diumenge, 12 de juny de 2016

Explotación laboral con Rajoy: se hacen 241.300 horas extra, 158.000 no pagadas

Eduardo Garzón Espinosa: En la actualidad se realizan 5.979.300 horas extraordinarias a la semana, de las cuales el 56% no son pagadas (3.348.100). Hoy se hacen 241.300 horas extraordinarias más que cuando Rajoy llegó al poder, 158.000 no son pagadas. La explotación laboral ha aumentado. Si todas esas horas se trasladasen a nuevos empleos a tiempo completo hablaríamos de la generación de unos 171.000 puestos de trabajo. Si sólo lo hiciesen las horas no pagadas la creación de empleo sería de 96.000.

Para hacernos una idea fiel de cómo evoluciona el empleo en España no debemos mirar el número de trabajadores, ya que algunos pueden estar trabajando a tiempo completo y otros no.


Lo importante es mirar las horas totales trabajadas, ya que éstas nos dicen efectivamente cuánto trabajo se realiza, y por lo tanto cuánta renta y riqueza se genera en España. Pues bien, en la actualidad se realizan 8.204.800 horas de trabajo a la semana menos que hace cuatro años, cuando Rajoy llegó al poder. Ergo hay menos trabajo, y generamos menos renta y riqueza que entonces.

Necesitamos combatir el fraude laboral para que se respete la ley. De esta forma evitaríamos importantes abusos y al mismo tiempo el noble objetivo de repartir el tiempo de trabajo, creando así más empleo.

Valencia: miles de contratos a dedo del PP durante años


Las contrataciones irregulares en el ámbito de los hospitales de la Comunitat son algo «habitual, frecuente y semanal». Con esta claridad se pronunciaba Andrés Cánovas, portavoz del Sindicato Médico, y otros responsables de CSI-F y organizaciones sindicales médicas después de conocerse la grabación en la que una doctora recibía presiones de dos responsables sanitarios del Hospital Clínico para renunciar a una plaza a la que tenía derecho por la bolsa de trabajo. Más de 3.000 contratos mensuales o de duración de días (temporales) estarían bajo sospecha «en los principales hospitales valencianos, en todos», subrayó Cánovas. El cálculo del Sindicato Médico es de unos 1.200 en La Fe, unos 1.000 en el Clínico y alrededor de 900 en el Hospital Doctor Peset, los tres principales de la Comunitat.

La mafia de la Púnica pagó la campaña del PP en Madrid

Los investigadores del caso Púnica han encontrado otra presunta vía de financiación ilegal del Partido Popular. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que firmas adjudicatarias de contratos públicos en la Comunidad de Madrid costearon actos electorales de la formación o en su beneficio abonando directamente los gastos de esos eventos a la empresa que los organizó, Waiter Music SL, una de las mercantiles implicadas por el juez Eloy Velasco en la trama de corrupción liderada por el exsecretario de Organización del PP de Madrid Francisco Granados. Los datos de esas facturas figuran en el sumario desde el comienzo de la instrucción pero la parte del caso relacionada con Waiter Music era una de las que iban más retrasadas. En las últimas semanas se han producido avances que han permitido descubrir el presunto trasvase irregular de fondos al PP a través de la firma de eventos. Los dos administradores de Waiter Music, José Luis Huerta y Ana Isabel Soria, se encuentran entre el centenar de imputados en el procedimiento.

La investigación se ha centrado en los pagos que realizaron a esa empresa nueve grandes compañías que tienen en común haber sido adjudicatarias de contratos autonómicos o municipales en la Comunidad de Madrid. Según recogen las declaraciones de Waiter Music a la Agencia Tributaria y que también figuran en el sumario, FCC Construcción le habría pagado 251.557 euros en 2004 y 299.601 euros en 2007; Acciona Infraestructuras SA, 33.292 euros en 2004; Ferrovial Agroman, 33.292 euros en 2004; Dragados Obras y Proyectos, 20.936 euros en 2004 y, la matriz Dragados, 358.208 euros en 2007; OHL, 16.646 euros en 2004; Sacyr, 16.646 euros en 2004 y 89.552 euros en 2007; Urbaser, 9.117 euros en 2007, 59.000 euros en 2010, otros 59.000 euros en 2011, 35.400 euros en 2012 y 36.300 euros en 2013; la UTE FCC-Acciona, 6.844 euros en 2011; y Cespa (Ferrovial), 35.400 euros en 2012 y 36.300 en 2013. En total, 1.397.091 euros.

Los nombres de estas grandes compañías aparecen junto a los del resto de clientes de Waiter Music en el periodo analizado, de 2004 a 2014. La mayoría son ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP. Tras un primer análisis, los investigadores ya acusaron a Granados de actuar de intermediario para que consistorios controlados por su partido adjudicaran la celebración de las fiestas populares a esa empresa a cambio de una comisión. El propio exdirigente popular figura como cliente de Waiter Music en 2004 con el pago de 6.992 euros. Y la UCO ha encontrado documentación que demostraría que esa firma asumió los 12.486 euros que costó la fiesta de 44 cumpleaños de Granados en 2008.

Pero los investigadores han demostrado ahora que el PP también se benefició de la trama de Waiter Music. Según fuentes cercanas al caso, los agentes han concluido que los importes abonados por constructoras y empresas de servicios tenían como objetivo asumir el coste de eventos contratados por el PP de Madrid o para beneficiarlo electoralmente y apuntan a que esos pagos se hicieron como contraprestación por licitaciones públicas que concedieron administraciones gobernadas por esa misma formación.

El propio PP habría contratado en al menos tres ocasiones a Waiter Music SL, confirmando su relación con la empresa. En concreto, en 2008 le pagó 25.000 euros; en 2010, otros 31.737 euros; y en 2011, 23.600 euros. La formación recibió las facturas con el NIF G28570927, utilizado tanto por el PP nacional como por sus delegaciones territoriales. Sin embargo, fuentes próximas al caso han precisado que las contrataciones fueron realizadas por el PP madrileño. Los agentes sospechan que esos importes solo reflejan una parte del coste real de los actos. La diferencia con el verdadero precio fue supuestamente asumido por otros pagadores de la firma de eventos.

Se trata de la segunda derivada de Púnica que desemboca en un presunto caso de financiación irregular del PP. El juez Velasco mantiene bajo secreto la pieza separada número 14 de Púnica en la que investiga las presuntas donaciones ilegales al partido que varios empresarios entregaron a Granados y este anotó en una agenda, localizada por la Guardia Civil en los registros. El principal acusado por esas donaciones es el directivo del Grupo Villar Mir y OHL Javier López Madrid, que aparece en la libreta únicamente con sus iniciales. Habría entregado al presunto cerebro de Púnica 1,6 millones de euros del total de 2.060.000 euros manuscritos por Granados. Ahora, OHL aparece de nuevo como presunto donante del PP a través de Waiter Music con el pago de 16.646 euros en 2004.

Granados también habría sido el encargado de gestionar la presunta financiación ilegal del partido a través de la empresa de eventos. Durante la investigación, los agentes de la UCO detectaron numerosas comunicaciones y citas entre el presunto líder de Púnica y José Luis Huerta. “Queda apuntado lo que, a juicio policial, puede ser la relación de Granados con [José] Luis Huerta Valbuena, esto es, el primero actúa de 'conseguidor' de las empresas del segundo, recibiendo luego algún tipo de contraprestación”, consideraron los investigadores en la primera fase del caso. Lo que aún no se sabía es que esa relación también sirvió para sufragar actos electorales del PP.

El funcionamiento de esta otra vía de presunta financiación ilegal de los populares sería casi idéntica a la que se descubrió en Gürtel. El instructor de esa otra causa, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, considera acreditado que empresarios de la construcción y contratistas públicos abonaron actos del PP organizados por las firmas de eventos de la red del cabecilla Francisco Correa, entre ellas, Special Events, Easy Concept Comunicación, Good & Better, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, informa El Confidencial.

Los dos casos de corrupción que acorralan al PP en su feudo más fascista, Castilla-León


En la pasada campaña electoral el nazicatólico presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), mentía, con la arrogancia habitual en la mafia del PP, diciendo que no estaba "en el mapa de la corrupción". Hoy, el cerco policial se estrecha sobre altos cargos de la Consejería de Economía y el propio Herrera, que el pasado martes se vio obligado dar explicaciones después de que dos informaciones le apunten como conocedor y encubridor de los dos casos. Juan Vicente Herrera se ha visto obligado a dar explicaciones por las dos investigaciones de corrupción que apuntan a altos cargos de la Junta. En ambas coinciden los protagonistas, todos vinculados a la Consejería de Economía y a los que se imputan delitos de tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Sólo en la trama eólica se barajan comisiones de 110 millones de euros, repartidas entre la mafia criminal del PP, que deja su marca España de corrupción allá por donde pasan sus indecentes delincuentes.

UGT denuncia el Patronat de Montserrat per vulnerar el dret de vaga

La UGT de Catalunya ha interposat una denuncia contra el Patronal de la muntanya de Montserrat per haver vulnerat el dret de vaga dels treballadors del cremallera i el funicular. Segons el sindicat durant la primera jornada de vaga, el Patronat va contractar un servei substitutori d'autobusos, cosa que comporta "uns serveis mínims encoberts". Aquests operaris tenen un conflicte laboral amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, empresa que assumeix el transport del cremallera. Dissabte passat van fer la primera de les 14 jornades de vaga decidides per l’assemblea i durant aquesta mobilització es van produir els fets denunciats. La presidència del Patronat correspon al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont (CDC), i la vicepresidència a l'Abat del Monestir (foto).

Com el transport des de la base de la muntanya fins al monestir és considerat un servei turístic no essencial, no s’han declarat serveis mínims durant les aturades. Tot i així, diumenge passat el Comitè d’Empresa va detectar estupefacte com un servei alternatiu d’autocars substituïa el trànsit habitual del cremallera. Posteriorment, va poder constatar que aquest servei va ser contractat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, segons comunica el sindicat. UGT ha denunciat els fets esmentats a la Inspecció de Treball, instant-la a reconèixer que el Patronat ha vulnerat el dret a vaga. Per la seva banda Inspecció ha informat que investigarà els fets i que romandrà disponible aquest diumenge per actuar en cas que la situació es repeteixi durant la segona jornada de les aturades convocada.

Diumenge, 12 de juny s’ha convocat una concentració per tallar els accessos per carretera a la muntanya de Montserrat (10:30 hores) a l’inici de la carretera BP-1121 (desviament de la C-55). Posteriorment hi ha prevista una marxa lenta de pujada a Montserrat. Les aturades parcials s’han convocat per denunciar el bloqueig de les negociacions del nou conveni. En primer lloc, les millores que proposa FGC al comitè no suposen la recuperació de les retallades que els treballadors i les treballadores pateixen des del 2010. Un segon motiu per a la UGT és l’incompliment per part de l’empresa de l’anterior conveni col·lectiu, que tenia vigència fins al 2012.

La plantilla del cremallera i els funiculars de Montserrat que està formada per 50 treballadors i treballadores, denuncia les desigualtats de les seves condicions laborals t respecte als treballadors de les Línies Metropolitanes de la mateixa companyia, i demanen a FGC l’equiparació de les condicions del Conveni de Turisme i Muntanya amb el de la xarxa principal. A més de diumenge la convocatòria està prevista per als diumenges 19 i 26 de juny, de 10 a 14h i de 15:10h a 18:10h; i els dies 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 29 i 30 de juny, de 9:30 a 12:30h, informa Diari del Treball.

Estructura del Patronat de Montserrat


La Presidència s'erigeix en la figura del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont (CDC). La Vicepresidència s'erigeix en la figura de l'Abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat. La Comissió Executiva està formada pels membres següents:

El president, nomenat lliurement pel mateix president de la Generalitat. Cinc representants de la Generalitat designats respectivament pels consellers d’Interior, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Empresa i Ocupació. Un representant de la Diputació de Barcelona escollit per aquesta. Un representant dels municipis del Bruc, de Collbató, de Monistrol de Montserrat i de Marganell, el nomenament i la renovació del qual corresponen als quatre ajuntaments per acord entre ells. Un representant de l'Administració de l'Estat designat per aquesta. Dos representants del Monestir de Santa Maria de Montserrat designats per l'Abat.

Varoufakis: Mantener la unidad de la izquierda de manera progresista y eficaz. Lecciones desde Grecia y España

La experiencia de Syriza pesa en la conciencia colectiva de la izquierda europea. Es importante que aprendamos de esta experiencia y resurjamos más unidos, progresistas y eficaces en la tan apremiante como necesaria consecución de una agenda paneuropea humanista. En enero de 2015 fuimos elegidos para enfrentarnos al catastrófico «programa» griego de la troika y, al hacerlo, reiniciar Europa. Pocos meses después, nuestro Gobierno fue derrotado y peor aún, Syriza fue dividida en tres grupos: aquellos que permanecieron en el Gobierno, junto a Alexis Tsipras; aquellos de nosotros que permanecimos políticamente activos, pero que dejamos Syriza; y un grupo más grande, gravemente herido, que se fue a casa demasiado decaído para seguir luchando.

No es la primera vez que la derrota de la izquierda causa escisiones, divisiones y tristeza, incluso conflictos fratricidas. Hay dos maneras de evitar esto. Una es ganar, y, por consiguiente, evitar las repercusiones de la derrota. Sin embargo, aunque tengamos que hacer lo necesario para ganar, es imperativo que sepamos cómo evitar una guerra civil en la secuela de las batallas perdidas. Más adelante volveré sobre lo que necesitamos hacer para ganar, pero en primer lugar siento la necesidad de compartir algunas de las lecciones, arrepentimientos y orígenes de la derrota de Syriza del último verano.

En la noche del referéndum del 5 de julio de 2015, Alexis Tsipras y yo discrepamos sobre lo que debíamos hacer. ¿Debíamos interpretar el 62% de votos a favor del OXI (no) como el coraje para llevar nuestro enfrentamiento con la troika aún más lejos? ¿O debía el primer ministro, en cambio, forjar una alianza con la oposición protroika para rendirnos a las demandas de los acreedores? Existían poderosos argumentos en ambas partes, pero este no es el lugar para relatarlos. Claramente discrepamos y, como resultado, decidí abandonar el Gobierno, incapaz de apoyar la decisión del primer ministro. Sin embargo, en ese momento, mi mayor preocupación fue evitar que dicho desacuerdo fragmentara a nuestro partido y dividiera a nuestra gente.

Para prevenir que el desacuerdo se tradujera en una división, presenté la siguiente propuesta: que ambas partes del debate reconocieran que la otra parte contaba con razones de peso a su favor. Que reconociéramos que se trataba de una decisión verdaderamente difícil (tanto para Alexis como para mí), lo que, por definición, significaba que nuestras decisiones opuestas eran igualmente bien intencionadas, igualmente defendibles e igualmente de izquierdas. De esta manera, pronuncié un discurso en el Parlamento implorando a todos nuestros diputados en la Cámara y a sus simpatizantes fuera de ella para respetarnos los unos a los otros (aceptando que cada bando tenía sus razones) y que éramos compañeros que simplemente discrepaban.

Mi exposición, inicialmente, pareció encontrar suelo firme. Mi sucesor en el Ministerio de Finanzas, Euclid Tsakalotos, usó la misma línea de argumentación tanto en el Parlamento como dentro del partido. Cuando menos, nuestro discurso pretendía mantener al partido unido a pesar del fuerte desacuerdo en nuestra actitud hacia la troika y la oposición estaba frustrada por: (A), la decisión de la dirección de expulsar de Syriza a cualquiera que votara a favor del nuevo memorando y (B) la decisión de muchos compañeros de formar el partido Unidad Popular en oposición a Syriza.

A pesar del fracaso de nuestro discurso unificador, que llevó a Syriza a una división en tres partes, todavía creo que el mismo tiene mucho valor para la izquierda, tanto dentro como fuera de Grecia. Sigo convencido de que la izquierda debe aprender a preservar la unidad a pesar de un fuerte desacuerdo interno en cuanto a lo que su Gobierno debe o no debe de hacer. Ningún sector del partido debe nunca imponer su punto de vista al otro con la amenaza de una expulsión. Y ningún sector debe poner como condición a su participación en la coalición, que sus opiniones prevalezcan sobre aquellos que discrepan.

Volviendo ahora la cuestión de cómo evitar la derrota, la experiencia de Syriza muestra lo crucial que es que la dirección y el partido acuerden de antemano dónde están las líneas rojas colectivas. Cuando me uní a Alexis Tsipras y a Syriza pensé que teníamos un entendimiento sobre tres de esas líneas rojas, los tres requisitos mínimos para permanecer en el gobierno:

.Lograr una importante reestructuración de la deuda.

.Contener la austeridad (es decir, reducción en el objetivo principal de superávit al 1,5% del PIB)

.Recuperar la soberanía nacional sobre las privatizaciones.

También teníamos un acuerdo para imponer una quita a los bonos del Gobierno griego en manos del Banco Central Europeo si éste cerraba nuestros bancos para forzarnos a ir más allá de nuestras tres líneas rojas. Y que, si ocurría lo peor de lo peor, dimitiríamos antes que cruzarlas. Claramente me equivocaba, mientras la troika estaba en lo cierto: aquellas tres líneas rojas no eran «reales». Pese a lo que publicaron algunos medios, estos desacuerdos en ningún caso me llevaron a alimentar divisiones. No apoyé a la escisión de Syriza en las elecciones en Grecia porque si bien sabía que eso les llevaría al parlamento, también era consciente de que pondría en peligro la mayoría de Tsipras. Siempre he pensado que las divisiones no son el camino y en las elecciones es donde más se evidencia ese error.

Mirando hacia el futuro, hacia las elecciones generales españolas del próximo 26 de junio, es crucial que Unidos Podemos no cometa el mismo error respecto de la troika. Que su dirección trabaje plenamente sobre cuáles son sus líneas rojas. Y que le diga al electorado español cuáles son, atándose a ellas como Ulises se ató al mástil del navío para prevenir que fuera encandilado por el canto de las sirenas. Por encima de todo, Unidos Podemos debe señalar a los posibles socios de coalición, y al Eurogrupo, que estas líneas rojas no son negociables. Todo lo demás lo es, pero no las líneas rojas aceptadas en común (sean las que Unidos Podemos decida que sean).

El pasado año en Grecia estuvimos en lo cierto al proclamar que «la esperanza se acercaba». Este año en España, la izquierda acertará si puede pasar de «Podemos» a «Hagámoslo» unidos. Lo que ahora deben hacer es explicar claramente qué es ese «lo», comprometerse a respetar las líneas rojas comunes de la coalición hasta el final y, pase lo que pase, procurar que sus filas permanezcan unidas, incluso cuando los desacuerdos internos sean fuertes, informa Público.

Varoufakis reta a Rivera a debatir "política en serio"

El exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha respondido este viernes en su blog a las declaraciones de Carina Mejías, líder del grupo municipal de Ciutadans en Barcelona, que denunciaba al consorcio de despilfarrar dinero público en sus dos visitas a la ciudad condal. "El período electoral en España ha comenzado, y con él la campaña del fango" ha apuntado Varoufakis sobre el inicio de campaña de Ciudadanos en Catalunya. En octubre pasado, el ex ministro participó como uno de los cinco ponentes en un ciclo que había programado el anterior ejecutivo de Xavier Trias (CiU) bajo el título DO Europa y que se celebró en el Born Centre Cultural.

La corrupta Susana Díaz colocó al inepto de su marido a robar en 102 cursos

Infografía de medios audiovisuales, diseño web y multimedia, técnico de sonido, formador ocupacional, inglés de atención al público, automatismo de control programable, analista programador o azafata auxiliar de congresos. Estos son algunos ejemplos de la larga y dispar lista de cursos de formación en los que participó el marido de la presidenta de la Junta de Andalucía, José María Moriche, y que impartió la UGT-A entre los años 2008 y 2011. El consorte de Susana Díaz ingresó de media unos 1.400 euros brutos al mes. Ahora, la Administración andaluza exige al sindicato el reintegro de 12.419.266,60 euros al advertir diversas irregularidades. Algunas afectan a las nóminas del esposo de la líder socialista. En total, y desde que Moriche accedió a la plantilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), una fundación de la Unión General de trabajadores de Andalucía encargada de impartir los cursos de formación, el marido de Díaz participó en 102 cursos que se distribuyen en tres expedientes.

De ellos, la Junta de Andalucía reclama el reintegro de 9.344.815,22 euros más los correspondientes intereses de demora (12.419.266,60 euros) del expediente 98/2008/J/2044, en el que Moriche participó en 68 cursos. En otros casos, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que antes dirigía la jueza Mercedes Alaya, tiene en su poder el conocido expediente 98/2009/J/217 (con 28 cursos “impartidos” por Moriche), en el que la Junta concedía al mencionado sindicato ocho millones de euros y que está presuntamente repleto de irregularidades, según la tesis de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Cámara de Cuentas. Por último está el 98/2009/M/2111 (incluye seis cursos en los que participó el marido de Díaz), que está siendo investigado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sin que haya trascendido el montante subvencionado por la Junta para impartir los cursos para la formación profesional para el empleo.

En los tres expedientes aparece el nombre de José María Moriche ligado a los cursos en el concepto de “Otras actividades docentes” y su nómina, que ascendía de media a unos 1.400 euros brutos más otros 400 de los seguros sociales, también imputados a los cursos. En relación a este asunto, según consta en el documento de resolución de reintegro del expediente 98/2008/J/2044, firmado por el director General de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín, “no se admiten los gastos declarados en el concepto ‘Nóminas’ del apartado A03 que corresponde a ‘Otras actividades docentes’ y B10 que se corresponde con el apartado ‘Administración y gastos generales”.

El expediente de reintegro, fechado el 28 de octubre de 2015, detalla que los responsables de IFES “imputan el 100% de las nóminas declaradas, cuando dicho personal no tienen en el objeto del contrato tareas relacionadas con las actividades formativas subvencionadas, sino que se trata de personal propio de la entidad beneficiaria”. Así se confirma en una de las nóminas de Moriche de septiembre de 2009, en la que consta que el marido de Díaz figuraba como Auxiliar administrativo de la Sección estructural de la delegación de la entidad pagadora, IFES Andalucía. El montante líquido a percibir ascendía a 1.165,12 euros una vez descontada la correspondiente retención del IRPF. Queda, según entiende la Junta de Andalucía, probado que José María Moriche no desarrollaba una labor docente en los cursos que impartía la UGT-A a través de IFES. Y contradice así a los beneficiarios de la subvenciones que aseguran que el marido de la líder socialista se encargaba de actividades relacionadas con la “preparación, tutoría y evaluación” de los cursos de formación.

El nombre de José María Moriche salía hace días en la comisión de investigación sobre los fondos de formación en el Parlamento andaluz. La presidenta de la Junta comparecía y en una de sus intervenciones trató de zanjar las dudas que el PP venía planteando sobre su marido. La líder socialista catalogó de “insidias” y “calumnias” que generan indefensión a un “trabajador”, de los 3.000 que tenía el IFES. También admitió que las nóminas de su consorte durante esos años ascendían a los 1.200 euros. “Me he casado con un tieso, sí y qué pasa”, cuestionó Díaz.

Así contestó la presidenta a las cuestiones de la portavoz popular, Teresa Ruiz Sillero, que preguntó a Díaz por el dinero que había entrado en su casa procedente de los cursos de formación para el empleo. “No respondió a nada, ni a la firma del convenio con UGT ni sobre su propia vida”, valoraba días después la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, a quien la expresión “tieso” no le parecía “nada seria”. “Hay personas que viven con 400 euros o que no tienen nada para llegar a final de mes”, argumentó la líder popular, quien subrayó que el término utilizado por Díaz para definir a su marido resultaba “poco ético para los que están en desempleo”.

López también ironizó con la idea de que Moriche, “más que un tieso era un manitas porque si, según dijo Díaz, era auxiliar administrativo y se encargaba de transportar cajas y responder llamadas telefónicas”, se preguntaba la portavoz popular “cómo aparece como tutor y evaluador de 46 cursos de azafata, de informática o de inglés”. “Más que un tieso era un manitas", insistía Dolores López, “o había una mano detrás que mecía la cuna”. Según la tesis de los populares, la presidenta utilizó a su marido como cortina de humo para evitar hablar “de las irregularidades que existen” y se preguntan si la estrategia de Díaz responde a evitar este tema “porque quizás tiene mucho que ocultar”.

De una ortopedia a la UGT

José María Moriche estudió en el colegio Vicente Aleixandre, conocido como el Triana en el barrio. “Era un alumno regularcillo”, define un antiguo compañero. Se desconoce si acabó los estudios de Formación Profesional que empezó cuando acabó la enseñanza obligatoria. Su vida laboral arranca en el año 1992 trabajando para Manuel García Tello, fundador de un establecimiento de artículos de peluquería en Triana; un año después lo hace para BAMAR 2000 SA, empresa gestora del Gran Hotel El Coto de Almonte; y en 1998 de reponedor en una ortopedia en la avenida de Hytasa, en el barrio del Cerro del Águila de Sevilla. Después pasaría por la UGT. Su último trabajo conocido es en la cadena de librerías Beta, perteneciente al grupo ZZJ, un proveedor de Canal Sur. Díaz y Moriche se casaron en 2002 en la capilla de los Marineros de Triana, sede de la hermandad de la Esperanza de Triana. Moriche, al que sus amigos llaman 'el Canijo' o 'el Mori' es “un tío normal y corriente, de barrio", explica uno de los compañeros de partido de Díaz. Muchos de los que lo conocen coinciden: “Vida de tieso no lleva”, informa El Español.

El fascista Hollande le roba el título de "presidente de los ricos" a Sarkozy

El límite al impuesto sobre el patrimonio aprobado por Hollande afecta dos veces más favorablemente a los multimillonarios que el escudo fiscal de Sarkozy. Estadísticas tributarias reveladas por Le Canard lo atestiguan. Un solo ejemplo pone de relieve los excesos de la tributación "socialista": Liliane Bettencourt, la heredera del imperio nazi de L'Oreal, habría tenido que pagar más de 61 millones de euros de ISF en 2015, pero vio su contribución reducida a cero gracias al verdugo narcisista de la burguesía gala y colocador de su harén de fulanas, François Hollande.

Le Canard publica una lista de la DGFIP que enumera los efectos del límite del 75% para los contribuyentes más ricos, ocultando los nombres de los contribuyentes que no son figuras públicas, y que muestra tres columnas: la cantidad de millones de euros que se habría pagado sin la rebaja "socialista"; la reducción del impuesto generado por los cómplices del fascismo francés Hollande y Valls, y el ISF efectivamente pagado en el año 2015 por los mayores criminales del imperio francés, los que asesinan a su propio pueblo.

La síndica de Barcelona rebutja la reobertura del CIE

La síndica de Barcelona, Assumpció Vilà, ha criticat aquest divendres, 10 de juny, l'anunci de la reobertura del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca. Vilà ha comunicat en una nota de premsa que en aquest centre "s'han vulnerat, en diverses ocasions, els drets humans de les persones internes" i que "privar de llibertat i incomunicar ciutadans indocumentats o sense permís per residir en territori espanyol" és un procediment antidemocràtic.

La síndica ha reconegut que el seu càrrec "lamentablement" no té competències per actuar, ja que "les competències de la Sindicatura són únicament d'àmbit municipal, i el CIE és una instal·lació del Govern central". Per tant, el gest de Vilà és més una declaració de principis, i un avís, que no pas una altra cosa.Tot i això, ha afegit al respecte, que "en realitat, el consistori sí que té una potestat dins del centre: L'assistència jurídica dels interns la paga l'Ajuntament de Barcelona, fruit d'un conveni amb el Col·legi d'Advocats que es va signar el 2014". Quan el passat mes de novembre es va tancar el centre per obres, la plataforma Tanquem els CIEs, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, van posicionar-se en contra d'aquest tipus d'instal·lacions, i van demanar al Govern central que el CIE de la Zona Franca no reobrís.

Un portaveu de la Direcció Superior de Política ha explicat aquest dijous que el CIE reobrirà abans de les eleccions del 26 de juny i que, segurament, a finals de la setmana vinent les instal·lacions tornaran a estar en ús. Les entitats aplegades en la plataforma Tanquem els CIEs, amb l’objectiu de mobilitzar-se abans de la reobertura, han convocat pel 14 de juny una concentració a la plaça d’Urquinaona de Barcelona, perquè "la ciutadania deixi ben clar al govern espanyol en funcions que ni Catalunya ni Barcelona volen que es reobri", informa El Triangle.

Los dos casos de corrupción que acorralan al PP en su feudo más fascista, Castilla-León

En la pasada campaña electoral el nazicatólico presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), mentía, con la arrogancia habitual en la mafia del PP, diciendo que no estaba "en el mapa de la corrupción". Hoy, el cerco policial se estrecha sobre altos cargos de la Consejería de Economía y el propio Herrera, que el pasado martes se vio obligado dar explicaciones después de que dos informaciones le apunten como conocedor y encubridor de los dos casos. Juan Vicente Herrera se ha visto obligado a dar explicaciones por las dos investigaciones de corrupción que apuntan a altos cargos de la Junta. En ambas coinciden los protagonistas, todos vinculados a la Consejería de Economía y a los que se imputan delitos de tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Sólo en la trama eólica se barajan comisiones de 110 millones de euros, repartidas entre la mafia criminal del PP, que deja su marca España de corrupción allá por donde pasan sus indecentes delincuentes.

'Perla Negra' es el sobrenombre popular del Edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, en referencia al color de los cristales del inmueble y a la conocida película de piratas de Johnny Depp. El caso, en actualidad en instrucción, investiga también otra operación que se realizó para hacer un polígono industrial en Portillo. En ambos proyectos se produjo presuntamente un sobrecoste millonario. Las dos operaciones las realizó la empresa pública de gestión de suelo de la Junta, Gesturcal, actualmente absorbida por la Agencia de Desarrollo Económico (ADE). La investigación la impulsó la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2013, después de que las Fiscalías de varias provincias recibiesen un escrito de denuncia que firmaba el exdelegado de Gesturcal, Jesús Carlón y que llevaba por título 'El hundimiento impune de una empresa pública'.

El documento se elaboró en 2009, momento en que se llevó a cabo un ERE en Gesturcal, y se remitió no sólo a los trabajadores, sino también a los medios de comunicación de Castilla y León, que no se hicieron eco de la denuncia. En el escrito, Carlón detallaba que los trabajadores no habían tenido nada que ver en decisiones que pilotó el Consejo de Administración a través de personas y sociedades interpuestas. "La sociedad adquirió por decisión exclusiva de su Consejo de Administración el famoso edificio paramero", decía sobre el inmueble que se construyó en Arroyo de la Encomienda, una localidad del alfoz de Valladolid. Según Carlón, la operación "supuso el mayor pelotazo dado en esta región en democracia. Un edificio que en proyecto estaba valorado en 24 millones de euros fue adquirido por la empresa pública en 60 millones y menos mal que lo compró, porque el compromiso inicial, firmado en contrato, era un arrendamiento obligatorio por 70 millones en un plazo de 15 años. La salida a la luz del contrato en prensa evitó la consumación del disparate".

Cuatro años después de que se filtrase el escrito y cuando este llegó a la Fiscalía, la maquinaria judicial se puso en marcha. Casi un año después, en noviembre de 2014, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE) entraron en el Perla Negra para recabar toda la contabilidad correspondiente al periodo entre 2008 y 2014. A la vista de la información, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid abrió diligencias. En la actualidad hay 26 imputados, parte de ellos pertenecen a la cúpula de la Consejería de Economía y el resto son los empresarios y las sociedades que participaron en las operaciones.

Los informes de la UDEF y de la IGAE apoyan la tesis de que hubo un sobrecoste en las compras, e incluso han hallado dobles facturas en el caso del edificio. Pagos que se realizaron dos veces, una a la constructora, Parqueolid (cuyo presidente ya fue condenado en febrero a 12 años de prisión, 39 millones de multa e indemnización de 1,2 por fraude a la Hacienda Pública) y otra a la promotora Urban Proyecta, vinculada societariamente a Parqueolid. Pero además, el pasado mes de mayo, eldiario.es informó sobre la adjudicación 'a dedo' de un contrato de 4,4 millones de euros a Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectura que se encargó de la reforma de la sede del PP de Madrid y que fue pagada con la 'caja b' del tesorero Luis Bárcenas. La información obligó a la Junta a tomar una decisión que había postergado durante los dos años de instrucción, la personación en el caso. Lo complicado será articular una acusación creíble, ya que la Junta está sufragando la asistencia letrada de casi todos los imputados.

Un informe de la Agencia Tributaria fechado en diciembre de 2014 reveló la existencia de una trama en la que se mezclaban empresarios de Castilla, ex altos cargos de la Consejería de la Economía de la Junta de Castilla y León, y compañías eléctricas. Según el informe, se sospecha de "la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo" que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León. El modus operandi era sencillo: los empresarios 'afines' a la Junta iniciaban la tramitación de un parque eólico, poco después se asociaban con una compañía eléctrica, obtenían la autorización para la explotación del parque, y vendían su parte de la mercantil a la eléctrica. Así, el ejemplo más claro es el de un ex alto cargo de la Junta, que invirtió 24.400 euros en la creación de una eólica y que acabó vendiendo por 47 millones de euros.

Había otras fórmulas, que consistían en bloquear las autorizaciones a empresarios no afines hasta que, agotados, cedían y vendían a terceros. En esos casos, la autorización llegaba rápidamente, apenas días después del cambio de titularidad, como ocurrió con el caso Ibervento, del que informó eldiario.es el pasado lunes. En la actualidad el caso sigue en la Fiscalía Anticorrupción.

Los protagonistas de la trama de corrupción fascista


Juan Vicente Herrera: Hasta el pasado martes no había dado una sola explicación sobre ambos casos, se limitó a decir que confiaba en los funcionarios y responsables de la Consejería de Economía. Sin embargo, la publicación del caso Ibervento en eldiario.es y en el que se detallaba que un empresario le alertó de que se estaba produciendo un "abuso de poder" y la declaración como imputado de Pablo Trillo, que aseguró al juez de que avisó a Herrera de que el precio de compra y alquiler del 'Perla Negra era disparatado", le ha obligado a comparecer ante los medios para decir que se pone a disposición del juez aunque considera que las decisiones que se tomaron en los dos casos fueron "acertadas". Aún así, Juan Vicente Herrera asegura que desconoce que altos cargos de la Junta cobraron comisiones millonarias y se niega a realizar valoraciones "hasta que estudie" los datos, que están en los medios de comunicación desde hace un año.

Tomás Villanueva: Hasta junio de 2015 fue consejero de Economía. Varios imputados del caso Perla Negra han asegurado al juez que era él quien tomaba todas las decisiones, entre ellos está un hombre al que él definió como de su "equipo", Rafael Delgado. Defiende que la Consejería jamás recibió una denuncia sobre la actuación de los funcionarios en la tramitación de parques eólicos. Pablo Trillo declaró ante el juez que fue llamado 'a capítulo' por el consejero cuando cuestionó las decisiones que se tomaban sobre el edificio Perla Negra. Además desveló que era contrario a la contratación del despacho Garrigues para elaborar un informe de viabilidad económica, porque esta se produjo mientras el hijo de Villanueva estaba en pleno proceso de selección para el bufete (hoy es asociado). En la actualidad Garrigues defiende a los imputados de la Junta.

Pablo Trillo: El hermano del exministro Federico Trillo está imputado en el caso 'Perla Negra'. El actual delegado territorial de la Junta en Valladolid es quien ha realizado las declaraciones más incendiarias, poniendo el foco sobre Juan Vicente Herrera y Tomás Villanueva. Fue él quien en septiembre de 2008 advirtió al presidente de que la operación que se estaba realizando tenía un precio disparatado. En los próximos días presentará un escrito pidiendo que se archive su investigación por considerar de actuó correctamente. Herrera ha respaldado su declaración tras una conversación que, según él "discurrió con serenidad".

Rafael Delgado: Está imputado en el caso 'Perla Negra' y la Agencia Tributaria lo señala como una pieza clave en la Trama Eólica. Rafael Delgado fue consejero delegado de Gesturcal y vicesecretario de Economía. En el primer caso, Delgado firmó las facturas de 4,4 millones de euros en favor de Unifica Servicios Integrales. Asegura que todas las decisiones las tomaba Tomás Villanueva. Hace dos semanas, cuando la actual consejera de Economía anunciaba la personación de la Junta en el caso para actuar únicamente contra Delgado, envió un comunicado para instar a la consejera a rectificar o en caso contrario emprendería acciones legales contra ella. No sería la primera vez, también quiso que el autor del escrito de la denuncia que generó la investigación rectificase. Considera que ha cometido un delito contra su honor a pesar de que ni siquiera le menciona. En cuanto a su supuesta participación en la Trama Eólica, Delgado optó por la fórmula de la avocación, para que las autorizaciones pasasen directamente por sus manos.

En el informe de Hacienda se dice de él que "desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Delgado, ya fuera como viceconsejero o secretario general".

En concreto destaca que "resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques". Rafael Delgado dejó la Junta en 2011 y poco después, según un informe de la Agencia Tributaria, recibió 535.721 desde Suiza. además de que una empresa propiedad de un amigo íntimo le pagó la hipoteca del chalé que en 2005 había comprado en Comillas (Santander) a Alberto Esgueva, el otro cargo implicado por el supuesto cobro de sobornos en la ‘trama eólica’. Un año después le compró otro chalé en Valladolid a Esgueva y la empresa de su amigo pagó dos años después reformas por valor de más de 55.000 euros. Pero las operaciones más extrañas se producen a raíz de dejar la política. En 2012 compró un piso en Valladolid por 498.657 euros. Además, hay operaciones entre el amigo íntimo, Alberto Esgueva y Delgado, que se van transfiriendo cantidades, algunas procedentes de Suiza.

Alberto Esgueva: Es el principal beneficiario de la Trama Eólica, con la que ganó 47 millones, y está imputado en el caso 'Perla Negra' junto a su hermano Francisco, uno de los empresarios que compró terrenos en Portillo para revenderlos por un precio supuestamente más alto a la Junta. Francisco y Alberto Esgueva, eran los propietarios de una próspera empresa, Cartonajes San Cayetano, que obtuvo subvenciones de la Junta que se revelaron fraudulentas y que ahora adeuda. La empresa está en concurso. Alberto Esgueva se desvinculó de ella en 2004 para entrar en política.

Fue consejero delegado de Excal, la agencia de internacionalización de la Junta, entre 2003 y 2006, y su paso fue tan fulgurante como cuestionado. Tal y como publicó eldiario.es, Esgueva cobró de la Junta a través de una sociedad limitada, y además se dobló el sueldo en cuestión de 7 meses. Un informe del Consejo de Cuentas, de un sólo año de su paso por Excal dejó al descubierto una gestión deficiente y unos gastos injustificados. Su presencia en la Trama Eólica es paralela a su cese como consejero delegado. Esgueva creó entonces la eólica Vientos de Tamara SA, que presidía y de la que era vocal Germán José Martín Giraldo, que también formaba parte de Urban Proyecta PM3 S.L., una de las empresas investigadas en el caso 'Perla Negra' . Aunque crea más eólicas, es San Cayetano Wind la que le hace rico. La creó con 24.400 euros e Iberdrola se asoció con él, consiguió la autorización, y le compró su parte por 47 millones. Con ese dinero, intentó poner en marcha un proyecto fallido en la localidad de Montealegre de Campos.

Actualmente medio pueblo es de Hacienda y el otro medio de Banco Sabadell, que embargaron sus propiedades por impago, tal y como publicó eldiario.es. Poco después, Esgueva se marchó a Polonia en compañía con el otro imputado, Martín Giraldo, con quien fundó Cronos Global, una constructora que levanta edificios de lujo y que pasa ahora por sus horas más bajas, fuentes cercanas aseguran que por la publicidad negativa que generó el caso de la Trama Eólica. Además, es el propietario de una sociedad que aparece en la lista de morosos hecha pública por Hacienda. Intercatia Corporación S.L debe 18.576.761,33 euros a las arcas públicas. La compañía tiene esa deuda pese a que contaba con un patrimonio de 47 millones de euros. Intercatia, que se creó hace 24 años bajo el nombre de Torre Adrado, absorbió otra sociedad de Esgueva, San Cayetano Wind, que es la que le hizo ganar 47 millones de euros tras asociarse con Iberdrola.

Cuando Esgueva vendió sus acciones a Iberdrola, consideró que la venta de participaciones sociales estaba exenta de IVA. Sin embargo, en el año 2012 el Tribunal Económico de la Administración Central reclamó el 21% de IVA por considerar que se había producido una prestación de servicios, y ello a pesar de que Iberdrola lo negó y aseguró haber realizado todas las gestiones sin Esgueva, informa eldiario.es.