dimarts, 17 de maig de 2016

Loi "travail": "Avec cette loi, les patrons feront ce qu'ils veulent des salariés"

Pour cette sixième journée de mobilisation contre la loi travail en près de deux mois, qui a réuni près de 55.000 manifestants à Paris selon la CGT, l’Humanité.fr s'est mêlé aux opposants au texte de la ministre Myriam El Khomri. Plusieurs milliers de manifestants défilaient mardi dans plusieurs villes de France pour cette nouvelle journée de mobilisation contre le projet de loi travail, démarrée à l'aube avec des actions de routiers multipliant blocages et barrages filtrants. Sept syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL et Fidl) sont à l'initiative de ces deux nouvelles journées d'actions unitaires ce mardi et jeudi, les sixième et septième en un peu plus de deux mois, pour contester le texte de la ministre du Travail Myriam El Khomri, jugé trop favorable aux entreprises et au passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale. Les cortèges ont rassemblé plus de 10.000 personnes à Nantes où quelques affrontements ont éclaté, 8 000 à Toulouse, 80.000 à Marseille (photo) selon la CGT, 7.000 à Lyon, quelques milliers à Montpellier, 2.000 à Rennes, 5.000 à Bordeaux.

Le mouvement lancé mardi à l'aube par les fédérations des transports CGT et FO a conduit à la paralysie des zones portuaire et industrielle du Havre, tout comme celle du port de Saint-Nazaire ou de la raffinerie de Donges, près de Nantes. Opération escargot à Rennes, barrage filtrant à Caen, manifestation sur l'autoroute au Mans, blocage d'un centre logistique dans la banlieue lilloise, d'une centrale d'achat près de Bordeaux... Des barrages filtrants ont aussi été installés à l'aéroport de Perpignan ou encore à Fos-sur-Mer, où se concentrent de nombreuses entreprises de chimie et pétrochimie. A Paris, la manifestation contre la loi travail est partie à 14 heures de la place de l'Ecole militaire (7e arrondissement) en direction de la place Denfert-Rochereau (14e).

"Ce que le pouvoir fait, la rue veut défaire"

"Le mot d'ordre est plus que jamais le retrait. C'est la colonne vertébrale du texte qui est mauvaise et qui organise le dumping social", a déclaré le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, devant des journalistes. "C'est une caricature de dialogue et donc ça renforce la mobilisation. Les citoyens en général et les salariés veulent être écoutés" ajoute-t-il. "La mobilisation se mesure aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, on assiste à une généralisation de la grève. Et c'est une bonne chose (...) On n'a pas été entendus, donc on va se faire entendre encore plus fort", a-t-il dit. "Cette semaine est déterminante en termes de mobilisation des salariés. Personne ne peut dire s'il n'y aura pas de retrait. Hollande a redit ce matin sa détermination, mais sa majorité est très ébranlée", a de son côté affirmé Cécile Gondard-Lalanne, porte-parole de Solidaires à l'AFP, rapports L'Humanité.

Loi travail : nombreuses grèves et nouvelles manifestations à partir de mardi


Grèves reconductibles dans les transports, nouvelles manifestations dans toute la France... à partir de mardi, l'opposition à la loi travail va tenter de se relancer, malgré l'adoption du projet en première lecture à l'Assemblée. Sept syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires, l'Unef, l'UNL et Fidl) ont appelé leurs organisations respectives à "construire" deux nouvelles journées de grèves et manifestations les 17 et 19 mai, les sixième et septième en un peu plus de deux mois. Dans leur ligne de mire, le texte de la ministre Myriam El Khomri, adopté sans vote jeudi après le recours à l'article 49-3 et contesté jusque dans les rangs de la majorité.

EE.UU. aprueba el proyecto de ley para demandar a Arabia Saudita por el 11-S

El Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que expondría a Arabia Saudí a riesgos legales por cualquier participación que hubiera tenido en los atentados que vivió el país norteamericano el 11 de septiembre de 2001, informa 'The New York Times'. Esta norma, a la que se opone el Gobierno de Barack Obama, permitirá que las familias de las víctimas de los atentados de 2001 demanden a la tiranía wahhabita. El proyecto de ley, denominado 'Justicia contra los patrocinadores de actos terroristas', permitiría a los estadounidenses demandar a los estados nación por los ataques terroristas perpetrados en su territorio. Esta norma facilitaría que las familias de las víctimas del 11-S demandaran al Gobierno saudita por su responsabilidad en los acontecimientos. El paso siguiente será que el documento pase a la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, que tiene su propia versión de la propuesta.

'The New York Times' señala que, con esta aprobación, el Congreso norteamericano ha dado un paso más para enfrentarse con la Casa Blanca, que se opone a la legislación y ha amenazado con vetarla. La norma también tiene en contra a la Cámara Baja del Congreso. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha declarado que tienen que "revisar" su contenido "para asegurarse de que no estamos cometiendo errores con nuestros aliados".

El medio escribe que esta maniobra del Senado de EE.UU. es "otro signo de la escalada de tensiones en la relación entre Estados Unidos y Riad". Así, el Gobierno de Arabia Saudita ha criticado la aprobación de esta legislación y sus altos cargos ya advirtieron a las autoridades norteamericanas que, si aprobaban la normativa, podrían empezar a vender los activos que poseen en su país, que rondan los 750.000 millones de dólares.

Una película palestina censurada en Cannes por presiones sionistas

Múnich: una historia palestina, de Nasri Hajjaj, director libanés de origen palestino, debía proyectarse este 16 de mayo en el centro de convenciones de Cannes, dentro del Mercado de Cine, pero ha sido censurada a raíz de una carta del Consejo Francés de Instituciones Judías de Francia (CRIF). Munich 16 de mayo: Una historia palestina, iba a ser exhibida para los profesionales del salón que tratan de comercializar las películas en el marco del Festival de Cannes, que comenzó el 11 de mayo y finalizará el día 22.

Sin embargo, a raíz de las quejas de Roger Cukierman, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), la película que evoca la toma como rehenes por militantes palestinos de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 se ha desprogramado. El 3 de mayo, Cukierman escribió una carta al presidente del festival, Pierre Lescure, y otra copia a Audrey Azoulay, el ministro de Cultura francés, denunciando "una reinterpretación escandalosa de los hechos históricos" del director que, según él, "cae dentro del revisionismo histórico", en el que los sionistas son los mayores expertos.

La película responsabiliza de la muerte de los rehenes al asalto armado de la policía alemana. El Presidente del Festival ha aceptado la solicitud de la oligarquía sionista y censurado la película de Nasri Hajjaj.

Israel demolió casas móviles de palestinos al este de Jerusalén


Efectivos israelíes demolieron hoy un grupo de casas móviles donadas por la Unión Europea en la localidad de Jabal Al Baba, al este de Jerusalén, dejando sin hogar a unos 90 beduinos palestinos. Fuentes de la localidad detallaron que los militares y personal de la Administración Civil de Israel comenzaron a desmontar las caravanas a las 05:00 hora local, evacuando a las familias que las habitaban, que incluyen a una mayoría de niños. Además de las ocho estructuras demolidas en las primeras horas de hoy, explicó Atallah Mazaraa, representante de Jabal al-Baba, los israelíes prosiguieron a derribar otras propiedades similares, cada una de las cuales tiene un área de unos 80 metros cuadrados.

Marjaliza incrimina a Tomás Gómez en la ‘trama Púnica’ que lideraba Granados

David Marjaliza ha provocado un giro dramática en la operación ‘Púnica’, la trama de corrupción política de Madrid. En su testimonio ante el juez Eloy Velasco, el cabecilla de la trama del PP ha involucrado al socialista Tomás Gómez en el intercambio de adjudicaciones a cambio de pagos para sus campañas electorales. Marjaliza aseguró en la Audiencia Nacional que su red de empresas obtuvo la concesión de seis parcelas para la construcción de unas 400 viviendas protegidas en el barrio de Parla cuando el exlíder del PSOE-M era el alcalde de la citada localidad. ”Me decían, ¿quieres viviendas en este suelo? Sí. Preséntate a este concurso. Nos presentábamos a veinte parcelas y nos adjudicaban cuatro. En el caso de Parla nos adjudicaron seis o siete por un total de 400 y pico viviendas”, relata el cerebro de la trama. Asegura que el intermediario en esas negociaciones era su socio y exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, a quien la trama daba el dinero para las comisiones y tiene claro que en el 98 % de las adjudicaciones de viviendas protegidas se pagaban comisiones. Granados (PP) se llevaba entre el 10 y el 20% de las mordidas.

La vinculación de la trama con el PSOE no acaba ahí ya que Marjaliza pagó 30.000 euros a Eva Borox, exdiputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid en su etapa como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro, para que “no hiciera mucho ruido mediático” y se posicionara a favor de determinadas adjudicaciones que convenían a la trama. Así consta en el audio de la declaración que el presunto ‘cerebro’ de la red corrupta y empresario de la construcción, David Marjaliza, prestó el pasado junio en calidad de investigado y en la que detalló el ‘modus operandi’ de la organización en varios municipios madrileños

De esta manera Marjaliza asegura que el que fuera secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, se “llevó” dinero “contante y sonante” -un porcentaje de entre el 10 y 20% de cada operación- con las adjudicaciones de suelo en las que intervenía la trama ‘Púnica’ y que entendía como un “negocio” a partir del cual alcaldes y empresarios sacaban un “margen” de beneficio, según reveló su socio, David Marjaliza, ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La trama estaba tan asentada y orquestada que llegó, incluso, a pagar contraprestaciones al alcalde socialista de la localidad madrileña de Pinto, Antonio Fernández, por la construcción del proyecto comercial y empresarial Plaza Éboli. Marjaliza precisa que esos pagos no fueron realizados directamente por él, sino por el considerado su mano derecha, el también empresario José Luis Capita. “No recuerdo si eran sobres porque no los llevé yo, pero seguramente sí”, dijo el empresario al juez. “¿Cobró algún cargo público?”, se le preguntó y Marjaliza contestó: “Sí, sí, Antonio”.

El empresario indicó que los pagos tuvieron lugar hace una decena de años y, por ello, el posible delito cometido estaría prescrito en este caso. “Allí lo que se hizo fue un concurso con el grupo Sonae portugués. Nosotros nos quedamos con la parte del hotel y las oficinas y el grupo Sonae con la parte comercial”, aseguró. Antonio Fernández estuvo al frente de la alcaldía de Pinto durante diez años, entre 1995 y el año 2005. Un juez le condenó en 2014 a pagar una multa por un delito de coacción y acoso laboral contra Paloma Crespo, trabajadora municipal de Aserpinto. La sentencia fue anulada por la Audiencia Provincial, que ordenó repetir el juicio.

Al ser preguntado si con esos favores urbanísticos “ganaba” la localidad madrileña de Valdemoro o “ganaban” quienes fueran sus alcaldes Francisco Granados o José Miguel Moreno Torres, Marjaliza responde: “Yo creo que en esa época hemos ganado todos”. “Cuando se adjudicaban los suelos, tu pactabas y pagabas un precio”, añade. “¿Y cómo se pagaba el dinero: en mano, con dinero contante y sonante?”, inquiere el juez, a lo que Marjaliza responde con un “claro”. “¿Y se lo llevaba Granados?”, le pregunta. “Claro”, vuelve a responder el constructor.

Durante su declaración ante el juez Velasco el pasado mes de junio, Marjaliza pide ser preguntado tema por tema, ya que considera que narrar la trama “por bloques es más fácil” y desmiente las informaciones que le señalan como amigo del expresidente del PP de Madrid desde la infancia. “Paco me saca tres o cuatro años y no hemos estudiado juntos ni mucho menos -puntualiza ante el juez-. Conozco a Paco desde que estaba en Alianza Popular, pero tenemos un enfrentamiento y decido dejar la política, y cuando llega a la Alcaldía pues se acercan posturas y reconciliamos nuestras diferencias políticas”.

A partir de ahí, Marjaliza narra al juez que él era un “promotor inmobiliario mediano de Valdemoro”, sector en el que trabaja desde los 19 años, y que fue Granados quien les “junto a comer” a él y a otro promotor más fuerte, Ramiro Cid Cicluna, para proponerles crear una sociedad en la que el alcalde estaría presente en un 20 por ciento, según cree recordar su exsocio, a través de la mujer de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios. “De alguna manera entiendo que es entre comillas su porcentaje”, puntualiza Marjaliza. El magistrado le pregunta si en dicha reunión Granados les prometió que recalificaría suelo rústico para que puedan construir, a lo que el promotor contesta que el exdiputado popular no lo dice así de claro “pero se sobreentiende”.

En este momento, el declarante reconoce ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que no recuerda muy bien los detalles ni el nombre de la sociedad porque en ese momento -se encontraba en prisión y no sale hasta seis meses más tarde-, lleva “ocho meses perdido” y además no se sabe el nombre de todas sus empresas. “El entramado empresarial mío es bastarte grande y hay cosas que he vendido y cosas que no”, señala, para concluir que esta sociedad en concreto se llamaba Servicios Patrimoniales de Obras y Vías.

Sobre el porcentaje de Granados, que en dos ocasiones sitúa en el 20% y luego duda para situar en un diez por ciento, Marjaliza señala que era la parte que “él (Granados) iba a ganar. “Nosotros compramos suelo, el dinero lo poníamos Ramiro y yo”, indicó Marjaliza al juez. El propio Marjaliza llega a describir la situación como un “escenario de corrupción generalizada” en numerosos municipios, entre los que destaca Valdemoro, el epicentro de la trama que gobernó el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que permanece en prisión desde octubre de 2014, informa La Vanguardia.

La red Gürtel conserva terrenos en Boadilla, epicentro de la trama


Siete años después de que la Fiscalía denunciase en la Audiencia Nacional para destapar el caso de corrupción que ha puesto contra las cuerdas al Partido Popular, la red Gürtel mantiene aún negocios urbanísticos en Boadilla del Monte, al norte de Madrid, epicentro de la trama y uno de los bastiones del PP. Se trata del 94% de una finca de 2.476 metros cuadrados con un valor catastral de 714.246 euros en la zona de El Encinar, dentro de ese municipio madrileño y con un valor catastral registrado de 714.246 euros.

El secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, demà al Parlament de Catalunya

Arnaldo Otegi serà demà a Barcelona per participar en una conferència política organitzada pel CIEMEN sobre els processos sobiranistes basc i català. Abans, el secretari general de Sortu i probable candidat de l’esquerra abertzale a les eleccions basques de la tardor es reunirà al Parlament, d’una banda, amb representants de les direccions dels grups parlamentaris de JxSí i de la CUP i, d’una altra, amb els portaveus de la comissió d’Exteriors. La CUP és el partit que convida formalment Otegi a la cambra catalana i la presidenta de la comissió, Marta Pascal, ha fet arribar una carta als portaveus d’Exteriors per informar-los de la trobada.

En conèixer la notícia, el president del grup parlamentari del PP, Xavier García Albiol, havia reclamat formalment a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no permetés aquesta reunió. Una demanda expressada també per Ciutadans. Però Forcadell no només no ha atès la demanda, sinó que també ha fet saber que ella mateixa es reunirà amb Otegi. Ha estat Otegi qui ha demanat les reunions amb els grups parlamentaris i, a través de la CUP, n’ha demanat una altra amb els portaveus de la comissió d’Exteriors. Dimecres, el Parlament serà testimoni d’almenys tres trobades que coincidiran amb el Ple: La que el líder de Sortu mantindrà amb els portaveus d’Exteriors que vulguin assistir-hi i les que mantindrà amb les direccions de JxSí i la CUP. Fonts dels dos grups independentistes han confirmat a l’ACN que s’hi reuniran. Així ho han confirmat a l’ACN fonts properes a la presidenta del Parlament, que han explicat també que el format de la reunió encara es perfil i podria no acabar sent una audiència a l’ús. En qualsevol cas, aquesta decisió de Forcadell tomba les peticions de PP i C’s d’evitar qualsevol tracte institucional amb Otegi.

D’una altra banda, cap representant del PSC no serà present a la reunió d’Otegi amb els portaveus de la comissió d’Exteriors del Parlament. Així ho ha confirmat la portaveu dels socialistes a la cambra, Eva Granados, que ha explicat en roda de premsa que el seu partit ‘respecta les invitacions d’altres grups’ però no vol ‘contribuir al que considerem que és un tour preelectoral d’Otegi’. La socialista diu d’Otegi que entén que ’ha complert la seva condemna i ara vulgui jugar un paper a la política’, però des del PSC asseguren que no els ‘agrada’ la ‘pretesa ‘mandelització’ de la seva figura’ que atribueix a aquells partits que donen protagonisme a Otegi. Amb tot, Granados tampoc ha volgut posar-se del costat de PP i C’s, que han reclamat que el líder de Sorti no sigui rebut al Parlament, i ha criticat ‘la instrumentalització que fan del passat que desgraciadament hem tingut amb ETA’. ‘Nosaltres el que vam fer i farem és contribuir a la màxima pacificació’, ha dit la socialista, informa Vilaweb.

Catalunya continua incomplint els límits de contaminació de l'aire

Catalunya continua incomplint la normativa europea sobre contaminació de l’aire, segons l’últim informe del Departament de Territori i Sostenibilitat. Durant tot el 2015, en el 22% dels 127 punts de mesurament que hi ha repartits a tota Catalunya es van superar els llindars anuals de dòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió (PM10) i ozó (O3). Les zones més afectades són l'àrea de Barcelona, el Vallès, el Baix Llobregat i la Plana de Vic, que apleguen el 60% de la població catalana. També ho fa de forma més localitzada el benzopirè a la Plana de Vic i, en pics puntuals durant l’any, el sulfur d’hidrogen a la zona d’Igualada.

“És cert que és greu que incomplim els objectius que ens hem marcat, però ho hem de posar en context. No som Pequín. Tampoc Barcelona pateix pics de contaminació com succeïx a Londres o París”, argumenten des del Departament de Territori i Sostenibilitat. Tanmateix, des de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire consideren que l’últim informe de la Generalitat “amaga la gravetat de la contaminació de l’aire”. “Que un dia concret a París se superi de molt el llindar no vol dir que s’incompleixi de forma continuada, com sí ocorre en alguns punts de Catalunya. A més, aquest any els índex de diòxid de nitrogen i PM10 han anat a pitjor”, argumenta la portaveu de la Plataforma, Maria Garcia.

En concret, tal com es pot observar al mapa que ha elaborat NacióDigital, tot i que el Vallès té més punts d’observació amb registres negatius en diòxid de nitrogen i partícules en suspensió, a Barcelona se supera el llindar anual amb mitjanes més elevades, de vegades de fins a deu punts més. A més, és clar, s’han produït pics puntuals durant l'any.

Com a conseqüència de la contaminació a les grans aglomeracions urbanes, la plana de Vic es veu afectada amb ozó, sobretot a l’estiu, quan les marinades dispersen el diòxid de nitrogen cap a Osona i reacciona amb l’oxigen. També a les Terres de l’Ebre i a les comarques de Girona es registren mitjanes elevades d’ozó. A la zona d’Osona, a més, hi ha afectacions concretes de benzopirè, “per l’ús domèstic de calderes de biomassa amb pellets i per l'ús industrial”, detalla Garcia. De fet, en el cas de Manlleu –on es va localitzar per primera vegada a l'Estat l'any 2013-, hores d'ara se'n desconeix l'origen i es continua investigant.

L'OMS alerta dels efectes en la salut

Cal tenir en compte que els llindars que marca la Unió Europea, sobretot en partícules en suspensió i ozó, són molt més generosos que els que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que justament aquesta setmana ha alertat dels greus perills que la contaminació de l’aire pot provocar a tot el món. En l’últim informe, denuncien que el 80% de les ciutats que analitzen (3.000 ciutats en més de 103 països) superen els llindars de contaminació: un 56% en les ciutats més desenvolupades i un 98% en les que estan en vies de desenvolupament. L’organisme internacional té classificada la pol·lució de l’aire en el primer grup d'indicadors que produeixen càncer.

En el mateix sentit, el codirector del Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental (CREAL), Jordi Sunyer, recorda que “la contaminació de l’aire afecta pràcticament igual que fumar”. “Les xifres de l’informe de la Generalitat són greus. El diòxid de nitrogen està demostrat que afecta a les vies respiratòries i les Partícules en suspensió inflamen el sistema cardiovascular. A més, l’ozó té un alt component oxidant, malmet el cos”, argumenta.

Com combatre la pol·lució per prevenir més sancions


Des de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire recorden que la Generalitat té obertes dues sancions de la Comissió Europea. La primera, des del 2005, per contaminació de diòxid de nitrogen; la segona, des del 2010, per sobrepassar els llindars anuals de partícules en suspensió. “La Unió Europea ha rebutjat les pròrrogues que el Govern va demanar i, per tant, el compliment de la normativa hauria de ser una prioritat”, es queixa Garcia. El transport a les ciutats i les indústries són els majors contaminants.

Des del Departament recalquen que solucionar el problema de la contaminació de l’aire sí que és una prioritat i que per això han engegat el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (Horitzó 2020), que contempla la posada en marxa, entre d’altres, de la T-Mobilitat per fomentar el transport públic, l’EcoviaT o la certificació de qualitat de l’aire per a vehicles. La Plataforma per la Qualitat de l’Aire reivindica mesures més dràstiques, com la renovació del parc de cotxes per vehicles més respectuosos amb el medi ambient i la limitació dels trànsit a les grans ciutats, així com un pla d’energies renovables i controls més rigorosos per a les indústries, ionforma Nació Digital.

Los intereses negativos ponen en apuros a los bancos de España y Portugal

A medida que las tasas de interés en Europa caen cerca de cero o incluso cruzan el umbral hacia el terreno negativo, legisladores y grupos de defensa de los consumidores en España y Portugal están atacando uno de los principios más antiguos de las finanzas al insistir que los prestamistas pueden deberles dinero a los prestatarios. Los bancos en los dos países, que luchan por recuperarse de las recesiones que sacudieron sus sistemas financieros, están respondiendo contra esa nueva idea, una lucha en la que podrían estar en juego miles de millones de dólares en intereses sobre créditos hipotecarios.

En contra de la nueva tendencia, el gobernador del banco central de Portugal ha defendido a los bancos contra un proyecto de ley que los obligaría a pagar a los deudores cuando las tasas de interés pasen a ser negativas. Los bancos en ambos países están modificando la redacción de los nuevos contratos de hipotecas para advertir a los deudores que nunca podrían lucrarse con las tasas de interés negativas. Los bancos en España y Portugal habitualmente vinculan las tasas de interés de los créditos hipotecarios a la tasa europea de oferta interbancaria, más conocida como Euribor, que es variable y es usada por los bancos cuando se prestan entre ellos. Además, las tasas de interés en los dos países incluyen un porcentaje fijo del préstamo, llamado el diferencial o spread. En gran parte de Europa, en cambio, predominan las hipotecas de tasa fija.

El Euribor empezó a volverse negativo el año pasado, después que el Banco Central Europeo redujera las tasas de interés a menos de cero y comenzara a cobrarle a los bancos por mantener sus depósitos, como una forma de estimular las economías de la zona euro. Eso ha arrastrado las tasas hipotecarias a territorio negativo en algunos casos aislados en Portugal.

La gran mayoría de deudores hipotecarios españoles y portugueses tiene que pagar interés, dado que la Euribor no ha bajado lo suficiente para eliminar el diferencial. De todos modos, aunque los bancos consideran que es improbable que la Euribor vuelva a caer en forma brusca, han tomado medidas para protegerse.

Ya hay un precedente en Europa: los bancos en Dinamarca están pagando a miles de deudores interés sobre sus créditos hipotecarios, casi cuatro años después de que el banco central introdujera tasas negativas. Para compensar esos pagos, los bancos daneses han subido las tarifas de algunos servicios, pero nunca plantearon un desafío legal serio.

En España y Portugal, en cambio, los bancos han señalado que pagarán cuando las vacas vuelen. “En ningún caso se contempla que el cliente reciba un interés” debido a la naturaleza del contrato, dijo Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA S.A. en una reciente conferencia de prensa para anunciar los resultados del banco. En el caso más extremo, añadió, el cliente pagaría un interés de cero.

Los bancos portugueses han sido igual de tajantes en privado. En unos pocos casos en los que las tasas de interés se tornaron negativas, los bancos portugueses subieron la tasa a cero. Los grupos de defensa del consumidor dicen que los bancos tienen la obligación de ceñirse a las condiciones impuestas por el contrato del préstamo de tasa variable, que por definición sube y baja según los cambios en las tasas de interés. Si caen lo suficiente por debajo de cero, entonces los bancos deberían pagar interés a los deudores hipotecarios, tal y como les cobrarían más si las tasas hubiesen aumentado.

El Bloque de Izquierda, un aliado del gobierno socialista de Portugal, presentó en enero un proyecto de ley que obligaría a los prestamistas en estos casos a pagar. Mientras el parlamento debate la iniciativa, el grupo de defensa de los derechos del consumidor Deco, de Lisboa, ha instruido a los clientes a revisar los contratos de sus créditos y quejarse si no se han beneficiado de las tasas negativas. “Fueron los bancos los que decidieron fijar las tasas de los préstamos siguiendo la Euribor, no los clientes”, puntualizó Paulino Ascenção, legislador de Bloque de Izquierda. “Seguir las reglas de los contratos es cuestión de principio y confianza”.

El gobernador del banco central de Portugal, Carlos Costa, entró al ruedo el mes pasado al cambiar de postura y simpatizar con los bancos. Costa había emitido el año pasado una recomendación de que los bancos usaran la tasa Euribor negativa para calcular el interés del préstamo, como lo estipulan los contratos. En ese momento no podía imaginar que la Euribor seguiría bajando, confesó Costa en una aparición en el Congreso el mes pasado. La caída más pronunciada de la Euribor, agregó, pone en riesgo el sistema bancario.

Los bancos portugueses absorberían un golpe de 700 millones de euros al año, US$796 millones, a sus márgenes de intereses si la tasa Euribor a seis meses del país, que llega a -0,144%, cayera a -1%, estima el banco central. Incluso si los bancos lograran limitar las tasas de interés a cero, perderían 500 millones de euros de la diferencia entre lo que les pagan a los depositantes y lo que cobran por prestar el dinero, indicó el banco central. “Tenemos que hallar un justo equilibrio entre las expectativas de los deudores y la necesidad de resguardar la estabilidad del sistema financiero”, dijo Costa a los legisladores. El gobernador es partidario de establecer un piso de interés cero a los actuales créditos. En el caso de las nuevas hipotecas, propone calcular una tasa Euribor de cero, lo que le permitiría a los bancos aprovechar el spread. El gobierno aún no ha adoptado esta postura, pero los bancos ya han dado pasos para implementarla.

En España, la mayoría de las hipotecas está vinculada a la tasa Euribor a 12 meses, que se ubica en -0,012%. Ese nivel tendría que caer bastante para contrarrestar el spread de los créditos hipotecarios, que llegaron a un promedio de entre 0,5% y 0,75% durante el auge inmobiliario de hace una década. En ese caso, los bancos españoles tienen como referencia dos fallos judiciales, uno de un juez madrileño en 2014 y otros de un tribunal provincial de Madrid del año pasado. Ambos justifican legalmente su rechazo a pagar interés a los deudores. Bankinter S.A., un banco español de tamaño mediano, pagó interés el año pasado sobre créditos hipotecarios relacionados con los movimientos del franco suizo en la tasa interbancaria ofrecida en Londres, Libor. Un portavoz de la entidad catalogó los pagos como una concesión única y extraordinaria a un grupo reducido de clientes y que no constituía una obligación legal.

Dos grupos españoles de defensa del consumidor, OCU y Adicae, contradicen la interpretación que han hecho los bancos de los fallos judiciales. Ambos sostienen que la esencia de un préstamo de tasa variable es ajustarse a la dirección de los intereses tanto cuando suben como cuando descienden a territorio negativo. Si la ley española favorece a los bancos, preguntan estos grupos, ¿entonces por qué algunas entidades les empiezan a exigir a los nuevos clientes una declaración de su puño y letra de que entienden que jamás recibirán el pago de intereses?

Un abogado de un banco español importante dijo que las entidades financieras no han escatimado esfuerzos para evitar cualquier confusión luego de que jueces dictaminaran, en casos que no estaban relacionados con las tasas negativas, que algunos contratos de hipotecas no decían claramente que el banco había fijado un piso bajo el cual la tasa de interés no podía caer. Juan Ignacio Sanz, profesor de banca y mercado de valores de la escuela de negocios Esade, dijo que “los bancos incluyen estas cláusulas porque tienen dudas”, informa el Wall Street Journal.

Detenidos 6 sospechosos del secuestro y muerte de un empresario en Braga

La Policía Judicial (PJ) portuguesa ha detenido a varias personas sospechosas del secuestro de un hombre de negocios, Juan Pablo Fernandes, en Braga el 11 de marzo. De acuerdo con una fuente de la PJ de Porto, habría al menos seis sospechosos involucrados directa e indirectamente en el secuestro del empresario, mientras las investigaciones siguen su curso y los registros continuarán durante todo el día. Foto: La hija del empresario pidió ayuda en la farmacia después del secuestro.

La PJ cree que el hombre de 42 años de edad habría muerto poco después del secuestro. El cuerpo no ha sido encontrado aún. El poder judicial tiene varios inspectores sobre el terreno. Se recuerda que Juan Pablo Fernandes desapareció de su garaje al volver a casa, acompañado por su hija de 8 años. Las detenciones se realizaron en la zona de Oporto y Braga, informa Diario de Noticias.

La hermana de Barberá explica al fiscal cómo se gestionaban los gastos

Anticorrupción en el marco de las diligencias de investigación penal abiertas para determinar si su hermana, Rita Barberá, usó fondos públicos para intereses particulares. Las pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia de Compromís por los gastos generados durante la última legislatura. Asunción Barberá compareció acompañada por su abogado. Lo hizo bajo la condición de investigada, aunque hay que recordar que el caso todavía no está judicializado. La fiscalía se encuentra ahora estudiando toda la documentación. Si considera que Barberá cometió un delito, llevará la causa al Tribunal Supremo. De lo contrario, si no aprecia indicios de una actuación ilegal, archivará el caso.

La declaración de Asunción Barberá fue breve. De hecho, optó por no contestar al fiscal y tan sólo respondió a las cuestiones de su letrado. Las preguntas se centraron en su papel en el Consistorio y cuál era el trámite administrativo que seguían las facturas con los diferentes gastos. La entonces jefa de gabinete aclaró al responsable del ministerio público que ella únicamente visaba las facturas, pero esto no significaba una autorización. El documento pasaba entonces a la Intervención, que era el órgano que realmente autorizaba este pago con el visto también de la secretaría del Ayuntamiento. Posteriormente la factura llegaba a cada uno de los órganos que había propuesto el pago.

Podía ser la alcaldía, o cualquier otra concejalía. La investigación a Barberá, conocida como el caso Ritaleaks, comenzó en plena campaña electoral por una denuncia de Compromís. Las últimas informaciones centraban la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en cuatro apartados a raíz de las facturas entregadas por el Ayuntamiento. Se trata de nueve viajes de Barberá, los gastos de restaurantes, los regalos de cajas de naranjas y dos facturas de una mantequería, informa Las Provincias.

Anticorrupción pide abrir juicio contra 34 imputados en el caso Brugal por diez delitos


La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 34 acusados en el caso Brugal. El Ministerio Público les imputa los delitos continuados de fraude, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral y revelación de secretos. Entre los 34 acusados destaca el empresario Ángel Fenoll, de quien la Fiscalía asegura que se "granjeó una red de colaboradores y amistades integrada por cuantas autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela pudieran favorecer sus intereses empresariales", y el alcalde de la localidad, José Manuel Medina (PP), que recibió "siete millones de pesetas en los meses finales del año 2000" a través de otro concejal.

Cuba y EE.UU. sin avances económicos por el bloqueo

La directora general para EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, destacó este lunes en el tercer encuentro de la Comisión Bilateral Cuba-EE.UU. que no hay avances económicos significativos porque el bloqueo contra la isla sigue vigente. Vidal indicó que continúan las restricciones a las exportaciones estadounidenses y no existen relaciones bancarias entre ambos países y aseguró que el bloqueo de EE.UU. contra la isla sigue afectando al pueblo cubano y los vínculos de Cuba con terceros países. Puso como ejemplo que en los últimos seis meses el Gobierno estadounidense multó a dos compañías norteamericanas y una francesa por sus relaciones comerciales con Cuba. Apuntó que también se reportaron problemas con 13 bancos internacionales y con empresas proveedoras de servicios a embajadas y consulados cubanos.

Asimismo, Vidal exigió la eliminación de otras políticas hostiles del pasado que siguen aplicándose. Recordó la necesidad de que sea devuelto a Cuba el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval en Guantánamo. Por otro lado, reconoció que hubo un incremento en las visitas oficiales entre ambas naciones, incluyendo la del presidente Barack Obama que realizó a La Habana en marzo de este año.

En el encuentro, propusieron la cooperación en áreas de salud, agricultura, meteorología, sismología, aviación civil, visitas de alto nivel y enfrentamiento al tráfico de drogas. La parte cubana ratificó que continuarán la voluntad de seguir avanzando para la construcción de una relación de nuevo tipo entre las dos naciones basadas en el diálogo profesional y respetuoso.

La diplomática cubana presidió el encuentro bilateral y por la parte estadounidense la encabezó la consejera secretario de Estado, Kristie Kenney acompañada del subsecretario adjunto John Creamer, planificaron celebrar la cuarta reunión de la Comisión Bilateral en el mes de septiembre de 2016 en Washington. El Comité Bilateral Cuba-EE.UU. se centra en definir la agenda de temas que serán abordados tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU. en 2015.

Otra de las cosas que Cuba tiene limitada por el bloqueo imperialista son las importaciones de medicamentos que están condicionadas desde 1992 por la ley de los Estados Unidos. El comienzo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU. se materializó el 20 de julio de 2015, cuando se abrió nuevamente la embajada cubana en Washington, y posteriormente, el 14 de agosto, se reabrió la embajada de la nación norteamericana en la mayor de las Antillas, informa Tele Sur.

Los Pujol ocultaron el dinero de Andorra en cinco fundaciones de Panamá y Belice

La familia Pujol utilizó un entramado societario con ramificaciones internacionales para tratar de evitar que la fortuna que había acumulado durante tres décadas en Andorra pudiera ser descubierta por las autoridades españolas. Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, todos los miembros del clan con cuentas en el Principado movieron su dinero a fundaciones panameñas controladas desde Belice para que sus nombres desaparecieran de la base de datos de Banca Privada de Andorra (BPA). La maniobra se ejecutó entre febrero de 2011 y noviembre de 2012, y habría contado con la ayuda de los anteriores gestores de la entidad financiera, nacionalizada por el Gobierno andorrano en marzo de 2015.

Parte de esta estructura ha sido localizada en las investigaciones que mantiene abiertas el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desde finales de 2012 sobre los negocios del primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y la exmujer de este, Mercè Gironés. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional responsables de las pesquisas detectaron que, el mismo año de inicio del procedimiento, Jordi Pujol Jr. transfirió 2,4 millones de euros que tenía a su nombre en BPA a la entidad panameña Kopeland Foundation. Su hermano Pere Pujol habría realizado el mismo movimiento. Movió el dinero desde sus cuentas en la entidad andorrana a Clipperland Foundation, otra firma instrumental panameña conectada con Belice. Los agentes se toparon con esa segunda fundación durante el registro del domicilio de Pere en la operación Hades, el pasado octubre.

El instructor de la causa, el juez José de la Mata, ha centrado el foco en esa presunta red de evasión y ha solicitado nuevas indagaciones. Utilizando Kopeland y Clipperland como prueba, acusa a la familia de “haber descapitalizado progresivamente todos sus activos patrimoniales y financieros” desde el inicio del procedimiento para “alzar bienes del alcance de la Justicia”. Pero la red societaria de los Pujol incluye otras firmas que habían pasado desapercibidas hasta ahora.

Según fuentes cercanas al caso, la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña también se encuentra detrás de otras tres fundaciones instrumentales panameñas controladas por testaferros. Se trata de Doneran Foundation (abierta el 25 de febrero de 2011), Kamala Foundation (registrada también el 25 de febrero de 2011) y Doral International Foundation (inscrita el 12 de noviembre de 2012). Todas ellas fueron creadas por el despacho panameño Alemán, Cordero, Galiendo & Lee, pero como único propietario figura una sociedad de Belice llamada Global Services Advisory Limited, que curiosamente tiene su domicilio en la filial del bufete en ese pequeño país. Es exactamente la misma estructura societaria que utilizaron las dos fundaciones ya conocidas por la Policía y el juez De la Mata.

Como informó este diario, tras Global Services Advisory Limited se esconde en realidad la propia BPA. Aunque al frente de la firma figuran los testaferros Fernando Antonio Gil y José Cornelio Berdiales Rodríguez, el 100% de las acciones pertenece a una filial del banco andorrano, BPA Serveis, como reflejan documentos secretos que han sido incorporados al procedimiento. De hecho, Global Services Advisory Limited concedió poderes para operar con la sociedad al director financiero de BPA, Santiago Roselló, y a la directora de BPA Serveis, Cristina Lozano.

Los pesquisas han permitido comprobar que Kopeland Foundation fue utilizada concretamente por el clan para tratar de esconder los fondos que tenían en BPA Jordi Pujol Jr. y su madre, Marta Ferrusola, y Clipperland Foundation fue creada con el mismo propósito por Pere Pujol. Las tres fundaciones descubiertas ahora introducen de lleno en el caso a los otros tres miembros de la familia que tenían cuentas reconocidas en Andorra: Marta, Mireia y Oleguer. Ellos serían los verdaderos propietarios de Donera, Kamala y Doral International, y también las habrían empleado para tratar de desvincularse del dinero que escondían en el Principado.

La UDEF está rastreando este entramado societario para tratar de determinar la fortuna exacta que acumularon los Pujol mediante el presunto cobro de comisiones ilegales por favores y concesiones de la Administración catalana. Como reveló este diario, los expertos en delitos económicos de la Policía disponen de varios testimonios del entorno más próximo al clan que cifran en 1.280 millones de euros el verdadero patrimonio oculto de la familia. De esa cantidad, 680 millones de euros se encontrarían en Panamá, y los 600 millones restantes, en Belice. El dinero habría sido escondido utilizando parte de la estructura creada por BPA que ha aflorado en el procedimiento de la Audiencia Nacional.

El entorno de la familia niega esas informaciones y asegura que el único patrimonio que sus miembros tenían fuera de España son los siete millones de euros que guardaban en BPA y que regularizaron en el verano de 2014. Admiten que utilizaron esa estructura societaria para poner los fondos a nombre de fundaciones, pero afirman que el dinero nunca llegó a salir de la entidad andorrana y que el objetivo no era ocultar el dinero, sino evitar el pago de impuestos en el Principado por las plusvalías que generaban los depósitos. Además, culpan de la creación de la estructura 'offshore' al exconsejero delegado de BPA Joan Pau Miquel, en prisión provisional desde marzo de 2015 por el escándalo de la nacionalización de la entidad y la intervención de su filial en España, Banco Madrid, informa El Confidencial.

La red Gürtel conserva terrenos en Boadilla, epicentro de la trama

Siete años después de que la Fiscalía denunciase en la Audiencia Nacional para destapar el caso de corrupción que ha puesto contra las cuerdas al Partido Popular, la red Gürtel mantiene aún negocios urbanísticos en Boadilla del Monte, al norte de Madrid, epicentro de la trama y uno de los bastiones del PP. Se trata del 94% de una finca de 2.476 metros cuadrados con un valor catastral de 714.246 euros en la zona de El Encinar, dentro de ese municipio madrileño y con un valor catastral registrado de 714.246 euros. Los terrenos tras distintos cambios societarios pertenecen ahora a la empresa Matute 11 SL cuyo consejero delegado y secretario era hasta el pasado 1 de marzo Jesús Calvo Soria -a quien la policía señala como hombre de paja de Francisco Correa, el cabecilla de la red-. Desde marzo, el administrador único de la empresa es su hijo Lucas María Calvo Pérez. El 6% restante del terreno es propiedad del Ayuntamiento de Bohadilla del Monte, que sigue en manos del Partido Popular como cuando estalló el caso, pero con un equipo de Gobierno que ahora pleitea contra la red por el impago de impuestos municipales.

Mientras los cerebros de la trama, Correa y Pablo Crespo -que llegó a ser secretario de organización del PP gallego bajo la presidencia de Manuel Fraga- entraban y salían de la cárcel durante estos años, el entramado de sociedades que controlaba uno de sus testaferros -así califica la policía a Jesús Calvo Soria- siguió vendiendo las fincas que según el propio Correa confesó a eldiario.es la red recibió a cambio de realizar gestiones ante el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para desbloquear el urbanismo de este municipio madrileño. Se trataba de otra vía de ingresos para la trama que no acaparó tantos titulares como los contratos recibidos de distintas administraciones gobernadas por el PP.

Fruto de esa intermediación ante el Gobierno de Aguirre, la organización de Correa recibió, según los informes policiales incorporados al sumario, 30.000 metros cuadrados de suelo en cuatro barrios de Boadilla. La mayor parte de esas fincas las ha ido vendiendo en los últimos años y han reportado a la red más de 11 millones de euros, sin que ninguno de los dos jueces que han instruido esta causa, Pablo Ruz y José De la Mata, hayan adoptado de momento ninguna decisión. A medida que el escándalo ganaba espacio en las portadas de los periódicos, la trama fue introduciendo modificaciones en las sociedades y cambiando de administradores para disimular sus actividades, tal y como señala un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía fechado el 28 de febrero de 2014.

Ese informe parte de los apuntes hallados en la agenda intervenida en su despacho de Madrid a Pablo Crespo sobre Narcisos 22, la sociedad que la red constituyó en 2005 para registrar todas esas fincas que las distintas juntas de compensación (propietarios de fincas agrupados para construir) cedieron en forma de mordidas (del 2% del valor de sus terrenos) a cambio de poder edificar. Narcisos 22 fue la primera dueña de la finca que luego pasó a manos de Pelendones SL, cuyo administrador era también el testaferro de Correa, Jesús Calvo Soria. Después de que el PSOE solicitase al juzgado la investigación y el embargo de ambas sociedades, el terreno fue registrado a nombre de Matute 11 SL, su actual propietaria.

El propio Correa explicó en qué consistía el fraude en la confesión que hizo sobre las actividades de su red a eldiario.es: "También hice labores de intermediación en agilizar al PAU municipal con Jesús Calvo Soria, Pédro Pérez, Ramón Blanco Balín y Enrique Arnáiz, porque estaba bloqueado en la Comunidad de Madrid. A cambio, en el Plan se nos adjudicaron unas parcelas a través de una sociedad que creó Ramón Blanco Balín, que se iban a desarrollar entre todos los participantes junto con Arturo González Panero".

Además de pedir el embargo de Narcisos 22 y Pelendones SL, el PSOE reclamó también en 2014 que se revisasen los contratos firmados por los representantes de estas firmas con los propietarios de los terrenos recalificados en Boadilla del Monte y camuflados como labores de "gerencia". Todos los hilos de Narcisos 22, Pelendones SL y Matute 11 SL, conducen a Jesús Calvo Soria, que también representó a Correa en firmas extranjeras como Fountain Lake o Rustfield Trading Limited. Un hombre de paja imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho, que ahora ofrece charlas y ha publicado dos libros sobre "marketing político". Calvo Soria no ha respondido a las llamadas de eldiario.es. En la sede de Pelendones y Matutes 11 SL una oficinista explica sin querer entrar en detalles que cree que las empresas ya no tienen actividad. El Registro Mercantil dice lo contrario, informa eldiario.es.

Nueve presuntos integrantes de EKIN, juzgados en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional juzgará desde mañana a nueve presuntos miembros de la dirección de EKIN por dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale para conseguir los objetivos estratégicos marcados por ETA. El fiscal José Perals acusa a Ugaitz Elizaran Aguilar, Egoitz Garmendia Vera, Urko Asier Ayerbe Sarasola, Erika Bilbao Barzena y Sandra Barrenechea de pertenencia a organización terrorista y pide que el primero sea condenado a doce años de cárcel por ser reincidente y el resto a nueve años de prisión. Los acusados, que fueron detenidos en 2010, se responsabilizaban de la estructura territorial que EKIN tenía en Navarra y el País Vasco, y que se financiaba a través de las cuotas y aportaciones de los militantes y simpatizantes, así como de la venta de papeletas de rifas o los beneficios obtenidos en txoznas durante fiestas locales.

Según su escrito de conclusiones provisionales, EKIN fue el órgano creado por la banda terrorista después de que se declarara la ilicitud de Kordinadora Abertzale Socialista (KAS) para ser la "vanguardia política" de la izquierda abertzale y dinamizar el movimiento de masas. En 2010, antes de su disolución, la organización incrementó notablemente su actividad en el País Vasco y en Navarra, estando sus miembros en comunicación con la organización terrorista, tal y como acreditan documentos incautados en la operación, como el Manual de Formación, Evolución del modelo organizativo de la izquierda abertzale, Ejes de la estrategia de cara al proceso democrático o Proceso democrático, referido al camino que ETA consideraba necesario emprender para lograr la independencia y el "respeto de los Estados".

Gorka Zabala Cia, Gorka Mayo Hermoso de Mendoza, Iker Moreno Ibañez, Iñigo González Etayo y Juan Francisco Arratibel Garciandia firmaron la misma declaración que la realizada por los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) juzgados el pasado enero, informa Público.