dissabte, 12 de març de 2016

La pudor de la Púnica empastifa l’assessor de JxSí per negociar el deute

En un context marcat pels diversos casos de presumpta corrupció que s'investiguen als jutjats, els contractes públics es troben més que mai sota la lupa. Però no només canten determinades adjudicacions particularment sucoses a empreses constructores i tecnològiques per part de la Generalitat. Això es posa de manifest amb el cas del despatx d’advocats Cuatrecasas, fitxat pel Govern per vetllar per la gestió del deute públic català.

El contracte més important en aquest capítol l’ha obtingut la firma madrilenya Asesores Financieros Internacionales (AFI) per prestar, en el període 2016-17, el “servei de consultoria sobre l’endeutament de la Generalitat”, incloent-hi “plans de reordenació i refinançament del deute”, adjudicat per 108.658 euros. El despatx Cuatrecasas, per la seva banda, n’ha obtingut un de molt menor, xifrat en 16.698 euros, atorgat el passat 22 de desembre, i que té per objecte l’“assessorament jurídic extern sobre deute públic i operacions financeres de la Generalitat i el seu sector públic empresarial i les tasques de supervisió en matèria de mercats de valors”.

Així doncs, la Generalitat, s’ha posat en mans d’un despatx de “confiança”... el director del qual fa un any que estava pendent de saber si havia d’ingressar a la presó per cometre vuit delictes fiscals (!). Emilio Cuatrecasas, finalment, va pactar amb la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i la Generalitat i va acceptar la seva culpabilitat, eludint la garjola: pena de dos anys i multa d’1,5 milions d’euros. El lletrat, especialitzat en matèria tributària, s’havia deduït despeses personals com a despeses de l’empresa, mitjançant negocis simulats, per escaquejar impostos, i ha hagut de pagar 4,1 milions d’euros per compensar a Hisenda.

Cuatrecasas, d’altra banda, és una de les firmes contractades pel Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunitat de Madrid que, segons el jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco, va pagar per “treballs ficticis” a la trama Púnica en temps del president Ignacio González. Aquestes tasques, suposadament, es dirigien a millorar la “reputació on line” del president madrileny, una cunyada del qual, Pilar Cavero és sòcia d’honor del despatx Cuatrecasas a Madrid.

Els contractes atorgats pel Canal de Isabel II a aquest despatx d’advocats han totalitzat més de 400.000 euros, publica el diari digital La Cuarta Columna. Segons aquesta informació, Cuatrecasas va rebre quatre contractes entre el juliol del 2011 i el setembre del 2012 per diverses tasques d’assessorament jurídic. El 2010, aquest bufet d’advocats també havia assumit l’assessorament legal de la privatització de Telemadrid. Pilar Cavero va signar, des de Cuatrecasas, l’ERO al canal públic que el Tribunal Suprem va acabar tombant. En quines mans confia la Generalitat la salvació dels seus deutes!

De El Triangle

Los inversores exigen a Cataluña casi cinco veces más intereses que a Madrid

Las tensiones financieras que vive la Generalitat y el miedo al proceso rupturista no están pasando inadvertidos en los mercados financieros. Aunque desde hace años las comunidades autónomas no colocan deuda, existen emisiones vivas que nos ofrecen referencias sobre el apetito de los inversores por unos bonos y por otros y, en el caso de Cataluña y la Comunidad de Madrid, las diferencias en este momento son muy significativas. Ambas coincidieron al emitir bonos en 2010 y aunque los colocaron a un cupón muy similar - del 4,95% en el caso de la Generalitat y del 4,69 en el de Madrid- ahora mismo la situación ha cambiado mucho. Los inversores exigen a Cataluña un rendimiento del 3,011 por ciento por esta deuda que vence en 2020, mientras que a Madrid le piden un 0,629% por un bono que se amortiza también ese año.

Históricamente, el mercado ha sido más exigente con la comunidad presidida por Carles Puigdemont (véase gráfico), pero en los últimos meses, coincidiendo con el inicio del proceso de desconexión y la investidura del nuevo gobierno, la diferencia se ampliado respecto a la que existía en 2015. Cataluña no se ha beneficiado de la misma manera que la Comunidad de Madrid de la última racha de relajación en los tipos de interés. Con otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, las cifras también salen negativas. En 2010, el govern valenciano emitió un bono a 10 años que vence en 2020, con un cupón del 4,9%. A esta deuda, los inversores le exigen hoy unos intereses del 1,21%, según Bloomberg, muy por debajo de lo que le piden a Junqueras.

Con este coste de financiación, si Cataluña tuviera que emitir deuda para financiar el déficit del año pasado -con el último dato disponible, del mes de noviembre, éste había alcanzado los 4.112 millones-, tendría que pagar 124 millones en intereses anuales. En diez años, el coste en intereses de esa deuda superaría los 1.200 millones de euros. En el caso de Madrid -si la cifra de déficit fuera la misma que la catalana- el coste anual de intereses bajaría hasta los 26 millones.

Cataluña y otras comunidades autónomas están pidiendo al gobierno central que finalmente no aplique intereses en el FLA correspondiente a 2016 igual que hizo el año pasado. En principio, está contemplado que el capital que se reciba de este programa genere unos intereses del 0,8%. En el caso de Cataluña, que ya ha adelantado que pedirá 7.520 millones al programa, le obligaría a abonar sólo por este capital 60 millones en intereses anuales hasta que se amortizara la deuda. Aunque la cifra es elevada, captar esos recursos en mercado, con el coste actual de la última emisión de un bono a 10 años, es más caro, ya que costaría 226 millones en intereses.

De El Economista

La Generalitat i Endesa aliats contra el frau elèctric... domèstic

Un nou 'dispositiu' dels Mossos d'Esquadra i la companyia plena d'expolítics del PP-PSOE amb sous milionaris Endesa al barri més pobre de Girona, la Font de la Pólvora, per detectar comptadors 'punxats il·legalment' -no diu endollats per no crear confusions amb els lladres a sou- a la xarxa elèctrica. N'hi van trobar un total de 20 en un total de vuit blocs de pisos amb centenars de vivendes, dels carrers Roure i Castanyer. Aquest no és el primer operatiu contra el 'frau elèctric' que viu aquest barri del sector Est de la ciutat de Girona, amb un gran percentatge de gent aturada i sense cap ajuda i on el 'batlle' ha dimitit per no poder-se pujar fins a 73.000 euros l'any el sou. Però és el primer de l'any 2016.

La España fascista y monárquica: La brecha social crece y aumenta la diferencia entre ricos y pobres


La salida de la estafa organizada por fascistas y plutócratas, si llega, no alcanzará a todos por igual, como aumentan los beneficios de las grandes fortunas de ladrones y defraudadores y crece la miseria de la mayoría de la población, sin trabajo, con salarios de miseria y sin ayudas sociales, saqueado el país por la conocida casta de franquistas y mafiosos desde las más altas instituciones hasta el último carterista.

El PP abre expediente a Ignacio González tras ser imputado por el ático de Estepona

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha abierto un expediente informativo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González tras ser imputado en el caso en el que se investiga la trama de su ático de Estepona. La apertura de este expediente informativo se produce a propuesta del Partido Popular de Madrid, después de que el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona citara a declarar en calidad de investigados a Ignacio González, a su mujer, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático que inicialmente tenía arrendado al exdirigente madrileño en la localidad malagueña de Estepona y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad.

Tras la propuesta de la organización regional, el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional ha decidido la apertura de un expediente informativo, lo que implica recabar la información necesaria para contrastar las acusaciones que pesan sobre el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre. El órgano disciplinario del PP no ha abierto un expediente disciplinario porque el informativo es el paso previo, con el fin de contrastar los datos y poder valorar el alcance del asunto, y también porque Ignacio González ni ostenta un cargo público ni un puesto orgánico en el PP.

Se trata, señalan las mismas fuentes, de un militante, por lo que no tienen por qué tomar de manera inmediata medidas cautelares ya que su actuación no puede perjudicar el bien común o los intereses de los ciudadanos. Una premura que sí se dio 'Génova' en la Comunitat Valenciana con los arrestado en el marco de la operación Taula debido a sus responsabilidades públicas y dentro del partido. En ese último caso, en el mismo día de la detención, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, a instancias del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, acordó la suspensión de militancia de las personas detenidas en el curso de esa operación policial desarrollada en la ciudad de Valencia y se les abrió expediente.

Según los estatutos del PP "desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado [...] se procederá a la apertura de un expediente informativo". La apertura de un expediente disciplinario, según matizan los estatutos del grupo popular, se abrirá "en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente".El pasado jueves, el vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, pidió a su partido que no hiciera distinciones con Ignacio González. No obstante, no respondió a si, a su juicio, el PP debería suspenderlo de militancia, porque dijo no conocer el detalle de este caso, y se limitó a defender que debe seguirse el mismo criterio que con otros al margen de los cargos que haya tenido.

En este sentido, Maroto apostó por seguir el mismo procedimiento en todos los casos "en los que se tiene constancia que se ha producido alguna irregularidad". "No conozco el detalle de este caso pero no hay razones para hacer ninguna diferencia", añadió, para recalcar que cuando una persona es imputada tiene que dar cuentas "y el partido tiene que tomar medidas".

De Público

Cifuentes destapa la corrupción millonaria de una fundación de Aguirre que favoreció a sus amigos


Las cuentas de la Fundación Arpegio entregadas ayer en la Asamblea de Madrid por parte de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, han puesto al descubierto, a tenor de lo que hoy publica El Mundo, el descontrol millonario de un organismo dependiente entonces de Esperanza Aguirre y de Francisco Granados, y que benefició, según la documentación, a amigos o de la órbita del PP. La Fundación daba los fondos sin fiscalizar y de muchos gastos han desaparecido las facturas y no existe siquiera justificación. La Fundación madrileña fue creada con la intención de ahorrar impuestos y estaba dotada por 10 millones de euros descontrolados, excepto por las órdenes de Francisco Granados y Esperanza Aguirre, según los testimonios de algunas personas contratadas.