dimecres, 12 d’octubre de 2016

China y Rusia contra el despliegue del THAAD en Corea del Sur

Durante el Foro de Xiangshan, China y Rusia criticaron a Estados Unidos por su papel en el despliegue del Sistema de Defensa Antimisiles THAAD, en Corea del Sur. El general de división del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central de China, Cai Jun, declaró que el despliegue del sistema antimisiles de América y su búsqueda por la superioridad militar dañarán el equilibrio estratégico a nivel mundial. Por su parte, Rusia manifestó que poseen grandes dudas sobre la necesidad de dicho sistema en Asia.

Mientras tanto, ambos países acordaron realizar su segunda ronda de maniobras militares antimisiles conjuntas para el próximo año. El primer ejércicio de este tipo tuvo lugar en mayo de este año, informa CCTV.

La UE se ‘rearma’ contra las multas de EEUU a la banca

Lo elevado de las multas que la Justicia estadounidense está aplicando a las empresas europeas –y especialmente a los bancos- comienza a levantar las primeras quejas en las administraciones europeas, que empiezan a moverse para dar una respuesta conjunta a lo que consideran una actitud abusiva. Un informe del Parlamento francés elaborado entre los socialistas y los conservadores en la oposición muestra que la Justicia estadounidense acostumbra a ser más punitiva hacia las empresas extranjeras que hacia las nacionales. De acuerdo con este documento, a pesar de que las empresas extranjeras representaron sólo el 30% de las investigaciones iniciadas por las autoridades de EEUU entre 1977 y 2014 en virtud de su legislación anti-soborno extranjero, el 67% del importe recaudado en multas procedió precisamente de estas empresas extranjeras.

Sólo desde 2009, bancos como HSBC o Deutsche Bank han desembolsado unos 16.000 millones de dólares en multas por diferentes motivos. Las firmas europeas se han llevado además 14 de las 15 mayores sanciones. En Francia todavía escuece, por ejemplo, la multa de 9.000 millones de dólares que se vio obligado a afrontar BNP Paribas por violar las sanciones a EEUU a otros países.

Las principales objeciones de París se centran en que el Departamento de Justicia de EEUU tiene una interpretación muy amplia de lo que considera su jurisdicción. Esta esfera de influencia incluye transacciones entre no estadounidenses fuera de EEUU, pero con el dólar involucrado, o incluso operaciones que tienen lugar a través de Internet utilizando servidores estadounidenses. “Consideramos que la situación de hoy equivale a la utilización abusiva de la ley estadounidense”, señala la socialista Karine Berger a Reuters en unas declaraciones en las que llega a calificar estas prácticas de análogas a la “extorsión”. “Pedimos a Francia y a Europa que haga saber a EEUU que ya no podremos aceptar este tipo de comportamiento”.

El informe no cuestiona el proceso sancionador abierto contra Deutsche Bank por su operativa con hipotecas subprime, ya que estas operaciones se llevaron a cabo en EEUU, pero sí que el Departamento de Justicia no haya tenido en cuenta el impacto que puede tener la sanción –se ha hablado de hasta 14.000 millones de dólares- en el sector.

Berger considera que la respuesta de Europa no ha sido lo suficientemente contundente, y que tanto la Unión Europea como los estados miembros deben adaptar su propia legislación para ello, por lo que el informe será enviado a otros parlamentos del Viejo Continente. “Debe haber un rearme legal en Europa, para que podamos luchar en igualdad de condiciones con EEUU en el ámbito de la competencia económica”, considera la política francesa. La Unión Europea debería considerarse desafiar el régimen de sanciones de EEUU en la Organización Mundial del Comercio, según el informe, que cita un precedente de 1998, cuando los europeos lograron obligar a EEUU a dar marcha atrás a sanciones contra Cuba, Libia e Irán que podrían haber afectado a empresas europeas.

La UE debería actualizar asimismo una prohibición de 1996 sobre las empresas europeas para que cumplan con las sanciones de EEUU, sobre la base de que dicha legislación es extraterritorial, dando a las empresas europeas una “excusa” legal para rechazar las demandas llegadas del gigante norteamericano. Por último, los países e instituciones europeas también deberían fomentar el uso del euro para las transacciones globales y fortalecer el uso de los servicios de inteligencia con motivos económicos, informa El Boletín.

Deutsche Bank cae otro 3% por el fracaso de su CEO en Washington

Deutsche Bank vuelve a ceder con fuerza en Bolsa anta la falta de acuerdo con el Departamento Federal de Justicia de EEUU. El banco alemán cae casi un 4% en los cruces más madrugadores de una sesión para la que muchos esperaban contar ya con un pacto que suavizara los 14.000 millones de dólares de multa que reclama Washington. Por el momento, las exigencias formales de la Justicia estadounidense permanecen invariables para resarcir la comercialización impropia de productos referidos a hipotecas de baja calidad, lo que en EEUU se ha dado en nombrar como crisis de la subprime. Los rumores en torno a maniobras del primer cabeza del Deutsche, el consejero delegado John Cryan, para rebajar el montante exigido siguen sin reflejarse en acuerdo alguno.

Casi 70.000 catalanes dejarán de pagar impuesto de patrimonio en 2017

El impuesto de patrimonio es un auténtico foco de 'dumping' fiscal, puesto que Madrid no lo aplica mientras que sí lo hacen el resto de CCAA. Este 'dumping' fiscal acabará en 2017, cuando los catalanes dejen de pagar impuesto de patrimonio. Esta medida beneficiaría a más de 70.000 contribuyentes catalanes sujetos a este tributo. Cataluña es la segunda CCAA donde este impuesto es más importante. En el último proyecto de Presupuestos de la Generalitat, el que tumbó la CUP, se preveía ingresar por este concepto un total de 472 millones. Por lo tanto, el fin del impuesto supone un alivio a los contribuyentes, sí; pero también un problema para el vicepresidente de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras: la Administración catalana no va tan sobrada como para renunciar así como así a casi 500 millones.

Sin embargo, ni es un problema inminente ni se trata de una verdadera decisión del Gobierno. La realidad es más compleja que la declaración política. El impuesto de patrimonio es un tributo cedido por el Gobierno central a las autonomías. En los últimos años, los Presupuestos Generales del Estado han incluido un artículo que anuncia que en el año siguiente se bonificará con el 100% a los sujetos a este impuesto, lo que en la práctica lo anularía en el siguiente ejercicio. Era la fórmula elegida para que las CCAA pudieran recuperar ese impuesto en un momento en que la financiación de las autonomías había caído por la crisis, pero sin que se pudiese dar por hecho que esta situación se prolongaría en el tiempo. Por eso, la autorización se limitaba a un año.

Como el ministro de Hacienda, igual que el resto del Gobierno, se encuentra en funciones, Cristóbal Montoro tendrá que prorrogar los Presupuestos. Y entre los automatismos que incluye la prórroga, entraría en vigor para 2017 la bonificación de la totalidad del impuesto de patrimonio prevista en las cuentas del año anterior. De manera que sí, los catalanes dejarán de pagar impuesto de patrimonio. Pero no es tanto una decisión del Gobierno del PP como una consecuencia de la interinidad en la que vive el Ejecutivo de Moncloa.

Además, tal y como recuerda la Conselleria de Economía, el Gobierno todavía podría decidir durante el año 2017 establecer el tipo de bonificación del impuesto, por lo que, en su opinión, desde un punto de vista técnico, el fin del gravamen no será firme hasta que acabe el año. Sin embargo, las declaraciones de García Albiol en sede parlamentaria apuntan a una voluntad del PP de que esta carga fiscal desaparezca. “El consejero de Justicia ha quedado con la boca abierta escuchándome. Ya se puede quedar con la boca abierta el consejero de Justicia, que a partir del año 2017 los catalanes, gracias al Gobierno de España, a dejar de pagar”, dijo el presidente de los populares catalanes.

En Cataluña están exentos los contribuyentes con un patrimonio inferior a los 500.000 euros. A partir de aquí, las rentas más altas han de pagar el impuesto. Esto ha provocado que muchos casos de catalanes finjan vivir en Madrid, donde la comunidad de Cristina Cifuentes aplica la bonificación del 100%. Es la manera de no tener que hacer frente a esta carga fiscal. Ese es el 'dumping' fiscal que desaparecerá con la eliminación del impuesto.

Lucha contra el fraude

De hecho, se han dado casos de fraude alrededor del impuesto de patrimonio. El pasado mes de mayo, una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y su homóloga en Cataluña afloró 35 millones de fraude, después de que se hicieran requerimientos a más de 3.000 contribuyentes, muchos de los cuales habían forzado supuestos cambios de residencia a Madrid para no pagar la carga tributaria. Este es el tipo de 'dumping' fiscal que evitaría la prórroga de los Presupuestos. La Generalitat tendrá tiempo para buscar una fuente de ingresos que compense la pérdida, porque no será efectiva hasta 2018, dentro de dos años

Junqueras tendrá tiempo para buscar una solución. Aunque el impuesto desaparezca dentro de unos meses, se trata de un tributo cedido. Los tributos cedidos se liquidan al año siguiente. Por ejemplo, la Generalitat ha cobrado este año la liquidación de patrimonio de 2015, por la cual ha ingresado 461 millones. De manera que en 2017 todavía cobrará el abono correspondiente al año en curso, que será el último en el que se tenga que hacer frente a esta carga fiscal. Por tanto, la falta de fondos solo será un problema para las arcas públicas catalanas hasta 2018, cuando ya no se percibirá la liquidación del año anterior.

El resto de CCAA también se beneficiará de este fin del impuesto de patrimonio. Aragón era la que más pagaba, más incluso que Cataluña, mientras que los madrileños estaban exentos. El impuesto llegó a estar anulado, pero el Gobierno lo recuperó con la crisis para compensar a las CCAA por la caída que había experimentado el impuesto de transmisiones patrimoniales, muy vinculado a la actividad inmobiliaria, informa El Confidencial.

UBS informa a sus clientes que Hacienda ha pedido información al fisco suizo

El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha levantado el teléfono para llamar a su homólogo suizo. Las autoridades fiscales de España se han puesto en contacto con las suizas para obtener información sobre los ciudadanos españoles que disponen de cuentas bancarias en Suiza. De esta manera, España se une a países como Francia o Países Bajos, que también solicitaron ayuda al fisco suizo para aflorar el dinero ‘escondido’. La noticia ha sido revelada por el banco más importante del país centroeuropeo, el UBS.

El 25% de nuevos contratos dura siete días o menos

Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), durante el mes de septiembre se firmaron más de 1,9 millones de nuevos contratos, de los que sólo 119.800 tenía duración indefinida, es decir, que los 1,78 millones de contratos restantes eran temporales (el 94% del total). Dentro de los temporales, es significativo el peso que tienen concretamente los contratos con una duración igual o inferior a siete días, con un total de 448.320 contrataciones suscritas durante el mes de septiembre (el 24% del total), que contrastan con las 206.341 de septiembre de 2007 (el 12,9% del total). Pero es que estos contratos de muy corta duración firmados el pasado septiembre forman parte de los más de 676.992 que no superaron el mes y de los 938.555 cuyo tiempo estimado no sobrepasará el medio año.

Según los datos del SEPE, la duración media de los contratos temporales se ha reducido en casi dos días en el último año, desde los 60,69 de septiembre de 2015 a los 58,92 días del pasado mes. Mayor es la diferencia si nos remontamos a los años previos a la crisis, ya que el tiempo medio de los contratos se ha recortado en treinta días respecto a los 88,01 días que duraban de media los contratos temporales en septiembre de 2007, año en el que el empleo crecía al 3,2%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De los datos analizados del SEPE, llama la atención que los contratos por obra y servicio (789.409) y los eventuales por circunstancias de la producción (766.602) fueron los más frecuentes en septiembre. Pero precisamente esta última modalidad, la de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, es la elegida en la mayoría de las contrataciones de muy corta duración, con 340.201 contratos firmados que duraron un máximo de una semana.

La elevada temporalidad refleja el alto componente estacional del mercado laboral español, de forma que es el sector servicios el responsable de la mayoría de los contratos con una duración máxima de una semana (con 378.509 contrataciones en septiembre). Le sigue la industria (52.483), la agricultura (13.251) y la construcción (4.077). Además, la mayoría de estos contratos de tan corta duración tenían una jornada completa (269.005) y el resto, parcial (179.315).

En función de la edad, estos contratos de muy poca duración se concentran en trabajadores muy jóvenes, de entre 20 y 29 años (157.000 contratos), seguidos por los de 30 y 39 años (126.000), y se realizan sobre todo a personas que no han llegado más allá de los estudios básicos. En cuanto al grupo de ocupación, estos contratos de una semana como máximo se concentran en los trabajadores de servicios de restauración (182.135) y en ocupaciones elementales (142.730), en actividades como la hostelería (166.238), aunque también administrativas y de servicios (53.854) y de la industria manufacturera (51.230).

Esta alta temporalidad que reflejan los datos es insistente y habitualmente denunciada por los sindicatos. UGT ha pedido recientemente que sea obligatorio que los empresarios aporten una justificación cuando realicen un contrato laboral con una duración inferior a siete días. Además, ha denunciado la utilización "perversa, descausalizada e ineficiente de la contratación temporal" y ha reclamado, entre otras cosas, que la Inspección de Trabajo intensifique la vigilancia y penalice el uso injustificado de los contratos de corta duración, informa El Economista.

Els infarts a la feina es disparen

La lleu millora del mercat laboral ha vingut acompanyada a Catalunya d’una mala notícia. Els accidents laborals mortals relacionats amb malalties del cor o vasculars s’han disparat a Catalunya la primera meitat d’aquest any. És el que el departament de Treball anomena accidents no traumàtics, és a dir, que no tenen a veure amb un accident concret, ni amb la falta de mesures de seguretat, sinó amb patologies relacionades sobretot amb el cor -com els infarts- o els ictus -com els vessaments cerebrals. Les dades parlen per si soles: entre el gener i el juny d’aquest any Treball ha registrat 19 morts d’aquest tipus, mentre que en tot el 2015 n’hi va haver 18, una menys. Si el ritme es manté, la xifra total d’aquest 2016 doblaria la de l’any passat.

Los sindicatos alertan del impacto negativo del CETA

Representantes de sindicatos de servicios públicos y defensores de la salud pública han criticado este martes en el Parlamento Europeo los efectos negativos que puede tener el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, pendiente todavía de ratificación, mientras que organizaciones empresariales y del sector agrícola han valorado la apertura de mercados entre ambas partes. Varios representantes de sindicatos, oenegés, empresas y agricultores han intervenido este miércoles ante la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo para discutir sobre los beneficios y los efectos negativos del CETA, que la UE y Canadá esperan firmar en Bruselas el próximo 27 de octubre. Antes, el 18 de octubre, los ministros de Comercio de los Veintiocho están convocados para dar el visto bueno a la firma y para aprobar la declaración conjunta elaborada para aclara algunos de los aspectos más controvertidos del mismo.

La directora general de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), Penny Clarke, ha afirmado que su organización mantiene reservas con el acuerdo y no aprueba su ratificación, puesto que tiene objeciones con respecto a la "débil" protección de trabajadores del sector público y del medio ambiente, con el tribunal de protección de inversiones incluido en el tratado y con el espacio que deja para regular en el sector público. "Estas preocupaciones son compartidas por un amplio abanico de diferentes partes de la sociedad", ha apuntado Clarke, quien ha señalado que en sus conversaciones con homólogos canadienses han intentado "ir más allá de los intereses ofensivos y defensivos" puesto que "los intereses de la gente y los trabajadores son comunes en todos los países".

En relación a la declaración conjunta, Clarke ha instado a preguntarse si resuelve las reservas planteadas con respecto al texto del acuerdo de libre comercio. "Si la respuesta es no, tenemos que sacar conclusiones", ha advertido. En la misma línea, la secretaria general de la Alianza Europea de Salud Pública, Nina Renshaw, ha asegurado que su organización no cree que el CETA sea equilibrado "incluso después de la declaración interpretativa" y no contiene salvaguardias "para garantizar la protección de la salud pública".

En concreto, ha criticado que las empresas puedan pedir compensaciones por determinadas políticas públicas "que frustren sus expectativas de inversiones". "No creemos que sea necesario en economías maduras con Estado de Derecho", ha destacado en relación al tribunal de protección de inversiones. También ha alertado sobre la posibilidad de un incremento de los precios de medicinas y equipos médicos y de un crecimiento de enfermedades o adicciones, resultado de la eliminación de aranceles a productos como el tabaco o el alcohol, informa El Periódico.

Todos contra el TTIP

Del 8 al 15 de octubre se convocan actos de protesta contra los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá. Activistas, políticos y artistas se movilizan contra el TTIP. Coincidiendo con la Semana de Lucha Contra las Causas de la Pobreza, la plataforma estatal 'No al TTIP' organiza una semana de protestas para detener la aprobación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y la ratificación del CETA, el acuerdo de la Unión Europea con Canadá. Ada Colau, Pablo Iglesias, Nacho Vegas, Alberto Garzón, Ignacio Fernández Toxo, Juan Diego Botto, Alberto San Juan y Yayo Herrero, entre los firmantes del manifiesto.

El marido de Ana Mato compró teléfonos encriptados para no ser espiado por la Policía

Dos arrepentidos han incriminado este martes a Jesús Sepúlveda, el exmarido de la popular Ana Mato, en los negocios de la trama corrupta de Gürtel que juzga la Audiencia Nacional. Uno de ellos, el constructor Alfonso García Pozuelo, ha reconocido haberle entregado casi 700.000 euros a cambio de adjudicaciones de obras en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde Sepúlveda era alcalde. El intermediario fue el líder de Gürtel, Francisco Correa. Otro arrepentido, su concejal de Hacienda entre 2003 y 2006, Roberto Fernández, ha confesado que en una ocasión presenció cómo Correa entregaba un sobre cerrado a Jesús Sepúlveda, quien afronta una petición de la Fiscalía de 15 años y cuatro meses de prisión por diversos delitos de corrupción.

La revelación más sorprendente ha llegado justo después, cuando Fernández ha añadido que Sepúlveda, también exsenador del PP, recibió el chivatazo de que la Policía investigaba a Correa, cesó todo trato con él y mandó comprar teléfonos encriptados para el Ayuntamiento. “Se nos reunió todo el grupo municipal popular para decirnos que había constancia de un seguimiento policial y de una serie de escuchas policiales y que a partir de ese momento y no querían que bajo ningún concepto se estableciese relación alguna con Francisco Correa... Se nos entregaron una serie de teléfonos y se pidió que se encriptasen”, ha destacado Fernández ante el tribunal formado por los magistrados Andrés Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía con el fin de reducir su condena.

La exministra de Sanidad, Ana Mato, y su exmarido el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda./ Archivo
El exconcejal ha añadido que ahora, cuando ha leído los autos del caso Correa, ha constatado que esta reunión coincide “exactamente en el tiempo en el que el señor Correa deja de tener relación con el señor Sepúlveda”, quien antes de ser elegido alcalde había sido senador (1993-2003).

Fernández ha reconocido a preguntas de la Fiscalía que recibió sobres con dinero en efectivo de “la gente del grupo Correa” para financiar la campaña electoral de Sepúlveda de 2003. Fueron “en tres o cuatro ocasiones” y ascendieron en total a 100.000 euros. El dinero “venía en sobres” que se entregaba en su despacho o en el centro comercial El Barrial. Al ser preguntado que identificara a los donantes ha señalado al propio Francisco Correa, a su interlocutora del grupo Isabel Jordán –también procesada- y a una tercera persona no identificada.

“Viajes, comidas... eran pagados por el grupo Correa. Un día [Sepúlveda] me pidió que le acompañase a Serrano a comprar un bolso de Loewe y me dijo que lo pagaba Paco Correa". El escrito de la Fiscalía sostiene que Sepúlveda recibió de la trama en seis años 546.457 euros en comisiones, viajes y regalos. Sepúlveda, alcalde de Pozuelo entre 2003 y 2005, era quien decidía a qué empresas debía adjudicar el Ayuntamiento, en especial las del grupo de Francisco Correa, líder de la trama Gürtel. El exconcejal ha relatado cómo adjudicaban a dedo los contratos: se fraccionaban en contratos de menor cuantía, para eludir los controles, y la empresa que iba a ser agraciada les hacía llegar tres ofertas, la suya y otras dos de empresas amigas o del mismo grupo.

“Sepúlveda daba las directrices decía a quien se tenía que dar… Hablaba con los concejales respectivos y decía: ‘hay que dársela a tal’”, ha añadido Roberto Fernández, quien se ha lamentado que cuando llegaron a gobernar Pozuelo el ayuntamiento tenía superávit y lo dejaron con déficit. Al mismo tiempo ha basado su confesión en que ha tocado “fondo” a raíz de su implicación en el caso Gúrtel –“y por muchas cosas”- y le parecía que era “el único modo de demostrar a mis hijos que su padre está saliendo adelante” al decir la verdad".

Joyeros, camellos, prostitutas y deudas

En tono bronco, el abogado defensor de Jesús Sepúlveda ha arremetido contra Fernández para desacreditarlo hasta el punto que ha sido llamado al orden por el presidente del tribunal. El letrado Alberto García Muñoz ha preguntado al procesado si era verdad que el alcalde lo había reprendido porque al Ayuntamiento llamaban joyeros, camellos y prostitutas para reclamar sus deudas. O por el "cochecito" que le regaló Isabel Jordan con motivo del nacimiento de su segunda hija. Los tres arrepentidos del caso Gürtel verán reducida sus condenas tras este pacto alcanzado con la Fiscalía en el que reconocen sus delitos. Alfonso García Pozuelo afrontaba una petición de 4 años y 6 meses de prisión, mientras que el ministerio público pedía para Roberto Fernández una pena de cárcel de 2 años y 3 meses

El tercer arrepentido ha sido Jacobo Gordon, empresario y exsocio de Alejandro Agag, Gordon ha admitido que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, del PP, le dio 150.000 euros en dinero B para una inversión inmobiliaria, en la que el vendedor de los terrenos le pidió 750.000 euros en dinero negro, de los que otros 300.000 fue aportado por el propio Correa. Una vez se terminó la promoción y se vendieron los 16 pisos, los dividendos se tornaron "en A". El juicio a los negocios de la primera época de la trama (1999-2005) se retomará este jueves a las 9:30 de la mañana. Tras escuchar la declaración tomada en la fase de instrucción a Leopoldo Gómez, ya fallecido, llegará el interrogatorio de Francisco Correa, 'Don Vito', el líder de la trama Gürtel crecida al amparo del PP, informa Público.

Gürtel: tres arrepentidos implican a dos exalcaldes del PP: comisiones y blanqueo

El empresario Jacobo Gordon (foto) ha tenido el honor de inaugurar, por fin, el turno de declaraciones de los 37 procesados de la primera época del caso Gürtel, que se juzga desde la semana pasada en la Audiencia Nacional. Y no ha defraudado. Gordon ha señalado que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega le entregó 150.000 euros en negro para participar en un proyecto inmobiliario que varios de los encausados pusieron en marcha en este municipio: 16 viviendas de lujo.