divendres, 15 d’abril de 2016

Los agoreros no entienden cómo funciona la economía socialista

Algunos fondos de inversión estadounidenses, de los que se hacen eco algunos medios internacionales, están especulando actualmente con el eterno mito según el cual la economía de China estaría a punto de sufrir un “aterrizaje forzoso”. Esta falsa predicción ha sido repetida durante décadas desde que China inició las reformas en 1978. La tesis en boga era que al no privatizar sus empresas, adoptando lo que se conoció entonces como “terapia de choque” en Rusia y el Este de Europa, China se condenaba al estancamiento. Pero en lugar de ello, durante el periodo 1978-2015 China experimentó un crecimiento anual del PIB del 9.6% – el mayor crecimiento de una economía grande en la historia humana.

Uno de los abanderados de esta tesis ha ssido Kyle Bass, del fondo Hayman Capital Management, cuyas posiciones han sido recogidas por el Wall Street Journal. “Se espera que la cartera de Hayman Capital esté amortizada si el yuan y el dólar hongkonés se devalúan en los tres próximos años – una apuesta que supone billones de dólares, incluyendo dinero prestado.” “...esto es mucho más que la crisis de las hipotecas subprime [de los EEUU]”, dice Bass, que cree que el yuan podría caer hasta un 40%”. Si Bass se agarra a estas predicciones, perderá una fortuna, como veremos a continuación.

George Soros también ha afirmado recientemente que “un aterrizaje forzoso [de China] es inevitable.” Soros tiene un historial desastroso de inversiones en Rusia y China – habiendo perdido aproximadamente 1 billón de dólares en la empresa de telecomunicaciones rusa Svyazinvest. Los directivos de los fondos de inversión que especulan con la devaluación del renminbi (RMB) son evidentemente una fuente poco fiable, puesto que tienen un interés financiero en difundir malos augurios. Por lo tanto, antes de explicar las principales razones por las cuales estos puntos de vista son erróneos, se pueden señalar algunos afirmaciones similares en otros medios de comunicación.

En 2005, Gordon Chang fue ascendido por los medios occidentales al nivel de “experto en China” por haber escrito un libro, The Coming Collapse of China, que concluía de esta forma: “Hace media década, los dirigentes de la República Popular China tenían verdaderas opciones. Hoy ya no las tienen [...] se les ha acabado el tiempo.” Pues bien, una década más tarde, China no ha colapsado – pero Chang ha seguido apareciendo en Bloomberg TV como “experto en China”.

En junio de 2002, el diario The Economist publicaba un suplement titulado “Un Dragón sin aire” que afirmaba que “la economía aún se basa principalmente en los motores domésticos de crecimiento, que están echando chispas. El crecimiento [...] se ha basado en gran medida en las inversiones masivas del gobierno [...] la deuda del gobierno está creciendo aceleradamente [...] esto es el origen de una crisis financiera [...] por lo tanto, China parece estar avocada en la próxima década a ser cada vez más inestable.” En realidad, China experimentó la década de mayor crecimiento que se ha conocido en una economía grande.

Todas las afirmaciones sobre el “aterrizaje forzoso” de China son erróneas, ya que violan todo sentido de la proporción. Cojamos por ejemplo las afirmaciones sobre la devaluación del yuan. El pasado mes de enero la cadena CNBC News afirmaba: “China está jugando un juego peligroso con su moneda, con movimientos que podrían llevar la economía mundial hacia una recesión. El banco central de China autorizó el jueves la mayor caída del yuan en cinco meses.” En realidad, la caída en la tasa de cambio del RMB frente al dólar ha sido poca cosa en comparación con otras grandes monedas. Entre enero de 2012 y marzo de 2016, el volumen del comercio en dólares se disparó un 23% – el euro cayó con respecto al dólar un 18%, el yen un 24%, y el RMB sólo un 5%. Del pico del 8% alcanzado entre enero de 2014 y marzo de 2016, el RMB volvió a caer con respecto al dólar un 8%, el yen un 10% y el euro un 21%.

Otra demostración de este tipo de mediocridad intelectual fue la reciente afirmación de Bloomberg según la cual la economía china estaría sufriendo una crisis similar a la griega. "Los dirigentes políticos chinos [...] han agotado todos los poderes mágicos que habían estado utilizando para mantener su economía en alto [...] el mundo [...] ha estado varios años considerando la salida de Grecia del euro. Pero si de pronto la mayor nación comercial del mundo se estrella contra un muro, supondría una catástrofe de una naturaleza diferente, que generaría el caos en las economías de todo el mundo." Comparar a Grecia, cuya economía se redujo un 26% durante el periodo 2007-2014, con China, cuya economía creció un 81% durante el mismo periodo, es francamente ridículo.

La razón principal por la cual los que afirman que China sufrirá un "aterrizaje forzoso" se equivocan es que no comprenden lo que conlleva el hecho de que China no es un país capitalista. Los "aterrizajes forzosos" ocurren en las economías capitalistas porque todas las grandes compañías son de propiedad privada, y por lo tanto no tienen la capacidad de evitar el hundimiento de las inversiones que es la causa de tales "aterrizajes".

Durante la gran depresión iniciada en 2007, el consumo de los hogares estadounidenses disminuyó un 3% pero la inversión privada cayó un 23% – el "aterrizaje forzoso" en los EEUU estuvo dominado por la caída de las inversiones. A partir del año 1990, Japón sufrió un "aterrizaje forzoso" de un cuarto de siglo, con un crecimiento anual medio de menos de un 1% del PIB. Sin embargo, durante el periodo 1990-2013, el consumo de los hogares japoneses creció un 31%. Pero las inversiones fijas de Japón cayeron un 16% – por lo tanto, la severidad del estancamiento de Japón se debía exclusivamente a la caída de las inversiones.

En contraste con la caída de las inversiones en EEUU y Japón, lo cual ha causado verdaderos "aterrizajes forzosos", durante el periodo 2007-2014 la inversión fija en China creció un 105%, generándose con ello un crecimiento económico del 81%. Esto ha sido posible porque China posee un gran sector estatal que puede ser utilizado para aumentar las inversiones si el gobierno necesita tomar medidas anti-recesión. En resumen, China no tiene y no sufre "aterrizajes forzosos" porque es una economía socialista, no capitalista.

Por John Ross (Global Times), profesor en el Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad del Pueblo de China.

Fuente: http://www.globaltimes.cn/content/972188.shtml

Cadena d'adjudicacions de CDC al 'dinosaure' pujolista Montal

Hi ha dies que el DOGC és una loteria. En el del dia 15 d'abril li ha tocat la "grossa" a l'empresari Agustí Montal, expresident del FC Barcelona i empresari del "nucli dur" del pujolisme. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha "premiat" dues empreses que presideix -Mutual Gestión Integral SL i Residencias Aidar SL- amb un total de quatre contractes que sumen 4,2 milions d'euros. No està gens malament. Agustí Montal té 82 anys, però segueix molt actiu empresarialment. Ja no es dedica al sector tèxtil -fa temps que va liquidar aquesta activitat familiar- i ha trobat una "mina d'or" amb el lucratiu negoci de l'atenció a la gent gran i de les residències geriàtriques. Al capdavant del grup Mutuam, i a través de les seves filials, gestiona apartaments especials, cinc residències, dos hospitals sociosanitaris, centres de dia...

Ara, el departament que dirigeix Dolors Bassa li ha adjudicat quatre contractes de gestió de centres de dia i residències a Sabadell, Cornellà i Barcelona (2). Curiosament, les empreses d'Agustí Montal han guanyat quatre dels sis concursos convocats per la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i els altres dos se'ls ha endut Eulen.

En el consell d'administració del grup Mutuam ocupa un càrrec rellevant l'advocat Josep Lluís Vilaseca, fill de l'assessor jurídic de tota la vida de Jordi Pujol. També trobem Josep Lluís Vilaseca a l'Enciclopèdia Catalana, convertida en el 'búnker' del pujolisme des de la desfeta de Banca Catalana, i en el grup COMSA-Emte. Agustí Montal va ocupar amb anterioritat el càrrec de president d'Enciclopèdia Catalana i n'és conseller Carles Sumarroca Jr., el fill del fundador d'Emte, investigat en el sumari del cas Pujol. En l'actualitat, el president d'Enciclopèdia Catalana -empresa que té un capital de 8,8 milions d'euros- és Antoni Subirà, exconseller d'Indústria de la Generalitat i emparentat familiarment amb Jordi Pujol (està casat amb una cosina seva). En el consell d'administració també hi figura Francesc Cabana, el cunyat de l'expresident de la Generalitat que no sabia res de la "deixa" del seu sogre Florenci a Andorra.

De El Triangle

Rusia y China frustraron plan saudí para designar terrorista a Hezbolá en CSNU

La enemistad de Arabia Saudí con Hezbolá llevó a Riad a intentar incluir el nombre de este movimiento libanés en la lista negra del CSNU; conspiración que fue desbaratada por China y Rusia, revela un informe. A principios de marzo, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG, integrado por países árabes ribereños del Golfo Pérsico, incluidos Arabia Saudí, Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán y Kuwait) añadió oficialmente a Hezbolá a una lista de organizaciones a las que consideran “terroristas”. Pocos días después y bajo la fuerte presión e influencia saudí, los miembros de la Liga Árabe (LA) —a excepción de El Líbano, Irak y Argelia— dieron el mismo paso en relación con el Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá). Foto: Miembros del Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

Al respecto, el diario libanés Assafir, en un informe publicado este viernes, ha revelado que ahora Riad está intentando convencer a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para que declare terrorista a Hezbolá. “Los intentos de Arabia Saudí para presentar a los miembros permanentes del CSNU el borrar de una resolución anti-Hezbolá resultaron en el fracaso, debido a la acción oportuna de China y Rusia y la falta de atención de EE.UU.”, indica el rotativo.

En un primer momento, el diario argelino Al-Shoruq informó de que Nabil al-Arabi, secretario general de la LA, recibió un soborno de 2 millones de dólares para “facilitar” el proceso de toma de decisión en contra del movimiento. En esta línea, Assafir apunta que el revés de las autoridades saudíes en el Consejo de Seguridad saca a la luz la frágil influencia de Riad en los escenarios políticos en los que “no puede pagar para que sus objetivos y sueños se hagan realidad”.

La fuente, a continuación, se refiere a la XIII Cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), ―que se desarrolla en la ciudad turca de Estambul (noroeste)― y adelanta que “considerando la influencia saudí, se prevé que hoy mismo la cumbre siga los pasos de Riad contra Hezbolá”. Previamente, el secretario general de Hezbolá, Seyed Hasan Nasrolá, ha cargado contra los Al Saud, acusándolos de haber "desencadenado una ola de ataques políticos y campañas propagandísticas” contra El Líbano.

mpv/ncl/hnb

Valencia: El juzgado ampliará la investigación a García-Fuster (PP) por delito electoral

La pieza separada sobre el presunto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP de Valencia ampliará su investigación a un posible delito electoral por la supuesta financiación de las campañas de la formación política con dinero procedente de fuentes ilícitas. Uno de los primeros pasos en esta dirección ha sido solicitar al Tribunal de Cuentas información acerca de una de las cuentas del PP para averiguar si estaba sometida a su control o si, por el contrario, la manejaban los responsables al margen de su supervisión. El instructor, en esta misma línea de trabajo, también ha requerido al órgano interventor del Consistorio si la cuenta «era objeto de control o de supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia», según informaron ayer fuentes oficiales del TSJ.

El delito electoral afectaría, de entrada a la responsable de las finanzas del PP y al resto de personas que gozaban de autorización para manejar esos fondos. El artículo 149 de la Ley de Régimen Electoral prevé penas de uno a cuatro años de cárcel para aquellos que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos, o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Las sospechas de los investigadores apuntan hacia la existencia de hechos similares a los investigados en algunas de las piezas de Gürtel, empresarios que entregarían dinero o pagarían actos de campaña como contraprestación a determinadas adjudicaciones o para ganarse el favor de cara a futuros contratos.

Las pesquisas presentaban algunas deficiencias, según las fuentes judiciales consultadas. Anticorrupción daba por hecho que el dinero blanqueado (50.000 euros) provenía de un origen delictivo. Pero ese orgien no estaba acreditado en la causa. En teoría, los indicios acerca de estas ilegalidades se encuentran en el grueso del caso, la pieza que se mantiene en secreto y que investiga amaños de contratos. La doctrina del Tribunal Supremo permitía antes juzgar ambas cuestiones por separado. Sin embargo, la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acuerda hacerlo siempre de manera conjunta salvo que esto lleve a una demora excesiva en la causa.

Las inesperadas declaraciones ante el juez de García-Fuster en las que reconocía que existía un recaudador permitirán introducir el citado ilícito en las pesquisas. La cajera del PP no quiso desvelar la identidad de este hombre, aunque descartó que se tratara de Barberá. Este conseguidor recogía dinero de simpatizantes y donantes que supuestamente preferían permanecer en el anonimato. Las cantidades eran ingresadas en la cuenta. La investigada se acogió a su derecho a no declarar cuando fue preguntada acerca de quién ejercía esa función y al respecto de sus anotaciones en los cuadernos manuscritos que se encontraron en el registro policial.

No fue la única decisión que adoptó ayer el magistrado instructor. En una providencia acordó volver a tomar declaración al concejal Cristóbal Grau y a tres trabajadores del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. La primera de las testificales está relacionada con su participación en el Comité de Campaña, órgano que, según Barberá, adoptaba todas las decisiones. Entre ellas, la de donar mil euros para los últimos comicios locales. La comparecencia es para el próximo 22 de abril. Uno de estos investigados ya había sido citado para comparecer el pasado viernes, pero su declaración se dejó sin efecto a petición de su defensa.

Además, también ha sido citado el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, esposo de la exconcejal de Cultura, María José Alcón, imputada en la pieza separada (blanqueo) y en la pieza principal por un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales. La testifical de Grau ha generado una gran expectación después de la reunión que mantuvo el responsable gubernamental con la Fiscalía Anticorrupción. En total, 47 personas más el propio PP como persona jurídica están investigadas en este pieza. El grueso de la investigación, el conocido como caso Imelsa, sigue bajo secreto. El juez lo ha prorrogado un mes.

De Las Provincias

Directivos del IVAM revelan cómo se amañaban contratos con Císcar (PP)


El IVAM no consigue desprenderse de su pasado por más que desde hace año y medio un nuevo equipo haya tomado las riendas del museo. La etapa de Císcar sigue acaparando titulares a medida que se revelan algunas de las informaciones que incluye el sumario que investiga la actuación de la exdirectora en el museo. Éste incluye una serie de declaraciones policiales de algunos directivos de la pinacoteca en las que se revela el modo en que se amañaban contratos en distintos departamentos del centro. La juez investiga, aparte de la exdirectora, a los subdirectores de Administración y Finanzas del centro de arte, Juan Carlos Lledó; de Gestión Interna, Juan Bría; de Publicaciones, Norberto Martínez; y Técnico Artística, Raquel Gutiérrez, así como un empresario, el administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Martínez.

El abogado de Mario Conde, el 'rey de la chatarra' y el contrato a dedo del alcalde del PP

El Ayuntamiento madrileño de Torrejón de la Calzada (7.900 habitantes), gobernado en minoría por el PP, contrató a dedo (sin concurso previo) al abogado de Mario Conde detenido este lunes por la Guardia Civil, acusado de ayudar a montar el entramado empresarial con el que el exbanquero consiguió repatriar a España 13 millones de euros procedentes del expolio de Banesto. El consistorio adjudicó en enero de 2014 un contrato fraccionado en dos a sendas empresas propiedad de Francisco Javier de la Vega Jiménez. El letrado fue uno de los ocho detenidos este lunes en la operación Fénix. La Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y ocho delitos contra la Hacienda Pública. Foto: Eusebio García Gómez, alcalde de Torrejón de la Calzada del PP.

Fuentes municipales señalan que este abogado llegó al municipio recomendado por el empresario más importante de la zona, Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, dueño de Desguaces la Torre, amigo del alcalde, Eusebio García Gómez, y un habitual del papel rosa por la especial relación que mantiene con Carmen Martínez Bordiú, nieta de Franco. El empresario asegura que no conoce al letrado y que por tanto no se lo ha podido recomendar a nadie. La Agencia Tributaria investiga a Rodríguez García-Rivera, más conocido como 'el rey de la chatarra', por fraude fiscal. El Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada (GLITC), el mayor grupo de la oposición, asegura que ha pedido este jueves la rescisión de ambos contratos y una relación de todos los trabajos jurídicos que el abogado Del Valle ha llevado a cabo.

Los dos contratos, de 17.940 euros (sin IVA) cada uno, fueron adjudicados el 13 de enero 2014 en una junta de gobierno local extraordinaria y urgente. En el acta que se levantó tras la misma, la secretaria general del ayuntamiento mostró sus dudas sobre el fraccionamiento del contrato en dos "cuando figuraba el mismo administrador en ambas empresas". El alcalde, Eusebio García Gómez, respondió "que lo hacían así por necesidad y por urgencia". El primer contrato es para "el asesoramiento jurídico de los asuntos litigiosos en los que sea parte el ayuntamiento". El segundo es para "el asesoramiento jurídico en materia económica, financiera, presupuestaria y de hacienda". Tenían la duración de un año y según el GLITC fueron prorrogados en 2015.
Fraccionados para no sacarlos a concurso público

El contrato fue dividido en dos para que cada adjudicación no superara los 18.000 euros, el límite para no licitar como concurso público. El bufete de Francisco Javier de la Vega ha defendido al alcalde en los muchos frentes judiciales que ha tenido abiertos en los últimos años. Eusebio García se presentó a la reelección en mayo de 2015, a pesar de que estaba imputado por prevaricación administrativa desde octubre de 2013 en el juzgado número 4 de Valdemoro. Ahora está imputado en otro juzgado, el número 2 de Valdemoro, por presionar presuntamente a la empresa que gestionaba la piscina municipal para que cediera la concesión a otro empresario. También ha tenido que afrontar judicialmente otros casos: el despido del arquitecto municipal, la sustitución supuestamente irregular de la secretaria municipal en una junta de gobierno o la aprobación de la 'Relación de puestos de trabajo'.

El primer contrato fue adjudicado a Estudio Jurídico De la Vega y Asociados, bufete de Francisco Javier de la Vega Jiménez. El segundo, a Sistemas Globales Corporativos, cuyo administrador es el propio De la Vega desde el 20 de diciembre de 2013, un mes antes de la adjudicación. El administrador anterior de Sistemas Globales era Francisco Javier Romero Pumar, administrador también de la firma británica Higher, sociedad que según la Audiencia Nacional pertenece también al entramado de Mario Conde.

El alcalde justificó entonces la contratación de De la Vega porque el anterior bufete que prestaba este servicio al ayuntamiento, ACAL, era 14.000 euros más caro y "no cumplía con las necesidades de inmediatez, ya que dicha sociedad tenía su sede en Murcia". El regidor no ha querido atender a El Confidencial, asegurando no saber quién está detrás del Estudio Jurídico De la Vega y de Sistemas Globales Corporativos. Según el auto de prisión de la Audiencia Nacional, "Francisco Javier de la Vega Jiménez se constituiría como pieza fundamental en todo el entramado empresarial; participando directa o indirectamente en los negocios jurídicos y económicos relacionados con la familia Conde, ejerciendo a su vez de representante de las empresas extranjeras que inyectan capitales a las mercantiles vinculadas con Mario Conde".

De El Confidencial

Francisco Camps dice que participó “en una cumbre” sin saber que era el Valencia Summit

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quien pasadas las 9.30 horas ha comenzado a declarar como testigo en el juicio del caso Nóos, ha manifestado que participó en la inauguración de un congreso sobre turismo y deporte sin saber que se llamaba Valencia Summit, uno de los eventos organizados por el Instituto Nóos y por cuyas tres ediciones la entidad percibió más de tres millones de euros a pesar de que su coste real habría sido de unos 900.000. “Lo he sabido después”, ha aseverado Camps, quien ha negado haber dado orden alguna en relación a este proyecto puesto que del mismo se encargaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), “un monstruo de una dimensión enorme”. “Nunca he dado ninguna instrucción ni para que pongan una ópera en el palacio de las artes”, ha incidido.

Sí ha reconocido que en 2005 dio “impulso político” a la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma en los denominados Juegos Europeos (JJEE), trabajos que recayeron en el Instituto Nóos por un total de 383.000 euros públicos a pesar de que no existen constancia de que éstos se llevaran a cabo.

A preguntas de la fiscal anticorrupción Ana Lamas, el exalto cargo del PP ha manifestado que sabía que Iñaki Urdangarin “estaba detrás” de la entidad, si bien ha precisado que “lo importante no eran Nóos ni Urdangarin, sino los JJEE”. Camps ha recordado que fue el exvicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos quien le habló “de alguien que tenía la voluntad de poner en marcha aquello”, en alusión a este proyecto, que le pareció “interesante como me interesaban una depuradora, una carretera o un hospital”. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2005, el expresidente presentó la iniciativa en las Cortes.

El expresidente ha recalcado de forma tajante que no tuvo “ninguna intervención” en los Summit e incluso ha señalado que no le dieron traslado de ninguna carta dirigida a él por Iñaki Urdangarin. En la misiva, el exduque de Palma le ofrecía la posibilidad de organizar una cumbre bajo el nombre Desafío Valencia, similar a los Summit. Inquirido por si sabía que el marido de la Infanta Cristina estaba detrás de los Summit, Camps ha respondido tajante: “Si le dijese que sí podría quedar muy bien, pero no estaría diciendo la verdad”. “No voy preguntando quién está detrás de los eventos. Nunca preguntó en concepto de qué acude la gente”, ha espetado, recordando además que, como máximo mandatario valenciano, “personalidades como Urdangarin debía de recibir a centenares”.

Camps ha negado asimismo haber participado en una reunión en el Palacio de la Zarzuela junto a la exalcaldesa Rita Barberá, el exduque y el exsocio de éste Diego Torres, asegurando que Urdangarin no le transmitió su deseo de poner en marcha los Summit. En concreto, el propio Torres presentó un escrito durante la instrucción de la causa en el que sitúa el encuentro el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración de la cumbre.

Al ser interpelado por la letrada Virginia López Negrete, acusación popular en representación de Manos Limpias, sobre si le comentaron que en 2006 Urdangarin había abandonado Nóos -lo que hizo de manera supuestamente aparente-, Camps ha calificado la pregunta de “exótica”, puesto que no siempre se le comunica que “alguien deja tal cosa”. Esto ha llevado a la abogada a manifestarle que su pregunta “es de recibo, no hablemos de exotismos, por favor”. Por otro lado, Camps sí ha reconocido que en 2005 dio “impulso político” a la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma en los denominados Juegos Europeos (JJEE), trabajos que recayeron en el Instituto Nóos por un total de 383.000 euros públicos a pesar de que no existen constancia de que éstos se llevaran a cabo.

A preguntas de la fiscal anticorrupción Ana Lamas, el exalto cargo del PP ha manifestado que sabía que Iñaki Urdangarin “estaba detrás” de la entidad, si bien ha precisado que “lo importante no eran Nóos ni Urdangarin, sino los JJEE”. Camps ha recordado que fue el exvicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos quien le habló “de alguien que tenía la voluntad de poner en marcha aquello”, en alusión a este proyecto, que le pareció “interesante como me interesaban una depuradora, una carretera o un hospital”.

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2005, el expresidente presentó la iniciativa en las Cortes Valencianas. Sin embargo, ha asegurado que nunca ordenó que el expediente se tramitara “de una determinada forma”, por lo que ha señalado desconocer por qué se ejecutó mediante un convenio de colaboración. El testigo ha recalcado que los trabajos se llevaron a cabo a pesar de afirmar que no realizó un seguimiento puntual del proceso. “No llevaba el seguimiento de los centenares de empresas que trabajaban para la Administración”, ha sentenciado.

Ilegalidades en la tramitación de los Summit

Se da la circunstancia de que, durante la instrucción de la causa, el juez José Castro apuntó a la existencia de indicios delictivos contra Camps y Barberá por su supuesta participación en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit. Al respecto, las acusaciones apuntan a la inadecuada elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la Nóós, toda vez que se prescindieron los trámites obligados por la Ley.

En su relato, Castro aseveraba que “estas y otras irregularidades, sin merma de que algunas de ellas ya sean de por sí mismas delictivas, ponen de manifiesto que las contrataciones con el Instituto Nóos fueron estrictamente voluntaristas”, recriminando cómo, ante esto, Camps y Barberá asentían verbalmente “a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas”.

Mediante la exposición razonada que el magistrado elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para proponer a esta instancia judicial que asumiera la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, el juez apuntaba a la “decisiva e imputable intervención” de ambas autoridades, quienes debido a su entonces condición de aforados -por ser diputados en las Cortes- debían ser investigados por el TSJCV, que rechazó asumir las pesquisas.

La Fiscalía Anticorrupción apunta asimismo a que Nóos ya comenzó a trabajar en la organización del Valencia Summit “mucho antes” de que el convenio fuese suscrito, lo que evidencia, a su juicio, que la concertación de la Administración pública con la entidad entonces presidida por Urdangarin “ya estaba verbal y anticipadamente decidida”. Es más, el Ministerio Público sostiene que los firmantes del acuerdo -Nóos, Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- rubricaron el documento “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, discusión o negociación, y que Nóos “ni tan siquiera se molestase en tratar de esbozar” el presupuesto del que sería beneficiario.

De La Vanguardia

Detenido el secretario general de Manos Limpias por extorsión

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha sido detenido este viernes en Madrid por la Policía Nacional, en una operación desplegada contra este sindicato y contra la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), según han informado fuentes de la investigación. Las dos entidades están acusadas de formar parte de una trama que extorsionaba presuntamente a entidades bancarias a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellas. En la operación, que continúa abierta, se ha detenido también a Francisco Castro Villacañas y se prevén 14 arrestos. La Policía Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional llevan meses investigando una serie de denuncias presentadas contra Ausbanc por extorsión e indagaban así mismo sobre la participación de Manos Limpias en la trama, según fuentes de la investigación. Los investigadores calculan que se alcanzaron sumas millonarias de dinero.

Estas mismas fuentes indican que las pesquisas ya están muy avanzadas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y han sido coordinadas por el juez central de Instrucción Número uno de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los investigadores apuntan a una actividad sostenida en el tiempo desde hace años y que consiste básicamente en exigir pagos a las entidades bancarias extorsionadas a cambio de no difundir sobre ellas informaciones negativas o incluso iniciar causas judiciales contra ellas en los tribunales. La acusación en los juzgados la ejercía el sindicato Manos Limpias, según la investigación. Las fuentes consultadas indican que el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, mantienen una amistad desde hace años.

En concreto, la Policía Nacional investiga sus actividades desde hace un año después de recibir la denuncia por parte de ex trabajadores de entidades bancarias que sufrieron el acoso de la trama. Las fuentes consultadas informan de que en el mundo de la banca eran conocidas estas prácticas. En ocasiones, la trama llevaba a alguna entidad bancaria hasta los tribunales y una vez iniciada la instrucción se retiraban de la causa alegando darse por satisfechos con las explicaciones ofrecidas por sus víctimas. "Retiraban repentinamente la acusación porque ya habían cobrado la extorsión", explican los responsables de la investigación.

Los presuntos chantajes se llevan produciendo desde hace años, siempre según estas fuentes, y comenzaron exigiendo a las entidades bancarias que se suscribieran a la revista con la que cuenta Ausbanc. La Revista Ausbanc tiene una periodicidad mensual y comenzó a publicarse en 1990. Se centra en informaciones del mundo de la económica y la empresa. El siguiente paso fue exigir sumas de dinero a cambio de no difundir información negativa. El tercer paso eran los tribunales y la amenaza de airear las causas en los medios de comunicación.

Tres millones de euros

En el marco de las pesquisas policiales se incluyen casos concretos, algunos de ellos han gozado de gran repercusión mediática en los últimos años. Las fuentes detallan como en una ocasión la trama llegó a exigir el pago de tres millones de euros a cambio de retirar una acusación en los tribunales. Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios) se presenta en Internet como una entidad española privada constituida en el año 1986 bajo el eslogan "lucha por tu dinero". Cuenta con más de 100 abogados repartidos en 30 oficinas ubicadas en distintas comunidades autónomas. Por su parte el sindicato Manos Limpias ejerce la acusación en multitud de casos, algunos de ellos tan trascendentes como el caso Nóos. Su participación permitió que la Infanta Cristina se sentase en el banquillo de los acusados.

Manos Limpias y Ausbanc pidieron a dos bancos tres millones por 'salvar' a la Infanta


La actuación de Manos Limpias en el caso Nóos ha quedado en entredicho en un momento clave del juicio. La asociación que lidera Miguel Bernad había logrado sentar en el banquillo a la infanta Cristina en ese procedimiento por dos delitos fiscales en contra del criterio del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga ahora al supuesto sindicato de funcionarios por concertarse con la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) para interponer querellas y exigir luego grandes sumas de dinero por quitarlas, como reveló El Confidencial este miércoles.

Soria dimite tras el escándalo de Panamá y las mentiras sobre sus sociedades

Soria renuncia a ejercer como ministro de Industria, a su acta de diputado y a la presidencia del PP de Canarias. Dice que dimite por los "errores" en sus explicaciones. El hasta ahora ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha comunicado al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, su "decisión irrevocable" de renunciar a sus funciones, según ha informado el propio Soria en un comunicado enviado por su Departamento. Soria ha comunicado también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias, abandonando así "todo tipo de actividad política". El ya exministro se ha limitado a reconocer "errores" cometidos en sus explicaciones tras aparecer su nombre vinculado a empresas opacas en los llamados 'Papeles de Panamá'.

Comunicado íntegro:
A la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a mis explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995, debidos a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años; sin perjuicio de que ninguna de tales actividades empresariales haya tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas; considerando el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a mis compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual, comunico que, tras conversación con el presidente del Gobierno, le he trasladado mi decisión irrevocable de presentar mi renuncia expresa a las funciones que como ministro de Industria, Energía y Turismo tengo encomendadas desde el pasado día 21 de diciembre.

He comunicado también al Presidente del Gobierno mi decisión de renunciar a mi acta de diputado del Grupo Parlamentario Popular. Por último, he comunicado a la secretaria general de mi partido mi renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias. Por todo ello comunico que a partir del día de hoy dejo todo tipo de actividad política. La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes".

Firmado:
José Manuel Soria López

De Público

Soria, a varios ministros: “Si entro en detalles, la gente se armará un lío”


La versión que el ministro de Industria en funciones ha ofrecido a varios compañeros de Gobierno sobre su conexión en el pasado con sociedades radicadas en paraísos fiscales no ha hecho sino disparar todavía más la sospecha de que esconde algo. “Si entro en detalles, la gente se armará un lío”, les ha dicho.