dijous, 21 d’abril de 2016

Caso Innova: La Generalitat hinchó contratos para beneficiar a altos cargos sanitarios

Josep Prat (foto), el principal acusado del caso Innova —la macroinvestigación contra la corrupción en la sanidad catalana, con casi un centenar de imputados— ha empezado a colaborar con la justicia, en un paso que abre un escenario de consecuencias imprevisibles para el futuro de las investigaciones. Prat ha sido uno de los hombres fuertes de la sanidad catalana durante más de dos décadas, tiempo en el que ha ocupado cargos de gran importancia en administraciones tanto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como del Partit dels Socialistes (PSC).

Así lo muestra el cambio de actitud de Prat en la declaración hecha ante la Guardia Civil el pasado 10 de marzo y que este jueves ha sido comunicada a las partes del proceso. En ella, Prat explica cómo la exconsejera de Salud, Marina Geli —entonces en el PSC, hoy en Junts pel Sí— le ordenó enchufar en Innova —empresa pública del Ayuntamiento de Reus— a dos altos cargos del Departamento de Salud, Carles Manté y Jorge Batesteza. Prat detalla como estas contrataciones eran favores políticos, ya que Innova no requería de sus servicios, y como se hincharon contratos públicos para desviar el dinero necesario para pagar sus retribuciones. Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), cobró casi un millón de euros entre 2007 y 2011 por trabajos de consultoría que en su mayor parte no realizó.

Marina Geli ha salido al paso de estas declaraciones, que ha calificado de "rotundamente falsas". "Nosotros no pagamos nunca desde Salud las retribuciones de Manté ni de Batesteza tras su salida del CatSalut". Las revelaciones también salpican al actual número 2 del Departamento de Salud de la Generalitat, David Elvira, quien en el momento de los hechos era, entre otros cargos, jefe de gabinete de Información y Estrategia de Geli. Elvira, nombrado director del CatSalut por el actual consejero, Toni Comín, ha asegurado este jueves que no tenía conocimiento de estos hechos ya que gestionar estos temas "estaba fuera" de sus competencias.

Aunque en sus primeras declaraciones Prat ya había indicado que como director de Innova contrató a Manté siguiendo instrucciones de Geli —en unas palabras que vistas con el paso del tiempo suenan a un aviso—, en su reciente declaración da todos los detalles de cómo se fraguaron los contratos de Manté y Batesteza. Prat detalla como a principios de 2007 recibió "instrucciones" de Geli y del entonces alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (también imputado en la causa), "para que se le diera una retribución a Manté". Esto ocurrió en "varias reuniones" en las que "se le ordena que Carles Manté debe ser contratado en Innova con unos emolumentos equivalentes a los que cobraba como director del CatSalut, más la parte de la Seguridad Social".

Prat, según su declaración, "exigió que todo lo anterior no supusiera un quebranto económico" para Innova, por lo que el Departamento se diseñó una estrategia para hacer llegar el dinero a la empresa pública de Reus para que esta pagara a Manté. La operativa pasaba, en primer lugar, por hacer "una ampliación de contrato entre el CatSalut y el Hospital Sant Joan de Reus", centro financiado por la Generalitat y gestionado por Innova. El segundo paso era que el hospital desviara el dinero a Innova, que cerraba el circuito del dinero pagando a Manté, quien ya estaba cobrando un sueldo público desde otro hospital de la Generalitat.

En su declaración, Prat deja claro que esta operativa era conocida por buena parte de los altos cargos del CatSalut y de Innova, pese a lo que Lluís Miquel Pérez la ocultó a los consejos de administración de las empresas públicas de Reus. Prat también deja claro ante la Guardia Civil que "no era necesario contratar a Manté, fue una decisión política".

El exdirector de Innova también detalla en su declaración la contratación del exgerente de Infraestructuras del CatSalut, Jorge Batesteza, prácticamente idéntica a la de Manté. Las remuneraciones percibidas por este último desde Innova entre 2007 y 2011 ascienden a 838.000 euros (con IVA), 13.000 euros mensuales, mientras las de Batesteza a 387.000 euros. El cambio de actitud de Prat se produce después de que el avance de las investigaciones del caso Innova, que ya acumula más de una decena de piezas separadas, le haya dejado en una situación muy comprometida judicialmente. Imputado en media docena de estas piezas, Prat está acusado por los delitos de estafa, malversación, blanqueo, falsificación documental y cohecho, entre otros.

La trayectoria de Prat en las últimas dos décadas le había convertido en uno de los hombres más respetados y temidos de la sanidad catalana. Entre 1998 y 2003 fue director del CatSalut, organismo responsable de toda la red pública catalana, bajo los consejeros Eduard Rius y Xavier Pomès (CiU). Posteriormente, a partir de 2004, pasó a ser el director de Innova bajo el mandato del alcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. En 2011, tras el regreso de CiU a la Generalitat, Prat fue nombrado por el consejero Boi Ruiz presidente del Instituto Catalán de la Salud —ICS, que gestiona ocho grandes hospitales públicos y más de 300 centros de salud—. El expresidente catalán, Artur Mas, también le incorporó al Consejo Asesor sobre la Sanidad tras ser nombrado presidente de la Generalitat.

El principio del fin del poder de Prat en la sanidad catalana lo marcó la llegada en 2011 de David Vidal como concejal por la CUP al Ayuntamiento de Reus. Esta formación denunció el cúmulo de cargos del director de Innova, que compaginaba con la presidencia del ICS y la vicepresidencia del grupo hospitalario privado USP. EL PAÍS destapó posteriormente, en junio de 2012, el contrato de Manté en Innova, que la CUP y otras fuerzas locales llevaron al juzgado y la fiscalía. Esto fue lo que dio lugar al inicio de las investigaciones de lo que ha acabado siendo el macrocaso Innova.

De El País

El ‘cas Innova’: més de 40 imputacions en dos anys

La vida municipal de Reus va canviar per sempre el 9 de gener de 2012, quan la CUP de Reus, amb un regidor a l'Ajuntament, va denunciar davant l'Audiència Nacional per presumpta prevaricació a un dels homes més poderosos del Consistori i de la sanitat catalana al servei de CiU: Josep Prat. La Guàrdia Civil investiga si la Generalitat ha pagat amb diners públics la defensa judicial de Prat arran de mitja dotzena de correus electrònics confiscats entre el conseller de Salut, Boiz Ruiz, el conseller de Justícia, Germà Gordó, i l'advocat de l'expresident de l'ICS, Xavier Melero.

La prensa griega en huelga contra la reforma de pensiones

Los medios de comunicación griegos han iniciado hoy una huelga de 48 horas contra la reforma fiscal y de las pensiones que impulsa el Primer Ministro, Alexis Tsipras, por orden de Bruselas. La protesta tiene lugar en plena negociación entre Grecia y la UE sobre la adopción de nuevos recortes y la precarización social que conllevan las imposiciones financieras de la Troika neoliberal europea. La reforma plantea reducir nuevamente el nivel adquisitivo de los jubilados, que ya han visto recortadas sus pensiones en los últimos años en una media de 30%. La huelga en la prensa escrita, impresa y digital, las agencias de información y los gabinetes de prensa comenzó a las 06:00 de la mañana (03.00 GMT) y se prolongará hasta la misma hora del viernes. Por su parte, las televisiones, tanto públicas como privadas, comenzarán el paro a las 06:00 de la mañana del viernes y lo concluirán el domingo a esa hora.

La Federación de Marineros de Grecia (PNO) también se suma a la protesta con la amenaza de que podrían estar de brazos caídos por más de 48 horas. Los trabajadores de los puertos ya han participado de huelgas en varias ocasiones para pedir la retirada de la reforma de las pensiones propuestas por el Gobierno a los acreedores del país. Los 14 sindicatos reunidos en PNO reclaman además que su caja de pensiones suplementarias no se incluya en la Agencia de Seguridad Social Unificada.

Este miércoles, el Gobierno y las instituciones que forman la denominada cuadriga (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional) celebraron una reunión maratónica que duró más de 15 horas, durante la que hubo acuerdos puntuales en materia fiscal. Ambas partes acordaron elevar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 23% al 24%. Entre los puntos en los que todavía hay desacuerdos figura la gestión de la cartera de créditos morosos de los bancos. El Gobierno quiere proteger de la venta a las hipotecas, los préstamos a las pymes y los préstamos de consumo.

Toxo pide "un último esfuerzo" a los partidos "de centro izquierda"

El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, ha dicho hoy que "ha faltado generosidad" por parte de los partidos políticas para llegar a un acuerdo para formar gobierno, por lo que ha pedido a los "de centro izquierda" que hagan "un último esfuerzo" para no tener que repetir elecciones, porque "la gente no se equivocó el 20 de diciembre". Toxo ha realizado estas declaraciones en Palma, donde ha participado en una asamblea del sindicatos de Baleares para la preparación de la manifestación de este 1 de mayo, bajo el lema "Contra la pobreza salarial y social, trabajo y derechos".

Según el líder sindical, existe una necesidad urgente de acabar con las políticas de continuidad basadas en la austeridad, puestas en marcha desde el inicio de la crisis, que han empobrecido a la población y han incrementado las desigualdades sociales. "Esa generosidad se ha echado en falta (...) Sería muy conveniente que las formaciones del centro izquierda hicieran un último esfuerzo, que vayan a decirle al Rey que tienen base parlamentario suficiente y no obliguen a la ciudadanía a ir a las urnas. La gente no se equivocó el 20 de diciembre", ha asegurado Toxo.

De lo contrario, ha advertido, será muy probable entrar "en un bucle" con la repetición de elecciones y las nuevas negociaciones para formar gobierno, publica Diario de Mallorca.

Torredembarra: La CUP denuncia l'exalcalde Masagué i 8 exregidors

El maig del 2009 l'Ajuntament de Torredembarra va aprovar demanar un crèdit de gairebé 2 milions i mig d'euros a l'Estat. Uns diners que es van comprometre a unes actuacions concretes, com la construcció d'un nou edifici per la policia local, i que finalment no es van acabar duent a terme en un 80% de les accions previstes. Ara, aquests diners, s'han de tornar amb uns interessos. La CUP de Torredembarra ha encès les llums d'alarma i ho ha portat tot plegat a mans del Tribunal de Comptes, Toni Sacristan, regidor a l'Ajuntament, els acusa de mala gestió ja que els diners destinats al préstec s'han destinat a pagar despesa corrent.

Segons la CUP , tot això ja s'està investigant als jutjats del Vendrell, a través del Cas Torredembara i a través de la UDEF. Sacristan però, creu que amb això no n'hi ha prou, i demanen que més enllà de la presó i les multes que això pugui comportar, volen que els diners es tornin i els torrencs no hagin de pagar els plats trencats. El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a l'incomplir la finalitat del préstec, exigeix, no només la quantitat romanent del mateix sinó a més els interessos que es generin des de la concessió del crèdit fins a la seva devolució efectiva. El primer pagament d'interessos trimestral ascendeix a la quantitat de 17.820 euros.

Més enllà de la denúncia a Fiscalia, la CUP també vol posar de manifest la que ells creuen que ha estat una mala gestió de l'actual equip de govern, que ha demanat un crèdit per tapar el deute pendent amb l'Estat enlloc de depurar responsabilitats polítiques.

De La SER

El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá por blanqueo

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'Caso Taula', un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora. De esta manera, el juez pide que se le dé el mismo trato que al resto de los 47 personas imputadas en la causa, sin privilegios por su aforamiento. El magistrado considera que sería "incoherente" no elevar la exposición, pues Rita Barberá realizó el mismo donativo por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, ex concejales, asesores y ex asesores del PP que dijeron sí al presunto blanqueo de hasta 50.000 euros de origen desconocido.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.Señala el juez, no obstante, que ni las dos investigadas -imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la ex alcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En su escrito, sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.Silencio significativo y dinero opacoEl juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura -dirigida por María José Alcón, una de las comisionistas y actual esposa de Alfonso Grau, el ex vicealcalde investigado por cohecho continuado- que se investigan en la pieza principal" "son muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.El juez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones.

En cuanto al origen del supuesto dinero blanqueado, el juez traslada que la investigación es "más compleja, por la propia naturaleza, opaca, de ese dinero presuntamente aflorado". "Ciertamente, la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia que se investigan en la causa principal son muy anteriores en el tiempo" recuerda el juez. A pesar de ello, continúa, "del examen de la cuenta bancaria investigada del Banco de Sabadell, según la libreta de anotaciones que llevaba personalmente la investigada María del Carmen García-Fuster, se evidencia, ya desde el año de 2001, la existencia de determinados ingresos en efectivo que anotaba como "C GP" y "CyA" por importe que en conjunto superan los 200.000 euros", y respecto de los cuales la investigada en su declaración sólo aclaró que esa anotación se corresponde a "colaboradores y allegados" no queriendo desvelar "ni el origen concreto de ese dinero ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar" insiste el instructor, el magistrado Víctor Gómez.

Ese dato es significativo en la medida en que, de esos ingresos, en el año 2003 se recogen cinco de 11.000 euros de enero a mayo. Y de noviembre de 2010 a mayo de 2011 cuatro de 29.000 euros y uno de 28.500. Ambos años eran años de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas en mayo. Este tipo de apuntes en la cuenta ya no se recogen en el año 2015. Por ello la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ve un posible delito electoral.

Según el auto enviado al Supremo, "Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".Además, considera que Barberá "ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquélla".

"A juicio de este instructor -añade el juez- las alegaciones efectuadas por la aforada, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposición".

Hasta el Supremo sólo llegarán los hechos que apuntan a Barberá mientras que el resto de investigación, en principio, se quedasrá en Valencia. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el PP de Rita Barberá cometió un presunto delito electoral -el nombre jurídico que recibe la financiación ilegal de partidos- ante las sospechas que generó la declaración de Mari Carmen García Fuster ante el juez que investiga al PP por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según confirmaron fuentes próximas al caso, la Fiscalía ve un posible delito electoral en las campañas de 2011 y 2015 tras analizar los últimos interrogatorios y estudiar a fondo la denuncia que presentó el grupo municipal Compromís por estos hechos. Esta denuncia se dirige contra García Fuster porque era la representante del PP ante la Junta electoral y contra el partido como persona jurídica porque las transferencias anotadas por la cajera confirman que esta organización política conocía la existencia de las cuentas. En dicho escrito la formación valencianista alerta que, de la documentación incluida en la 'Operación Taula', se desprende que «el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia disponía de una o varias cuentas bancarias, diferentes de la que, por imperativo legal, debe abrirse con los únicos fines de recibir en la misma todos los fondos destinados a sufragar cada campaña electoral y pagar todos los gastos».

Este dinero habría escapado de la supervisión del Tribunal de Cuentas «consiguiendo eludir el control de ingresos y gastos destinados a las campañas electorales, obteniendo una ventaja sobre el resto de candidaturas de manera contraria a la ley y evitando en todo caso una posible minoración de subvenciones en relación a los resultados obtenidos, que es una consecuencia posible de la detección de irregularidades por parte del Tribunal de Cuentas». La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del "Caso Taula", en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).

La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. El juez pide al Tribunal Supremo imputar a Rita Barberá sólo por el blanqueo del dinero de su última campaña.El PPCV, atado de manosPor su parte, nada más conocer la noticia el PP valenciano recordó que, ahora, es la dirección nacional la que debe de actuar pues es a quien compete pronunciarse sobre Barberá en su condición de senadora. En la sede valenciana de la calle Quart apuntan que ellos ya han llegado hasta donde podían exigiendo a los ediles que están en la misma situación que la alcaldesa que devuelvan el acta. El PPCV entiende que el escrito judicial puede dar una estocada definitiva al expediente informativo que hay abierto contra los imputados en el caso de blanqueo de capitales. La pelota está en el tejado de Génova.

De El Mundo

El juez ve irregularidades en las ayudas que Aguirre y Mato dieron a Ausbanc


Ausbanc podría haber conseguido en los últimos años importantes subvenciones de forma irregular. Es lo que sospecha el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye la causa tanto contra esta organización como contra Manos Limpias, por los presuntos delitos de extorsión y fraude procesal. La investigación se está centrando, fundamentalmente, en algunas de las subvenciones que la organización habría recibido tanto del Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, como de la Comunidad de Madrid, durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Valencia: El juzgado ampliará la investigación a García-Fuster (PP) por delito electoral


La pieza separada sobre el presunto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP de Valencia ampliará su investigación a un posible delito electoral por la supuesta financiación de las campañas de la formación política con dinero procedente de fuentes ilícitas. Uno de los primeros pasos en esta dirección ha sido solicitar al Tribunal de Cuentas información acerca de una de las cuentas del PP para averiguar si estaba sometida a su control o si, por el contrario, la manejaban los responsables al margen de su supervisión.

Los Mossos blindan un barrio de Figueres tras ser agredidos por vecinos

El barrio de Sant Joan de Figueres continúa blindado por la policía después de que un grupo de vecinos agrediese este miércoles a agentes de los Mossos d'Esquadra para facilitar la huida del ladrón de una furgoneta al que habían detenido. La misma zona había sido escenario en los últimos días de otro dispositivo de seguridad a consecuencia de un tiroteo. Los agentes apresaron este miércoles al presunto ladrón de una furgoneta, pero familiares y vecinos de éste acudieron a ayudarlo y facilitaron su huida y, por el momento, se encuentra en paradero desconocido. Mientras los Mossos d'Esquadra buscan a esta persona, otras dos, un hombre de 35 años y una mujer de 60, han sido detenidas por su participación en la agresión a los policías.

El hombre que busca la policía catalana es un hombre de 42 años conocido como 'El Chino', y vecino del barrio. Los arrestados están acusados de un delito de lesiones, otro de quebrantamiento de condena y otro de atentado a la autoridad. El sindicato Uspac acusa a miembros de la comunidad gitana del barrio de Sant Joan de protagonizar unos incidentes que califica de "muy graves". Uspac relata que los agentes agredidos sufren contusiones de diversa consideración -uno de ellos recibió un mordisco-, así como que se produjeron daños a vehículos policiales.

El sindicato condena lo sucedido e insiste en "la necesidad de adoptar las medidas pertinentes" para garantizar la labor de los Mossos d'Esquadra en el barrio de Sant Joan de Figueres. El pasado marzo, afirma, se produjo una reunión con mandos de la Región Policial de Girona para expresar el malestar de los agentes ante los incidentes y agresiones de que eran víctimas en este lugar y que se obtuvo un compromiso de actuaciones. Los responsables sindicales apremian a aplicar estas medidas, que pasan por conocer si hay un plan de seguridad específico para este barrio y crearlo si no es así, que se apliquen soluciones de urgencia "con la contundencia que requiera la problemática", que se apoye a los Mossos perjudicados y que se valore la acción de los mandos para que la Dirección General actúe en consecuencia.

De El Periódico

Iglesias autoriza más contactos con IU cuando se confirme el adelanto electoral

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado este jueves los "contactos preliminares" iniciados entre su partido e Izquierda Unida para sondear la posibilidad de concurrir juntos a las cada vez más probables elecciones generales del 26 de junio. "Pablo Echenique está mandatado para mantener esos contactos", ha señalado Iglesias antes de participar en un acto académico en la Universidad Complutense de Madrid. Tal y como adelanta eldiario.es, el miércoles se produjo en el Congreso una reunión entre Echenique y un representante de IU de la confianza de Alberto Garzón. Iglesias se ha mostrado partidario de que se mantengan dichos encuentros pero solo cuando se confirme el adelanto electoral: "Soy partidario de que esos contactos se produzcan si se confirma el adelanto de elecciones", ha asegurado Pablo Iglesias a los medios de comunicación que se han dado cita en la Facultad de Filosofía de la UCM.

El líder de Podemos ha pedido "altura de miras" ante un "momento histórico muy importante" . Pero ha negado que IU y su partido hayan cerrado ya ningún acuerdo y ni siquiera ha querido hablar de las condiciones previas impuestas por ambas partes. "Hay que sumar voluntades pero es prematuro" hablar de acuerdo, ha apuntado. "Dejemos que los contactos se produzcan". Sobre las posibles diferencias que existen en el seno de Podemos ante la opción de la confluencia con IU, Iglesias ha asegurado que en la dirección del partido hay "consenso sobre los pasos que hay que dar". "El momento es especial", ha insistido el líder del partido. Y ha zanjado: "Toca estar a la altura. Por mi parte voy a estar y lo estarán todos en Podemos".

Antes que Iglesias ha hablado ante los medios Juan Carlos Monedero, quien también ha asistido al acto en la Complutense. El exdirigente de Podemos ha insistido en su idea de englobar la candidatura a las elecciones generales bajo el nombre "Podemos-En Común", una idea que ya expuso el pasado fin de semana en Córdoba. Monedero ha coincidido con Iglesias en que es necesario dar tiempo a los contactos preliminares antes de dar por hecho un acuerdo que está todavía empezando a construirse: "No hay que tener prisa".

De diario.es

IU y Podemos hacia un pacto estatal para las nuevas elecciones


IU y Podemos concurrirán a las urnas juntos a nivel estatal si finalmente se repiten las elecciones, un pacto que, a falta de concretar los detalles, cuenta con consenso en el partido de Pablo Iglesias, que espera aumentar así su rendimiento electoral, según fuentes de la formación morada. Ante el escenario cada vez más probable de una repetición electoral, Podemos cuenta ya con que el acuerdo con el portavoz de IU, Alberto Garzón, pueda concretarse en los próximos días, aunque aún tienen que comenzar las negociaciones formales entre ambos partidos.

La CUP compara el Parlament amb el "mercat del peix"

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, s’ha queixat del funcionament de la cambra durant el debat de la moció sobre els projectes de Llei de Pressupostos i de mesures fiscals i financeres i ha retret que sigui com “el mercat del peix”. “El que aquí passa, si li volem donar la trascendència que té, ho hem de fer ben fet“, ha reclamat. Reguant ha dit que “ens agradaria que entre totes fessin una reflexió i una esmena a la totalitat a la metodologia de treball. El que no podem fer és que això, cada setmana que hi ha ple, es converteixi en el mercat del peix on fins a última hora discutim i rediscutim i on sembla que, a vegades, prenent decisions sense haver mediat i analitzat amb profunditat tot allò que estem decidint”.

Aquesta queixa ha arribat després que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, suspengués la sessió durant cinc minuts per petició de la CUP, que havien rebut a última hora els textos transaccionats de la moció que s’havia de debatre.

De e-notícies

IU, PSOE, C’s y Podemos defienden la ley de emergencia social del Parlament

La posibilidad de que el Gobierno recurra la ley catalana de medidas contra los desahucios y la pobreza energética ha unido a todos los grupos parlamentarios opuestos al Gobierno en funciones. Desde IU al PSOE o Podemos y sus confluencias, pasando por Ciudadanos y las fuerzas nacionalistas y soberanistas de Catalunya y el País Vasco, de izquierdas y derechas, todos los grupos salvo el PP suscribieron un documento que, presentado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, “exige” al Ejecutivo de Mariano Rajoy que renuncie al propósito de recurrir por supuesta inconstitucionalidad la ley en cuestión, aprobada en julio pasado por unanimidad en el Parlament y fruto de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la PAH y otras organizaciones.

Diputados de todas las formaciones parlamentarias de oposición se reunieron en el Congreso con delegados de la propia PAH y de la Alianza contra la Pobreza Energética. Todos escucharon la demanda del colectivo; la suscribieron, y finalmente escenificaron ese apoyo en una improvisada rueda de prensa. En esta última cita no estuvieron PSOE y C’s, pero ambos suplieron esa ausencia con sendas notas donde expresaban con rotundidad su respaldo a la solicitud de la PAH.

Los grupos denunciantes coincidieron en el hecho de que sea un Gobierno en funciones el que pretenda acudir al TC contra la ley autonómica. Y destacaron la oportunidad que ofrecía la reunión entre el president Carles Puigdemont y el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, para que este rectificara en el asunto. El PSOE pidió a los dos interlocutores un acuerdo “inmediato” para garantizar los objetivos contenidos en la también conocida como Ley 24/2015. Los socialistas prometieron además que, “cuando el PSOE llegue al Gobierno” revisará los recursos planteados por el gabinete Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra normas de las comunidades autónomas. El hipotético ejecutivo socialista “potenciará los mecanismos de diálogo institucional para reducir la conflictividad existente y futura” entre Gobierno central y comunidades.

Por parte de Podemos, su número dos, Íñigo Errejón, lamentó que en España sea la sociedad civil la que lleva a las instituciones propuestas de “sentido común” para una elemental defensa de derechos básicos, mientras el Gobierno no sólo no les da curso sino que incluso las”zancadillea”. Por ERC, Teresa Jordà interpretó el propósito del Gobierno de recurrir el texto como un intento de proteger y “beneficiar” a la banca y a las compañías suministradoras de energía. Y Lourdes Ciuró, de Democràcia i Llibertat, reafirmó el “compromiso insobornable” de la Generalitat para aplicar la ley. “Lo que el Parlament catalán ha aprobado un gobierno no lo puede impedir desde la judicatura”, según publica La Vanguardia.

España, a la cola de la recuperación y el empleo en la OCDE

El conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recuperó en el cuarto trimestre de 2015 la tasa de empleo previa a la crisis económica que tambaleó los mercados laborales de las 34 economías mundiales que conforman este selecto grupo desde el segundo trimestre del año 2008. Entonces, el porcentaje de personas empleadas respecto al total de la población en edad de trabajar se situó en el 66,5%, un nivel que volvió a alcanzarse a finales del año pasado. Pero las cifras no son tan alentadoras para el mercado laboral español, que continúa mostrando signos de debilidad tras un cierre de 2015 récord en lo que a creación de empleo se refiere.

Si el martes el Ministerio de Economía advertía de que la revisión a la baja del crecimiento económico se traducirá en la creación de unos 230.000 empleos menos en los próximos dos años, el ranking difundido esta semana por la OCDE pone de manifiesto el contraste entre la recuperación de la tasa de empleo de unos y otros países en el cómputo total de 2015, situando de nuevo a España a la cola de los Estados miembros de este organismo, de la eurozona y de las siete principales economías mundiales. En cifras, la tasa de empleo en nuestro país fue del 57,8% el año pasado, un 1,8% sobre la registrada en 2014, pero lejos del 64,5% de la zona euro, más distante aún del 66,2% de la OCDE y significativamente rezagada respecto al 69,1% del G-7, que incluye a Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y Japón.

Aún así, en términos interanuales, el avance de nuestra creación de empleo fue bastante superior al experimentado por estas tres agrupaciones, que anotaron ascensos de entre el 0,5 y el 0,7%. De todos modos, pese a la recuperación del empleo en España, en ascenso en los últimos diez trimestres según los datos que maneja la OCDE, en el cuarto trimestre de 2015 tenía trabajo en nuestro país el 58,6% de la población activa, frente al 64,7% del área del euro y el 66,5% de media en los 34 de la OCDE. Aunque, de nuevo, nuestra aceleración trimestral quedó muy por encima del resto, con un incremento de seis décimas frente al 0,1 de la eurozona y el 0,2% del conjunto de la OCDE. Además, en comparación con el último trimestre de 2014, la OCDE destaca que varios países de la eurozona con tasas de empleo ?relativamente bajas? anotaron un aumento ?significativo?. Entre ellos, destaca a España por su avance de 1,9 puntos, el mayor de todos, seguido de Grecia (1,7 puntos), Irlanda y Portugal (en ambos casos, el incremento fue del 1,3%).

Pero la tasa de empleo juvenil en esos países no aumentó a la misma velocidad que la media, con incrementos de 1 punto en España en el cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de un año antes, hasta el 18,2%, o caídas de 0,7 puntos en Grecia, hasta firmar la tasa de empleo juvenil más baja de la OCDE, del 12,8%. Entre tanto, el empleo juvenil creció un 0,7% de media en los países miembros de la OCDE, hasta el 40,5%, lo que implica una tasa de ocupación de jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad que, sobrada, dobla la española y triplica la griega. El empleo en este rango de edad se mantuvo estable en el área del euro a cierre de 2015 en relación con el cuarto trimestre de 2014, también muy por encima de la media española, en el 30,7%.

De El Economista
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Gestha alerta de que Montoro avise a los corruptos con 8.000 millones en Suiza

Hacienda tiene nombres, cuentas y otros datos de los españoles que figuran en la lista de Renania, y que entre 2006 y 2008 escondieron cerca de 8.000 millones de euros en Suiza; pero si no apura los tiempos o si les anticipa sus movimientos antes de empezar a investigar podría estar extendiendo una alfombra roja para quienes evitaron declarar sus fortunas. "Es posible que se les haya dado un periodo para que reaccionen, vistos los antecedentes. Lo ideal sería abrir una inspección", advierte el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, que teme que la Agencia Tributaria pueda alertar a quienes figuran en esa lista, de forma parecida a como acostumbran a hacer los bancos con sus clientes cuando descubren que están siendo investigados.

Mollinedo relata que esto les permitiría presentar declaraciones complementarias y ahorrarse una cantidad importante por regularizar su patrimonio, algo que no estaría en su mano si el organismo integrado en el Ministerio que todavía dirige en funciones Cristóbal Montoro abriera una inspección por cada uno de los nombres de personas y empresas que en 2006 almacenaban en cuentas bancarias en el país alpino 8.707 millones de euros, cifra que descendió hasta los 6.609 millones de euros sólo dos años después. "Lo ideal sería abrir una inspección que les impidiera librarse de sanciones", apunta el secretario general de Gestha.

Entre los antecedentes a los que hace referencia, Mollinedo destaca el caso del banco LGT de Liechtenstein en 2008, y el de la lista Falciani, en 2010. En relación al primero, critica que tras conocerse los nombres, durante los primeros cuatro meses, "sólo se hizo una investigación", por lo que los afectados pudieron presentar declaraciones complementarias, eludiendo incluso posibles penas de varios años de cárcel. Por su parte, la lista lograda por el informático ítalo-francés Hervé Falciani ponía nombre a 659 grandes defraudadores españoles, pero cuando la tuvo en su poder Hacienda no actuó de forma inmediata -algo que en 2015 ya le granjeó una querella de Gestha-.

En su lugar, la Agencia alertó a los infractores cuyos casos no habían prescrito y les invitó a presentar complementarias en un plazo de 10 días para tributar por el dinero que habían ocultado en el HSBC suizo. Esto supuso una segunda oportunidad para los evasores, entre ellos varios miembros de la familia Botín, que sumaron declaraciones complementarias por valor de 200 millones de euros. El miércoles, este diario informó de la existencia de este nuevo listado, que ya está siendo analizada por la Agencia Tributaria. Sin embargo, Mollinedo asegura que no puede dar detalles sobre quiénes trabajan en la lista de Renania o en qué día comenzaron a estudiarla. "No sabemos que haya habido ninguna actuación", afirma.

Además de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP en 2012, un año después entró en vigor una normativa que obligaba a todos los residentes en España a declarar sus bienes en el extranjero (cuentas, inmuebles, valores, seguros, etc) a través del modelo 720. Teniendo en cuenta que la lista de Renania hace mención a los años 2006 y 2008, Mollinedo explica que las posibles infracciones ya habrían prescrito en 2016, salvo que quienes no declararon sus bienes en estas fechas tampoco lo hicieran en 2013, si entonces seguían escondiendo dinero en el extranjero. "Entonces se consideraría imprescriptible", apunta.

El secretario general de Gestha insiste en que la publicación de este tipo de listas debería contribuir a desplazar el foco de atención que a su juicio Hacienda se empeña en colocar sobre los autónomos, para situarlo sobre las grandes fortunas, expertas en hacer piruetas para esquivar al fisco que ven aumentar su temor a ser descubiertas cuando se publican este tipo de documentos. "En una década se han recibido tres grandes listas, cuatro si contamos los papeles de Panamá", apostilla Mollinedo.

Alemania recupera 6.000 millones con la investigación

La investigación que se ha visto plasmada en el envío de listas de ciudadanos con cuentas en Suiza a todos los países europeos se remonta a la primavera de 2010, tal y como explican a Público fuentes del Ministerio de Finanzas del estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania. Los distintos documentos remitidos a 24 países europeos por parte del Gobierno federal la semana pasada son el fruto de la investigación del Ministerio de este länder, uno de los 16 estados federados germanos. Francia, Italia y Grecia recibieron con anterioridad sus respectivos listados, mientras que en Alemania la información ya ha permitido recabar 6.000 millones en impuestos, de los que 2.100 millones vienen directamente de ciudadanos residentes en Renania del Norte-Westfalia.

Los 17 cedés comprados progresivamente por 17,9 millones de euros, y financiados entre distintos länders y el Ejecutivo federal, son parte de la base de una extensa investigación en la que han recopilado datos de defraudadores fiscales y posteriormente de entidades bancarias. Bancos como el HSBC o Credit Suisse han tenido que abonar millonarias sanciones (de 300 y de 150 millones de euros, respectivamente) tras destaparse los resultados de esta investigación, en la que el Ministerio de Finanzas regional ha manejado miles de datos bancarios pertenecientes a cuentas de ciudadanos y empresas.

Desde el länder alemán reconocen también que, mientras otros Gobiernos europeos sí han reaccionado tras acceder al listado, no les consta que haya habido ningún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo en funciones de Rajoy hasta la fecha. El mismo Ejecutivo en funciones que hace apenas una semana asistía impasible a la dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria, por su vinculación con los papeles de Panamá; y que en 2012 extendía una alfombra roja en forma de amnistía fiscal a quienes hasta entonces habían eludido el pago de impuestos. El Gobierno en funciones que se rebela contra el control del nuevo Congreso, y que por tanto difícilmente responderá a sus preguntas sobre la lista de Renania antes de que se disuelvan las cortes, dentro de poco más de 10 días.

Hacienda tiene otra lista de españoles con 8.000 millones de euros en Suiza


La Agencia Tributaria recibió la semana pasada la lista conseguida por un länder alemán, que localiza 90.000 millones de euros en cuentas bancarias de empresas y ciudadanos europeos en el país alpino. En Alemania, la información ha permitido recuperar 5.000 millones de euros en impuestos, y afecta a alrededor de 120.000 contribuyentes. La lista Falciani hizo sonar las alarmas, los papeles de Panamá volvieron a demostrar que las grandes fortunas no quieren saber de fronteras -ni de impuestos-, pero lo cierto es que apenas se divisa la punta del iceberg del dinero escondido en paraísos y ex paraísos fiscales.

José María Mollinedo (Gestha): 144.000 millones de euros procedentes de España están en paraísos fiscales


El representante del cuerpo de técnicos y especialistas en tributación pasa revista a los últimos escándalos financieros que han afectado al país. Se calcula que más de 144.000 millones de euros procedentes de España están en paraísos fiscales. Del ministro Soria a Mario Conde. De Panamá a Liechtenstein, con estación intermedia en Jersey y una cantidad de subtramas y nombres que está a punto de convertir los desvelos de la formación de Gobierno en un asunto secundario, cuando no subsidiario en su resolución final.

El 'Mossack Fonseca español', vinculado con las mayores tramas de corrupción

El “facilitador” de la estructura empresarial opaca destinada a ocultar algunas de las operaciones de la trama Gürtel y del caso Nóos también está vinculado con la operación Taula. Se trata del abogado y gestor Ramón Cerdá Sanjuán, quien desde su despacho Sociedades Urgentes de Ontinyent, ha gestionado y vendido sociedades, de forma totalmente legal, que después se han visto implicadas en numerosas tramas de corrupción. El abogado, hasta ahora nexo de unión entre Gürtel, Marsans, Pasarela, Gowex o Nóos, está también relacionado con varios empresarios detenidos en la operación Taula, la macroredada contra la corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, que ha puesto en el punto de mira a Rita Barberá.

Todo el grupo popular está siendo investigado –nuevo término utilizado para referirse a la imputación– por presunto delito de blanqueo de capitales. Cerdá asegura en la página web de su bufete ser líder en la venta de sociedades –unas 1.200 al año– y en el Registro Mercantil constan actualmente más de 3.400 empresas en las que aparece su nombre, en la mayoría de las ocasiones como administrador único.

Jaime José Ubeda, detenido en la operación Taula y considerado el testaferro de Marcos Benavent, el peón de Alfonso Rus, está conectado directamente con Cerdá a través de Merino Berceo Mantenimientos SL y Spartaki Sinergias SL, donde Ubeda fue administrador único. Según la investigación, supuestamente varias sociedades a su nombre fueron utilizadas para blanquear dinero dentro de la trama de corrupción. Otro de los arrestados fue Carlos Turró Homedes, presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas obras públicas en la ciudad de Valencia. La sociedad está relacionada con Cerdá a través de la línea de puntos que une a Cinc Altures SL, a Antonio Cebrian Ferrer y a Doppio Business SL. Además, Turró tenía una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria, como ya publicó El Correo, y hace dos años, la Fiscalía investigó los créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.

El siguiente de la lista es el empresario Vicente Francés Mora, dueño de Construcciones Francés y contratista habitual de la Diputación de Valencia. Las sociedades Charetti Europea SL, Random Valenciana SL, Bastion Invierte SL y Nueva Dinastia SL en las que aparece, tienen también una vinculación con Ramón Cerdá. Jaime Cabot Ivars es el administrador del fondo supuestamente utilizado por Alfonso Rus para blanquear dinero y a través de él controlaba otros donde los responsables de la investigación piensan que los encausados desviaban sus ingresos, como Geneva Patrimonial Inmobiliaria Do Brasil. Este quinto detenido de Alicante tiene relación directa con el abogado Ramón Cerdá a través de Diorita Promotora 21 SL.

Despachos de abogados especializados en el sector financiero en España, como Mossak-Fonseca en Panamá, hacen posible la existencia de complejas estructuras societarias que posteriormente son usadas para ocultar determinadas propiedades u operaciones, amparándose en su derecho a prestar un servicio perfectamente legal, y sin hacerse responsables del uso que sus clientes den a dichas estructuras. El negocio de Ramón Cerdá consiste en crear y administrar diferentes firmas para después vendérselas con la máxima discreción a sus clientes, normalmente empresarios e inversores. Es importante tener en cuenta que la adquisición de participaciones en una sociedad ya creada no deja huella en el Registro Mercantil y, debido a este vacío, los nuevos propietarios pueden realizar gestiones opacas.

Aunque este funcionamiento es perfectamente legal, las diferentes tramas de corrupción demuestran que las sociedades promovidas por este abogado especializado en el sector financiero han sido utilizadas en decenas de ocasiones para evadirse de Hacienda y la Justicia, como ya publicó El Confidencial. Cerdá sigue vendiendo sus servicios abiertamente en Internet, definiéndose a sí mismo como “experto en la comercialización de sociedades” y regala a todos sus clientes un ejemplar de su novela junto con los libros ‘Pasión por la calidad’ y ‘Hacienda [no] somos todos’.

De Público

Hacienda tiene otra lista de españoles con 8.000 millones de euros en Suiza

La Agencia Tributaria recibió la semana pasada la lista conseguida por un länder alemán, que localiza 90.000 millones de euros en cuentas bancarias de empresas y ciudadanos europeos en el país alpino. En Alemania, la información ha permitido recuperar 5.000 millones de euros en impuestos, y afecta a alrededor de 120.000 contribuyentes. La lista Falciani hizo sonar las alarmas, los papeles de Panamá volvieron a demostrar que las grandes fortunas no quieren saber de fronteras -ni de impuestos-, pero lo cierto es que apenas se divisa la punta del iceberg del dinero escondido en paraísos y ex paraísos fiscales.