dijous, 9 de juny de 2016

El altar de Ratzinger en Valencia costó 1,5 millones de euros

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha desvelado este jueves que el presupuesto de la Fundación V Encuentro de las Familias para construir el altar de la visita de Ratzinger a Valencia en 2006 costó 1,5 millones de euros, mientras que facturó 1,7 millones en alojamientos hoteleros. Puig ha ofrecido estos datos en la sesión de control de Les Corts en respuesta a una pregunta de Compromís y también ha anunciado una regulación sobre las fundaciones públicas de la Generalitat, que será "de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos" y aplicará transparencia y control en este sector.

El president ha afirmado que el PP convirtió la visita del papa "en un acontecimiento de corrupción más", que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros y que según el informe de la Intervención de 2010 sobre esa fundación hubo una "ausencia general" del cumplimiento de la legalidad y control en las contrataciones. Ximo Puig ha afirmado que los "tiempos de vino y rosas" de las fundaciones han acabado "en una enorme resaca", y ha considerado que el "paradigma" es la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, con datos "sorprendentes" como el coste de construir el altar o lo pagado por alojamientos hoteleros.

Además, ha asegurado que había "un dopaje institucional" a través de las fundaciones, como en la de Agua y Progreso, creada en 2004 para "abrir la guerra del agua contra el Gobierno de Zapatero", que se dejó "en el camino" 7,2 millones de euros y que también pagó a la trama Gürtel. El president ha explicado que en estos momentos hay once fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas (dos terceras partes en fundaciones sanitarias), y ha afirmado que hay que dar "un giro de 180 grados" en la gestión "negativa" que han tenido.

Por ello, ha anunciado que la nueva ley del sector público instrumental de la Generalitat "blindará" la equiparación de las fundaciones a los mecanismos de control y tutela financiera del resto de entidades del sector público. Así, ha adelantado que la creación de una fundación pública exigirá un plan de actuación que incluya un estudio económico financiero, y se creará una comisión de diálogo social que hará una propuesta de negociación colectiva, porque "se han acabado chiringuitos donde cada uno se pone el sueldo que quiere", informa Estrella Digital.

Valencia: Fianzas de 200 millones a los acusados por corrupción con Ratzinger

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Gürtel' abrió ayer juicio oral contra el expresidente de Les Corts y exdirector general de la Policía Nacional Juan Cotino, acusado de «impulsar activamente» y «gestionar de facto» la contratación de una empresa pantalla del 'grupo Correa' en la retransmisión de la visita que el corrupto protector de pederastas Ratzinger hizo a Valencia en julio de 2006, dentro del V Encuentro Mundial de las Familias.

Valencia: miles de contratos a dedo del PP durante años


Las contrataciones irregulares en el ámbito de los hospitales de la Comunitat son algo «habitual, frecuente y semanal». Con esta claridad se pronunciaba Andrés Cánovas, portavoz del Sindicato Médico, y otros responsables de CSI-F y organizaciones sindicales médicas después de conocerse la grabación en la que una doctora recibía presiones de dos responsables sanitarios del Hospital Clínico para renunciar a una plaza a la que tenía derecho por la bolsa de trabajo.

El PP de Lugo imputado por el “acarreo de ancianos con deterioro cognitivo” a votar

El juzgado de instrucción número 2 de Lugo ha concluido la instrucción del caso que investiga un supuesto acarreo de ancianos de un asilo para votar en las elecciones gallegas de 2012 con cuatro miembros del PP lucense investigados, al tiempo que da 10 días a las partes para que demanden la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la realización de diligencias complementarias. En un auto de procedimiento abreviado del 3 de junio, la jueza Sandra Piñeiro señala como hechos probados que el expresidente del PP de Lugo José Luis Iravedra condujo a una anciana en silla de ruedas con “deterioro cognitivo” a una mesa electoral, en base a las fotografías aportadas a la causa por la denunciante Esquerda Unida.

Según la investigación iniciada a raiz de una denuncia de AGE y mantenida por Esquerda Unida como acusación popular, los ancianos trasladados para “depositar el voto” lo fueron aunque, según informes del Instituto de Medicina Legal de Galicia, “carecían de capacidad para comprender y decidir el sentido de su voto” a causa de “padecimientos” como “demencia senil” o el alzheimer. Asimismo, concluidas las pesquisas, la jueza también considera un hecho que otros tres militantes del PP (Teresa Taboada, Serafín Rodríguez y Benigno Gómez) llevaron en 2012 a ancianos en silla de ruedas a votar en Lugo.

En el auto se rechaza que sea investigada la monja directora del asilo, Amparo Campos, ni que tampoco declare en calidad de testigo el expresidente del PP de Lugo José Manuel Barreiro. Aunque fiscalía insta al sobresimiento de la causa, la jueza defiende en su argumentación continuar con la tramitación del procedimiento tras las acusaciones particulares. Junto a esto, se demanda a la Junta Electoral que acredite la condición de apoderados en las autonómicas de 2012 de los populares implicados.

En su declaración ante la jueza en 2014, Iravedra alegó que carretó votos a petición del asilo. “Desde el asilo se hizo una llamada telefónica a la sede del PP (de Lugo) para que se ayudase a desplazar al colegio electoral a personas en sillas de ruedas, con dificultades de movilidad”, declaró en su momento el expresidente del PP lucense y exmiembro del consejo de la CRTVG, informa postdigital.es

El exgerente de Avialsa implica a Carlos Fabra y a la familia Cotino


Fernando Alandí, exgerente de Avialsa y principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, declaró ayer ante el juez que investiga la trama que supuestamente se benefició de un trato de favor del exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. Se limitó a contestar al instructor, al fiscal y a su propio abogado. Las tres imputaciones que Alandí acumula en la causa no han mermado su voluntad de denunciar las graves irregularidades que presenció y en la que también tuvo cierto grado de participación.

Francia; La CGT llama a intensificar las acciones y protestas contra la reforma laboral

Los Sindicatos de trabajadores de los sectores ferroviario, energético y de recogida de basura advierten que seguiran en protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Francois Hollande. Las protestas de trabajadores, sindicatos contra la reforma laboral y por reivindicaciones sociales en Francia no cesan, empleados de ferrocarriles, refinerías y del sistema de recolección de basura siguen movilizados a un día del inicio de la Eurocopa de fútbol 2016. Foto: Una nueva manifstación hoy en Le Havre (Sena Marítimo) contra la reforma laboral de Hollande reunió entre 37.000 y 40.000 personas según la CGT.

Según medios locales, los trabajadores de la basura amplían su huelga. Lo que inició con el bloqueo de centros de tratamiento de desechos en París, se ha extendido a otras ciudades del país donde la basura se amontona sobre las aceras. El mayor sindicato de Francia CGT, informa que cuatro de los garajes que albergan los camiones recolectores, con 300 vehículos en su interior, fueron bloqueados como parte de una protesta.

Los trabajadores ferroviarios franceses llegan este jueves a su novena jornada consecutiva en huelga. Las diversas asambleas generales que se han celebrado por todo el país, decidieron prolongar los paros. También prosiguen las movilizaciones en el sector petrolero con varias refinerías paradas. Sindicatos de pilotos de la aerolínea Air France convocaron una huelga del 11 al 14 de junio, en plena celebración de la Eurocopa, para protestar contra una modificación de las reglas de remuneración.

Los principales sindicatos de Francia han llamado a reforzar la movilización, teniendo en la mira una manifestación nacional a la que convocaron para el 14 de junio en París. A estas protestas se añade también la participación de varios grupos de manifestantes que se oponen a la política migratoria del país y el aumento de la cantidad de los alimentos genéticamente modificados en el mercado francés.

N. Garcia (PCF): "Les salariés n'ont plus que la grève pour se défendre"

Nicolas Garcia vient d'être réélu pour trois ans à la tête du PCF départemental. Le secrétaire départemental du PCF plaide pour un candidat unique de l'extrême gauche en 2017 et manifeste aux côtés des opposants à la loi Travail. Dans les P.-O., le PC compte un millier d'adhérents. Nicolas Garcia reprend les rênes du PCF pour les trois prochaines années. En attendant la relève, le conseiller départemental entend bien contribuer au rassemblement de l'autre gauche avant l'élection présidentielle. Rencontre.

Où en est le PCF aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales ?
Nous avons 1 383 adhérents. C'est mieux qu'il y a trois ans mais moins bien qu'en 2006. Le PC n'a pas échappé à la déception des Français et à leur rejet de la politique. En terme de recrutement d'adhérents dans le département, nous manquons un peu d'organisation dans les milieux ruraux reculés où nous avons encore un électorat. Ces dernières semaines, en votant à 65% pour la motion 1 avant le congrès d'Aubervilliers, les communistes catalans ont affiché une belle unité.

Comment analysez-vous l'éclatement actuel de l'extrême gauche et les candidatures qui se profilent à l'horizon avant l'élection présidentielle?
Pierre Laurent a été très clair et pourtant mal compris : nous devons d'abord élaborer un vrai programme de gauche commun et, après, choisir la personne qui le défendra. Les idées doivent passer avant les hommes. Ne nous divisons pas, la gauche de la gauche doit prendre le temps de se rassembler. J'en appelle à tous ceux qui, comme moi, souhaitent voir un candidat unique défendre les valeurs de la gauche de la gauche. On doit jouer la gagne, on n'est pas condamné à voter Alain Juppé pour battre François Hollande!

Vous êtes vice-président du conseil départemental aux côtés des socialistes dont vous fustigez la politique nationale. N'est-ce pas compliqué à gérer?
Lors des élections départementales, nous avions un but : empêcher la droite et l'extrême droite de s'emparer du Département en utilisant au mieux la stratégie des binômes. Sur les grandes questions départementales, on arrive à être d'accord avec les socialistes.

Vous n'avez pourtant pas voté le budget?
Nous nous sommes abstenus parce que nous ne pouvions pas accepter le principe de la diminution des dotations de l'État sans broncher. Le résultat, c'est l'augmentation des impôts fonciers.

Quel bilan tirez-vous des neuf dernières années que vous avez passées à la tête du PCF?
L'érosion du nombre d'adhérents est moins pire ici qu'ailleurs. Nous avons connu des revers aux municipales de 2014 avec notamment la perte de la mairie d'Elne en ce qui me concerne mais nous avons gagné deux conseillers départementaux et même un conseiller régional. Le PCF est également très présent auprès des salariés et dans les mouvements sociaux et citoyens. Nous avons également réussi à sauver le Travailleur Catalan qui fête, cette année, ses 80 ans.

Quel regard portez-vous sur les mouvements sociaux actuels?
Personne ne veut de la loi El Khomri dont l'esprit est de soumettre l'homme à l'entreprise comme le soulignait dernièrement Gérard Filoche. Comment François Hollande peut-il dire "Ça va mieux" alors que le pays est dans la rue et que la majorité des Français ne veut pas de cette loi? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On avait eu le pacte de stabilité, la déchéance de nationalité… Trop c'est trop.

Que pensez-vous des blocages en cours. Les opposants à la loi en font-ils trop?
La pénurie d'essence était d'abord due au fait que les automobilistes se sont rués sur les pompes. Le blocage des raffineries, c'est un moyen de lutte pour les salariés. Après des mouvements sociaux assez atones, ces derniers événements démontrent une fois de plus que les salariés n'en peuvent plus. Ils n'ont plus que la grève pour se défendre, même la représentation nationale a été bafouée avec le 49.3 à l'Assemblée nationale.

De L'Indépendent

Catalunya: Aumento del 28% en trastornos psíquicos de menores desde el 2011

Una insuficiente red de servicios de atención psicológica dirigida a los niños y adolescentes de Catalunya, dispersa, desconexa, de muy difícil acceso y con líneas de terapia que crean graves desigualdades en el territorio, es el panorama que han constatado investigadores de la Fundació Pere Tarrés (FPT) y de la fundación Salut Mental de Catalunya (SMC) al analizar la oferta asistencial que cubre los crecientes problemas psíquicos que afectan a los menores catalanes. Los datos epidemiológicos que recoge su informe, procedentes de la Conselleria de Salut, indican que en los últimos cinco años ha aumentado un 28% la cifra de menores de 18 años que han logrado ser atendidos en los centros de salud mental infantil y juvenil (CESMIJ), a causa de unos trastornos, poco especificados, entre los que destacan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) -que los autores del estudio consideran excesivamente medicalizado en contraste con la escasez de terapias de otra índole-, el autismo y disfunciones del estado de ánimo.

En los últimos cinco años, la cifra de niños de 0 a 14 años que reciben terapia psicológica se ha doblado, y ahora alcanza al 7,1% de la población de esas edades, ha explicado Rosa Coscolla, de la FPT, coautora de la investigación. "Es necesario que las administraciones realicen estudios rigurosos que cifren la prevalencia de problemas de salud mental que sufren los niños y adolescentes de Catalunya -ha añadido Marta Coll, de SMC-. Observando la localización y el tipo de problemas psicológicos que muestran los adolescentes se puede trazar un mapa de las desigualdades territoriales y sociales que existen en estos miomentos".

Las investigadoras han destacado la "soledad y desorientación" en que se encuentran las familias con niños o adolescentes afectados por algun problema de salud mental. "Faltan centros y los pocos que existen ofrecen una respuesta terapéutica insuficiente y muchas veces inadecuada", ha asegurado Coll. Los 54 CESMIJ que existen en Catalunya, cuyo acceso exige superar una espera superior a los ocho meses, ofrecen tratamientos desiguales, descoordinados e inconexos, han asegurado las autoras del informe. "Los menores que atiende esa red de centros, que dependen de Salut, son visitados seis veces al año, una cifra completamente insuficiente, y en esas consultas no se les ofrece ni tratamiento farmacológico, ni psicoterapia, ni ayuda familiar, ni control de toxicomanías -afirma Coscolla-. Simplemente, se les visita y se deja constancia de que tienen un problema".

El incremento de los problemas psicológicos de los jóvenes catalanes está directamente relacionado con las dificultades sociales y económicas que atraviesan sus familias, ha indicado Israel Molinero, director de SMC. "En estos años, se han acentualo los problemas de exclusión social, que propician los problemas de salud mental -ha dicho Molinero-. Los servicios sanitarios están saturados y acceder a ellos es lentísimo. Esos menores sufren el estigma de ser los chicos 'con problemas', circunstancia que agrava su trastorno. Muchas veces, cuando consiguen recibir tratamiento, ya es demasiado tarde".

Hospitalizada la hija de Andrés Bódalo tras 25 días de huelga de hambre

María Vitoria Bódalo, hija de Andrés Bódalo, tras 25 días en Huelga de Hambre, ha sido trasladada de urgencia al Hospital de la Concepción de Madrid. María Victoria que ha ejercido de portavoz de la familia en actos y ha acudido a varias reuniones oficiales para pedir el indulto de su padre ha sufrido un cuadro de ansiedad que ha motivado su traslado urgente al hospital. María Victoria empezó a sentirse mal y no podía respirar con normalidad lo que llevó a sus compañeros y compañeras en la huelga a avisar al SAMUR.

Tras atenderla, los médicos decidieron su ingreso en un hospital para entrar en observación. Es la primera baja de una huelga de hambre que hoy cumple 25 días y que según advierten los especialistas del SAMUR comienza a entrar en una fase de riesgo muy alto para la salud, informa el SAT.

Diego Cañamero, en huelga de hambre para pedir la libertad de Andrés Bódalo

"El suelo duro como el hambre, un frío que quema, una noche interminable". Así ha sido su primera noche en Sol, donde la Policía Nacional les ha prohibido montar tiendas de campaña. El histórico líder del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) Diego Cañamero y otros 15 compañeros de la organización han acampado en la Puerta del Sol de Madrid para iniciar una huelga de hambre con el objetivo de conseguir el indulto de Andrés Bódalo, concejal del Ayuntamiento de Jaén y miembro del SAT, que fue condenado a prisión por agredir en 2012 al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar, el socialista Juan Ibarra, durante una protesta de jornaleros que reclamaban peonadas para acceder al subsidio agrario.

Valencia: miles de contratos a dedo del PP durante años

Las contrataciones irregulares en el ámbito de los hospitales de la Comunitat son algo «habitual, frecuente y semanal». Con esta claridad se pronunciaba Andrés Cánovas, portavoz del Sindicato Médico, y otros responsables de CSI-F y organizaciones sindicales médicas después de conocerse la grabación en la que una doctora recibía presiones de dos responsables sanitarios del Hospital Clínico para renunciar a una plaza a la que tenía derecho por la bolsa de trabajo. Más de 3.000 contratos mensuales o de duración de días (temporales) estarían bajo sospecha «en los principales hospitales valencianos, en todos», subrayó Cánovas. El cálculo del Sindicato Médico es de unos 1.200 en La Fe, unos 1.000 en el Clínico y alrededor de 900 en el Hospital Doctor Peset, los tres principales de la Comunitat.

El sindicato asegura recibir «dos denuncias semanales» de prácticas de este tipo de profesionales que sufren presiones para renunciar a una plaza de bolsas de trabajo, como el caso de la trabajadora del Clínico que acabó dejando su puesto. «La mayoría no quiere que se denuncia ante la Conselleria o la Fiscalía», lamenta Cánovas. El miedo a las represalias del gremio al seguir trabajando en el sector paraliza a los afectados. El expediente informativo abierto a la doctora del Clínico que presionó a la poseedora de la plaza ha avanzado. El mismo no sólo afecta a esta sanitaria, sino también al jefe de servicio, mencionado en la grabación como otra persona que llamó antes a la facultativa para que renunciara. El expediente informativo se ha transformado ya en disciplinario, el paso previo a la propuesta de sanción para los dos sanitarios.

Los contratos irregulares vienen produciéndose desde hace años y ya tuvieron lugar durante el anterior gobierno. El Consell subraya que ha puesto en marcha ya la reforma de la bolsa de trabajo para acabar con estas prácticas. Desde CSI-F, la vicepresidenta de la sección de Sanidad, Dolly Prunés, confirma la habitualidad de estos contratos a dedo, «con trabajadores amedrentados por listas negras». Prunés no piensa que se trate de «una situación heredada, pues en un año de gobierno se puede arreglar» y denunció que las contrataciones se hacen «con el beneplácito de los responsables sanitarios».

Investigar a los altos cargos

El propio sindicato CSI·F exigió ayer a la Conselleria de Sanidad que «extienda» la investigación anunciada por supuestas contrataciones irregulares a altos cargos nombrados por la propia Administración. La central sindical puso varios casos que pueden implicar una contratación irregular. Por ejemplo, «el caso del subdirector económico de Llíria, licenciado en Filosofía y sin trayectoria en función pública, o el de un hijo de la subdirectora de Recursos Humanos». El sindicato lamentó la «extensión» de las prácticas «irregulares» de contratación por parte de Conselleria de Sanidad, «basadas en muchos casos en nombramientos sin pasar por bolsa de trabajo».

CSI·F urgió a la Conselleria de Sanidad en este sentido a revisar el nombramiento del subdirector económico de Llíria, un titulado en Filosofía «sin trayectoria en función pública», y al que asegura que la administración le ha firmado un contrato de alta dirección «a pesar de que apenas interviene en el departamento». La central sindical advirtió de que puede tratarse de un caso de «asesor encubierto». También insta a que se extienda la investigación a la contratación como auxiliar de Salud Pública de un hijo de la subdirectora de Recursos Humanos que «está cubriendo una vacante con la única experiencia previa de un contrato de apenas mes y medio de sustitución». En ambos casos, destacaron que ha sido «por nombramiento directo y sin concurrencia en una prueba de selección».

El sindicato pretende que se amplíen las pesquisas «a más casos» y a cargos «como el subsecretario de Conselleria y la jefa de Prevención por la contratación, en La Fe y como técnico de higiene del trabajo, de una persona que no estaba en la bolsa de esa especialidad y a la que se aplicó una mejora de empleo mientras cubría una baja, un hecho inusual». La central sindical también reclamó a la Conselleria de Sanidad que realice una investigación «minuciosa» del procedimiento seguido en las contrataciones y de «cualquier contrato en el que exista una sombra de irregularidad», informa Las Provincias.

Almirall hacia el monopolio en Europa del único fármaco con cannabis

La farmacéutica catalana Almirall tiene entre su cartera de fármacos varios muy famosos y rentables, como el almax o ebastel, y también uno de los más polémicos desde su salida al mercado, Sativex, el único 'tratamiento' basado en compuestos de cannabis aprobado en Europa por los gobiernos neoliberales que mantienen la prohibición del uso y consumo de marihuana natural enriqueciendo así a multinacionales y narcotraficantes. El fármaco recibió el visto bueno del gobierno fascista de Rajoy en el año 2010 y desde entonces, otra docena de países de la Unión Europea, donde Almirall tiene los derechos de comercialización, y más de 20 en el resto del mundo, donde lo comercializa la fabricante británica GW Pharma, han dado el paso de abrir su legislación al único fármaco que contiene los dos principales compuestos de la cannabis sativa, el THC y el cannabidiol. Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall, pagaron por la amnistía fiscal apenas 2,7 millones: el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza, casi 113 millones de euros, a través de dos empresas de Panamá.

Ahora, según fuentes de la farmacéutica catalana, Almirall está negociando con los gobiernos de Francia e Irlanda la entrada en sus mercados de este fármaco, usado en el tratamiento de la esclerosis múltiples por su buen comportamiento frente a la espasticidad, la contracción permanente de ciertos músculos, que sufren estos pacientes. Según estas fuentes, los dos países han aprobado ya el fármaco desde el punto de vista regulatorio, pero las diferencias en la negociación sobre su precio para poder ser financiado por el sistema público están dificultando su llegada a los pacientes.

Sin embargo, en algunos de estos mercados, la compañía ha tenido primero que llegar a un acuerdo con los gobiernos locales, caso de Italia o Francia, para modificar la ley sobre importaciones, ya que al contener compuestos de la marihuana, el medicamento tenía prohibido su entrada en el país como una exportación. De hecho, el medicamento se fabrica hoy en día en Reino Unido en un lugar desconocido para evitar posibles robos y su transporte se realiza también simulando su contenido.

Superadas las barreras legales, las negociaciones de precio están siendo especialmente duras en el caso francés, donde desde finales de 2013, fecha en que las autoridades sanitarias francesas dieron el visto bueno para la aprobación del medicamento, ni el gobierno galo ni el laboratorio catalán no han conseguido llegar a un acuerdo de precio que satisfaga a las dos partes. Almirall, según las fuentes consultadas, volverá a tener en breve una reunión con las autoridades francesas para fijar un precio definitivo.

Actualmente, además de en España, la compañía catalana ya vende el producto en Dinamarca, Austria, Polonia, Finlandia, Suiza, Alemania, Noruega, Suecia, Italia, Islandia y Bélgica. En el año 2014, Almirall obtuvo unas ventas de 14,7 millones de euros con Sativex, más del doble de lo logrado en 2013. El medicamento fue hasta 2014 uno de los diez más vendidos por la compañía, pero desde ese año ya no aparece en la lista de los fármacos con más ingresos anuales de la firma, aunque sigue subiendo sus ventas, informa El Economista.

Los mayores empresarios de la sanidad privada blanquearon 113 millones de euros con la amnistía fiscal


Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall, pagaron por la amnistía fiscal apenas 2,7 millones: el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza, casi 113 millones de euros, a través de dos empresas de Panamá. La familia Gallardo Ballart ocupa el puesto 16 de la lista Forbes entre las grandes fortunas españolas y es propietaria de Vithas: el segundo grupo de hospitales privados de España y el primero de capital nacional. Almirall es una de las mayores farmacéuticas españolas y fabrica el popular antiácido 'Almax'.

Arxiven els abusos d'un capellà a una nena fa 27 anys

El jutjat d'Olot ha ordenat, per prescripció del delicte com en d'altres casos denunciats de pederàstia per capellans, el sobreseïment de les diligències que va obrir arran de la denúncia de la dona de Bellcaire d'Empordà que va denunciar que fa 27 anys, quan ella en tenia 10, mossèn Josep Planas Planas (foto) havia abusat sexualment d'ella en una casa de colònies de Puigpardines. Esther, la víctima, ja preveia que la causa judicial no prosperaria perquè el temps transcorregut des dels fets suposava la prescripció del delicte, però va voler tirar endavant la denúncia per una qüestió de dignitat i també per animar altres possibles víctimes a denunciar casos que potser no estan prescrits i també per posar en evidència la necessita d'una reforma legal per evitar la impunitat en aquesta mena de casos, quan les víctimes sovint tarden anys a trobar el valor per relatar els abusos.

En canvi, el Bisbat, que tan bon punt va conèixer l'existència de la denúncia va apartar mossèn Josep Planas de les activitats de suport que feia en algunes parròquies, manté oberta la seva investigació, que podria acabar amb un judici eclesiàstic contra el capellà, si així ho disposa la Congregació de la Doctrina de la Santa Fe quan hagi estudiat l'expedient que li enviarà el Bisbat de Girona. La investigació la dirigeix un instructor nomenat pel bisbe que en aquest cas és un expert en dret canònic i amb experiència en casos similars.

L'instructor, amb el sigil i la discreció que marquen els cànons canònics, ja ha pres declaració tant a la víctima com al mossèn sospitós d'abusos i també a nombrosos testimonis que poden aportar dades per esclarir uns fets del 1989, quan Josep Planas Planas era el rector de Bellcaire i va anar de colònies amb un grup d'infants a Puigpardines. Entre ells hi havia l'Esther, la veïna de Bellcaire de 37 anys, que llavors era una nena de 10.

Fèlix Millet i Jordi Montull, absolts pel cas de l'hotel del Palau

La sala penal del Suprem ha revocat la condemna a un any de presó imposada per l'Audiència de Barcelona a l'expresident de la Fundació Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet, i a l'exdirector de la Fundació, Jordi Montull, per delictes de tràfic d'influències, en relació amb el projecte de construir un hotel de luxe al costat del Palau, el qual no va tirar endavant.

Tots dos han estat absolts en aquest assumpte, que és una ramificació de les diligències pel saqueig del Palau, encara pendent de judici. És la segona vegada que el Suprem anul·la les sentències emeses per l'Audiència de Barcelona en el cas de l'hotel del Palau, informa Nació Digital.

Artur Mas... de les Bermudes

Les operacions de privatització de les empreses públiques catalanes Aigües Ter Llobregat (ATLL) i la dels túnels de Vallvidrera i del Cadí –que es van formalitzar a les acaballes de l’any 2012, amb el govern d’Artur Mas en funcions– es van fer des d’una estructura jurídica que, en última instància, penja del paradís fiscal de les illes Bermudes. Aquestes dues empreses eren les joies de la corona de la Generalitat i van ser dilapidades sense miraments per poder obtenir diners i tapar (una mica) els enormes cràters de les finances públiques catalanes i l'espoli de CiU.

En totes dues operacions hi va jugar un paper central el grup brasiler BTG Pactual, que va aterrar a Catalunya de la mà de l’intermediari financer Jorge Lucaya, d’AZ Capital. Tant l’expresident del hòlding sud-americà, André Esteves –actualment en arrest domiciliari per la seva implicació en el cas de corrupció Lava Jato, que ha provocat la destitució de la presidenta del Brasil, Dilma Rouseff– com Jorge Lucaya estan estretament vinculats a l’Opus Dei, secta feixista de la que la Generalitat i CDC són ben plens.

Segons documentació interna del grup BTG Pactual a la qual ha tingut accés EL TRIANGLE, l’operació de compra dels túnels de Vallvidrera i del Cadí es va fer a través de la societat BTG Pactual Spanish Trading Holdings Ltd., filial de BTG Investments Ltd (BTGI). Al seu torn, BTGI, segons aquest esquema de nines russes muntat per André Esteves, està controlada per la societat BTG Pactual Participations Ltd, que té la seva seu a Hamilton, la capital de les illes Bermudes. En la privatització dels túnels catalans, el grup brasiler tenia el 65% de l’empresa adjudicatària –que posteriorment ha revenut, amb una forta plusvàlua, a una filial del grup assegurador francès AXA– i la companyia Abertis, el 35% restant, informa El Triangle.

Els Mossos van a desallotjar el rectorat de la Universitat de Lleida i el troben buit

El rectorat de la Universitat de Lleida ja no està ocupat. Els Mossos d'Esquadra hi han entrat aquesta matinada amb la intenció de desallotjar els estudiants que l'ocupaven, però quan hi han accedit l'han trobat buit. Una cinquantena de mossos, que han arribat amb sis patrulles de la Brigada Mòbil des de Barcelona, han entrat al Rectorat poc després de les quatre de la matinada a requeriment del rector i amb la intenció de desallotjar els estudiants. No es preveien detencions. Quan han entrat als despatxos ocupats no hi havia ningú i han registrat durant una hora la resta de l'edifici, inútilment.

Sembla que els estudiants han marxat -de manera discreta- abans i s'han endut les seves pertinences i els estris que han utilitzat durant aquestes tres setmanes. Ara només queda una patrulla dels Mossos vigilant les entrades de l'edifici. Tampoc hi queden les pancartes que durant tots aquests dies han penjat des de les finestres dels despatxos on estaven tancats.

La Universitat va ser ocupada fa tres setmanes i mitja per protestar contra la vigilància policial al campus, arran dels escarnis que es van fer contra la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, que hi imparteix classes. El nombre d'estudiants participants en l'ocupació ha anat baixant en els últims dies. Dilluns, el Consell de Govern de la Universitat es va reunir per analitzar la situació, però no va arribar a cap acord, tot i que el rector va assegurar que no descartava desallotjar el rectorat.

Los mayores empresarios de la sanidad privada blanquearon 113 millones de euros con la amnistía fiscal

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall, pagaron por la amnistía fiscal apenas 2,7 millones: el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza, casi 113 millones de euros, a través de dos empresas de Panamá. La familia Gallardo Ballart ocupa el puesto 16 de la lista Forbes entre las grandes fortunas españolas y es propietaria de Vithas: el segundo grupo de hospitales privados de España y el primero de capital nacional. Almirall es una de las mayores farmacéuticas españolas y fabrica el popular antiácido 'Almax'. Estos fondos estaban ocultos en varias cuentas de Suiza, a través de dos empresas de Panamá. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana , elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal , a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid.

Los hermanos Gallardo son dos de las mayores fortunas de España. Son los máximos accionistas (66%) de la catalana Almirall, una de las mayores farmacéuticas españolas, con un valor en bolsa cercano a los 2.500 millones de euros y que fabrica, entre otros, el ‘Almax’, popular medicamento contra la acidez de estómago. Pero sus negocios se extienden a muchos otros sectores: inmobiliario, hotelero, de energías renovables y, muy especialmente, sanidad privada. Desde residencias para ancianos, personas con trastornos de conducta y clínicas dentales (a través del fondo G Square Capital, con la marca SAR Quavitae) hasta hospitales privados, con Vithas.

Con 12 hospitales y 13 centros especializados, Vithas es el segundo grupo del sector de la sanidad privada en España por ventas. Su crecimiento exponencial ha sido paralelo a la crisis, por medio de una agresiva política de compras de otras empresas. Es el primero de capital nacional: el líder del sector en España es IDC Quirón (la antigua Capio), controlada por el fondo británico CVC. Los Gallardo controlan el 80% de Vithas. El presidente de la compañía es Jorge Gallardo Piqué, hijo del presidente de Almirall, Jorge Gallardo Ballart.

La creación de la marca Vithas se anunció sólo una semana después de que el 14 de noviembre de 2012, Jorge y Antonio Gallardo Ballart legalizaran un patrimonio de 112.979.114,13 euros que los dos habían mantenido oculto al fisco español. Gracias a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, también conocida bajo el eufemismo de Declaración Tributaria Especial (DTE), esta fortuna oculta pasó a ser completamente legal.

Jorge Gallardo (1941), presidente de Almirall y expresidente de la patronal farmacéutica (Farmaindustria), afloró un patrimonio de 55.818.421,65 euros con la amnistía. Su hermano Antonio Gallardo (1936) regularizó otros 57.160.692,48 euros. Este último es expresidente de Almirall y de la Asociación Catalana de la Empresa Familiar. Exvicepresidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), preside el grupo Landon, la sociedad patrimonial del clan. La cuota que pagaron al Fisco ambos hermanos fue de 2.732.800,27 euros: apenas el 2,4% del patrimonio que ocultaban, gracias a la rebaja en las condiciones de la amnistía que decidió aplicar el Ministerio de Hacienda a mediados de 2012 para hacerla más atractiva para los defraudadores.

Así, Jorge Gallardo pagó a Hacienda 1.360.400,66 euros por esos 55,8 millones: el 10% de la rentabilidad obtenida (13.604.006,61 euros) por los activos ocultos en los ejercicios no prescritos, pero solo el 2,4% del total del dinero que, hasta 2012, permanecía oculto. En el caso de su hermano Antonio, la cuota que pagó fue de 1.372.399,61 millones, también el 2,4% del total. Los Gallardo escondían esos fondos en cuentas en Suiza. Jorge Gallardo, en los bancos JPMorgan y Lloyd´s, y Antonio Gallardo, en esas dos entidades y en Banque Privée Edmond de Rothschild. Esas cuentas, amparadas por el secreto bancario helvético, estaban vinculadas a dos sociedades opacas en Panamá que ambos disolvieron tras presentar las DTE. La instrumental panameña de Antonio Gallardo se llamaba Bodeman Enterprises y la de Jorge Gallardo, Trisfal Corporation. Ambas fueron creadas en enero de 2005 y estaban gestionadas por un despacho panameño, Vives y Asociados, y administradas por los mismos testaferros profesionales.

El dinero legalizado por los Gallardo con la amnistía supera con creces los beneficios obtenidos en todo el ejercicio 2012 por Almirall, cuando la empresa ganó 77,8 millones. Los dos hermanos son la segunda generación de la familia que controla la compañía. La fundó su padre, Antonio Gallardo Carrera (1908-1988), en plena posguerra (1943) y actualmente tiene una plantilla de más de 2.000 personas. Los dos hermanos pilotaron la expansión internacional de Almirall, que dio el gran salto con la compra de su rival Prodesfarma, en 1997. La empresa salió a bolsa el 20 de junio de 2007 mediante la colocación de un 27% del capital y facturó el año pasado 769 millones (un 45,4% menos), con un beneficio de 131,8 millones, un 70,6% menos, por los menores resultados extraordinarios. Su medicamento más conocido es el ‘Almax’, que lleva en el mercado desde 1984 y al que la consultora especializada IMS Health cita cada año entre los más vendidos de España. El año pasado, este fármaco facturó un 10,2% más y fue el quinto más vendido en el ránking de medicamentos sin receta.

Los Gallardo controlan el 80% del grupo de hospitales privados Vithas en alianza con La Caixa, que tiene el 20% restante. Susana Gallardo Torrededia –hija de Antonio Gallardo y casada con Alberto Palatchi, socio y fundador de Pronovias– es consejera de Caixabank desde 2007 y también es vocal del grupo de autopistas de peaje Abertis en representación de la entidad catalana. Los hermanos Gallardo figuraban el año pasado en el puesto 16 de las mayores fortunas de España con un patrimonio conjunto estimado de 2.300 millones, según Forbes. La familia tiene una de las mayores sicavs de España, Elitia Invest, que en el primer trimestre de este año gestionaba más de 371 millones de euros, de los que más del 90% están fuera de España. El patrimonio de esta sicav se disparó exponencialmente tras la amnistía fiscal de los dos hermanos.

El presidente de Almirall, donante de la extinta Unió Democrática, es contrario a la independencia de Cataluña: "Supondría la exclusión de la Unión Europea", y un "grave quebranto" para su empresa, dijo en septiembre pasado, una semana antes de las elecciones autonómicas del 27-S. Jorge Gallardo también ha sido muy crítico con la evasión fiscal de la familia Pujol y su paso al independentismo: "No nos hemos llevado nada a Andorra, nadie me puede dar lecciones de catalanidad", declaró tres años después de haber legalizado sus cuentas en Suiza.

Jorge Gallardo citó el pasado 22 de enero a su hijo Carlos Gallardo Piqué y a su sobrino Antonio Gallardo Torrededia como herederos al frente del negocio. Sin embargo, en la última junta de accionistas de Almirall, el pasado 6 de mayo, el presidente de Almirall, que en septiembre pasado cumplió 74 años, aclaró que no prevé dejar el primer puesto de la compañía “a corto o medio plazo”. A preguntas sobre este asunto, los hermanos Gallardo y su family office de inversiones, el Grupo Corporativo Landon, no han querido hacer comentarios, informa eldiario.es.