dimarts, 29 de novembre de 2016

Barcelona: La fiscalía pide càrcel para 9 directivos por estafar al puerto

La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para nueve directivos que estafaron 28 millones de euros al puerto de Barcelona en la construcción del dique este. Los directivos de cuatro constructoras (FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa) y de otras empresas lograron que el puerto les abonara 11 millones de más por cientos de miles de toneladas de piedra que, en realidad, no compraron ni emplearon. También cobraron de forma ilegal otros 17 millones de euros al cobrar por una explanada que, según el contrato, debía correr a su cargo.

En 2001, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) adjudicó a una UTE formada por cuatro grandes constructoras (FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa) la ampliación del Dique Este del puerto por 165 millones de euros, cantidad que más tarde se amplió hasta los 197 millones. Las empresas presentaron a la APB facturas por la supuesta compra de 865.000 toneladas de piedra necesarias para construir el dique. Utilizaron albaranes falsos porque, según relata el fiscal, esa piedra “simplemente no existió nunca”. Gracias a la facturación ficticia, la UTE percibió de forma irregular 11 millones. Los directivos incluso falsificaron las matrículas de los camiones que, teóricamente, suministraban la piedra de la empresa Coterras.

La ampliación del dique implicaba, además, la construcción de dos plataformas para ejecutar las obras. Las instalaciones se ejecutaron, pero “sobre escombro y no sobre escollera”. Esa fórmula permitió a las empresas reducir costes. La UTE cobró por esos escombros al precio de piedra de cantera: 17,9 millones de euros. El pliego de condiciones firmado con la Autoridad Portuaria, además, indicaba que ese tipo de obras auxiliares debían correr por cuenta del contratista, recuerda el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La acusación se dirige contra nueve empresarios, incluido un director de obras contratado por el puerto. El acusado fue una pieza “fundamental” porque debía velar por la buena marcha de los trabajos. También están acusados los responsables de Coterras, los gerentes de la UTE, un representante de cada una de las constructoras y otros dos responsables de las empresas de control. Esas dos firmas avalaron, con sus informes, las certificaciones que la UTE pasaba al puerto.

El fiscal pide siete años de cárcel para cada uno de los nueve directivos por los delitos de estafa y falsedad documental. Uno de ellos afronta una petición superior (diez años) porque también está acusado de defraudar casi un millón de euros a Hacienda por impago del IVA. El escrito de acusación señala que los directivos “aparentaron, de modo consciente y deliberado” trabajos que no se hicieron. La causa también se dirigía, al principio, contra el exsubdirector general de Infraestructuras del puerto, Rafael Escutia. La magistrada, sin embargo, le exculpó al final de la instrucción al concluir que no había suficientes indicios de delito contra él.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ejerce la acusación particular como afectada por la presunta estafa. En el escrito de acusación elaborado por el penalista Rafael Entrena, el puerto exige una indemnización de 47,1 millones. Igual que la fiscalía, el puerto también señala a las empresas como responsables civiles subsidiarias en caso de que los directivos no puedan hacer frente a la indemnización. El puerto conoció el caso gracias a la Agencia Tributaria, que detectó que algunas de las obras no se habían ejecutado, informa El País.

Pallín, Lasagabaster e Iruin remarcan las trampas legales contra los presos

Las jornadas convocadas por Sare en Gasteiz con la colaboración del Ayuntamiento han comenzado hoy con un debate jurídico sobre la cuestión de los presos vascos. El catedrático emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín, Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho, e Iñigo Iruin, abogado y experto en el tema, han desgranado las trampas legales que usa el PP para no descontar condenas o mantener la dispersión. Sare celebra unas jornadas sobre paz y convivencia en Gasteiz con un plantel de intervinientes muy potente. Hoy lunes ha sido el turno de los juristas, mañana será el de víctimas de las dos bandos y el miércoles se escuchará a representantes políticos. La primera mesa redonda ha reunido a José Antonio Martín Pallín, catedrático emérito del Tribunal Supremo; Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho; .

El veterano Martín Pallín se ha centrado en la negativa española a descontar condenas cumplidas en otros estados. Ha puesto de manifiesto incongruencias como que Madrid acepte sin dudas las penas dictadas en Tailandia o Andorra y cuestione las del Estado francés, o que las directivas europeas sobre cuestiones económicas sean acatadas sin problema alguno y en cambio las penales deban ser trasladadas a su legislación específicamente. Como es sabido, el PP lo ha hecho vaciando de contenido la directriz europea, lo que supone impedir la excarcelación ya de siete presos vascos y reducciones importantes (seis-ocho años) a las condenas de otras decenas de encarcelados.

A Iñaki Lasagabaster le ha correspondido analizar la dispersión, y ha recordado que hay tres sentencias del Tribunal de Estrasburgo que son claras contra el alejamiento de las personas presas respecto a sus entornos. Sin embargo, los tribunales españoles hacen oídos sordos. Es más, ha citado un auto de la Audiencia Nacional que afirma que atentaría a la dignidad de las víctimas que un preso esté en un centro penitenciario cercano: «Pero, ¿qué barbaridad es esta?», se ha preguntado el catedrático.

Iñigo Iruin ha abordado la política penitenciaria de excepción, incidiendo en su conocida tesis que apunta a la ley 7/2003 como clave de bóveda. De ahí se llega a un ejemplo muy reciente que resume el escándalo de todo el sistema. Se trata de un preso vasco que está en primer grado desde 2002, cuando fue encarcelado, ha cumplido las tres cuartas partes de la condena, no tiene delitos de sangre y ha solicitado el paso a segundo grado dado que sufre una grave enfermedad. «La Junta de Tratamiento de la cárcel informó favorablemente por mayoría. ¿Cuál ha sido la contestación de Instituciones Penitenciarias? Que no. Con este argumento: ‘el propio hecho de cursar esta petición es un nuevo servicio a la organización terrorista’». Según esa tesis, si el preso no pide el cambio de grado sirve a ETA, y si lo pide, también: «Hay una lógica perversa en ello, y además inhumana», ha subrayado Iruin, informa Naiz.

Multitudinaria manifestación por los 9 de Altsasu

Una multitudinaria manifestación ha recorrido Altsasu a convocatoria del Ayuntamiento, familiares de los jóvenes detenidos y encarcelados y vecinos de la localidad para exigir su puesta en libertad y denunciar la manipulacion mediática que han sufrido. «Queremos a nuestros jóvenes en casa», han clamado en silencio. Antes de iniciarse la marcha, el alcalde, Javier Ollo, ha denunciado la imagen «manipulada» de Altsasu que se ha ofrecido en los medios, ha denunciado la «desproporción» de la acusación contra los nueve jóvenes y ha reclamado que la causa vuelva al juzgado de Iruñea. La marcha ha partido a las 13.00 tras abrirse paso entre los aplausos de la multitud congregada y se ha desarrollado en silencio, bajo el lema «Altsasu».

El PP veta la propuesta para subir las pensiones

El Gobierno del PP ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2%, alegando que su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir. El veto de Rajoy, que al registrarse a última hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El IPC de noviembre del 0,7% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas.

Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera "un parche" la ley. Teniendo en cuenta sus firmas, la iniciativa suma a priori mayoría absoluta en la Cámara, pues estas formaciones suman 178 votos en el Pleno del Congreso.

En concreto, la proposición de ley establece un incremento del 1,2% –coincidente con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno– y fija que, en caso de producirse una tasa media de inflación superior a lo largo del año, las pensiones también se incrementen acorde esta subida. La proposición también señala que la medida será financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado y que la ley que los fije incluya la previsión de gasto.

En su escrito de veto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno entiende que "el coste de esa medida superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley, tendrían que ser financiados por el Estado, sin que se proponga una fuente de financiación". El Ejecutivo alega que su reforma de 2013 cambió el modo de cálculo para desvincular del IPC la revalorización de las pensiones con una subida mínima del 0,25% y que en todo caso la Comisión del Pacto de Toledo debe estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y universales.

El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde habrá que decidir si se atiende o se desoye. Por ahora, y a la espera de estudiar un informe preparado por los servicios jurídicos, el órgano de gobierno de la Cámara ha levantado tres de los 13 vetos recibidos de Rajoy, los relativos a proposiciones de ley para paralizar la LOMCE y para mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas subcontratadas, informa infolibre.

El IPC de noviembre del 0,7% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas


El índice de precios de consumo (IPC) registró una subida interanual del 0,7% en noviembre, la misma que en octubre, con lo que ya suma tres meses en positivo, algo que no ocurría desde junio del 2014, según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación del noviembre constata que las pensiones públicas, que subieron el 0,25% a principio de año, han perdido casi medio punto de poder adquisitivo en el 2016.

Hasta que la reforma del sistema de las pensiones del PP en 2013 acabó con el sistema de revalorización de las pensiones basado en la evolución de la inflación, el IPC de noviembre era el que servía para determinar si las prestaciones habían perdido poder adquisitivo a lo largo de año y, en consecuencia, había que compensar por ello a los beneficiarios con una mnipaga extra en el mes de enero.

Ese sistema fue extinguido con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013. Desde entonces, la revalorización de las pensiones se guía por la salud financiera de la Seguridad Social (en actual estado crítico, con un déficit en torno a los 17.000 millones de euros) y, en todo caso, con la aplicación de una subida mínima del 0,25%, que es es que se ha introducido desde entonces. Así, los pensionistas han acumulado en el 2016 casi medio punto de pérdida de poder adquisitivo en el 2016 (el 0,45%) por que en principio no serán compensados en los primeros meses del 2017, pues ese mecanismo fue anulado con la reforma.

Por ejemplo, una pensión de 1.000 euros apenas subió 2,5 euros en el enero pasado, pero a lo largo del 2016 habría perdido 4,5 euros de poder adquisitivo (hasta los 995,5 euros). Las cantidades son pequeñas en uno y otro caso, pero se convierten en millonarias cuando se multiplican por el gasto total del sistema de pensiones. Para una nómina anual superior a los 140.500 millones, un 0,45% de pérdida de poder adquisitivo implica una cantidad aproximada de 630 millones de euros (de pérdida para los pensionistas y de ahorro para el sistema. La cuantía prácticamente se multiplica por dos (hasta superar los 1.200 millones) en el momento en que ese porcentaje del 0,45% deja de consolidarse para ejercicios futuros.

La evolución del IPC de noviembre estuvo influenciado por la bajada de los precios de los carburantes (gasóleo y gasolina). Si se confirman estos datos el próximo 13 de diciembre, el IPC de noviembre registraría, junto al de octubre, la tasa más alta desde el 2013. La subida interanual de noviembre contrasta con el descenso del mismo mes del 2015, cuando el IPC bajó el 0,3%.

Asturias, Aragón y Cantabria, las pensiones más altas

La pensión media anual escaló un 1,9% en 2015, hasta alcanzar los 13.388 euros al año. Una variación superior a la de la inflación en ese periodo, pero que fue desigual entre las distintas comunidades. En términos de cuantías de la pensión, la más elevada corresponde a Asturias, con 16.621 euros. Le siguen Madrid (16.158 euros), Aragón (14.396 euros), Cantabria (14.297 euros) y Cataluña, cuyos 14.252 euros le sirven para completar el top five nacional de mayores pensiones. Mientras, las más bajas se localizan en Extremadura (11.182 euros), que también era última en 2014, Murcia (11.710 euros) y Canarias (11.906 euros).

Los planes de pensiones en España, una estafa organizada

Los planes privados de pensiones son un mal negocio en España para los ciudadanos, al menos durante los últimos tiempos, debido a su escasa rentabilidad y a los gastos que conllevan. Sin embargo, siguen siendo un apetitoso pastel para los responsables de administrarlos (en su mayoría, instituciones financieras) gracias a las cuantiosas comisiones que generan.

El obispo de Jaca roba otras 14 iglesias románicas y 9 góticas

El obispo de Jaca Julián Ruiz se ha hecho con la propiedad de catorce iglesias románicas y otras nueve góticas en el Pirineo aragonés tras aceptar el Registro de la Propiedad de esa ciudad su anotación como “declaración de obra nueva antigua”. El Ayuntamiento de Jaca dispone de seis meses para presentar alegaciones a esas anotaciones, ya que a mediados de mayo de 2017 vence el plazo de dos años del que disponen las instituciones con competencias en urbanismo para pronunciarse sobre la legalidad de ese procedimiento, en el que también tendrían algo que decir la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón. Los obispos de Huesca inmatriculan monumentos mientras piden ayudas por los bienes en Cataluña.

La junta de gobierno del consistorio jaqués consideró inicialmente “conformes con la legalidad” esas inscripciones. No obstante, esa decisión se produjo el 28 de mayo de 2015. Es decir, que la tomó el equipo de gobierno del PP que tres días antes había perdido las elecciones municipales y que dos semanas más tarde iba a ser relevado por otro del PSOE con el apoyo de Chunta Aragonesista y de las listas de confluencia Ganar Jaca y Aragón Si Puede.

La “declaración de obra nueva antigua” posibilita que el registro reconozca la titularidad de las edificaciones no inscritas a sus propietarios, o quienes se presenten como tales, mediante la presentación de una escritura. Con independencia de la fecha en la que fueran construidas. El trámite tiene, entre otros efectos, el de asignar o reconocer la propiedad del inmueble al que se refiere la escritura a quien no es dueño del terreno sobre el que este se levanta, así como el de diferenciar ambas propiedades cuando ambos titulares no coinciden. Salvo que algún pacto indique otra cosa, el Código Civil Establece que el dueño del suelo lo es también de lo que se edifica sobre él.

El obispado de Jaca, dirigido desde marzo de 2011 por Julián Ruiz, que compagina esa sede con la de Huesca, combinó la vía de las inmatriculaciones —anotó a su nombre la catedral unos días antes de que el privilegio eclesiástico para usar ese trámite quedara aparcado— con las declaraciones de obra, que según algunas fuentes se habrían producido en otras zonas de la diócesis. Los 23 templos medievales forman parte de un listado de 43 declaraciones de obra realizadas solo en el municipio de Jaca que el Registro de la Propiedad notificó al ayuntamiento, entre las que se incluyen 30 “iglesias parroquiales y cementerios”, nueve ermitas, dos iglesias de la ciudad, un campo rústico y la casa diocesana.

El listado incluye las iglesias románicas de Asieso, Banaguás, Baros, Caniás, Espuéndolas, Guasa, Leres, Navasa, Orante, Osia y Ulle y, además de la de Santiago —datada en el siglo X y anterior a la catedral de Jaca—, la ermita de San Miguel de Botaya y la del Rosario de Osia; así como los templos góticos de Ascara, Gracionepel, Abay, Ara, Atarés, Baraguás, Binué, e Ipas —las seis últimas edificadas sobre otras de estilo románico— y la ermita de Santa Eulalia de Navasa.

Jaca y su comarca poseen un importante patrimonio románico y gótico por haber sido la sede de los primeros reyes de Aragón —a partir del 1035— y, después, la principal ciudad del llamado ramal francés del camino de Santiago, que entra en la península ibérica por el paso del Somport, informa Público.

Obispos de Huesca inmatriculan monumentos mientras piden ayudas por los bienes en Cataluña


El obispado de Barbastro-Monzón anota a su nombre la antigua catedral de Roda, una joya del románico lombardo restaurada con fondos públicos, a la vez que solicita ayuda pública para recuperar su patrimonio emigrado a Cataluña. La diócesis de Huesca inscribe en el Registro la propiedad de la colegiata de Alquézar, un majestuoso conjunto arquitectónico del gótico tardío, tras haber recibido una inversión autonómica de 1,8 millones. Se suman a la larga lista de joyas arquitectónicas de las que la iglesia católica se ha apropiado en Aragón en las últimas décadas. El Obispado de Jaca inscribió a su nombre la catedral 15 días antes de que venza el plazo para inmatricularla

Dos obispados de la provincia de Huesca, el de la capital y el de Barbastro-Monzón, compatibilizan la inmatriculación de monumentos con la petición de ayuda pública para recuperar su patrimonio emigrado a Cataluña. Lo han hecho con dos templos emblemáticos: la antigua catedral de Roda, degradada a abadía y parroquia desde la alta edad media, y la colegiata de Alquézar, que se suman a la lista de joyas arquitectónicas de las que la iglesia católica se ha apropiado en Aragón en las últimas décadas, en un proceso que se ha ido conociendo gracias a las investigaciones de Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico).

Entre ellas se encuentran la catedral zaragozana de La Seo, algunos de los edificios más destacados del estilo mudéjar en la capital aragonesa, un templo clave del camino de Santiago como la catedral de Jaca y, también, iglesias de pequeñas poblaciones como Pozuel de Ariza, cuya parroquia custodia una histórica pila bautismal. Los dos obispados han pedido, y obtenido, en las dos últimas décadas el apoyo del Gobierno de Aragón, entre otras instituciones, en sus reclamaciones a la diócesis de Lleida para que regresen a su territorio de origen piezas de arte sacro que se encuentran en este, como los bienes de La Franja o el portal de Berbegal, o las del monasterio de Sigena que expone el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

La diócesis de Barbastro-Monzón inscribió a su nombre el 28 de marzo de 2005 la antigua catedral de Roda de Isábena, un templo románico de 888 metros cuadrados con un claustro de 278 que se asientan sobre una finca de 1.377. El Registro Civil de Benabarre le atribuyó el pleno dominio basándose en una certificación del vicario general.

Se trata de la catedral más antigua de Aragón, una joya del románico lombardo fundada en el siglo X –fue consagrada en el año 956- aunque sus obras se prolongaron hasta el XII. Fue declarada monumento nacional en 1924 y bien de interés cultural de Aragón en 2003. Ha sido objeto de importantes inversiones por parte del Gobierno de Aragón para restaurarla. La principal, de 856.000 euros, comenzó en 2004, unos meses antes de que el obispado barbastrense la inscribiera a su nombre. Con anterioridad, el 11 de octubre de 2004 y en el Registro Civil de Fraga, hacía lo propio con la iglesia de San Juan Bautista de Zaidín, un templo asentado sobre una finca de 547 metros cuadrados y que en esa fecha fue valorada en 33.141 euros.

Inmemorial como sinónimo de apenas seis años


La descripción de esta finca incluye un pasaje surrealista: “El obispado de Barbasto-Monzón ostenta la propiedad de esta finca desde tiempo inmemorial, según consta en el libro inventario y demás documentación que obra en el archivo episcopal”, indica la ficha registral. Esta indica que la diócesis “carece de título de dominio inscribible”, pero considera acreditada la titularidad en virtud de una certificación emitida por el canciller del obispado.

Los hechos ponen en tela de juicio esas afirmaciones, salvo que la palabra “inmemorial” pueda ser utilizada como sinónimo de “apenas seis años”: Zaidín formó parte del obispado de Lleida entre mediados del siglo XII y el 17 de septiembre de 1998, cuando las parroquias de su arciprestazgo fueron segregadas para incorporarse al de Barbastro-Monzón, creado tres años antes al unir a la sede de esa primera localidad las iglesias de la Ribagorza y el Cinca Medio. Fue en la primera fase de la segregación diocesana de la Franja Oriental de Aragón, en 1995, cuando Roda pasó a Barbastro-Monzón.

El obispado de Barbastro-Monzón y el de Huesca sintonizan en al menos dos frecuencias relacionadas con el patrimonio cultural: solicitan el apoyo del Gobierno de Aragón, entre otras instituciones, en sus litigios para que la diócesis de Lleida envíe a sus parroquias obras de arte procedentes de estas y, al mismo tiempo, inscriben a su nombre en el Registro de la Propiedad el dominio de inmuebles declarados monumento y que han recibido fuertes inversiones de dinero público.

Valencia: La secta católica roba 238 millones de patrimonio inmobiliario en 10 años

La catedral de Málaga o la mezquita de Córdoba han sido algunas de las inmatriculaciones (inscripción por primera vez a su nombre) que ha realizado la 'Iglesia Católica' en España gracias a la ley de Aznar que restauraba una franquista de 1946, pero no son las únicas. Sólo en la Comunidad valenciana, la secta vaticana ha aumentado su patrimonio inmobiliario en 238 millones de euros, un incremento del 38,5% gracias a colocar 99 nuevos inmuebles públicos a su nombre, muchos de ellos situados en zonas céntricas o monumentales y siendo edificios de alto valor histórico o cultural, lo que hace que se revaloricen, según datos del Catastro.

Podemos compara las inmatriculaciones ilegales y fraudulentas de la Iglesia con “fondos buitre”

La portavoz de Cultura del grupo de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, ha comparado hoy las inmatriculaciones de la Iglesia, que le han permitido acceder a la titularidad de edificios, templos y otros bienes inmuebles públicos, con el “saqueo llevado a cabo” por los denominados “fondos buitre”. En rueda de prensa, Lucía Ayala ha defendido la proposición no de ley que su partido lleva mañana al pleno del Parlamento, en la que pide a la Junta que reclame la titularidad de los edificios y templos que la Iglesia haya registrado a su nombre en Andalucía desde 1978 si no ha aportado documentos que demuestren que le pertenecían.

L'esglesia ha robat més de mil inmobles a Navarra

Pedro Leoz Cabodevilla i José Mari Esparza Zabalegi són portaveus de la Plataforma de defensa del patrimoni navarrès, que acaba de publicar el llibre Escàndol monumental. Des de 2007 han recopilat més de mil casos en que l'Església ha registrat com a seus immobles públics.

Susana Díaz, la candidata del PP

Según el ObSERvatorio publicado por la SER, Pedro Sánchez es el candidato preferido por los votantes socialistas para estar al frente del partido. El 35,8% señala a Sánchez como el mejor líder para el PSOE. Por su parte, los electores del PP quieren a Susana Díaz. El expresidente del Congreso y exlehendakari Patxi López se sitúa, según la encuesta realizada por My World para la emisora de Prisa, en segundo lugar, aunque con la mitad de porcentaje que Sánchez. El socialista vasco sería el mejor líder para el 17% de los votantes del partido. En cuanto a Susana Díaz la presidenta de Andalucía es la opción preferida para el 16%. Tras ellos el exministro Josep Borrel (12%) y Eduardo Madina (9%).

Los votantes del PP tienen otras preferencias. El 31% quiere a Díaz al frente del PSOE; el 19% a Madina; y el 12% a López. El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez es la última opción con un 1% para aquellos que se decantaron por el PP en las últimas elecciones generales. Incluso quieren antes a Borrell (6%). En cuanto a Podemos, sus votantes coinciden con los del PSOE y apuestan por Sánchez (27%) y por Borrell (17%). Tras ellos Eduardo Madina (14%), Patxi López (12%) y Susana Díaz (4%).

Para terminar, los electores de Ciudadanos se dividen entre la presidenta andaluza y el exlehendakari vasco, que empatan como la mejor opción para encabezar el Partido Socialista con un 23%. Pedro Sánchez, sería el tercero, con un 11% y Eduardo Madina el cuarto con un 9%. Más allá del debate sobre el liderazgo del partido, el principal problema que los votantes ven en el PSOE es la credibilidad. El 58% de sus votantes no creen en el partido por mucho que se presente como una formación de izquierdas.

Según este sondeo, el PP volvería a ser el partido más votado en caso de nuevas elecciones generales con el 33,8% de los votos, ocho décimas más que en junio. Por detrás se situaría Unidos Podemos con un 22,5% (1,4 puntos más). Los de Pablo Iglesias superarían al PSOE, que caería al tercer lugar al conseguir un 18,6% (cuatro puntos menos desde las últimas generales). Ciudadanos continuará en la cuarta posición con un 12,4% de los votos (7 décimas menos que en junio), informa El Boletín.

Diligencias contra Susana Díaz y Javier Fernández por coacciones

El Juzgado de Instrucción número 13 de Plaza de Castilla (Madrid) ha acordado abrir diligencias contra los dirigentes socialistas Susana Díaz, Mario Jiménez, Javier Fernández y Antonio Hernando, por un presunto delito de "coacciones" a los diputados del PSOE en la votación de la investidura de Rajoy. El auto, que recoge la posible existencia de infracción penal, responde a una denuncia presentada el pasado 28 de octubre e impulsada por un grupo de militantes socialistas, que consideran ilegales las resoluciones aprobadas por el Comité Federal de su partido el 1 y el 23 de octubre.

Manuel Castells: ¿Puede renacer el PSOE?

El PSOE ha sido el partido fundamental de la democracia española. Una joven democracia prematuramente envejecida. Un envejecimiento, evidenciado por el hecho de que Partido Popular y PSOE son minoría entre los menores de 45 años. El fin del bipartidismo es ya un hecho irreversible. Pero el factor esencial en ese proceso es la decadencia socialista, tanto en apoyo electoral como en su fraccionamiento interno. Desde el año 2004 a cada elección el PSOE ha perdido millones de votos y su poder institucional se ha ido reduciendo a las áreas rurales de la España meridional y a algunas periferias metropolitanas.

La Generalitat paga autobombo y después se vanagloria

La ciencia catalana habría superado indemne la crisis, según la prestigiosa revista 'Nature': diversos medios catalanes al servicio de la propaganda fascista de la Generalitat (como TV-3) y destacados políticos de derechas en sus cuentas de Twitter (entre ellos el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont) repitieron esta "información" a lo largo del fin de semana. Lo que ninguno de ellos explica es que el documento publicado por la revista que contenía ese mensaje era en realidad un reportaje llevado a cabo en colaboración con Biocat, una entidad de la Generalitat que impulsa las ciencias de la vida en Catalunya.

En septiembre, Biocat difundió una convocatoria para ofrecer a diversos centros de investigación catalanes la posibilidad de cofinanciar un suplemento especial sobre Catalunya. La convocatoria anunciaba “artículos promocionales y anuncios de las universidades, instituciones científicas y empresas privadas que quieran darse a conocer”, aunque aclaraba que “la gestión del especial corresponde exclusivamente a la revista.” Los precios de los anuncios oscilaban entre 3.000 y 20.000 euros, según el espacio ocupado.

El resultado fue el texto publicado el miércoles pasado, titulado 'Aguantar el chaparrón', con subtítulo 'Catalunya ha capeado la crisis financiera que ha golpeado España y ha mantenido sus indicadores de investigación en sorprendente buena forma. ¿Cómo lo ha hecho?' Sin entrar en la evolución de esos indicadores, el texto destaca una serie de iniciativas de la Generalitat para mantener la excelencia en la investigación.

Fuentes de Biocat aseguran, sin embargo, que la iniciativa fue una propuesta y desarrollada independientemente por 'Nature' y que Biocat sólo contribuyó a difundirla, por lo cual obtuvo una media página de anuncios gratuita. "Hace mucho que decidimos no pagar ni directa ni indirectamente para que las noticias de nuestra ciencia salgan a los medios. [...] Difundir la ciencia es fundamental, pagar para tener una visión mejor no", afirma el director de un instituto de investigación catalan. 'Nature' no hace misterio del componente publicitario de los suplementos de tipo 'spotlight' al cual pertenece el reportaje. Sin embargo, la publicación desencadenó entre diversos medios catalanes una oleada de entusiasmo por el interés de la revista por Catalunya. Ninguno de ellos, sin embargo, detalló el componente pecuniario de tal interés.

El viernes pasado, TV-3 dedicó un reportaje a la noticia del que, entre otros, se hizo eco la Generalitat a través del Twitter de la dirección general de Recerca. En este reportaje, diversas fuentes hacen declaraciones (además del director de Biocat, el 'exconseller' de Economía Andreu Mas Colell y el exsecretario de investigación Josep Martorell, ambos empleados en centros de investigación de la Generalitat en la actualidad), sin embargo, el patrocinio de que fue objeto el reportaje no se cita ni en los cortes de voz ni en el 'off' de la periodista que explica la noticia.

El reportaje de 'Nature' se difundió en las redes sociales, incluyendo otras cuentas vinculadas con el Govern, entre ellas, la del propio President, acostumbrado a pagarse el autobombo tanto como a subvencionar la propaganda regalando millones al Punt-Avui -donde tiene colocada a su mujer con el mayor descaro- y demás medios de publicidad.

Una inversión que disminuyó durante la crisis

El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su informe anual sobre gasto y personal en investigación y desarrollo (I+D). Según esos datos oficiales, el porcentaje del producto interior bruto (PIB) que Catalunya invirtió en ciencia durante el año pasado fue del 1,52%, cinco centésimas más respecto al 2014 (1,47%) pero casi dos décimas menos respecto al máximo histórico del 2009 (1,7%), que se alcanzó justo al principio de la crisis. El año siguiente a este techo de inversión, en el 2010, el porcentaje ya bajó cuatro centésimas y descendió al 1,66%, entre el 2011 y el 2014 siguió cayendo hasta alcanzar una cifra muy similar a la del 2006, año en el que la inversión fue del 1,42% del PIB, informa El Periódico.

Coca-cola, la "embajadora separatista" y la mujer más rica de Cataluña

La etiqueta de Twitter empleada en el último llamamiento al boicot contra la principal marca de refrescos, #CocaColaRompeEspaña, ha aglutinado y excitado a contrarios a la independencia de Cataluña tanto como a sus partidarios de la izquierda catalana. Nada que ver con el reciente impulso de un impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas, sino con que Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners y mujer más rica de Cataluña, es uno de los 39 nuevos embajadores de la Generalitat.

Las comunidades que invierten en I+D crecen más

La economía del conocimiento ha permitido a las CCAA que la han desarrollado con mayor intensidad resistir mejor la crisis en términos de renta, productividad y empleo. Esta es la principal conclusión del estudio La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento, realizado por el Ivie y la Fundación BBVA. El informe analiza la relación entre el uso del conocimiento que hace cada comunidad autónoma mediante el empleo de factores que lo incorporan, y su capacidad de generar renta y riqueza.

El PNV propone desclasificar los papeles del golpe monárquico del 23-F

¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los servicios secretos españoles en su investigación de los hechos? ¿Hasta dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano con el seguimiento a 8.000 personajes que en ese momento tenían o podían tener en el futuro una proyección pública? Éstos, y otros muchos secretos, podrán empezar a conocerse si el Congreso, como está previsto, aprueba este martes una proposición de ley presentada por el PNV para reformar la ley de 1968 sobre secretos oficiales, en la línea de otras presentadas por IU en el pasado. La vigente ley, modificada en octubre de 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, prevé que "la cancelación" de la calificación de secreto "será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración", sin fijar límites temporales.

¿Y quién tiene competencias para decidir qué es o no secreto? "La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor". El texto del PNV pretende establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años –10 años para materias reservadas–, "salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años", lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición y de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron. En la frustrada legislatura anterior, en concreto en abril, la Cámara Baja llegó a tomar en consideración esta iniciativa, pero no pudo seguir su habitual trámite parlamentario ante la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de las elecciones del pasado junio.

La opacidad no sólo depende de lo calificado como "secreto oficial". La Ley de Patrimonio Histórico establece: "Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos".

El golpista y fascista Juan Carlos en el 23F

En marzo de 2014, la periodista y escritora Pilar Urbano publicó La gran desmemoria (Planeta), en el que afirmaba: "El rey Juan Carlos creía que podía hacer lo que quería, los mimaba, los comprendía, pero con eso se alentaba un estado de runrún de golpe. Felipe González iba de vicepresidente de Armada, también estaban cinco de los siete ponentes constitucionales, incluido [Jordi] Solé Tura [entonces en el PCE]".

Urbano recreaba conversaciones en las vísperas del golpe militar del 23 de febrero de 1981. Unas semanas de enfrentamientos entre el presidente Adolfo Suárez y el jefe de Estado, el rey Juan Carlos, quien, según Urbano, perseguía un golpe de timón en el Gobierno de entonces. "Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos...", afirma Urbano que le espetó el rey a Suárez en aquellos momentos: "Yo estoy aquí porque me ha puesto la Historia, con setecientos y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Discutimos si OTAN sí u OTAN no, si Israel o si Arafat, si Armada es bueno o peligroso. Y como no veo que tú vayas a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara: uno de los dos sobra en este país. Uno de los dos está de más. Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar".

Según Urbano, "para Suárez está clarísimo ya en ese momento que la Operación Armada nace en Zarzuela y que el alma es el rey: que don Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea el presidente de un Gobierno de concentración. Incluso que el mismo rey conocía el Gobierno que el golpista tenía preparado. Un Gobierno en el que, entre otros, Felipe González iba de vicepresidente".

Así, la periodista afirma en la entrevista: "El 23-F, como le digo, no debería haberse producido. Pero a Armada el rey le había puesto los patines, y ya no quiere parar". "Si el Rey está o no está en el 23 de febrero, si está enterado o no...", prosigue Urbano: "Hay cosas llamativas, raras, anómalas. Que los hijos del rey no vayan ese día al colegio, como tampoco fueron al colegio los hijos de los americanos de Torrejón, que le dijeran al médico de Zarzuela que ese día estuviera en Palacio desde por la mañana, que cierta vedette, Bárbara Rey, declarara, ¡vaya usted a saber si es cierto!, que el Rey la llamó diciéndole, 'oye, el lunes, 23, procura no ir a recoger al colegio a los niños, porque puede pasar algo...'. Y otras curiosas coincidencias. Igual que no se entiende lo de Osorio diciéndole a Fraga en el Congreso, en pleno golpe, 'Manolo, baja y dile a Tejero que llame a Armada'. ¿Por qué quiere llamar Osorio a Armada? ¿Qué sabe él?

O, también, que de los siete padres de la Constitución, cinco conocieran en qué consistía la Operación Armada y que durante los acontecimientos del 23-F en el Congreso estuvieran relativamente tranquilos en sus escaños, leyendo o prestando sus abrigos a los rehenes de oro. Leían tranquilamente Gregorio Peces-Barba, Miguel Herrero, Gabi Cisneros, Jordi Solé Tura y Fraga, padres constituyentes, también estaban en la lista de Gobierno de Armada. Al Rey, en cualquier caso, la actuación de Tejero le resultó antiestética, irreflexiva, repugnante por la violencia de los tiros... Eso no era presentable. Lógicamente, yo tengo que pensar que el Rey no estaba en el 23-F; otra cosa es que, bueno, Armada sí que habla con el Rey ese día, aunque luego en los juicios se quiso borrar la interlocución del Rey esa noche. No aparece en las actas, como si se hubiera pasado un típex: en lugar del rey aparece Sabino".

El golpe, según Urbano: "Sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981. Yo dejo al rey fuera del golpe del 23-F [...]. El rey también decía en la primera edición [de la biografía autorizada escrita por José Luis de Vilallonga], la francesa, que él habló con Armada varias veces esa noche. En fin, hay un momento en el que Sabino me dice que, en el supuesto de que, tomado el Congreso, Armada hubiera conseguido proponer su Gobierno de concentración, y hubiese sido necesaria la presencia de una autoridad superior al nuevo presidente del Gobierno y que ratificara moralmente su elección, en ese caso... el Elefante Blanco sólo podía ser el rey".

"Y es cierto que el Rey dio su venia al cambio de la dictadura a la democracia", reconoce Urbano: "Él tenía todos los poderes heredados de Franco, y no había Constitución que le constriñese: podía haber dicho que no. Ahora bien, en importantes momentos más que motorizar metió el freno [...]. Sobre esto del medallero no siempre meritado, me rechina escuchar y leer el tópico de que 'el rey nos salvó del golpe'. El rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo una solución fraguada en el Parlamento; pero Suárez le advertía: "¡Esto es un golpe!", informa eldiario.es.

Cayo Lara pide al Rey que desmienta "si puede" que fue el autor del golpe el 23-F

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha pedido este lunes a Juan Carlos que desmienta "si puede" que fue el 'Elefante blanco' del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F), como revela la escritora y periodista Pilar Urbano este fin de semana en su libro 'La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar'.

"Juan Carlos hizo el golpe de estado para deshacerse de Suárez"

La organización del golpe de estado del 23 de febrero de 1981 por parte del general Alfonso Armada fue obra de Juan Carlos que quería hacer fuera de la presidencia Adolfo Suárez, con quien tenía una relación extremadamente tensa. Lo explica la periodista Pilar Urbano en el libro 'La gran desmemoria', que saldrá a la venta el jueves. Hoy se ha publicado una larga entrevista a la periodista, donde explica episodios muy relevantes y sorprendentes de la relación entre Suárez y Juan Carlos. Urbano tiene conversaciones grabadas con Suárez y varios testigos, además de documentación escrita de la época correspondiente a todo de políticos. Asegura que Juan Carlos movió todos los hilos que condujeron al 23-F con la intención de hacer fuera del gobierno Suárez, con quien tenía unas relaciones pésimas.

De la Rosa: El PP envió a Nicolás a estafar a los Nuñez y los Pujol

El financiero catalán que movió los hilos económicos de la Casa Real y de la familia Pujol durante la época del boom económico, Javier de la Rosa, declaró ayer ante el juez del caso del pequeño Nicolás. El fin, desvelar algunas de las incognitas que guarda sobre sus relaciones con el presunto estafador y con el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante el tiempo que duró la Operación Catalunya orquestada por el Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz. Se declara arruinado y en busca de ayuda desde que salió de prisión. Ese es el motivo de que De la Rosa, según ha contado al juez Arturo Zamarriego, tragara con que Francisco Nicolás Gómez Iglesias era una enviado de Moncloa que le solicitaba su agenda de personas influyentes a cambio de dinero y de solucionarle sus problemas.

El principal objetivo era el abogado Cristobal Martell, defensor de la familia Pujol y del ex presidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Nuñez. Y aunque el financiero asegura que a priori pensó que el pequeño Nicolás llegaba para ayudar, en realidad ahora parece haberse dado cuenta de que el fin era la estafa. La declaración del financiero era una de las más esperadas en el procedimiento. En el verano de 2014, en el hotel Meliá de Madrid, De la Rosa dejó que Francisco Nicolás le grabara una supuesta confesión sobre los trapos sucios empleados por Interior contra el independentismo catalán y la familia Pujol.

Objetivo, la familia Nuñez

Ha quedado sin aclarar quién es la persona que pone en contacto al ex bancario catalán con el pequeño Nicolás, pero lo que sí ha reiterado De la Rosa es que confiaba en que era un enviado "del Palacio de la Moncloa" porque el empresario Julio Ariza se lo garantizó. En la declaración de Nicolás ante la policía este cuenta que fue el empresario de Intereconomía quien hizo el contacto a tres bandas, al contactar a Miguel Bernad -secretario general del sindicato ultra Manos Limpias ahora en prisión- con él y con Javier de la Rosa.

Sin embargo Ariza -ex diputado del Partido Popular y estrecho colaborador durante una época de Fernández Díaz en Catalunya- niega tajantemente a Público tener ninguna relación con ellos, más allá del interés periodístico. Lo que sí ha quedado patente en la declaración de Javier de la Rosa es que llevó a Francisco Nicolás al despacho del abogado Cristobal Martell, porque este "estaba interesado en los clientes de Martell". Estos eran la familia Pujol y José Luis Nuñez.

Para algunas de las partes del procedimiento consultadas por Público, "es curioso que si el objetivo del pequeño Nicolás era hacer un trabajo para vicepresidencia del Gobierno que consistía en salvar España, al menos así parecía con las primeras declaraciones y también con la grabación que le hizo al propio Javier de la Rosa, según esta declaración uno de los intereses principales era la familia del ex presidente del fútbol club Barcelona, algo que no tiene ninguna relación ni sentido con esa misión patriótica".

Clientes para Villarejo

De la Rosa también ha dado explicaciones sobre su relación con el comisario José Manuel Villarejo, a quien acusó de dejarle a deber miles de euros por la información que le proporcionó a él y a la UDEF sobre la familia Pujol. Hasta el momento, la versión del financiero era que el policía se había hecho pasar por el abogado Manuel Villar y le habría ofrecido inmunidad y dinero a cambio de declarar contra su amigo el ex president de la Generalitat. Ahora dice que no cobró nada, a pesar de haber autorizado a Nicolás que grabara esa acusación y otras más en un audio del móvil, pero explica que el comisario Villarejo le ofreció arreglarle un problema que tenía con "la ejecución" de una vivienda y que también le solicitó que le buscara clientes para su despacho de abogados, Stuart & Mackenzie.

Esta es una de las empresas a nombre del funcionario ya jubilado, que se autodefine como agente encubierto con sociedades al servicio del Estado a pesar de no cumplir los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula esa figura en las investigaciones. Es más, el comisario Villarejo está dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid como ejerciente desde 2009, aunque es incompatible esta actividad con la de funcionario en activo de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nicolás, Manos Limpias, De la Rosa y su “mortadela especial” de 200.000 €

Se hacía pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por enviado de vicepresidenta del Gobierno, intentando cerrar dos acuerdos que estaría avalados por su “jefa”, Soraya Sáenz de Santamaría, y también por la acusación popular en los mismos, Manos Limpias. Francisco Nicolás Gómez Iglesias encontró de intermediario a Javier de la Rosa, a quien le ofreció unos 200.000 euros –“mortadela”, según su código para hablar de dinero- a cambio de presentarle al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a Oriol Pujol y a José Luis Núñez hijo.

Fernández y su lacayo Pino: el ladrón es el jefe y el ministro un imbécil

El último capítulo de "mala praxis policial en el caso Pujol", tal como lo definen diferentes fuentes relacionadas con el procedimiento aunque se trata de una clara conspiración fascista de Fernández Díaz y el PP con la manipulación del aparato policial, tuvo lugar la semana pasada y consiste en el intento de la Policía de incluir un pen drive con presunta información relevante sobre la familia, que la cúpula policial guardaba, aparentemente, desde 2013. Para conseguirlo, los responsables de la investigación han mentido incluso al titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional, José De la Mata, al decirle que la prueba provenía del juzgado de Barcelona que instruía la causa sobre la agencia de detectives Método 3.

El PP pagó 500.000 € por los datos de los Pujol

José Villarejo, comisario de la Policía Nacional y uno de los implicados en las operaciones ilegales encubiertas contra dirigentes políticos independentistas, ha confirmado a la justicia de Andorra que él es el autor de varios informes sin sellos ni firmas en los que, entre otras cosas, se asegura que el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, recibió 500.000 euros de fondos reservados a cambio de entregar una copia de movimientos de dinero de las cuentas de la familia del expresident Jordi Pujol en ese banco. El comisario asevera que “se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido para ello”. Miquel está en prisión en Andorra desde marzo del 2015.