divendres, 16 de desembre de 2016

El permiso de paternidad pasará de dos a cuatro semanas en 2017

El permiso de paternidad en España se ampliará en 2017 de dos a cuatro semanas, según ha confirmado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Se trata de un primer paso hacia la futura equiparación con las 16 semanas de las que disfrutan las madres. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, había apuntado ya sin fecha esa ampliación, que forma parte del acuerdo de investidura firmado por el PP con Ciudadanos en el que se recoge la aprobación de una Ley Integral de Apoyo a las familias que, no obstante, seguirá estando entre las más bajas de Europa.

La decisión la ha anunciado hoy viernes el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, tras la reunión semanal del gabinete, donde se optó por que la ampliación se recoja en un decreto ley puesto que antes de fin de año no van a estar aprobados los presupuestos de 2017 en el que se recogería esa medida. El coste estimado de la ampliación del permiso de paternidad se estima en entre 400 millones de euros en 2017, y 800 en 2018, 2019 y 2020, según el pacto de investidura. La ampliación se produce semanas después de que el Congreso, en el que el Gobierno no tiene mayoría, instara al Ejecutivo a petición de Podemos a equiparar ambos permisos a 16 semanas, informa El Economista.

Las empresas siguen bajando salarios y los costes laborales caen un 0,5%

España sale de la estafa neoliberal, según el PP y sus socios, pero los trabajadores no. Las empresas lejos de repercutir las mejoras en los salarios de la plantilla, siguen recortando los costes vinculados a los trabajadores y aumentando los beneficios de la oligarquía fascista española. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.444,80 euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al mismo periodo de 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este recorte interanual es el más pronunciado desde el cuarto trimestre de 2014. El coste laboral encadena tres trimestres consecutivos en negativo después de caer un 0,2% en el primer trimestre y un 0,1% en el segundo.

El Plan Vivienda del PP subvencionará la especulación y el alza de precios


El nuevo Plan Vivienda 2018-2021 incluirá una nueva línea de ayudas al alquiler específica para afectados por desahucios y los colectivos sociales más vulnerables, según el bombo del corrupto ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pero entre la publicidad se esconde ortra "solución" que en realidad viene a sostener a los bancos y sus fondos inmobiliarios robados a la población con el sostén del franquismo PP-PSOE. La nueva ayuda contempla, por un lado, la constitución de un fondo social de viviendas a partir de pisos vacíos que aporten bancos y propietarios particulares y, por otro, una ayuda pública de entre 150 y 400 euros al mes para que los beneficiarios de estos pisos paguen su alquiler. Además, se garantizará a los propietarios de estas viviendas el cobro del alquiler pues será la Administración la que abonará directamente la ayuda a bancos y particulares. El Ministerio de Fomento aportará el 80% del importe y la comunidad autónoma correspondiente, el 20% restante. La burbuja de los precios desmesurados e inasequibles en España está así sostenida y asegurada por parte del gobierno nazi de Rajoy y sus socios de parranda.

La amante del obispo Salinas acusa ahora a su marido de malos tratos

Sonia Valenzuela (foto, a la izda. de Salinas), la exsecretaria y amante del antiguo obispo de Mallorca, Javier Salinas, ha abierto un nuevo conflicto con su exmarido, Mariano de España. La mujer, que fue acusada de mantener una relación extramatrimonial con el religioso, que en definitiva supuso su cese como máximo responsable de la Iglesia de Mallorca, pretende ahora que su exmarido, padre de sus tres hijos, termine en la cárcel. Le acusa de maltratarla, no físicamente, pero sí psicológicamente. La mujer denuncia en el juzgado que ha sido víctima de una violencia verbal y quiere que su expareja responda por ello. El juez de Palma cita a declarar a la denunciante y a su exesposo. Por su condición de investigado, el exmarido de Sonia Valenzuela tiene la posibilidad de solicitar la declaración de testigos que se han visto implicados de alguna manera en la relación que mantenía con su exmujer. Y entre estos testigos no se descarta que se pueda citar al exobispo Salinas, que desde que fue cesado como máximo responsable de la Iglesia de Mallorca, no se le ha vuelto a ver por la isla. En estos momentos ocupa un nuevo destino como obispo auxiliar de Valencia.

El marido va a negar cualquier tipo de episodio violento con su expareja y, por tanto, rechaza la acusación de que en algún momento la pudo maltratar psicológicamente, como ella expone en su denuncia. El hombre se siente víctima de la relación que, según él, su exmujer mantuvo con el obispo. Sonia Valenzuela pretendió que, precisamente, la Iglesia tomara la decisión de declarar la nulidad matrimonial de su relación con Mariano de España. El marido presentó un escrito en el propio obispado solicitando que Javier Salinas pudiera intervenir de algún modo en este proceso de nulidad. El marido aportó, entre otras pruebas, un listado de las numerosas llamadas telefónicas, a altas horas de la madrugada, que su mujer mantenía con el religioso y se opuso a que se declarara la nulidad de su relación con su esposa, con la que había tenido tres hijos. Finalmente, la esposa decidió retirar dicha demanda de nulidad y se centró en solicitar la separación judicial con su antigua pareja.

La mujer, que desde que estalló el escándalo del obispo decidió separarse de su esposo, presentó hace algunas semanas una denuncia en el juzgado. En este relato se presenta como una víctima de violencia doméstica, detallando los episodios en los que su pareja la habría sometido, según su criterio, a humillaciones verbales y vejaciones. Esta denuncia se está instruyendo en el juzgado de la Mujer número 1 de Palma. El juez, antes de decidir si existen pruebas que avalen esta denuncia, quiere escuchar la versión de ambas partes. Por este motivo, el magistrado ha citado esta mañana tanto a Sonia Valenzuela, que declarará como víctima, como al denunciado, Mariano de España, que será interrogado como investigado y, por tanto, con derecho a ser asistido por un abogado.

La fiscalía, en principio, no adoptará ninguna medida, al menos hasta que se conozca la versión de ambas partes y se compruebe si existen pruebas suficientes que avalen la versión de la denunciante. Sonia Valenzuela, profesora asociada de la UIB, protagonizó el pasado año un escándalo con la directa implicación del obispo Salinas, que hace algunos meses fue cesado por el Vaticano y enviado a otro destino a Valencia. En estos momentos la Iglesia de Mallorca está pendiente de que se nombre a un sustituto definitivo para que se haga cargo de la dirección episcopal.

Fue precisamente el marido, Mariano de España, el que puso en conocimiento de las máximas autoridades del Vaticano sus sospechas de que su mujer mantenía una relación impropia con el obispo Salinas. Acusó directamente al religioso de ser el culpable de que su matrimonio hubiera terminado, al interponerse en la relación que hasta entonces mantenía con su mujer. El religioso, sin embargo, negó cualquier relación, más allá de la profesional, con esta mujer, y sostuvo que Sonia no era más que su secretaria personal. Javier Salinas atribuyó todo el escándalo a una reacción de un marido celoso. El Vaticano no actuó de inmediato. Sin embargo, desde que se conoció este escándalo, que provocó una profunda consternación en el colectivo de feligreses de Mallorca, se decidió el cese de Salinas como obispo de Mallorca. Se dejó pasar un tiempo prudencial antes de adoptar la drástica decisión, que insistentemente había solicitado el marido.

La separación entre Mariano de España y Sonia Valenzuela no ha sido cordial, sino todo lo contrario. La mujer le acusó de actuar por celos, ya que ella negó que hubiera mantenido una relación especial con el religioso, más allá de su trabajo como secretaria personal. La esposa no se ha limitado a abandonar el domicilio conyugal, sino que pretende ahora que su exmarido se siente en el banquillo de los acusados y que los jueces determinen que es un maltratador. En la denuncia la mujer señala que nunca ha sufrido una agresión física, pero que durante los años en los que estuvo conviviendo con Mariano de España fue víctima de un maltrato psicológico, por el que ahora pretende que responda ante un juez.

Es la primera denuncia penal que presenta la mujer y no consta que en ningún momento hubiera recibido asistencia ni médica ni psicológica, a pesar de que ella mantiene que durante mucho tiempo fue víctima de una agresividad verbal. El hombre, en cualquier caso, niega este maltrato. Además del matrimonio, el juez también ha citado a declarar esta mañana a varios testigos para que aporten datos sobre la relación de la pareja.

Bergoglio cesa al obispo Salinas por indecente


La relación sexual del obispo Javier Salinas (foto) con la que fue su secretaria particular, Sonia Valenzuela, ha terminado por costarle el cargo de capo mafioso de la secta en Mallorca. En los últimos meses el obispo ha intentado convencer a sus superiores de que había cesado el revuelo por su conducta descaradamente indecente. Consciente de que estaba en la cuerda floja, vendió que contaba con el respaldo necesario para continuar liderando la secta nazicatólica en la isla. Sin embargo, no lo ha conseguido. 'Monseñor' Salinas deja hoy a mediodía de ser el titular de la diócesis de Mallorca, obligado por el daño generado a la podrida y corrupta imagen de la organización mafiosa tras su virulento enfrentamiento con Mariano de España, marido de su amante. El exmarido de Valenzuela acusa al prelado de haber roto su matrimonio católico al haber interferido en él y "abducido" a su exesposa.

La exsecretaria del obispo de Mallorca pide la nulidad de su matrimonio con tres hijos

Sonia Valenzuela, la exsecretaria personal del obispo de Mallorca, no se ha limitado a divorciarse de su marido, Mariano de España. Pretende que el matrimonio que se ha prolongado durante más de 20 años, del que han nacido tres hijos, sea declarado nulo por la propia iglesia. Por ello, según han confirmado fuentes judiciales, ha presentado una demanda de nulidad matrimonial, que se tramita en el palacio episcopal de Palma, contra su exesposo, quien tiene intención de oponerse al deseo de su exmujer. Precisamente, el marido presentó a finales del año pasado una denuncia en Roma contra el obispo Javier Salinas, porque sospechaba que mantenía una relación sentimental con su entonces mujer.

El obispo de Mallorca, hasta el cuello...

Conflicto en la Iglesia de Mallorca: Las monjas Jerónimas acusan al obispo de "apropiarse ilegítimamente" de su monasterio por "codicia". Las monjas han denunciado ante los tribunales que el obispo Javier Salinas -muy conocido por sus escarceos con su secretaria casada y las denuncias del marido de aquella entre otros escándalos sonados- les tendió una "trampa" para quedarse "las llaves" del convento de Sant Jeroni de Palma tras su traslado al de Inca. Foto: Las jerónimas con el obispo Salinas en la misa de despedida del monasterio, el 1 de junio del año pasado.

Las empresas siguen bajando salarios y los costes laborales caen un 0,5%

España sale de la estafa neoliberal, según el PP y sus socios, pero los trabajadores no. Las empresas lejos de repercutir las mejoras en los salarios de la plantilla, siguen recortando los costes vinculados a los trabajadores y aumentando los beneficios de la oligarquía fascista española. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.444,80 euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al mismo periodo de 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este recorte interanual es el más pronunciado desde el cuarto trimestre de 2014. El coste laboral encadena tres trimestres consecutivos en negativo después de caer un 0,2% en el primer trimestre y un 0,1% en el segundo.

Estos datos resultan más llamativos si se contraponen a los beneficios de las grandes empresas que han crecido casi el 13% en lo que va del 2016, según la Central de Balances el Banco de España. El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el tercer trimestre del año, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) bajó un 0,3% respecto al tercer trimestre de 2015, situándose en una media de 1.804 euros por trabajador y mes.

Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el tercer trimestre bajó un 0,1%, hasta los 1.642,64 euros. Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron en el tercer trimestre los 640,79 euros, con un descenso interanual del 0,9%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 589,25 euros, un 0,3% menos que en el tercer trimestre de 2015.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que cayeron un 5% en tasa interanual, debido al retroceso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, aumentaron un 2,7% en tasa interanual. El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador retrocedió un 0,3% en tasa interanual, su mayor descenso desde el cuarto trimestre de 2014. En tasa intertrimestral, el coste laboral disminuyó un 0,2% en el tercer trimestre después de haber avanzado un 0,1% en el segundo trimestre dentro de la serie corregida de estacionalidad y de calendario.

Por sectores de actividad, la industria no registró variación interanual en su coste laboral en el tercer trimestre, manteniéndose en 2.935,6 euros. Por contra, el coste laboral se redujo un 1,9% en la construcción, hasta los 2.504,2 euros, y un 0,4% en los servicios, hasta los 2.350,2 euros. En el caso de los otros costes, el mayor descenso también se lo anotó la construcción (-2,3%), seguido de los servicios (-1,1%). La industria, por su parte, los elevó un 0,6%. Entre julio y septiembre, el salario ordinario más elevado correspondió a la industria (1.898 euros por trabajador y mes), la misma cantidad que en igual periodo de 2015, seguido de la construcción, con 1.607,2 euros (-1,4%), y los servicios, con 1.597,8 euros, sin variación respecto al tercer trimestre del año pasado.

Por actividades económicas, el suministro de energía, gas vapor y aire acondicionado y las actividades financieras son las que presentan los costes laborales más elevados, con 5.235,3 y 4.538,9 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a los otros servicios (1.697,1 euros) y la hostelería (1.574,6 euros). Los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el tercer trimestre se los anotaron las industrias extractivas (+4,5%), actividades sanitarias (+3,1%) y actividades artísticas (+2,7%). Por contra, las mayores caídas se registraron en el suministro de energía (-7,8%) y las actividades financieras y los otros servicios, con un retroceso en ambos casos del 2,7%.

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los registraron País Vasco (2.919,2 euros por trabajador y mes), Madrid (2.879,6 euros), Navarra (2.576,3 euros) y Catalunya (2.544,5 euros), mientras que los más bajos se dieron en Extremadura (2.016,29 euros) y Canarias (2.086,5 euros). Las dos comunidades de cabeza, País Vasco y Madrid, superan en más de 400 euros la media nacional (2.444,8 euros), mientras que las dos últimas, Canarias y Extremadura se encuentran más de 300 euros por debajo. Por su parte, los costes salariales más elevados también correspondieron a País Vasco (2.175,6 euros por trabajador y mes), Madrid (2.151,3 euros por trabajador y mes) y Navarra (1.883,2 euros). Por su parte, los más bajos se situaron en Extremadura (1.465,1 euros) y Canarias (1.520,1 euros).

El INE ha informado además de que en el tercer trimestre del año se registraron 68.057 vacantes de empleo, entendidas éstas como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa. De ellas, el 88,7% pertenecían al sector servicios (60.352), el 8% a la industria (5.456) y el 3,3% a la construcción (2.249).

Madrid y Cataluña concentran el mayor número de vacantes (16.044 y 14.567, respectivamente) y La Rioja y Cantabria, el menor, con 320 y 577 vacantes, respectivamente. El INE precisa que la mayoría de las empresas preguntadas afirmaron que no había vacantes por cubrir porque no necesitaban trabajadores adicionales para el periodo julio-septiembre de 2016, informa El Periódico.

Los sindicatos convocan una semana de movilizaciones

Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a participar en las más de 60 manifestaciones convocadas en todo el territorio nacional desde hoy hasta el domingo para exigir más y mejor empleo. Bajo el lema 'Las personas y sus derechos lo primero, defiéndelos', CCOO y UGT invitan a la movilización a todos los ciudadanos para reivindicar más y mejor empleo, salarios "dignos", pensiones "suficientes" y sostenibles y una renta mínima contra la pobreza y la desigualdad.

Doce comunidades se rebelan contra la nefasta gestión de Báñez

Los consejeros de empleo de doce comunidades autónomas se reunieron este miércoles en Madrid a espaldas del Ministerio de Empleo. La reunión era, precisamente, para dejar clara su crítica a la gestión del departamento de Fátima Báñez, tanto en el reparto de los fondos económicos que se destinan a las comunidades autónomas, como en el diseño de las políticas activas de empleo.

Un de cada 5 menors de 30 anys ni treballa ni estudia

Les entitats socials alerten que un de cada 5 menors de 30 anys ni treballa ni estudia i que 4 de cada 10 joves aturats fa més d'un any que no té cap feina. Aquestes dades, a les que s'hi afegeix que la taxa d'atur juvenil s'ha triplicat des que va començar la crisi econòmica, es recullen en un informe de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya –amb diverses organitzacions gironines– que denuncia que les condicions laborals dels joves d'ara són molt pitjors que les de la generació anterior.

6 millones de asalariados cobran el SMI o menos

El 34,3% de los asalariados en España (5.960.597 personas) percibieron en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por debajo de los 6.791 euros al año, lo que supone casi 760.000 personas más que en 2007. Este aumento se ha producido a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en casi dos millones, hasta los 17,3 millones.

La ‘Ley Mordaza’ de Cifuentes es “peor” que la de Rajoy

Es una “aberración jurídica” peor que la Ley Mordaza de Mariano Rajoy. Así cataloga la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) el Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia aprobado este pasado martes por la Asamblea de Madrid. Un proyecto que prevé multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales que la Administración regional considere como insultos. “Esto es una Ley Mordaza, pero peor, porque abarca más y encima ni siquiera lo aprueban las Cortes por mayoría absoluta sino una simple Comunidad autónoma, saltándose la Constitución flagrantemente hasta en el reparto constitucional de competencias” asegura Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil. Una opinión muy extendida en el gremio, que observan entre la indignación y la estupefacción el proyecto planteado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes.

La misma presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, critica que “como no teníamos poco con la ‘Ley Mordaza’ estatal, ahora nos quieren meter una autonómica”. Tanto Pérez Alonso como la abogada Del Carpio muestran ciertas dosis de incredulidad al afirmar que “O es un brindis al sol o es una barbaridad insigne”. No han sido las únicas de esta plataforma en ofrecer sus valoraciones sobre la ‘ley mordaza’ de Cifuentes. Tanto Carlos Sánchez Almeida como Isabel Elbal, han criticado la aprobación de un proyecto que, de alguna manera, ya está regulado en el Código Penal. La abogada Elbal recuerda que “el Código Penal ya prevé estas conductas, sin necesidad de acudir a otras regulaciones” y el director legal Sánchez Almeida destaca que se trata de una normativa autonómica “que invade competencias estatales y de otras autonomías”.

En un comunicado enviado a los medios, el Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha esgrimido que se trata de un proyecto de ley cuyo objetivo es “luchar contra cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y acción que incite al odio, sin distinción alguna por razón de nacimiento; origen racial, social o étnico; sexo; religión; convicción u opinión política o de cualquier otra naturaleza; cultural; idioma; edad; discapacidad; orientación o identidad sexual; enfermedad; condición de migrante, refugiado o desplazado; característica genética; situación económica; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El Ejecutivo de Cifuentes asegura en ese documento que la Comunidad de Madrid podrá personarse en calidad de parte perjudicada civilmente en cualquier envite judicial. Es de esta forma que considera “reafirmado” su compromiso de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y “consolida legislativamente el derecho a la igualdad de trato y el respeto de la dignidad de la persona frente a comportamientos discriminatorios”. Además, el comunicado no esconde las cuantías sobre las que oscilarían las sanciones. Las infracciones podrán ser leves, con multas de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros.

Principales amenazas de la Ley

Según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, las principales amenazas del proyecto de Ley aprobado por el gobierno madrileño serían las siguientes:

1. Se pretende regular la libertad de expresión por vía administrativa y sin control judicial.

2. Se traslada al ámbito administrativo lo que está ya regulado en el Código Penal, pero sin las garantías del mismo. El proyecto también es redundante, no solo en lo que tiene que ver con redes sociales, sino también en lo relativo a medios de comunicación, regulación publicitaria o prácticas comerciales.

3. Se produciría una flagrante infracción del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues solo el primero puede legislar en materia de libertades fundamentales. Además, saltándose las mayorías reforzadas de ley orgánica. Ambos aspectos son criticados por la propia la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en su informe preceptivo del proyecto, entre otras objeciones.

4. El proyecto contraviene el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al no cumplir con los requisitos de necesidad y seguridad jurídica que deben darse cuando se limita la libertad de expresión.

5. La ley permitiría las investigaciones prospectivas, es decir, “salir de pesca” a buscar aleatoriamente conductas penales, algo absolutamente prohibido en todos los ordenamientos jurídicos democráticos.

6. Se disfraza dentro de una ley de protección a las víctimas y prevención de delitos, pero ocultando que una administración, ni estatal, ni menos aún autonómica, no puede decidir qué es discurso de odio y qué es insulto, cuya valoración corresponde a un juez.

7. Las víctimas, que son el pretexto, no resultan beneficiadas por las multas porque las indemnizaciones no se pueden exigir ni imponer al infractor en vía administrativa.

8. La cuantía de las multas, hasta 45.000 euros, es desproporcionada.

9. En caso de que la ley llegase a aprobarse, el único que la podría recurrir, con posibilidad de suspensión, es el Gobierno estatal.

10. Para aplicar la ley habría que vulnerar otras leyes sobre privacidad para conocer la identidad del infractor.

11. La competencia territorial es imposible: ¿Cómo determinar qué es lo que sucede en Madrid, cuando estamos en redes sociales?

12. Un problema adicional son las notificaciones de expedientes sancionadores. ¿Cómo y a quien se va a notificar, cuando las redes sociales son anónimas?

Aguirre pagó actos del PP organizados por Gürtel

La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, pagó con dinero público actos electorales que la red Gürtel organizaba para el PP, cuando el partido se quedaba sin dinero durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Así lo ha asegurado en el juicio de Gürtel el exconcejal del PP José Luis Peñas, confirmando lo que Hacienda ya apuntó hace tres años.

Palma: Un testigo implica al CNI en la trama de corrupción policial

El antiguo ‘número dos’ del cuerpo, el excomisario Rafael Estarellas que ingresó el martes en prisión preventiva, declaró al juez Manuel Penalva que informó a los servicios secretos españoles de la trama de corrupción en el cuerpo. Según su versión, corroborada por otro de los agentes encarcelados, la decisión de acudir al CNI fue tomada por él, el mayor José Antonio Bravo y el intendente Nicolás Herrero.

El Plan Vivienda del PP subvencionará la especulación y el alza de precios

El nuevo Plan Vivienda 2018-2021 incluirá una nueva línea de ayudas al alquiler específica para afectados por desahucios y los colectivos sociales más vulnerables, según el bombo del corrupto ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pero entre la publicidad se esconde ortra "solución" que en realidad viene a sostener a los bancos y sus fondos inmobiliarios robados a la población con el sostén del franquismo PP-PSOE. La nueva ayuda contempla, por un lado, la constitución de un fondo social de viviendas a partir de pisos vacíos que aporten bancos y propietarios particulares y, por otro, una ayuda pública de entre 150 y 400 euros al mes para que los beneficiarios de estos pisos paguen su alquiler. Además, se garantizará a los propietarios de estas viviendas el cobro del alquiler, dado que será la Administración la que abonará directamente dicha ayuda a bancos y particulares. El Ministerio de Fomento aportará el 80% del importe y la comunidad autónoma correspondiente, el 20% restante. La burbuja de los precios desmesurados e inasequibles en España está así sostenida y asegurada por parte del gobierno nazi de Rajoy y sus socios de parranda.

Este programa de alquiler de vivienda para colectivos vulnerables constituye así la principal novedad del futuro Plan Vivienda que entrará en vigor en enero de 2018. Para el ejercicio 2017, el Gobierno ha prorrogado el plan 2013-2016 que concluye ahora en diciembre. De la Serna pretende consensuar el nuevo plan con comunidades autónomas, partidos políticos, bancos, promotores, colectivos sociales y todos los agentes implicados en el sector. Por ello, llamará a todos a plantear sus propuestas durante el próximo mes de enero, con el fin de contar con un primer borrador del plan en febrero y comenzar a tramitarlo en primavera.

El nuevo plan mantendrá las ayudas al alquiler tradicionales, según indicó el ministro tras iniciar este jueves la ronda de contactos con una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, la Administración que tiene las competencias en la materia. No obstante, esta ayuda se modificará, de forma que los gobiernos regionales tendrán más capacidad para fijar la modalidad de la convocatoria en cada territorio. Además, esta ayuda ya no se pagará a los beneficiarios mensualmente, como hasta ahora, sino que su abono podrá tener otra periodicidad, pudiendo ser incluso un pago anual.

En cuanto a las ayudas a la rehabilitación de vivienda, el nuevo plan también las modificará y ampliará. Así, se contempla que beneficien a pisos de una menor antigüedad respecto a la fijada el plan anterior (las viviendas construidas antes de 1981). En este sentido, y a modo de ejemplo, indicó que las ayudas a la rehabilitación llegarían a cinco millones de viviendas respecto a la actualidad en caso de que pudieran solicitarlas todas las construidas antes de 1996.

Sareb pone en alquiler 1.100 viviendas desde 170 a 880 €

La Sareb o 'Banco Malo' que reune las hipotecas y viviendas impagados de la banca española, ha puesto en alquiler alrededor de 1.100 viviendas repartidas por la mayoría de provincias de la geografía. Gran parte de los inmuebles son de obra nueva, aunque también se incluyen algunos de segunda mano. Los activos se ubican en 20 provincias: Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huelva, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia y Zaragoza. El alquiler más caro se eleva a 880 euros al mes.

Goldman y Blackstone hacia el control global de la vivienda que hundieron con la estafa/crisis

El freno que registra el sector en Bolsa en 2016 dará paso, según Goldman Sachs, a revalorizaciones de hasta el 40%. Una de las firmas más influyentes en los mercados financieros, Goldman Sachs, pone sus focos en un sector que no ha podido brillar en la Bolsa española a lo largo del presente ejercicio, el de las inmobiliarias y socimis. Los analistas de la firma estadounidense se centran en tres de los referentes del sector: Merlin, Hispania y Colonial. Ninguna de estas sociedades consigue evitar las pérdidas en Bolsa en lo que va de año. Sin embargo, el resultado del análisis de Goldman depara para 2017 unas perspectivas claramente alcistas en los tres casos, con potenciales de entre el 20% y el 40%. El fondo Blackstone crea un mercado institucional de alquiler de casas.

El precio de la vivienda libre sube ya el 4%

El precio de la vivienda libre aumentó el 4% en el tercer trimestre en tasa interanual, una décima por encima del repunte anual del segundo trimestre (+3,9%), según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento del 4% ya son 10 los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales positivas. Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió el 7,3% en comparación con el tercer trimestre del 2015, tasa más de un punto inferior a la del trimestre anterior (+8,4%), mientras que el precio de la vivienda usada aceleró tres décimas su crecimiento anual, desde el 3,2% del segundo trimestre al 3,5% en el tercero.

Rajoy negocia con Susana Díaz la jornada de 35 horas

El Gobierno convoca a la Junta a una reunión bilateral para abordar una ley andaluza que ya recurrió ante el Tribunal Constitucional. En la recta final de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aceptado negociar con Susana Díaz la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos andaluces que vetó en Castilla-La Mancha y Euskadi. La Junta de Andalucía aprobó esta medida hace unos días, arriesgándose a que el Ejecutivo central lograse paralizarla interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional, como hizo cuando Castilla-La Mancha y País Vasco aprobaron la misma ley.

La situación ha cambiado desde entonces, no sólo porque de fondo están en juego los Presupuestos Generales, sino porque el Gobierno de Rajoy está en minoría y necesita el apoyo necesario de los socialistas para sacarlos adelante. El Ministerio de Hacienda remitió ayer miércoles una carta a la consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, convocándola próximamente a una reunión bilateral para abordar el asunto, una misiva que la Junta ha entendido como “una buena expresión de diálogo” por parte de Rajoy, que habría renunciado a recurrir la norma andaluza en los tribunales, como hizo con las otras dos comunidades autónomas.

El mes pasado, el Parlamento andaluz aprobó, con el apoyo de todas las fuerzas y la abstención del PP y Ciudadanos, la restitución de la jornada laboral de 35 horas semanales para los 270.000 empleados públicos andaluces, una medida que dejará sin efecto el Real Decreto del Gobierno central con el que amplió el horario de los funcionarios hasta las 37,5 horas semanales para ahorrar costes de personal eventual e interino.

La medida supone un coste de 75 millones de euros que ya computan en el proyecto de ley de Presupuestos andaluces del año que viene (entrará en vigor el próximo 16 de enero). Durante la sesión plenaria, Díaz instó a Rajoy a “comprometerse a no recurrir la ley andaluza”. La carta del departamento de Cristóbal Montoro apunta en ese sentido, puesto que la convocatoria de una comisión bilateral de Hacienda fue una medida que no se adoptó en el caso de Castilla-La Mancha y País Vasco. Entonces, el Gobierno central respondió directamente en los tribunales, recurriendo la jornada de 35 horas en estas regiones.

La buena disposición de Rajoy respecto al Gobierno de Susana Díaz no es casual, tiene lugar en el tramo final del debate sobre los Presupuestos Generales de 2017. Los socialistas avanzan que no apoyarán las cuentas de Rajoy, aunque sí han llegado a un acuerdo con el PP sobre el techo de gasto (matriz de los presupuestos) y han aplaudido el nuevo reparto de déficit. Si finalmente el Gobierno central mantiene la jornada de 35 horas semanales en Andalucía ─su entrada en vigor está prevista para el próximo 16 de enero─, Rajoy abriría la puerta a una discriminación para con aquellas comunidades y ayuntamientos, como el de Madrid, donde fue recurrida y paralizada la misma decisión.

Díaz sospecha que la apertura del diálogo por parte del Ministerio de Hacienda anticipa que Rajoy se está planteando generalizar la medida para el conjunto de España, es decir, revertir la jornada de 37,5 horas a la semana para todos los funcionarios, uno de las leyes de ahorro de personal más duras que aprobó el Gobierno de Rajoy al inicio de la crisis. La consejera andaluza de Hacienda espera que la comisión bilateral propuesta por Montoro, que aún no tiene fecha, no sea “una trampa”. Montero piensa que si el presidente estuviera dispuesto a recurrir la ley “ya lo habría hecho”, porque el coste político de paralizarla después de su entrada en vigor, sería mucho más elevado, ya que levantaría en pie de guerra a todo el funcionariado andaluz.

La misiva de Montoro también advierte de que es el Estado quien ostenta las competencias para regular el horario laboral de los empleados públicos, y no las comunidades, tal y como estableció la sentencia del Constitucional que tumbó la reposición de la jornada de 35 horas en Castilla-La Mancha y País Vasco. Durante el pleno del Parlamento andaluz en el que fue aprobada la ley, también salió adelante una proposición no de ley que instaba a Rajoy a revertir esta norma para toda España, poniendo fin a las políticas “austericistas” que viene aplicando desde el inicio de la crisis, informa Público.

Eduardo Garzón: Las pensiones no están en riesgo sino el negocio del capital financiero

Las pensiones no están en riesgo; está en riesgo el negocio del capital financiero. Las pensiones siempre han supuesto un asunto muy complejo y polémico. Complejo porque nuestras comunidades occidentales han diseñado un sistema institucional para el pago de las pensiones muy sofisticado que no resulta intuitivo ni fácil de comprender para quienes no se han adentrado mínimamente en él. Y polémico porque al mover mastodónticas cantidades de dinero resulta un botín enormemente atractivo para el capital –particularmente el financiero–, que intenta por todos los medios socavar las bases del sistema público y poder así “liberar” el dinero para hincarle el diente.

En cualquier caso, cuando hablemos de pensiones nunca podemos perder de vista varias cosas importantes que desgraciadamente se suelen olvidar. La primera de ellas es que lo que verdaderamente importa en este asunto no es la cantidad de dinero que haya o deje de haber (en el sitio que sea) para pagar las pensiones, sino si nuestras comunidades son capaces de garantizar un nivel de vida determinado a todas aquellas personas que por edad o incapacidad no estén recibiendo un ingreso por su trabajo. El dinero no nos da de comer, ni nos viste, ni nos cuida, ni nos educa, etc; todo eso lo hacen otras personas con su fuerza de trabajo y ayudadas por máquinas y herramientas, aunque en este sistema económico monetizado lo hagan a cambio de dinero. El dinero no es ni más ni menos que un invento del ser humano para facilitar y poner en marcha esas transacciones y esos servicios; y como tal, puede ser incrementado o reducido a voluntad o incluso sustituido por otro catalizador y medidor que sirva a tal efecto.

Por decirlo de otra forma: mientras tengamos suficientes personas en nuestras comunidades dispuestas a y capacitadas para realizar las actividades que necesitan los pensionistas para vivir bien (cuidar, proveer de alimentos, medicamentos, ropa, calzado, educación, cultura, ocio, etc), el asunto de ver cómo ponemos a estas personas a trabajar será secundario. Podríamos crear más dinero, o pedir dinero prestado, o incrementar los impuestos, o diseñar nuevos medios de pago, o rearticular nuestro sistema de producción y distribución, etc. El “problema” sería menor, de carácter organizativo, y no de falta de recursos y capacidades.

Ni que decir tiene que éste es el caso de nuestras sociedades desarrolladas: los intensísimos avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas permiten que hoy día podamos aspirar a un nivel de vida que difícilmente podíamos imaginar hace unos cuantos años. Somos capaces de lograr verdaderos milagros: ponemos a los robots a trabajar por nosotros y a explorar otros planetas, viajamos a la luna, curamos enfermedades que hace poco creíamos incurables, nos comunicamos en tiempo real independientemente del lugar del planeta en el que estemos, viajamos volando de un extremo a otro del globo terráqueo en unas cuantas horas, accedemos a toda la información y conocimiento con sólo un click, etc. Es más que evidente que nuestra capacidad tecnológica nos permite garantizar un nivel de vida digno a toda la población, incluidos los pensionistas, evidentemente. De ahí que no debamos consentir que nos digan que tenemos que vivir peor que antes, por ejemplo, cobrando menores pensiones, porque no es cierto.

Otra cuestión que suele ser olvidada es que los pensionistas no son las únicas personas que no reciben un ingreso por participar en el mercado laboral. De hecho, las que lo hacen suponen solamente algo más de una persona de cada tres, el 36% de la población. El resto: niños hasta los 16 años, personas inactivas, paradas y jubilados suponen el restante 64%. Es decir, en nuestras sociedades altamente monetizadas basta con que ingrese dinero una de cada tres personas para que todo el mundo pueda vivir. Así ha sido además incluso con porcentajes de ocupación inferiores. Por lo tanto, que nos quede bien claro que las sociedades desarrolladas se mantienen perfectamente aunque las personas que ingresen dinero sean minoría. Claro que hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las personas inactivas, paradas y jubiladas realizan esas actividades de las que hablábamos que son necesarias para la vida (cuidados, provisión de alimento, de ropa, etc) aunque no cobren ni un solo euro por ello. Por eso no podemos perder de vista que lo importante es el trabajo físico e intelectual que se realiza para que vivamos bien, y no el dinero que se canalice de una u otra forma.

En tercer lugar, resulta que ni siquiera nuestro actual sistema público de pensiones se financia con todo ese dinero que se moviliza en el mercado laboral, sino que se nutre casi exclusivamente de una pequeña parte del mismo: las cotizaciones sociales. Esta figura se calcula a partir de los salarios que los empleadores declaran pagar (que, como sabemos, ni siquiera suelen ser el total de los salarios realmente pagados), por lo que suponen sólo una pequeña proporción de todo el dinero que se moviliza en el mercado laboral. Esto sólo ocurre, por cierto, en 8 de los 28 países de la Unión Europea; en el resto la financiación de las pensiones se complementa con otras fuentes de dinero . En consecuencia, con nuestro sistema actual limitamos voluntariamente la capacidad de pagar las pensiones al volumen y nivel de salarios pagados, dejando al margen todo aquel dinero que se moviliza al margen de los salarios: beneficios empresariales, plusvalías, dividendos, intereses de préstamos, etc. De ahí que tras la brutal caída del número de trabajadores y de la cuantía de los salarios experimentada desde 2009 (así como el incremento de prejubilaciones y de reducción de cotizaciones sociales) el sistema actual se haya vuelto insostenible: ingresa menos dinero de lo que paga en pensiones.

Pero que no nos confundan: el sistema es insostenible ahora porque lo han dinamitado con reducciones discrecionales de cotizaciones sociales y con políticas de austeridad y reformas laborales que han disparado el paro y disminuido los salarios, no porque en esencia el sistema estuviese mal pensado (de hecho, había funcionado siempre bien hasta la aplicación drástica de políticas de austeridad a partir del año 2010). Los grandes capitales financieros en su alianza con los mediáticos llevan desde los años 80 del siglo pasado alertando constantemente de que el sistema de Seguridad Social iba a quebrar en los años siguientes. No acertaron en ninguna de sus innumerables predicciones, y sólo lo hicieron 30 años más tarde y de casualidad cuando irrumpió la segunda crisis económica más profunda del siglo XX. Era una estrategia evidentemente interesada para meter miedo y empujar a la gente a firmar planes de pensiones privados que incrementarían los bolsillos de los propietarios de los bancos. Una estrategia compartida también por los propios gobernantes, que ya hace tiempo legislaron para que todos aquellos que contrataran planes de pensiones privados tuviesen bonificaciones fiscales.

También es imprescindible que dejemos de pensar en términos demográficos cuando hablemos de pensiones. Por muy intuitivo que pueda parecer, no nos debe importar la relación entre número de pensionistas y de trabajadores. Ése es el debate en el que se encuentra cómoda la élite capitalista porque le resulta favorable a sus intereses: le basta con aferrarse al fenómeno del baby boom y al envejecimiento de la población para advertir de la insostenibilidad del sistema público de pensiones y sugerir su privatización. Pero la realidad es que la cantidad de jubilados y trabajadores no define la sostenibilidad del sistema; lo hace la productividad. Si el mismo número de trabajadores crean ahora más producto que antes, serán capaces de atender las necesidades de mayor número de jubilados que antes. Por lo tanto, lo que importa no es tanto la relación entre el número de trabajadores y de pensionistas sino la cantidad de riqueza que sean capaces de generar los trabajadores. Y cuando hablamos de generar riqueza no nos estamos refiriendo a la cantidad de cotizaciones sociales que se pagan en el mercado laboral, sino a la cantidad de necesidades de los jubilados que son capaces de cubrir las personas de nuestra sociedad (trabajadoras dentro del mercado laboral y fuera).

Si imaginamos una comunidad en la que sólo hubiese una persona cubriendo las necesidades de toda la población jubilada, entenderíamos que esa persona tendría muchísimo trabajo por delante porque tendría que proveerles la alimentación, la vestimenta, el calzado, los medicamentos, los cuidados, los productos de consumo, etc. Pero imaginemos también por un momento que el desarrollo tecnológico ha avanzado tanto que nuestro protagonista podría cubrir todas esas necesidades gracias a la ayuda de todo tipo de robots y de máquinas. En ese caso, veríamos claro que lo importante no es la relación entre el número de trabajadores y el número de jubilados, sino la productividad que los trabajadores tengan (la cantidad de bienes y servicios que sean capaces de crear). Y la productividad en nuestras comunidades no ha dejado de aumentar a ritmos vertiginosos gracias al progreso tecnológico: hace cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el 5%, pero ese 5% produce mucho más que el 30% anterior. Y sabemos que el progreso tecnológico continúa liberándonos de grandes cargas de trabajo.

Además, tampoco es que el objetivo de asegurar las pensiones sea muy ambicioso: en nuestro país tenemos un sistema de pensiones públicas muy poco generoso que no requiere demasiado gasto público. Estamos muy por debajo de la media europea: según datos de Eurostat, gastamos 2,3 puntos porcentuales del PIB menos que la media de la Eurozona en pensiones de jubilación (y 0,8 puntos porcentuales menos en el total de pensiones). El 70% de las pensiones pagadas no superan los 1.000 euros mensuales. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. Y aunque el gasto total irá aumentando con el tiempo debido a la evolución demográfica, se estima que en 2030 nuestro gasto en pensiones será prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania.

En definitiva: hoy día tenemos capacidad de sobra para cubrir las necesidades de todos los jubilados, ya sea mediante un incremento de ingresos por cotizaciones sociales derivado de un aumento del empleo, mediante la agregación de nuevas fuentes de financiación de las pensiones, o incluso mediante cualquier otro tipo de medio de pago (propio o ajeno a este sistema económico). El problema, como siempre, es político-económico y no técnico, y concretamente de redistribución de la renta y riqueza. Los enemigos de lo público llevan muchos años intentado deteriorar el sistema de pensiones con el objetivo de que gane atractivo su oferta alternativa.

Una alternativa basada en planes de pensiones privados gestionados por entidades financieras que, por cierto, sólo sirven para acrecentar las fortunas del capital financiero porque ni siquiera garantizan una rentabilidad mínima al ahorrador: según un estudio de la IESE Business School , de 313 fondos privados de pensiones españoles, 58 tuvieron rentabilidad negativa (los ahorradores perdieron dinero) y 233 tuvieron una rentabilidad mínima, inferior al IBEX-35 y a la deuda pública. Un robo a mano armada (otro más) que no podemos consentir bajo ningún concepto. Salgamos a la calle y expliquémosle a todo el mundo que el sistema de pensiones públicos es perfectamente sostenible si hay voluntad política, que nadie se tiene por qué quedar sin cobrar su pensión pública, y que ni se les ocurra contratar un fondo privado de pensiones.
Eduardo Garzón

Los sindicatos convocan una semana de movilizaciones

Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a participar en las más de 60 manifestaciones convocadas en todo el territorio nacional desde hoy hasta el domingo para exigir más y mejor empleo. Bajo el lema 'Las personas y sus derechos lo primero, defiéndelos', CCOO y UGT invitan a la movilización a todos los ciudadanos para reivindicar más y mejor empleo, salarios "dignos", pensiones "suficientes" y sostenibles y una renta mínima contra la pobreza y la desigualdad.

Convocatoria Estatal de la Marea Pensionista: jornada de lucha el 20-D

La Marea Pensionista de Catalunya, sumándose a la convocatoria estatal de la Marea Pensionista, llama a una jornada de lucha el próximo dia 20 en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona a las 18 h, con el fin de presionar al gobierno del PP para solucionar la viabilidad de las pensiones expoliadas durante el mandato de Rajoy, con nueve puntos sobre la mesa vindicativa: 1) Que las pensiones se contemplen en los presupuestos Presupuestos Generales del Estado como un gasto más, sin eliminar cuotas de trabajo, más bien recuperándolas y con las cotizaciones recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El PP quiere a Ciudadanos para no subir las pensiones

La Mesa del Congreso debate este martes la relación del poder legislativo con el Gobierno, cuando este último decide vetar acuerdos parlamentarios con el argumento de que tienen implicación en el presupuesto. Sobre la mesa hay 14 nuevos vetos planteados por Moncloa y, entre ellos, el que podría impedir adaptar las pensiones de 2017 a la subida del IPC.

4,7 millones de pensionistas cobran menos del salario mínimo

4,7 millones de pensiones, prácticamente la mitad de los 9,3 millones que se abonan mensualmente, cobran cuantías inferiores a la que fija el salario mínimo, situado en 655 euros hasta ahora y en 707 a partir del año próximo. Según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, casi 700.000 pensionistas cobran al mes cantidades inferiores a los 300 euros.