divendres, 5 d’agost de 2016

700 gironins més que fa mig any en llista d'espera per a una prova diagnòstica

9.105 gironins estan en llista d'espera per fer-se una prova diagnòstica. Segons les dades que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha fet públiques recentment, es tracta de 691 persones més que fa mig any a la demarcació de Girona. En concret, això ha suposat un increment percentual de més del 8% perquè a finals del 2015 hi havia 8.414 gironins en llista d'espera per a una prova diagnòstica, mentre que el 2014 hi havia 7.515 persones. En data 30 de juny d'aquest any, la prova que acumula més pacients -entre els diferents centres de Girona del CatSalut- és la ressonància magnètica.

La llista d'espera dels diagnòstics inclou proves com les ressonàncies magnètiques, les gammagrafies o les ecografies abdominals i urològiques. Es tracta de proves que tenen una prioritat ordinària de 90 dies -de 30 dies si la seva situació és preferent- perquè s'utilitzen per fer un diagnòstic i no per seguir una patologia ja reconeguda. Per tant, en la llista d'espera no entren ni les proves diagnòstiques urgents, atesa la seva immediatesa, ni les exploracions de control o seguiment ni les proves de cribratge, com les mamografies que es fan dins el programa de detecció precoç del càncer de mama.

El temps mitjà per sotmetre's a un examen mèdic a la regió sanitària de Girona és de 39 dies (fa mig any es tractava de 40 dies i el 2014 de 35 dies). Tot i això, hi ha diferències importants segons el tipus de prova i el centre. Per exemple, el temps mitjà per accedir a una prova diagnòstica a l'hospital Josep Trueta de Girona és de 55 dies, a l'hospital de Figueres de 67 dies i a l'hospital de Blanes de 13 dies.

Pel que fa a les proves amb més llista d'espera a la demarcació, destaquen la ressonància magnètica (que acumula 1.704 pacients i 56 dies d'espera de mitjana), l'ecografia abdominal (amb 1.308 persones i una espera mitjana de 37 dies) i l'ecoradiografia (amb 1.135 pacients i 58 dies d'espera). Entre les proves que tenen un major temps d'espera hi ha la ressonància magnètica i l'ergometria a l'hospital de Figueres (137 i 97 dies respectivament), la colonoscòpia a l'hospital de Palamós (102 dies), l'ecoradiografia al Trueta (98 dies) i l'ecografia ginecològica a l'hospital Santa Caterina de Salt (també 98 dies).

Les dades d'espera dels diagnòstics s'han fet públiques poc després que el CatSalut hagi difós les dades d'espera de les intervencions quirúrgiques (ambdues amb data juny d'aquest any). En el cas de les operacions, també ha augmentat la llista d'espera perquè ara hi ha 14.461 gironins pendents d'intervencions, mentre que a finals del 2015 hi havia 13.672 persones.

El PSOE: "no va indultar la corrupción de Rajoy" con su abstención

La dirección del PSOE rechaza la presión de PP y Ciudadanos y se mantiene firme en su posición de votar no a la investidura de Mariano Rajoy y la caterva corrupta del PP tras las elecciones del 26-J. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha dicho que, si el PP tiene "la ensoñación de quebrar a los dirigentes del PSOE, que pierda toda la esperanza", porque su formación "no ha cambiado de opinión" y votará en contra de Rajoy. Hernando ha subrayado que el PSOE y sus 85 diputados "no indultarán a Rajoy con su voto o abstención", sino que defenderán "la autonomía política del PSOE, le pese a quien le pese y cueste el trabajo que cueste". El portavoz parlamentario ha dicho que hace tres años el PSOE pidió en el Congreso la dimisión de Rajoy por el caso Gürtel y la "trama de financiación ilegal que rodea al PP y sus principales dirigentes, por los SMS a Bárcenas, por los sobresueldos, por los sobres, el dinero negro y la caja B". Así, ha mantenido que lo que en aquel entonces eran "pruebas" hoy son "evidencias y procesos penales" que en los próximos años afectarán a "muchos dirigentes del PP".

"Vamos a cumplir nuestra palabra porque ninguno de los ciudadanos que nos votó espera que el PSOE apoye o se abstenga con Rajoy", ha incidido. "No vamos a aceptar consejos de los dirigentes del PP, un partido procesado por corrupción y financiación ilegal", ha dicho Hernando a los periodistas en Almería y ha incidido en que "todos los socialistas" van a "seguir unidos en el no a Rajoy".
"Rajoy no ha sido capaz de sumar ni un solo apoyo, ni un solo voto, no tiene quien lo acompañe en la investidura: está en la soledad absoluta"

Antonio Hernando ha manifestado que el presidente en funciones y candidato del PP no es la "persona adecuada" para ser presidente por la "corrupción que lo rodea a él y a su partido", aunque ha dicho respetar el resultado de las urnas. "El PSOE ha reconocido que Rajoy era la persona legitimada para intentar la investidura: tiene el deber y el derecho de intentar ser investido, porque su partido y él han ganado con claridad", ha añadido. El socialista ha recordado que el PP ganó las elecciones el 26 de junio y que Rajoy recibió el encargo de presentar un programa de gobierno en el Congreso el pasado 28 de julio. "Han pasado 39 días desde el 26-J y siete días desde el 28 de julio, y en todo este tiempo Rajoy no ha sido capaz de sumar ni un solo apoyo, ni un solo voto, no tiene quien lo acompañe en la investidura: está en la soledad absoluta".

Asimismo, se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, quien ha mostrado su apoyo a la propuesta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de abrir un proceso de diálogo interno en el partido. "Lo único que digo es que en el último Comité Federal se estuvo debatiendo durante siete horas. Si es necesario más debate porque alguien ha cambiado de opinión, habrá más debate, pero no creo que ningún dirigente del PSOE vaya a cambiar de opinión, porque ninguno va a querer indultar a Rajoy con su voto o abstención", informa Público.

La UE sancionará a España con 6.100 millones si no hay pactos


El precio de que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera no alcancen pactos a partir de hoy tiene, entre otras consecuencias, un alto coste económico y de reputación internacional para la ya desprestigiada marca España. El Gobierno en funciones considera inevitable una sanción europea a España de 6.100 millones si no hay pactos entre los líderes políticos que permitan presentar un Presupuesto a Bruselas el 15 de octubre. «Esta vez se ha podido parar la multa, pero la próxima en octubre sería ya imparable», aseguran fuentes gubernamentales. En esa fecha, el Gobierno de ese momento debe presentar un Plan Presupuestario de Ingresos y Gastos a Bruselas que pruebe que se van a adoptar las medidas con las que España logró frenar la multa el pasado 27 de julio. Ese plan sólo puede basarse, para tener credibilidad, en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 que, a su vez, es sólo posible si hay un Gobierno operativo en septiembre.

El auditor apunta a Rato como responsable del 'caso Bankia'

El auditor de Bankia apunta a Rodrigo Rato como uno de los responsables del presunto fraude cometido contra las personas que invirtieron en la salida a Bolsa de la entidad, en julio de 2011. Francisco Celma, socio auditor de Deloitte en el grupo BFA-Bankia y la persona que revisó las cuentas del banco antes de su estreno bursátil, remitió, el pasado lunes, al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Fernando Andreu, un escrito de 27 páginas alegando que la elaboración y presentación de las cuentas son "trabajos propios y exclusivos de los administradores".

Celma descargó así la responsabilidad de la presunta falsedad de las cuentas en Rato y en el equipo que trabajó con el ex vicepresidente del Gobierno durante su presidencia en Bankia. La representación legal de Celma tomó como referencia la Ley de Sociedades de Capital para inculpar a los administradores de la entidad en aquella época -Rato fue el presidente entre 2010 y 2012-, alegando que dicha norma advierte de que "la obligación de la elaboración, formulación o presentación de las cuentas anuales o estados financieros es exclusiva de los administradores, quedando limitado el papel del auditor a la verificación de las mismas".

Celma fue imputado el pasado mes de mayo, junto con la firma Deloitte -últimas imputaciones tras cuatro años de instrucción-, a petición de la Confederación Intersindical de Crédito y el colectivo 15MpaRato, por presuntos delitos de falsedad contable y estafa relacionados con el fraude que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 4. En el escrito remitido al juez, al que tuvo acceso este diario, la representación legal del auditor alega que la elaboración de las cuentas implicó a "un nutrido grupo de profesionales".

El socio auditor de Deloitte calificó de "excesivo" el hecho de su imputación, aunque reconoció que su postura pudo haber sido "un comportamiento imprudente" y "una aplicación desacertada de los criterios contables". En este sentido, no pasó por alto apuntar la responsabilidad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que "todos" sus trabajos "fueron desarrollados en estrecha y directa coordinación" con ambos supervisores. Precisamente, el pasado 1 de julio, el juez rechazó la imputación de personas vinculadas al Banco de España y a la CNMV, pese a citar como investigado a Celma. Es por ello que el auditor aprovechó el escrito para advertir de que "la única forma en que el socio auditor hubiera podido participar en la elaboración de unos estados financieros falsos sería bajo la premisa de un concierto con los reguladores".

También, denuncia que funcionarios "habrían participado por omisión en el delito de estafa". "Deloitte actuó en todo momento a petición del regulador y colaborando con él", asegura, justificando así que "sobre ese hecho no puede tratar de construirse ahora el dolo de la falsedad contable y mucho menos el de la estafa de inversiones". El auditor recuerda que el Banco de España es "la máxima autoridad en todo lo relativo a la normativa contable" y que "los trabajos encargados a Deloitte lo habían sido a instancias" de los supervisores.

Celma advierte de que "el Banco de España realizó una continua e intensa supervisión de la operativa [en referencia a la salida a Bolsa] y de los estados contables del grupo, hasta el punto de que la labor inspectora adoptó la modalidad de seguimiento continuado". La representación legal de Francisco Celma recuerda que, en 2011, estuvieron trabajando en Bankia "12 o 13 inspectores de modo permanente" y "con una intensa coordinación con el auditor".

El gobierno ilegítimo y fascista de Rajoy pretende privatizarlo todo antes de ser pateado

Desde el Ministerio de Economía y Hacienda -cuartel general del fascismo monárquico corrupto del PP-, que dirige el incompetente y embustero compulsivo Montoro, se ha contactado por escrito a ayuntamientos de toda España instando al cierre de algunas empresas municipales que, dependiendo directamente de la corporación local correspondiente, tenían como objetivo la prestación de servicios públicos esenciales a la ciudadanía y que debieran estar garantizados con independencia de residir en grandes ciudades o en los pequeños pueblos que bañan la geografía española. La propuesta de la banda criminal franquista da a entender que los servicios que reciben los ciudadanos, únicamente se han de analizar bajo criterios de rentabilidad puramente económicos y que sean gestionados por empresas privadas, que casi siempre mantienen vínculos de intereses comunes con la organización criminal y mafiosa del PP que usurpa el Gobierno del Estado.

Desde el Sector de la Administración Local de FSC-CCOO se denuncia que los servicios afectados son tan variados como las escuelas de 0 a 3 años, empresas municipales de transporte, empresas municipales de promoción de la cultura, etc. Servicios que ayudan a ciudadanas y ciudadanos a conciliar su vida familiar y laboral, que garantizan una movilidad dentro del territorio del Estado Español, que permiten fijar población rural favoreciendo un desarrollo económico social, sostenible e igualitario para toda la ciudadanía de forma equilibrada y sostenible. ¿Qué sucederá si localidades como Valencia, Alicante se ven “instadas” a cerrar su empresa municipal de transportes? ¿Qué ocurrirá si Mieres del Camino con menos de 50.000 habitantes pero distribuidos en más de 15 núcleos de población no pueden contar con servicio público de transportes?

Además, se da la circunstancia de que el mismo gobierno que insta al cierre de estas empresas municipales, trata de obstaculizar a aquellos consistorios, como Alzira, que han procedido al cierre integrando dichos servicios en el propio Ayuntamiento (con importantísimos ahorros económicos): pues bien, es el gobierno quien ha impugnado esos procesos; parece que el objetivo no es el gasto, es la privatización. Hacer negocio con los servicios públicos. Los servicios públicos no deben de valorarse bajo parámetros exclusivos de rentabilidad económica, pues cumplen una función social que, una vez más, con este acto, el Gobierno en funciones parece obviar.

Al final, la propuesta del Ministerio de Económica y Hacienda da a entender que los servicios que reciben los ciudadanos, únicamente se han de analizar bajo criterios de rentabilidad puramente económicos y que sean gestionados por empresas privadas, que en muchas ocasiones mantienen vínculos de intereses comunes con el partido político al frente del Gobierno que acaban siendo puertas giratorias para empresas y partidos políticos.

Desde Comisiones Obreras recuerdan que, como bien ha resuelto el Tribunal de Cuentas, la gestión pública es más barata que la gestión privada, con simplemente ahorrarse el beneficio empresarial, y por tanto ¿para qué se dictan y a qué responden, estas instrucciones del Ministerio de Economía y Hacienda? ¿Para favorecer y atender las demandas y derechos de los ciudadanos y ciudadanas o para satisfacer el constante afán de empresas y multinacionales de seguir incrementando sus beneficios a costa de las trabajadoras y trabajadores? En el sindicato entienden que estas medidas esconden bajo la excusa del “reajuste de déficit público” que, ciudadanos y ciudadanas además de pagar sus impuestos, detraigan, pagando más por los servicios públicos, de sus salarios, los beneficios que en despachos cerrados acuerdan los gobiernos y las empresas.

Pero si quisiéramos centrarnos únicamente en las cuestiones de déficit público, resulta extraño que se castigue únicamente a las corporaciones locales, cuando en su conjunto y tras un importante esfuerzo de los empleados y empleadas púbicas, y de sus equipos de gobierno, no solo no tienen déficit en sus cuentas, sino que arrojan un superávit de casi el 0,5%, frente a un déficit del conjunto de administraciones del 5,2%. Y, ¿qué queda para los trabajadores y trabajadoras, empleados y empleadas públicas? pasar a engrosar las listas de desempleo o realizar el mismo trabajo bajo unas condiciones de jornada y salario ínfimos.

Desde CCOO reclaman que "se haga un estudio de viabilidad de los servicios desde el punto de vista social como servicio público y no solo económico, que las ciudadanas y ciudadanos disfruten de unos servicios públicos de calidad, que se mantengan los niveles de empleo y las condiciones laborales en estos servicios, definiéndose el periodo transitorio para ajustar y corregir posibles desviaciones económicas, porque los servicios que son de titularidad pública y gestionados por las administraciones son la garantía que tiene la ciudadanía de que estos sean los servicios más eficientes y que respondan a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, así como ser los garantes de que se cumplen las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores que los gestionan", informa Público.

El PP hizo del Metro de Madrid un coladero de enchufados y robo a mansalva

Altos cargos de la Comunidad de Madrid en el último Gobierno de Ignacio González y de Metro de Madrid mediaron para que la unión temporal de empresas Geotecnia y Cimientos SA, Europea de Ingeniería y Servicios SA e Ingerop T3 SA pudiera seguir cobrando de la empresa de transportes hasta 2015 amparada en un contrato de 24 meses adjudicado en 2008 con otra firma pública de la Comunidad de Madrid. A través de esta sucesión de prórrogas de aquella primera adjudicación que tenía un presupuesto de 1,5 millones de euros, la UTE logró ingresar 2,4 millones de euros adicionales gracias a las 10 renovaciones aprobadas por la dirección de Metro de Madrid, que ignoró repetidamente las instrucciones de los servicios jurídicos de la empresa pública para sacar el servicio de nuevo a concurso, mientras se colocaban a dedo familiares y amigos del fascismo PPro a mamar y robar del superbote millonario.

El expediente administrativo que hizo posible estos pagos a la concesionaria -que recibió la adjudicación en 2008 de MINTRA, una empresa pública adscrita a la Dirección de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid extinguida en 2011- está plagado de reproches de la asesoría jurídica de Metro de Madrid para que se diese por finalizada la relación contractual y se pusiese en marcha una nueva licitación.

En esa documentación constan también las gestiones que altos cargos de Metro y de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura para lograr que la UTE pudiera seguir cobrando hasta mediados de 2015. En esa tarea se implicaron incluso el entonces director general de infraestructuras del Gobierno de Madrid, Raimundo Herráiz Romero, hoy teniente alcalde de Boadilla del Monte por el PP, y el entonces consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, ahora concejal en Alcorcón. La correspondencia que intercambian los representantes de la UTE con las autoridades de Metro para tratar de agilizar los cobros evidencia que en ocasiones la adjudicataria encontró el amparo de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Un ejemplo es lo que sucedió el 19 de diciembre de 2014. Un cargo de la UTE, María F. V., reenvió esa mañana a las 9:50 al entonces director general de Infraestructuras en la Comunidad de Madrid, Raimundo Herráiz Romero, un correo electrónico (que se reproduce íntegro al final de esta información) con las respuestas que le habían dado los técnicos de Metro sobre el estado de sus expedientes, los que la Asesoría Jurídica había puesto trabas para frenar el encadenamiento de contratos.

En esa misiva, la representante de la empresa explica que, según un trabajador de Metro, las facturas correspondientes a la cuarta y quinta prórroga están en el buzón de Miguel Nieto, secretario general entonces y ahora de Metro de Madrid y último responsable de la Asesoría Jurídica y del código ético de la compañía. El correo que la trabajadora de la UTE envía al director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid acaba: "Por favor, si puedes hacer algo para acelerar la aprobación, te lo agradecería". Cuatro minutos después de recibir el email, el responsable de Infraestructuras del Gobierno de Madrid, remitió el mismo texto al entonces consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, y añadió una frase: "Me mandan esto de la USAC. Puedes interesarte por el tema?" Al instante, González Velayos responde a su superior del Gobierno regional: "La aprobamos la semana pasada ya".

Las instrucciones ese 19 de diciembre de 2014 siguieron cayendo en cascada hacia los mandos intermedios de Metro y esa misma tarde el responsable del Área de Obra Civil de Metro, Juan Antonio Márquez Picón, anuncia también por correo al compañero que le ha reenviado los correos: "Volveré a la carga para la sexta prórroga [...] No se ha podido dar entrada de mercancías a la de la quinta, como sabes".

En la correspondencia interna es habitual que los trabajadores de Metro se quejen de los problemas que se encuentran "para cursar las facturas por el procedimiento normal" y de que tengan que improvisar atajos, sobre todo por culpa del sistema informático que no admite esos expedientes. Las dos facturas -la de la quinta prórroga tenía un importe de 408.363,92. euros- y la de la sexta, como el resto, fueron abonadas por Metro de Madrid tras la intercesión del alto cargo del Gobierno regional y de la máxima autoridad de la empresa pública.

La documentación en poder de eldiario.es evidencia que las prórrogas con la empresa se pactaban de forma verbal entre Metro de Madrid y la UTE. Así figura en un documento del 13 de diciembre de 2012 en el que el entonces consejero delegado de Metro Ignacio González Velayos comunica a la adjudicataria: "Nos dirigimos a ustedes para dejar constancia documental del acuerdo verbal alcanzado con anterioridad a la fecha de vencimiento del citado contrato, celebrado entre la UTE USAC y Metro de Madrid, en el sentido de prorrogar el mismo desde el 22 de noviembre de 2012 al 21 de febrero de 2013, siendo su importe económico el que sigue: 204.181,96 euros".

El entonces consejero delegado de Metro y hoy miembro del Gobierno del PP en Alcorcón, Ignacio González Velayos, aseguró ayer a eldiario.es que no participó en el pago de esas facturas ya que delegó su firma en otros cargos de Metro y que en el correo electrónico en el que responde al exdirector general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid él se limita a recordar que el pago de los trabajos ya había sido aprobado por el comité de dirección de Metro.

González Velayos asegura que en dicho órgano -en el que estaba presente el actual secretario general de Metro y máximo responsable ahora y entonces de la Asesoría Jurídica- "nunca se leyeron los reparos de los abogados a este contrato". Velayos sostiene además que, en diciembre de 2014, la Consejería de Transportes anunció un nuevo concurso para poner fin al contrato en mayo de 2015, dos años después de que los abogados de Metro empezasen a poner peros al pago de las facturas.

Por su parte, el exdirector general de Infraestructuras de Madrid, hoy edil en el Gobierno del PP en Boadilla del Monte, Raimundo Herráiz Romero, defendió ayer que su mediación para que agilizase el pago de esos trabajos se debió a que la adjudicataria "continuaba haciendo mediciones en la red viaria también para la Consejería de Transportes, al tiempo que trabajaba para Metro. Y era sensato gestionar la prórroga porque esos trabajos seguían siendo necesarios, mientras nosotros tramitábamos un nuevo contrato". Herráiz explica que la Consejería tardó tres años en resolver una nueva adjudicación "porque hubo un cambio de criterio sobre lo que debía puntuarse en el concurso". Y sostiene que hasta donde él recuerda, los reproches de los abogados de Metro nunca llegaron a la Dirección General de Infraestructuras.

La relación entre la UTE que encabezaba la firma de ingeniería Geotecnia y Cimientos SA con Metro de Madrid fue tan estrecha que la concesionaria llegó a enviar un propio pliego de condiciones a su medida para que los gestores del suburbano abriesen un nuevo concurso y lograr la adjudicación. Las pruebas del envío están en correos electrónicos en poder de eldiario.es que se intercambian técnicos de Metro. Finalmente, ese pliego a la medida no se utilizó y Metro de Madrid siguió prorrogando el contrato de 2008 hasta mediados de 2015 que se resolvió una nueva adjudicación convocada por la Dirección General de Infraestructuras. Desde entonces es otra empresa la que lleva a cabo la supervisión de las obras del suburbano.

La relación contractual de la adjudicataria con el Gobierno de Madrid pasó en todo ese tiempo por distintas fases. En agosto de 2011, cuando la Comunidad decidió extinguir la empresa MINTRA, fue la Dirección General de Infraestructuras del Ejecutivo regional la que heredó el contrato para seguir pagando a la UTE. Ese cambio contractual lo firmó el entonces todopoderoso consejero delegado de Metro Ignacio González Velayos, hoy concejal del Partido Popular en Alcorcón, y un hombre que ha ido colocando en los puestos claves de Metro a personas de su máxima confianza, familiares incluidos.

El 21 de mayo de 2012 las facturas las empezó a abonar Metro de Madrid gracias a una nueva subrogación, que tenía un plazo inicial de seis meses pero que preveía prórrogas automáticas trimestrales para prestar ese servicio de supervisión y consultoría hasta que se tramitase un nuevo contrato.