dilluns, 1 d’agost de 2016

JxSí i la CUP: si el TC inhabilita Forcadell serà ‘un punt de no retorn’

Les dues formacions independentistes del parlament, JxSí i la CUP, han expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio la seva falta de confiança en el fet que la decisió que hagi de prendre el TC s’ajusti a allò que ells considerarien just per a la cambra catalana i per a la presidenta, Carme Forcadell. En conseqüència, Jordi Turull (JxSí) i Anna Gabriel (CUP) han assegurat que si el tribunal acabava per inhabilitar Forcadell implicaria ‘un punt de no retorn en la manca de democràcia’ i posaria en evidència que pretenien de ‘carregar-se drets fonamentals dels diputats catalans’. Amb tot, tots dos representants polítics consideren que el TC ho tindrà complicat per justificar decisions perquè ‘no s’aguanta per enlloc’ el pla que afirmen que segueix el govern espanyol. A més, tots dos confien que no hi haurà represàlies finalment contra la presidenta.

El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, creu que de la reunió del Tribunal Constitucional sortirà una decisió respecte de tot allò referent al procés constituent i el ple que va votar-ne les conclusions, que no farà més que ‘decorar jurídicament una consigna política’. ‘És com fa sempre, com ens té acostumats el TC els darrers anys’, ha afegit. Amb tot, creu que el tribunal ‘no ho té fàcil, perquè això que passa no s’aguanta per enlloc’ des del punt de vista jurídic. Turull, a més, diu que si es dicta qualsevol mesura contra la votació, el debat del parlament o Forcadell, ‘hi haurà un abans i un després en els drets fonamentals’ dels diputats. ‘No ens deixen ni opinar. La comissió d’estudi aprova conclusions que no tenen efectes jurídics sobre tercers. És una partitura per on s’ha d’anar’, ha sentenciat Turull.

La diputada de la CUP Anna Gabriel creu que el TC podrà arribar ‘com a mínim fins a la suspensió de la votació’ de les conclusions de la comissió del procés constituent. ‘I a partir d’aquí, jo intueixo que hi ha molt poca fonamentació legal perquè puguin anar més enllà. Entenc que no hi haurà cap altra conseqüència més, de moment. Però també és cert que és un tribunal que innova permanentment, per tant, res no ens sorprendria’, ha afegit, referint-se així a la possible inhabilitació de Forcadell. I és que Gabriel creu que un procés contra la presidenta del parlament ‘no té fonamentació jurídica’. ‘Hi ha certa consciència que ha de quedar clar que hi ha passos que no es poden fer, però crec que no els convé políticament una inhabilitació de la presidenta, miren molt a qui apunten’, ha sentenciat, informa Vilaweb.

La CUP diu que no acatarà la suspensió del TC i que seguiran endavant amb el procés constituent


La diputada de la CUP Mireia Vehí ha reaccionat a la suspensió de les conclusions del Procés Constituent per part del Tribunal Constitucional alertant que malgrat les accions preses a Madrid se seguirà amb el desplegament del Procés Constituent i no acataran la resolució del tribunal. La CUP s’ha posicionat així amb un comunicat al fet que el TC hagi resolt per unanimitat de tots els seus magistrats aquest dilluns al migdia deixar sense els acords entorn el Procés Constituent i ha donat vint dies al Parlament i a la Fiscalia per presentar al·legacions.

Sobre l’amenaça d’emprendre accions legals contra la presidenta del parlament Carme Forcadell, la diputada Anna Gabriel, ha alertat que la inhabilitació de càrrecs electes per part del TC seria ‘un punt de no retorn’ per l’estat espanyol i que hi haurà una ‘resposta de país’ davant d’un fet tan greu. El TC no encararà aquest debat fins que hagin passat almenys vint dies, el temps que tindran tots els membres de la mesa de la cambra per explicar si creuen que van complir o no el reglament del parlament.

El TC suspende al Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno español y ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlament de Catalunya sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la vía unilateral hacia la independencia. Asimismo, el alto tribunal ha decidido, después de una hora y media de debate, pedir a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a los otros miembros de Mesa y al secretario general de la Cámara que informen, dentro de un plazo de 20 días, sobre el cumplimiento por parte de todos ellos de la resolución del TC del pasado 19 de julio.

Trinitario Casanova, por la especulación hasta la cima de Madrid

El futuro nuevo dueño del emblemático Edificio España carga a su espalda la palabra especulador. Alicantino aunque afincado en Murcia, con 51 años, sin estudios y trabajando en la frutería de su padre en Orihuela como punto de partida de su carrera profesional, los ecologistas de su comunidad autónoma de acogida aún recuerdan la guerra que vivieron en la primera década de los 2000 para evitar que convirtiera un paraje protegido de la localidad de Águilas en una zona residencial de lujo. La operación, ya cerrada, suena desconocida fuera de Murcia, pero en los archivos judiciales su nombre aún está envuelto bajo la etiqueta del caso Zerrichera. Casanova compró en 2004, a través del grupo inmobiliario Hispania del que era dueño, una finca protegida de 250 hectáreas por unos 10 millones de euros. Allí pretendía hacer miles de viviendas y un campo de golf, proyecto que se frenó por la intervención judicial. Un año más tarde, el empresario vendió los terrenos por importe quince veces superior al que los compró.

El grupo Hispania, radicado en Murcia, sonó en los medios a finales de los 2000 como uno de los grandes y su apellido, como el nuevo rico del ladrillo. Sin embargo, Casanova, se deshizo de su compañía en 2008 tras vendérsela al dueño de la escudería de Fórmula 1, José Ramón Carabante, por 100 millones de euros y un pasivo de unos 600 millones. Su nombre salta de Murcia a Madrid con su otro grupo, Baraka, que significa suerte providencial en árabe. Y eso, además de un buen olfato para los negocios, es lo que Casanova ha tenido para hacer fortuna.

El empresario ha firmado un acuerdo de compra con el grupo chino Wanda para hacerse con el Edificio España por 272 millones de euros, seis millones por encima del precio al que lo compró el holding asiático en 2014. Lo que inicialmente suena al salvador del representativo inmueble en la Plaza de España, podría convertirse dada su trayectoria, es una operación especulativa más con una rápida venta a un precio muy superior.

Trinitario Casanova ya tiene experiencia en este tipo de operaciones y no sólo por el caso Zarrichera. El empresario compró el bajo del número 44 de Gran Vía por 30 millones a finales de 2015 y tan sólo un mes después los vendió por 40 millones al fondo de inversión de origen norteamericano Hines. El local, cercano a la céntrica plaza de Callao, precisamente, ha sido el elegido por la cadena de hamburguesas estadounidense Five Guys para desembarcar en Europa. Tras una larga trayectoria empresarial iniciada en los años 80, ahora, Casanova tiene su vivienda en la calle Ortega y Gasset, muy cerca de la Plaza del Marqués de Salamanca y travesía conocida como la milla de oro de Madrid. Allí vivió con la que fue su mujer, Josefa María Pujalte, y sus ahora treintañeros hijos, Trinitario y Fuensanta.

Muy cerca de la vivienda familiar, a tan sólo apenas 300 metros, está la sede del grupo Baraka, en el 88 de la calle Lagasca. De la compañía cuelgan más de una docena de empresas, en su mayoría dedicadas a la promoción inmobiliaria, aunque también hay sociedades ocupadas en la fabricación de hormigón, la limpieza de edificios o las actividades recreativas. El conjunto de la veintena de firmas que actualmente posee el empresario suman unos activos de más de 153 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas de cada una de las sociedades en el registro mercantil, teniendo en cuenta que varias de las mercantiles llevan años sin presentar cuentas.

Ninguna de sus firmas, sin embargo, gozan de grandes beneficios, destacando sobre las demás Trabis Edificación Avanzada. Esta empresa, que ha construido superficies comerciales para grandes cadenas de supermercados, cuyo propietario es Baraka Global Invest, logró unas ganancias netas en 2015 de 1,58 millones de euros, las más abultadas del resto de sociedades en las que tiene cargo o pertenecen a Baraka. Más delgado, bronceado y con un estilo de vestir más perfilado respecto a años anteriores, Casanova que no se prodiga mucho en la prensa, va extendiendo silenciosamente su holding al resto de España.

Con delegación en Murcia y en Barcelona, entre las últimas adquisiciones de la compañía destaca la compra de un solar de 3.500 metros en Puerto Banús (Marbella) valorado en 20 millones de euros para construir un edificio comercial para moda de lujo. Baraka también compró el año pasado las instalaciones del grupo Alstom en Barcelona por 60 millones de euros. El solar, ya propiedad de Trinitario Casanova, tiene 370.000 metros cuadrados. El grupo también compró la antigua sede de Peugeot en Madrid, un Aldi de Utrera (Sevilla) o un Mercadona en Totana (Murcia).

La diversificación caracteriza a la compañía que tiene hasta su propia fundación, bajo el nombre de Trinitario Casanova. La organización, según su página web, destina 100.000 euros a tres programas de actuación: educativo, artístico-cultural y medioambiental.

Entre los intereses más llamativos del futuro dueño del Edificio España destaca su gusto por los aviones y el sector de la aeronáutica. Casanova tiene un jet privado que modificó para reducir a 12 el número de plazas y crear así un dormitorio y un despacho, que suele alquilar a Leo Messi o directamente al Fútbol Club Barcelona. El interés por los aviones se tradujo en 2007 por la constitución de Baraka Aviación, una compañía ubicada en Orihuela (Alicante) dedicada al alquiler de naves que compartió con su hermano José Manuel y su socio José Ramón Carabante, aunque ya desaparecida. La compañía llegó a facturar 1,5 millones en 2012. Casanova y su hermano además llegaron a controlar la empresa aeronáutica Jetnova de Aviación.

El misterioso currículum de Casanova está manchado con penas de prisión. El empresario difundió en 2008 falsos rumores de opa sobre el Banco Popular para aumentar el valor de las acciones -poseía el 3,5%-. Hace dos meses fue condenado por un Juzgado de Madrid a un año de cárcel, informa El Economista.

La Marea Blanca acusa l'ANC d'amagar la responsabilitat de CiU i PSC

La Marea Blanca per la sanitat pública de Catalunya ha criticat la campanya de l'ANC per escenificar la defunció del sistema de salut català arran de la frase "els hem destrossat el sistema sanitari" que va dir l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, al ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. El col·lectiu sanitari i ciutadà ha considerat que amb aquest acte l'Assemblea va obviar la responsabilitat de la Generalitat. Segons Marea Blanca, "el veritable i real responsable de l'estat actual del sistema sanitari públic català -sense obviar el paper del govern central i la UE- són els successius governs de la Generalitat, que davant una situació de crisi han seguit reduint els pressupostos".

Marea Blanca de Catalunya "no ha posat en dubte l'infrafinançament del sistema sanitari català”, però ha subratllat que la conselleria de Boi Ruiz, va retallar "any rere any el pressupost de sanitat" i, segons el col·lectiu, va incrementar "els contractes amb el sector privat, fins a un 26%". "Desballestament de la sanitat pública catalana sí, però en benefici d'uns quants", ha criticat Marea Blanca.

També manifesta que “la campanya endegada des de l’ANC no ens pot més que sorprendre per la seva ‘ingenuïtat’ quan obvia per art de màgia la responsabilitat política dels nostres governs que és fonamental i bàsica, en la gestió del sistema sanitari públic”. Finalment, exposa que "el veritable càncer del sistema sanitari públic català és la falta d'un autèntic servei nacional de salut 100% públic, transparent, que no amagui les seves vergonyes darrere consorcis i formes jurídiques privades opaques i gens democràtiques", informa é-NOTÍCIES.

El TC suspende al Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno español y ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlament de Catalunya sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la vía unilateral hacia la independencia. Asimismo, el alto tribunal ha decidido, después de una hora y media de debate, pedir a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a los otros miembros de Mesa y al secretario general de la Cámara que informen, dentro de un plazo de 20 días, sobre el cumplimiento por parte de todos ellos de la resolución del TC del pasado 19 de julio.

Se trata del paso previo a la adopción de otras medidas, entre las que pueden decidirse la imposición de multas. En ese sentido, el Gobierno español había pedido la apertura de la vía penal contra Forcadell por desobediencia, por considerar que encabeza una institución que está vulnerando "de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional".

El TC no se pronunciará sobre el fondo de la cuestión hasta el mes de septiembre. Hasta entonces, al menos, la resolución adoptada por la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña es inefectiva, informa El Triangle.

"Al Saud, como agente de EEUU, garantiza la seguridad de Israel"

El director general para Asuntos Internacionales de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles), Husein Amir Abdolahian, ha arremetido este domingo contra los nuevos gobernantes saudíes por levantar las cortinas y desvelar los nexos entre Riad y el régimen de Tel Aviv: “Los comportamientos de Arabia Saudí han provocado el fortalecimiento del régimen sionista (de Israel) y la debilidad del eje de Resistencia”, ha denunciado. En cuanto a las injerencias de los saudíes en Siria y los apoyos financieros y militares que brindan a los grupos armados que operan en dicho país, ha criticado que cuando la situación en el campo de batalla está a favor del Gobierno sirio y en contra de oponentes, Arabia Saudí y ciertos gobiernos de la región intentan equipar más a los insurgentes. Foto: El canciller saudí, Adel al-Yubeir.

De la misma manera, ha mencionado la ejecución del clérigo chií, el sheij Nimr Baqer al-Nimr, y ha asegurado que su muerte fue un plan prediseñado y que Riad predecía un cierto nivel de reacciones. El titular iraní ha reconocido que el asalto que ocurrió en el país persa contra las sedes diplomáticas de Arabia Saudí por la ejecución del sheij favoreció a los saudíes que desde entonces intensificaron sus acciones contra la seguridad nacional de Irán. Sobre la reapertura de la embajada de Arabia Saudí en Irak, ha confirmado que los conflictos sectarios han aumentado desde luego entre los suníes y chiíes, los kurdos y los chiíes, e incluso entre kurdos y suníes.

En los últimos años, Al Saud junto al frente oponente a la Resistencia desempeñó un rol activo como agente de EE.UU. para garantizar la situación del régimen israelí. Amir Abdolahian se ha referido también a la situación actual en Yemen y las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en Kuwait. “Tras más de 16 meses, los saudíes no tenían otro remedio que aceptar recurrir a una solución política. Los saudíes intentaban eliminar el movimiento popular Ansarolá de la escena política que hoy en día desempeña un papel importante y actúa lógicamente”, ha apostillado.

Al final de sus análisis se ha referido a la situación en Baréin y ha enfatizado que si no concluyen las intervenciones militares de los saudíes en dicho país y no forman un diálogo nacional integral existe el peligro de la intensificación de las acciones violentas, informa HispanTV.

El fraude de las horas extras en negro afecta a casi 400.000 empleados

El alargamiento de la jornada laboral es algo que forma parte del ADN de algunos sectores. Los inspectores de trabajo de toda España han iniciado en las últimas semanas una campaña especial centrada en las empresas de hasta 50 trabajadores en esos sectores. El objetivo es cazar un fraude que se sospecha que ha crecido desde hace unos años con el auge del contrato a tiempo parcial y que consiste en saltarse los máximos permitidos y, además, no pagar esas horas extraordinarias que se trabajan de forma sistemática. El fraude afectó en el segundo trimestre a casi 400.000 trabajadores que alargaron su jornada una media de 8,6 horas a la semana sin ver ni un céntimo ni un día libre a cambio.

De los 738.100 empleados que trabajaron horas extras entre los meses de abril y junio de este año, unos 400.000 lo hicieron en negro, según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), y de ellos 385.500 únicamente trabajaron horas extras no declaradas y no retribuidas y 47.500 hicieron algunas en regla y otras no.

Los trabajadores más afectados por el fraude laboral tuvieron que alargar su jornada hasta 11,5 horas no abonadas a la semana. Se trata de empleados de hostelería, transporte y agricultura, según la EPA. A continuación figuran construcción (9,4 horas de media), banca y seguros y sanidad (8,9) y la propia Administración (8,8). Sin embargo, los sectores en los que las horas extras en negro tiene un peso más elevado son el comercio, donde afectan a alrededor de un 13% de los asalariados, actividades financieras (11%) e industria manufacturera (11), según un informe de CCOO. El sindicato destaca que "la evolución de las horas extra no pagadas muestra un aumento de la explotación laboral durante la crisis, que se ha consolidado en el inicio de la recuperación económica".

La llegada de los inspectores de Trabajo a las pymes, después de que el Ministerio de Empleo endureciera el protocolo que aplica recogiendo la nueva jurisprudencia de la Audiencia Nacional, ha provocado las críticas de las patronales Cecot y Pimec, que denuncian que la exigencia de un sistema de control de jornada añadirá costes y burocracia. El secretario general de Treball, Josep Ginesta, comparte esta crítica de los empresarios, a los que ha comunicado la elaboración de una "guía práctica" para cumplir con la nueva regulación del control de las horas extras.

Sin embargo, Ginesta ha advertido de que la inspección laboral sigue adelante con sus campañas, que prevén más de 500 actuaciones en julio y agosto en Catalunya. "Los derechos laborales -ha indicado- no se van de vacaciones en verano, mantendremos una actuación decidida de la inspección". El alto cargo de la autoridad laboral admite la existencia de casos flagrantes que van más allá de la regla del 20/40/60. "Hay empresas que hacen un contrato de 20 horas semanales, aunque pagan 40 y el trabajador hace 60 en realidad", explica como ejemplo del fraude que persiguen los inspectores.

Familiares de presos vascos denuncian la "sed de venganza" del PP

Sonia Polo acaba de volver de Algeciras. Entre ida y vuelta, 2.400 kilómetros. Dionisio Orbe saldrá dentro de unos días rumbo a Cádiz. Otros 1.000 kilómetros por trayecto. Este domingo, ambos coincidieron en la ría de Plentzia (Bizkaia). ¿Vacaciones? No precisamente. Orbe tiene a su hijo preso. Sonia, a su hermano. “Tanto nuestros familiares como nosotros seguimos sufriendo la dispersión”, coincidieron en señalar a Público mientras participaban en una protesta contra la política penitenciaria del gobierno. Una política penitenciaria que aún hoy, cinco años y nueve meses después de que ETA terminase con la violencia, mantiene una legislación de excepción contra los condenados por terrorismo.

Ante esa situación, Etxerat -colectivo de familiares de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale- ha decidido mantener su ya tradicional calendario veraniego: este domingo bajaron a Plentzia, y dentro de siete días estarán en otras 12 playas de Bizkaia y Gipuzkoa. Quieren que los turistas, sean de donde sean, conozcan que el gobierno español –y también el de Francia, donde hay cerca de 80 presos en 24 cárceles- sigue sin dar el brazo a torcer.

Las cifras hablan por sí solas. Según el último “mapa de la dispersión” elaborado por Etxerat, en la actualidad hay 371 presos políticos vascos dispersados en 70 cárceles. De ellos, solo tres están en prisiones de Euskadi. La mayoría de los reclusos cumplen sus penas alejados de sus lugares de origen: de acuerdo a este reporte –correspondiente al mes de junio-, el 83% se encuentra a distancias que oscilan entre los 400 y los 1.100 kilómetros. Son, a día de hoy, los únicos presos contra los que se aplica esta medida de excepción.

“Precisamente por eso, con estos actos queremos denunciar las consecuencias de la política de dispersión, tanto sobre nuestras familiares presos como sobre nosotros mismos”, comentó a Público Nagore Mujika, coordinadora de Etxerat en Bizkaia. De hecho, las movilizaciones de este agosto son calcadas a las de otros años, cuando ETA mantenía su actividad y, por consiguiente, el Estado utilizaba ese argumento para mantener a los presos abertzales alejados de sus lugares de residencia.

“Las cosas siguen igual de mal. Es verdad que estamos ante un escenario político nuevo, pero los familiares tenemos que seguir hablando en pasado: fin de semana tras fin de semana, continuamos recorriendo miles de kilómetros, simplemente porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros vínculos familiares y de amistad con las personas que están presas”, indicó Mujika poco antes de que comenzara la movilización de Plentzia, en las que varios familiares de reclusos portaban fotos de sus seres queridos. Otros llevaban banderolas con el mapa de Euskal Herria en negro y el lema que resume sus reclamos: “Euskal presoak, etxera” (Los presos vascos, a casa).

Dionisio Orbe, cuyo hijo está encarcelado en Puerto de Santa María (Cádiz), era una de las tantas personas que portaba ese cartel. “Mi mujer y yo vamos una vez al mes. Recorremos, entre ida y vuelta, 2.040 kilómetros para estar cuarenta minutos con él”, relató. Ante esa situación, este hombre no duda de la motivación del gobierno español para mantener el actual sistema penitenciario. “La dispersión, además de suponer un desgaste físico y económico, es la venganza y el castigo que mantienen contra nosotros, los familiares de los presos”, afirmó a este periódico.

El “castigo” del que habla Orbe también afecta a los reclusos que se encuentran gravemente enfermos: de acuerdo a los datos que maneja Etxerat, diez presos con problemas de salud continúan en prisión, a pesar de que legalmente les correspondería estar en otra situación. “El caso más sangrante es el de Ibon Iparragirre, quien sufre una enfermedad grave y continúa en la cárcel de Alcalá, a pesar de que ya debería estar fuera”, comentó Mujika. Hace algunos días, los familiares de Iparraguirre –enfermo de sida- denunciaron que había sufrido una nueva agresión por parte de un funcionario de la prisión.

“Decían que todo esto iba a cambiar cuando callaran las armas. Nosotros también lo creíamos, pero nada de eso ha ocurrido. A día de hoy no ha habido ningún acercamiento, y continúan adelante con su política de castigo”, reflexiona Sonia Polo, quien acaba de llegar a Plentzia tras realizar la visita de cuarenta minutos a su hermano Sergio en la cárcel de Algeciras, una de las más lejanas de Euskadi. “Pensábamos que la respuesta de las administraciones (tras el cese de la violencia por parte de ETA) iba a ser inmediata, pero todo sigue igual”, lamentó.

Los conductores de las furgonetas Mirentxin son un buen ejemplo de ese “no cambio” del Estado en materia penitenciaria. A día de hoy, 800 voluntarios vascos trasladan en furgonetas a los familiares de personas presas hasta distintas cárceles. “Organizamos ‘Mirentxin’ porque la dispersión supone un coste muy grande para los familiares. No podemos olvidar que 16 personas perdieron la vida en la carretera, mientras iban o volvían de realizar una visita”, recordó a Público Iker Legarra, uno de los conductores voluntarios que este domingo aparcó la furgoneta para participar en la movilización de Plentzia.

Las denuncias de los familiares llegarán este lunes a manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. Según ha adelantado Etxerat, integrantes de este colectivo se acercarán a la basílica de Loiola –donde se celebrará el tradicional acto oficial por la festividad de San Ignacio- para entregarle un dossier al mandatario vasco. El documento estará centrado en “los menores que padecen las consecuencias de la actual política penitenciaria”. Como ejemplo, otro número: sólo en la provincia de Bizkaia, cada fin de semana 331 niñas y niños realizan largos viajes hasta diferentes cárceles. Son, como dice el informe que entregarán al lehendakari, “el lado más oscuro de la dispersión”.

Cárcel para el policía de Mislata que acosó con multas falsas a su vecino

El policía local de Mislata juzgado por acosar con multas a un vecino con el que estaba enemistado, Fernando C. L., ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia considera probado que el agente se inventó cuatro infracciones para multar y hostigar a Nicolás G., de 72 años, con quien mantiene una enemistad manifiesta desde la década de los 90.

Los otros dos policías procesados, José Manuel C. N. y Francisco José G. C., también han sido condenados por un delito de falsedad imprudente a pagar sendas multas de 2.160 y 1.440 euros, respectivamente. Además, la sentencia inhabilita a Fernando C. para el cargo de policía local durante cinco años, y suspende a los otros dos agentes durante nueve y seis meses en función de su responsabilidad criminal. La pena es menor para Francisco José G. porque el tribunal le considera autor de una falsedad documental, mientras que los otros policías cometieron «el delito continuado», según el fallo de la Audiencia de Valencia.

La investigación policial se inició el 14 de febrero de 2014 por orden del juzgado de instrucción número 1 de Mislata, donde la víctima presentó una denuncia porque había sido multado por infracciones que nunca cometió. Antes, el hombre protestó en el retén de la Policía Local de Mislata, pero no le hicieron caso. Nicolás G., que reside en la urbanización El Vedat de Torrent, recurrió las multas y logró probar que no había estado en Mislata los días en los que fue sancionado. Luego presentó una denuncia en el juzgado de guardia al considerar que estaba siendo víctima de un complot policial, como ya ocurrió en los años 90 cuando sufrió el acoso del policía local Fernando C., que tenía su domicilio en la misma calle de El Vedat donde reside Nicolás.

Tras una investigación, la Policía Nacional de Mislata detuvo a Fernando C. y a tres de los cuatro policías que firmaron las multas y contestaron, presuntamente, los pliegos de descargo planteados por el denunciado. Dos de los agentes no reconocieron sus firmas en los boletines de sanción, por lo que sus abogados pidieron una prueba caligráfica para determinar quién falsificó las multas. Tras archivar la causa contra estos dos policías, el juez de Mislata procesó a los otros tres agentes ahora condenados.

El denunciante manifestó ayer que ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial. «Los seis años de cárcel que pedía el fiscal es la pena que merece este individuo, porque lleva veinte años haciéndome la vida imposible», afirma Nicolás. «Era mi palabra contra la de un policía, y por eso tuve que remover cielo y tierra para que me hicieran caso», añade el hombre con el ceño fruncido, informa Las Provincias.

El fascista y corrupto Fernández premia a 'sus policías' con el 'club de los diezmileuristas'

Dos mandos vinculados a las maniobras policiales contra la oposición destacan entre el grupo de policías que durante estos últimos cuatro años han visto multiplicados sus ingresos gracias a destinos en el exterior. José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano han sido la sombra del director adjunto operativo Eugenio Pino, recién jubilado y artífice de la ‘policía política’ de Jorge Fernández Díaz. Ambos inspectores jefe son hoy los agregados de Interior en Países Bajos y México, respectivamente, con sueldos superiores a los 10.000 euros netos mensuales. Ambos policías aparecen en el sumario de la pieza separada del Pequeño Nicolás, la que investiga la grabación ilegal a agentes de Asuntos Internos y dos miembros del CNI. Para Fuentes Gago, la comisión judicial solicitó su imputación, que el juez Arturo Zamarriego no ha aceptado por el momento. Además, Fuentes Gago es el mando policial al que el exjefe de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso se refiere en varias ocasiones durante la conversación grabada con el ministro del Interior en su despacho, asegurando que es su contacto con Interior y quien ha facilitado el encuentro.

Fuentes Gago fue nombrado agregado de Interior en La Haya en junio de 2015, unos meses después de que su esposa, también policía, fuera enviada a la misma ciudad para ejercer de enlace con Europol. La retribución de su esposa es casi idéntica a la suya, poco más de 10.000 euros netos al mes. Veteranos mandos del Cuerpo identifican en esta carambola un hecho sin precedentes.

El inspector jefe Fuentes Gago fue el encargado de firmar los dos informes que no encontraron irregularidad alguna en que el comisario José Manuel Villarejo, clave en la Operación Cataluña, compatibilizara una actividad empresarial millonaria con su puesto operativo en la Policía. Ni tampoco en que participara en una reunión grabada con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y que un extracto de la misma acabara en varios medios de comunicación. A él se le encargó la investigación a pesar de trabajar en la Dirección Adjunta Operativa con Villarejo y tener un rango inferior.

Según el sumario de la pieza separada del Pequeño Nicolás, Fuentes Gago fue el primer policía en tener en su poder la grabación ilegal investigada, filtrada con posterioridad a varios medios. Fuentes de la investigación se quejaron de las dificultades que provocó el hecho de que el policía no estuviera en su puesto cuando acudieron a La Haya en diciembre pasado a realizar varios registros en el caso de Oleguer Pujol. Fuentes Gago había sido enviado de vuelta a Madrid, en comisión de servicio, conservando el puesto y añadiendo las dietas de su desplazamiento a España.

Las altas remuneraciones que acompañan los destinos en las embajadas los convierten desde hace tiempo en el objeto de deseo de una parte de los agentes. Los sueldos dependen de las actualizaciones que el Ministerio de Hacienda hace anualmente del Real Decreto 6/1995, realizadas a partir del nivel de vida en los países de destino, entre otros factores. Para ser designado es necesario que la Comisión de Destinos en el Exterior del Ministerio del Interior eleve una propuesta al ministro de turno. Esta comisión está compuesta por siete cargos de la cúpula del departamento, con el secretario de Estado de Seguridad al frente. Su margen de maniobra es escaso, ya que debe decidir entre tres candidatos ya preseleccionados por la Dirección Adjunta Operativa, la estructura que ha cobijado a la ‘policía política’ a las órdenes de Eugenio Pino.

Y no siempre es así. El inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, por ejemplo, no tuvo contrincantes. El que fuera compañero de despacho de Fuentes Gago en la DAO y su sustituto como mano derecha de Pino fue el único aspirante a agregado de Interior en México, a pesar de lo apetecible de un puesto remunerado con 11.000 euros netos aproximadamente.

Ocurrió exactamente igual con el también inspector jefe Jesús Vicente Galán. Ambos fueron designados por la Comisión de Destinos en la reunión del pasado 7 de julio. Como Díaz Sevillano, Jesús Vicente Galán fue el único propuesto por la Policía, en este caso para ser agregado de Interior en Mauritania. Las fuentes policiales consultadas encuentran una explicación en el último destino de Galán, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, clave en las maniobras policiales en Cataluña, y en su proximidad a Fuentes Gago.

En la misma reunión del 7 de julio, el Ministerio del Interior eligió a un exdiputado del PP como enlace policial en Colombia, un ‘punto caliente’ en materia de seguridad. Se trata de Federico Cabello de Alba, miembro del Grupo Popular en el Congreso hasta los comicios del pasado mes de diciembre. Alejado de la actividad operativa, Cabello de Alba reingresó en el Cuerpo y a los pocos meses era designado consejero de Interior en Colombia. Fuentes policiales aseguran que su remuneración mensual supera los 16.000 euros.

Hace ahora dos años, el Ministerio del Interior decidió enviar a la Embajada de España en Chile al inspector jefe Francisco Javier Virseda, el mando de la Unidad de Intervención Policial destituido tras la desastrosa actuación en las Marchas de la Dignidad de marzo de 2014, que dejaron 101 heridos, entre ellos 67 policías. Virseda fue considerado un ‘cabeza de turco’ por la exigencia de depuración de responsabilidades en el seno de la Policía a raíz del operativo, que alcanzaban hasta el comisario general de Seguridad Ciudadana. Tres meses después de su destitución se convirtió en el primer agregado de Interior en la Embajada de Chile, con un sueldo que también ronda los 10.000 euros.

Las polémicas por los destinos en las embajadas vienen de lejos. En 2007, el comisario Vicente Cuesta pasó de ser el jefe de la comisaría del Palacio de La Moncloa, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, a consejero de Interior en La Habana, a pesar de que otros cuatro candidatos le superaban en el escalafón. A Cuesta le quedaban tres años para jubilarse.

Los destinos se pueden alargar hasta cinco años, pero Interior puede devolver a España a los mandos cuando considere oportuno. Si se jubilan antes de que se cumpla ese plazo hay que elegir a un sustituto. Ocurrirá dentro de tres años con el agregado en México que Interior eligió el pasado 7 de julio. La mayoría de los protagonistas de esta información también han recibido durante el Gobierno del PP condecoraciones remuneradas mensualmente de por vida. La Medalla Roja al Mérito Policial en el caso de Villarejo o Fuentes Gago, o la Medalla de Plata en el caso del director adjunto operativo Eugenio Pino.

Investigan si el PP ‘contrató’ a ladrones para robar los documentos de sus casos de corrupción


El PP está en el centro de todas las miradas tras el asalto, hace unos días, de la casa del Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, en el que los ladrones sólo sustrajeron el ordenador en el que el fiscal guarda cientos de documentos sobre todos los casos de corrupción que investiga, casi todos relacionados con políticos ‘populares’, y las claves (PIN y PUK) de su teléfono móvil. Los ‘cacos’ despreciaron todos los demás objetos de valor, como joyas y dinero. La Policía Nacional, que investiga el caso, sospecha con toda lógica que los ladrones podrían tener algún tipo de vínculo con políticos del PP imputados e investigados, que aparecen en los documentos robados al fiscal. Y tras analizar las características del asalto a la casa del fiscal, que todo apunta que fue realizado por profesionales, la Policía no sólo se ha centrado en intentar conocer su identidad para capturarlos, sino que también investiga si alguno de estos políticos del PP implicados en casos de corrupción ‘contrató’, es decir, pagó, a ladrones para que robaran el ordenador con todos los documentos de los casos de corrupción que están a cargo de Juan Pablo Lozano. Pero el ‘trabajo’ no pudo ser perfecto, pues hay copias de seguridad de todos esos documentos.