dissabte, 10 de setembre de 2016

Perpinyà: Vora 8.000 persones a la manifestació "Sí al País Català"

Aquest dissabte, entre 7.000 i 8.000 persones es manifesten, segons L'Indépendent, a la capital de la Catalunya Nord, exigint al govern de François Hollande l'inclusió del nom 'País Català' al d'Occitània aprovat pel govern jacobí i centralista de París, en el que és un atac directe i descarat a les nacionalitats i cultures que integren la República. La primera manifestació pel "Sí al País Català" va reunir tan sols unes 500 persones a Perpinyà, el passat 18 de de juny d'enguany.
Ce samedi, entre 7000 et 8000 personnes manifestent, selon L'Indépendent, à la capitale de la Catalogne du Nord, demandant au gouvernement de François Hollande l'inclusion du nom de Pays Catalan a ce d'Occitanie approuvé par le gouvernement jacobin et centralisme de Paris, ce que on voit comme un attaque directe et flagrante contre les nationalités et cultures qui composent la République. La première manifestation du "Oui au Pays Catalan" a rassemblé seulement 500 personnes à Perpignan le 18 Juin de cette année.

El New York Times sobre el nom de la Catalunya Nord: "No ens esborreu"


El New York Times publica avui un reportatge sobre el malestar a Catalunya Nord pel nom de la nova macroregió. Expliquen com es va escollir ‘Occitània’ i que els catalans s’hi oposen i demanen d’afegir-hi ‘País Català’. El títol és ‘”No ens esborreu”: catalans francesos tenen por de perdre-hi molt més que no el nom de la regió’. S’hi explica que la mesura de reduir el nombre de regions franceses ‘ha encès la crisi d’identitat catalana [a la Catalunya Nord] que s’ha estès com la pólvora des de l’altre costat de la frontera amb Espanya, on ja és molt calenta’. El reportatge vincula la polèmica amb el procés del Principat cap a la independència: ‘L’última reforma del mapa administratiu francès, i la discòrdia ocasionada aquí, coincideix amb el conflicte territorial al vessant sud dels Pirineus sobre si Catalunya, amb Barcelona de capital, pot separar-se d’Espanya’.


Rosa Valdeón, retenida por conducir ebria

La Guardia Civil retuvo el viernes por la noche a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón (PP), por casi triplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por la A-6. Valdeón, además, se dio a la fuga después de tener un accidente con un camión en el kilómetro 118 de la A-6, en la provincia de Ávila. La dirigente fascista realizó una maniobra de adelantamiento en la que rozó la rueda delantera del camión y obligó a su conductor a cambiar la trayectoria para no volcar.

Valdeón siguió su camino sin detenerse, por lo que el conductor dio aviso a la Guardia Civil, que estableció un control más adelante, lo que permitió interceptar a Valdeón en Morales de Toro (Zamora).En ese control, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León dio 0,77 en la primera prueba y 0,72 en la segunda, cuando los máximos permitidos son de 0,25 mg/l. Valdeón conducía a 170 kilómetros por hora.Hay diligencias abiertas en Ávila y en el juzgado de Toro, pero en su calidad de aforada, en caso de confirmarse que existe un tipo de infracción o de seguridad vial sólo podría ser llevada ante el Tribunal Supremo. Valdeón comparecerá en rueda de prensa a las 18.30 horas.

Recientemente, Valdeón saltó a las portadas de todos los medios cuando fue la primera dirigente del PP en criticar abiertamente la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de elegir a José Manuel Soria para un puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. "Lo más suave que se me ocurre es vergüenza ajena. Que algunos políticos dejen de hacer daño a la política de verdad", escribió en su cuenta de Twitter la número dos del presidente castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, la misma noche en que se conoció la designación de Soria. El pasado día 6, tras conocer la renuncia de Soria al Banco Mundial, Valdeón dijo que "rectificar es de sabios, aunque el daño ya está hecho", informa El Mundo.

Obama o el pánico de los terroristas, premios nobel y genocidas, con patente de corso y bula papal

La Cámara de Representantes aprobó ayer una ley que permitirá a las víctimas del 11-S y a sus familiares presentar demandas ante los tribunales de Estados Unidos contra el Gobierno y organismos oficiales del Estado genocida y criminal de Arabia Saudí por su conocida implicación en la organización del atentado contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania, entre otros crímenes. El trámite concluye el trámite en el Congreso, puesto que el Senado ya aprobó el proyecto de ley por unanimidad en mayo pasado. Sin embargo, el presidente Obama -genocida 'premio nobel de la paz' como tantos otros asesinos a sueldo de las corporaciones imperialistas- ya ha adver­tido que vetará una ley que complicaría enormemente las relaciones con uno de los principales aliados de Estados Unidos. Se trata pues de un grave enfrentamiento institucional que coincide con el 15º aniversario del 11-S. “La decisión de Obama de vetar la ley mancharía gravemente su legado”, declaró Brian McGlinchey, líder activista de la iniciativa contra Arabia Saudí.

De todas formas, el veto podría ser anulado mediante una votación apoyada por dos tercios de ambas cámaras, una posibilidad improbable pero no imposible, si se tiene en cuenta que ya en el Senado el proyecto de ley se aprobó por unanimidad. La tesis de los colectivos de víctimas se basa en datos significativos, como el hecho de que 15 de los 19 terroristas que participaron en los atentados eran de nacionalidad saudí. Y el debate en la Cámara concluye dos meses después de que fueran desclasificadas 28 páginas del informe del Congreso sobre el 11-S que, sin ser concluyentes, sí alimentan la tesis de que funcionarios saudíes y diplomáticos árabes en Estados Unidos estaban al corriente y contribuyeron a los preparativos del ataque.

El argumento oficial del capo del fascismo mundial no menciona la "alianza estratégica" y criminal de EE.UU. con el gobierno de asesinos wahabita de Arabia Saudí, sino que advierte del efecto bumerán que tendría contra ciudadanos estadounidenses. Para vetar la ley, señala que “si se abre la puerta a que los ciudadanos de Estados Unidos demanden a los saudíes ante los tribunales, a continuación un país extranjero podría a su vez demandar a Estados Unidos”. Es el mismo argumento que sostuvo el ministro de Exteriores saudí, Adel bin Ahmed al Jubeir: “En realidad lo que (el Congreso) están haciendo es separar el principio de inmunidad soberana, lo que convertiría el mundo del derecho internacional a la ley de la selva” .

El Gobierno terrorista y genocida de Arabia Saudí amenazó con retirar miles de millones de dólares de la economía norteamericana si el Congreso aprobaba la legislación, aunque luego lo desmintió oficialmente al comprobar que el desafío podía tener efectos contraproducentes en Riad. Terry Strada, presidenta del colectivo Familias del 11-S Unidas por la Justicia contra el Terrorismo, ironizó señalando que Estados Unidos no debería temer demandas de otros países. “Si no estamos financiando organizaciones terroristas para matar a la gente, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos”, dijo.

Palma: Gijón niega haber llenado el GAP de enchufados del PP

Álvaro Gijón, edil del PP en Palma desde 2003 hasta la actualidad e imputado en el sumario contra la corrupción de la Policía Local, negó ayer ante el juez haber creado en 2006 los Grupos de Actuación Preventiva (GAP) como una unidad al servicio del PP y de empresarios afines al mismo. Gijón, tras su comparecencia, adelantó que en los próximos días meditará sobre su futuro político, tras consultar con su familia y la gente del partido. El regidor nazicatólico, defendido por José Ramón Orta, mintió con la arrogancia insolente del PP frente a las preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Carrau, y del magistrado, Manuel Penalva.

Básicamente, sobre Gijón pesan tres acusaciones: crear una estructura policial afín al PP (uno de los dos grupos de los GAP) para beneficiar a determinados empresarios de la Playa de Palma a cambio de sobornos, dar un trato de favor y amparar en sus fechorías a un clan de policías corruptos militantes del PP, y recibir dádivas de los empresarios en favor de fiestas con comida, sexo y alcohol gratis. El veterano regidor negó todas esas acusaciones. La mayor parte de las preguntas versaron sobre el GAP, una unidad que se puso en marcha en enero de 2007, cuando él era concejal de Seguridad Ciudadana. El declarante insistió en que únicamente fue edil de Seguridad Ciudadana entre septiembre del 2005 y mayo del 2007, y añadió que la idea del GAP partió de un mando de la Policía Local y sus condiciones laborales fueron negociadas con los sindicatos.

José María Rodríguez, el capo mafioso del PP

La fiscalía sospecha que Gijón y el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, también encausado, colocaron en el GAP a agentes interinos procedentes de Manacor y vía Daniel Montesinos, un policía muy próximo a ambos e implicado en la supuesta mafia policial. Estos funcionarios eran simpatizantes o miembros del PP y se habrían dedicado a trabajar en favor de determinados empresarios de la Playa de Palma. Gijón negó estas acusaciones y repitió en varias ocasiones que no conocía a ninguno de los primeros integrantes del GAP. El imputado destacó, por otro lado, que la unidad se creó para luchar contra las pandillas juveniles en varias barriadas de Palma y que luego fue el PSOE (con Aina Calvo como alcaldesa de 2007 a 20011) el que amplió su área de actuación a otras zonas, entre ellas la Playa de Palma a partir de 2007.

Carrau y Penalva quisieron saber cuáles eran las relaciones del regidor, quien desde 2009 hasta hace semanas fue también secretario de la junta territorial de Palma del PP, con varios policías encausados: Daniel Montesinos, Carlos Vallecillo, Jaime Garau, Carlos Tomás y otros. Estos agentes se jactaban de ser los protegidos del PP en el cuerpo policial y camparon a sus anchas sin ser sancionados por sus supuestas irregularidades, mientras que otros compañeros considerados "honrados" sí se vieron perjudicados internamente por denunciar anomalías. "Me he enterado leyendo el sumario que ellos (los agentes corruptos) se llamaban los 'niños mimados del PP', pero yo no sabía nada de esto, de haberlo sabido les habría dicho lo que le digo a alguien que quiere aparentar algo en relación al PP: Si eres del PP, haz algo y trabaja, que aquí se viene a trabajar", respondió el también diputado conservador. Gijón admitió que los citados policías frecuentaban la sede del PP y asistían a reuniones con él y otros dirigentes, especialmente en periodos electorales. "Nunca me reuní con ellos para nada que no fuera legal", apostilló el investigado.

Los hermanos Pascual

Gijón, como el pasado día 26 de agosto José María Rodríguez, fue interrogado sobre su relación con los empresarios hermanos Pascual, dueños del grupo Pabisa, y Bartolomé Cursach, propietario de un grupo de locales de diversión y de la noche. El declarante aseguró que no conoce a los tres, pero precisó que uno de los hermanos Pascual forma parte de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365. Sobre los dos exdirigentes del PP encausados pesa la sospecha de que participaron en fiestas con alcohol, comida y prostitutas gratis sufragadas por algunos de los empresarios beneficiados por un trato de favor policial. "Nunca he asistido a una fiesta de estas características", zanjó el parlamentario del PP. Álvaro Gijón quiso que ayer quedara claro que durante el mandado de Mateu Isern como alcalde Palma, él no tuvo ninguna relación con Seguridad Ciudadana ni intervino en el nombramiento del edil Guillermo Navarro como responsable de ese área. El declarante manifestó que se dedicó a la regiduría de Turismo y a coordinar distintas áreas del equipo de gobierno, informa Diario de Mallorca.

Gijón fue especialmente crítico con algunos de los mandos de la Policía Local, especialmente con el excomisario jefe Nicolás Herrero y con el comisario Cabellos. Del primero dijo que "era un clamor que el jefe Nicolás Herrero no le estaba dando el empuje que le hacía falta al área de Seguridad Ciudadana" mientras que del segundo comentó que siempre se había opuesto a todos los cambios que el PP quería implantar en la Policía. El concejal negó saber nada de una unidad secreta de la Policía Local dedicada a espiar a políticos, jueces o fiscales y que dispondría de un piso franco para hacer esos seguimientos. El equipo de gobierno mallorquín pidió otra vez ayer la dimisión de Gijón por su implicación en la corrupción institucional y generalizada de los fascistas del PP de Bauzá y Matas.

Palma: El juez interroga a Gijón (PP) por la trama de la Policía Local


El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, interroga desde las 10.30 horas, en calidad de investigado, al regidor del PP de Palma y diputado autonómico Álvaro Gijón (foto), a raíz de su presunta vinculación con la trama de corrupción urdida en la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos con la connivencia de altos cargos políticos. La citación de Gijón se produjo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió una de las acusaciones particulares personadas en la causa. En concreto, el juez le imputa presuntos delitos de tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Valencia recibe 246 firmas catalanas desde el inicio del proceso soberanista

Cataluña encabeza el éxodo de empresas hacia otras autonomías desde la agudización del proceso secesionista en 2013. Ese año fue cuando la Asamblea Nacional Catalana aprovechó la Diada del 11 de septiembre para unir de norte a sur este territorio con una cadena humana. Fue el inicio simbólico del llamado proceso soberanista y un paso decisivo en el movimiento de compañías que ha beneficiado principalmente a Madrid, pero del que también ha sacado provecho a la Comunitat Valenciana. Aunque la mudanza de sedes es un fenómeno habitual, lo cierto es que, la diferencia entre las que entran y salen en el caso catalán se cuenta por centenares en los últimos tres años, frente a las decenas que lo hacen en las otras seis que pierden más que ganan. Concretamente, Cataluña se ha tenido que despedir de 2.019 sociedades frente a las 1.226 que han optado por instalarse en ella. La diferencia deja una pérdida de 793 empresas, según la información facilitada por la empresa de gestión de información mercantil Informa D&B, filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

El crecimiento de la capital de España es uno de los fenómenos más evidentes desde 2013. Aunque siempre se ha mantenido una cierta distancia entre Madrid y Cataluña en favor de la primera, lo cierto es que, si hace tres años Madrid lograba ganar sólo cuatro empresas frente a las que se iban a otras autonomías, ese mismo año Cataluña perdía 217. De entonces a ahora, la situación no ha hecho más que agudizarse. Si en 2014 Cataluña perdía 322 sociedades más que las que ganaba, Madrid obtenía un saldo positivo de 227. A pesar de que Cataluña consiguió reducir esta sangría, no pudo evitar perder 254 en 2015. La capital volvió entonces a superarse y ofreció un saldo a su favor de 364. Así, mientras la comunidad que preside Carles Puigdemont ha descontó por mudanzas 793 sociedades, la gobernada por Cristina Cifuentes se apuntó 595 más. Este progresivo dominio explica que sea Madrid el origen de la mayoría de sociedades que se trasladan a otras comunidades como la valenciana, donde llegaron 449. En sentido contrario, 351 valencianas se han trasladado a Madrid, frente a 200 que lo hicieron a Cataluña.

En cambio, la Comunitat Valenciana ha atraído a 1.161 mercantiles que han trasladado su sede desde otras autonomías, 246 de ellas procedentes de Cataluña. Sin embargo, ha perdido 1.060, de las que 200 han preferido tener domicilio catalán. A su vez, Madrid sigue siendo la autonomía que cuenta con un mayor dinamismo, al mover los mayores volúmenes de empresas tanto en dirección de salida como de entrada.

De hecho, es la que más empresas aporta también a la Comunitat, con 449 mudanzas, pero su saldo es ampliamente positivo: la capital ha ganado entre 2013 y 2015 exactamente 595 sociedades, descontando las que dejan aquella comunidad de las que la eligen como destino. El informe de la empresa de gestión de información mercantil Informa D&B analiza las 130.609 empresas que cambiaron de domicilio social en toda España entre 2013 y 2015. 43.165 cambios en 2013, 43.060 en 2014 y 44.384 en 2015. Lo que refleja una disminución de 0,24% en 2014 y un aumento del 3,07% en 2015 respecto al año anterior. El 91,10% de estos cambios de domicilio corresponden a traslados dentro de la misma comunidad autónoma.

Durante estos tres años, el informe constata que 11.625 movimientos corresponden a cambios de autonomías, es decir el 8,90% del total. Las comunidades con mayor evasión de empresas son Madrid (3.143 sociedades se han ido en los últimos tres años), Cataluña (2.019), Andalucía (1.113) y Comunitat Valenciana (1.060). Estos datos se corresponden con el número de sociedades mercantiles con las que cuenta cada una de ellas en valores absolutos, pero es el atractivo para ganar domiciliaciones lo que resulta a todas luces significativo. Mientras que Madrid recibió 3.738 empresas durante estos tres años, Cataluña atrajo a menos de un tercio de esa cantidad: 1.226. Más equilibradas resultan la Comunitat Valenciana con 1.161 y Andalucía con 1.156.

El informe incide en cómo durante esos años, tres autonomías mantuvieron los saldos positivos más importantes. Fueron Madrid, que atrajo a más firmas, con un saldo positivo de 595; seguida de Islas Baleares, con un saldo positivo de 136, y Aragón, de 103. Tras ellas quedó la valenciana, con 101 ganadas. En caso de Madrid, el saldo fue positivo a lo largo de los tres últimos años completos, siempre incrementándose. Por contra, las comunidades que registraron más salidas de empresas que llegadas, es decir, que cargaron con un saldo negativo, fueron: Cataluña, que descontó 793; seguida por País Vasco, con un saldo de 207. Estas dos comunidades también han mantenido una cifra negativa a lo largo de los tres últimos años.

La valenciana es la tercera autonomía que más compañías atrae para que instalen su sede

Este diferencial entre empresas que vienen o que se van a una determinada comunidad tiene también un efecto cuantificable económicamente. Si se considera la facturación de las empresas que entran o salen, se puede ver que tanto Madrid como Cataluña registran un saldo negativo; de 2.306 millones para Madrid y 986 millones para Cataluña. Los autores del informe apuntan que el saldo negativo de cifra de venta en Madrid, puede explicarse por el cambio de domicilio de Gas natural Fenosa Generación, que siguió la llamada de su matriz y pasó de Madrid a Barcelona en 2014. Igualmente, el saldo positivo de 1.998 millones que registra el País Vasco se vincula al traslado desde Madrid a Bizkaia de Cecosa Supermercados (perteneciente al Grupo Corporativo Mondragón) en 2013. En el lado opuesto Navarra registró el segundo mayor déficit detrás de Madrid, principalmente debido al traslado de BSH Electrodomésticos, de Navarra a la capital aragonesa.

Cruzando operaciones, acontecimientos y fechas, el año de la cadena humana que cruzó Cataluña también fue el del mayor éxodo en volúmenes de facturación. Sin que haya una operación concreta que el informe señale como causa clara, las cuatro provincias catalanas descontaron 1.045 millones de euros. A pesar de que al siguiente año consiguió un saldo positivo, por la operación de Gas Natura Fenosa, éste sólo fue de 138 millones. El pasado año volvió a pérdidas y, pese a ser de 79 millones, no pudo evitar el tercer peor puesto del trienio. También la Comunitat ha terminado en pérdidas este balance, aunque en el octavo puesto y un recorte del volumen de facturación de 214 millones. Los ganadores han sido País Vasco, Andalucía y Aragón, informa Las Provincias.

Un exedil del PP gallego inhabilitado siete años por prevaricar

El juzgado de lo Penal número dos de Santiago acaba de condenar al exconcejal de Seguridad del Partido Popular en la ciudad Albino Vázquez Aldrey (foto) a siete años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo en la Función Pública por prevaricar cuando intentó relegar a un mando de la Policía Local. El fallo, al que ha tenido acceso, eldiario.es, también castiga al exedil con el pago de la multa que se determine en la ejecución de la sentencia. La historia se remonta al año 2012 y tiene como protagonistas a varios de los cargos municipales del Gobierno de Gerardo Conde Roa, la apuesta de Alberto Núñez Feijóo para la capital de Galicia y quien tuvo que dimitir después de que se destapase un presunto fraude fiscal de 291.000 en euros en la venta de unas viviendas de su promotora inmobiliaria. Albino Vázquez Aldrey era el concejal de seguridad del primer gobierno del PP tras 25 años de Gobiernos ininterrumpidos del PSOE en Santiago. Solo un año después de llegar al poder se vio salpicado por distintos casos de corrupción que se entremezclaron gracias a las escuchas telefónicas que puso en marcha un juzgado de Lugo.

Los investigadores descubrieron mientras indagaban sobre el caso Manga, de supuestas adjudicaciones irregulares desde el Ayuntamiento de Santiago a cambio de mordidas, que el edil de Seguridad trazó un plan para relegar en el escalafón al entonces jefe de la Policía Local José Manuel Carril. La enemistad de los dirigentes del PP venía de lejos: de antes de las elecciones municipales, cuando según el testimonio de Carril, este se negó a destruir el atestado que acabó con la carrera política del número 3 del PP en las municipales de 2011, Ángel Espadas, que fue sorprendido dormido y ebrio al volante en uno de los semáforos de la ciudad.

Cuando el PP alcanzó el poder municipal, Vázquez Aldrey trazó un plan para apartar a Carril de la jefatura de policía. Pero cometió un error: dio algunas de las instrucciones por teléfono, sin saber que sus comunicaciones estaban intervenidas por una juez lucense. En la charla clave, intervenida el 24 de mayo de 2012, la jefa de área de Seguridad, María del Mar Hinojosa, comunica al concejal que tiene "trincado" a Carril puesto que lo ha descubierto desplazándose fuera del término municipal de Santiago con su vehículo oficial en horas de trabajo. Hinojosa y su jefe, el edil Vázquez Aldrey, concluyeron entonces que lo mejor era falsificar una denuncia con una llamada anónima que acusase al funcionario de vulnerar sus obligaciones profesionales y decidieron que fuese el propio Espadas, el candidato que tuvo que dimitir por la alcoholemia, el que telefonease al Ayuntamiento. Finalmente, el plan se desbarata cuando las personas que estaba siguiendo al mando de la policía local avisan de que ya ha cambiado de ubicación.

El edil ahora condenado señala en otro de los pinchazos que la destitución del jefe de la policía local era un empeño personal del alcalde Gerardo Conde Roa, que había dimitido unos meses antes por su escándalo fiscal.

La denuncia del jefe de la policía local, que en un principio se había archivado, logró reabrirse y la acusación arropó sus argumentos con las escuchas telefónicas. La fiscalía había pedido para Vázquez Aldrey nueve años de inhabilitación y una multa de 6.000 euros. La condena que considera probada la prevaricación del exconcejal del PP se conoce en el primer día de campaña de las elecciones gallegas y apenas tendrá efectos concretos dado que el concejal Vázquez Aldrey ya abandonó la política en 2013 después de ser encarcelado en el marco de la Operación Manga que investiga contratos amañados en distintas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Santiago. Vázquez Aldrey eludió entonces la cárcel haciendo frente a una fianza de 15.000 euros y continúa acusado de cohecho y tráfico de influencias.