dimecres, 6 d’abril de 2016

500 persones tallen la via per reclamar el soterrament a Montcada

Unes 500 persones, segons fonts de la Policia Local, han tallat aquest dimecres al vespre durant una hora el trànsit ferroviari de la línia R2 al pas a nivell del carrer Bogatell per mostrar la seva indignació per l’atropellament mortal d’un jove de Santa Coloma que ha tingut lloc aquest matí a l’alçada de l’estació de Montcada i Reixac. Abans d’aquesta mobilització ha tingut lloc una concentració a la Cruïlla del Soterrament, convocada per la Plataforma Tracte Just Soterrament Total (TJST) i l’Ajuntament en record de la víctima, la tercera del 2016 i la 165 en l’històric del municipi.

El portaveu de la Plataforma, Ramon Bueno, ha reclamat al Ministeri de Foment el compliment de l’acord signat el 2007, en què es va comprometre a soterrar la línia de Rodalies a la vegada que s’executaven les obres del Tren d’Alta Velocitat. “No podem tolerar més viure en un territori maltractat per infraestructures que al final es tradueixen en morts”, ha comentat. En aquest sentit també s’ha manifestat l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA-E), qui ha culpabilitzat Foment i l’Adif de ser “els responsables morals de les morts al municipi, unes pèrdues humanes que es podrien evitar fàcilment complint els acords”, ha dit l’edil. Campos també ha exigit a la Generalitat que inclogui el projecte del soterrament en el paquet d’inversions prioritàries a reclamar al govern central “perquè sinó, no ens en sortirem”.

A l’acte ha assistit l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlón, qui ha mostrat la seva solidaritat amb el poble de Montcada i amb la família del jove mort aquest matí. “És una infraestructura obsoleta que no es correspon amb les necessitats de Montcada”, ha expressat l’edil, qui ha insistit en la importància de treballar plegats els municipis del Besòs per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

De La Veu de Montcada

WikiLeaks: "EE.UU. financió el ataque de los 'papeles de Panamá' contra Rusia y Vladímir Putin".

El ataque dirigido contra Putin en relación a los llamados 'papeles de Panamá' —la filtración masiva de documentos financieros sobre empresas en paraísos fiscales— fue organizado por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como por el fondo de Soros, según ha comunicado WikiLeaks. "El ataque de los 'papeles de Panamá' contra Putin fue organizado por la OCCRP, tiene como objetivo Rusia y los países de la URSS y fue financiado por la USAID y Soros", ha anunciado WikiLeaks en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el portavoz de WikiLeaks, el periodista de investigación islandés Kristinn Hrafnsson, ha pedido que los 'papeles de Panamá' se publiquen por entero para que sean accesibles al público. Los documentos "deberían ser accesibles para el público general, de tal forma que cualquier persona, y no solo el grupo de periodistas que trabajan con los datos, pueda estudiarlos", sostiene Hrafnsson citado por 'Belfast Telegraph'. "La OCCRP estadounidense puede hacer un buen trabajo, pero el hecho de que el Gobierno de EE.UU. financiara directamente el ataque contra Putin con los 'papeles de Panamá', socava gravemente su integridad", ha comunicado WikiLeaks en otro de sus mensajes. "El Gobierno estadounidense financió la historia del ataque de los 'papeles de Panamá' contra Putin a través de la USAID", ha agregado WikiLeaks en otro mensaje..

El domingo pasado, se produjo la filtración masiva de los llamados 'Papeles de Panamá' –documentos financieros sobre paraísos fiscales– que han revelado la vinculación de 12 jefes de Estado y numerosas personalidades de ámbitos políticos, culturales y deportivos a sociedades opacas. Aunque el nombre de Vladímir Putin no aparece en ninguno de los documentos, muchos medios occidentales se han centrado en el presidente ruso como la principal revelación. "Hemos entrado en la última fase peligrosa de una campaña concertada de los medios de comunicación dirigida contra Rusia en general y en particular contra Putin", ha dicho el escritor y periodista estadounidense Robert Bridge en su artículo para RT. Según él, podría tratarse de "otro patético intento de arruinar la reputación del líder ruso".

El escándalo de los 'papeles de Panamá' es un intento de redirigir los grandes flujos financieros de las zonas 'offshores' o paraísos fiscales hacia EE.UU., opina el periodista y experto financiero alemán Ernst Wolff. Según Wolff, el hecho de que las filtraciones no afecten a ninguna empresa estadounidense, podría indicar que el escándalo es parte de una estrategia del país norteamericano.

Una característica asemeja a Panamá con EE.UU.: ninguno de los dos se sumó al compromiso de compartir información impositiva con las autoridades de otras naciones, como sí firmaron casi un centenar de Estados que respaldan los estándares propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello, la representante de la organización anticorrupción Testigo Global Stefanie Ostfeld advirtió tras la revelación de Panamá que EE.UU. también es una "jurisdicción secreta" al igual que varios países del Caribe. "EE.UU. es el patio de juego del dinero sucio del mundo", aseguró.

Mossack Fonseca, vinculado con al menos seis empresas de la trama Gürtel


El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca aparece vinculado con al menos seis de las empresas investigadas en el marco de la trama Gürtel, según se desprende de distintos documentos incorporados al sumario de la causa que investiga la red presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa. El nombre del despacho figura en la información facilitada por Suiza a la Audiencia Nacional en varias comisiones rogatorias que se remontan al año 2012 y se extienden hasta 2015.

10 partidos del Congreso denuncian al PP al TC por “despreciar la soberanía popular”

Un insólito y grave choque de trenes entre poderes del Estado se consumó a primera hora de la tarde de este miércoles al acordar el Congreso de los Diputados, con el apoyo del 65% de la Cámara -218 de los 335 diputados presentes en el hemiciclo- y en soledad del PP, plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno al negarse éste a someterse al control parlamentario so pretexto de hallarse en funciones. Los portavoces de los siete grupos proponentes, representantes de un total de diez partidos, coincidieron en aducir que el Ejecutivo incurre en “desprecio a la soberanía popular” con su rechazo a dicho control.

El gabinete de Mariano Rajoy empezó a sustanciar lo que los otros grupos llaman también “rebeldía” frente al parlamento cuando, el 17 de marzo, el ministro de Defensa rehusó asistir a la comparecencia que había acordado la Comisión correspondiente. La titular de Fomento hizo lo mismo este martes, y el de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hace unas horas que faltará asimismo al requerimiento que la Comisión de su ramo le había hecho para mañana. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sí comparecerá en cambio mañana, a petición propia, para explicar la desviación del déficit en 2015 y las medidas correctoras que el Gobierno aplicará a las comunidades autónomas para que alcancen sus objetivos de consolidación fiscal.

“Esto no es como un menú del que pueden rechazar los platos que no les gustan”, dijo al respecto el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, al defender su propuesta de conflicto de atribuciones. El diputado añadió que al Ejecutivo del PP “nunca le gustó el control”, lo que consideró “absurdo y aberrante”, y proclamó: “Hoy es el día de la dignidad del Parlamento y un mal día para el Gobierno y el PP”. Hernando consideró que, con su acción ante el TC, el PSOE y las demás formaciones proponentes (Podemos, Ciudadanos, ERC, DL, PNV y Mixto) están defendiendo “la esencia misma de la democracia, en contraposición al despotismo”. Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, afirmó que la actitud del Gobierno es “una agresión a la división de poderes y un escándalo para el Estado de Derecho”.

Juan Carlos Girauta, por Ciudadanos, se expresó en términos similares, y afirmó señalando a la bancada del Ejecutivo: “Les recuerdo que España es una democracia y opera la división de poderes. Ustedes han dejado a Montesquieu en funciones”. Jordi Xuclà, de Democracia i Llibertat, consideró que Rajoy y sus ministros “han creado un conflicto artificial y evitable que demuestra su pobre concepto de democracia representativa y denigra las instituciones”. El portavoz de ERC, Joan Tardá, aseguró que en su formación no están “sorprendidos” porque el rechazo de Rajoy y los ministros a comparecer ante el parlamento “forma parte de su ADN”, aunque agregó que ése es también el caso del PSOE.

Todos los grupos firmantes del conflicto de competencias destacaron el hecho de que el Ejecutivo, en contra de lo que sostiene, no está en realidad limitándose a la gestión del día a día sin adoptar decisiones políticas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo había señalado en un debate anterior al referirse a la ejecución de gastos pòr importe de 3.500 millones de euros y a la polémica prórroga de 60 años concedida a la papelera Ence en la adjudicación de unos terrenos en Pontevedra. “Un gobierno en funciones no es un gobierno descontrolado”, añadió Sánchez. En representación del PP, José Antonio Bermúdez de Castro insistió en los argumentos gubernamentales en el sentido de que el Ejecutivo no puede sujetarse al control una actividad política que no ejerce ni puede ejercer. “¿Por qué pretenden un control más allá de lo que permite la ley?”, se preguntó. Y respondió que el “único objeto” es “desgastar al Gobierno y convertir la Cámara en un escenario de precampaña electoral”.

De La Vanguardia

La Cámara de Cuentas acusa a Ana Botella por la venta de pisos protegidos a fondos buitre

El Ayuntamiento de Madrid que gobernaba Ana Botella (Partido Popular) "vulneró las más elementales reglas de buena gestión" en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros, según el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es. El dictamen que fiscaliza esta macrooperación inmobiliaria destapa a lo largo de 66 páginas un rosario de irregularidades por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en la enajenación de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra. El organismo fiscalizador sostiene que no hay pruebas de la intermediación de una empresa que cobró 2,4 millones de euros como comisión.

La Cámara de Cuentas revela que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013. La Cámara sospecha que la decisión de vender estas promociones se tomó "como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013". En otras palabras, "no hubo concurrencia pública" a la hora de vender esa cartera de pisos sociales porque con cuatro fondos aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese público.

El informe va mucho más allá y recuerda que la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones, "saltándose no solo las normas internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector Público", así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación y que "ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar". La conclusión de la Cámara de Cuentas es demoledora: la empresa pública municipal en la venta a los fondos buitres "no solo ignoró las normas de contratación" sino también "los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

La catarata de reproches del órgano fiscalizador al Gobierno de Ana Botella duda incluso de que la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, que percibió casi 2,4 millones de euros por mediar en la operación entre la sociedad pública y los fondos buitres, hiciera su trabajo. Sostiene que la única prueba que existe en la documentación pública son las facturas de cobro. Lo dice la Cámara de Cuentas con estas palabras: "No queda otra constancia de la intermediación realizada, que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18 promociones asciende a 2.397.775 euros".

Para cerrar el negocio, el Ayuntamiento echó mano de este supuesto intermediario. La Cámara de Cuentas dice que el Ayuntamiento pagó la comisión por la venta de viviendas a Fidere, basándose en que la había contratado en 2012 para intentar vender unos solares. Podía ganar como comisionista un máximo de 2,26 millones de euros. Aunque ese contrato "parece no tener relación" con las casas ya que no eran los inmuebles listados, la EMVS se fundamentó en ese contrato para abonarle los pagos por intermediar con Fidere en las 18 promociones.

En su repaso del proceso, Cuentas llega a concluir que cuando inició el proceso de venta la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo "desconoce el valor objetivo del mercado de los bienes a enajenar, ha renunciado a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologada". De hecho, lamenta que los inmuebles se vendiesen por 30,5 millones menos del valor que establecía la propia empresa municipal. El dictamen censura que el Ayuntamiento de Madrid haya esgrimido una valoración de PWC (Pricewaterhousecoopers), una empresa auditora que asesoró a la empresa adjudicataria. Según el informe de la Cámara de Cuentas, "carece de la condición de informe técnico la valoración hecha por Price Waterhouse Cooper, que no solo carece de validez como tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar según sus propias manifestaciones, sino que además se revelará en la fase de negociación posterior con la que resultaría adjudicataria, como asesora de esta última".

El órgano fiscalizador recuerda que la venta de 18 promociones de vivienda a Fidere, las dos sociedades del fondo buitre Blackstone, "contraviene el reglamento de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado en 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento". Ana Botella siempre sostuvo que los inquilinos de los pisos adjudicados al fondo buitre no verían cambios en su vida más allá del titular del recibo de alquiler. Sin embargo, en varios casos, Fidere subió de golpe el precio anual hasta un 40%: de 4.388 euros se pasó a otra renta de 6.183 euros al año. Se les daba un par de años para adecuarse al nuevo contrato. También se menoscabó la estabilidad de los alquileres gestionados por las sociedades de Blackstone: los contratos nuevos eran por un año (antes dos) con posibles prórrogas.

Entre los reproches de la Cámara al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella, incluye que tras el traspaso de titularidad, la institución no hiciese un seguimiento del carácter social de esos pisos. Critica que no se estableciera una "comisión o instrumento adecuado y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones que esta se ha subrogado". Es decir, que no se ha velado por el beneficio social que entrañan las promociones de vivienda pública de la EMVS. Además, los vecinos de algunas de estas casas han podido ver cómo la nueva dueña está utilizando sus hogares como garantía para pedir préstamos. Fidere ha avalado créditos hipotecarios con promociones de las que se llevó en la venta masiva de la empresa municipal.

De diario.es

El cannabis sigue siendo la droga más consumida en la UE

Europol y el Observatorio Europeo de la Droga y Toxicomanías (OEDT) han presentado en Bruselas su informe sobre el mercado de las drogas ilegales en Europa. Según este documento los europeos gastan 24.000 millones de euros cada año, es una de las actividades más rentables del crimen organizado. El cannabis sigue ocupando el primer puesto, 22 millones de europeos consumen esta droga. Le siguen la heroína y la cocaína. Los traficantes diversifican el negocio llegando a relacionarse con otras actividades e incluso con el terrorismo. “Hemos visto casos de grupos criminales muy emprendedores que se adaptan de un día para otro, de una semana a otra. Trafican con pequeñas cantidades de droga y otras veces se implican en el negocio del tráfico de inmigrantes y viceversa”, ha dicho el director de Europol, Rob Wainwright.

El informe trambién destaca que internet facilita el acceso a estas sustancias y donde algunas drogas se veden como legales. Según el director del observatorio europeo, Alexis Goosdeel, el mercado de las drogas de diseño está evolucionando rápidamente: “El año pasado descubrimos 100 sustancias nuevas psicoactivas, lo que significa que aproximadamente hay 2 sustancias nuevas cada semana. Pero si se compara con hace unos 10 años, no existía ni una sustancia nueva por semana”.

Tras varios años en los que ha descendido la disponibilidad de heroína, ahora vuelve gracias a la disminución del precio y a una mayor pureza. Esta droga es la responsable de una proporción notable de muertes, reconoce el informe, y de grandes costes sociales.

De Euronews

EEUU impulsó el cultivo de coca en Perú


Estados Unidos impulsó el cultivo de la coca en los Andes peruanos a comienzos del siglo XX, con el objetivo de enfrentar la competencia de los mercados asiáticos y ante la demanda de materia prima por parte de la floreciente Coca-Cola, señala un ensayo recientemente editado en Argentina. Las cadenas productivas de cultivo y comercialización de coca eran monopolizadas hasta entonces por los holandeses desde sus colonias del sureste asiático y por los comerciantes japoneses, sus principales competidores, afirma el historiador estadounidense Paul Gootenberg, en el ensayo “Cocaína Andina-El proceso de una droga global”.

8 exdirectivos de la CAM a juicio por la quiebra fraudulenta

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este miércoles la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, el pago de responsabilidades civiles por importe de 1.592 millones de euros. La magistrada sienta en el banquillo al expresidente Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

También serán juzgados por estos mismos delitos el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. En cuando al exdirector general Roberto López Abad la magistrada le acusa en su caso de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Procede, además, contra los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa a los que acusa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva. En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

De El Economista

22.178 malalts esperaren entre 91 dies i un any per a un examen mèdic i 2.288 superaren l'any.

Uns 8.414 gironins estaven en llista d'espera per fer-se una prova diagnòstica a finals de desembre del 2015; un 12% més que al 2014, quan eren 7.515 les persones de Girona que esperaven exploracions com un TAC, una mamografia o una colonoscòpia. En el conjunt de Catalunya, es va tancar l'any amb 117.235 persones en espera, un 14,7% més que fa un any, si bé cal remarcar que al 2014 el registre per comptabilitzar aquesta qüestió estava en fase de desplegament i no tots els centres van informar de les proves realitzades, segons el Departament de Salut. Segons les dades de Salut, 22.178 catalans van haver d'esperar entre 91 dies i un any per a un examen mèdic i 2.288 van superar l'any.

La llista feta pública pel Servei Català de la Salut (CatSalut) inclou proves com les ressonàncies magnètiques, les gammagrafies o les ecografies abdominals i urològiques, proves que tenen una prioritat ordinària de 90 dies -30 si la seva situació és preferent- i que es fan servir per fer un diagnòstic, no per seguir una patologia ja reconeguda. Així, no hi entren ni les proves diagnòstiques urgents, atesa la seva immediatesa; ni les exploracions de control o seguiment ni les proves de cribratge com les mamografies que es realitzen dins el Programa de detecció precoç del càncer de mama. El temps mitjà per sotmetre's a aquests exàmens mèdics a la regió sanitària de Girona és de 40 dies (el 2014 eren 35), tot i que hi ha diferències importants segons el tipus de prova i el centre. Per exemple, el temps mitjà per accedir a una prova diagnòstica a l'hospital Josep Trueta de Girona és de 56 dies, a l'hospital de Figueres, de 62 i al de Blanes, de 21.

Pel que fa a les proves diagnòstiques amb més llista d'espera a la regió sanitària de Girona, destaquen les ressonàncies magnètiques -que acumulen 2.000 pacients i 62 dies d'espera de mitjana- i les ecografies abdominals -1.288 pacients, amb una espera mitjana de 37 dies. Entre les proves que acumulen més temps d'espera hi ha les ressonàncies magnètiques a l'hospital de Figueres (124 dies), les ergometries i ecografies urològiques a l'hospital de Campdevànol (100 i 90 dies, respectivament) i els polisomnogrames a l'hospital Santa Caterina de Salt (96 dies).

Esperes de més d'un any

Malgrat la reducció de les llistes d'espera quirúrgica -Catalunya va tancar el 2014 amb un 4% menys de pacients esperant una operació que al 2014-, l'accés a les proves mèdiques i a l'especialista -veure la peça adjunta- són encara un tap per entrar al quiròfan, ja que són el pas previ. Segons les dades de Salut, 22.178 catalans van haver d'esperar entre 91 dies i un any per a un examen mèdic i 2.288 van superar l'any.

Per intentar pal·liar aquesta situació, durant la presentació de les llistes d'espera del 2015 aquest dilluns, el conseller de Salut, Toni Comín, va anunciar un pla de millora per reduir els temps d'espera a la sanitat pública que queda supeditat a l'aprovació d'uns nous pressupostos per aquest any. El cost del pla és d'uns 100 milions d'euros i d'acord amb la previsió de Salut, l'activitat addicional suposaria reduir a la meitat l'espera en proves diagnòstiques, i en consultes externes, passar de 163 dies d'espera mitjana a 82.

De Diari de Girona

13.700 gironins esperen per ser operats


Gairebé 13.700 gironins estan en llista d'espera per sotmetre's a una intervenció quirúrgica. Segons les dades que ahir va fer públiques el Servei Català de la Salut (CatSalut), la xifra és quasi idèntica a la del 2014, quan van ser 13.705. A 31 de desembre de 2015, 183 pacients de la regió sanitària de Girona estaven a l'espera d'un procediment de cirurgia oncològica; 3.626 d'una intervenció de cataractes, pròtesis de genoll i maluc i 9.787 d'alguna de les operacions que no tenen un temps d'espera garantit però si un termini de referència, i que van des de cateterismes cardíacs i artroscòpies a vasectomies, varius o fimosi.

Barcelona es personarà contra els abusos als Maristes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que l'Ajuntament es personarà en el cas dels presumptes abusos sexuals comesos pel professor de gimnàstica Joaquin Benítez a l'escola de Sants-les Corts dels Maristes, ha explicat en declaracions a Onda Cero. El consistori actuarà "a favor de les víctimes", ja que el col·legi rep fons públics per ser concertat, segons ha publicat aquest dimecres El Periódico. Colau ha criticat que els presumptes abusos sexuals ocorreguts en les escoles dels Maristes han estat "encoberts i silenciats" pel centre.

Més enllà, ha lamentat que es tracta d'una de les agressions més greus que es poden donar "i que encara gaudeixen de molta impunitat", i ha defensat personar-se en el cas per aconseguir que s'arribi fins al final. Colau ha explicat que es va reunir amb el pare de l'alumne agredit per Benítez, que va destapar el cas, i ha recordat que el professor ha confessat els delictes que se li atribueixen.

De Nació Digital

Segunda denuncia femenina por abusos en colonias contra el mismo marista


Una mujer ha denunciado a los Mossos d’Esquadra los abusos que sufrió durante una excursión a la nieve organizada por los Maristas del colegio de la Inmaculada del Eixample de Barcelona. La víctima ha identificado al hermano P.F. como su agresor. Contra este profesor de Religión ya existía otra denuncia presentada por otra mujer, avanzada por este diario. P.F., que actualmente tiene unos 70 años, se encontraba hasta hace un mes todavía en activo y en contacto con menores, ejercía de encargado de mantenimiento en el colegio que la orden religiosa tiene en Girona.

Grandes grupos hoteleros administraron parte de su patrimonio desde Panamá

Las familias propietarias de tres de los principales grupos hoteleros españoles utilizaron sociedades y cuentas en paraísos fiscales vinculadas a la firma panameña Mossack Fonseca, según revela este miércoles El Confidencial uno de los dos medios españoles que ha tenido acceso a los 'papeles de Panamá'. Según este medio, que aporta varios documentos, la familia Escarrer, accionista principal del Grupo Sol Meliá; la familia Martinón, con varios hoteles en el Caribe, y la familia Riu, con más de 100 hoteles, utilizaron sociedades vinculadas al bufete de abogados panameño para administrar parte de su patrimonio.

El Grupo Meliá ha explicado que la familia Escarrer se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy y recalca que "la situación fiscal y patrimonial" de Gabriel Escarrer, máximo dirigente del grupo hotelero actualmente, y de la familia "se encuentra regularizada desde hace tiempo, habiendo declarado frente a las autoridades tributarias las cuentas bancarias situadas en el extranjero", y no han querido dar más aclaraciones. En una de las cuentas citadas por El Confidencial, llamada Trist 29, registrada en el paraíso fiscal de la isla británica de Jersery, dedicada a la administración de los bienes de Gabriel Escarrer Juliá, aparecen entre sus directores los abogados Jugen Mossack y Ramón Fonseca.

El saldo de esta cuenta osciló entre los 10 y los 12 millones de dólares en el 2013. Un año después de que Escarrer Juliá dejó las riendas del negocio hotelero a su hijo, Escarrer Jaume, esa cuenta se canceló. El grupo recalca que estas gestiones forman parte de la esfera patrimonial privada del presidente, aunque El Confidencial destaca que varias de las facturas del bufete de abogados fieron remitidas a altos ejecutivos de la hotelera.

En el caso de Enrique Martinón se citan dos empresas offshore regentadas en Panamá, Kanland International y Cedros Business, pese a que esta familia no tiene hoteles en ese país. La familia ha explicado al periódico digital que en el 2011 pidieron que se integraran estas expresas en su filial española Los Geranios y recalcan que los resultados de Kanland y Cedros figuran en las cuentas consolidadas del Grupo Martinón. Respecto a la familia Riu, se explica que del 2004 al 2009 hay registro de contactos con Mossack Fonseca a través de un abogado de confianza, y que hay "un puñado de sociedades con sede en las Islas Vírgenes, Jersey, Niue y Panamá -donde Riu tiene un hotel- que aparece en listas de pagos, si bien se desconoce su actividad". El diario digital recalca que la familia Riu no ha dado respuesta a la petición de su versión.

De El Periódico


Baleares aprueba una renta de 429 a 776 € para familias sin recursos

El pleno del Parlament aprobó ayer definitivamente la Ley de Renta Social Garantizada, por la que se establece como un derecho unos ingresos mínimos a cargo del Govern, con el voto a favor de todos los grupos a la mayor parte del texto, aunque la oposición se abstuvo o votó en contra de los artículos en los que mantenían enmiendas, en su mayor parte tendentes a vincular esta renta con la inserción social o la laboral. La Ley entrará en vigor dentro de un mes y será entonces cuando los beneficiarios que cumplan con los requisitos podrán solicitar esta ayuda. "Es una Ley por la que se garantiza un mínimo de subsistencia", resaltó la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en su defensa de la normativa. Santiago recordó que la implantación de esta renta será "progresiva". Así, este año podrán solicitarla las familias sin ingresos con hijos a su cargo y en próximos ejercicios se irán incorporando el resto de ciudadanos de Balears que no cuenten con unos ingresos mínimos.

La prestación básica mensual será de 429 euros, cantidad que irá aumentando en función de los menores que haya en el núcleo familiar con un máximo de 776,58 euros. Para este año, el Govern destinará 20 millones de euros a esta renta, con los que espera que se beneficien unas 3.000 familias sin recursos, de tal modo que cubrirá las necesidades de entre 9.000 y 12.000 personas, dependiendo de los miembros del núcleo familiar. "La renta social garantizada es un pequeño avance que se hace desde un país pequeño y mal financiado y que supone lanzar el contundente mensaje de que no nos conformamos y queremos seguir avanzando en derechos", afirmó Santiago. Resaltó que se trata del "segundo derecho social" para los ciudadanos de Balears, después del derecho a la información que recogió la Ley de Servicios Sociales de 2009.

Santiago dejó claro que esta renta social garantizada no es un instrumento de reinserción social ni laboral, para lo cual existen otras ayudas, ya que sus destinatarios no son personas que tengan un problema de inserción, sino "un problema de falta de ingresos", una situación a la que la crisis ha conducido a muchas personas. Este ha sido el motivo para rechazar parte de las enmiendas de la oposición, que de algún modo vinculaban ambas cuestiones. Sandra Fernández, del PP, insistió por ejemplo en que en el futuro se pudieran "unificar" esta renta con la renta de inserción y que las gestionaran los consells insulars, que "tienen estructura para hacerlo" y se "optimizarían los recursos". Además, defendió que la administración debe ayudar a las personas a encontrar un trabajo. Fernández, no obstante, dejó claro que se trata de una Ley necesaria, aunque "mejorable".

En este sentido, criticó especialmente que el Pacto no aceptara las enmiendas del PP por las que pedían que la Ley incluyera la obligación de que la renta esté totalmente implantada en esta legislatura. "Esta es nuestra principal crítica, porque al margen de discrepancias con la filosofía de la Ley compartimos el objetivo, pero ustedes tenían un compromiso que incumplen al no aceptar que se garantice que la aplicación total se produzca en un máximo de tres años", dijo Fernández al PSOE, Més y Podemos.

Por ello, el PP optó por la abstención o el voto en contra en los artículos a los que afectaban sus enmiendas. La misma postura adoptó El Pi y Ciudadanos, para quien el Govern tiene la obligación de "ayudar a la empleabilidad" estableciendo "planes personalizados de búsqueda activa de empleo" para los beneficiarios de esta ayuda. Los partidos del Pacto, que celebraron la aprobación de esta Ley como "histórica", coincidieron en insistir en que esta renta no se crea con los objetivos de reinserción social y laboral.

Por otro lado, el pleno del Parlament aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por Més para incentivar y facilitar las iniciativas populares en los ayuntamientos. Asimismo se aprobó, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Podemos, la moción del PP por la que se insta al Govern a "trabajar para mantener" las dos redes de centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, los centros públicos y los centros concertados, y poner medios para que los padres puedan ejercer la libre elección de centro.

Mossack Fonseca, vinculado con al menos seis empresas de la trama Gürtel

El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca aparece vinculado con al menos seis de las empresas investigadas en el marco de la trama Gürtel, según se desprende de distintos documentos incorporados al sumario de la causa que investiga la red presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa. El nombre del despacho figura en la información facilitada por Suiza a la Audiencia Nacional en varias comisiones rogatorias que se remontan al año 2012 y se extienden hasta 2015. En la mayoría de los casos, la documentación remitida por las autoridades helvéticas incluye las escrituras de constitución de estas compañías, en las que Mossack Fonseca reza como agente residente.

La legislación panameña requiere que todas las sociedades anónimas creadas en el país tengan un agente con domicilio en la República de Panamá para poder actuar. Mossack Fonseca realizó este servicio para dos de las empresas de Correa, Roseport Holding Group y Golden Chain Properties, de las cuales era beneficiario último el cabecilla de la Gürtel, según informes de la instrucción. También para una tercera, Mall Bussines, que según los datos que obran en la causa tendría como beneficiario al exdirigente del PP de Galicia Pablo Crespo.

Otras de las compañías vinculadas con el bufete panameño es Itelsa Development Group Corp, donde también figura Correa, en este caso como apoderado y en compañía de otro de los investigados, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'. Las comisiones rogatorias incluyen también los poderes otorgados por Correa para que el suizo Arturo Fasana, gestor de patrimonios radicado en Ginebra y dueño de Rhône Gestion, administrara las cuentas abiertas en bancos suizas a nombre de la mayoría de estas empresas. Fasana se ocupaba, además, de la gestión de otras dos compañías de la trama Gürtel: Telsa Associates Incorporated y Monasterio.

De Público

Los papeles de Panamá o la evidencia de un sistema podrido


Cau el govern islandès per l’escàndol dels ‘papers de Panamà’. Oleguer Pujol, també als papers de Panamà. El fascista Le Pen sacó 2,2 millones de Francia. Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a crear sociedades en Panamá. Kremlin: "Continuarán las publicaciones contra Putin y Rusia". El padre de David Cameron dirigió un fondo para evitar el pago de impuestos en Gran Bretaña. Pilar de Borbón y sus negocios sucios... El neoliberalismo y algunos de sus oligarcas más destacados al descubierto, aunque las ausencias apuntan claramente a una manipulación y selección de objetivos hasta el momento. Y la tormenta acaba de empezar.