dimarts, 9 d’agost de 2016

Una magistrada progresista presidirá el tribunal del caso Palau

La sección décima de la Audiencia de Barcelona será la que se encargue finalmente del caso Palau, siete años después del expolio que sufrió el Palau de la Música. El tribunal está presidido por Montserrat Comas d'Argemir, magistrada progresista y antigua vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008. Todo parece indicar que la fecha de inicio del juicio contra Fèlix Millet, Jordi Montull y el extresorero de CDC Daniel Osàcar, es cuestión de meses. Siempre que no haya ninguno otro imprevisto. La querella por el expolio entró al juzgado el julio del 2009 y ahora, siete años después, la sección décima, presidida por la magistrada Montserrat Comas, se encargará de la fase final del caso.

Según Fiscalía Anticorrupción, el expolio del Palau de la Música es de 25 millones de euros. El fiscal pide 27 años y medio para Fèlix Millet y Jordi Montull, y siete y medio para el extresorero de CDC, Daniel Osàcar, que ya tiene quince sedes embargadas para cubrir la fianza del expolio, y se calcula que recibió por medio del Palau 6,6 millones de euros en comisiones para conceder obra pública, según el Ministerio Público, informa El Triangle.

‘Terroristas moderados’ apoyados por EEUU atacan Alepo con armas químicas

El grupo terrorista Nuredin al-Zinki (foto) vuelve a protagonizar un nuevo crimen al lanzar un ataque con agentes químicos contra la ciudad norteña siria de Alepo. El llamado Movimiento Nuredin al-Zinki, al que Washington considera “moderado” y lo apoya junto con Francia y otros países de la UE, ha atacado una parte antigua de la referida ciudad con gas de cloro. Al menos 8 civiles han muerto por inhalar la sustancia venenosa, mientras otras han resultado heridas y sufrieron intoxicaciones y asfixia. Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, las autoridades locales han denunciado un sinfín de casos de ataques con agentes químicos y prohibidos por parte de los grupos extremistas apoyados por EE.UU., la UE y otros países de la región, como Catar y Arabia Saudí.

También el pasado 2 de agosto, el Centro ruso para la reconciliación en Siria señaló que el citado grupo terrorista lanzó un ataque con gas tóxico contra un distrito residencial en Alepo, donde perecieron 7 personas y que otras 23 fueron hospitalizadas. El mes pasado, los integrantes del referido grupo, que reciben suministros de armamento de EE.UU., aparecieron en un vídeo en el que decapitan a un niño palestino de 12 años, acusado de apoyar al Gobierno sirio en una región de la citada provincia.

En cuanto al acceso de terroristas a agentes químicos, el Departamento de Seguridad e Inteligencia de Europa (DECI, en inglés) denunció en mayo que Arabia Saudí suministró armas químicas al grupo terrorista Frente Fath al-Sham, el antiguo Frente Al-Nusra, que se desligó de Al-Qaeda. En las últimas semanas, Alepo, la segunda ciudad en importancia en Siria, es escenario de feroces combates entre las tropas sirias y la coalición Yeish al-Fath, compuesta por decenas de grupos terroristas, que intentan romper el cerco que ha impuesto el Ejército sirio sobre sus posiciones en el este de Alepo, informa HispanTv.

Grégoire Lalieu: ¿Amigos de los dictadores?

Oponerse a la guerra y denunciar la propaganda que la acompaña, ¿supone apoyar al dictador atacado? ¿El pacifismo debe dejarse de lado cuando las bombas llueven sobre regímenes que no respetan los derechos humanos? En mayo de 2015, Michel Collon y Grégoire Lalieu dieron una conferencia en Lausana sobre el tema EE.UU., guerras, terrorismo y mentiras de los medios de comunicación. Durante su presentación, Grégoire Lalieu recordó los vínculos mantenidos por Estados Unidos con varios movimientos terroristas, desde Afganistán en los años 80 hasta la Siria de hoy. También desmontó el mito de la primavera siria demostrando: 1. Que las primeras manifestaciones pacíficas fueron secuestradas rápidamente por los grupos armados y sectarios. 2. Que la revolución siria se basa en demócratas muy curiosos. Un refugiado sirio presente allí esa noche tomó la palabra entonces, acusando al orador de defender el régimen de Bashar el-Assad. Acusaciones reformuladas por escrito en Facebook, algunos días más tarde. He aquí la respuesta de Grégoire Lalieu.

Una escuela infantil para el “capo” del PP en Castilla y León

José Luis Ulibarri, procesado por el caso Gurtel con una petición de siete años y medio, es dueño de varias empresas y medios de comunicación de la comunidad autónoma.
A pesar de enfrentarse a una petición de siete años de cárcel por corrupción en la trama “Gurtel”, uno de los empresarios más ligados al PP y su corrupción generalizada en Castilla y León, José Luis Ulibarri sigue recibiendo adjudicaciones de las administraciones, también de aquellas en manos "socialistas". Esta vez le ha tocado el turno al Ayuntamiento de Valladolid, que el pasado 28 de julio adjudicó un contrato para la gestión de una escuela infantil a Aralia Servicios Sanitarios, una de las múltiples sociedades vinculadas al empresario, hasta ahora dedicada al negocio de las residencias de ancianos y servicios a la tercera edad. Hace tan solo dos días esta empresa amplió su objeto social en el Registro Mercantil incluyendo también educación y servicios escolares diversos.

Aralia, a pesar de no obtener las mejores calificaciones en el proyecto educativo, acabó adjudicándose el contrato para la guardería “Platero” porque presentó la oferta económica más baja: 133.100 euros anuales por un contrato de dos cursos escolares, una cantidad considerablemente menor que el precio inicial de licitación, 172.929 euros. Hasta entonces la gestión de la escuela infantil la había realizado durante 25 años una empresa vallisoletana, Esimpla.

Tanto esta empresa, como la asociación de padres y madres de la escuela, han advertido que la baja oferta podría traducirse en una merma en la calidad de los servicios ofrecidos a los niños. Ambos lamentaron también la prioridad dada en el concurso a la oferta económica (un 60 % frente al 40% del proyecto educativo) que desplaza a pequeñas empresas con experiencia a favor de grandes grupos empresariales “que igual organizan mudanzas, que desbrozan jardines, hacen limpiezas industriales u organizan eventos allí donde se les reclama”. José Luis Ulibarri es uno de los 27 procesados en el juicio abierto el pasado junio a la trama “Gürtel" en Boadilla del Monte (Madrid).

Al constructor burgalés se le acusa de haber pagado un millón de euros en sobornos para que a su empresa UFC S.A. se le adjudicase una parcela en la que levantó después una urbanización de lujo. En concreto la fiscalía pide para él siete años y un mes por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil. En este proceso se juzga también al PP, en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red.

El constructor imputado inició su andadura empresarial en León con la constructora Begar, sobre la que levantó todo un imperio empresarial alimentado en gran parte por la burbuja inmobiliaria y las concesiones administrativas en los más variados ámbitos: construcción, sanidad privada, servicios de limpieza, seguridad privada, transporte público, residencias de ancianos y centros de día.

Y al igual que otros constructores ha querido hacerse con varios medios de comunicación para asegurarse influencia, el prestigio de sus negocios y el beneplácito de los políticos. Posee el 50%, de Radio Televisión Castilla y León, cuya gestión comparte con el también constructor burgalés, Méndez Pozo. Es esta una televisión privada que desde el 2010 recibe decenas de millones de euros de la Junta de Castilla y León, 18 millones tan solo en el último ejercicio.

Posee asimismo varias cabeceras regionales, como el Diario de León, el Correo de Burgos, el Diario de Valladolid o el Diario de Soria y para corroborar su poder basta ver, en estos mismos periódicos, las imágenes de los eventos que organiza, en las que se puede pasar lista a las fuerzas vivas de la región, desde empresarios, políticos, miembros de la Iglesia y la Justicia hasta consejeros hasta el presidente del gobierno autonómico, Vicente Herrera con sus consejeros. Incluso Zapatero se ha fotografiado a su lado y el anterior alcalde de Valladolid, el popular León de la Riva, famoso por sus salidas de tono, presumía de amistad y paseos en yate con el constructor. Pero el imperio del magnate Ulibarri no ha buscado solo la sombra de los políticos del PP de Castilla y León. En Valencia, bien arropado por Francisco Camps y González Pons consiguió, con la empresa Mediamed, 13 licencias de Televisión Digital en un concurso posteriormente anulado por el Tribunal Supremo.

El gobierno de Valencia también le adjudicó a una de sus empresas el Hospital de Liria, cuya construcción abandonó al declararse en suspensión de pagos. En Madrid recibió también varias concesiones de la Consejería de Educación para construir al menos cuatro colegios, a los que hay que añadir el Hospital de Vallecas, y otros encargos como el de una parte del Campus de la Justicia. Su empresa de seguridad privada, Athena Seguridad, también ha sido adjudicataria de concesiones millonarias.

Antes de que el juez Garzón le implicase en la trama “Gürtel” todo parecía indicar que nada podía obstaculizar el camino de Ulibarri para seguir acumulando dinero y poder. Ahora, sin embargo, con su imputación y la petición de cárcel, los continuos escándalos, las concesiones anuladas, los proyectos abandonados, los varios concursos de acreedores, las protestas laborales en sus empresas cabría pensar que la caída es irrefrenable. La suspensión de pagos hace unas semanas de Elodea, la nueva denominación del grupo Begar, con una deuda de casi 190 millones de euros, parece dar la pincelada definitiva al cuadro de la decadencia.

Pero Ulibarri se resiste a morir, como corresponde posiblemente a un empresario que conoce bien las estrategias mafiosas en un país y una sociedad que no señala con el dedo ni a corruptos ni a corruptores. Con la empresa Aralia, Ulibarri está buscando un nuevo nicho de negocio y de concesiones públicas en los servicios a la tercera edad y ya consiguió por ejemplo que el gobierno de Cospedal le adjudicase en 2014 un contrato de 34 millones para la gestión de una residencia de ancianos durante 10 años.

Tiene centros asistenciales en Cantabria, Aragón, Murcia y sobre todo en Castilla y León donde ha llegado incluso a obtener por parte del gobierno autonómico la concesión de una residencia para enfermos mentales en Ávila a pesar de su inexperiencia en el sector. Hasta hace dos días tampoco la tenía en el negocio de la educación, informa Público.

TMB publica el sueldo de sus 21 directivos enchufados: 2'5 millones

Los 21 altos cargos de TMB, la empresa pública de transportes de Barcelona dependiente de los ayuntamientos del Área Metropolitana, se reparten 2,5 millones de euros anuales en sueldos brutos. Esta información ha sido publicada este lunes en la web de TMB, después de que la Comisión de Transparencia de la Generalitat emitiera un informe, el 7 de julio pasado, en el que daba la razón a Catalunya Plural en la reclamación interpuesta contra la empresa por negarse a revelar este y otros datos durante meses, incumpliendo la ley de Transparencia.

Según los datos publicados este lunes, 19 de los 21 miembros del más alto órgano de dirección –sin contar el consejo de administración, un órgano político– se embolsan más de 100.000 euros al año entre sueldo base y complementos. Además, TMB también ha informado de las dietas que se reparten los políticos por asistir a las reuniones del consejo de administración, de entre 271 y 541 euros cada trimestre. Según informa la propia empresa, algunos de los consejeros, sin embargo, han renunciado a las dietas, entre ellos la propia presidenta y concejala de transporte de Barcelona, Mercedes Vidal (Bcomú), Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí del PSC, y Joaquim Forn, concejal de CiU en Barcelona.

Catalunya Plural introdujo las peticiones de acceso a esta y otras informaciones el día de 29 de febrero, pocos días después de que trascendiera la queja de los sindicatos del transporte, con el objetivo de poder acceder e informar sobre unos datos a los que la ley de Transparencia da acceso. Después de que la empresa se negase a revelar datos a los que está obligada, este medio llevó el caso ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), autoridad catalana en la materia, mediante una queja presentada el 8 de abril. Tras meses de litigio, en el que llegó a mediar la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la GAIP acabó dando la razón a Catalunya Plural mediante una resolución en la que desestimaba las diversas alegaciones que la empresa había dado para retener la información requerida y obligaba a responder a la petición inicial.

Transparencia de TMB ha decidido hacer públicos estos datos antes de que se cumpliera el plazo obligatorio para entregarlos a Catalunya Plural, que acababa el 11 de agosto. De hecho, tras la resolución, la empresa ha intentado ganar tanto tiempo como ha podido para que la publicación de esta información coincidiera con el periodo estival. Una de las estrategias empleadas fue retrasar la recepción de la notificación de la GAIP, desde el 7 de julio hasta el 25 de julio, fecha en la que comenzaron a contar los 15 días hábiles para cumplirla. Además, la resolución de la GAIP obliga a TMB a hacer públicos datos de otra naturaleza, que la empresa pública tiene hasta octubre para entregar, informa eldiario.es.