a l’escola. Un “calvari” on diu que no hi va aprendre res. Més endavant va fer el doctorat i es va convertir en professor d’estadística aplicada a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ara és professor universitari a Xile.

El cas Maristes, que va destapar públicament el pare d’un nen abusat amb una denúncia al pederasta confés Joaquín Benítez, acumula una quarantena de denúncies als Mossos. Als jutjats n’hi ha 17 contra Benítez, tot i que segons la Fiscalia 13 haurien prescrit. A banda, s’han denunciat 11 professors més i un monitor, la majoria de Sants-Les Corts.

De ARA

Los pederastas de los Maristas, protegidos por la prescripción de los delitos


Otro juzgado de Barcelona ha archivado una denuncia por abusos sexuales presentada por un exalumno contra un exprofesor de un colegio de los Maristas. Es el segundo juzgado que en poco tiempo acuerda una medida de estas características y por el mismo motivo: la prescripción del delito por el paso del tiempo. En ninguno de estos dos casos se ha llegado ni a tomar declaración a las víctimas, a pesar de que el Estatuto de la Víctima señala que en estos casos pueden ser escuchadas. La caducidad de los hechos es la principal baza con la que juegan los acusados (y también la orden religiosa, que se ha alineado con la defensa del pederasta confeso y exprofesor de gimnasia Joaquim Benítez) para minimizar los efectos del alud de demandas presentadas contra docentes de dos de los colegios de los Maristas en Barcelona: el de Sants-Les Corts y el de la Inmaculada, en el Eixample.

Oligarcas españoles trasladan su dinero robado de Panamá a EEUU

Según el informe que cita a varios importantes despachos fiscales de Madrid, firmas españolas están retirando masivamente su dinero de bancos panameños y lo han colocado en paraísos fiscales estadounidenses, en los estados de Nevada, Wyoming y Dakota del Sur, que promueven la confidencialidad y la baja fiscalidad. Agrega que, ante el temor de que las revelaciones de Panamá afecten sus fondos en países como Suiza y Luxemburgo —paraísos fiscales por excelencia— los acaudalados defraudadores españoles han ordenado también el retiro de su dinero de estos países europeos para dirigirlo a Estados Unidos. La filtración de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, conocida como los papeles de Panamá, ha revelado como cientos de españoles emplearon ese despacho para crear compañías opacas que les permitieran operar burlando al fisco. Entre los nombres en los documentos revelados se encuentra el de la infanta española Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I y tía del actual monarca, y del ministro español de Industria en funciones, José Manuel Soria.

Pese a que EE.UU. castiga a los países que ayudan a magnates de la droga e inversionistas multimillonarios a ocultar su dinero para no pagar impuestos, asesores financieros han descubierto una inmensa oportunidad de negocio en el país norteamericano porque han dado con diversas fórmulas que, al límite de la ley, pueden colocar capitales extranjeros y mantenerlos en la opacidad. EE.UU. ha pasado a ser centro de interés de las grandes fortunas para depositar su dinero. Los agentes financieros de diversos países, incluso de Suiza, ahora recomiendan a los ricos a trasladar sus cuentas corrientes al país norteamericano. Según el diario fuente, cada año vienen entrando en Estados Unidos 1400 millones de euros de dinero negro, con el objetivo de conseguir privacidad, y en muchos casos la evasión de impuestos en los países de origen.

Recientemente Tax Justice Network (Red de Justicia Fiscal), que hace campaña para que se apliquen medidas de fuerza globales a evasores de impuestos, ubicó a Estados Unidos en el tercer lugar del mundo en confidencialidad financiera, después de Suiza y Hong Kong, pero por encima de los connotados paraísos fiscales de Islas Caimán y Luxemburgo. Bajo una ley de 2010, aprobada durante el Gobierno del presidente Barack Obama, después de que se supo que el banco suizo UBS ayudó a miles de estadounidenses a evadir impuestos de su nación, Estados Unidos exige que bancos y otras instituciones financieras revelen información de estadounidenses en el extranjero para asegurar que paguen sus impuestos estadounidenses. No obstante, Estados Unidos no pone a disposición de otros países tal información.

Más de 90 países han firmado un acuerdo de compartición de información de 2014 establecido por la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que tras la revelación pidió al Gobierno panameño cumplir con su compromiso con el pacto. Estados Unidos está entre las pocas naciones que no han rubricado el acuerdo, lo que ha levantado sospechas entre los expertos fiscales. Las dudas surgen, sobre todo porque Washington era el abanderado de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión de impuestos. La conclusión, según el diario, es que ha dado un giro y va camino de convertirse en todo un paraíso fiscal.

De Hispantv

España ha dejado de ingresar más de 15.000 millones por la amnistía del PP al dinero negro


La divulgación de los archivos del bufete Mossack Fonseca, los llamados papeles de Panamá, ha tenido múltiples efectos, pero hay uno especialmente clave. La revelación masiva de identidades de propietarios de empresas opacas en el país del Canal demuestra hasta qué punto es hoy posible estrechar el cerco en torno a los evasores de impuestos. Su persecución a gran escala es una realidad desde los 80, mediante organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su efectividad se ha multiplicado gracias a los avances tecnológicos; pero estos últimos no sólo refuerzan a autoridades y bancos.

Conde tiene conexiones con los paraísos fiscales de Isla de Man, Nevis y Tórtola


La investigación sobre el entramado societario del ex banquero llega hasta el Caribe y las Islas del Canal. Drayton Management Limited, una sociedad con sede en Londres desde la que se enviaron millones de euros a España como pago de facturas ficticias, contaba entre sus directivos con personas y mercantiles afincadas en territorios con legislación laxa. La Guardia Civil aún intenta saber dónde está oculto el dinero.

"Granados tenía un poder absoluto"

Juan José Moreno, exconcejal del PP imputado en Gürtel, asegura al juez Velasco que el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados participó junto a David Marjaliza en jornadas cinegéticas en la que cada puesto costaba "entre 2.500 y 3.000 euros" y que eran pagadas por una inmobiliaria. También aseguró que él y el otro concejal que destapó la trama de Correa, José Luis Peñas, se reunieron con el político en Génova y que éste les comentó que el entonces alcalde 'popular' de Majadahonda, Guillermo Ortega, "no entregaba el dinero al partido".

En el caso Gürtel está imputado. En Púnica, es un testigo. Juan José Moreno, el exconcejal del PP en Majadahonda que junto a su compañero José Luis Peñas destapó la trama de corrupción de Francisco Correa gracias a sus grabaciones, compareció este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para detallar cómo eran las cacerías pagadas por una constructora a las que asistían Francisco Granados y David Marjaliza. Su testimonio, sin embargo, no se limitó a dar detalles sobre aquellas jornadas cinegéticas y reveló una reunión que los dos ediles tuvieron con el político hoy encarcelado en la sede del partido en la calle Génova en la que éste les anunció que iba a defenestrar a un alcalde 'popular' que supuestamente no entrega al partido el dinero que recibía en mordidas. "Granados tenía un poder absoluto", ha llegado a afirmar, según han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas presentes durante su declaración.

La comparecencia como testigo de Juan José Moreno se producía este martes después de que hubiera acudido hace unos meses a la Fiscalía Anticorrupción con una copia de la grabación que hizo en octubre de 2005 a Raúl Calvo, asesor del Grupo DICO, una de las principales empresas inmobiliarias investigadas en el caso Púnica. En aquel archivo sonoro, que ya estaba incorporado al sumario de Gürtel aunque su transcripción estaba incompleta, el entonces concejal y el directivo de la sociedad mencionaban en varias ocasiones a Granados, a Marjaliza y a una constructora de este último, Obrum. De hecho, se llegaba a escuchar decir al representante de la mercantil que el político "no es que maneje o no maneje el cotarro, es que lo maneje y se lo lleva y no reparta".

Ahora, Moreno no sólo ha confirmado la veracidad de aquella grabación y los detalles sobre cómo se realizó la misma, sino que ha aportado nuevos datos, sobre todo de las célebres cacerías que organizaba DICO y a las que asegura que él no era invitado directamente, pero a las que acudía como acompañante del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Según explicó al juez Velasco, aquellas jornadas cinegéticas tenían un elevado precio -"cada puesto costaba entre 2.500 y 3.000 euros"- que pagaba en su totalidad la empresa promotora. Entre los asistentes, recalcó que se encontraban habitualmente Granados y Marjaliza. "Todo estaba pagado y había mesas especiales donde luego se jugaba a las cartas en las que no se podía sentar cualquiera", aseguró antes de añadir que "intuía que había agasajos" para los políticos que asistían a dichas cacerías, aunque reconoció "no saber cómo se pagaba al PP". Moreno aclaró que dejó de asistir a esas cacerías en 2005, poco después de que fuera expulsado del partido.

Sin embargo, aclaró que sus encuentros aquellos años con el dirigente 'popular' no se limitaron a esos días de campo y recordó que en una ocasión fue citado junto a su compañero José Luis Peñas en la sede del PP de la calle Génova para hablar de la situación del Ayuntamiento de Majadahonda. El exedil aseguró que en aquel encuentro Granados acusó al entonces regidor de su municipio, Guillermo Ortega, también imputado en Gürtel, de "no entregar al PP el dinero" de las mordidas que recibía supuestamente por el amaño de contratos municipales. Moreno apuntó al juez Velasco detalló que el interés del hoy encarcelado por los negocios inmobiliarios del municipio donde él era concejal estaba relacionados con la supuesta concesión de un terreno para un centro comercial que finalmente se llevó una empresa francesa.

El delator de Gürtel Incluso afirmó haber visto en el pleno del Ayuntamiento en el que se iba a hacer una modificiación del plan urbanístico de la localidad al propio Marjaliza, al que volvió a calificar como "el tapado de Granados". No obstante, insistió que no sabía si el constructor tenía intereses en aquella operación ni le constaba que se le hubiera favorecido el Consistorio en el tiempo en el que él formó parte del mismo. Durante el interrogatorio al que fue sometido, los abogados de varios de los imputados en el 'caso Púnica' intentaron desacreditar las afirmaciones con preguntas para aflorar contradicciones en sus declaraciones, según señalan las fuentes jurídicas consultadas.

De Voz Populi

Imputado un ex alcalde del PSOE por 'lavar' 341.000 euros para Granados y Marjaliza (PP)


La investigación de las 19 cuentas que Francisco Granados, David Marjaliza y las esposas de ambos tuvieron en bancos suizos siguen provocando imputaciones. La última, la del que fuera alcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid) entre 1987 y 1995, Florencio Campos Corona, según un reciente escrito judicial.

Montoro multa con 70.403 € a Aznar, más otros 199.052 por fraude en 2011 y 2012

A raíz de una inspección abierta hace dos años, la Agencia Tributaria ha impuesto a Aznar una multa de 70.403,96 euros y le ha obligado a abonar una liquidación complementaria de 199.052,19 euros por diversas irregularidades fiscales cometidas en los ejercicios 2011 y 2012. En total, la inspección abierta al ex presidente del Gobierno se ha saldado con el pago de 269.456,15 euros. Todo ello ha contribuido a enturbiar aún más las relaciones personales de Aznar con los miembros del actual Ejecutivo. Algo que quedó patente en la tensa reunión que el ex presidente mantuvo el pasado otoño con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda.

“¡No me puedo que creer que los míos me hagan algo así!”, se quejó Aznar ante el ministro, tras conocer la propuesta de sanción planteada por la Agencia Tributaria, según aseguran fuentes conocedoras de la reunión. ¡Yo no me puedo creer que uno de los nuestros haya hecho algo así!”, replicó Montoro, reprochando al ex presidente que hubiera puesto en juego su prestigio al intentar burlar el pago de impuestos. Y le dejó claro que su departamento no está dispuesto a hacer ninguna excepción, ni siquiera con el presidente de honor y fundador del actual Partido Popular.

Aznar se había mostrado airado desde el primer momento, después de que Montoro le hiciera esperar durante casi una hora, acompañado por sus escoltas, antes de recibirle en su despacho. Y la reunión acabó en un agrio enfrentamiento. Las irregularidades cometidas por Aznar son muy similares a las imputadas al ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero, quien no obstante logró evitar la multa al presentar una declaración complementaria antes de que Hacienda le citara para regularizar su situación.

Aznar y Botella Sociedad Limitada

José María Aznar y su esposa, Ana Botella, constituyeron el 10 de mayo de 2004 la sociedad limitada Famaztella SL (Familia Aznar Botella), cuyo objeto social es “la explotación de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones: libros, escritos, discursos, alocuciones, conferencias y otras análogas”. El matrimonio utiliza esta sociedad para gestionar los ingresos que obtiene de sus actividades profesionales, como la publicación de libros o las conferencias que el ex presidente y su esposa pronuncian en distintos foros.

Mediante este atajo fiscal, el matrimonio pagaba sus impuestos con un tipo impositivo del 25% a través del Impuesto de Sociedades, imitando la práctica a la que recurren determinados profesionales, artistas y deportistas para eludir una parte de sus impuestos. Sin embargo, Hacienda determina que al tratarse de ingresos profesionales deben tributar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el caso del matrimonio Aznar, con un tipo impositivo que ronda el 50%, al tratarse de unos ingresos que superan los 200.000 euros anuales.

A raíz de la inspección abierta en 2014, la Agencia Tributaria devolvió al matrimonio Aznar los 200.547,49 euros que había tributado indebidamente a través del Impuesto de Sociedades en los dos ejercicios 2011 y 2012, más 12.982,37 euros en concepto de intereses por el tiempo transcurrido. Pero al mismo tiempo, Hacienda impuso al matrimonio el pago de una liquidación de 346.317,66 euros en concepto de IRPF por los mismos ejercicios, más 66.264 euros como intereses de demora.

Por último, la Agencia Tributaria impuso a Aznar una sanción de 70.403,96 euros, por haber recurrido a una práctica irregular para eludir el pago de la mitad de sus impuestos. En consecuencia, la inspección fiscal le ha costado al ex presidente un total de 269.456,15 euros. Estos datos han permanecido en secreto durante los últimos meses y hoy los desvela OKDIARIO en exclusiva. José María Aznar ha eludido realizar cualquier comentario sobre estos hechos. Antes de iniciar su carrera política, Aznar trabajó como inspector de Hacienda, por lo que conoce bien los entresijos de la legislación tributaria.

El mismo truco que Monedero y Urdangarin

La práctica a la que recurrió para eludir una parte de sus impuestos tributando a través de una sociedad es idéntica a la empleada por Juan Carlos Monedero e Iñaki Urdangarin (quien utilizó para ello la sociedad Aizoon, constituida al 50% con a la infanta Cristina). Con una salvedad, en el caso del ex presidente del Gobierno sus ingresos no tenían una procedencia ilícita. El que fuera su número 2 en Podemos, Juan Carlos Monedero, cobró en 2013 425.000 euros del Banco del Alba (integrado por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Ecuador) por un informe inexistente sobre la implantación de una moneda única en América Latina.

Monedero recibió este dinero en su cuenta corriente personal y, tan sólo 24 horas después, lo transfirió a otra cuenta cuyo titular era Caja de Resistencia Motiva 2, la sociedad que acababa de constituir para este fin. Gracias a esta triquiñuela, en primera instancia se ahorró 130.000 euros, al tributar este ingreso a través del Impuesto de Sociedades, en lugar de en el IRPF. Después de que estallara un escándalo y la Agencia Tributaria le abriera una inspección, Monedero pagó una declaración complementaria de 200.000 euros y anunció que abandonaba la dirección de Podemos. De este modo, evitó que Hacienda llegara a imponerle una sanción, a diferencia de lo que le ha ocurrido ahora a Aznar. En cuanto a Iñaki Urdangarin, uno de los motivos que le han llevado al banquillo es el fraude fiscal cometido a través de Aizoon (la sociedad que compartía al 50% con la infanta), a la que cargó cientos de facturas ficticias.

A través de Famaztella SL, el matrimonio Aznar ha declarado unos ingresos totales de 2.471.123 euros a lo largo de siete años, entre 2008 y 2014. En el ejercicio 2014, la sociedad familiar registró unos ingresos netos de 267.608 euros, con unos beneficios finales de 303.395 euros. La empresa tuvo unos gastos de personal de 11.556 euros y declaró unos activos por valor de 2,7 millones de euros, ya que destina a reservas buena parte de los beneficios de los años anteriores.

En 2013, coincidiendo con la publicación del segundo tomo de las memorias de Aznar, tituladas El compromiso del poder, Famaztella SL declaró unos ingresos de 328.941 euros y un balance positivo de 207.406 euros. Los ingresos netos de la sociedad de la familia Aznar ascendieron a 246.956 euros en 2012 (cuando se publicó la primera parte de sus memorias), 242.084 euros en 2011, 214.791 euros en 2010 y un total de 620.732 euros en 2009, el año que el ex presidente publicó su libro España puede salir de la crisis. En el ejercicio anterior, los ingresos declarados por la sociedad ascendieron a 550.011 euros. Famaztella quedó constituida en mayo de 2004 con un capital social de 3.006 euros. José María Aznar y su esposa, la ex alcaldesa Ana Botella Serrano, ocuparon el cargo de administradores desde ese momento.

Un "sindicalista" ganó cuatro millones gracias a sus cargos públicos

Nadie ha tenido más poder en la enfermería catalana en los últimos 30 años que Luis Cabado, el hombre que ha ocupado casi todos los cargos institucionales de la profesión y se convirtió en interlocutor clave para gobiernos y patronales. Pero este “negociador implacable que alardea de tener los mejores contactos”, según quienes han compartido mesa con él, ha tenido otra faceta oculta: la de un ambicioso hombre de negocios que ha acumulado gracias a sus cargos institucionales una fortuna de más de cuatro millones de euros, según acredita una investigación llevada a cabo por EL PAÍS. Una riqueza que mantiene en buena parte oculta tras un puñado de sociedades y propiedades a nombre de terceras personas, principalmente familiares pero también algunos gestores.

Un repaso a los cargos que ha ocupado Cabado ilustra su peso en la sanidad catalana. Desde los años 80 y hasta 2004 fue el secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse. A partir de 1993 y hasta la actualidad, ha presidido la Fundación de la Enfermería Catalana —Fudinca, llamada desde 2013 Fundación Internacional Catalana Solidaria—, de la que fue nombrado “presidente vitalicio” en 2002 y que se financia casi enteramente con fondos públicos. Entre 2000 y 2012, Cabado ha sido asimismo miembro del consejo director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), organismo público que gestiona toda la red sanitaria, además de participar en varios órganos asesores de la Generalitat

Tal cúmulo de cargos ha dado a Cabado información y contactos clave que ha sabido rentabilizar. El primer gran negocio lo hizo con la sede central en Cataluña de Satse, que se quedó en propiedad aprovechándose de las ayudas que la Generalitat empezó a dar en 1990 a los sindicatos para pagar el alquiler de sus oficinas. La sede ocupa dos pisos, que suman casi 400 metros de superficie en el número 40 de la calle Pelai, en pleno centro de Barcelona. El valor de mercado de ambos inmuebles supera, según los precios de la zona, el millón de euros.

Cabado participó, como líder de Satse, en la gestación de las ayudas. A la vez, a través de un gestor (hoy fallecido) tomó el control de una sociedad, Oliverus, que compró las oficinas poco antes de que la Generalitat empezara a pagar los alquileres. Tres años más tarde, ese gestor cedió el control de la empresa a la exesposa de Cabado mediante una pequeña ampliación de capital de 30.000 euros, importe muy inferior al valor de los activos que tenía Oliverus. El análisis de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por la empresa revela la magnitud del pelotazo: Oliverus no solo logró hacer frente cómodamente a la inversión hecha, sino que en pocos ejercicios acumuló 350.000 euros en reservas (beneficios no abonados a los accionistas).

Esta buena salud financiera se explica, al menos en parte, por un dato llamativo: la Generalitat pagó a Oliverus durante muchos años un alquiler aparentemente muy por encima del precio de mercado. Si la empresa ingresó en 1994 casi 120.000 euros por las rentas —cifra que ascendía una década más tarde a 154.000 euros—, en 2012 este importe había descendido hasta casi la mitad: 67.000 euros. Una fuente conocedora de las ayudas explica que “durante muchos años la Generalitat no controlaba demasiado el importe de los alquileres”. “No fue hasta los recortes de los últimos años cuando la Consejería de Sanidad impuso a los propietarios duros ajustes en el precio del alquiler y de ahí la gran caída de los ingresos de Oliverus”, explica esta fuente.

El secretismo con el que Cabado llevó a cabo la compra de la sede de Satse lo ilustra un dato sorprendente: la actual dirección del sindicato asegura que no tenía"ni idea" de que el inmueble que ocupa es propiedad de la exesposa de su antiguo líder.

La segunda gran fuente de negocios de Cabado en el sector sanitario, según ha podido saber este diario, ha sido una intensa actividad de mediación y consultoría hecha a través de cuatro sociedades: LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General Servicios 1949 y Silucan. Las cuatro empresas han actuado en la última década como si de un pequeño holding se tratara: han ido cambiando de administradores y de sede, pero lo han hecho siempre entre un reducido grupo de propiedades y personas del entorno de Cabado: su madre, exesposa, nueva pareja, hijas y el gestor Pedro Salvador Cutillas, entre otras personas cercanas. En su afán por no figurar con su nombre en ningún registro, Cabado ha acabado por componer con el paso de los años un dibujo revelador: una especie de rueda giratoria en el que él mismo, como eje en la sombra, es el único nexo en común entre todas las piezas.

Entre 2008 y 2013, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, las cuatro sociedades facturaron más de 1,9 millones de euros y ganaron —gracias a unos costes de personal y de gestión muy reducidos— casi un millón de euros, dinero que también en este caso sigue en forma de reservas en las propias sociedades. Este diario ha investigado la trayectoria de Cabado y su entorno en los últimos años. Ninguna de las personas que le rodea atesora una carrera que pueda justificar tal cantidad de ingresos, salvo él mismo. Varias personas que lo han tratado lo definen como “un conseguidor” y “un intermediario” que ha alternado sus cargos públicos con una fuerte presencia en el sector privado. El propio Cabado admitió a EL PAÍS hace seis meses —cuando se le preguntó por una de sus empresas— que “es común” que empresas soliciten sus servicios, ya que lleva “toda la vida en el sector” y conoce a “casi todo el mundo”. El antiguo sindicalista se ofreció entonces a informar de sus actividades “con total transparencia”, pero no ha atendido en las dos últimas semanas a las repetidas llamadas de este diario para mantener una entrevista.

Los elevados ingresos obtenidos por las empresas del entorno de Cabado han coincidido en el tiempo con un notable incremento patrimonial, propiedades en las que han ido siendo domiciliadas las distintas empresas de la familia. Todas estas propiedades tienen un valor de mercado —según datos incluidos en el Registro de la Propiedad o una estimación prudente de los precios de mercado—, de más de dos millones de euros. A partir de 1994, Cabado ha pasado a ser propietario de un piso de 213 metros cuadrados en una finca regia de Barcelona, un apartamento en un complejo de golf en Tenerife y una casa en una urbanización de lujo de El Romaní (El Vendrell, Tarragona). Oliverus, por su parte, se ha hecho con otro inmueble en el distrito del Eixample de la capital catalana, al igual que una de sus hijas (esta junto a su pareja), mientras que su exesposa ha adquirido un piso en en el centro de Sitges (Barcelona). El grupo familiar, además, también ha comprado media docena de plazas de garaje.

El tercer y último negocio en el que se ha embarcado Cabado es el de los contratos de rehabilitación de la sanidad pública. En el último gran concurso convocado por la Generalitat de esta disciplina, celebrado en 2012, Cabado se presentó sin éxito con una empresa, Codebi BCN, administrada por su gestor de confianza desde hace dos décadas, Pedro Salvador Cutillas. Pese a este aparente fracaso, la sociedad logró hacerse con dos grandes contratos —valorados en 15 millones de euros hasta 2021— utilizando una treta: asociarse mediante una figura llamada "alianza estratégica" con sendos hospitales privados integrados en la red pública. Estos centros pueden conseguir de forma directa la adjudicación de un contrato público que de otra forma debería salir a concurso.

Codebi BCN, sin embargo, era una sociedad instrumental. No tenía trabajadores ni actividad y fue comprada por el gestor de Cabado solo un mes antes de formalizar los acuerdos con los hospitales Sant Rafael y Sagrat Cor. EL PAÍS destapó el caso el pasado mes de noviembre, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Generalitat, que ha acreditado que la maniobra constituye una subcontratación irregular de un contrato público. Una maniobra que ha resultado ser muy rentable: Codebi BCN repartió un total de 190.000 euros en dividendos en el ejercicio 2013, el primero completo en el que gestionó los dos contratos de la sanidad pública.

De El País

Conde tiene conexiones con los paraísos fiscales de Isla de Man, Nevis y Tórtola

La investigación sobre el entramado societario del ex banquero llega hasta el Caribe y las Islas del Canal. Drayton Management Limited, una sociedad con sede en Londres desde la que se enviaron millones de euros a España como pago de facturas ficticias, contaba entre sus directivos con personas y mercantiles afincadas en territorios con legislación laxa. La Guardia Civil aún intenta saber dónde está oculto el dinero. Los tentáculos de la trama empresarial de Mario Conde desmantelada en la 'Operación Fénix' se extiende más allá de Europa. Drayton Management Limited, una de las sociedades 'pantalla' investigada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, cuenta o ha contado entre sus directivos con personas y firmas asentadas en al menos tres paraísos fiscales.

Uno es la Isla de Man, en las aguas del Canal, y bajo jurisdicción del Reino Unido mientras que los otros dos son Nevis y Tórtola, (Islas Vírgenes birtánicas) ambas en el Caribe. Además, tres cargos de la misma figuran también con responsabilidades en la suiza Galloix Holding, señalada también como uno de los puntos de partida de buena parte de los más de 13 millones de euros que el ex banquero ha repatriado desde 1999. Una tercera, la también británica Stanmore Investments Limited, es también investigada. Los investigadores sospechan que todas ellas son, en realidad, firmas 'subcontratadas' por Conde para ocultar el lugar donde aún esconde el dinero saqueado de Banesto.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llegado a ellas después de analizar las numerosas facturas giradas por tres empresas españolas ligadas al exbanquero y su familia, con las cuales éste justificó la repatriación a nuestro país de 12 de los 13 millones que ha conseguido traer de vuelta. Se trata, en concreto, de Barnacla SA, Black Royal Oak y, en mucha menor medida, una tercera. La primera, que figura a nombre de testaferros, es señalada en las pesquisas como propiedad del propio Mario Conde. De hecho, su hija Alejandra apareció durante un tiempo como administradora, aunque ya no lo era. Mientras, en las otras dos figuran en sus órganos de dirección tanto ésta como su hermano Mario, ambos también detenidos este lunes.

Estas compañías emitían facturas a las dos empresas británicas y a la suiza por trabajos inexistentes, en la mayoría de los casos por ficticios trabajos de asesoramiento financiero e inmobiliario, en el caso de Balck Royal Oak, o para la organización de eventos, en el de Barnacla SA. Luego, las británicas Drayton Management Limited y Stanmoore Investment Limited, y la helvética Galloix Holding SA remitían desde sus cuentas el dinero por dichos trabajos nunca realizados para, de este modo, presuntamente blanquear el dinero y que éste entrara en España sin levantar sospechas sobre su verdadero origen. En el caso de Barnacla SA, además se utilizaron cinco falsas ampliaciones de capital por un valor que ronda los 4 millones de euros. Una estructura "sencilla, pero miuy eficaz" que falló con un pago de 600.000 euros que levantó las sospechas del banco español donde se iba a recibir y disparó las alertas en septiembre de 2014 del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Ello provocó el inicio de las pesquisas.

Año y medio después, la Guardia Civil ha constatado que las tres empresas extranjeras no eran, en realidad, el origen de los fondos, sino un escalón intermedio supuestamente utilizado por Mario Conde para dificultar aún más la posibilidad de destapar el lugar donde ocultaba sus fondos. De hecho, los investigadores tienen sospechas de que las tres compañías no son ni del ex banquero ni de nadie de su entorno, sino compañías 'subcontratadas' por éste para proteger el origen real del dinero. En este sentido, las pesquisas han permitido comprobar que las mismas están relacionadas entre sí y han podido hacer una labor similar para otros empresarios que necesitaban repatriar fondos sin levantar sospechas.

De hecho, la suiza Galloix Holding cuenta como actuales administradores con tres ciudadanos del país centroeuropeo, según los documentos del registro helvético a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Se trata de Mario Nunzio Raso, Jacques Gerard Trachsel y Stephane Reis. Los dos primeros se repiten en la británica Drayton. Una coincidencia que no es la última. De hecho, comparten otros dos nombres. Uno es el de un ciudadano con domicilio en Ginebra, Roland Leguizamon, actual "manager" de Drayton y que hasta 2007 fue administrador de la compañía suiza. El segundo es el de Juan Manuel Cid Cid, que según el registro de Londres corresponde a un "comercial" con residencia en Ginebra. En la actualidad éste figura como administrador de una firma con sede en la calle Goya de Madrid, Cocatech, que, a su vez, figura ligada a otra suiza, Coffe Capsule Holding.

Estas coincidencias no son las únicas sorpresas que depara el directorio de Drayton, la sociedad con sede oficial en Londres. De hecho, este revela conexiones con al menos tres paraísos fiscales a la vista del lugar de residencia de otros tantos directivos. Así, David Solly, reflejado como "manager fiduciario" y director, consta como residente en la Isla de Man, uno de los territorios británicos situados en el Canal que tiene consideración de paraíso fiscal. Su compañera Sarah Louise Petre-Mears, de nacionalidad británica, consta como directiva asentada en la Isla de Nevis, en el Caribe. También en este mar se sitúa el tercer integrante, la empresa Mollyland Inc. En concreto en Tórtola, territorio insular en el que se asienta la capital de las Islas Vírgenes Birtánicas.

Fuentes cercanas a la investigación confirman a Vozpópuli que, tras la detención de Conde y las otras siete personas para recopilar nuevas pruebas de la supuesta facturación ficticia y repatriación ilegal de fondos, ahora toca el turno de seguir tirando del ovillo que ha llevado hasta estas compañías de Reino Unido y Suiza para intentar localizar las cuentas del ex banquero. No obstante, no descartan que durante esas pesquisas sigan apareciendo sociedades 'pantalla' que dificulten aún más llegar hasta el verdadero origen de los más de 13 millones de euros repatriados y donde, supuestamente, puede haber aún una cantidad similar de fondos escondidos.

De Vox Populi

Mario Conde, detenido por repatriar desde Suiza el dinero que saqueó de Banesto


La Guardia Civil ha detenido esta mañana en Madrid por orden de la Audiencia Nacional al expresidente de Banesto Mario Conde, y a otras siete personas, entre ellas su hija Alejandra, el marido de ésta, Fernando Guash, y su hijo Mario Conde Arroyo. El exbanquero, que dejó un agujero de 2.700 millones de euros, llevaría supuestamente meses repatriando el dinero de Banesto del que se apropió a finales de los 80 y principios de la década de los 90 desde Suiza y otros países extranjeros.

La UDEF detiene al alcalde y a la concejala de Urbanismo de Granada

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) está registrando la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y a lo largo del día inspeccionarán varios domicilios y empresas de la ciudad, en una operación contra la corrupción urbanística. Según han informado fuentes de la investigación, la operación está dirigida por el juzgado numero 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y se ha declarado el secreto de las actuaciones. Tras el primer registro, la UDEF ha detenido al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y a la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, en esta operación contra la corrupción urbanística. A lo largo del día, los agentes registrarán además del consistorio varios domicilios particulares y algunas empresas y tomarán declaración, en calidad de investigadas, a varias personas. Como los registros se prolongarán todo el día, los agentes han comunicado a los funcionarios municipales que se vayan a su casa.

Los hechos se remontan a cuando José Torres Hurtado (PP), actual alcalde de la ciudad, logró su puesto en 2003. Hurtado se encuentra detenido por la policía en la sede del Ayuntamiento. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada y se inició tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Los agentes van a realizar a lo largo del día de una docena de registros. El sumario del caso está declarado secreto.

Las fuentes han confirmado que está previsto que, salvo sorpresas, las personas que sean detenidas serán puestas en libertad con cargos (como investigadas, antes imputadas) una vez que presten declaración ante el juez. Hurtado, que fue delegado del Gobierno en Andalucía. Cinco altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada están denunciados por la fiscalía desde 2014 por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. La operación permitió la construcción de una discoteca con sala de fiestas y una pista cubierta de patinaje con bar en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

Además, la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada también investiga posibles irregularidades en una operación urbanística supuestamente orquestada para favorecer a un empresario. Por ello pidió en agosto pasado a la policía que tomase declaración a José Torres Hurtado, a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto,al concejal de Economía, Francisco Ledesma, y otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada.

Esta investigación respondía a las demandas del empresario Ramón Arenas, que denunció la invasión de una parcela de su propiedad por la construcción de un pabellón deportivo que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa al empresario Roberto García Arrabal, como representante legal de la Fontdeis SL. Arenas considera que se ha producido una "estafa inmobiliaria", informa Europa Press. Para la fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.

De Público y El País