Las alarmas saltaron cuando se comprobó un aumento inusual de ciudadanos de origen de Europa del Este, sobre todo Bulgaria, en las listas de espera de trasplantes de riñón en la Comunidad de Madrid en muy poco tiempo. De inmediato, la Guardia Civil se puso a investigar y lo que descubrió fue una operación de turismo sanitario ilegal en toda regla, con fraude a la Seguridad Social incluido, y con el resultado de 20 investigados: catorce eran personas que estaban en tratamiento de diálisis y a otras seis ya se les había sometido a un trasplante. Por el momento, el fraude se ha detectado en Madrid, aunque no se descarta que se haya producido en otras comunidades. Tras la correspondiente investigación, la Guardia Civil descubrió que ciudadanos extranjeros, sobre todo búlgaros, con graves problemas renales, vinieron a España en calidad de turistas y que, una vez aquí, entraron por urgencias en el tratamiento de diálisis.
Mientras recibían esta atención urgente, estos ciudadanos se empadronaron, se registraron como extranjeros residentes estables y se dieron de alta en la Seguridad Social, ya fuera como autónomos o como trabajadores por cuenta ajena sin que realmente ninguno de ellos realizara trabajo alguno. Se han detectado siete empresas ficticias en la que supuestamente trabajaban estas personas. Con la tarjeta sanitaria en la mano, estos ciudadanos fueron incluidos en la lista de espera para trasplantes de riñón, llegando algunos a conseguir su objetivo. El coste de este fraude (tratamiento de diálisis y trasplante) se eleva a 1,5 millones de euros. Existe un coste imposible de calcular que es el de aquellos pacientes que quedaron relegados en la lista de trasplantes al incorporarse a alguno de estos presuntos defraudadores.
Los investigadores no creen que detrás de esto haya una red u organización mafiosa. Por los datos obtenidos son particulares enfermos que, al escuchar las bondades del sistema de trasplantes español, y ante la imposibilidad de acceder a un órgano en su país, decidieron venir a España e incorporarse de manera ilegal al sistema sanitario público. Hay que recordar que el sistema de trasplante español es público y que sólo hay un medio para conseguir ser trasplantado, que es a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El éxito de alguno de estos ciudadanos en su empeño por conseguir un órgano fue conocido por otros y la posibilidad de conseguir un trasplante en España se extendió como la pólvora. A esto contribuyeron los medios de comunicación búlgaros que se habían hecho eco ampliamente del éxito del sistema de trasplantes español.
El responsable de la ONT, Rafael Matesanz, recordó que el 8% de los trasplantes se realiza en extranjeros legales. “Lo que llamó la atención a las consejería de Sanidad de Madrid fue precisamente el aumento desmesurado de extranjeros de un mismo lugar en las listas de trasplantes”. El número de trasplantados “ha sido pequeño”, señaló Matesanz, pero si esto no se corta “estamos seguros de que hubiéramos ido a más”. De ahí la importancia de este caso, señaló.
Desde la Guardia Civil se afirma que no ha quedado demostrado que haya una red ilegal operando, si no que son personas individuales sin conexiones con organizaciones. “Aunque no nos cabe duda que de que antes o después hubiera aparecido una red mafiosa, porque cuando hay dinero no tardan en aparecer”, indicaron.
