dilluns, 4 de juliol de 2016

JxSí y el PP aprueban las pistolas eléctricas en supuestos vetados por la ONU

Los Mossos d'Esquadra están más cerca de poder usar pistolas eléctricas. Todos los grupos parlamentarios salvo Catalunya Sí Que es Pot y la CUP han avalado el uso por parte de la policía catalana de este armamento, también conocido como pistolas Taser por el nombre de una de las empresas que las comercializa. Junts pel Sí y el PP van un paso más allá y defienden que los Mossos puedan usar las Taser en supuestos vetados por el Consejo de Europa y la ONU. Pese a que los organismos internacionales de Derechos Humanos piden evitar el uso de las Taser en personas intoxicadas por el alcohol u otras drogas así como contra enfermos mentales, JxSí y PP sí lo ven justificado al tratarse de situaciones de "riesgo alto" para los agentes y terceras personas.

Las pistolas eléctricas son armas paralizantes que pueden emplearse en contacto directo sobre el cuerpo o mediante el lanzamiento a una distancia de 6-7 metros de dos dardos. El arma realiza una descarga de 50.000 voltios de bajo amperaje para atacar el sistema neuromuscular central y causar un colapso general momentáneo. El Parlament lleva debatiendo desde el mes de febrero la adquisición de 134 pistolas Taser por parte de la policía catalana. Después de escuchar a sindicatos, responsables políticos y mandos policiales, así como a expertos médicos y especialistas en Derechos Humanos, los grupos parlamentarios han entregado este lunes sus escritos de conclusiones, que se votarán este miércoles en la comisión de Interior del Parlament.

A juicio de JxSí, el grupo mayoritario de la Cámara que sustenta al Govern con 62 diputados, las Taser "constituyen una necesidad operativa y policial para poder afrontar situaciones críticas donde existe la obligación de actuar". Proponen que puedan utilizarlas los jefes de turno de las unidades de seguridad ciudadana de las comisarías y los jefes de operativo de antidisturbios y de custodia de detenidos. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas remarca que "en ningún caso" hay que emplear las Taser en espacios de privación de libertad como cárceles y comisarías.

Junts pel Sí señala que su uso puede ser "alternativo al del arma de fuego" o para sustituir a un importante número de agentes para efectuar una reducción y una detención. En este sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa considera que "en ningún caso" la policía debe utilizar pistolas eléctricas para hacer cumplir una orden o efectuar una detención. Además, los independentistas pretenden que sea el mismo agente con responsabilidad de jefe de turno (es decir, el que dispara la Taser) quien se encargue de "supervisar la actuación". En última instancia la investigación del uso de las Taser correspondería a otra unidad policial, en este caso la División de Asuntos Internos (DAI). También plantean que la incorporación de las Taser se acompañe de la instalación de desfibriladores en los vehículos policiales.

El primer grupo de la oposición, Ciutadans, también avala el uso policial de las pistolas eléctricas. Los naranjas quieren que se redacte una instrucción específica donde se diga que las Taser solo se podrán usar "en situaciones donde haya una actitud hostil hacia terceras personas o hacia los agentes y sea previsible que vaya a haber una agresión o ya se haya producido". En general, las conclusiones de los grupos partidarios de las Taser –salvo el PSC– presentan un bajo nivel de concreción, al contrario de lo que piden el Consejo de Europa y la ONU.

Por su lado, el PSC no se opone al uso policial de las Taser si bien resalta que en ningún caso se deberían utilizar en situaciones de privación de libertad, ni en manifestaciones ni contra personas presumiblemente intoxicadas o embarazadas o con cardiopatías. Asimismo, los socialistas piden que los reglamentos que concreten las condiciones de uso de las Taser sean claros y precisos "para evitar interpretaciones amplias o laxas". El PP, en su escrito de conclusiones, asegura que el uso de las Taser por parte de los Mossos "es totalmente aconsejable en situación de extrema gravedad para evitar la reducción cuerpo a cuerpo". Por contra, los populares no lo recomiendan en grandes manifestaciones o en instalaciones penitenciarias, así como contra mujeres o niños.

Solo Catalunya Sí Que es Pot y la CUP –que suman 21 diputados de los 135 que tiene el Parlament– rechazan la adquisición de pistolas eléctricas por parte de los Mossos y las policías locales catalanas. Desde CSQP destacan que en varios países la incorporación de las Taser viene acompañada de su sobreutilización. "Corremos el riesgo de que los protocolos y los reglamentos se salten sistemáticamente y su uso acabe siendo incontrolado", advierten. "Las pistolas eléctricas pueden suponer riesgos de muerte para las personas que reciben las descargas", recuerda la CUP en su escrito de conclusiones. Para los anticapitalistas resulta "muy complicado" que los agentes que usen el arma puedan conocer a simple vista si la persona que recibirá el disparo de la Taser ha ingerido drogas o tiene una enfermedad cardíaca, casos en los que aumenta el peligro para la víctima de la descarga, informa eldiario.es.

PP de Palma: Rodríguez, Fernández y Gijón dimiten por corrupción

El presidente de la Junta Territorial del PP de Palma, José María Rodríguez, ha presentado esta mañana la dimisión de su cargo en el partido. Junto a él, también han dimitido de sus cargos en el PP de Palma Álvaro Gijón y Sandra Fernández. Las dimisiones, vinculadas a la investigación de la trama corrupta en la Policía Local de Palma, se han producido esta mañana. Rodríguez ha asegurado que defiende su inocencia "en todo su contenido" y que no sabe de qué se le acusa. http://noticies.sirius.cat/2016/07/un-comisario-afirma-que-el-pp-aupo.html">Un comisario afirma que el PP aupó a afines para controlar la Policía Local si perdía el poder

Ante los medios de comunicación, el hasta ahora presidente del PP de Palma ha hecho estas declaraciones después de salir de la reunión con el presidente regional del PP, Miquel Vidal y el regidor Álvaro Gijón. En la sede también estaba la portavoz en el Ayuntamiento, Marga Durán. Tras una ausencia de unos diez minutos, Rodríguez ha vuelto a entrar a la reunión. El pasado 29 de junio, Rodríguez ya negó cualquier tipo de relación con la presunta trama de corrupción policial en la capital balear. Rodríguez defiende su total inocencia y vuelve a ponerse a disposición de la justicia, informa Diario de Mallorca.

Un comisario afirma que el PP aupó a afines para controlar la Policía Local si perdía el poder


Un comisario de la Policía Local de Palma –uno de los mandos con mayor rango en el cuerpo municipal– afirmó al juez que "el Partido Popular fue creando un grupo de afines para conseguir dar puestos de consideración en la cúpula policial, previendo que no siempre estarían en el poder". La declaración de este alto cargo policial es una más de las que sitúan a varios cargos del PP de Palma como responsables de urdir un plan para controlar la Policía Local aunque la formación perdiera las elecciones y pasara a la oposición. El comisario señala al regidor Álvaro Gijón y el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, como las personas que podrían estar dando órdenes directas a los agentes afines. Ninguno de los dos está imputado en la investigación. Sin embargo, sus nombres aparecen de forma repetida en las 21.697 páginas que se han hecho públicas desde que se levantara parcialmente el secreto de sumario en el caso de corrupción de la Policía Local de Palma.

La Diputació de Girona gasta 7,5 milions en càrrecs i 1 en acció social

La CUP ha denunciat que el 2015 la Diputació de Girona es va gastar 2,5 milions en pagar electes i alliberats del partits i 5 milions més per cobrir els sous de tota l'estructura entorn a presidència i per a subvencions "a dit" atorgades pel president. En total, 7,5 MEUR que contrasten, segons dades de la CUP, amb la partida destinada a acció social que va ser d'1,1 milions. Per això, reclamen que cal que aquesta tendència "s'inverteixi urgentment", reduir el nombre de càrrecs de confiança, abaixar sous dels diputats i també exigeixen que les subvencions es facin a través de processos de pública concurrència.

El diputat Lluc Salellas ha volgut fer balanç del primer any a la corporació i ha dit que són "de llarg" el grup que més control del govern ha fet tot i tenir un únic representant. Entre d'altres, han fet 79 intervencions al ple, 45 preguntes i han presentat 11 mocions.

PCP contra PS para acabar com cargo de "superpolícia"

Os comunistas avançam esta segunda-feira com um projeto de lei fraturante para a "geringonça", que extingue o cargo de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. "Não há coordenação que resista a tantos coordenadores." Esta tem sido uma das frases mais utilizadas pelo PCP para caracterizar a organização do Sistema de Segurança Interna (SSI) e a quantidade de estruturas existentes com o objetivo de coordenar as várias polícias que existem no nosso país. Os comunistas não acreditam na eficácia de um modelo assim, cujo fracasso aliás se comprova pelos discursos dos governantes PSD e PS, nos últimos anos e até à atualidade, sempre a insistir na necessidade de se melhorar a coordenação e a partilha de informação entre forças e serviços de segurança. Foto: António Filipe, deputado do PCP, que tem a "pasta" das polícias no partido, reconhece que a proposta é "de choque", mas admite não haver expectativa que seja aprovada.

Hoje o grupo parlamentar do PCP entrega na Assembleia da República um projeto de lei para acabar com o cargo de "superpolícia", designação pela qual ficou conhecido o secretário-geral do SSI. Com esta proposta entram em rota de colisão com o PS. A ideia contraria toda a doutrina dos socialistas em relação ao SSI, definida no programa do governo que o PCP apoia. "O governo irá incrementar as competências do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, enquanto elemento essencial na garantia da coerência, da operacionalidade, da erradicação das redundâncias, da boa articulação e da gestão integrada de funções comuns das forças e serviços de segurança", está escrito no documento.

A atual Lei de Segurança Interna, aprovada em 2008 no governo de José Sócrates, foi preparada ainda quando António Costa era ministro da Administração Interna e o polémico cargo foi criado nessa altura. O "superpolícia", lugar atualmente ocupado pela procuradora Helena Fazenda, tem sido sempre acarinhado pelo PS e estão em curso a aprovação de medidas para reforçar os seus poderes, nomeadamente na coordenação do combate ao terrorismo.

O diploma do PCP pretende reorganizar o pesado "aparelho burocrático securitário" aliviando-o de algumas das suas dispendiosas estruturas, como é o gabinete do secretário-geral e do secretário-geral adjunto. Propõe assim a sua "eliminação". O PCP entende que a coordenação pode e deve ser feita "a nível interministerial, quando necessário, recorrendo ao Conselho Superior de Segurança Interna" e através do Gabinete Coordenador de Segurança (GCS), que deve "funcionar em permanência no Ministério da Administração Interna". O GCS é um organismo que devia ter sido extinto quando foi criado o gabinete do secretário-geral, mas manteve-se a funcionar, alargando ainda mais o número de estruturas de suposta coordenação.

O deputado António Filipe, que tem a "pasta" das polícias no PCP, reconhece que a proposta é "de choque", mas admite não haver expectativa que seja aprovada. "Trata-se de marcar uma posição com um conjunto de conceitos que exprimem o nosso pensamento. Temos consciência da divergência com o PS, mas o objetivo é que estas coisas se discutam e esperamos que alguns dos conceitos possam ser aproveitados. Sabemos que nesta área da segurança interna a evolução das coisas anda muito devagar", diz.

Lembra que, desde a sua criação em 2008, o PCP "sempre contestou" a criação do "superpolícia", pela "excessiva concentração de poderes policiais". Seja por esse motivo (que não se concretizou, tendo em conta o défice de coordenação) "seja por não servir para coisa nenhuma", sublinha António Filipe, "o cargo não faz sentido". No diploma existem ainda outras duas questões "fraturantes", destaca o deputado. Uma é uma separação "muito clara" entre a segurança interna e a defesa militar, concretizada num modelo de segurança interna em que todas as forças e serviços de segurança - incluindo a GNR e a Polícia Marítima - tenham estatutos de natureza civil; outra é que todas as polícias tenham direitos de natureza sindical, tendo em conta que são "serviços públicos" (nem a GNR nem a Polícia Marítima têm sindicatos).

"Os portugueses precisam de um sistema de segurança interna que os proteja da criminalidade. Não precisam de um aparelho securitário governamentalizado em que se multipliquem os cargos públicos e os mecanismos de controlo policial do conjunto da sociedade", é escrito do preâmbulo do documento a que o DN teve acesso. Para o PCP "a questão fulcral da política de segurança interna é a garantia de níveis adequados de segurança e tranquilidade dos cidadãos e de forças policiais de proximidade que assegurem um combate eficaz à criminalidade e garantam a defesa da ordem pública, da legalidade democrática e dos direitos dos cidadãos". O PCP quer também ver aprovado um diploma sobre as "Grandes Opções da Política de Segurança Interna", como existe para a Defesa, e uma Lei de Programação para as Instalações e Equipamentos, informa Diario de Noticias.

Los perros del amo matan a la CUP

La monja dominica más conocida entre los 'perros del amo' (dominicani) -orden "contemplativa", por suerte- gracias a la propaganda nazicatólica, Lucía Caram, ha desatado una ola de respuestas este domingo por su minihomilía del día refiriéndose a la CUP en Twitter en los siguientes términos: "Cuándo y dónde es el funeral de la @cupnacional? Me lo preguntan, y no lo sé. Avisad!!!". Entre las reacciones que ha provocado destacan las de Anna Gabriel, David Fernàndez y Josep Garganté. Para la diputada Gabriel, "hay mucha gente que tiene ganas de que la CUP muera". Foto: el nazionalcatolicismo tiene siervos y siervas para todo.

El ex diputado Fernández ha respondido: "No os he dado la fe para mantener el espíritu de esclavos [Carta a los Romanos 8:15]". Y ha añadido un enlace a una recopilación de diez consejos para los militantes de izquierda publicada por el teólogo brasileño Frei Betto. Caram, alineada públicamente con figuras convergentes y reaccionarias como Artur Mas y Xavier Trias, ha replicado: "Siempre he dicho que la CUP, cuando la liderabas tú, tenía más cordura y coherencia. Por cierto, buen texto de Frei Betto, dominico, como yo". Fernàndez le ha respondido que, como le recordaba otro usuario de Twitter, él ejercía de "simple portavoz rotatorio" de una candidatura en la que el liderazgo recae en las bases.

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona Josep Garganté, por su parte, ha respondido a la monja con una imagen de Fidel Castro tocándose la cara con el dedo índice por debajo del ojo, haciendo el gesto de "te tengo calada".

El PP liquidará el Fondo de Reserva en Navidad para pagar la extra

El secretario de Estado de Seguridad Social del PP, Tomás Burgos, ha señalado que el Gobierno de Rajoy recurrirá de nuevo al esquilmado Fondo de Reserva de la SS para pagar las pensiones mientras persista la situación de "déficit transitorio", resultado de sus nefastas políticas neoliberales y la corrupción generalizada, y ha admitido que lo volverá a hacer, con toda probabilidad, en Navidad para abonar la extra a los jubilados. En rueda de prensa para valorar los datos de desempleo y afiliación, Burgos ha explicado que el Gobierno sacó, la pasada semana, 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones de julio por la situación de "déficit transitorio" del sistema, y en cumplimiento estricto del Pacto de Toledo. PSOE, Podemos y sindicatos critican el "hachazo" del Gobierno a la hucha de las pensiones. UGT explica que Rajoy les ocultó que iba a retirar más dinero del Fondo de Reserva.

El diputado electo del PSOE por Murcia Pedro Saura ha acusado en rueda de prensa a Mariano Rajoy de haber ocultado en campaña electoral "el hachazo" que el viernes se conoció al fondo de reserva de las pensiones, de 8.700 millones de euros, y dijo que lo más preocupante es cómo deja con ello ese sistema público. "Mañana serán los recortes" debido, ha añadido, a una desviación del déficit en abril del 19% respecto al año anterior, además del dinero necesario para lograr un déficit del 3,6% este año. "Rajoy ha engañado, mentido y ocultado a los españoles" que iba a sacar 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva, ha criticado el diputado electo, quien ha recordado que en la campaña electoral, el PSOE puso las pensiones en el centro del debate político y que él mismo en un debate con el ministro de Economía le dijo que estaban ocultando esta cuestión. Más preocupante —a su juicio— es cómo deja Rajoy las cuentas públicas de la Seguridad Social. "Si engañar es muy preocupante y criticable, todavía es más cómo deja el sistema", ya que se prevé que a finales de 2017 se agote el citado Fondo de Reserva, ha advertido.

El Fondo y su evolución en caída libre bajo el gobierno del PP hasta 2015. Hoy es solo de 25.176 millones. 40 millones sustraídos en 4 años para disimular la incompetencia y corrupción del gobierno de Rajoy.

Para Saura, el déficit es una excusa para ir privatizando el sistema público de pensiones y para decir a los jubilados que tienen una pensión ridícula y que deben compensarla con un sistema privado. Opina que esta situación tiene que ver con el modelo salarial de la derecha española, con una "devaluación salarial" en 2015 de 40.000 millones de euros respecto a 2011, y una merma en las cotizaciones de 12.000 millones. Rajoy, según Saura, "ha preferido sacar del bolsillo de los pensionistas recursos y, sin embargo, llenar los bolsillos de las rentas más altas con un regalo de diez mil millones en una reforma fiscal". Respecto a la lista de morosos dada a conocer esta semana, ha lamentado que no se hayan incluido, como solicitó el PSOE, a los defraudadores por debajo del millón de euros ni a aquellos que habrían pagado la sanción, por lo que consideró "incompleta" la citada lista.

Críticas desde Unidos Podemos de Íñigo Errejón, que ha criticado el "nuevo hachazo" a la hucha y ha señalado que la hoja de ruta del Ejecutivo es primero hacer el sistema insostenible y después privatizarlo. Dentro del mismo partido, el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha destacado el "hachazo" después de haber votado y ha ironizado al decir que el 20 de junio habría sido "mala fecha" para hacerlo.

CCOO ha denunciado la "incongruencia" de consumirlo más de lo necesario al tiempo que se financian las "tarifas planas" y ha incidido en la necesidad de adoptar medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, ha asegurado que es "evidente" que el discurso del Gobierno sobre el crecimiento económico no podrá garantizar tampoco en 2016 el equilibrio en las cuentas del sistema de pensiones.

UGT ha denunciado hoy que el Gobierno en funciones ocultó "deliberadamente" a los interlocutores sociales su decisión de retirar dinero de la hucha de las pensiones, una información que el sindicato pidió "reiteradamente" en una reunión en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En un comunicado, el sindicato opina así después de que la Tesorería de la Seguridad Social sacara ayer 8.700 millones del Fondo de Reserva para pagar las pensiones de julio, que ha hecho descender la hucha hasta 25.176 millones. El sindicato UGT asegura que su preocupación no es tanto por el recurso "continuado" al Fondo de Reserva, "aunque su magnitud no esté justificada", sino por la falta de previsión.

UGT indica que en dicha reunión, el pasado jueves, mostró su preocupación por la situación financiera de la Seguridad Social, "caracterizada por la creciente disposición de los recursos del Fondo de Reserva y la proximidad de su agotamiento". La falta de previsión está acabando con esta hucha que está financiando las "negativas" consecuencias de una "nefasta" política económica. UGT pide al próximo Ejecutivo y a las fuerzas políticas que asuman un compromiso pleno con el sostenimiento de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones, dentro de un proceso de negociación con los interlocutores sociales.

Nouveau recours contre le nom jacobin de "Occitanie Pyrénées Méditerranée"

C'est une nouvelle épine dans le pied de la majorité régionale et sa présidente socialiste Carole Delga qui ont choisi comme nom de la nouvelle région "Occitanie Pyrénées Méditerranée" à la suite de la consultation citoyenne lancée au printemps. S'opposant "avec détermination" contre l'absence du terme "Pays Catalan" dans cette nouvelle appellation, un collectif de citoyens, regroupant responsables politiques de gauche, intellectuels, universitaires, artistes, journalistes et citoyens, a décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État contre le nom "Occitanie". À la tête de cette fronde, la socialiste Renée Soum, première femme députée des Pyrénées-Orientales, de 1981 à 1988. "En adoptant le nom d''Occitanie' tout court, Carole Delga et le conseil régional ont effacé de fait les Catalans, leur culture, leur histoire et toute la catalanité de la nouvelle Grande Région."

Prenant ses distances avec le collectif "Oui au Pays catalan", porté par le parti catalaniste CDC et qui demande une nouvelle collectivité territoriale propre au Roussillon, Renée Soum veut attaquer la décision sur le fond et non la forme contrairement à la procédure vraisemblablement lancée par le Front national de Louis Aliot. "Le dossier que nous allons porter devant le Conseil d'État porte sur le fait que l'on est discriminé en tant que citoyens de la république française", détaille l'universitaire Joan Becat. "Il y a, avec ce nom, une rupture de la continuité républicaine qu'il n'y avait pas avec l'ancien nom Languedoc-Roussillon décidé par l'État alors que le déséquilibre géographique était également présent. C'est la première fois que l'État rompt avec cela."

Le collectif a par ailleurs décidé d'écrire dans ce sens au gouvernement et au Conseil constitutionnel. Parmi les premiers signataires: René Aubert, Joan Becat, Françoise Bigotte, Cali, Jean-René Casals, Guy Delonca, Nicolas Garcia, Henry Got, Gérard Jacquet, Hélène Legrais, Marie-José Ruiz, Marie-Pierre Sadourny, Renée Soum, Laurent Vinas-Raymond, David Marty.

Pere Barceló, expárroco de Can Picafort, confiesa y se declara culpable de abusos

El expárroco de Can Picafort (Santa Margalida) Pere B.R. ha admitido hoy ante el tribunal que le juzga haber abusado sexualmente y violado de manera continuada a una monaguilla de su parroquia desde que la niña tenía 10 años y ha dicho estar "totalmente arrepentido". En el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Palma, el expárroco ha admitido que los abusos comenzaron en 1997 cuando, con ánimo libidinoso, sentaba en sus piernas a la niña y le tocaba el pecho por encima de la ropa y posteriormente, cuando la llevaba en coche a su casa, la obligó a practicarle felaciones hasta en 20 ocasiones. Más adelante la violó varias veces en su habitación de la parroquia.

Cuando el fiscal le ha preguntado si es cierto que cuando ella ofrecía resistencia, se colocaba sobre ella, la agarraba con fuerza y le abría las piernas para penetrarla, el exsacerdote ha respondido que "sí" y ha reconocido que ocurrió en varias ocasiones. El expárroco ha dicho estar "totalmente arrepentido". "Le deseo lo mejor a esta señora y a su familia, nunca he tenido rabia de ningún tipo, les deseo desde ahora y para siempre lo mejor", ha dicho el exsacerdote, para quien la Fiscalía pedía una condena de 42 años de prisión que ha rebajado a 6 tras la confesión. La Iglesia de Mallorca expulsó del sacerdocio a Pere B.R. en 2013 por considerarlo culpable de pederastia, informa Diario de Mallorca.

El PSOE andaluz enchufó socialistas con el dinero del paro

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha reactivado la lucha contra el fraude masivo en las subvenciones al empleo de la Junta de Andalucía con el impulso de una nueva línea de investigación centrada en las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico(UTEDLT), organismos municipales creados en 2002 por el Ejecutivo de Manuel Chaves para promover supuestamente programas contra el paro de ámbito local que en la práctica se acabaron convirtiendo en agencias de colocación de socialistas. Las pesquisas de la UDEF se encuentran en una fase inicial, pero los expertos en delitos económicos de la Policía ya han constatado que los fondos públicos para políticas activas contra el paro gestionados por los consorcios UTEDLT se fueron por un auténtico desagüe de irregularidades sin cumplir ningún tipo de objetivo, y el caso está ahora a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, acuerde la imputación de los presuntos máximos responsables de la trama en esa provincia.

La UDEF le remitió a principios de la semana pasada un exhaustivo informe en el que solicita formalmente que se acuse los máximos responsables de los ocho consorcios que se crearon en Cádiz, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al procedimiento. El documento se remitió después de las generales con la intención de que su contenido no influyera en la campaña, uno de los argumentos que ha utilizado recurrentemente el Gobierno de Susana Díaz para tratar de desprestigiar los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos en estos momentos.

La investigación de la UDEF también afecta a las otras siete demarcaciones andaluzas. Las indagaciones tienen su origen en el decreto que dictó la Fiscalía Superior de Andalucía en 2014, tras recibir una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) basada en los agujeros contables y administrativos que había detectado la Cámara de Cuentas autonómica ese mismo año, después de analizar una pequeña muestra de los 95 consorcios UTEDLT que llegaron a estar funcionando en toda Andalucía y que gastaron en conjunto 57,3 millones entre 2010, 2011 y 2012. La época coincide íntegramente con el mandato de José Antonio Griñán al frente del Gobierno autonómico (2009-2013).

La Cámara de Cuentas alertó de que no existía constancia de la actividad que habían realizado los consorcios con el dinero público y que la Junta tampoco había tomado las medidas necesarias para fiscalizar el destino de los fondos. El Ministerio Público se apoyó en esa auditoría para concluir que existían indicios de “malversación” en altos cargos de la Junta por repartir esas partidas “sin control”, un escenario casi idéntico a la estafa de los ERE y el fraude masivo de los cursos para la formaciónde desempleados.

El resultado es la investigación de la UDEF y el informe que ya ha llegado a los juzgados de Cádiz, aunque el caso avanza a diferentes ritmos en las ocho provincias. Según ha podido saber este diario, los expertos en delitos económicos de la Policía han comprobado que las irregularidades detectadas por el órgano de control contable eran un fenómeno generalizado. En concreto, los programas de fomento del empleo no se realizaron, se omitieron las inspecciones de gasto, no se justificó el destino del dinero y se alteraron datos para manipular el resultado de la inversión. Es decir, que no hay ninguna evidencia de que el dinero para combatir el paro se gastara con ese propósito. En la provincia de Cádiz, el ejemplo más flagrante sería el del consorcio de San Fernando, que habría perpetrado todo el catálogo de infracciones.

Las pesquisas también han servido para descubrir que el dinero no sólo no mejoró el empleo en la zona de actuación de los UTEDLT, sino que la Junta habría aprovechado la creación de estos organismos para colocar en sus estructuras a personas vinculadas con el PSOE y con entidades y fundaciones de su entorno. Los directores de los consorcios eran en su gran mayoría antiguos cargos de la formación seleccionados a dedo. Gracias a esos puestos podían continuar cobrando salarios de altos directivos. Ni siquiera los técnicos a sueldo de los UTEDLT que supuestamente debían fomentar el empleo en sus respectivas áreas de actuación fueron seleccionados mediante ofertas públicas resueltas por criterios objetivos. Los investigadores apuntan que gran parte de las plazas de técnico se cubrió con simpatizantes del PSOE para que también pudieran disfrutar de un sueldo pagado con impuestos.

La UDEF concluye en su informe que los hechos detectados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y fraude, pero el futuro del caso está en el aire por el tiempo transcurrido desde que se habrían producido las irregularidades. En el caso de la prevaricación, no hay riesgo porque prescribe a los 10 años. Pero el fraude caduca a los cinco y probablemente no puedan ser perseguidos por este delito los hechos correspondientes al ejercicio 2010. En principio, los de 2011 y 2012 estarían dentro del plazo. El informe de la Policía solicita precisamente que se produzca la imputación de los máximos responsables cuanto antes para evitar que siga transcurriendo el plazo y las irregularidades se ventilen sin culpables, aunque hay interpretaciones jurídicas que consideran que la prescripción se detiene en el mismo momento en el que se abren diligencias informativas, algo que habría ocurrido en 2014.

La Junta maniobró en 2012 para tratar de silenciar el escándalo. No esperó al informe de la Cámara de Cuentas para disolver los consorcios e integrar su antigua estructura en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sus directores y técnicos fueron despedidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo dio la razón en mayo de 2015 a varios de los antiguos trabajadores y obligó a la Junta a integrarlos en plantilla de la Administración autonómica, informa El Confidencial.

El RU llama a declarar a una exministra sionista por crímenes de guerra

La Policía británica ha convocado a la exministra israelí de Exteriores Tzipi Livni a prestar declaración en un expediente por crímenes de guerra durante la ofensiva sobre Gaza lanzada por Israel a finales de 2008 conocida como Plomo Fundido, informa hoy en exclusiva la edición digital del diario Haaretz. La convocatoria le llegó el jueves a la exministra a través de la Embajada israelí en Londres, capital a la que iba a viajar dos días después (el sábado) para participar en una conferencia organizada por el mencionado diario. La exministra sionista Tzipi Livni tendrá que prestar declaración por la operación Plomo Fundido llevada a cabo por el gobierno del Estado terrorista en 2008, en la que murieron 1.300 palestinos. Livni ha sido convocada a dar explicaciones de forma "voluntaria" y en ningún caso pesaba sobre ella una orden de arresto. No obstante, y ante el temor de una acción judicial más enérgica durante su estancia, el Gobierno israelí intervino inmediatamente frente a las autoridades británicas para garantizar que pudiera pasar por Londres sin mayores consecuencias. Las gestiones israelíes se tradujeron en una garantía formal del Gobierno de Londres, que le concedió a su visita el estatus de "misión diplomática especial" y de hecho la exministra se encuentra allí este fin de semana.

Livni, que hoy dirige el partido Hatenuá, integrante de la coalición de centro-izquierda Campo Sionista, fue ministra de Exteriores en el Gobierno de Ehud Olmert, entre 2006 y 2009, período en el que tuvo lugar la ofensiva del gobierno sionista y criminal sobre Gaza "Plomo fundido". En esa agresión armada contra el ghetto de Gaza, murieron unos 1.300 palestinos y 11 israelíes, lo que generó una serie de denuncias en varios países europeos contra altos mandos y políticos israelíes por crímenes de guerra y por el uso de armas prohibidas por la ONU.

El Reino Unido es uno de los países donde grupos propalestinos han presentado más denuncias, que han afectado entre otros al exministro de Defensa Shaul Mofaz y algún otro mando militar que participó en la agresión. Con las garantías del Gobierno británico, que han requerido la participación personal del primer ministro Benjamín Netanyahu, la embajada israelí en Londres se ha limitado a responder a Scotland Yard que la exministra no acudirá a prestar declaración. Según el diario, la Policía británica quería preguntar a Livni sobre su participación en la ofensiva sionista, dentro de un expediente que se encuentra en un avanzado estado de investigación.

El Gobierno terrorista de Israel indicó en un comunicado que ve con "grave preocupación" la citación. "Israel considera con grave preocupación la solicitud de la Policía Metropolitana británica de entrevistar a la diputada Livni durante su visita al Reino Unido", indica una nota emitida hoy por el ministerio de Exteriores sionista. Añade que la citación para prestar declaración, que no tiene carácter obligatorio, es "un comportamiento diferente del que hubiéramos esperado de un aliado próximo como Reino Unido", informa eldiario.es.