Las colas del certificado antipederastia: ocho meses de incompetencia judicial y colapso total

Son las siete y cuarto de la mañana y Agustí y Visi llevan ya más de tres horas de espera ante las puertas de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Barcelona. La oficina no abre hasta las nueve, pero ellos han madrugado porque "la tercera ha de ser por fin la vencida". Sí, la tercera. El matrimonio, vecino de Port del Comte (Solsonès), ha hecho ya otros dos intentos -infructuosos- para conseguir un certificado de últimas voluntades de la madre de él. Hoy son los primeros de la fila. La última es Judit -aunque lo de ser la última le dura solo unos minutos, porque enseguida llega alguien detrás-, que viene a buscar un certificado negativo de delitos sexuales para poder empezar a trabajar el 1 de septiembre como educadora social. Es su primer contrato de trabajo y su segunda visita a las dependencias del ministerio en la calle Garcilaso de Barcelona. Las colonias y el inminente inicio de curso acentúan el colapso, que Justicia no ha resuelto en ocho meses, en otra muestra de la evidente incompetencia del PP en todos los ámbitos.

Las colas ante esta oficina, la única que Justicia tiene en toda Catalunya, "se han enquistado", critica el Ayuntamiento de Barcelona, que lleva ya meses recibiendo quejas de los vecinos de esta zona del barrio barcelonés de La Sagrega. La teniente de alcalde, Laia Ortiz, que es quien ha alertado de que el problema persiste, insta a la Administración central a que agilice el prometido Registro de Delicuentes Sexuales, aún inexistente, "para facilitar los trámites". "Han pasado ocho meses desde que empezaron a registrarse los primeros colapsos y todavía no hemos visto la solución", lamenta Ortiz. El departamento que dirige en funciones Rafael Catalá no ha valorado, a preguntas de este diario, la situación. Tampoco ha facilitado información sobre las medidas que se han tomado al respecto.

La teniente de alcalde Laia Ortiz insta al Ministerio de Justicia a actuar
El Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para pedirle que tome medidas que acaben con las largas colas de los solicitantes de certificados que acrediten que no han cometido delitos de naturaleza sexual. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, envió el pasado lunes, 8 de agosto, una carta al ministerio en la que le emplazaba a actuar para desactivar el problema. “Consideramos absolutamente necesario que por parte del Ministerio de Justicia se pongan en marcha medidas efectivas que permitan obtener de manera ágil el certificado de delitos de naturaleza sexual”, escribió Ortiz a la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán.
MALESTAR VECINAL

Este viernes, cuando la guardia de seguridad de la delegación sube la persiana, hay casi un centenar de personas haciendo fila. "Y esto no es nada -advierte una vecina que sale de un edificio contiguo-. En julio llegamos a contar aquí a entre 200 y 300 personas y muchas noches encontramos sacos de dormir extendidos en la puerta". Además de ocupar la acera y el espacio público, "con lo que no dejan salir de casa a los residentes", el barrio protesta por la suciedad que queda en los portales (latas de bebidas, vasos de plástico de cafés con leche, envoltorios de magdalenas...) y, sobre todo, por los ruidos, en una época de ventanas abiertas en los pisos superiores. "A veces, hay discusiones, gente que protesta a gritos porque alguien se ha colado, y eso llega a despertar a los vecinos", señala la afectada.

La situación viene producida por la obligación, contemplada en la ley 26/2015 de protección de los menores, de que todas aquellas personas que trabajan en contacto con niños acrediten no haber sido condenadas nunca por delitos sexuales. El alud de solicitantes ha colapsado una oficina en la que también se hacen otros trámites, como el que necesitan Agustí y Visi. Desde enero, cuando entró en vigor la normativa, las filas son perennes. Ahora, con el verano, se han llegado a ver incluso tiendas de campaña sobre la acera, porque la demanda de certificados de antecedentes penales ha aumentado: en julio, por quienes tenían previsto trabajar como monitores de 'casals' y colonias o como socorristas, y ahora, en agosto, por aquellos que están pendientes ser contratados en el ámbito de la educación el próximo curso escolar.

"A mí me han ofrecido un trabajo de limpiadora en un colegio para una semana y media y me exigen este certificado. Sin él, no hay contrato", explica Cristina, otra de las pacientes usuarias en espera de turno. También es la tercera vez que acude en la última semana a la oficina y nunca antes ha podido ser atendida. "Es que si pido la cita previa por internet, no me dan hora hasta dentro de dos meses y medio", asegura. Esta circunstancia, aseguran algunos de los que están en la cola, la están aprovechando algunos pícaros para tratar de hacer negocio y vender su puesto en la fila a cambio de dinero. "Hay quien ha pedido hasta 200 euros", afirman los afectados.

"El problema no es que nos pidan este certificado para poder trabajar, el problema es que no habiliten los medios para poder conseguirlo más fácilmente", protesta José Manuel entrenador de un equipo de fútbol benjamín, a quien el club, después de 15 años, le pide ahora que acredite que no es un pederasta. "Una vez más -denuncia- el Gobierno del PP despliega una ley pero no pone dinero para hacerlo", en otra muestra de la crónica incompetencia y nulidad del PP y su clientela de corruptos y fascistas colocados a dedo.

Valencia: investigada Alcón (PP) y su asesor por el amaño de contratos

El juez ha levantado el secreto de sumario de las adjudicaciones bajo investigación del Ayuntamiento de Valencia. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detallan el método fradulento que supuestamente ejecutaba la exconcejal del Cultura María José Alcón con la colaboración de su asesor Pedro Aracil. Ambos fueron detenidos en su día y se les atribuye una responsabilidad capital en las principales irregularidades del área municipal. Al parecer, las imputaciones no salpican a funcionarios. No obstante, no se descarta la citación de otros responsables del Consistorio que participaron en las mesas de contratación.

Además, en esta pieza aparecen como imputados de mayor relevancia el máximo responsable de la agencia de comunicación Engloba, José Vedri, y el empresario de Cleop, Carlos Turró. El exgerente de Imelsa y ahora principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, Marcos Benavent, también será citado como imputado. Los dirigentes presuntamente pagaron comisiones por obtener estos contratos de la Concejalía de Cultura. La investigación se concentra en la restauración de las Torres de Quart, obras en puentes de la ciudad (Serranos y Trinidad), la concesión y explotación del Centro Cultural La Rambleta y la organización de la XXVII Mostra de Valencia.

La limpieza de las Torres se publicó en diciembre de 2005. Resulta adjudicataria una UTE de la que forma parte Cleop. Las conversaciones registradas en su día recogen que Alcón iba a nombrar «a cinco jurados» de su confianza y luego le iban a conceder cien puntos a la mercantil por ofrecer un año más de garantía. Al parecer, según las pesquisas, se obtienen 20.000 euros por este contrato. Una parte sería para el partido, según confirmó el propio Benavent. La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y tráfico de influencias, entre otros ilícitos. Pese a las sospechas de que parte de los fondos públicos se destinaban al Partido Popular, este asunto ha quedado limitado a la pieza del blanqueo.

Los audios que durante años registró el exgerente de Imelsa Marcos Benavent constituyen un poderoso indicio de las prácticas ilegales que desarrollaba la exconcejal. Las conversaciones muestran incluso el malestar del cargo público con los contratistas porque pagan tarde y hay que ir detrás de ellos. En algún momento incluso adelantan que no volverán a trabajar con ellos. Los hechos bajo investigación se limitan al periodo 2005-2007. El mismo método que para las Torres se aplicó, según la UCO, para los puentes. Unas actuaciones que costaron cerca de tres millones de euros.

Quizá fue La Rambleta el mejor 'negocio' para los investigados. Vedri figura en la empresa que gestiona desde 2006 el complejo de ocio. La Guardia Civil sospecha que durante los ejercicios posteriores se seguían pagando comisiones por la explotación de las instalaciones, uno de los referentes culturales de la capital del Turia. Por último, la Mostra también está bajo sospecha. En concreto, tres contratos que afectan a galas, azafatas y publicidad. El importe sería de unos 500.000 euros. Los audios revelarían que la exconcejal y Benavent se llevaron unos 9.000 euros. «Por lo menos podrás comprarte dos regalitos de Navidad y cuatro fiestas», le dijo el exgerente, a modo de consuelo, a la edil de Cultura.

PP Murcia: 400.000 € en corrupción del juez de Aguas de Orihuela, responsables de Adif y una consellera

Investigan un desfalco de 18 millones de la construcción del AVE entre Alicante y Murcia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detectado 400.000 euros en regalos de lujo que supuestamente recibieron los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela Jesús Abadía, miembros de sociedades fantasma creadas ex profeso para desviar el dinero público destinado a la construcción de la línea de Alta Velocidad Alicante-Murcia. En el sumario del caso también aparece una consellera, aunque no se le identifica, que habría recibido una pieza Swarovski valorada en 232 euros y pins de oro por un importe de 10.400 euros, así como jamones de jabugo por 6.866 euros.

Una funcionaria confiesa la corrupción del PP en las oposiciones a policía

La funcionaria del Ayuntamiento de Palma, que trabaja de administrativa en la Policía Local, confesó ayer al juez Penalva que se tomaron decisiones irregulares en el proceso de selección de las plazas de oficial que perjudicaron a policías que tenían más puntuación para ocupar ese destino. Esta trabajadora pública fue interrogada como investigada, después de que aparecieran unos documentos, con varios correos electrónicos internos, en los que se ponía en evidencia que antes de que se convocaran las oposiciones de oficial, ya estaban designados los nombres de los policías que iban a ocupar estos destinos estratégicos. Se habían elegido a policías de la máxima confianza del intendente y de los responsables políticos, por lo que se sospecha que se les facilitó las preguntas de la oposición de oficial, para que aprobaran. Sus declaraciones salpican directamente al intendente Vera (foto).

Otegi responde a la Fiscalía franquista citando a Neruda

La petición de la Fiscalía del PP a la Audiencia Nacional para que el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, sea inhabilitado como candidato a lehendakari por EH Bildu a las elecciones autonómicas vascas ha dividido a los partidos vascos y provocará un debate jurídico que deberá dilucidar el Tribunal Constitucional, también formado por franquistas a dedo del PP. Ante esta reclamación de la Fiscalía, Otegi se ha limitado a parafrasear a Pablo Neruda en su perfil de Twitter y ha señalado: "Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera". Como dijo Neruda: "Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera".

El PP, Ciudadanos y UPyD -el franquismo nazicatólico al completo- respaldan a la Fiscalía y serán los encargados de impugnar en primer término ante la Junta Electoral de Gipuzkoa la candidatura de EH Bildu encabezada por Otegi, que lidera la lista por ese territorio. PNV, Podemos y PSE-EE, mayoritarios en Euskadi junto a EH Bildu, no la impugnarán al considerar que Otegi debe presentarse a las elecciones. Y es que los únicos que pueden impugnar una candidatura ante las juntas electorales son los candidatos de otros partidos.

No obstante, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha remitido un escrito a este tribunal para que defienda la sentencia que le condenó a inhabilitación hasta el año 2021, una resolución firme a juicio de la Fiscalía que le hace ser "inelegible". El dirigente abertzale fue condenado por la Audiencia Nacional franquista a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, una pena que el Supremo redujo a seis años y medio, lo que le permitió salir de la cárcel el pasado 1 de marzo.

No obstante, la condena incluía inhabilitación para ejercer cargo público y para el derecho a sufragio pasivo, es decir, para poder ser elegido en unas elecciones, y esa pena empezó a correr en septiembre de 2014, cuando terminó de cumplir una inhabilitación anterior, por lo que está vigente hasta 2021. Aunque en la sentencia no se precisaban los cargos para los que está inhabilitado, el fiscal recuerda que el TS del PP ha establecido que la inhabilitación debe recaer "sobre cualquier cargo público a nivel supranacional, estatal, autonómico o local".

El objetivo de la Fiscalía es que estas resoluciones sean remitidas a la Junta Electoral de Gipuzkoa para que cumpla "de forma imperativa" la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que el Gobierno actuará con toda firmeza para garantizar que las juntas electorales rechacen la candidatura de Otegi.

Por ello, se ha mostrado convencido de que el líder de Sortu no estará en las papeletas de EH Bildu, y, en caso de que la Junta Electoral le permita presentarse, la Fiscalía impugnará de urgencia la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Gipuzkoa y, en último caso, ante el Constitucional, todos plagados de fascistas colocados a dedo por la oligarquía nazional.

También se ha referido a este asunto el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien cree que la postura de la Fiscalía es "muy clara" y que "habrá un debate jurídico" que se "dilucidará en último término en el Constitucional". Sin embargo, los tres principales partidos vascos se oponen a esta medida. El PNV, que ganó las pasadas elecciones autonómicas, ha dicho hoy que Otegi "tiene que poder presentarse".

Podemos, que obtuvo el mayor número de votos en las dos últimas citas electorales generales, también pide que concurra, porque "debe ser la ciudadanía la que decida si quiere para Euskadi el proyecto" que representa Otegi. El PSE-EE ya ha anunciado que no impugnará la candidatura del líder abertzale y ha añadido que respetará la decisión que adopte la 'Justicia' de la dictadura franquista PP-PSOE.

La Fiscalía del PP insiste en que Otegi es «inelegible» por inhabilitación

La Fiscalía, títere del fascismo y corrupción del PP, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional española en la que sostiene que Arnaldo Otegi, candidato de EH Bildu a lehendakari, no puede presentarse a las elecciones al Parlamento de Gasteiz porque es «inelegible» al estar inhabilitado hasta el año 2021. Según apunta la agencia Efe, el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, ha enviado ese escrito al tribunal para que a su vez remita a las juntas electorales de la CAV las sentencias por las que fue inhabilitado. Sin embargo, se trata de un veto que no tiene efecto real ya que no se especifican los cargos para los que está inhabilitado.