dissabte, 15 d’octubre de 2016

Iceta vence a Parlón y se enfrentará al PSOE si vota por Rajoy

El actual primer secretario del PSC, Miquel Iceta, revalidará el cargo. Así lo ha decidido la militancia del partido en las intensas primarias que se han celebrado este sábado y que enfrontaban a Iceta con la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón. Iceta se ha impuesto por un 54,14% de los votos, ocho puntos más que la alcaldesa de Gramanet (45,86), de un censo de 17.935 militantes del PSC y del JSC.

El PSC apostó muy fuerte por Pedro Sánchez y se posicionó claramente en contra del motín de los críticos, que acabó decapitando al secretario general y situando a una gestora para empezar a aplanar el camino a la abstención que facilitara que Mariano Rajoy siguiera en el poder. Pero el PSC ya advirtió que Rajoy no iba a ser presidente con los votos de los socialistas catalanes y que, si hacía falta, estaban dispuestos a romper la disciplina de voto. Un claro desafío al PSOE centralista de Ferraz. En la gestora hay una silla vacía que el PSC renunció ocupar a la espera del resultado de sus primarias.

Tanto Iceta como Parlon abrieron la puerta a revisar el protocolo de relación entre el PSC y el PSOE. Protocolo que a todas luces reclama una actualización. Porque, además de reivindicar la lucha de clases, el documento pactado en abril de 1977 defiende el "reconocimiento del derecho de autodeterminación a las nacionalidades y pueblos del Estado español", una pantalla que el PSOE abandonó rápidamente y que el PSC cerró hace dos años.

Con este resultado Iceta reconforta su trabajo de contención del partido, después de las crisis y lo que el mismo ha bautizado como una “escisión”. Iceta había apostado por un “liderazgo sólido” y acabar la reconstrucción del partido. Parlón había dedicado la campaña al mensaje del cambio y a enarbolar una tendencia supuestamente más izquierdista del partido para combatir a Barcelona en Comú. En cualquier caso, los dos tenían un punto en común: el no a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Pujol Jr., socio del sobrino de Cospedal y del prófugo de Defex

El caso Defex ha destapado la existencia del fugitivo Taveira, el conseguidor de Angola buscado desde hace dos años por Interpol. Pero el prófugo no sólo era el hombre de Defex en ese país africano: la empresa pública Mercasa, asociada con una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola, también estuvo involucrada con él en un negocio millonario. El caso Defex tiene así conexiones inesperadas con uno de los grandes escándalos de corrupción de la democracia: el de la familia Pujol. El fugitivo Taveira no era sólo conseguidor en Angola para la empresa pública Defex, sino también para Mercasa, la sociedad estatal dedicada a los mercados de abastos. Ambas compañías dependen orgánicamente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Ibadesa, la empresa de Pujol, tenía como presidente a un sobrino de Cospedal. Foto: Jordi Pujol Ferrusola, a la salida de la Audiencia Nacional.

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex president e imputado por blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, intentó hacer negocios en Angola con el fugitivo buscado por la Audiencia Nacional en el saqueo de Defex. Este prófugo, Guilherme Taveira Pinto, tiene una orden de busca y captura en Interpol desde hace dos años. En esta causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción y los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) estiman que desaparecieron 60 millones de euros. La mecánica era llevarse parte del dinero de sustanciosos contratos de venta de armamento al extranjero, con una red de comisionistas y empresas pantalla. Hasta ahora se investigan contratos de Defex en Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí.

Ibadesa, la empresa de Pujol, tenía como presidente a un sobrino de Cospedal.

Pujol Ferrusola, denunciado por su ex pareja por viajar regularmente a Andorra con coches deportivos cargados con bolsas de dinero, era uno de los propietarios de la empresa privada Ibadesa Exportaciones y Servicios, con distintas ramificaciones como Ibadesa Cat o Ibadesa Canarias. Esta empresa de Pujol júnior formó parte junto a la mercantil Incantema y la mencionada empresa pública Mercasa de un consorcio que logró un importante contrato para construir un mercado en Luanda, la capital angoleña. La ocasión era la segunda en que Mercasa integraba un consorcio con empresas privadas para hacer negocio en el extranjero. La anterior había tenido lugar cinco años antes, en torno a 2000, en República Dominicana. Esta entente se llamó Consorcio Mercasa-Incatema-Ibadesa, aunque ahora sólo persisten las dos primeras.

Pujol Ferrusola era uno de los propietarios de Ibadesa, aunque nunca había figurado en el consejo de administración. Otro de sus socios, además de presidente y consejero delegado de la firma, era José Ignacio Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP.

De hecho, Ibadesa Exportaciones tuvo participaciones en la filial Ibadesa Cat, fundada por el propio marido de Cospedal, que finalmente vendió sus acciones al considerado como testaferro de Pujol Jr., Jordi Puig. El conseguidor y hombre para todo de este consorcio público/privado formado por Mercasa, Ibadesa e Incatema de cara a su obra en Angola era el prófugo Guilherme Taveira Pinto, quien lo reconoció ante la Policía luxemburguesa cuando en aquel país se comenzó a investigar el caso Defex. Una transferencia sin justificar de 41 millones de euros llegó en 2012 desde España a Luxemburgo y aquello motivó que se investigara a Defex y sus negocios en Angola. El entramado de blanqueo con el que se intentó ocultar todo ese dinero lo había montado presuntamente Beatriz García Paesa, la experta financiera sobrina de Francisco Paesa, el ex espía que entregó a Roldán en los años 90.

Taveira fue llamado a declarar en Luxemburgo y él acudió voluntariamente. Allí reconoció ser agente de la empresa pública Defex desde nada menos que 1991. Ese mismo año, Taveira creó la sociedad con la que realiza estas labores en Angola, denominada Sonadi. Unos años después, aseguró, pasó a ser también el agente de Mercasa en el país africano. Conectado con las altas esferas angoleñasLa declaración de Taveira Pinto, que tiene pasaporte portugués y angoleño, tuvo lugar el 12 marzo de 2014, cuando las investigaciones ya estaban bastante avanzadas. En julio de ese año la Policía portuguesa se presentó en su casa de Linda-a-Velha, a las afueras de Lisboa, tras la orden de detención emitida por el juez José de la Mata a instancias del fiscal anticorrupción Conrado Sáiz.Pero no hubo éxito. Nada se volvió a saber de Taveira hasta que el pasado 8 de octubre EL MUNDO publicó una foto del fugitivo, que vive en Luanda, a salvo de órdenes de extradición y gobernando presuntamente desde la sombra las actividades de su empresa, Sonadi.

Taveira Pinto es un hombre muy conectado con las altas esferas angoleñas, con las que presuntamente se habría repartido el dinero desviado del contrato de 153 millones del caso Defex -investigado por la UCO, aunque otra parte del caso la lleva la Udef-, pero también muy conocido en España, pues se le sitúa como visitante habitual en el Ministerio del Interior. En relación con Mercasa, Taveira era, según fuentes consultadas por este periódico, la persona capaz de encontrar un contenedor perdido en pocas horas, algo muy valioso para un negocio así. Los proyectos de Mercasa, de la empresa de Pujol Jr. y del fugitivo de Defex para construir el mercado de Luanda no cuajaron, porque Ibadesa tuvo que salir al suspender pagos y entrar en liquidación. Aunque eso dejó fuera a Pujol, no impidió que Mercasa y la otra empresa privada, Incatema Consulting, sí se quedaran con el jugoso contrato, que superaba los 100 millones de euros.

Las acciones de Ibadesa en el consorcio, en ese momento, se las quedaron los otros dos socios, lo que dejó las proporciones público/privadas exactamente al 50%. Herrero de Egaña y López del Hierro -el sobrino de Cospedal-permaneció en el consorcio, del que ha sido consejero delegado. Es este un consorcio poco habitual, porque empezó siendo más privado que público (en una proporción de 70-30%, aproximadamente), y ahora lo es exactamente mitad y mitad. Lo más normal en estas asociaciones es que la parte pública tenga la mayoría accionarial y el control total de la sociedad. Además, mucho dinero público entra en juego en estos contratos, ya que suelen ir acompañados de seguros Cesce, la compañía pública de seguros y créditos a la exportación, informa El Mundo.

Pujol Jr. ingresó 9 millones del puerto de Tarragona en Andorra


La Policía conecta por primera vez la fortuna familiar de los Pujol en Andorra con contratos públicos adjudicados por CiU. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) concluye que una parte del botín oculto en el Principado procede de comisiones que pagó la empresa Euroenergo a cambio de llevarse la adjudicación del almacenaje de combustible en el Puerto de Tarragona.

Alberto Garzón (IU): Nos gobierna una mafia

Lo que estamos conociendo del caso Gürtel está confirmando todo lo que sospechábamos. Lo hemos dicho muchas veces: el PP es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. No es un problema individual, vinculado a algunas manzanas podridas, sino que afecta de lleno a la estructura del partido. Son una banda organizada para el crimen. Por eso puede resultar llamativo que el PSOE haya decidido blanquear a esta tropa mediante la abstención en la investidura del jefe de la banda.

Pero hay más. Correa, el individuo que mediaba entre el PP y las grandes empresas, sobre todo constructoras, ha reconocido que éstas pagaban «mordidas» para acceder a contratos públicos. Ha señalado, por ejemplo, a ACS, cuyo presidente es el oligarca Florentino Pérez, que también recibió multimillonarias indemnizaciones en el caso Castor. Aquella indemnización, por ejemplo, la aprobó el PSOE en el 2008 y la ejecutó el PP en 2014.

En España el vínculo entre el modelo especulativo y la corrupción es evidente, como también lo es que el régimen del 78 se ha basado precisamente en ambos pilares. Una élite económica –conocida como IBEX– y una élite política –conocida como bipartidismo– que casan en feliz matrimonio, la oligarquía, con un regalo de bodas que consiste en puertas giratorias y sobres con dinero negro. Y ahí, en la defensa de este régimen corrupto, es donde PP y PSOE se encuentran aliados; se reconocen, se respetan.

Así se entiende mucho mejor que los amotinados del PSOE, los dirigidos por Felipe Gónzalez y Susana Díaz, hablen ahora del «mal menor» de que esta banda nos siga saqueando impunemente. Pero nosotros lo tenemos claro: ni nos van a comprar ni nos van a domesticar; no nos rendiremos, y pelearemos hasta acabar con este régimen. Creo que nuestro país y su gente trabajadora se merece algo mucho mejor que ser gobernados por una mafia.
Fuente: Público.

1,3 años de cárcel más para Matas por el proyecto de la Ópera

El fiscal Pedro Horrach concluye que el expresident del Govern, Jaume Matas, cometió un doble delito al impulsar el frustrado proyecto del edificio de la ópera que iba a diseñar el arquitecto Santiago Calatrava, que por unos diseños preliminares, un vídeo ilustrativo y dos maquetas cobró la cantidad de 1.200.000 euros. La acusación imputa a Jaume Matas los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, y solicita que cumpla una condena de un año y tres meses de prisión, más otros diez años de inhabilitación, además del pago de una multa de 120.000 euros.

Correa: ¿Sabe quien gestionaba eso? El rey de España”

La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, que ha finalizado este viernes su interrogatorio al líder de la trama Gürtel ha optado por una estrategia técnica, que desciende hasta el detalle más mínimo de una factura mientras Francisco Correa responde con vehemencia su mantra del “no lo recuerdo, pero si lo dice usted lo reconozco”. Sin embargo, la fiscal no entró a repreguntar cuando Correa admitió la financiación ilegal del PP. Reconoció en el juicio que había cobrado comisiones del 2 y 3% a grandes empresas a cambios de adjudicaciones públicas para la construcción de carreteras, obras del AVE... Las obras del AVE, por ejemplo, fueron aprobadas en los Consejo de Ministros de José María Aznar, con la participación de Mariano Rajoy.

ATLL: Un soci misteriós amaga l’1,95% de l’empresa

La composició accionarial de l’empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA, que té el monopoli del subministrament en alta de l’aigua que abasteix l’àrea metropolitana de Barcelona, és un pou de sorpreses. Aquesta societat va ser l’adjudicatària, l’any 2012, de la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), a canvi del pagament de 995,5 milions d’euros: 298,6 milions quan es va signar el contracte i els 696,8 milions restants a liquidar en còmodes terminis durant els 50 anys que dura la concessió atorgada per l’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, que va cessar en el càrrec poc temps després. La participació del banc brasiler BTG Pactual en l’empresa concessionària de la privatització no era del 39%, com sempre s’ha dit, sinó del 37,05%. Foto: André Esteves, ex CEO del banc BTG Pactual, i Artur Mas, expresident de la Generalitat.

Es tracta d’un negoci segur i rodó, com n’hi ha pocs. Durant els 50 anys de vigència del contracte es calcula que ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya ingressarà, trinco-trinco, uns 20.000 milions d’euros. És a dir, amb l’excusa de la crisi, el govern d’Artur Mas es va vendre per menys de 1.000 milions d’euros una ubèrrima vaca de titularitat pública que, en comptes de llet, raja euros a dojo.

Qui són els beneficiaris d’aquesta loteria que sempre toca? Com ja hem informat a bastament des d’EL TRIANGLE, el capital fundacional d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA se’l repartien majoritàriament el Grup Acciona (39%) i la societat de jurisdicció britànica Aigües de Catalunya Ltd., instrument inversor creat pel banc brasiler BTG Pactual (39%). A més, dues societats (Global Lubbock SL i Global Buridan SL), controlades per la família Entrecanales, els fundadors d’Acciona, tenien un 12% addicional que els garantia, d’aquesta manera, la majoria del 51%. El 10% restant se’l repartien les societats instrumentals de dues poderoses famílies catalanes: els Rodés (a través d’Acacia ISP SL) i el matrimoni Torreblanca-Godia (a través de Gopa Consulting SL).

Però aquest esquema accionarial va saltar pels aires el 25 de novembre del 2015, amb la detenció i processament d’André Esteves, el CEO de BTG Pactual, per la seva implicació en el cas de corrupció Lava Jato, que ha comportat la destitució de la presidenta Dilma Rousseff. Els nous responsables del banc brasiler van decidir vendre a cuita-corrents totes les participacions que van poder per tal de reforçar l’estructura financera de l’entitat. Entre d’altres desinversions es van desfer del paquet accionarial que tenien a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA, a través de la societat instrumental Aigües de Catalunya Ltd.

Els embolics judicials que acompanyen la privatització de l’ATLL, amb reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que estableixen la seva nullitat, són una “bomba de rellotgeria” pendent de la resolució final del Tribunal Suprem. Els brasilers de BTG Pactual, que prou problemes tenen amb la justícia al seu país, van arribar a un ràpid acord amb Acciona per vendre’ls les seves accions a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA, informa El Triangle.

El govern multa Acciona amb quatre milions d'euros per la gestió d'ATLL


La Generalitat ha sancionat amb quatre milions d'euros la concessionària Aigües Ter-Llobregat (ATLL), liderada per Acciona, per infraccions "greus" en la gestió. ATLL va subcontractar a dues filials d'Acciona la prestació de diversos serveis sense la necessària autorització del govern català. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha confirmat l'existència de les infraccions denunciades per l'Oficina Antifrau en la facturació entre ATLL i el grup Acciona. Rull ha explicat que la Generalitat ha obert un "expedient de penalitzacions" amb relació a aquestes infraccions que comportarà una sanció de 4.035.000 euros per a la companyia concessionària.

Augmenten les execucions hipotecàries, els desnonaments i els acomiadaments

El discurs oficial és que Espanya i Catalunya estan sortint de la crisi però les dades mostren que és la burgesia i l'oligarquia els que segueixen guanyant la batalla, doncs a la província de Girona les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial mostren que el segon trimestre de 2016 ha registrat més concursos de creditors, acomiadaments, reclamacions de quantitat, execucions hipotecàries i llançaments (quan desnonen persones dels habitatges) que els duts a terme l'any passat en aquest mateix període. 46 famílies són desnonades cada dia de casa seva a Catalunya. En termes generals, 2015 va ser l'any amb menys procediments d'aquest tipus des que va esclatar la crisi el 2008. País Valencià: Los desahucios aumentan y alcanzan la cifra más alta en dos años.

46 famílies perden la seva casa cada dia a Catalunya, segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Es tracta de la comunitat autònoma on més llançaments es produeixen: Entre abril i juny d’aquest any se’n van registrar 4.145 segons el CGPJ, un 22% del total que es van produir a l’Estat. Tot i així, els desnonaments van baixar un 4% aquest segon trimestre a Catalunya, respecte el mateix període de l’any passat.

Les dades trimestrals mostren com els concursos han augmentat lleugerament passant de 20 el segon trimestre de 2015 a 27 el segon trimestre de 2016. No és un fenomen exclusiu de la província de Girona i en part s'explica per la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial de 21 de juliol de 2015 -va entrar en vigor l'octubre de 2015- que va entregar la competència per als concursos de les persones naturals no empresaris als Jutjats de Primera Instància, els quals se sumen als presentats en els Jutjats Mercantils. En el conjunt d'Espanya això suposa un increment interanual del 15,9%. En relació amb els acomiadaments, aquest segon trimestre n'hi ha hagut 54 més que en el mateix període de 2015 (300) i si la tendència segueix igual, 2016 es tancarà amb més gent despatxada que l'any anterior ja que en mig any s'han practicat 683 acomiadaments quan el 2015 n'havien sigut 584.

Les reclamacions de quantitat han patit un repunt durant el segon trimestre (261) -l'any passat eren 252- però si es compara el primer semestre de 2016 amb el de 2015 es percep un decreixement en haver passat de 631 a 512. Una situació similar ocorre amb les execucions hipotecàries. Si es compara només el segon trimestre aquestes han passat de 364 el 2015 a 407. No obstant, si es té en compte el primer semestre les xifres baixen de les 892 execucions hipotecàries de 2015 a les 849 actuals. Catalunya, juntament amb Andalusia i València representa el 60 per cent de les execucions ?hipotecàries realitzades a tot Espanya.

On sí hi ha hagut un increment rellevant és en els llançaments. Entre abril i juny se'n van fer 578 quan l'any anterior havien estat 488. La tendència en aquest cas és ascendent perquè el primer mig any de 2015 se n'havien practicat 994 i enguany van ser 1.095. Els llançaments afecten diversos tipus d'immobles, no només habitatges i, en el cas d'aquests, no tan sols habitatges habituals, i estan relacionats amb impagaments de lloguer o execucions hipotecàries, informa Diari de Girona.

País Valencià: Los desahucios aumentan y alcanzan la cifra más alta en dos años

Cerca de 3.000 valencianos fueron despojados de su vivienda durante el segundo trimestre del año, principalmente por no hacer frente al pago de la hipoteca o al alquiler, cifra que confirma la tendencia al alza de los desahucios que tienen lugar en la Comunitat pese al compromiso del actual Gobierno autonómico de tratar de frenarlos. En concreto, el número de lanzamientos practicados entre abril y junio en la región experimentó un aumento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales publicado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, durante el segundo trimestre de 2016 se practicaron 2.901 lanzamientos, término judicial que implica un cambio en la posesión de un inmueble, normalmente derivado de ejecuciones hipotecarias, alquileres impagados y, en menor medida, laudos arbitrales o procesos de familia. En el mismo periodo del año pasado se practicaron 2.681 lanzamientos. De hecho, el segundo trimestre del año (último dato disponible) supone la cantidad de desahucios más elevada de los últimos dos años. En los mismos tres meses de 2014 se alcanzó, curiosamente, la misma cantidad y sólo en el primer trimestre de 2013, en plena crisis, se superó esta cantidad, con 2.990 lanzamientos.

Según el informe del CGPJ, algo más de la mitad de los procesos (en concreto, 1.589) se derivaron de una ejecución hipotecaria mientras que la mayor parte de los restantes (1.239) fueron consecuencia de procedimientos enmarcados en Ley de Arrendamientos Urbanos (impagos del alquiler). Los restantes 73 obedecieron a otras causas, como los citados laudos o por cuestiones familiares. Estos datos, apuntaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, sitúan la región en la tercera posición de la lista de autonomías en las que se practicaron un mayor número de lanzamientos, sólo por detrás de Cataluña y Andalucía. Atendiendo solo a los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, la valenciana ocupa la segunda posición, informa Las Provincias.

Italia pide prisión perpetua para 30 fascistas del Plan Cóndor

La fiscalía de Roma pide cadena perpetua para 30 latinoamericanos, entre ellos exdictadores y altos cargos de Chile, Bolivia, Perú y Uruguay, acusados de los secuestros y asesinatos de 23 ciudadanos italianos entre 1973 y 1978. Tras 10 años de investigaciones y un proceso judicial de otros seis, los fiscales solicitan la pena máxima para el exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) y su ministro de Interior, Luis Arce Gómez, y para el líder máximo del régimen militar de Uruguay, Gregorio Álvarez, quien cumple pena de prisión en su país desde 2007.

Hay 14 uruguayos para los que se pide prisión perpetua, varios de ellos presos en su país, otros fallecidos, mientras el único que se encuentra en territorio italiano es Jorge Troccoli. También se ha pedido la condena para cuatro peruanos, incluido el exdictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y para nueve chilenos, uno de ellos también fallecido, informa el diario La República. Los acusados son parte del proceso al Plan Cóndor, una coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas para eliminar a opositores, que estuvo activa en las décadas de 1970 y 1980, indica el diario Corriere della Sera.

Del grupo de acusados, el único absuelto por la fiscalía es el uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, quien integró el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), que se ocupaba de tareas de inteligencia e interrogatorios durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Sin embargo, Chávez Domínguez logró probar que en la época en que se cometieron las desapariciones forzadas de las que fue acusado se encontraba cumpliendo funciones en la base uruguaya en la Antártida. La sala tercera del fuero penal de Roma dictará sentencia en enero de 2017, informa sputniknews.com.

1,3 años de cárcel más para Matas por el proyecto de la Ópera

El fiscal Pedro Horrach concluye que el expresident del Govern, Jaume Matas, cometió un doble delito al impulsar el frustrado proyecto del edificio de la ópera que iba a diseñar el arquitecto Santiago Calatrava, que por unos diseños preliminares, un vídeo ilustrativo y dos maquetas cobró la cantidad de 1.200.000 euros. La acusación imputa a Jaume Matas los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, y solicita que cumpla una condena de un año y tres meses de prisión, más otros diez años de inhabilitación, además del pago de una multa de 120.000 euros. El juez Castro, posiblemente la próxima semana, abrirá juicio oral contra el expresident, que tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

Horrach hace un detallado relato de cómo se gestó este proyecto que, según el fiscal, Matas impulsó cuando sabía que era una obra que no podría llevarse a cabo, pues se planeaba en unos terrenos que no pertenecían a la comunidad, no existía un estudio económico y tampoco se había realizado ningún presupuesto de lo que iba a costar la construcción de un emblemático edificio dedicado a las artes escénicas en la bahía de Palma. A juicio de la acusación, lo que realmente buscaba Jaume Matas era lograr un efecto electoral, pues iba a ser su proyecto estrella de cara a las elecciones del año 2007, como cabeza de cartel del PP.

Matas y el arquitecto Calatrava se reunieron en un hotel de Roma y el entonces president le manifestó su deseo de contar con un edificio emblemático. Para llevar a cabo este proyecto, el president implicó a la empresa pública Ibisec, que se creó para la gestión de nuevas infraestructuras educativas y culturales. Esta empresa estaba integrada en la conselleria de Educación y la presidía el conseller Francesc Fiol.

La fiscalía Anticorrupción tiene muy claro que este proyecto era inviable. Al margen de que no existiera un estudio económico previo, tampoco se había elaborado un presupuesto de la obra, ni se había determinado cómo iba a financiarse. Pero además, tampoco se había comprobado la normativa urbanística que se podía aplicar en aquel momento en la bahía de Palma donde se iba a ubicar el edificio. Todas estas condiciones no fueron nunca un impedimento para frenar los deseos de Jaume Matas, que aunque se trataba de una decisión personal, decidió implicar a su Govern para que sus sueños se cumplieran. El president tuvo que recurrir al entonces conseller Francesc Fiol para que se encargara de la tramitación de la contratación del famoso arquitecto, con el correspondiente expediente administrativo. El conseller de Cultura, como primer paso, fue quien presentó el proyecto ante el Consell de Govern. Todos los consellers sabían que era una decisión personal de Matas, no de Fiol, pero ninguno se opuso.

El Consell de Govern acordó aprobar un presupuesto de cinco millones de euros para la empresa Ibisec y se le encargó un anteproyecto para una "potencial ordenación de la bahía de Palma, urbanización del muelle viejo y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas". Pero a Jaume Matas no le servía cualquier proyecto. Quería que el edificio tuviera la firma de Santiago Calatrava y para ello, en el encargo, se señaló que la futura obra se debía realizar siguiendo las más modernas técnicas y tendencias constructivas, que debía trascender "las fronteras entre la arquitectura e ingeniería".

La orden de Matas, a través de Fiol, puso en marcha toda la maquinaria administrativa para justificar la contratación del arquitecto. Y en esta tramitación se solicitaron los correspondientes informes técnicos y jurídicos que avalarían la decisión que había adoptado personalmente el entonces president del Govern. El fiscal destaca en su escrito que la empresa Ibisec no pasaba en ese momento por una buena situación económica, como demuestra que había solicitado una ampliación de su presupuesto, antes de que se le responsabilizara de la contratación de Calatrava. Además, era una empresa pública que jamás se había implicado en tema de construcción de un edificio tan significativo como era una ópera.

Horrach tiene muy claro que si Matas ordenó que la contratación se hiciera a través de Ibisec no fue casual. Era una empresa pública donde no existían controles previos de fiscalización y así se conseguía la apariencia de que esta decisión respondía a un interés público, cuando no era cierto. Ante la dificultad de tramitar una contratación directa, sin previo concurso, fue necesario buscar la fórmula administrativa que justificara esta decisión. Y para ello fue necesario la utilización, según destaca el fiscal, de los funcionarios de la comunidad. Una arquitecta llegó a sentirse presionada para que firmara dicho informe, en el que señaló que el único capaz de realizar este proyecto era Santiago Calatrava, lo que justificaba su directa contratación.

El fiscal denuncia también, analizando las fechas, que el arquitecto estuvo trabajando en el proyecto con anterioridad a que se aprobara su contratación. De lo contrario no tendría sentido que en solo cinco días elaborara un proyecto de tal dimensión. Los sueños megalómanos de Jaume Matas se frustraron cuando la Junta Electoral, tras recibir una denuncia del PSOE, prohibió al president que celebrara el acto público en el que iba a anunciar la contratación de Calatrava y la construcción de este emblemático edificio, informa Diario de Mallorca.

El fiscal pide 4 años de cárcel para Matas por dos piezas del Palma Arena

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pide dos años de cárcel para el expresidente del Govern Jaume Matas por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras de la considerada infraestructura 'estrella' de su última legislatura (2003-2007), el Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a mas de cien. El representante del Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación por la pieza numero 8 del caso Palma Arena, en el que acusa al exministro de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación, los mismos tipos penales que atribuye por estos mismos hechos al exdirector general de Deportes y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester.

Marea Blanca contra la privatización de la Salud Mental

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca quiere concienciar a la sociedad de que la Salud Mental, es la gran olvidada de todos los planes sanitarios, la “hermana pobre” de la Sanidad española y uno de los servicios peor tratados por las Administraciones Públicas. Por ello, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se ha celebrado esta semana, la Marea Blanca ha dedicado la manifestación de este domingo, la número 49, a denunciar el deterioro que sufre este área de la sanidad. Con el lema 'Por una salud mental comunitaria, 100% pública y de calidad', la Marea Blanca, los organizadores quieren denunciar que “precisamente este área de nuestro sistema sanitario es una de las más privatizadas y que la mayor parte de la atención psicológica y psiquiátrica se realiza fuera de la sanidad pública”, recriminando “el reducidísimo número de profesionales de salud mental que intervienen en nuestros centros públicos, a pesar de la altísima demanda.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), como integrante de la Marea Blanca, subraya que “antes del verano, la Consejería de Sanidad de Cristina Cifuentes sacó a concurso la gestión de la atención psiquiátrica y salud mental ambulatoria y de urgencias del Hospital Universitario del Tajo”. Y recuerda que no es “la primera vez que los políticos del PP externalizan la gestión de la salud mental, algo que sucede sobre todo en la atención ambulatoria, la encargada de los diagnósticos y pruebas no hospitalarias”. De 2010 a 2014, con Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad Autónoma, fueron privatizados los servicios ambulatorios de Arganzuela, Moncloa, Torrejón, Navalcarnero y parte de Móstoles, Valdemoro, Collado-Villalba y Aranjuez.

Frente a esta tendencia, la MEDSAP exige una “salud mental comunitaria, 100% pública y de calidad”. “Que no nos sigan contando más cuentos; hay dinero, pagamos los impuestos y sólo hay que cumplir con las personas y redistribuir según marcan las reglas de la democracia y nuestra Constitución Española”, sostiene la coordinadora. Según la Mesa, la salud mental es “la gran olvidada de todos los planes sanitarios, a caballo entre lo físico y lo psíquico que requiere de su elemento psicosocial; la salud mental es una de las áreas más privatizadas, la menos entendida por el materialista marco político y la peor tratada desde el ámbito social general”, informa El Boletín.

Correa: ¿Sabe quien gestionaba eso? El rey de España”

La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, que ha finalizado este viernes su interrogatorio al líder de la trama Gürtel ha optado por una estrategia técnica, que desciende hasta el detalle más mínimo de una factura mientras Francisco Correa responde con vehemencia su mantra del “no lo recuerdo, pero si lo dice usted lo reconozco”. Sin embargo, la fiscal no entró a repreguntar cuando Correa admitió la financiación ilegal del PP. Reconoció en el juicio que había cobrado comisiones del 2 y 3% a grandes empresas a cambios de adjudicaciones públicas para la construcción de carreteras, obras del AVE... Las obras del AVE, por ejemplo, fueron aprobadas en los Consejo de Ministros de José María Aznar, con la participación de Mariano Rajoy. Y Correa confesó que entregaba la mordida en metálico al entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, en “Génova” o en su casa. Esto es, en la sede central del PP. “Nosotros fuimos adjudicatarios del AVE a la Meca, ¿sabe quien gestionaba eso? El rey de España”. Correa alardeó así de su grupo de empresas. Tamaña confesión no acarreó repregunta alguna de Sabadell, para pedir que aclarara si ese dinero servía para financiar el PP y sus campañas.

La Audiencia Nacional investiga la caja B del PP En el caso de los papeles de Bárcenas, que es otra pieza separada que lleva la fiscal. Pero Correa no figura allí como procesado, por lo que Sabadell podría haber aprovechado la confesión para ahondar en el destino de las comisiones del 3%.
Concepción Sabadell dedicó casi ocho años a investigar con tenacidad esta trama de corrupción a pesar de las presiones. Pero evitó entrar en las insinuaciones de Correa. En caso de detectar un delito nuevo en un juicio puede solicitar que se deduzca testimonio para que sea investigado. No repreguntó. Y eso que él insistía en decir que está “entregado” a esta declaración, para demostrar que quiere colaborar con la Justicia.

Más ejemplos. Correa eludió hablar de los ‘blanqueadores’ del dinero negro, y Sabadell no insistió en que revelara sus nombres. Tampoco lo hizo cuando Correa dijo que contrató a Ramón Blanco Balín para que llevara su dinero en el extranjero ya que “quería ser opaco”. Blanco Balín "asesoraba a grandes empresarios y a una persona muy importante en este país, que no voy a nombrar… No lo voy a decir porque sería una revolución, saldría esta tarde en todos los periódicos, sería una historia rara".

Una de las explicaciones reside en que el delito de corrupción entre particulares no existía cuando actuaba la trama, ya que fue introducido en el año 2010 en el Código Penal. En esa época sólo existía el cohecho para los funcionarios. Y ni Correa ni Bárcenas son funcionarios. Tampoco el PP es responsable penal, porque la responsabilidad penal de los partidos políticos fue introducida en la reforma del año 2012. Por si fuera poco, el PP no acusa a Bárcenas del supuesto desvío de dinero de su caja B a cuentas del extesorero a Suiza. “Nosotros fuimos adjudicatarios del AVE a la Meca, ¿sabe quien gestionaba eso? El rey de España”. Correa alardeó así de su grupo de empresas. Pero la fiscal ignoró el comentario sobre la mediación del rey para centrarse en los pagos al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda.

La fiscal Sabadell centra sus esfuerzos en las ‘dadivas que la trama realizó a los políticos locales implicados: los exalcaldes Sepúlveda y Guillermo Ortega, el exdiputado Jesús Merino o el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Su objetivo, conseguir probar ante el tribunal el origen ilícito del dinero y los sobornos.

Un detalle picó la curiosidad de la fiscal. Fue cuando apareció en las pantallas de la Sala la factura del famoso Jaguar que Correa regaló a Jesús Sepúlveda y que Ana Mato no vio aparcado en el garaje familiar. La cifra ascendía a 8.663.700 euros. Ese fue el precio del célebre Jaguar. El papel delator fue incautado a Correa en el registro de su casa de Sotogrande, en Cádiz. ¿Por qué la conservó? “Para mirarla. Podía haberlo roto, pero me ayudaba a recordar de vez en cuando...” Más de un letrado y hasta el magistrado Julio de Diego no pudieron contener la risa ante su explicación.

Esta millonaria factura servía a Correa para recordar que Sepúlveda, el hombre al que había financiado con 100.000 euros la campaña que lo aupó a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que tenía “barra libre” en su agencia de viajes, al que había regalado hasta cuatro coches y llenado de regalos para él y su esposa, Ana Mato, había optado por otra empresa en la siguiente campaña electoral. Correa cortó toda relación con él, “punto pelota”.

El líder de Gürtel es arrollador. Incluso al comienzo de su interrogatorio estuvo 55 minutos hablando casi sin ser repreguntado. En su vehemencia, tendía a quitarle la palabra a la fiscal Sabadell hasta el punto que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le recriminó el viernes su comportamiento: el juicio “no es un debate”. En ese momento, Correa cambió de actitud y expresó su agradecimiento a la fiscal: "No voy a decir que me siento bien aquí, porque sería del género estúpido, pero estoy muy agradecido al ministerio público por el trato que estoy recibiendo; estoy cómodo". "Me siento seguro hablando", confesó a la salida de la sesión.

Correa: Aznar y Rajoy cobraron comisiones del 3% para el PP


En un giro sorprendente de su declaración, Francisco Correa hizo aflorar el lado oculto del milagro económico español. Delante de un tribunal, con los medios de comunicación retransmitiendo en directo su declaración, el principal acusado del caso Gürtel ha desvelado que él participó en el amaño de las principales obras del país durante el Gobierno de José María Aznar. “Carreteras, autopistas y obras del AVE”, el símbolo del progreso de aquellos años lleva en su reverso el sello del 3% en comisiones para el Partido Popular, según el testimonio de Correa. Pero la bomba que Correa se guardó para el último tramo de su declaración involucra también al actual presidente del Gobierno. Rajoy formaba parte del Consejo de Ministros que aprobó las adjudicaciones de las obras del AVE, que según el cabecilla de Gürtel estaban amañadas y reportaban comisiones en negro al Partido Popular.