El PP eleva las deudas de las empresas del Estado en 800 millones

La evolución de la deuda de las empresas dependientes de las Administraciones Públicas arroja sorpresas. Acostumbrados, como nos tienen el PP y sus medios y bocazas a sueldo, a que las comunidades autónomas acaparen titulares por su elevado déficit y su dependencia de la financiación estatal, la gestión de los números de sus compañías ha sido mucho más positiva que la del gobierno de Rajoy del PP. A lo largo de la legislatura, los gobiernos regionales han reducido el pasivo de sus firmas en casi 4.700 millones de euros, mientras que Rajoy, habitual inquisidor del límite de déficit ajeno, ha engordado sus números rojos en 802 millones desde finales del año 2011, cuando Mariano Rajoy accedió a La Moncloa. El pasivo de las deudas de todas las Administraciones Públicas bajó 7.000 millones gracias a autonomías y municipios. Más de 2.500 compañías públicas han echado el cierre en cuatro años por impulso del PP.

El pasivo de las compañías que dependen de la Administración Central se situaba, hace cuatro años, en los 31.677 millones de euros, y se disparó en 2012 por encima de los 33.400 millones por las numerosas obligaciones contraidas con anterioridad, especialmente en el ámbito de las infraestructuras. Pues bien: no ha sido hasta el primer trimestre de este año cuando la cifra ha logrado bajar de los 33.000 millones, situándose ahora en los 32.500 según los datos publicados la semana pasada por el Banco de España.

Y es que el desarrollo desorbitado y corrupto del PP en trenes de alta velocidad sin pasajeros y autopistas sin usuarios que ha experimentado España en obra pública se seguirá pagando durante muchos años como una hipoteca cuyos beneficios engordan a los mismos sinvergüenzas que planearon la estafa. Son las empresas dependientes del Ministerio de Fomento -que tiene toda la red de trenes de cercanías al borde del desastre y en estado de países subdesarrollados- las que registran los compromisos de pago más elevados. ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, debe casi la mitad del pasivo total de las empresas del Estado, con más de 14.500 millones de euros, pese haber dejado la red obsoleta y en grave estado de peligro para los usuarios. La expansión de la red de Alta Velocidad ha sido clave en la estafa y solo desde el año pasado el volumen de licitaciones empezó a caer.

El gestor aeroportuario AENA, por su parte, logró rebajar su deuda el año pasado en algo más de 1.300 millones y debe ahora 9.400; Renfe también consiguió un leve ajuste en su balance y cuenta con un pasivo de 4.668 millones; y Puertos del Estado, la más contenida del Grupo Fomento, finalizó el año con un pasivo de 2.100 millones. Estas cuatro empresas, de forma global, superan los 30.000 millones de deuda de los 32.500 que deben las compañías de todo el Estado, si bien es cierto que durante los años de legislatura de Mariano Rajoy han logrado rebajar su descubierto en algo más de 3.000 millones.

El incremento de la deuda de las firmas públicas dependientes del Estado podría haber sido aún mayor sin los trabajos de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, que ha funcionado bajo la tutela de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ha propiciado la desaparición de hasta 115 firmas de la Administración Central en los últimos cuatro años. Sin embargo, los datos de la propia Comisión ponen de relieve que el mayor esfuerzo de contención del gasto se ha efectuado en los territorios. De hecho, las comunidades han suprimido casi 500 compañías y las corporaciones locales, ámbito en el que el control es mucho más complejo, han cerrado un total de 1.436.

"Estamos en funciones pero la CORA ha cogido velocidad de crucero", aseguró Sáenz de Santamaría la pasada semana cuando presentó el último informe de la Comisión, pocos días después de que el Ministerio de Hacienda informara de que hay otras 155 sociedades al borde de la extinción en las comunidades autónomas. Es en esta esfera administrativa donde la reducción del pasivo se ha notado más, por efecto de la desaparición de entes y por el exhaustivo control financiero del Gabinete del ministro Cristóbal Montoro. En concreto, en el primer trimestre del año logró bajar de los 5.000 millones de euros -casi lo mismo que debe Renfe-, algo que no se lograba desde el año 2002 según los datos del supervisor español.

Y en este sentido, las estadísticas regionales arrojan una nueva sorpresa: Cataluña, la comunidad más endeudada, es quien más ha recortado en su sector público empresarial, reduciendo la deuda desde los 4.670 millones del año 2011 a los 2.317 millones actuales, prácticamente la mitad. Con Madrid sucede lo contrario y aunque sus obligaciones no han variado mucho, se han incrementado estos cuatro años en algo más de 150 millones. Por último, las corporaciones locales, las únicas que además presentan superávit en sus finanzas, han bajado la deuda de sus compañías públicas desde los 8.000 a los 5.000 millones, quedándose al mismo nivel que en el año 2007, informa El Economista.

España bajo la corrupción del PP: La deuda pública bate récords y alcanza el 100,5% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas batió récords en el primer trimestre, hasta los 1,095 billones de euros, y escaló hasta el 100,5% del PIB, según los datos del Banco de España, que ponen de manifiesto que el endeudamiento público sigue creciendo. En concreto, la deuda pública se incrementó un 2,14% respecto al último trimestre de 2015, cuando se situó en el 99,2% del PIB, mientras que con respecto al primer trimestre de 2015, registró un aumento del 4,1%.

España a la cola de funcionarios en la UE tras los recortes y privatizaciones del PP

El número de empleados públicos al servicio de todas las administraciones públicas (Administración del Estado, comunidades autónomas, entes locales y Universidades) se situó a principios de año en 2.519.280 trabajadores, lo que supone 166.557 empleados menos que en enero de 2012, lo que en términos relativos implica un recorte del 6,2% en cuatro años cuando España ya estaba entre los últmos países de la UE en número de funcionarios por habitante. Desmontar el Estado, desde Justicia a Educación o Sanidad es la manera en que el fascismo deja sin armas a la ciudadanía frente a los abusos de la oligarquía fascista y criminal del PP.

Las CCAA cierran en cuatro años casi un tercio de sus empresas públicas

Las comunidades autónomas han echado el cierre al 21,5% de sus entes públicos, cantidad que aumentará hasta el 30% -casi un tercio- en un breve periodo de tiempo, ya que hay otras 191 compañías al borde de la supresión. Así lo aseguró ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprovechó la distribución de estos datos para felicitar a las regiones por dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal celebrado en 2012, que impulsó la reordenación del sector público empresarial en un proceso de centralización del PP. Así, las compañías públicas dependientes de la Administración Central mantienen un pasivo superior a los 43.000 millones de euros desde hace cuatro años según datos del Banco de España.

Explotación laboral con Rajoy: se hacen 241.300 horas extra, 158.000 no pagadas

Eduardo Garzón Espinosa: En la actualidad se realizan 5.979.300 horas extraordinarias a la semana, de las cuales el 56% no son pagadas (3.348.100). Hoy se hacen 241.300 horas extraordinarias más que cuando Rajoy llegó al poder, 158.000 no son pagadas. La explotación laboral ha aumentado. Si todas esas horas se trasladasen a nuevos empleos a tiempo completo hablaríamos de la generación de unos 171.000 puestos de trabajo. Si sólo lo hiciesen las horas no pagadas la creación de empleo sería de 96.000.

Los más pobres en España pagan más impuestos que los más ricos

El conjunto de las familias españoles trabajadoras soporta una presión fiscal en el entorno del 26,74% de su renta, porcentaje que llega al 28,21% para los 3,6 millones de familias con menor nivel de ingresos (el 20% del total), mientras los más ricos defraudan, evaden o se acogen al fraude legal para evadir sus obligaciones fiscales, como la propia familia de criminales Borbón ha dejado patente con su acostumbrada desvergüenza.

Laboratorios del Opus Dei manipulan para no identificar a bebés robados por franquistas

El robo de bebés fue una acción impulsada desde el aparato de Estado del franquismo y la Iglesia católica. Hoy, laboratorios en manos del Opus Dei manipulan perfiles genéticos para evitar la identificación de los bebés robados durante la dictadura de Franco. El robo de bebés es una de las tantas aberraciones que se realizaron con todas las bendiciones legales y de la propia iglesia católica. El régimen franquista aprobó la ley del 4 de diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados (BOE n. 350 de 16/12/1941, pág. 9819-9820). Actualmente existen miles de personas con sus nombres y apellidos cambiados y que no lo saben. Madres que buscan a sus hijos y no tienen apoyo del Estado. Y muchos se acuestan preguntándose si sus padres les han dicho la verdad o les ocultan mentiras. Algunos lo saben cuando sus padres lo cuentan cuando entran en agonía.

En un acto celebrado en la Plaza de los Comunes -situado en el madrileño barrio de Embajadores corazón del Madrid más castizo- el pasado viernes 17 de junio, la periodista y autora del libro “Niños robados, de la represión franquista al negocio“, María José Esteso subrayó que “Esta es un crimen que forma parte de la memoria histórica“. Un crimen ideado desde la dictadura y que la iglesia ha gozado y sigue gozando de impunidad. “Muchos médicos no han sido juzgados por estos hechos. Los laboratorios están en manos del Opus Dei y custodian la prueba clave. La responsabilidad del Estado español es tremenda porque no ha hecho sus deberes. No existe justicia en este tema“. Para Esteso -periodista de larga trayectoria en diversos medios, miembro del Colectivo Editorial del periódico Diagonal y que actualmente coordina la revista de Ecologistas en Acción- es imprescindible “crear una Fiscalía específica sobre el robo de bebés, abrir los archivos públicos y de la iglesia católica y que las pruebas de ADN se hagan en instituciones públicas“.

EL CURA COBRABA POR AVALAR EL PROCESO

Para José Luis Gordillo autor del libro “Los hombres del saco“, que también asistió al acto “El robo de los bebés en el Estado español: presente, pasado y futuro“, la práctica aberrante del robo de niños empieza en 1941. “Con la ley de desapariciones infantiles se hizo legal quitar niños primero a los considerados como rojos, después a las madres solteras y finalmente a las familias sin recursos o empobrecidas. En toda esta trama la figura central es el cura que avalaba todo el proceso con dinero de por medio“. Gordillo, que es periodista y trabaja en diversos medios de Andalucía y fue co fundador de Sur Press, “los bebés robados durante medio siglo en España son hoy, en su inmensa mayoría, adultos con identidad falsa. Siguen sin conocer a sus verdaderos padres y hermanos, que los buscan desesperadamente, porque desde muy diversos ámbitos se está impidiendo el reencuentro familiar. Hoy hay manipulación indebida de los perfiles genéticos. De nuevo se cierne sobre las víctimas una especie de conspiración“.

Para el periodista andaluz, “nadie busca esos niños al margen de los propios familiares. El Defensor del Pueblo pasa del tema así como los gobiernos regionales y la misma Casa Real se niega a recibir a las víctimas. La justicia actúa como tapón con el argumento de la prescripción. Algunos arrepentidos no se atreven a testificar. Hoy se sigue produciendo la manipulación de perfiles genéticos en los laboratorios. A mí me ha llegado la información de que diversos organismos públicos se han reunido para ver de qué manera esquivan las responsabilidades en el robo de bebés“. En el acto también intervino Soledad Luque, representante de la Asociación “Todos los niños robados son también mis niños“. Recalcó la impunidad que existe no sólo en el tema del robo de bebés sino con los crímenes del franquismo. Denunció que existe una ausencia total de voluntad política para investigar. “Muchas mujeres han terminado en el psiquiátrico por denunciar la desaparición de sus hijos“.

EL BEBÉ CONGELADO DE LA CLÍNICA SAN ROMÁN

Señaló como un hito la denuncia hecha por María Antonia Iglesias desde Interviu y la fotografía de un bebé congelado en la clínica San Román en 1980 y la implicación del doctor Vela. “Nadie entró a la cárcel. Muchas denuncias han sido archivadas como la de las cinco madres en Barcelona que denunciaron que sus bebés habían desaparecido“. Según Luque, cuando en 2010 hubo la explosión mediática “el PP no investigó sino que se encargó de iniciar el archivo de los casos. Con los actuales ayuntamientos del cambio y en la Asamblea de Madrid existe cierta voluntad política. Pedimos que se investigue y se defienda los derechos humanos“.

Por su parte, Ángel Casero, representante de la Asociación “Adelante bebés robados” destacó “la campaña de sensibilización social que empezamos en 2015. En todo este tiempo hemos realizado presentaciones de libros, teatro, un spot informativo y hemos recibido el apoyo de las Abuelas de Mayo y de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH). Exigimos la apertura de los archivos de la iglesia católica, los públicos y privados. Consideramos que el robo de bebés es un crimen de lesa humanidad. No tenemos el apoyo de la prensa ni de los medios de comunicación y existe un manto de silencio“. Finalmente, intervino Chato Galante, representante de La Comuna, asociación de presxs del franquismo. Para Galante “Existen dos dimensiones: la humanitaria, referida a los derechos humanos, y la política. El robo de bebés son crímenes de lesa humanidad. Porque son hechos que se han cometido contra los principios básicos de la humanidad“.

En otro apartado de su intervención el representante de La Comuna denuncio el nefasto papel de la iglesia católica. “Con el pretexto del derecho divino y del nacional catolicismo no había crimen“. “Existe otro tema -según Galante- que tampoco se toca o se toca muy de refilón es el referido al trabajo esclavo durante el franquismo. Muchos han sido los que han trabajado para empresas que hoy cotizan en el Ibex y han metido en sus activos esos trabajos realizados y que nunca han reconocido“, informa Kaos en la Red.

Ercros esconde otra montaña tóxica en su fábrica de Flix

La huella de la empresa Ercros en Flix es alargada y no se proyectó solo sobre el embalse, donde se acumularon 700.000 toneladas de residuos contaminantes procedentes de su actividad industrial: en el suelo donde durante más de un siglo ha operado esta factoría química yace otro polvorín tóxico cuyos efectos, pese a estar enterrado, emergen silenciosos a la superficie. Los diversos informes de caracterización encargados por la propia empresa desde el año 2005 hasta la actualidad detectan zonas por donde una persona no podría transitar durante más de 25 minutos sin ningún riesgo de efectos cancerígenos o sistémicos. La contaminación ha penetrado hasta 12 metros y afecta a las aguas subterráneas hasta profundidades que alcanzan los 12 metros y afectando a los acuíferos, algunos suelos del enorme complejo industrial presentan valores exagerados de decenas de metales pesados como mercurio y compuestos orgánicos clorados como hexaclorobenceno, percloroetileno, pentaclorobenceno o tetraclorobenceno, entre muchos otros, de muy difícil y costosa eliminación. El subsuelo muestra altísimos niveles de metales pesados y compuestos organoclorados.

La Generalitat evalúa los terrenos para determinar cuáles declara suelo contaminado
Con los ojos puestos en la limpieza del embalse, detenida el año pasado sin concluir y con la cúpula de la empresa estatal Acuamed, encargada de los trabajos, descabezada a raíz de la investigación judicial abierta por presunto fraude, la mirada de la sospecha se amplía con los informes de caracterización del suelo industrial donde aún opera Ercros. La Agència de Residus de Catalunya (ARC) admite como “aceptables”, bajo la consideración de que se trata de un terreno industrial, los riesgos limitados en el tiempo que suponen los valores detectados en el grueso de las parcelas analizadas -un tercio de las 50 hectáreas de superficie aproximadamente susceptibles de contaminación-, y tan solo ha declarado hasta el momento dos hectáreas como contaminadas, en las parcelas llamadas Depósito y Aubal. Solo sobre esa zona la empresa está obligada a día de hoy a actuar siguiendo un “plan de remediación” que acabará en el 2022.

Con ese peligroso legado en el suelo, Ercros ha anunciado ya el cierre de su producción de cloro y a finales del 2017 la actividad en el complejo químico quedará relegada a la línea de fosfato bicálcico que explota una multinacional francesa y ocupa apenas entre un 10% y un 15% de superficie. Flix teme que esa herencia envenenada quede perenne. Si no hay declaración de suelos contaminados, los contaminantes permanecen y quien contamina podría irse también esta vez sin pagar por descontaminar.Aun así, Tost puntualiza que "los trabajos de caracterización se cerrarán a finales de año". "Cuando tengamos todos los estudios e informes -insiste-, replantearemos la situación global y determinaremos conclusiones".En zonas como el llamado almacén exterior, el tiempo máximo que una persona podría estar expuesta a la inhalación de volátiles procedentes del subsuelo en el interior de la nave es de 25 minutos diarios. La ARC marca ese valor como “exposición máxima aceptable”, pero no ha emitido ahí una declaración de suelo contaminado. “Los criterios se aplican bajo los parámetros de un uso industrial, que no es el mismo que si hubiera una presencia humana constante, y lo que garantizamos es el tiempo en que se puede trabajar en la zona sin que haya riesgo para los trabajadores”, aduce el director de la agencia, Josep Maria Tost.

"Se están tomando decisiones parciales precipitadas sin conocer la magnitud real de la contaminación y bajo el criterio de considerar la situación actual, pero nadie garantiza que ese sea el escenario a largo o incluso a corto plazo”, advierte Marta Pujadas, doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales e investigadora de la UAB, tras analizar los expedientes. "El análisis de riesgos es una metodología muy compleja y que permite obtener resultados diferentes según los parámetros introducidos. Hacen falta unos buenos estudios con expertos independientes no pagados por la empresa" añade. “No es admisible que Ercros pueda irse dejando esos pasivos ambientales, la Administración debe actuar”, reclama la diputada de ICV Hortènsia Grau. Desde el pasado 21 de abril, ella y otros cinco portavoces del conjunto de formaciones políticas tienen solicitada la comparecencia de Tost en el Parlament.

Contaminantes para todos los gustos

La variedad de producción de Ercros a lo largo de un siglo se evidencia en el suelo. En las muestras de agua subterránea del almacén exterior hay mercurio (68 partes por billón o ppb, cuando el límite considerado está en 1,5) y un conjunto de hidrocarburos orgánicos volátiles y clorobencenos que multiplican por centenares, y algunos por miles, los parámetros que marca la legislación. En misma parcela se detecta producto libre compuesto por hexaclorobutadieno en una concentración de más de 270.000 partes por millón o ppm o hexaclorobenceno en más de 20.000 ppm, entre otros. En la nave de pyraleno, donde se habían fabricado los PCB, estaría prohibido cualquier movimiento de tierras. Junto a esa zona y cerca de donde se fabricó DDT, se encuentra la nave de acopios que tuvo que construir Acuamed para efectuar trabajos de descontaminación. Se armó con medidas adicionales para los trabajadores. El estudio preliminar había determinado como no aceptable el riesgo asumible en la construcción de esa nave por inhalación de PCB, DDT y cobalto, informa El Periódico.

Ercros tanca la fàbrica de Flix... i rep una subvenció!

Catalunya és una festa de subvencions a dit pels amics del nazicatolicisme corrupte de CDC i ERC. El DOGC acaba de publicar la relació d'ajudes que va distribuir durant l'any passat el departament d'Empresa i Ocupació. Una llarguíssima botifarra de 143 pàgines amb més de mil beneficiaris de la 'menjadora' de diners públics. Aquesta relació s'afegeix a les 'manguerades' que reparteixen cada any les conselleries de la Generalitat i que són una de les causes principals de l'enorme dèficit que arrosseguen les finances catalanes.

Técnico de Flix: "Queríamos que nos despidieran. Si no, nos habrían detenido"

Mariano de Andrés, empleado de la empresa de ingeniería Getinsa, la que llevaba la asistencia técnica a la dirección de las obras del pantano de Flix (Tarragona), el mayor proyecto de descontaminación hídrica de la historia de España, sintió cierto alivio cuando Acuamed, la empresa pública de Agricultura que promovió esos trabajos, decidió no contar más con su compañía en agosto de 2015. "La gente que teníamos allí prefería ser despedida a seguir", dijo en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el instructor del caso Acuamed. "Lo que estaban obligándonos a hacer suponía acabar siendo detenidos cualquiera de esos días".

L’escàndol de la C-16, Pere Macias i CiU

A Catalunya passen coses molt greus que només s’expliquen per la profunda immoralitat i corrupció que ha presidit la vida pública del país durant les últimes dècades de governs de CiU. Un cas com un cabàs és el de l’autopista de peatge C-16, entre Terrassa i Manresa, que explota la concessionària Autema, filial del grup Ferrovial. Les obres d’aquesta autopista, inaugurada l’any 1989, van requerir una inversió de 233,1 milions d’euros. I la Generalitat, amb l’excusa de subvencionar els peatges als usuaris de la C-16 i de compensar el pla d’explotació economicofinancer elaborat per Autema, ha pagat, des de l’any 1999, un total de 257 milions d’euros a càrrec dels pressupostos públics. Ho acaba de denunciar el Consell Comarcal del Bages després d’una auditoria sobre els comptes d’aquesta concessió, que té vigència fins l’any 2039. Foto: Pere Macias (CiU), artífex de l'estafa de Ferrovial a la C-16, la mateixa implicada en el cas Palau per subvencionar il.legalment CiU durant dècades, i que ha estat contractat per Ada Colau.

En el sector de les autopistes hi ha dos negocis: la construcció de la infraestructura i la seva explotació a través dels peatges que paguen els usuaris durant el període de concessió. En el cas de la C-16, Ferrovial ha guanyat per partida doble: en ser una empresa d’obres públiques, ja va obtenir un enorme benefici autoadjudicant-se la construcció; i, després, ha continuat fent-ne amb els abusius peatges que cobra (és l’autopista més cara de Catalunya) i amb les subvencions que li paga la Generalitat des de l’any 1999, gràcies al decret que es va treure de la màniga l’aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Pere Macias (CiU).

Amb l’aplicació d’aquest decret, la concessionària Autema s’ha embutxacat 257 milions d’euros en subvencions de la Generalitat. D’un cantó, pel diferencial bonificat de les tarifes entre els dies laborables (4,22 euros) i els festius (7,67 euros). De l’altre, per la diferència entre el nombre de vehicles que hi haurien de passar per tal que Autema obtingués el benefici previst en el seu business plan i els que realment hi passen. L’any 2014, per exemple, Autema va passar pels dos conceptes una factura a la Generalitat de 34 milions d’euros!

L’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va intentar esmenar aquest abús sense precedents amb la publicació l’any passat del decret 161/2015, que reduïa la subvenció a Autema, de manera que aquest 2016 es calcula que només cobrarà uns 10 milions d’euros de l’erari públic. Però la filial de Ferrovial no vol perdre aquesta vaca lletera que té a Catalunya i ha presentat un recurs contenciós administratiu als tribunals contra aquest decret, que ha entrat en vigor aquest any.

Los mangoneos de Enrique Ortiz con el PP-PSOE y el urbanismo en Alicante

Grabaciones policiales revelan cómo el empresario, que ha confesado en Gürtel haber financiado al PP, buscaba con populares y socialistas influencias para sacar adelante el plan de Rabassa, por cuya anulación reclama ahora 20 millones. Conversaciones interceptadas por la Policía en la investigación del caso Brugal, en la pieza separada del Plan Parcial de Rabassa, sacan a la luz los tejemanejes del empresario Enrique Ortiz para que el proyecto saliera adelante. Ahora, ocho años después el proyecto es pasado, el propio Ortiz, que ha admitido en su declaración en una de las causas del caso Gürtel el pago irregular de actos del PP en las campañas de 2007 y 2008, ha renunciado a seguir tramitando la Actuación Territorial Estratégica (ATE), y el juzgado de instrucción número 6 ha cerrado la investigación de Rabassa por “no haber quedado suficientemente justificada la comisión del delito” que dio pie a la causa.

Ortiz ha rechazado el proyecto y acusa, en el escrito de renuncia, a la actual administración de declarar nulo el proyecto para frenar su tramitación. Le reclama 20 millones de euros, a través de siete de sus empresas interesadas en el proyecto, según han informado fuentes conocedoras de la reclamación. A modo de ejemplo, sólo mediante una de ellas, Urbanika Proyectos Inmobiliarios, Ortiz reclama a la Generalitat y al Ayuntamiento “con carácter solidario” una indemnización de 6,7 millones de euros por “alteración de las condiciones de participación de la mercantil” en la actuación de “nueva urbanización, como consecuencia de la declaración de nulidad del Programa de Actuación Integrada y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabassa”. No obstante, las empresas de Ortiz presentaron la renuncia cuatro días antes de que finalizara el plazo para solventar los errores detectados en el proyecto y sin que existiera la declaración de nulidad.

Lo que no expone el empresario alicantino es que, según las conversaciones recopiladas por la Policía, él y la jefa de Urbanismo de la alcaldesa popular Sonia Castedo, Isabel Campos, intentaban tramitar por vía de urgencia el proyecto en otoño de 2008. En una de las conversaciones que mantienen, en torno a las 21.45 del 23 de octubre de aquel año, Ortiz se queja de que una arquitecta municipal se va de vacaciones 10 días a Egipto sin firmar un informe que necesita. Campos le tranquiliza y le dice que hay tiempo y que están a la espera de que se solucionen “los errores” del documento, que está “lleno” de fallos, informa eldiario.es.

50 ciudades contra la política neoliberal hacia los refugiados

España se echará a las calles entre hoy y mañana en apoyo a los refugiados que huyen de las guerras financiadas por la propia UE y la OTAN y sus gobienos neoliberales en defensa de los intereses del impèrialismo, en apoyo al Día Mundial del Refugiado que se celebrará este lunes 20 de junio. Unas cincuenta ciudades, a nivel nacional, contarán con movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, sindicatos y partidos con el fin de exigir un cambio en las políticas europeas de migración y asilo. Bajo el lema "SOS Refugiados. No te refugies en la resignación", este domingo habrá actos de protesta en Barcelona, Gijón, A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Pontevedra, Vigo y Valencia. Los convocantes piden que se retire el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que se habiliten vías legales y seguras para los refugiados y que se garantice una acogida digna.

Será mañana cuando se desarrollará el grueso de manifestaciones y concentraciones en ciudades como Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Madrid –donde participarán los secretarios generales de UGT y CCOO, José Álvarez e Ignacio Fernández Toxo-, Málaga, Melilla, Mérida, Ourense, Palma, Salamanca, Sevilla, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza, entre otras. Los convocantes consideran que la Unión Europea, lejos de ser un ejemplo de solidaridad y actuar conforme a sus valores fundacionales, ha puesto en grave riesgo la vida de miles de personas y ha provocado más de 25.000 muertos en los últimos quince años en el mar Mediterráneo.

Rechazan el acuerdo firmado el pasado mes de marzo entre la Unión Europea y Turquía, que califican de "ilegal y vergonzoso", al tiempo que censuran las decisiones adoptadas de forma unilateral por los Estados miembros, que dificultan o impiden la entrada en su territorio de solicitantes de asilo. Esta situación, desde su punto de vista, favorecerá la apertura de otras vías más peligrosas y costosas para los refugiados, como la del Mediterráneo central, que es la más mortal del mundo.

Por ello, exigen a la Unión Europea un cambio de las políticas de migración y asilo para poner en el centro a las personas y a sus derechos, así como el cumplimiento de la legalidad europea e internacional. Reclaman, asimismo, que se retire el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que se habiliten vías legales y seguras para los refugiados y que se garantice una acogida digna, con fondos específicos, suficientes y sostenidos en el tiempo, informa La Vanguardia.